Escribe: Gonzalo Zuttión

Este pasado lunes 27 de julio continuó la saga de “espionaje ilegal” de la AFI, en tiempos de gobierno macrista, cuando los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al juez federal Juan Pablo Auge, quien tiene hasta el 4 de agosto para resolver la situación. Además, los fiscales pidieron el procesamiento de Martín Coste, ex director de Contrainteligencia, quien ya había declarado sobre el accionar de este tipo de operaciones y la vinculación que tienen éstas con el ex presidente Mauricio Macri. Vale agregar que también se exigió la prohibición para salir del país a los tres imputados y un embargo por $ 2 millones tanto a Arribas como a Majdalani, y a Coste por $ 700.000.

El pedido de procesamiento se da en el marco de considerar a los ex funcionarios de la AFI como responsables del espionaje que se realizó sobre la vicepresidenta Cristina Fernández. Los operativos realizados en el domicilio de la ex presidenta y en el Instituto Patria, estuvieron dirigidos por el ya detenido Alan Ruiz. Crearon una falsa causa, caratulada como alarma de atentado sobre los domicilios mencionados, tratando de dar una apariencia legal a delitos de falsedad ideológica.

Hay que terminar con los sótanos

Este tipo de accionar ya no sorprenden. La AFI, ex SIDE, es el principal aparato utilizado por los gobiernos de turno para hacer todo tipo de inteligencia sobre la oposición, las organizaciones sociales, la izquierda y los trabajadores, todo sector que considere enemigo de quien está al mando del Estado. Ese organismo, con miles de agentes secretos, insume millones de pesos cada año. A veces también espían a “los propios”.

Es necesario denunciar estas acciones antidemocráticas y terminar con los sótanos podridos de este régimen político. Para acabar con el espionaje, sólo útil para el accionar represivo de los gobiernos, es determinante la derogación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y la disolución de la AFI y de todos los demás organismo de inteligencia, secretos o semi-secretos, de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad.

Escribe: Nicolás Zuttión

A más de un mes de la denuncia de Cristina Caamaño -nueva titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)- por el hallazgo de un disco rígido con archivos sobre espionaje, las pruebas brotan de los «sótanos» demostrando la utilización de los servicios de inteligencia por parte del gobierno macrista. En las causas penales que transitan por Comodoro Py y Lomas de Zamora figuran cientos de nombres, incluidos familiares de Mauricio Macri, más de 400 periodistas, dirigentes políticos y sociales opositores como nuestro MST, científicos y hasta altos funcionarios de Cambiemos.

Desde hace dos semanas, por decisión del exjuez de una de las causas tramitada en Lomas, Federico Villena, se realizaron mega-operativos para detener a ciertos imputados. Primero a Alan Ruiz, exjefe de gabinete de la AFI, implicado principalmente en las escuchas al Instituto Patria. También se detuvo a otros 20 ex-agentes de la AFI y a la excoordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, amiga personal de Mauricio.

Tras algunas excarcelaciones y prisiones domiciliarias sólo queda preso Ruiz, el que espió e intentó infiltrarse a nuestro partido. Las declaraciones de los imputados sentencian como cabeza de esos operativos a los titulares de la AFI durante el macrismo: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Así como lo habíamos pedido antes al juez Villena, desde el MST, con el patrocinio del CADHU, le estamos pidiendo al actual juez, Auge, ser querellantes en la causa.

Macri terminó como empezó: espiando

Si se hace una arqueología de los gobiernos de Macri, esto no es sorpresa. Su carrera política, que comienza con la jefatura de gobierno porteño, cuenta con la designación de Jorge El Fino Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. Un personaje que, sin importar estar vinculado con el crimen de la AMIA, fue elegido como máximo jefe de la fuerza policial creada en 2009.

Al poco tiempo, El Fino, junto con el propio Macri, se vió envuelto en una causa de espionaje, también contra diferentes opositores políticos y parientes, que convirtió a Macri en el primer presidente electo con una causa penal en curso. Nuestro dirigente Alejandro Bodart, en ese momento legislador porteño, presentó el proyecto para iniciarle juicio político a Macri, pero el bloque kirchnerista se opuso.

Aunque en la megacausa de espionaje actual se vislumbre que Macri utilizó la AFI para vigilar los movimientos de Larreta, Santilli, Negri y otros funcionarios suyos, no excluye que el resto de Cambiemos no haya compartido estos métodos. Lo demuestra la causa penal que compromete a Vidal. La justicia platense también investiga si Asuntos Internos de la Policía Bonaerense espió a sectores opositores durante la gobernación pasada. La lógica, la misma: recababan información mediante seguimientos a distintos sectores políticos, sociales y sindicales.

Todos los gobiernos espían

Estas prácticas de espionaje e infiltración son un virus que recorre todas las fuerzas políticas capitalistas. Lo consideran tan «natural», que hasta lo «regulan» con la Ley 25.520 de Inteligencia y lo «controlan» con una comisión bicameral de seguimiento.

Basta recordar que bajo el gobierno de los Kirchner se sancionaron las leyes llamadas «antiterroristas» y la Gendarmería aplicó el Proyecto X, las primeras para criminalizar y el segundo para espiar a las organizaciones sociales. Además, Néstor Kirchner lo tuvo a Stiuso y Cristina puso de jefe del Ejército a César Milani, ex genocida durante la última dictadura y capo de la inteligencia militar.

Alberto Fernández desde que asumió habló de «profundizar la democracia» y mejorar la «calidad institucional». Con su DNU Nº 214 blanqueó una parte del presupuesto secreto de la AFI, pero mantuvo fondos reservados según lo disponga. Además implementó, por medio de su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ciberpatrullaje para monitorear el humor social. También su fuerza política da vía libre a Sergio Berni, un viejo habitué de los sótanos represivos (en 1994 se infiltró en la huelga de los mineros de Río Turbio). Por último, ya se registró el primer caso de espionaje en el mandato albertista: en la lucha de los mineros de Andacollo se comprobó que hubo espionaje sobre su organización y sus acciones.

Ningún lavado de cara: disolver la AFI

No hay forma de cambiar, reformar o mejorar el funcionamiento de la AFI. Los servicios de inteligencia, desde su nacimiento y por su propia naturaleza, son un organismo secreto o semi-secreto totalmente antidemocrático, cuya función de espionaje e infiltración es parte sustancial del funcionamiento del aparato represivo, sea en dictadura o en democracia capitalista. Alberto se hace el sorprendido por los casos de investigación del macrismo, pero aún con otro discurso camina por la misma senda.

La Ley 25.520 de Inteligencia debe ser derogada y la AFI, que es la continuidad de la vieja SIDE, debe ser disuelta. Y lo mismo todos los demás aparatos de inteligencia pertenecientes a las fuerzas armadas, policiales y de seguridad.

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

Ante un audio del ex agente secreto Alan Ruiz que se difundió en el programa de Rolando Graña, nuestros dirigentes Cele Fierro, Alejandro Bodart, Vilma Ripoll y Luciana Echevarría piden al juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ser querellantes en la causa penal que lleva adelante por operaciones de espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia.

Cele Fierro detalló: «El audio de Ruiz confirma que nos espiaron e intentaron infiltrarnos. Por eso, con nuestras abogadas del CADHU, estamos solicitando al juez Villena ser querellantes. Y pediremos más información al juez Martínez de Giorgi, entendiendo que toda la investigación sobre la AFI debería acumularse en una misma causa».

Bodart agregó: «La AFI debe ser disuelta por serla continuidad de la ex SIDE: un aparato represivo para espiar a opositores políticos, movimientos sociales, periodistas e incluso aliados. La Ley 25.520 de Inteligencia y el protocolo de ciberpatrullaje son parte del mismo andamiaje antidemocrático que hay que desmantelar por completo».

]]> https://mst.org.ar/2020/06/08/repudio-del-fit-unidad-frente-al-espionaje-de-la-afi-al-pts-al-mst-y-a-periodistas/ Tue, 09 Jun 2020 02:12:30 +0000 https://mst.org.ar/?p=23977 Reproducimos el comunicado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad ante el espionaje de la AFI a periodistas, partidos de izquierda y organizaciones sociales.

REPUDIO AL ACCIONAR DE LA AFI CONTRA LOS TRABAJADORES Y LA IZQUIERDA

Repudiamos los informes de inteligencia que se hicieron desde la AFI sobre más de 400 periodistas, distintas organizaciones sociales, el PTS y el MST, partidos de nuestro Frente de Izquierda Unidad. La carpeta en la que figuran informes sobre una actividad pública realizada por compañeros del PTS en 2017 en las instalaciones del Hotel Bauen, listas de aportantes y de militantes que hicieron cursos, está realizada con informaciones que son públicas y pueden obtenerse con facilidad por cualquier persona en el juzgado electoral. Sin embargo, a esos informes se les añade datos totalmente falsos que figuran aparentemente de «fuentes propias» del «Departamento de Delitos Contra el Orden Constitucional» de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que tienen como único objetivo habilitar la prosecución de la intervención de la inteligencia sobre la izquierda y los luchadores, incluso con cobertura judicial. Ejemplo de esto es el falso objetivo que se le atribuye al plenario público del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC) realizado en el Hotel Bauen el 24 de septiembre de 2017: «Organización insurgencia OMC 2017» y «vínculos con las ‘FARC argentinas'», poniendo al PTS en carácter de «organización bajo observación progresiva». Como parte del mismo repudiable mecanismo de espionaje sobre la izquierda, en un audio de un ex agente de la AFI reproducido ahora por canales de TV y páginas web, e investigado desde el Juzgado de Lomas de Zamora por el juez Villena, se reconoce que intentaron también espiar e infiltrar al MST y se explica con detalles que al costarle ese objetivo, decidieron inventar una asociación ficticia para acercarse y tener información “minuto a minuto” de sus actividades.

Uno de los objetivos de los espías de Macri, Arribas y Patricia Bullrich era demonizar el repudio masivo que hubo en Argentina al G20 y a la vista de Donald Trump, en noviembre de 2018, donde los partidos que conformamos el Frente de Izquierda Unidad junto a otras organizaciones protagonizamos una marcha masiva, y un militante y un dirigente del PTS fueron detenidos en una franca provocación de parte de las fuerzas represivas y la Justicia Federal. La preocupación de Macri-Bullrich fue fortalecer el aparato represivo para cuidarles las espaldas a los presidentes explotadores del mundo que se dieron cita en nuestro país y perseguir a las organizaciones de izquierda.

Los servicios de inteligencia no son «el sótano de la democracia», sino que son los cimientos de este régimen político. Absolutamente todos los gobiernos los han utilizado contra opositores políticos y sociales en abierta vinculación con la Justicia Federal. Un punto crucial de la persecución a los luchadores es el juicio que sigue curso contra Daniel Ruiz y César Arakaky por movilizarse el 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria del macrismo. En este punto exigimos la absolución inmediata de Daniel y César y la libertad de Sebastián Romero.

 Los luchadores y partidos de izquierda hemos sido permanentes víctimas de esta metodología que no comienza en 2015 con el gobierno de Macri, sino que pervive desde la dictadura genocida. Durante el kirchnerismo denunciamos  el «Proyecto X» de Gendarmería, el gobierno infiltró movilizaciones de trabajadores y se le dio plenos poderes en el área de defensa a un agente de inteligencia que actuó durante la dictadura, como César Milani, mientras que se votaban las llamadas leyes «antiterroristas» como se ordenó desde el Departamento de Estado norteamericano. Ahora estamos ante graves hechos de inteligencia de Gendarmería a los mineros de Andacollo y el “ciber patrullaje” de la ministra Frederic, a lo que se le suman los casos de represión como en Penta, el asesinato de Espinoza o tremendos los abusos contra los qom en Chaco, por solo nombrar algunos hechos aberrantes que están aconteciendo.

El Frente de Izquierda Unidad exige una investigación hasta el final y el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de este espionaje que es verdadero atentado contra las libertades democráticas. Nuestro planteo es claro: la disolución de la AFI y la apertura de todos sus archivos y el cese de toda persecución a las y los que luchan. Llamamos a todas y todos los trabajadores a repudiar este accionar y luchar por estos objetivos.

08/06/20
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES –  UNIDAD (FIT-U)

PTS-PO-Izquierda Socialista-MST

Pablo Vasco, CADHU-MST

Tal como lo había anunciado el 1º en su discurso ante el Congreso, el presidente firmó hoy 5 de marzo el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 214 sobre la AFI. Apenas asumió en la Rosada, AF intervino dicho organismo y “transparentó” una parte de su presupuesto. Dicho sea de paso, más que blanquear todos esos fondos secretos, AF dispuso que la Agencia informe sobre el uso de una parte de los mismos a una comisión bicameral de seguimiento, que desde que se formó nunca hizo nada, y a la Sindicatura General de la Nación, o sea a él mismo. Por supuesto, el pueblo no se va a enterar en qué operaciones utiliza la AFI los fondos del Estado que salen de nuestros impuestos.

El flamante DNU de Alberto Fernández modifica el artículo 4º de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, de modo que en adelante los agentes de la AFI no podrán “cumplir funciones de investigación criminal”. Es decir, no podrán espiar a pedido de tal o cual juez como lo venían haciendo antes. Pero ese aparato secreto sí seguirá espiando a pedido del Poder Ejecutivo Nacional, ahora con la excusa del “terrorismo” o de una “alteración del orden constitucional”. Ambas son figuras peligrosas, que el Estado utiliza para perseguir la protesta social.

Bajo el gobierno de los Kirchner y a pedido del imperialismo yanqui, en 2007 se aprobó la Ley 26.268 y en 2011 la Ley 26.734: son las leyes llamadas “antiterroristas”, que disponen penas de hasta 20 años de prisión por cometer algún delito para “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Así, quien cometa el “delito” de cortar una calle por aumento salarial o una ruta para que no se instale una megaminera contaminante podría ser acusado de terrorismo. Esas leyes represivas se han utilizado para criminalizar a asambleas ambientalistas en Catamarca, La Rioja y Tucumán, y a comunidades mapuches en Neuquén.

En síntesis, Alberto Fernández autoriza a que la AFI espíe a esas organizaciones sociales o, como sucedió en el Argentinazo del 2001, a otras que sean acusadas de “alterar el orden constitucional” por pedir la renuncia de un presidente.

Los sótanos de la democracia

“Apostamos a una democracia profunda y a una mejor calidad institucional. Como lo anuncié el día de mi asunción, tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre, para siempre, con los sótanos de la democracia”, dijo AF con tono firme ante el Congreso.

Quien escucha esas palabras se puede llegar a confundir. Porque en el doble discurso presidencial, “terminar para siempre” no es terminar para siempre. Si para cualquier persona terminar significa concluir, poner fin, clausurar o finalizar, para AF no es así: reducir una función de la AFI está muy lejos de “terminar para siempre”. Más que “terminar con los sótanos”, lo que ha hecho el gobierno es apenas pasarle una leve mano de pintura a ese aparato represivo secreto llamado AFI para que siga funcionando.

La AFI tiene más de 2.000 agentes, 600 de los cuales se dedican a tareas directas de infiltración en partidos políticos y otras organizaciones populares. Con la información que obtienen arman luego causas judiciales persecutorias, operaciones políticas o “carpetazos” según la conveniencia del poder de turno.

Además, la AFI no es el único servicio secreto en funcionamiento: también los tienen la Policía Federal (1.000 “plumas”), la Bonaerense (400 “patas negras”), la Metropolitana (50), la Gendarmería (200 “sapitos”), la Prefectura (350 “orejas de goma”), la Policía Aeroportuaria (100) y el Servicio Penitenciario Federal (250), así como el Ejército (2.000 “solapas”), la Fuerza Aérea (450 “sifones”) y la Armada (800). ¡Todo ese aparato secreto de infiltración y espionaje antidemocrático es el que hay que disolver!

Los archivos del atentado a la AMIA

Alberto prometió: “La calidad institucional que pregonamos sólo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad. Por eso, a 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la AFI desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo”.

Según su Decreto 213, AF ordenó desclasificar con carácter público (art. 16 bis inciso c de la Ley 25.520) toda información que desde el Estado se haya brindado en los juicios sobre el atentado a la AMIA que ya tienen sentencia. Suena bien al oído, pero…

• Ese supuesto carácter público no lo es tanto, ya que el artículo dice “sin que ello implique que pueda trascender del ámbito oficial, a menos que la autoridad responsable así lo disponga”. O sea, nada saldrá del ámbito oficial si alguna autoridad no lo dispone.
• El decreto de AF excluye de la desclasificación a toda información y documentación que hayan brindado representantes extranjeros, un tema fundamental en este caso que como mínimo involucró a funcionarios públicos y agentes secretos de EE.UU., Irán e Israel.
• Como denuncia APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento por la Masacre Impune de la MIA), esta medida “es lo que viene sucediendo desde hace 17 años a través de una decena de decretos presidenciales que ya ordenaron desclasificar documentación y autorizar a los ex agentes de la SIDE a declarar libremente en dos juicios orales. Se hizo diciendo que ello iba ayudar a investigar y esclarecer el atentado y se repitió hasta el cansancio. Sin embargo, hasta hoy no podemos acceder a esa documentación. Fue puesta en manos de la Fiscalía AMIA que tampoco mostró interés en esos archivos, porque toda su energía está puesta en una acusación internacional en la que nadie cree y sólo se sostiene para satisfacer los intereses geopolíticos internacionales. Lo que se presentó como ‘desclasificación’ de los archivos secretos resultó lo opuesto: un bloqueo a su apertura, investigación y conocimiento público. No aportó a la investigación judicial del atentado ni al estudio, conocimiento y esclarecimiento político integral del mismo. ¿Por qué sería distinto ahora?”

Ni “democracia profunda” ni “calidad institucional”

• Por las razones que expusimos, a ese sótano negro llamado AFI no hay que reciclarlo sino disolverlo para siempre porque es parte del aparato represivo que este sistema capitalista monta contra los reclamos populares.
• A las leyes “antiterroristas” no hay que mantenerlas en vigencia, sino anularlas como venimos exigiendo desde el CADHU junto a todas las demás agrupaciones que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
• Y no sólo hay que abrir un poquito algún archivo sobre la AMIA, sino abrir por completo todos los archivos de la dictadura militar. Sólo así habrá datos sobre el destino de las y los 30.000 detenidos-desaparecidos y los cientos de jóvenes apropiados bajo el terrorismo de Estado.

Más allá de sus discursos, y de las expectativas de amplios sectores, Alberto Fernández no está dispuesto a cumplir ninguna de estas tres tareas democráticas elementales que aún siguen pendientes.

Empecemos por el tema justicia. “Una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia… Sin una justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia: sólo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten”, dijo AF. Y luego adelantó: “En los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.

Según parece, la reforma judicial iría al Congreso en febrero, a sesiones extraordinarias. Habrá que ver la letra grande y chica del proyecto. Como AF centró sus críticas en los jueces federales de Comodoro Py, parecía amagar con algún juicio político. Pero su mano derecha, Santiago Cafiero, lo desmintió. Queda entonces lo que adelantó la ministra de Justicia, Marcela Losardo: aplicar el sistema acusatorio, “mejorar” la ley del arrepentido, reorganizar el sistema federal y, se supone, traspasar las escuchas telefónicas.

El sistema acusatorio es básico: que quien dirija la investigación en las causas sea el o la fiscal, no el juez o jueza. Pero ley sobre eso ya hay. Las escuchas sólo volverían a cambiar de mano: Macri se las quitó a la procuradora kirchnerista Gils Carbó y se las pasó a la Corte, que las delegó en un juez de cámara; ahora volverían al flamante procurador Rafecas, amigo de Alberto. Y la ley del arrepentido, que es canjear el buchoneo por reducir la pena, no hay que “mejorarla” sino derogarla. Así, el único cambio real sería repartir las causas penales en todo el sistema federal y no sólo en Comodoro Py, para diluir el poder de esos jueces…

Si esa es la reforma “integral”, no habrá “justicia realmente independiente” que prometió AF. La justicia actual es dependiente, funcional y adicta al poder político porque a los jueces los nombran los Consejos de la Magistratura, cuya integración está supeditada al poder político nacional o provincial, y se remueven por un jury similar. Ese mecanismo indirecto, sujeto a la rosca y los pactos políticos, es lo que hay que cambiar de raíz.

Junto a implementar los juicios por jurados populares con vecinxs sorteadxs del padrón electoral, la única democratización real del Poder Judicial (que es el único de los tres poderes republicanos no elegido por el pueblo) es que todo juez, fiscal y defensor, desde la Corte al último juzgado, se elijan en forma directa por voto popular, en elecciones en fecha separada de la elección política, por períodos limitados y no vitalicios, sin privilegios y revocables en caso de mal desempeño. Además, así se hace en no pocos países del mundo.

Sin esa reforma “integral”, que desde la izquierda venimos proponiendo desde siempre, la justicia seguirá siendo “una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso”, que en este sistema son los capitalistas y sus amigos, “y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten”, o sea al activismo social y político. Lo demás es doble discurso.

Basta de “servicios” y aparato represivo

Vamos al tema seguridad, siempre polémico. AF anunció: “He decidido intervenir la Agencia Federal de Inteligencia… Dispondré la derogación del Decreto 656 del 2016, que consagró el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. Dichos fondos no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del plan contra el hambre”.

Desde ya, restarle plata a un aparato de espionaje que no se sabe para qué la usaba y volcarla a combatir el hambre cae bien. La cuestión es si se trata de un cambio estructural o de “reperfilar” para seguir con más de lo mismo.

La AFI es la ex Secretaría de Inteligencia, la ex SIDE, a la que CFK le cambió el nombre tras la muerte del fiscal Nisman. Tiene unos 6.000 agentes: la mitad de planta y la mitad “inorgánicos”. En 2019 tuvo casi $ 3.000 millones de presupuesto, incluidos 900 millones de fondos reservados, cuyo uso es secreto. Y sumando la plata para “inteligencia” de Seguridad (policías) y Defensa (FF.AA.) son $ 7.603 millones. Según versiones, AF dividiría a la AFI en tres: una parte a cargo de la inteligencia en el exterior, otra del narcotráfico y otra de la seguridad interior; estas dos últimas áreas pasarían al Ministerio de Seguridad, que integraría un Consejo junto con Defensa y la AFI remanente.

Pero por más que les saquen unos mangos, los repartan o los vuelvan a bautizar, los “servicios” serán siempre lo mismo: un aparato secreto cuyo objetivo esencial es espiar a luchadorxs y opositores. La única forma de concretar, como dijo AF, “nunca más al Estado secreto, nunca más a los sótanos de la democracia” sería disolver todos los “servicios” y abrir sus archivos. Y si hay que investigar a los narcos, que lo haga la justicia.

Por razones de espacio, no analizaremos aquí el tema FF.AA. Pero si según AF “estamos orgullosos como sociedad de tener hoy Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia”, que hable a título personal porque está muy lejos de ser así. Menos aún con genocidas como Milani impunes.

Lo que AF sí dijo en el Congreso, y que contrastó con la nefasta doctrina Chocobar que defendían Macri y Bullrich, es que “debemos escapar de la lógica del gatillo fácil y de justificar las muertes por la espalda”. Ya la nueva ministra de Seguridad Frederic agregó que se van a derogar el protocolo de uso de armas de fuego, el programa de “identificación” en trenes y la portación de armas fuera del horario de servicio. Esperamos que lo concrete, pero falta mucho más. A las picanas Taser no las debe usar el grupo GEOF, como dijo ella, sino prohibirlas. El protocolo macrista para las marchas y el “servicio cívico voluntario” de Gendarmería no hay que “revisarlos”, como dijo, sino derogarlos. Y lo mismo las leyes “antiterroristas” y los proyectos para subir las penas y bajar la edad de imputabilidad, en el camino de desmantelar todo el aparato represivo.

Según dijo AF, va a “enviar al Parlamento y someter al debate de la sociedad civil… una propuesta de transformación y coordinación estructural de toda la política de seguridad ciudadana y prevención de la violencia”. Si no incluye depurar las policías y fuerzas de seguridad de todo agente involucrado en hechos represivos, prohibir la represión a las luchas sociales, elegir lxs comisarixs por voto popular y con cargo revocable, el control de los organismos de derechos humanos sobre el accionar policial y el derecho de los agentes a sindicalizarse, no será la “transformación estructural” de la seguridad que prometió.

Pablo Vasco,CADHU-MST

Cele Fierro también se refirió al aborto, Ni Una Menos y la AFI: “La reciente muerte de una mujer en La Plata por aborto infectado muestra que sin aborto legal no habrá el Ni Una Menos que prometió Fernández. ¿O acaso nosotras no estamos entre ‘los últimos’ por los que anunció comenzar? Su omisión total del tema aborto, más el elogio al Papa, confirma la presión antiderechos de la Iglesia Católica y sus socios evangélicos. A su vez, para combatir la violencia de género hacen falta fondos suficientes y veremos si los incluye en su Presupuesto 2020. Por último, si bien es correcto transparentar todos los fondos públicos, a la AFI más que intervenirla hay que disolverla porque es parte del aparato represivo contra los derechos humanos con los que Fernández dijo estar comprometido”.

La AFI, como lo dijimos, sigue siendo la SIDE

El juego de los espías y los políticos no es nuevo en nuestro país, ni tampoco en el mundo. El último gran escándalo nacional estuvo relacionado con la “disolución” de la SIDE por parte del kirchnerismo y la creación de la AFI, una nueva agencia, fundamentalmente por el nombre, porque el personal y todo lo demás era lo mismo de siempre. Tanto la SIDE, como la AFI lejos están de jugar algún rol heroico como sucede en las películas de los agentes que salvan al mundo, muy lejos. El rol central de estas estructuras siempre fue la represión interna, el armado de “carpetas” de distintas personalidades, la recopilación de información de manera legal o ilegal para fundamentar causas judiciales o campañas políticas, etc. Es decir, no tienen ninguna utilidad social y al mismo tiempo son una cueva de bandidos que venden sus datos al mejor postor o los utilizan para cuidar sus posiciones.

Es por eso que desde hace muchos años proponemos la disolución de estos reductos del delito organizado, con la apertura de todos sus archivos y el juzgamiento a todos sus integrantes.

Quienes se negaron permanentemente a esa línea y pretendieron utilizarla a su favor hoy sufren las consecuencias de su maquinaria. La conversación filtrada entre Parrilli y Cristina no es más que la confirmación del accionar (a veces legal) de un aparato sin leyes, ni amos, un aparato que se retroalimente y que es utilizado siempre, siempre, al servicio de coartar la democracia y nunca de ampliarla, de amparar el delito y no de combatirlo, de generar confusión y nunca de aclarar el panorama.

La AFI sigue siendo la SIDE porque durante muchos años el kirchnerismo utilizó sus servicios, como los utilizo De La Rúa, Menem y todos los presidentes de esta democracia en la que es delito protestar y es legar escuchar teléfonos, donde la policía organiza el crimen en los barrios y quieren meter presos a los pibes de 14 años. Y no conformes con utilizar la SIDE idearon el proyecto X de gendarmería y los usaron contra los trabajadores y los dirigentes opositores como nuestra compañera Vilma Ripoll.

La AFI sigue siendo la SIDE porque en la democracia para ricos en que vivimos donde la información es una mercancía y no un bien común, los dueños de las cosas la manejan para reproducir su poder y para evitar los que debería ser la tónica: que los debates de carácter público y estratégicos, sean justamente públicos, donde los trabajadores y el conjunto de la sociedad puedan participar, opinar y decidir. Ahora la salida a la luz de la escucha a Cristina y Parrilli, incluso el grito que le propina la jefa al veterano dirigente, ponen en evidencia hoy, como ayer, es necesario disolver estos aparatos y democratizar la información.

Lo legal y lo ilegal en manos de una casta con múltiples relaciones

Clarín, que actúa como vocero de los intereses de la gran burguesía y de sostenimiento y apoyo a las medidas del gobierno de Macri, salió rápidamente a explicar que Parrilli estaba al tanto de las escuchas, que las mismas eran “legales” y se desarrollaban en el marco de una investigación judicial. Los argumentos de los afilados escribas a sueldo del régimen, pretenden ocultar que los jueces, los agentes de espionaje y los políticos se encuentran relacionados por una maraña de intereses comunes y encontrados donde el 99% de la población no tenemos voz ni voto. La legalidad es una pantalla que se prende y se apaga de acuerdo a los intereses del momento y es por eso que reconocidos espías a sueldo del macrismo como Ciro James, el Fino Palacios y otro hoy están libres a pesar de estar comprobadas sus actividades ilícitas. Es por eso que los responsables políticos de masacres como la de Cromagnon u Once aún están en su mayoría libres, es por eso que los responsables políticos de las corruptelas más grandes de la historia como la venta de armas a Croacia o Ecuador, la Banelco, la entrega del patrimonio público, las cuentas off shore y tantos otros crímenes que cometió y comente permanentemente la clase política (y empresaria) contra el patrimonio común e incluso contra nuestras vidas, se encuentra sin castigo alguno. O como sucede en el caso Amia o Nisman, que pasan los años y se esconden u ocultan pruebas, o aparecen interpretaciones o declaraciones de acuerdo a la conveniencia del poder de turno, todo a espalda de la sociedad que exige con todo derecho saber la verdad. Ahora, la denuncia por las coimas del servi macrista Arribas, parece seguir el mismo camino.

La justicia, en este sistema, no juzga según el acto sino según el cargo, las relaciones y los costos o beneficios de ese juicio y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las causas judiciales que más han avanzado son las que estuvieron acompañadas de la movilización popular, que es justamente la fuerza que rompe ese juego de poderes que se juega en las alturas.

Movilización popular, control social de la justicia y democratización de la política

Los políticos nombran a los jueces y a los espías, estos les devuelven los favores y entre todos se pelean y se amigan de acuerdo a sus intereses y a los distintos sectores que agarren la manija del Estado en cada momento. La legalidad y la institucionalidad se va construyendo sobre ese juego, para reproducirlo y aumentarlo y hay pocos elementos que logran alterarlo, pero estos son sin duda la clave para pensar en un ordenamiento político y judicial diferente si es que no queremos pasarnos la vida en esta mala película de James Bond o mejor dicho Tiburón, Delfín y mojarrita.

Como decíamos más arriba, los socialistas proponemos la disolución de la AFI y cualquier agencia similar de inteligencia, la apertura de los archivos y la investigación, juicio y castigo de todos los involucrados en su funcionamiento por parte de una comisión investigadora independiente del poder de turno.

También proponemos avanzar en la elección directa de jueces y comisarios, el establecimiento de mandatos acotados y revocables, el desarrollo de juicios por jurados y que el principio guía de esta “nueva Justicia” sea el de la intervención y el control social en su funcionamiento y esto solo se logra con los trabajadores y el pueblo movilizados, exigiendo, participando. Y para que se sepa la verdad en el caso Nisman y en otros ligados a corrupción de funcionarios anteriores o actuales, proponemos la conformación de una gran comisión independiente con personalidades reconocidas y ajenas al poder político, que investigue hasta el final, una especie de Conadep para que sepa la verdad de estos temas tan profundos.

La “política” no puede estar al margen de una transformación profunda si queremos cambiar de verdad, por eso proponemos que todos los cargos políticos (electivos o designados) tengan una remuneración acorde al de una directora de escuela, sus mandatos sean revocables y tengan la obligación de enviar a sus hijos a las escuelas públicas y atenderse en hospitales de igual característica, proponemos que los delitos cometidos por estos sean imprescriptibles y deban pagar con sus bienes si meten la mano en lo que es de todos.

Estas medidas, que son tildadas de utópicas por los que se esfuerzan para que todo siga como esta, nos permitirían abrir el camino hacia una sociedad diferente, donde la información no sea una mercancía y la justicia sea más que un título pomposo utilizado para encubrir una larga lista de ilegalidades. No son propuestas que hagan los partidos tradicionales, ellos defienden este orden de cosas aunque a veces les toque sufrir un “carpetazo” o una “parodia judicial”, saben que ese el juego que les conviene jugar para mantener sus privilegios como clase.

Para pelear por estas ideas y por muchas otras más en el camino de una transformación profunda, te invitamos a que nos acompañes en la construcción de una alternativa política que no sea parte de las viejas marionetas del poder, sin vínculos con los corruptos y represores, con un programa a favor de los trabajadores y el pueblo, sumate al MST y juntos fortalezcamos IZQUIERDA AL FRENTE Por el socialismo. Seamos capaces de encontrar un final diferente a la película de siempre.

Martin Carcione

Parrilli y Stiuso