Escriben: Orlando Restivo Presidente CICOP Hospital Belgrano, César Latorre Delegado General Hospital Italiano

En reiteradas ocasiones los medios y los funcionarios pùblicos hablan de una presunta «guerra» contra un enemigo invisible: el Coronavirus. Nosotros estamos en la primera línea de fuego.

El enemigo atravesó la primera línea y se metió de lleno en la comunidad. En Italia 125 trabajadores de salud murieron. InfoBae del 27/4 señala que «casi 17.000 trabajadores.… La cifra representa el 10% del total de personas que han sido contagiadas en toda Italia1». También en España. Publica Redacción Médica: «desde el inicio de la crisis se han contagiado ya un total de 37.994 personas [del equipo de salud], 410 más que el domingo2. En Argentina el COVID19 ya se metió en la línea de fuego. InfoBae reconoce que son «431 los profesionales de la salud los que dieron positivo en el test de Covid-19 y quedaron fuera de la primera línea de combate. Esa cantidad representa el 15 por ciento de los infectados que se registran en el país, que son 2.839 en total3».Y el númeo sigue en aumento.

A la guerra sin protección

La experiencia de España e Italia muestra que sin elementos de protección personal los trabajadores de la salud están indefensos y caen en combate por decenas y aun cientos. El gobierno y algunos expertos que trabajan a su servicio, pretenden justificar este ajuste con una ideología del «no hay», «no se puede pedir», «debemos cuidar los recursos». Lo fundamentan con supuestas recomendaciones «científicas» que no son más que recetas para evitar que se gaste en proteger al personal. La consecuencia es nefasta. No solo caen trabajadorxs de salud. Rápidamente cae la población por que el sistema de salud no frena el avance del virus y el COVID19 se instala en la comunidad.

El uso de camisolines denominados hidrorepelentes o hematófugos y de barbijos N95 está debidamente comprobado en caso de asistencia a pacientes con COVID19 o casos sospechosos no confirmados pero son escasos y se retacean como si se tratara de un «lujo». El costo de todos los EPP juntos de todo el sistema de salud es la milésima parte de lo recaudado por clínicas y sanatorios con la internación de pacientes en terapia intensiva o centros de alta complejidad. Sin embargo estos EPP se niegan y se considera un derroche su uso regular. Más aún, se retacean los barbijos quirúrgicos o se entrean partidas que son de pésima calidad.

Es evidente como viene sucediendo en nuestro país, que sin EPP adecuados y suficientes la pandemia se extiende en el personal de salud y derrumba la principal fortaleza del combate al COVID19.

Un sistema de salud deteriorado

El COVID19 pasó la primera línea, pero no por casualidad son muchos los muertos en ella. Los sistemas de salud en todo el mundo se derrumban ante la pandemia. Ninguno está pasando la prueba. Ni los Privados completos, como EEUU; ni los mixtos como los Europeos. La vulnerabilidad de estos sistemas es fruto de décadas de deterioro profundo de la salud pública por las políticas aplicadas por los gobiernos que desfinancian y destruyen la salud pública para favorecer el negocio privado de la salud. Y se ha deteriorado porque desde hace décadas se ha dejado de invertir en salud. La salud de ser un bien social pasó a ser un costo para los estados capitalistas y para las recetas del FMI, el Banco Mundial (BM) y las grandes corporaciones multinacionales. Este deterioro no solo atañe a la atención de los pacientes antes y durante la pandemia. También redunda en perjuicio de lxs trabajadorxs de la salud.

Todos los políticos y cadenas informativas hablan de las consecuencias: desborde, colapso, de que el sistema no resiste, etc; pero lo que no se dice es que los actuales sistemas de salud mostraron su total fracaso. Y éste es tal, que el debate sobre la necesidad de volver a la salud pública empieza a ganar peso y adherencia. Hoy es más necesario nunca luchar por establecer un sistema único de salud. Un sistema accesible y universal para todxs. Es la medida elemental y profundamente democrática: el sistema privado cuenta con el 60% de la capacidad crìtica instalada para atender al 7% de la población. Es necesario nacionalizar sin ninguna indemnización al sector privado y poner el conjunto del sistema de salud bajo el control de los trabajadores de la salud: nosotros mismos somos los que no tenemos ningún interés que sesgue el principio fundamental de velar por la salud nuestra y de toda la población.

Organizarnos y luchar por nuestros derechos

Lxs trabajadorxs de salud y la comunidad tenemos derecho a protección. La consigna «Cuidar a los que cuidan» se hizo carne en estas semanas en la opinión pública, pero la realidad dista mucho de mostrar que el gobierno nacional o los provinciales se preocupen por nuestro cuidado. El costo de nuestro cuidado, paras las patronales, es un costo que no parecen dispuestos a pagar. Por eso solo con lucha lo obtendremos. Pero tenemos que organizarnos. Desde ANCLA/MST y nuestra agrupación sanitaria Alternativa Salud y la Agrupación Bordó de Sanidad hemos organizado ya tres capítulos del Encuentro Nacional de Salud (on-line). Y estamos organizando el 4° Encuentro para el sábado 9 de mayo.

Te invitamos a sumarte a nuestros espacios para aportar tus experiencias, para poder tener más fuerza al reclamar EPP, para defender nuestros derechos y lograr que la salud de todxs esté por encima de las ganancias capitalistas, defendiendo un Sistema Único de Salud Publica en el camino a luchar por una sociedad mas justa, que para nosotrxs es una sociedad socialista.

Amparos en defensa del personal de salud

La lucha por los derechos laborales es una prioridad para el MST, más ahora cuando tan expuestxs están quienes trabajan en la salud pública y privada. Por eso es que militantes de nuestro partido del sector salud, con el patrocinio jurídico de nuestras abogadas del CADHU, Mariana Chiacchio, Claudia Leaños y Alejandra Giordano, han sido la vanguardia del país en presentar recursos de amparo a la justicia laboral. Las demandas van contra los empleadores, para que otorguen la protección necesaria, y contra las ART, para que cubran todos los riesgos ante un eventual contagio con coronavirus.

Hasta ahora presentamos decenas de amparos de trabajadorxs del Hospital Italiano (privado) y de los hospitales públicos porteños Tornú, Moyano, Gutiérrez, Piñero, Pirovano, Sardá, Durand y Vélez Sarsfield. También se están presentando en Córdoba, Rosario y otras ciudades del interior. Los fallos de las juezas Rosalía Romero, María Elena López y Ana Barilari han sido todos a favor de lxs trabajadorxs al dictar medidas cautelares que obligan a las patronales y ART a proveer la protección adecuada. Queda pendiente la cuestión de fondo de los amparos: que las ART den cobertura integral por los riesgos de Covid 19.

El gobierno porteño y Provincia ART apelaron el fallo del Moyano, pero los refutamos y la Cámara Nacional del Trabajo ratificó el fallo protectivo de primera instancia. Con esta victoria, además, sentamos precedentes en la jurisprudencia a favor de los derechos laborales. Los reclamos de nuestrxs compañerxs del Italiano, del Hospital Belgrano y otros establecimientos tuvieron fuerte eco mediático y el ejemplo se extendió. Esta lucha, de la cual los amparos son parte, es lo que obligó al gobierno nacional a dictar el Decreto 367/20: un logro parcial, que declara al coronavirus como enfermedad laboral mientras dure la pandemia.

Muchos empleadores retacean los elementos de calidad, como los barbijos N95 y los camisolines repelentes de fluidos. Pero como bien señaló el fallo de la jueza Romero, el derecho a la salud y la vida de los trabajadores debe estar por encima de cualquier mercantilismo. Por eso la pelea sigue.

Escribe: César Latorre

Las aseguradoras de riesgos del trabajo son un negocio redondo para un puñado de especuladores, ligados a los bancos. Las ART representan uno de los nichos de negocios más importantes de las aseguradoras. Ocupan casi el 50% del mercado de seguros, con una facturación de unos $260.000 millones anuales.

Sin embargo, apenas vieron que su tasa de ganancia podía estar amenazada frente a la pandemia, rápidamente en una declaración pública manifestaron que no cubrirían a lxs trabajadorxs que pudieran contagiarse de Covid-19.

La ART de Galeno, por ejemplo, mandaba días atrás un comunicado interno en el cual le aclaraba a la empresa Sodexo que no cubriría otras enfermedades que no sean las «listadas» en el llamado baremo de la Ley 24.557 del Riesgo de Trabajo (LRT).

Primeros amparos por la cobertura laboral

Frente a semejante estafa, junto a mi compañera Carolina Cáceres del Hospital Tornú, con el patrocinio jurídico de nuestras abogadas del CADHU Mariana Chiacchio y Claudia Leaños, presentamos los dos primeros amparos del país ante la justicia laboral por el coronavirus. En ellos reclamamos la protección inmediata y la cobertura y consideración como enfermedad profesional, al ser trabajadorxs de la salud que por nuestra tarea estamos expuestxs al Covid-19.

La línea argumental de los recursos presentados se basa en el vacío legal que genera el hecho de que el Covid-19 es una enfermedad nueva, con lo cual era obvio que no estaría «listada» en la limitada consideración de enfermedades laborales de la LRT. Por lo tanto, ésta debía ser considerada como tal.

El amparo de Carolina, que se desempeña como enfermera, demanda a Provincia ART y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En mi caso está dirigido al Hospital Italiano por la falta de provisión del equipo de protección personal (EPP) y a La Segunda ART para que considerara como enfermedad profesional el Covid-19 y por ende cubra todos los riesgos en caso de contagio.

Ambos amparos recayeron en el juzgado laboral a cargo de la jueza Rosalía Romero, quien falló favorablemente hacia nosotros y así sienta jurisprudencia por ser el primero en sentido protectivo por coronavirus. Este ejemplo positivo fue seguido por trabajadorxs del Hospital Moyano, que también logró un fallo a favor, generando precedentes positivos para los trabajadores de la salud, lo que puede hacerse extensivo a todo trabajador que se contagió como producto de su labor cotidiana. En estos días continúan las presentaciones de amparos.

La situación comenzó a hacer visible en los medios masivos de comunicación, lo que a su vez aumentó la presión sobre el gobierno y las ART. Éstas últimas frente a la presión que crecía y viendo cómo la situación cambiaba por los fallos, sacaron otro comunicado diciendo que sólo cubrirían los casos en los cuales se constatara que el contagio fue producto de la situación laboral.

Este segundo anuncio fue una nueva maniobra para no cubrir la enfermedad. Lo que buscaban las ART era aprovechar la dificultad para encontrar las cadenas de contagio (de hecho las patronales ante los nuevos casos de Covid entre trabajadores lo primero que dicen es que se lo pudieron agarrar en cualquier lugar), descargar el problema sobre el uso correcto de los elementos de protección (que dicho sea de paso sigue costando que las patronales privadas y el Estado los provean) y negando por alguna de estas causas la cobertura, como tratan de hacer siempre para no cubrirnos.

En este marco y con un aumento de la presión social, por el descontento general y la falta de respuestas de protección en todo sentido, el gobierno nacional sancionó este lunes 13 el DNU 367, que determina que las ART deben considerar «presuntivamente como laboral» el contraer la enfermedad por los trabajadores mientras dure la cuarentena.

Un decreto insuficiente

Lógicamente el decreto representa un avance y una conquista arrancada por la bronca y disconformidad que aumenta cada día entre los trabajadores, que vemos cómo los males de la economía y la pandemia quieren ser descargados sobre nosotros: falta de cobro, rebajas salariales, aumento de los productos de primera necesidad, falta de protección para los trabajadores de la salud en particular. Nuestros amparos fueron la vanguardia de este reclamo, que luego algunos sindicatos plantearon al gobierno por nota.

Sin embargo, el decreto sigue dejando lugar a futuros litigios en los cuales las ART tengan un margen para mostrar que los trabajadores pudieron contraer la enfermedad fuera del período de la pandemia. Por eso no debería ser provisorio, sino definitivo. La otra insuficiencia del decreto es que la inclusión definitiva o no del Covid-19 en el listado de enfermedades laborales dependerá de la Comisión Médica Central, que es casi siempre funcional a las ART. Es decir, abre la posibilidad de litigio y la voluntad de un ente que ya todos los trabajadores que han pasado por un accidente de trabajo o enfermedad laboral conocen bien.

Como dijimos antes, el decreto tiene vigencia mientras dure la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio y, en el caso de los trabajadores de la salud 60 días más. Es decir, sólo estará incluida la enfermedad como situación transitoria. Por último, los gastos que las ART puedan computar a esta afección podrán ser financiados por el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que debe tener otro destino. Es decir, no sale de sus propios fondos esta cobertura.

Basta de negocio con la salud de lxs trabajadorxs

El coronavirus no sólo puso en cuestionamiento los sistemas de salud del mundo entero, sino que también pone en tela de juicio el sistema de ART.
Desde su creación con la promulgación de la Ley 24.557 en 1995, se les garantizó a las ART un mercado cautivo de millones de trabajadores que pasaban a tener que estar asegurados por ellas. Los distintos gobiernos que sucedieron a esta ley les otorgaron a estas empresas más beneficios. Todos los trabajadores tenemos experiencia de problemas con estas aseguradoras, que únicamente se «aseguran» sus ganancias.

Es hora de cuestionar también este sistema perverso que tiene como lógica la ganancia cobrando por millones de trabajadores plata constante, no intentando aminorar los riesgos de trabajo e indemnizando los accidentes con lo mínimo posible. Bajo esta lógica capitalista nunca se puede privilegiar la salud laboral. Es necesario derogar la Ley de ART.
Así como se demostró que las AFJP significaron una verdadera estafa, las ART tienen la misma premisa mercantilista. La alternativa es un sistema de salud único nacional, que tenga como premisa fundamental brindar un servicio que garantice la salud, no la ganancia de algunos vivos. Que haga eje en la prevención y en el terreno laboral actúe sobre los riegos laborales, brindando todos los elementos de protección personal y se encargue de evitar los accidentes laborales y no de indemnizarlos miserablemente. Y que actúe conforme las comisiones de prevención de riesgo de trabajo, que deberían existir en toda empresa privada o repartición estatal, con la participación activa y democrática de los propios afectados: los trabajadores. ¿Quiénes mejores que nosotros mismos para cuidar nuestra salud?

Latorre afirmó: “Es un importante reconocimiento de nuestros derechos, ya que hoy necesitamos prevención efectiva y, si mañana llegamos a enfermar por el coronavirus, es preciso que se lo considere enfermedad laboral y la ART nos cubra todos los riesgos. Hoy Cáceres y yo entregamos copia del oficio judicial a nuestras respectivas patronales, que tienen 24 horas para cumplir. Pero no pudimos notificar a las ART porque estaban cerradas: frente a la presión la cámara que las agrupa promete cubrir el coronavirus, pero de hecho actúan como si no estuviéramos expuestos a ningún riesgo”.

La doctora Mariana Chiacchio, del CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos), quien junto a su colega Claudia Leaños patrocina los amparos, agregó: “Este fallo ejemplar pone la vida y la salud de les trabajadores como un bien a tutelar por sobre el mercantilismo, en base a las normas internacionales de derechos humanos. Obliga al Italiano a dar todas las medidas de protección y refuerza la obligación de la ART al respecto. Esta pandemia obliga a revalorizar la salud y la vida por encima de los intereses del mercado y seguiremos actuando en defensa de los derechos laborales”.

Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y militante del MST-FIT Unidad, festejó la noticia: “Esta medida cautelar es un paso muy positivo en el reconocimiento de nuestros derechos laborales. Provincia ART y el gobierno de Rodríguez Larreta deben asegurarnos protección porque nuestra tarea implica una exposición constante. Si no lo hacen, deben pagar una multa de 10.000 pesos por día. Espero que hoy la jueza también acepte el pedido de mi compañero César Latorre, del Hospital Italiano”.

La doctora Mariana Chiacchio (CADHU), quien junto a su colega Claudia Leaños patrocinó el amparo, agregó: “Estamos muy satisfechas con la cautelar, no sólo porque sienta un precedente para proteger hoy a les trabajadores excluidos de la cuarentena, y en particular al  personal de salud, sino porque en su texto la jueza anticipa una mirada profunda sobre la cuestión de fondo; el valor de la vida y la salud por sobre el mercantilismo. Plantea una perspectiva del derecho más humanitaria y con justicia social”.

Contará con el apoyo de dirigentes de la CGT, gran parte del bloque de Massa, el bloque pejotista de Diego Bossio, más los diputados propios, con los que estima llegar al quorum mínimo. Las modificaciones al funcionamiento de la ART tienen como punto fundamental la restitución de las Comisiones Médicas (CCMM), como instancia previa obligatoria para solicitar las prestaciones de la Ley de Riesgos de Trabajo u homologar acuerdos con la ART. Las comisiones son un paso obligado para el trabajador accidentado antes de acceder a la Justicia. Definen el monto de la indemnización y el porcentaje de incapacidad.
El nuevo ordenamiento legal establece un máximo de 60 días para que las Comisiones Médicas se pronuncien. Pero este plazo “improrrogable” puede extenderse por cuestiones relacionadas con el accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. O sea, cuando a estos médicos financiados por la ART se les ocurra.
Si el fallo resulta negativo para los reclamos del trabajador, tiene que apelar a una comisión médica central en Buenos Aires y recién luego puede acudir a la Justicia. O sea, para las “calendas griegas”. Por eso, la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina (FACA) ha denunciando estas modificaciones por inconstitucionales, ya que privan al trabajador de poder concurrir a la Justicia en reclamo de sus derechos.
Finalmente el accidentado llegará a los Tribunales, pero ahora lo hará con un fallo negativo previo, y encima solo podrá litigar en el domicilio de la comisión que intervino. Esta última modificación pretende evitar que los trabajadores demandantes puedan litigar en los tribunales del trabajo de la Capital, en donde se encuentran los domicilios de la mayoría de las ART y 80 Juzgados y 10 salas del fuero laboral y donde los fallos tienden a considerar los intereses de los trabajadores, al contrario de los juzgados de provincia (la mayoría de los accidentes se producen actualmente en la provincia de Bs. As.)

Ninguna prevención

Todos los argumentos del gobierno: “terminar con la industria del juicio”, “acelerar los trámites de los trabajadores”, “beneficiar a las Pymes”, etc. son puro verso. “En el sector formal, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) verifica 660.000 siniestros anuales, a los que se les debe sumar otro 35% del sector informal. No se computan: el infraregistro de enfermedades laborales; la falta de denuncias de empleadoras de siniestros leves para evitar aumentos de alícuotas; y la ausencia de registro de accidentes mortales.” (Clarín 09/02/2017)
Si el gobierno quisiera disminuir las demandas laborales por accidente, lo que tendría que hacer es desarrollar un plan de prevención de accidentes de trabajo, que incluya comisiones de control de los propios trabajadores en cada empresa.
Nada de eso está en el interés del macrismo y los empresarios de este país. Lo único que les interesa es achicar los costos laborales, aunque para esto tengan que liquidar los más elementales derechos constitucionales de los trabajadores y pasar por encima de cuatro fallos adversos de la Suprema Corte de Justicia.

Un proyecto muy resistido

En diciembre el Senado votó la media sanción de este proyecto con el inestimable apoyo del bloque PJ-FpV. Solo tres senadores votaron en contra. El 20 de enero, con la excusa de frenar una avalancha de juicios el 1º de febrero, el gobierno de Macri apura sus modificaciones a la ley, sin esperar a que Diputados trate la media sanción del Senado. Como respuesta al decretazo de Macri, la Justicia Nacional del Trabajo recibió 800 demandas por accidentes de trabajo, más del doble del nivel habitual, el primer día hábil del mes en curso. Y un gran malestar frente a la jugada del gobierno colocó al DNU al borde de ser rechazado por la bicameral que trata los decretos del Poder Ejecutivo.
Por eso el gobierno tuvo que recular con el decreto y llamar a sesiones extraordinarias. Ahora la Cámara de Diputados, con un quorum que se adelanta ajustado daría sanción a la iniciativa macrista. Es tan frágil la situación que si no fuera por el rol cómplice de la CGT y gran parte de la “oposición” parlamentaria el proyecto podría caer. Es vergonzoso el rol de los dipusindicales, algunos de los cuales votan a favor, como el integrante del triunvirato de la CGT, el massista Héctor Daer, mientras otros se ausentan o se hacen los distraídos.
Frente al rol nefasto de la burocracia, es necesario que los trabajadores exijamos que el reclamo contra estas modificaciones en el funcionamiento de la ART sea uno de los puntos importantes del paro nacional y plan de lucha que necesitamos para enfrentar el ajuste antiobrero del gobierno de Macri.

Gustavo Gimenez

• Este DNU es doblemente inconstitucional. Primero por su forma, ya que no existe ninguna circunstancia excepcional de “necesidad” o “urgencia” que justifique su dictado, mucho menos en una materia ya regulada por un proyecto de ley -muy malo, hay que decirlo- que tiene media sanción del Senado. También tiene una inconstitucionalidad de fondo, ya que este decreto vuelve a la nefasta Ley de Riesgos del Trabajo de 1996, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación en numerosas oportunidades. Dicha ley es la que más declaraciones de inconstitucionalidad recibió por no respetar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ni el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, ni garantizar a las trabajadoras y trabajadores la debida protección de su salud.
Macri dictó su decreto en enero, en feria judicial, para evitar el ingreso de todas las demandas laborales en febrero y seguir intentando flexibilizar los derechos laborales. Asimismo, en lo que lleva de su gobierno ya ha firmado 28 DNUs. Siete de ellos son de este año, lo cual es sorprendente porque estaba de vacaciones. Salvo que los DNU se puedan firmar online, no se sabe cómo hizo. En decretazos en un bimestre Macri le gana incluso a Carlos Menem, que dictó cuatro en enero/febrero de 1990.

Las modificaciones del decreto

1. Comisiones médicas: se establece como obligatoria y excluyente la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales como la «instancia administrativa previa» a la presentación del trabajador ante la justicia.
2. Plazo perentorio: el gobierno nacional les fija a las comisiones médicas un supuesto «plazo máximo» de 60 días hábiles administrativos para expedirse sobre los casos.
3. Autoseguro público provincial: las provincias, sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires pueden autoasegurar los riesgos del trabajo, de sus regímenes de empleo público, acorde lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
4. Competencia del fuero laboral: antes se podía demandar a la ART o la empresa en los tribunales correspondientes a su domicilio legal, la mayoría en la CABA. Por eso se recurría a la justicia laboral nacional, en general más protectora del trabajador que las de las provincias. Ahora el DNU impone la jurisdicción del lugar de trabajo.

Efectos negativos para los trabajadores

Con esta modificación, la trabajadora o trabajador puede llegar a esperar años para acceder a la justicia. El DNU 54 establece que el plazo “improrrogable” de 60 días puede extenderse por “cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas”. En criollo, cuando a la comisión médica se le cante. Si las comisiones médicas ya ahora no respetan el plazo que tienen para pronunciarse, no hay razón para esperar que vayan a funcionar de forma diferente cuando la tarea se les va a cuadriplicar.
Un trabajador hoy tiene que ir a la comisión médica que le corresponda, esperar que esa comisión con médicos a sueldo de las ART le dé la razón y, si no ocurre así, apelar a una comisión médica central en Buenos Aires y recién después de un par de años llegar a la justicia.
Además, como el Decreto 54 dispone que el trabajador puede ir a la comisión médica sin asesoramiento letrado, esa desprotección genera que los médicos encubiertos de las ART le informen cualquier cosa, sobre todo en cuanto a las enfermedades profesionales. La comisión médica determina si ésta es consecuencia del trabajo, pero sólo chequea en un listado y si la enfermedad no figura entonces no es “profesional”. Ante esas situaciones, el trabajador tendría que recurrir a la justicia con un dictamen negativo previo.
Pero aparte de ser perjudicial para la clase trabajadora, el decreto de Macri y Triaca elimina la instancia del SECLO: la conciliación. De ese modo los conciliadores laborales verán reducido su trabajo en más de un 70%. Por eso al día de la fecha ya se presentaron ante la justicia varios recursos de amparo tanto de trabajadores como de abogados conciliadores por la inconstitucionalidad del DNU.

Prevención cero

La intención ficticia del decreto macrista es “resolver” el problema de los accidentes laborales evitando la judicialización de los mismos. Pero en realidad el problema sólo puede resolverse con una adecuada prevención de las condiciones laborales de seguridad e higiene. La primera mentira que escuchamos de las patronales, las ART y el propio gobierno es que los accidentes suceden por una “situación imprevisible”. La verdad es que con aval gubernamental los capitalistas aceleran los ritmos de trabajo y a la vez no quieren gastar dinero en prevención y prefieren quedárselo en sus bolsillos antes que invertir en mejores maquinarias, herramientas y en garantizar condiciones dignas de higiene y seguridad para los trabajadores.
La finalidad central de las ART es lucrar con los accidentes y enfermedades laborales, “compensando” al trabajador con una indemnización mínima mucho menor a las cuotas que les cobran a las empresas. Las trabajadoras y trabajadores nos deterioramos y hasta nos jugamos la vida todos los días para ganar salarios que muchas veces no alcanzan ni para cubrir la canasta mínima, mientras ellos juegan a la ruleta rusa con todos nosotros. Así funciona el sistema capitalista, enemigo histórico de los que vivimos de nuestro trabajo.

El DNU va al Congreso

Como pasó con muchas de sus medidas, por ejemplo el decreto que hacía móvil el feriado del 24 de Marzo, ante los amparos, las críticas y todo el amplio rechazo a este DNU sobre las ART, Macri tuvo que recular parcialmente. Por eso ahora convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el mencionado proyecto de ley, apostando al visto bueno de la burocracia sindical y a la aprobación por parte del Frente Renovador, el PJ y el Frente para la Victoria.
Es necesario enfrentar el Decreto 54, que es parte de la ofensiva antiobrera de Macri y los empresarios con la excusa de “bajar el costo laboral”: despidos, suspensiones, techo salarial, etc. Es el momento de organizarnos y salir al frente con todo, exigiendo desde abajo que las CGT y las CTA concreten cuanto antes el paro nacional y el plan de lucha que hace falta para defender los derechos del pueblo trabajador.

Vanesa López,
Equipo de Abogadxs del MST

Al servicio del capital

Luego de su famosa frase “hay que entender al que despide” el flamante ministro de Trabajo, nuevamente salió a levantar las banderas del empresariado y sus “derechos” frente a los trabajadores.

Defendiendo junto a Dujovne el decreto de necesidad y urgencia por el que el gobierno modifico el régimen de las ART favoreciendo claramente a las empresas responsables y perjudicando, como no puede ser de otra manera, a los trabajadores.  Con la bandera de la reducción del costo laboral y la promesa de ahorrar 19.000 millones de pesos anuales, se colocan nuevos requisitos y pasos administrativos para evitar que los trabajadores afectados por accidentes o enfermedades laborales accedan de manera inmediata a los recursos que les corresponden. Las “comisiones médicas” no son otra cosa que barreras para impedir qie los trabajadores accionen contra las empresas ante un despido. Como mascarón de proa proponen la batalla contra la “industria del juicio” un monstruo mítico que esconde el desamparo de millones de trabajadores frente a los ritmos crecientes de explotación y las condiciones deficientes de seguridad. Vale recordar que pocos días atrás aprobaron un convenio laboral con los petroleros que incentiva esa explotación, precariza las condiciones de seguridad y vulnera derechos adquiridos.

Es decir, en un movimiento de tijeras el gobierno deteriora las condiciones de trabajo y seguridad y al mismo tiempo complica las condiciones de reclamo frente a esta situación y todo al servicio de obtener mejor condiciones de explotación para los empresarios.

El plan del gobierno no da puntada sin hilo, pero es fundamental comprender que lo que se plantea como ahorro se extrae en realidad de la vulneración de derechos de los trabajadores, de miles que quedaremos sin recibir una remuneración acorde al esfuerzo empeñado y las consecuencias en nuestra salud que ello conlleva, sobre todo si pensamos que ni un millón vale lo mismo que nuestro tiempo, nuestra salud y la de nuestros compañeros. Nos obligan a trabajar por monedas, asumiendo un gran riesgo, nos proponen “pagarnos” las consecuencias ya que es más barato que prevenir y ahora, como si lo anterior fuera poco, buscan reducir los alcances de ese mismo pago. Pero, como decía don Carlos en la famosa publicidad, Tudo bein, tudo legal…

A espaldas y contra los trabajadores

En medio del verano, sin urgencia más que la de la presión del empresariado, Macri lanza este paquete de decretos al servicio de su estrategia y par4a responder a los cuestionamientos que surgen con relación a la globalidad de su plan. El cuentito que la reactivación y la esperanza que cantan los juglares del PRO parece una broma de mal gusto de bufones descoloridos. A pesar del apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas en senadores y los dirigentes de la CGT (campeones del mundo de la entrega de derechos de los trabajadores) apuran el trámite y evitan que la cámara de diputados participe pero, sobre todas las cosas, evitan que la sociedad participe, que los trabajadores nos informemos rompiendo el cerco impuesto por la propia burocracia.

Para los que tenían alguna esperanza en el carácter “republicano y respetuoso de las instituciones” del señor de globos, va otra muestra de su tenaz servicio a su clase, antes que al estado y sus instituciones, primero los intereses.

Ante este nuevo paso anti obrero del gobierno, lo que vuelve a quedar en evidencia también es el rol servicial y rastrero de la denominada “oposición”, que ya había votado favorablemente a esto en el senado, incluido el FPV, y se aprestaba a convalidarlo en la cámara baja, aunque, como siempre, con un poco de circo. Más allá de matices, renovadores, pejotistas y kirchneristas apuestan a la gobernabilidad alrededor del único plan que la burguesía tiene hoy en pie: el ajuste.

Resistir y construir una referencia política

Como lo expresamos en nuestro primer periódico del año es fundamental resistir al ajuste del gobierno coordinando acciones pero sobre todo apoyando fuerte a los trabajadores en lucha. Como los compañeros/as de AGR-Clarín que pelean contra los despidos u otros sectores que enfrentan en la calle la política del macrismo. Todas son peleas durísimas, pero constituyen hoy una parte fundamental de la resistencia más global al ajuste, resistencia que no es asumida en lo más mínimo por las centrales sindicales y la mayoría de los gremios que actúan como agentes del gobierno para hacer pasar el ajuste negociando una “reducción de los daños” en el mejor de los casos. La unidad del sindicalismo clasista es fundamental para dar esta pelea por una movilización nacional y el paro general que se necesita para derrotar el ajuste y la flexibilización.

Al calor de esas luchas nos proponemos también tonificar y fortalecer una nueva referencia política surgida de la unidad entre nuestro partido, el MST y el MAS: Izquierda al Frente por el Socialismo. Tenemos el desafío de sumar nuevos sectores crecer y desarrollarnos como una alternativa que a su vez pelee por la unidad de toda la izquierda. Para miles de trabajadores y sectores populares que no quieren retroceder en sus conquistas, que están dispuestos a luchar por sacarse de encima a la burocracia y que, por supuesto, este año van a buscar castigar la política anti obrera y pro patronal del gobierno. En este sentido la pelea por mayor unidad y por una campaña poderosa en todo el país tiene que acompañar el apoyo a las luchas que ya es una marca de origen de nuestro frente, pero como las peleas no se dan en abstracto, te invitamos a que la demos juntos fortaleciendo el MST vas a estar contribuyendo a esos objetivos y vamos a estar más fuertes para lograrlos. No aceptemos seguir perdiendo derechos, resistamos el ajuste y organicémonos para dar vuelta todo.

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Decretazo bis

Macri elimina los feriados, pero vive de vacaciones

Paralelamente al decreto de reforma de la ley de ART, el gobierno de Cambiemos eliminó los denominados “feriados puente”. Esta medida, al igual que la anterior golpea fundamentalmente a los trabajadores, quienes desde ahora van a trabajar más horas por el mismo salario. Puede parecer una pequeñez, pero se trata de un robo a favor de los capitalistas que por la misma plata tendrán mayor producción.

Los socialistas reivindicamos el derecho al tiempo libre como una forma de desarrollar la potencia creadora e innovadora que todos tenemos y muchas veces sepultamos con jornadas agotadoras de trabajo, por supuesto ese derecho no se puede reducir a un puñado de feriados, como un desierto no se puede disimular con un oasis, pero si entendemos que cualquier retroceso en ese sentido debe ser repudiado y enfrentado como lo que es, un robo de nuestro tiempo libre, menos horas con nuestra familia y amigos, menos descanso, etc y todo al servicio de la acumulación capitalista.

Lo que suma indignación a esta medida es que Mauricio y su quipo viven de vacaciones, retiros espirituales y todo regado con sueldos obscenos, nos llaman al esfuerzo desde la comodidad de sus lujos. Macri tiene doble moral y doble discurso.

Otro detalle no menor, que muestra como su ideología reaccionaria que atrasa cien años, le brota por los poros. Los feriados “movibles” son justamente algunos de los más caros al pueblo argentino como el 24 de marzo o el 2 de abril, fechas que por supuesto el macrismo desprecia y eliminaría de la memoria si pudiera, solo que, lamentablemente, lejos está de poder hacerlo.

Martin Carcione

El diputado Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) le cuestionó:”Ustedes hablan de participación, pero siguen incumpliendo la Ley 2.176 que obliga a convocar a un congreso abierto cada dos años para diseñar las políticas culturales de la Ciudad.”

En su respuesta, el ministro Hernán Lombardi tuvo que reconocer que dicha convocatoria era “una deuda pendiente”.

Al finalizar la reunión, Bodart aprovechó para pegar a dos bandas: “El voto del PRO a la ley antiobrera de ART parece preanunciar un canje de votos K al Presupuesto macrista.”

Bodart agregó: “Los pactos con el PRO en el Congreso y la Legislatura porteña prenuncian un deterioro político de los K, lo que a su vez los vuelve más intolerantes. Frente al maltrato de ambos gobiernos, reafirmamos la alternativa que venimos construyendo junto a Pino Solanas.”