Escribe: Nadia Burgos, desde Lima

Esta situación se profundiza con la caída del gobierno de Castillo que, como señalamos desde la LIS, podemos decir que no fue sorpresiva. Las concesiones permanentes a la derecha en la búsqueda de consensos y el abandono del programa por el que fue elegido, impidió que pueda poner fin a la crisis económica y social que afecta al país desde hace décadas. Castillo rompió con la base social que lo había llevado a la presidencia y se introdujo en un callejón sin salida. Presionado por la derecha que trató de forzar su vacancia vía el parlamento, el 7 de diciembre de 2022 anunció una serie de medidas que incluían el cierre del propio Congreso. La respuesta fue la vacancia de Castillo y la asunción, vía golpe parlamentario de Dina Boluarte, la vicepresidenta que ya había demostrado su alineación con la derecha.

Estallan las movilizaciones

A partir de la asunción del nuevo gobierno estallaron las movilizaciones en todo el país y, a casi dos meses de pelea, el pueblo peruano ensayó múltiples maneras de luchar con un objetivo claro: la renuncia de Dina Boluarte. El proceso de movilización fue despejando confusiones. Inicialmente un sector exigía la restitución de Castillo. Rápidamente la profundización del debate hizo comprender que la crisis social y política no se resuelve con cambios de figuritas o a través de las instituciones que hoy gobiernan. Por ello en las calles se comenzó a reclamar la renuncia de Dina, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Se expresa de esta manera que la derecha en general y el fujimorismo en particular, no tienen ninguna respuesta en la vida política de Perú más que la represión. El pueblo expresa su hartazgo y avanza en su ruptura con el régimen político vetusto, racista y burgués.

Las expresiones de protesta se fueron radicalizando con cierre de rutas, toma de aeropuertos y de minas y la movilización con la Toma de Lima el 19 y el 24 de enero.
Desde la Liga Internacional Socialista participamos activamente de las acciones e impulsamos una salida de independencia de clase para la situación, planteando la necesidad de coordinación de las organizaciones en lucha, para que asuman el gobierno y la convocatoria a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

No matarás ni con hambre, ni con balas

La respuesta del régimen a las movilizaciones fue una escalada represiva: balas y gases sobre las movilizaciones y cortes de rutas, persecución y cárcel para dirigentes y activistas. También difundiendo discursos para criminalizar la protesta, acusando de terroristas a quienes se organizan y expresan el rechazo a Dina y al Congreso.

El avance sobre Lima de contingentes del interior del país, pueblos originarios, campesinos, estudiantes, pobladores pobres, pequeños comerciantes -incluso de sectores medios que al comienzo de todo este proceso tuvieron una actitud prescindente- fue radicalizándose en la medida que avanzaba la represión indiscriminada.

El último sábado, la máxima expresión del autoritarismo represivo del gobierno fue la intervención de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde la policía irrumpió con tanques y abuso policial en el campus universitario. El ingreso violento de 500 policías a la universidad resultó con la detención de 193 personas, incluyendo una embarazada, una niña de 8 años y adultos mayores. Gracias a la lucha persistente en menos de 48hs fueron liberados todos los detenidos y el impacto de la situación no sólo ha despertado al movimiento estudiantil sino también puso en riesgo la continuidad de la Rectora, pieza clave para que la represión se desatara.

La brutalidad del gobierno de Dina es fuertemente rechazada cada vez por más sectores que, al ver las consecuencia de la represión, se suman a la lucha.

Y en los sectores movilizados hay una gran radicalización. En Puno se avanzó a un paro seco (paro general). También hubo paros de los trabajadores mineros y de la pesca, y amenaza de cierre de oleoductos y centrales eléctricas.

Esta dinámica impacta también sobre los sectores y direcciones reformistas a quienes la situación los desborda. Quienes recurrentemente han conciliado y se han mantenido cómodos dentro de las instituciones burguesas, hoy caen en esta espiral de crisis. Nuevo Perú y todas sus expresiones internas, los dirigentes más destacados como Verónica Mendoza, no pasaron de declaraciones de forma y propuestas pacifistas y en los marcos de la democracia burguesa y el régimen actual.

También la CGTP (Confederación General de Trabajadores de Perú), si bien moviliza importantes contingentes, lejos está de postularse para coordinar los sectores en lucha y proponerse conducir globalmente el proceso. Es una tarea también del movimiento obrero poder desprenderse de esas direcciones burocráticas y es una responsabilidad de la izquierda revolucionaria encabezar la lucha por una nueva dirección clasista y combativa.
La magnitud de la movilización hace que sea improbable que Boluarte pueda perpetuarse en el poder. La única alternativa que pueden ofrecer a regañadientes, es el adelanto de las elecciones. Medida que, en el marco de la constitución fujimorista del 93 y con las autoridades electorales actuales, será una nueva trampa con el único objetivo de detener este proceso.

Una salida de fondo

Desde nuestra llegada a Lima, hemos acompañado a nuestros camaradas peruanos de la LIS en todas las movilizaciones, nos hemos reunido con numerosos dirigentes y expresado nuestra visión de que estamos en medio de una pelea muy profunda. Hay condiciones favorables para que esta valiente y heroica lucha pueda ganarse. Ponemos nuestro esfuerzo militante en Perú y nuestra solidaridad internacional compenetrada absolutamente con ese propósito.

El debate sobre la salida a esta crisis recorre las calles y las organizaciones sindicales, políticas, indígenas, estudiantiles y sociales. En Perú los sectores obreros y populares ya hicieron la experiencia frente a las propuestas de salidas vía las reglas de las instituciones de este régimen. El resultado fue seis presidentes en seis años y la profundización de la crisis social y económica. Como revolucionarios advertimos que las vías institucionales del régimen fracasaron estrepitosamente. Para revertir la crisis surge la necesidad de preparar y luchar por una salida revolucionaria. Por eso desde la LIS expresamos con fuerza que es urgente impulsar la coordinación de los sectores de lucha, para desde allí potenciar y darle continuidad a la movilización del pueblo y que sea esa coordinación la que asuma un gobierno provisorio. A la vez, luchar por la convocatoria a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para debatir las medidas necesarias para resolver realmente los grandes problemas sociales, raciales y económicos y reorganizar sobre nuevas bases el país. Junto con esto tenemos que unirnos los revolucionario para pelear con más fuerza por esta salida. Al interior del proceso de movilización y en los distintos sectores en luchas hay que profundizar el trabajo de reagrupamiento de los y las revolucionarias, comunidades originarias, estudiantes y quienes quieran pelear por esta salida.

Desde la Liga Internacional Socialista reiteramos este llamado al reagrupamiento de los sectores revolucionarios. La izquierda revolucionaria tiene este gran desafío. Llamamos a la unidad para dar esta batalla para que de una vez por todas conquistemos un gobierno de los que nunca gobernamos en el Perú, los y las trabajadoras y los sectores populares.

Por qué es indispensable derrotar la Constitución Fujimorista del 93

Cuando Fujimori gana las elecciones en 1992, el Consenso de Washington se puso en acción. Impulsaron un documento de política económica de corte neoliberal desde el Departamento del Tesoro, el FMI y el Banco Mundial. El mismo fue elaborado por John Williamson y representantes del establishment y se transformó en la hoja de ruta para el presidente electo, quien fue convocado expresamente para recibir esas claras órdenes.
Uno de los puntos del documento del Consenso de Washington planteaba privatizar todas las empresas, en este caso las 228 empresas que tenía el Perú. Perú se transformó en el único país que privatizó todas sus empresas. Al calor de esa política dictada desde el Norte, se elaboró la constitución neoliberal del año 1993, sin ninguna salvaguarda para los intereses del país. Hasta los EEUU subvencionan a sus agricultores. El Estado peruano no puede intervenir ni implementar medidas para la protección de derechos.

Con la constitución de Fujimori hoy vigente, han sido eliminados 71 derechos. Los habitantes no son considerados ciudadanos con derechos, sino simples consumidores.
Haciendo una rápida revisión de algunos artículos de la Constitución que recoge el espíritu capitalista neoliberal se evidencia el carácter reaccionario de la misma.
-Artículo 19.- «Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto. Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.»

-Artículo 58.-« La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura»

-Artículo 59.- « El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. ….»

-Artículo 60.-«….Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional »

-Artículo 61.-« El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. ..»

-Artículo 62.- «… Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposicionesde cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente »

-Artículo 62.- «Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.»

Estas son algunas de las razones que hacen indispensable llamar a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que termine con el fujimorismo y su influencia y condicionamiento.

El FIT Unidad marchó en solidaridad con el pueblo peruano

En simultáneo con la masiva movilización en Perú del martes 24, el FIT Unidad convocó a una marcha hacia el Hotel Sheraton, donde estaba reunida la cumbre de presidentes de la CELAC. Sectores de la comunidad peruana y otras organizaciones obreras y populares fueron parte de la movilización. Cele Fierro, en nombre del MST y la LIS cerró el acto internacionalista.

Escribe: Guillermo Pacagnini

El gobierno del Frente de Todos atraviesa la mayor crisis desde que asumió. El fusible Guzmán no calmó las aguas, Batakis se desgasta a velocidad supersónica y Alberto se parece cada vez más a De la Rúa. Porque se va quedando sin base social con un pueblo trabajador ajustado, con mal humor, reclamos crecientes, y un establishment que reclama profundizar las medidas del FMI y un marco de estabilidad capitalista para sus ganancias. Desde arriba emparchan la crisis con un triunvirato Alberto, Massa y Cristina. Y llaman a la oposición de Juntos a un pacto de gobernabilidad. La burocracia sale de garante. Siguen decidiendo entre pocos y a espaldas del pueblo. Y cada minuto que pasa significa menos salario, menos trabajo, más miseria para el pueblo y más ganancias para los de arriba y el FMI.

Así no va más, se escucha cada vez más. El gobierno habla de desestabilización, cuando fueron sus medidas las que generaron la crisis y no solo no mueve un dedo contra los sectores concentrados y especuladores, sino que les garantiza que sigan currando. Cada minuto que pasa son más medidas de ajuste que los de arriba y el FMI deciden en forma autoritaria. Se tienen que ir todos. Y debe ser el pueblo trabajador quien decida democráticamente cuál es la mejor salida. Es el pueblo quien debe decidir libremente qué hacer con la economía y el modelo de país. Resolver un plan económico alternativo en beneficio de las mayorías, para sacar al país de la crisis, y también cambiar las reglas de juego de este régimen político tramposo y corrupto.

¿Qué es una Asamblea Constituyente?

La crisis que nos agobia no se puede resolver a nuestro favor con un simple cambio de figuritas, ni de ministros, gobernadores o presidentes. Por eso creemos necesario que se convoque a elecciones para una Asamblea Constituyente, sin limitaciones, con plena soberanía, para deliberar y decidir cómo salir de este desastre nacional y avanzar hacia otro modelo. Es la salida más democrática.

La Constituyente es un mecanismo que incluso existe en la Constitución actual para dar salida en tiempos de grave crisis económica y política, como sucede ahora. Se convoca a elecciones nacionales para votar diputadxs, pero no para integrar el Congreso sino para reformar la Constitución en todo lo que haga falta, sin ningún tipo de limitación y, al declarar a la Asamblea libre y soberana, para tomar también las medidas económicas y sociales de corto y mediano plazo necesarias.

Esta convocatoria abriría un amplio proceso de debate democrático, con protagonismo de la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y los sectores populares. Para eso se debe garantizar la participación electoral sin ningún tipo de exclusión. Que todas las corrientes políticas tengamos acceso igualitario a los espacios gratuitos en los medios. El debate debe ser sin restricciones, para poder decidir sobre todo. Considerando al país como distrito único.

En esta «democracia» capitalista, deciden pocos

Para gobernar en beneficio de un puñado de privilegiados, los gobiernos que se suceden (pasó con Macri, ahora con Alberto y todos los gobernadores) se apoyan en un régimen político que impide la verdadera participación democrática. Las instituciones funcionan para garantizar que siga este status quo. Veamos.

Al no haber ningún tipo de control popular, hacen lo contrario a lo que prometen en las campañas. Alberto prometió plata en el bolsillo y la heladera llena, entre otras cosas, pero no cumplió. Gobiernan por decretazos, o imponen leyes antipopulares criminalizando la protesta cuando empiezan los reclamos, como ahora con los movimientos sociales. Tienen atribuciones para vetar las leyes que no le gustan o no las cumplen, dejándolas sin fondos. Hacen acuerdos con el FMI sin consultar al pueblo. Alberto legalizó la deuda macrista y la paga. Pactan en el Congreso y las legislaturas entre los bloques oficialistas y opositores y nadie se entera. La justicia es adicta al poder, con jueces puestos a dedo hasta en la Corte Suprema. A la Iglesia la banca el Estado, con la plata de todos. La cana es represiva y coimera y funciona como guardia pretoriana de los ricos, reprimiendo en las calles y los barrios. La casta política se recicla entre privilegios y corrupción. Están al servicio de los ricachones. Mienten y hacen caja de mil maneras, pero como no hay revocatoria de mandatos siguen atornillados en sus cargos. Los senadores y jueces son casi vitalicios. La casta empresarial pone y saca funcionarios. Y todo para ajustar al pueblo y entregar el país y los bienes comunes. ¿Qué democracia es esta?

Cambiar el modelo económico

La Asamblea Constituyente sería una herramienta para debatir cambios urgentes y también de fondo: una ruptura de raíz con este régimen político, económico y social.
Una salida de lxs trabajadorxs y el pueblo debería arrancar por romper con el FMI y no pagar la deuda externa, esa inmensa transferencia de riquezas hacia el capital financiero. Hay que cortar ese chorro y usar esos recursos para un plan económico alternativo que priorice el salario, el trabajo, la salud y la educación. Los bancos y especuladores financieros están haciendo fortunas: hay que nacionalizar la banca para evitar la fuga de capitales y terminar con la timba financiera. También nacionalizar el comercio exterior, para evitar la fuga de capitales y que el agronegocio y las exportadoras dejen de saquearnos, entre otras medidas, como cobrarles fuertes y permanentes impuestos a las grandes fortunas y corporaciones. Como venimos planteando desde el MST en el FIT Unidad.

También el modelo político

También hay que cambiar de raíz el régimen institucional. Terminar con los privilegios de la casta política. Los funcionarios deben ganar igual que una directora de escuela y utilizar obligatoriamente la escuela y el hospital públicos. Revocatoria de mandatos para quienes incumplen. Que los jueces, fiscales y comisarios se elijan por voto popular y sean revocables en caso de mal desempeño.

El Senado es una secuela feudal, ya que no es proporcional a la población, sino que todas las provincias tienen tres senadores por igual. Eso favorece a las más chicas y perjudica a las más pobladas, como la de Buenos Aires. Además, como van dos cargos al ganador y uno a la segunda fuerza, todo queda en manos de las poderosas familias feudales de las provincias. Debe ser disuelto, igual que los senados provinciales. Proponemos una cámara única de diputados, elegidos tomando el país como distrito único, sin pisos y con verdadera proporcionalidad según la cantidad de votantes.

También se debe separar la Iglesia Católica del Estado, eliminar todos los subsidios a los cultos, como asi garantizar que se cumpla efectivamente el derecho al aborto y todos los derechos de géneros en todo el país.

Una Asamblea Constituyente como la que estamos proponiendo permitiría abrir todos estos debates e iniciar un cambio de rumbo. Por eso no debe tener limitaciones ni corsé alguno. Debe declararse libre y soberana, con los más amplios poderes para reorganizar y refundar el país.

Nuestra propuesta tendrá como punto nodal un gobierno de lxs trabajadorxs y el pueblo que avance a una Argentina socialista.

Debatir y movilizar por esta propuesta

Queremos invitarte a que te sumes a debatir e impulsar con nosotrxs esta propuesta y todas las medidas que venimos proponiendo para salir de la crisis. A fortalecer al MST y al FIT Unidad para potenciar una alternativa de izquierda para los trabajadores, las mujeres y la juventud que termine con la falsa antinomia de las coaliciones pejotistas y de la derecha de Juntos y/o Milei. Para poner coto a este sistema capitalista de hambre y miseria y construir un modelo diferente, un modelo socialista y que de una vez por todas gobernemos lxs trabajadorxs y el pueblo.

Escribe: Pablo Vasco

En la Argentina se palpa un profundo malestar social, colapso económico y también desgobierno político. Y no son meras «sensaciones»:
. Ante la pobreza y la malaria cotidianas, la bronca popular viene creciendo.
. La inflación y la sumisión al FMI pulverizan la economía nacional.
. Y el gobierno de Fernández-Fernández anda de tumbo en tumbo, sin resolver su crisis interna y cada día más desgastado, inclusive frente a sus propios votantes.

En suma, se empieza a acumular un combo de elementos bastante similar al que produjo diciembre de 2001. Aunque quizás, todavía, con más descontrol del poder por arriba que estallido social por abajo. Pero todos los días hay desmentidas de renuncias y circulan los memes con helicópteros. Y nadie podría hoy firmar blanco sobre negro que el gobierno del Frente de Todos culmina su mandato recién en diciembre de 2023, fecha que parece tan pero tan lejana.

Ante este desastre generalizado, desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad proponemos que se adelante la convocatoria a las elecciones, pero a diferencia de la derecha, que sólo quiere cambiar figuritas, que éstas sean para elegir diputadas y diputados a una Asamblea Constituyente libre y soberana en donde el pueblo pueda decidir democráticamente todos los cambios necesarios.

Vamos por medidas de fondo

Si el actual plan económico pactado y controlado por el FMI está hundiendo al país, los trabajadores y el pueblo, es evidente que la salida pasa por aplicar un plan alternativo diametralmente opuesto, antiimperialista y anticapitalista. En la emergencia, los ejes de dicho plan son un inmediato aumento de salarios, jubilaciones y planes de ayuda social; congelar las tarifas y reestatizar los servicios; dejar de pagar esa monumental estafa llamada deuda externa y reinvertir esos millones en crear empleo genuino y reactivar la economía nacional; nacionalizar el comercio exterior y la banca; anular el IVA a la canasta familiar y gravar fuertemente la riqueza(1).

Junto a otras medidas, como la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial para generar nuevos puestos y la reforma agraria, estos serían los primeros pasos de un plan de reorganización productiva más integral, con planificación democrática y preservación ambiental. Es decir, orientar las ramas de la producción en función de dar respuesta a las necesidades sociales y no a los bolsillos de una minoría privilegiada.

Estas medidas deben ir acompañadas de profundos cambios en el régimen político, para democratizar todo y eliminar hasta el más mínimo privilegio de casta. Elegir los jueces, juezas y fiscales por voto popular, con mandatos limitados y revocables, e implementar los juicios por jurados populares. Anular el Senado, ese resabio feudal en donde Tierra del Fuego, con casi diez veces menos electores, tiene tres senadores igual que la Provincia de Buenos Aires. Cámara única de diputados y proporcionalidad con el país como distrito único. Separar por completo a la Iglesia Católica del Estado y anular todos los subsidios a la educación religiosa. Que todo funcionario político gane como una directora de escuela con diez años de antigüedad y esté obligado a educar a sus hijos en la escuela pública y a atenderse él y su familia en el hospital público. Disolver la policía, los servicios de inteligencia y desmantelar todo el aparato represivo y crear una nueva seguridad comunitaria, preventiva y no represiva, bajo control social.

Ahora bien; la pregunta del millón es cómo se podría hacer realidad un plan así. Y esto nos lleva a la cuestión decisiva: ¿qué clase social y qué espacio político tienen la potencialidad de conducir estos cambios estructurales?

Izquierda y clase trabajadora

Desde el punto de vista económico-social, sólo existe una clase que tiene la capacidad de poner en pie un sistema distinto al capitalismo: la clase trabajadora, la que produce toda la riqueza del país y del mundo, la clase que es explotada por los empresarios. A diferencia de la burguesía, la clase obrera es la única que no está atada por ningún compromiso económico, político ni militar al FMI, las corporaciones multinacionales y todo el imperialismo.

El sistema capitalista produce una desigualdad social cada vez mayor, crisis cíclicas y una baja permanente en el nivel de vida de las masas, además de guerras y destrucción ambiental. No hay manera de terminar con esos flagelos si no reemplazamos la anarquía irracional del modo de producción capitalista, en donde cada burgués produce lo que le conviene en función de su ganancia individual, por una planificación acorde con las necesidades del conjunto social. Por ejemplo: ¿hasta cuándo vamos a tolerar que en nuestro país, que podría alimentar a 400 millones de personas, seis de cada diez pibes del conurbano bonaerense coman mal?

Las fábricas pueden funcionar perfectamente sin los patrones, pero no sin las y los trabajadores. Y lo mismo toda la sociedad. Desde ya, consideramos parte integrante de la misma a las y los desocupados y jubilados, y, como sus aliados, a los sectores medios empobrecidos por la crisis.

Desde el punto de vista político, quienes sostenemos esta salida emancipadora somos únicamente la izquierda. Macristas, radicales, peronistas, kirchneristas y liberfachos, con sus obvios matices entre sí, son todos firmes defensores del capitalismo. Lo repiten una y mil veces en cuanto micrófono tienen adelante. Y cuando decimos izquierda no nos referimos a la reformista o socialdemócrata, sino a la izquierda socialista revolucionaria. Porque no proponemos tal o cual modificación parcial para mantener este mismo sistema de explotación y opresión existente, sino hacer cambios cualitativos, de raíz.

Algunos ejemplos

El primer gobierno obrero de la historia fue la Comuna de París, en 1871. Fruto de una insurrección popular, decretó la autogestión obrera de las fábricas abandonadas por sus dueños, creó guarderías para los hijos de las trabajadoras, la laicidad del Estado y expropió los bienes de las iglesias, anuló los alquileres impagos y abolió los intereses de las deudas, redujo el salario de los funcionarios políticos y reemplazó el ejército convencional por una guardia ciudadana. A los dos meses, la Comuna fue duramente reprimida y derrotada.

La primera revolución obrera triunfante fue la conducida por Lenin y Trotsky, en Rusia en 1917. Apoyado en los soviets, que eran consejos de delegados obreros, campesinos y soldados, el gobierno bolchevique garantizó el pan para la clase trabajadora, la paz tan anhelada y la tierra para el campesinado, entre muchos otros derechos sociales y de la mujer. En pocos años, expropiaciones y reforma agraria mediante, Rusia desarrolló toda su economía y elevó el nivel de vida de las masas.

Pero la guerra civil interior y la no extensión de la revolución a Alemania llevaron al estancamiento y luego al retroceso, plasmado en el triunfo de Stalin, su burocracia y su concepción traidora del «socialismo en un solo país». Si el capitalismo y sus fuerzas productivas son globales, el socialismo, como sistema superador, no puede serlo menos. Por supuesto no será un proceso simultáneo, pero el objetivo es una integración socialista continental e internacional. Asimismo, el régimen totalitario stalinista nada tiene que ver con el modelo de socialismo con democracia que defendemos.

Desde 1917 a la actualidad se han producido revoluciones anticapitalistas en varios otros países, como China (1949), todo el Este de Europa (segunda posguerra), Cuba (1959) y Vietnam (1975). Todas ellas implicaron avances sociales indiscutibles, en materia de salud, educación y bienestar para sus pueblos. Pero su dirigencia política en vez de extender esas revoluciones las encerró dentro de sus fronteras, provocando así su burocratización y retroceso. En el caso de China, la propia burocracia gobernante restauró el capitalismo y se ha transformado en una potencia imperialista que compite con los Estados Unidos.
Más allá de su rumbo posterior, todas estas experiencias históricas nos dejan enseñanzas muy valiosas sobre la posibilidad y el ejercicio del poder por parte de la clase trabajadora, los puntos positivos a valorar y los errores a evitar.

Elecciones… y algo más

No compartimos en absoluto la postura de algunos movimientos sociales, que se niegan tozudamente a participar de la batalla político-electoral. Si desde la izquierda revolucionaria no presentamos nuestra propia alternativa y nuestros propios candidatos y candidatas para disputar cuando hay elecciones, ese espacio lo terminan ocupando sí o sí los enemigos de clase, es decir los sectores políticos capitalistas. Al mismo tiempo, nos parece muy equivocado centrar todas las energías militantes en la participación electoral, como suele hacer alguno de los partidos integrantes del FIT Unidad.

Siendo importante contar con parlamentarios de izquierda, el rol fundamental de una fuerza revolucionaria está en su capacidad para dirigir e influenciar a franjas enteras de trabajadores y sectores sociales en el terreno de la acción, en la lucha de clases directa. Está en dirigir sindicatos, listas de oposición gremial y fábricas, así como también barrios populares, centros de estudiantes y otros espacios de los movimientos feminista, LGBT y ambiental.

¿Por qué ocurre esto? Porque la llegada al poder de una fuerza política como la nuestra no puede depender sólo de un eventual resultado electoral, sino esencialmente del desarrollo de la movilización obrera y popular. Además, en caso de llegar tampoco la burguesía va a permanecer pasiva, sino que va a enfrentar a ese gobierno de la izquierda y los trabajadores. Es conocida la fallida experiencia de la «vía pacífica al socialismo», que en 1973 en Chile terminó en derrota y golpe militar por no querer enfrentar la contraofensiva capitalista-imperialista.

Una izquierda con vocación de poder

En la Argentina ya sabemos bien cómo ponerles fecha anticipada de vencimiento a aquellos gobiernos que defraudan las expectativas del pueblo trabajador. Así lo hicimos con Fernando De la Rúa a fines de diciembre de 2001 y en menos de un mes volteamos a otros tres presidentes provisorios: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño. No tuvimos ningún problema en sacar: el drama es que no tuvimos a quién poner de nuestro lado, en defensa de nuestros propios intereses.

Es más: así como en la década del ’70 en el país habían surgido coordinadoras obreras, a partir del Argentinazo de 2001 nacieron las asambleas barriales, que en el caso de la Capital y el conurbano bonaerense se agruparon más de un centenar en la Interbarrial de Parque Centenario y elaboraron un programa económico alternativo. Junto a las fábricas recuperadas por sus trabajadores y los movimientos de desocupados fueron formas genuinas de autoorganización popular, embriones de un doble poder en las calles paralelo al poder oficial. Son experiencias valiosas que de alguna manera se van a retomar y a la vez anticiparon que hay muchos economistas, ingenieros y demás especialistas dispuestos a colaborar con un gobierno de ruptura con el capitalismo.

Por cierto, no siempre hubo capitalismo ni tiene por qué ser eterno. Pero a diferencia de la revolución burguesa contra el feudalismo, en que los capitalistas ya dominaban buena parte de la economía y sólo tuvieron que sacarse de encima a la vieja clase feudal, bajo el capitalismo la clase obrera no puede construir una economía propia. Para sentar las bases de una nueva sociedad debe sí o sí tomar el poder, para lo cual es preciso convencer y ganar más y más voluntades políticas. De allí la importancia de fortalecer el partido revolucionario que venimos construyendo.

Por eso, precisamente, necesitamos una izquierda que vaya mucho más allá de lo testimonial y crezca con vocación de poder. Las fuerzas de izquierda que siguen aisladas deben abandonar su sectarismo y unirse al Frente de Izquierda Unidad, y éste, a su vez, tiene que intervenir unificadamente en cada ámbito del reclamo social, postularse como alternativa ante cada hecho significativo y, sobre todo, abrirse a la participación del activismo de izquierda independiente. Ésas son las propuestas del MST para acercarnos al objetivo que la crisis reclama: un gobierno de la izquierda y la clase trabajadora. Si coincidís, sumate a la militancia!

Desde fines de septiembre se realiza una reforma parcial de la Constitución salteña. El gobernador Gustavo Sáenz y el Romerismo-PJ, en vez de convocar a una Asamblea Constituyente libre y soberana para que el pueblo decida todo, plantean reformar unos pocos artículos a su conveniencia.

En las elecciones provinciales de septiembre desde el FIT Unidad conquistamos una banca de convencionales constituyentes. Como es tradición, la rotamos: en el primer período estuvo Daniela Planes, del PTS, y ahora quien escribe, por el MST.

Soy docente de Ciencias Políticas, pero por la escandalosa falta de cargos en la provincia soy trabajador ambulante. En este período se ha confirmado que sólo la izquierda es verdadera oposición frente a los partidos patronales, que se apoyan mutuamente incluso en esta reforma parcial.

Nuestros proyectos

Desde nuestra banca estamos presentando proyectos alternativos en cada punto de la reforma, reafirmando que hace falta un cambio político global, porque todas las instituciones están muy distanciadas de las necesidades sociales.

Para terminar con los privilegios de la casta política creemos que se debe limitar a una única posibilidad de relección, es decir dos mandatos como máximo. Terminar con las dietas de privilegio: deben equivaler al salario de una directora de escuela con 10 años de antigüedad y todo funcionario político debe estar obligados a educar a sus hijos en la escuela pública y atenderse ellos y sus familias en el hospital público. Para evitar las prácticas de monopolio del poder, el gobernador no podrá nombrar a familiares directos en puestos del Poder Ejecutivo y a la mitad de su mandato, dos años, debe convocar una consulta popular para ver si continúa o no en su cargo.

En relación con la justicia, único de los tres poderes no elegido por votación, no debe ser designado por pactos políticos a través del Consejo de la Magistratura, sino mediante el voto popular, en fecha separada de la elección política. Tanto jueces como fiscales deben durar un período de seis años y sin sueldos de privilegio.

Sobre la elección de concejales y también de la Legislatura, proponemos que se renueve de manera integral: hacerlo por mitades sólo asegura la permanencia de lo viejo y no permite expresar los cambios políticos de la población.

Con respecto a la Legislatura proponemos anular el Senado, cámara antidemocrática porque no es proporcional a la población.

Una Auditoría independiente del poder de turno

Tiene que ser un organismo de control realmente independiente, con una integración minoritaria del gobierno. Por eso en nuestro proyecto proponemos que tenga 7 integrantes: 3 designados por la oposición, uno por el oficialismo y los otros 3 por entidades de la sociedad civil, uno elegido en forma democrática por la Universidad Nacional de Salta, uno por la Red de Defensa de los Derechos Humanos y otro por los trabajadores de la propia Auditoría.

El gobierno debe garantizar la dotación de personal suficiente de la Auditoría, sin precarización, para poder realizar en forma efectiva garantizar los controles del presupuesto provincial, su ejecución, las empresas del Estado, las empresas privadas concesionarias de servicios públicos y las cuentas de los municipios.

Entre otros puntos, incluimos la exclusión de todo piso proscriptivo.
La banca que conquistamos en esta Convención Constituyente está el servicio de proponer cambios democráticos, en la perspectiva de seguir luchando por cambios institucionales y económicos de fondo y por un gobierno de los trabajadores y el socialismo. Para eso necesitamos que te sumes a dar la pelea con nosotrxs.

Escribe: Nicolás Zuttión

Alberto Fernández encarna como figura central un gobierno que se sostiene en un régimen deteriorado y descompuesto, una forma política que trae para los trabajadores planes de hambre y miseria, con una perspectiva a futuro aún más oscura. Hablar de su régimen conlleva la tarea de definir las instituciones con las que la clase dominante gobierna. Para poder lograr tal objetivo, haremos un repaso por algunas que demuestran la decadencia del régimen local totalmente desigual y perjudicial para las mayorías populares.

Casta judicial

Una muestra importante de la caducidad del régimen aludido se encuentra en la institución de la Justicia. Este poder, que en apariencias detenta ser algo “independiente” del Ejecutivo, se transformó en una herramienta de poder para quienes pasan por el sillón de Rivadavia. Así el término lawfare (la utilización política de la justicia) ha pasado a estar en primera plana. Las denuncias de Cristina Fernández a Macri por el uso de jueces durante su gobierno para la persecución de la oposición, reavivó el debate sobre la existencia de presos políticos. Lo cierto es que, la denuncia de la actual vicepresidenta no cuestiona el orden estructural de un poder clasista y antipopular. Más bien, sus reparos residen en la rebeldía de una Corte Suprema que circunstancialmente no responde a su entorno político.
Sin desconocer que existen casos de persecución encabezados por jueces amigos de los distintos partidos, como Juntos por el Cambio, la discusión instalada por el oficialismo tiene como objetivo equiparar a funcionarios que han cometido delitos de corrupción, con militantes, luchadores sociales y populares encarcelados injustamente. No hay relación alguna entre Amado Boudou, implicado en el caso de Ciccone, con Daniel Ruiz, militante político, imputado y apresado por manifestarse en contra de la reforma previsional en 2017.

Ninguna confianza en esta justicia, ante los casos de corrupción política proponemos una comisión investigadora independiente con plenos poderes.
Esta justicia de clase posee otro vicio, su carácter patriarcal. La cultura machista impregnada en esta institución, es uno de los elementos de un régimen putrefacto, que obliga a las mujeres a vivir en un país donde cada 22hs hay un femicidio.

Ninguna reforma cosmética, como la propuesta por el presidente Alberto Fernández, donde sólo se busca unificar fueros y abrir nuevos juzgados, fiscalías y defensorías, puede transformar a la justicia. Los cambios profundos son aquellos que van contra sus puntos estructurales. Implementar la elección de los jueces y fiscales por el voto popular y directo, terminar con los mandatos vitalicios y sueldos de privilegios, y establecer el juicio por jurados es la manera de erradicar la casta judicial, diametralmente opuesta a los intereses de la mayoría.

Elecciones maniatadas… por la rosca oficial

Para sumar otra característica que refracta la decadencia del régimen, podemos mencionar a las elecciones. Signadas este año por la pandemia del Covid-19, la votación de medio término se encuentra en un debate superestructural de los partidos tradicionales enmarcado en la forma de llevarlas a cabo, donde las facciones internas buscan no perder un ápice dentro de sus frentes.

A pesar de la iniciativa incluida por Alberto Fernández en las sesiones extraordinarias del Congreso para discutir la suspensión de las PASO, el régimen político no ha llegado a ningún acuerdo. Algunos gobernadores del NOA como Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), José Neder (Santiago del Estero), Juan Manzur (Tucumán) y Ricardo Quintela y Florencia López (La Rioja), del peronismo; y Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Arce (Misiones), del macrismo, avalan la propuesta. Mientras que otras fuerzas del oficialismo, como la dirigida por Cristina y de la oposición, se resisten. Queda a la vista que la preocupación sanitaria, ni tampoco la democrática, son las que ordenan las decisiones de los legisladores, encargados de poner los votos para que esto ocurra, sino las tensiones aún no resueltas entre los gobernadores peronistas y el kirchnerismo. Otro tanto aporta Juntos por el Cambio que, también por su disputa interna, no tiene una posición unánime.
Al día de la fecha la hipótesis más probable, ante este escenario, es que las PASO se planifiquen para el mes de septiembre, una vez pasada la nueva ola que, según el viceministro de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, terminaría en agosto.
Queda a la luz lo profundamente antidemocrático de los partidos tradicionales del régimen, que especulan suspender o no las PASO, con tal de resolver sus intereses internos. Sin hacer gala de un mecanismo proscriptivo como las PASO, lo cuestionable es el nivel de maniobra sobre la elección de los legisladores que sucederá este año. El régimen, lejos de plantear una democratización del sistema electoral, donde se termine con todo piso para acceder a un cargo legislativo; haga un reparto igualitario de los fondos públicos para las campañas electorales y una distribución equitativa de los espacios publicitarios, sólo persiste en mantener un sistema electoral a su conveniencia.

Instituciones por eliminar

Continuar con la caracterización del régimen político hace que tengamos que hacer un paso obligado por el actual Poder Legislativo del Estado. Actualmente el funcionamiento de las cámaras, no es más que el retrato de una escribanía de los sectores más concentrados de la economía y de los organismos financieros internacionales. Esta afirmación se sustenta con la aprobación en Cámara Diputados, en la primera sesión del año, del proyecto de Ley de “Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública”.

Diputados y Senadores convirtieron en Ley la convalidación de una deuda externa totalmente fraudulenta, que tiene el tamaño del PBI del país (más de 332 mil millones de dólares) y que sólo sirve como mecanismo para someternos en un neocolonialismo permanente. Estas medidas, conjuntamente con las votaciones de las recurrentes reformas previsionales y presupuestos de miseria, son las que terminan de arrojar luz sobre el Congreso que no tiene más que un carácter totalmente conservador y contramayoritario.

Lo más rancio se encuentra en la “cámara alta”, donde anidaban personajes tan nefastos como el ex senador vitalicio, Carlos Saúl Menem, quien conservó todos sus privilegios de la casta política hasta sus últimos días. Los senadores son la demostración de un artefacto político diseñado para garantizar el control de las clases dominantes sobre la decisión popular. Con requisitos insólitos como tener 30 años cumplidos para ser elegido y con falsas premisas como la representación “federal” se digita la dinámica del Senado, que representa a los sectores más conservadores, atados a los gobernadores y los intereses ajenos a los trabajadores.

El ideario de la democracia representativa e indirecta es totalmente trucho ante sus propias reglas. La actual distribución de cargos, sancionada en el artículo 45 de la Constitución Nacional, donde se indica que corresponde un/a diputado/a cada 33.000 habitantes, es algo que no ocurre para nada.

Todos los planes antiobreros y antipopulares pueden tener aforo en la representación política, debido a su composición antidemocrática y clasista. Ponerle fin a esto requiere pensar una democratización a fondo de las mismas estructuras. Un primer paso importante es disolver el Senado nacional y los Senados provinciales, crear una sola Cámara de Diputados, tomando al país como un distrito único para repartir las bancas según los votos de cada partido o alianza.

Deliberar y decidir sin limitaciones, por una Asamblea Constituyente

Los porcentajes que ilustran un país devastado, como el 60% de pobreza infantil, un salario mínimo de $21.600, ubicado por debajo de la línea de indigencia, los privilegios políticos descubiertos como el vacunagate, encuentran asidero en un régimen político desgastado, sin vida, que nada bueno puede ofrecerles a los trabajadores. Como la corrupción es intrínseca al sistema y a las instituciones que lo conforman, no hay chances de resolver los problemas centrales cambiando figuritas. Por poner un ejemplo, el reemplazo de Ginés del Ministerio de Salud no va a terminar con la política del Frente de Todos totalmente a favor del lucro de la salud privada.

Terminar con los grandes problemas requiere de la participación de quienes sufren los mismos. La Asamblea Constituyente es un mecanismo democrático para poder hacer frente a debates centrales de la crisis en curso y poder decidir: cómo resolver los problemas, cómo reorganizar el país, qué instituciones remover y cuáles crear.
En momentos donde se liberan procesos constituyentes a nivel regional, vale rescatar que los procesos geniunos son aquellos donde no exista limitación alguna para poder deliberar y decidir, de forma democrática, cómo salir de la situación actual.

Movilizar para lograr una Asamblea Constituyente libre y soberana es la posibilidad de cambiar de raíz esta Constitución capitalista y reorganizar el país sobre nuevas bases, en todos los órdenes: político, económico y social.

Consideramos central en este aspecto la participación de los trabajadores, las mujeres y sectores populares. Sólo así se podrán revertir las orientaciones políticas de un régimen tramposo y antiobrero. Ante la política a espaldas de los de “abajo”, la Asamblea Constituyente es la posibilidad para que les trabajadores y sectores populares debatamos y podamos decidir:

Estrategia económica: una Asamblea Constituyente daría la posibilidad de tomar medidas de fondo. Romper con el FMI, desconocer la deuda externa fraudulenta, como así también establecer un Ingreso Universal de $50.000 para quienes no posean trabajo, actualizar los salarios y jubilaciones de acuerdo al valor de la canasta básica, terminar con los subsidios a las grandes empresas. Y nacionalizar la banca y el comercio exterior.

Sistema de salud: en medio de la pandemia una herramienta democrática como la mencionada posibilitaría poner el pie un sistema único de salud de carácter estatal, universal y gratuito, haciendo uso de toda la infraestructura privada. Además de impulsar la producción pública, distribución y aplicación masiva de las vacunas contra el Covid-19.
Combatir el Patriarcado, de verdad: la Asamblea Constituyente soberana permitiría destinar el presupuesto necesario para erradicar la violencia de género, implementar la ESI de manera real en todos los colegios, aplicar la Ley de ILE sin restricciones, además de remover la objeción de conciencia, y terminar con los subsidios a la Iglesia Católica, separándola además del Estado.

Revolucionar el modelo político: también sería la oportunidad de terminar con los privilegios de la casta política. Acabar con los salarios y jubilaciones de privilegios, imponer que los funcionarios cobren lo mismo que una directora de escuela y obligar, por ley, al uso de los establecimientos educativos y de salud públicos. Establecer la revocabilidad de mandato para quien no cumpla en su función.

Que gobiernen los trabajadores

Desde el MST en el FIT-Unidad, creemos indispensable propagandizar estas ideas que se contraponen a los programas políticos de los partidos del régimen y pueden servir para desandar nudos centrales de los problemas que aquejan a las mayorías. Establecer la Asamblea Constituyente como instrumento para democratizar la democracia es funcional a lo estratégico de disputar porque sean los trabajadores quienes gobiernen.

Fortalecer este programa, este instrumento de lucha, es totalmente necesario en tiempos donde ya se han expuesto las prioridades de un gobierno que dijo venir a recomponer el desastre del macrismo, pero la realidad muestra que detrás del doble discurso sigue el modelo capitalista.

Te invitamos a sumarte a la herramienta política del MST en el Frente de Izquierda Unidad, para construir una alternativa de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, con el fin de terminar con un régimen que nada tiene ya por ofrecer.

“Este Octubre chileno tiene perfume a Mayo francés. Y como las revoluciones son siempre contagiosas, en todos lados se rechazan las imposiciones del FMI. Por ejemplo, en la Argentina el masivo voto anti-ajuste no es un cheque en blanco para el nuevo gobierno. Los intereses del Fondo son incompatibles con las necesidades de los pueblos y por eso no hay salida posible si no se rompe con esa usura”, finalizó Cele Fierro.

Cele Fierro, participando en las movilizaciones en Chile

“Aunque Piñera convocó al Consejo de Seguridad para endurecer la represión, puede ser como echar nafta al fuego porque el proceso de movilización social se mantiene. Por eso es imprescindible mantener el apoyo internacional y exigir a cada gobierno que rompa relaciones con Piñera. El pueblo chileno exige que se vaya el presidente y se convoque a una Asamblea Constituyente libre y soberana para decidir democráticamente el destino de su país”.

Cele Fierro, quien viajó la semana pasada a apoyar la lucha en Chubut, agregó: “Ante el ataque recibido, CTERA tuvo que salir de la inmovilidad. Repudiamos los actos violentos de la burocracia sindical y vamos a participar de la movilización este jueves, apoyando la convocatoria a un paro nacional con movilización. Y para resolver la profunda crisis que atraviesa la provincia, es necesario dejar de pagar la usurera deuda, que se vaya Arcioni y llamar a una Asamblea Constituyente para que sea el pueblo quien decida el futuro de la provincia y del país.»

La convocatoria en CABA es este jueves 05/09 a las 08:00 hs. en el Obelisco para marchar hacia la Casa de Chubut (Sarmiento 1172) a las 10:00 hs., de la que participará la agrupación Alternativa Docente.

Desde Chubut, Cele Fierro, que es candidata a diputada nacional, agregó: “Chubut es un espejo de cómo puede terminar la gravísima crisis política y económica nacional.  Macri busca culpables por todos lados, pero quien fracasó por completo es él. Frente al vacío de poder insistimos en que Macri se vaya ya mismo, se adelanten las elecciones y que sean a una Asamblea Constituyente libre y soberana. Nuestro país necesita una refundación integral sobre nuevas bases”.

Cele Fierro agregó: “Es obvio que la quita del IVA a los alimentos es insuficiente, pero es lamentable que Alberto Fernández se oponga cuando se trata del impuesto más regresivo ya que lo pagan por igual ricos y pobres. Dejando de pagar la deuda externa sobraría plata para financiar al país entero. Si Fernández elige pactar la ‘gobernabilidad’ para que siga Macri, nosotros sostenemos que el derrotado se debe ir ya mismo porque a diciembre no llegamos. Hay que llamar a una Asamblea Constituyente para debatir democráticamente cómo reorganizar el país”.