Vilma ya lo explicó en varios reportajes. Durante su larga trayectoria como enfermera y dirigente política y del movimiento de mujeres, cientos de compañeras acudieron a ella para resolver la crisis que significa un embarazo no deseado. El uso del misoprostol, tal como lo hacen los profesionales del servicio de Ginecología en su propio trabajo en el Hospital Italiano, fue la alternativa recomendada. Es que la alternativa para esas compañeras es de hierro: si Vilma no les hubiera explicado cómo hacer el procedimiento con pastillas, habrían terminado en alguna abortería indigna y corriendo riesgo de muerte.

Conocedora directa de la problemática del aborto clandestino, e incluso con la trágica experiencia de una compañera de trabajo que se hizo a sí misma un aborto con agujas y murió por septicemia, Vilma es desde siempre una firme defensora del derecho básico a decidir. No defensora del aborto, como tantas veces lo ha repetido, sino del derecho a hacerlo en condiciones seguras y dignas para aquellas mujeres que así lo necesitan o así lo deciden.

“Una mujer no es una incubadora forzada”, insiste siempre Vilma, que respalda la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y por eso junto a la legalización del aborto para no morir también exige educación sexual integral para decidir y anticonceptivos gratuitos para no abortar.

Una acusación digna de la Edad Media

Antes que el fiscal, cuando circuló lo de los 570 abortos con pastillas dos personajes nefastos salieron de inmediato a exigir el procesamiento de Vilma: la defensora de genocidas Cecilia Pando y el cavernícola diputado macrista salteño Alfredo Olmedo. Se ve que el fiscal de instrucción Marcelo Carlos Romero, a cargo de la Fiscalía N°6 de La Plata, se hizo eco de ambos.

Según Romero, Ripoll “realizó expresiones en las que se pondera la comisión de los delitos tipificados por la actual normativa penal argentina (el aborto), en el que protege nada más, ni nada menos que el Derecho a la Vida”. Para él, las expresiones de nuestra compañera Ripoll “superan con holgura la simple libertad de expresión y se internan en el plano de la ilegalidad”.

Como bien dijo Vilma: “Es el reino del revés: en realidad me acusa porque defiendo el derecho de las mujeres a no seguir muriendo por abortos clandestinos. De hecho, ‘apología del crimen’ hacen quienes sostienen la ilegalidad del aborto.”

Está claro: estamos ante una acusación retrógrada por donde se la mire, digna del Medioevo. Romero no sólo pretende acallar a Vilma Ripoll sino también, a través de ella, a todo el movimiento de mujeres que está luchando para que el Congreso apruebe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, esa vieja deuda de la democracia con las mujeres y demás cuerpos gestantes.

Quién es Romero

El fiscal platense que ataca a Vilma tiene sus antecedentes. Primero, nadie escribe por casualidad “Derecho a la Vida” así, con mayúscula, si no es un ultracatólico militante. Efectivamente, Romero es profesor de la Universidad Católica de La Plata. Estos fervientes “pro-vida” amigos de la Iglesia son los que consideran “vida” a un feto de dos centímetros que no sobrevive fuera del útero, pero jamás hablan de las 150 mujeres que año tras año mueren por aborto clandestino.

Además, tal como él mismo se autodefine en su cuenta de Twitter, Romero es antiabolicionista y punitivista. Para decirlo más simple, es partidario de la mano dura, del endurecimiento de penas que, como ya es sabido con la experiencia de las leyes Blumberg, no resuelve nada. Por eso vive despotricando contra el jurista Eugenio Zaffaroni y todos aquellos que defienden las garantías procesales y constitucionales. Es más: cuando en marzo del año pasado el dirigente piquetero Emilio Pérsico anunció que harían cortes de ruta la semana siguiente, este fiscal también lo acusó por “apología del delito”. O sea, lo acusó no por cortar, sino por el mero anuncio. Romero es el mismo que asimismo persiguió al juez Luis Federico Arias por su correcto fallo en favor de las víctimas de las inundaciones en La Plata.

Defendamos a Vilma

Apenas trascendió la noticia de la acusación a Vilma, de inmediato comenzaron las expresiones de solidaridad con ella de un amplio arco de personalidades y sectores. Desde los periodistas Jorge Rial, Silvina Márquez, Ernesto Tenembaum, Estefanía Pozzo, Herman Schiller y Bruno Bimbi hasta la abogada de género Raquel Hermida Leyenda. Desde el reconocido ginecólogo Mario Sebastiani hasta Lorena Martins y Esteban Paulón, vicepresidente de la Federación Argentina LGBT. Desde la cineasta Fremdina Bianco y la politóloga Flor Freijo hasta el Frente Popular Darío Santillán. Y siguen llegando…

Desde el MST y nuestras agrupaciones Juntas y a la Izquierda y Libre Diversidad esperamos que la justicia platense rechace de plano la presentación arbitraria y antidemocrática del fiscal Romero. Entretanto, continuamos la campaña #BancoAVilma a través de las redes, petitorios y pronunciamientos y, por supuesto, seguimos en la pelea por conquistar el aborto legal.

Pablo Vasco

Contanos qué es la APSS.

Es un gremio de base que agrupa mayoritariamente a trabajadores sociales de hospitales y centros de salud públicos de la CABA. El 28 de agosto hubo elecciones para renovar la comisión directiva, tribunal de honor y revisores de cuentas. A su vez se realizó la elección de delegados por hospitales y áreas programáticas. La Asociación existe hace más de 30 años y tiene personería gremial. Junto con otros 17 gremios integra la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad.
¿Cómo es el actual conflicto?
En realidad es un ataque sindical más que un conflicto por el reconocimiento. El 22 de septiembre nos llega una disposición de Hacienda de la Ciudad a la Asociación, donde establecen dos artículos. El primero, se le otorga automáticamente licencia sin goce de haberes por el tiempo que dure el mandato, o sea tres años, a toda la comisión directiva: 19 cargos, que son toda la comisión titular y miembros suplentes. El otro artículo impugna a todo el cuerpo de delegados de la Asociación, aduciendo que una organización de primer grado no puede tener la potestad de llamar a elecciones y elegir delegados. O sea, con las dos disposiciones atacan a los dos organismos de representación del sindicato. Contra la totalidad de la Comisión Directiva buscan que, al no poder cobrar sus salarios, renuncien. Y por otro lado atacan a todo el cuerpo de delegados, que son los representantes de todos los equipos de trabajo de los hospitales.

¿Hay antecedentes de un ataque así?

No, jamás hubo un ataque de este tipo, ni con nuestra Asociación, ni con ninguna de las asociaciones de Federación ni con ningún otro sindicato. Es la primera vez. De hecho cuando tuvimos la única reunión con el Ministerio de Hacienda, con este señor Jorge Rey que es el director de Relaciones Laborales del Ministerio y su equipo, ellos asumen que «nunca se hizo esta medida». Que es un nuevo paradigma con el que van a enfrentar el abuso sindical y con el cual interpretar la Ley de Asociaciones Sindicales. Que no necesitan que les solicitemos licencias, cosa que no hacemos, para arrogarse la prerrogativa de asignárnoslas. Y que si queremos defender los derechos de los trabajadores nos otorgan todo el tiempo para eso, que no nos preocupemos que nos guardan los cargos de planta permanente para cuando el mandato termine y los podemos volver a tomar. Dijeron que no entienden por qué el Estado debería pagar salarios para personas que se van a dedicar a la actividad gremial, desconociendo, que es todo trabajo militante, que nadie cobra ni un peso por toda la actividad que desarrollamos. Además se hace fuera de los horarios de trabajo. Y además nuestro sindicato, al ser pequeño, jamás podría pagar ya no 19 sueldos, sino ni siquiera uno por mes. Eso lo saben y lo admiten, pero aun así siguen en esa posición.

¿Cómo siguen las medidas de lucha?

Tuvimos una movilización la primera semana del conflicto, además de solicitar reuniones. La única que nos dieron fue con este equipo de Rey. Solicitamos reunión con el ministro de Hacienda, que no nos dieron, y tenemos pendiente una reunión con Ministerio de Salud. Generamos una mesa de articulación con todas las organizaciones y sindicatos que nos prestaron adhesión al conflicto y el miércoles 11 vamos a una segunda movilización a solicitar que nos atienda el ministro de Hacienda. Además presentamos un recurso de amparo, que está a la espera de respuesta.

¿Cómo ves la perspectiva?

Esto es un ataque a la libertad y la democracia sindical, no sólo a nuestra Asociación sino a toda la vida gremial. Empiezan por nosotros, pero siguen. Y esto hay que frenarlo con fuerza política y de lucha contra toda la campaña que quieren instaurar respecto de que toda la actividad sindical está relacionada con el abuso, con no trabajar, con el robo de dinero. Intentan instalar esa campaña para después hacer pasar medidas de flexibilización laboral y reforma del sistema de salud. En nuestra lectura política, es lo que intentan hacer cuando tratan de debilitar a los sindicatos que se enfrenten a esas medidas.

Es tal la desesperación del establishment cordobés por frenar las luchas, que no tuvieron ningún reparo en respetar los mínimos apariencias constitucionales. La Ley 10.461, sancionada en tiempo récord el 14 de junio, es abierta y manifiestamente inconstitucional. Su único propósito: cercenar el derecho de huelga y criminalizar la protesta social.
Para ese objetivo se aprovecharon del descontento extendido en la ciudadanía cordobesa luego de nueve días de paro de transporte. Para lograr ese clima fue central el innegable rol cumplido por los medios adictos que azuzaron con una campaña en contra de los trabajadores en huelga.

Una ley escandalosa

La falta de pruritos mínimos es escandalosa. En primer lugar, debe destacarse que el derecho de huelga (consagrado constitucionalmente en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y en numerosos tratados y convenios internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art. 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
El art. 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otra normativa supranacional, encuentra una regulación distintiva dentro de nuestra CN, en cuanto garantiza “a los gremios”, por sí mismos, sin intermediación de ningún poder constituido, el goce del “derecho de huelga”. Esta particularidad no es accidental, sino que más bien exterioriza el respeto por parte del poder Constituyente a la eficacia autónoma de los derechos colectivos fundamentales.
Con todo esto es claro que toda restricción al ejercicio del derecho de huelga debe emanar, como mínimo, de fuente legal (cfr. art. 28, CN), resultando imposible a la reglamentación vulnerar esta garantía a través de la atribución de potestades legislativas.
Este derecho colectivo por excelencia debe ser autodeterminado por los trabajadores. Incluso solo podría ser reglamentado por una ley nacional, es decir emanada del Congreso de la Nación. En efecto, por imperio constitucional, el dictado de la legislación de fondo es una facultad expresamente delegada por las provincias al gobierno federal (arts. 126, 75.12 C.N.). De hecho, en uso de dicha prerrogativa, el Congreso nacional sancionó Ley de Ordenamiento Laboral número 25.877, que en su artículo 24 prevé garantizar la prestación de servicios mínimos en caso de huelga. Es decir, el derecho de huelga ya está reglamentado a través de una ley emanada del Congreso nacional, tal como lo dispone nuestra Constitución (ello, mas allá de los cuestionamientos que se le pueda hacer a dicho instrumento por no cumplir con los estándares y garantías establecidos por los Convenios y recomendaciones emanadas de los órganos de la OIT, cuestión que no entraremos a analizar en este artículo).
Entonces, como legislar en materia de derechos laborales (ya sea individual o colectivo) corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación, la Legislatura de Córdoba ha ingresado en una esfera de competencias que claramente no le corresponde. Por esta sola razón, la norma en cuestión merece ser tachada de inconstitucional.
Pero más allá de este punto, la ley no respeta los estándares mínimos y recomendaciones de la OIT en la materia.
Por su parte, el art. 2° de la ley incluye específicamente a los servicios de transporte público de pasajeros y los relacionados con la protección ambiental entre aquellos en los que debe respetarse una prestación mínima; incluyendo de esta manera una actividad no contemplada en la ley nacional, de mayor jerarquía (31 C.N.).
El art. 3, delega en una “Comisión Técnica” la potestad de incluir otras actividades como esenciales a los fines de la ley, designados por el Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo. Es decir, no solo que se delega de manera imprecisa y vaga una atribución que sólo puede ser ejercida por el Poder Legislativo, sino que el ente al que se lo delega no reúne el requisito básico de la imparcialidad.
Se establece como autoridad de aplicación de la ley al Ministerio de Trabajo de la Provincia, organismo que lejos de ser independiente está absolutamente subordinado al poder político.

La represión para garantizar el ajuste

Las incongruencias y abusos demuestran que la ley no puede disimular el espíritu represivo que la inspira, a tal punto que los arts. 18 y 19 modifican el Código de Faltas de la Provincia, agregando un art. 68 bis a dicho cuerpo legal, que establece penas privativas de la libertad (hasta tres días de arresto) a quienes “interrumpan, obstaculicen, alteren, afecten o suspendan la prestación de servicios públicos o servicios considerados esenciales”. Un lamentable retroceso, que vuelve a las oscuras épocas en que ante los problemas sociales y la carestía, la respuesta estatal era la represión.
La burocracia sindical encuentra en la ley un recurso más para enfrentar la rebelión de las bases frente al ajuste, tal como lo demostró la lucha de las y los trabajadores de UTA. Por eso no quisieron convocar al paro ni prepararon movilizaciones masivas para rechazar la ley.
La conclusión es clara: se pone al orden del día desarrollar una nueva dirección sindical para enfrentar el ajuste, las leyes antiobreras y defender nuestro salario.

Gastón Vacchiani
Secretario Gral. electo UTS
Lucas Cocha Abogado UTS

Por otro lado, pretende otorgar un adicional atado a los días trabajados, con lo cual empujaría a la asistencia aún con enfermedad para no perderlo. Por lo cual si faltaste por cualquier razón que en el Convenio está justificada, igual te descontarían el novedoso “premio a la productividad”. ¿Con qué parámetros objetivos se mediría tal productividad? Está claro que queda sujeta a la decisión subjetiva y arbitraria del funcionario jerárquico correspondiente. Macri toma medidas que se parecen cada vez más a las de Menem.

Si quieren pagar por productividad, reconocen que plata para aumentos salariales hay, sólo que pretenden “reducir el gasto estatal” precarizando el salario y flexibilizando las condiciones laborales. Buscan dividir a los trabajadores entre “los que cumplen y los que no” haciendo del derecho a un salario digno que cubra la canasta familiar, una cuestión de accionar individual, algo así como “Sálvese quien pueda”. Es llevar al Estado el viejo verso de la patronal de hacernos trabajar más a cambio de unas migajas para los que se “ponen la camiseta”, en este caso, del gobierno ajustador.

Enemigos de la organización sindical

Por otro lado, en un acto que atenta contra la libertad sindical, el Ministerio de Modernización envió notas al Ministerio de Trabajo para que se expida por las “irregularidades” en las elecciones de ATE de más de una decena de organismos. En los hechos desconocen a las Juntas Internas y Cuerpos de Delegados de por lo menos quince dependencias nacionales. Queda claro que pretenden debilitar la organización de los trabajadores para mejor aplicar estas medidas de ajuste. Fiel a su orientación gorila, también busca recortar las horas gremiales de los delegados.

¿Por qué ATE Capital y Nacional no hacen una furibunda campaña contra esto? ¿No tienen confianza en los trabajadores de base? ¿Quieren que ATE termine como el SUTECBA? El Ministerio de Modernización es la espada del reaccionario ataque a los estatales. ¿No saben los dirigentes de ATE que el gobierno nacional está reproduciendo fielmente el esquema que ya aplicó en la CABA? ¿Qué están esperando?

Uno de los ejemplos de lo que decimos está en el Ministerio de Trabajo, donde despidieron a trabajadorxs tercerizadxs de la limpieza. El organismo, que debiera ser defensa de los derechos laborales, deja a 30 familias en la calle, incluso despidiendo delegadxs. Una vergüenza.

Antón, Antón Pirulero…

Mientras el gobierno aprieta, las conducciones de ATE Nacional (Verde- Godoy) y ATE Capital (Verde y Blanca-Catalano) parecen jugar al Antón Pirulero…cada cual atiende su juego.

Se pelean por la caja y el aparato del sindicato, pero, donde las papas queman tienen políticas parecidas. En Santa Cruz gobernada por Alicia Kirchner, la Verde y Blanca justifica la represión y el ajuste. La Verde tiene un acuerdo implícito para garantizar la paz social con la gobernadora y por eso no se sumas a las acciones convocadas. Por distintas vías ambos se pusieron en la vereda de enfrente de justos reclamos de lxs trabajadorxs.

En la CABA, esta semana el absurdo llegó al extremo cuando ambas conducciones convocaron a plenario de delegados el mismo día, a la misma hora y con el mismo objetivo delinear un plan de lucha por paritarias libres y sin techo. Si bien en esta oportunidad ATE Nacional había convocado a plenario con varias semanas de anticipación y ATE Capital hizo el llamado el día anterior, ambas conducciones se alternan para no hacer algo unitario y debilitan, de esta forma, la pelea de conjunto.

Y cuando se votan medidas de acción ATE Nacional las desconoce en las resoluciones subidas a su página web. En el plenario de la semana pasada se votó por unanimidad de todos los delegados presentes convocar a un paro nacional para el 24/05. Pero en vez de eso figura “Jornada Nacional de lucha y banderazo en los organismos nacionales de todo el país”. Más que banderazo será un saludo a la bandera si ese día no se convoca a paro y movilización, como primer escalón de un plan de lucha.

El año pasado el ajuste del macrismo pasó en el estado con el despido de miles de compañerxs. Una conclusión que lxs trabajadorxs sacamos fue que la falta de unidad en las acciones, hacía que cada convocatoria fuera débil, aislada y sin la fuerza necesaria para frenar al gobierno.

Y como “La historia se repite una vez como tragedia y otra vez, como farsa”, en lo que va del año ambas conducciones de ATE convocaron a paro nacional en dos fechas distintas y con sólo una semana de diferencia. El resultado: acciones débiles y honestos luchadorxs que miran cada vez con más desconfianza a los sindicatos. Por lo cual la farsa, ya sabemos lo que puede ser.

Hay que pararle la mano al gobierno

Macri tira y tira de la soga. Pero no hace lo que quiere sino lo que puede. Y lo que puede está muy relacionado a lo que le dejan hacer las direcciones sindicales inconsecuentes. Desde ya, el macrismo festeja la división y la pelea por el aparato entre la Verde y la Verde y Blanca.

El atraso salarial, las malas condiciones de trabajo, los despidos parciales y las agachadas de los dirigentes, están generando bronca y mayor participación de compañerxs en las asambleas y acciones que se realizan.

La masiva movilización popular de esta semana que logró que se revierta el repudiable 2×1 a los genocidas, es un ejemplo de la fuerza que hay para enfrentar a este gobierno y que se le puede ganar.

Lo mismo sucede en los organismos. En el INTI donde la patronal bloqueó las casillas de correos de todxs lxs delegadxs y se jactó de ser “el Tato del INTI” . El hecho fue repudiado por más de 400 trabajadores en una masiva asamblea con una movilización interna a su oficina.
Acciones como esa, que se repiten en cada dependencia, demuestran que hay voluntad para salir a luchar, lo que es necesario es la mayor unidad de acción para pararle la mano a Macri.

Las principales propuestas de Alternativa Estatal

Sí tocan a los trabajadores de un organismo estatal, nos tocan a todos. No dejemos que nos dividan y que si se meten con compañerxs de una dependencia, las otras ni se enteren. Lo primero es apoyar las luchas en curso y las que surjan. Por eso el día 19 de mayo tenemos que movilizar con los trabajadores precarizados del Ministerio de Trabajo.

Hay que reclamar e impulsar que las Juntas que se pongan a la cabeza de los reclamos. Y al mismo tiempo avanzar por abajo, organizándonos democráticamente con lxs compañerxs más consecuentes. ATE necesita una nueva conducción tanto en Capital como a nivel Nacional.

Es claro que nos tenemos que unir para defendernos. Pero no es lo único. En pocos días el gobierno tiene que convocar a nuestras paritarias, para las que ya anunció un aumento miserable por debajo de la inflación y en cuotas, como sí nosotros y nuestras familias fueran un electrodoméstico en venta. Andrés Rodríguez y UPCN serán cómplices de semejante injusticia.

Sabiendo esto, hay que fortalecer las asambleas por lugar y exigirle a las direcciones de ATE que convoquen un plenario de afiliados y no afiliados, para que entre todxs discutamos y votemos un plan de lucha por paritarias libres y sin techo. Desde Alternativa Estatal estamos podridos de los dirigentes que tranzan y dividen, en lugar de llamar a un plan de lucha del conjunto de los trabajadores.

Al mismo tiempo que impulsamos la unidad en la lucha, creemos que para ganarle la pulseada al macrismo, es importante fortalecer una alternativa en las elecciones legislativas que defienda nuestros derechos. Porque mientras los dirigentes de la Verde y Blanca cantan “volveremos” el PJ/FPV y los legisladores de Massa y Cía, le votan las leyes y las rebajas presupuestarias a Macri. Y los de la Verde, que quieren venderse como independientes de los partidos, no se quedan atrás, ya que sus candidatos van en las listas de Cambiemos. Eso sucede en la provincia de Corrientes, donde la lista de Unidad Popular es una de las diez colectoras que apoyan a la fórmula ECO-Cambiemos.

Por ello desde el MST en Izquierda al Frente, daremos la pelea con Alejandro Bodart en Capital, Vilma Ripoll en provincia de Buenos Aires y con muchos otros luchadores en todo el país. Para fortalecer las luchas en serio, necesitamos diputados de los trabajadores en el Congreso.

Alternativa Estatal, Corriente Sindical del MST Izquierda al Frente

Pero no fue una noche más. Laura no pudo llegar porque fue interceptada por cuatro bestias que la atacaron sexualmente. Uno de ellos se abalanzó sobre ella y la abusó, mientras los otros tres miraban, le gritaban cosas y se reían. Un patrullero que pasaba frenó el ataque y los sujetos fueron llevados a la Comisaría Nº 2 de Los Polvorines. Los cuatro agresores son tres soldados y un cabo miembros de la Escuela Militar del Ejército de Campo de Mayo, que funciona a pocas cuadras de nuestra universidad.

Una práctica habitual que tenemos que desterrar

No es la primera vez que pasa esto en las cercanías de la UNGS. La falta de seguridad, las líneas de colectivos que dejaron de pasar o bajaron las frecuencias, y la ausencia de un trasporte propio de la Universidad como hubo hace un tiempo, hace que las y los estudiantes tengamos que caminar largas cuadras, oscuras y peligrosas , hace que estemos expuestas ataques, robos y agresiones. La presencia cercana de la Escuela Militar torna más peligroso aún el panorama.

En todo el país crecen y se multiplican los femicidios, los ataques sexuales, las violaciones y todo tipo de violencia hacia las mujeres. Los casos recientes de Micaela y de Araceli que fueron más conocidos, nos recuerdan que cada 18 horas se produce un femicidio en nuestro país.  Y todo esto sucede muchas veces con el silencio cómplice de la policía y de todo el sistema judicial machista y patriarcal que generan un manto de impunidad y cuestionan e interrogan más a las víctimas que a los atacantes.

Que el Rectorado de la UNGS garantice que podamos estudiar sin peligro para nuestras vidas

No podemos seguir estudiando sin saber si vamos a volver vivas a nuestras casas. Nuestras familias no pueden vivir pensando que estamos expuestas a ataques de patotas o a ser violadas o robadas.

Necesitamos en forma inmediata, trasporte gratuito de la Universidad para todos los estudiantes hasta la estación Lemos durante todo el horario de cursada y reincorporar el servicio a Pablo Nogués y extenderlo a estaciones de San Miguel y José C. Paz.  Necesitamos que se incremente la seguridad pública en todos los corredores de entrada y salida de la UNGS y particularmente en horarios nocturnos, bajo control del centro de estudiantes.

Desde la juventud del MST y desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil le expresamos nuestra total solidaridad y apoyo a Laura y a sus compañerxs de Las Rojas y del MAS. Nos ponemos enteramente a disposición de todas las medidas y acciones que se decidan. Desde hace varias horas estamos recorriendo los cursos informando a nuestrxs compañerxs y convocando a una asamblea abierta para debatir las medidas que necesitamos para acabar con estos hechos aberrantes.

Y al mismo tiempo, exigimos a la policía y a la justicia que dejen de encubrir a los soldados abusadores. Queremos sus nombres y apellidos, queremos sus fotos y por sobre todo queremos que vayan presos en forma inmediata y que se pudran en la cárcel. Basta de que jueces y comisarios encubran a los abusadores!

Llamamos a todxs lxs estudiantes de la UNGS a que respondamos con fuerza y unidad ante la salvaje agresión a Laura. No dejemos pasar esta agresión porque todas podemos ser Laura!

Anahí Zuleiman, del Centro de Estudiantes de la UNGS y de la juventud del MST en Izquierda al Frente

La respuesta a esta maniobra no se hizo esperar mucho. Primero, estudiantes y egresados, instructores y personal de la ENERC se autoconvocó en asamblea para denunciar la operación mediática, defender la Escuela pública y formadora de profesionales del cine desde 1965, señalando la elección democrática y por concurso del rector como una conquista del movimiento estudiantil y de egresados, y se llamó a la unidad de todos los sectores y asociaciones representativas del ámbito audiovisual, a una asamblea frente al Cine Gaumont. En este emblemático cine y a sala llena, el jueves se reunieron cerca de mil personas entre técnicos, guionistas, creativos, actores, productores, directores, estudiantes y trabajadores de la ENERC y del INCAA, para ratificar la defensa a la Ley de Cine, que contempla la autarquía del INCAA, la conformación del Fondo de Fomento Cinematográfico con recursos genuinos y exigir la inmediata renuncia del ministro Pablo Avelluto. Los trabajadores del cine tomaron la decisión de salir a escena, y empezar a trabajar en un plan de lucha que contemple una serie de medidas que denuncien y visualicen el intento del gobierno por avanzar contra nuestro cine y la cultura nacional y que frene su posible vaciamiento. Por eso, es importante entender que la renuncia de Cacetta fue la primer toma y ahora hay que prepararse para la película: que debe ser con la más amplia unidad de todos los sectores que hacen posible el cine en cada rincón del país.

¿Cómo se financia el cine?

La ley de cine 17.741, data de 1968 y desde 2001 establece el funcionamiento del INCAA como ente público no estatal bajo el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación, que además tiene a su cargo el “fomento y regulación de la actividad cinematográfica” en argentina y del cine nacional en el exterior. El INCAA cuenta para 2017 con un presupuesto de $2.855.106.533,  de dicha suma no puede destinar más del 50% para el Fondo de Fomento. De todos modos, es un monto más que atractivo para un gobierno de empresarios y CEOS que ven en la cultura una única posibilidad: hacer crecer sus negocios y ganancia. Esta no sería la primera vez que un gobierno intenta echar mano en la lata, como quien dice. Desde el Diario La Nación, usina de la derecha, se ha usado en reiteradas oportunidades el argumento de que las películas argentinas son vistas por el 10% de la audiencia, con el objetivo de cuestionar y sembrar un manto de dudas sobre las políticas de fomento al cine y poder así redireccionar esos fondos, más que genuinos por cierto. Con esto se quiere decir, que los distintos gobiernos intentaron tocar la caja e hicieron negocios para los suyos también.

La fugaz misión de Cacetta en el INCAA.

Juan José Campanella se lo propuso al macrismo. Pero Cacetta fue un CEO de Patagonik Films empresa líder en la región e integrada por Buena Vista Internacional, Artear Argentina y Cinecolor Argentina. Su gestión estuvo marcada por la implementación del Nuevo Régimen General de Fomento, que generó fuertes rechazos por parte de los documentalistas, que producen el 50% del cine nacional con sólo el 5% del presupuesto. Este plan de fomento favorece a las grandes productoras comerciales y le quita posibilidades al cine independiente, de ficción y documental. Cacetta hizo su trabajo y fue felicitado por ello. Ahora vienen por más, el alerta tiene que ver con la Ley de Convergencia de Medios que prepara el macrismo para llevar al Congreso en los próximos meses y es donde se juga el grueso del dinero que sustenta la industria del cine.

La actual crisis en el INCAA, marcada por denuncias y renuncias, está íntimamente ligada con la situación nacional y la necesidad de hacer caja de donde sea, sin que les importe atacar la cultura nacional o reprimir docentes. El mensaje de Macri a más de 3.000 empresarios en el Hilton, el mismo día que los trabajadores protagonizaban un paro general en todo el país contra el ajuste, iba en ese sentido dar señales a los de arriba. Pero el gobierno tiene un problema o varios, mejor dicho, no logra hacer pasar el ajuste como quisiera gracias a la resistencia de los trabajadores, las mujeres y sectores populares que salen a la calle pese al rol traidor de las burocracias; y por otro lado, que las únicas inversiones que llegan son especulativas y de corto plazo dejándolos sin margen para el doble discurso.

¿Cómo se sigue esto?

La primer respuesta de los estudiantes, egresados y trabajadores de la ENERC fue más que importante y positiva. Marco el camino de la lucha en defensa de nuestro cine y el INCAA, su autarquía y el Fondo de Fomento Cinematográfico. De la Asamblea del Gaumont surgió la creación de comisiones para debatir y diseñar un plan de acción para los próximos días. Es importante esta forma de trabajo colectiva, democrática y plural de la mayor cantidad de sectores del campo audiovisual del país. Visibilizar y nacionalizar el conflicto debería ser una tarea para los próximos días sumando a decenas de personalidades de la cultura a favor de esta lucha contra un gobierno que busca vender una de las grandes joyas de la abuela: nuestro cine.

“No aclaren que oscurece”. Luego de la gran asamblea del Gaumont el gobierno se ve obligado a salir a poner paños fríos.

Alternativa Estatal