Escribe: Mariano Rosa

El de Milei posiblemente sea el 4° o 5° intento histórico de una reestructuración capitalista a fondo del país. Con Onganía, arrancaron los intentos en la década del 60. Los «azos» (de Córdoba, Rosario y Tucumán) de finales de esa década enterraron el proyecto de ese general con ínfulas prusianas. Después, fue la dictadura genocida que avanzó una parte importante con el mecanismo neocolonial de la deuda eterna y un industricidio de proporciones. Pero, el desenlace del experimento tuvo un altísimo costo para la burguesía: las fuerzas armadas tuvieron que huir del gobierno corridas por la movilización popular. Así, los golpes militares como recurso de «desempate» de equilibrios inestables en la lucha de clases, quedaron inhabilitados. Después, el menemismo, terapia de shock hiperinflacionaria mediante, desmanteló casi todo el patrimonio estatal y reforzó el estrangulamiento del FMI. Esa aventura cortoplacista de capitalismo de timba terminó en el 2001 con una rebelión social que hundió al bipartidismo tradicional. Macri fue el 4° intento, también fracasado. Aunque contó con el sindicalismo burocrático y el peronismo como dadores voluntarios de gobernabilidad, tampoco pudo. Si terminó su mandato fue porque operó la ambulancia del PJ que contuvo el estado de malestar y logró desviarlo por el canal de las elecciones. La originalidad de Milei consiste en que se propone hacer sin golpe militar (porque no puede), sin hegemonía en el control de la botonera parlamentaria (porque no la tiene), sin sostén sindical, ni fuerza orgánica callejera, lo que todos los otros intentos capitalistas fracasaron contando con esos recursos de los que carece la banda talibán libertaria. De movida, ya podemos arriesgar un primer pronóstico: ni el DNU ni la Ley Ómnibus pasan el filtro de la rosca parlamentaria tal como fueron presentados. Y todavía falta la prueba de fuego del paro nacional del 24 de enero y la movilización multitudinaria (seguramente) de ese día.

El palacio que mira la calle

La narrativa del poder tratando de construir un sentido común mayoritario, instrumental a sus intereses de clase, es una maniobra que tiene la misma edad que Maquiavelo. Lo que quiero decir, en definitiva, es que Milei y su entorno, bravuconean que se juegan a todo o nada, pero en la vida real del cabildeo parlamentario, el DNU está en el freezer de la Justicia y la Ley Ómnibus (LO), puede pasar al recinto y aprobarse si se reescribe en muchos de sus términos. Si el gobierno nacional se cree su propio relato fake o no, ya es materia de otro análisis. Lo concreto es que el oficialismo tomó la decisión de barajar y dar de nuevo con el objetivo de mínima de lograr la aprobación del corazón «fiscal» de la LO, a saber, el ajuste estructural en el gasto del Estado como centro: con despidos, desmantelamiento de ministerios, programas sociales, dere-chos de largo aliento y privatizaciones. ¿El propósito? Por un lado, liberar recursos para pagar deuda externa y por otro, habilitar nichos de negocios capitalistas privados. Pero el nuevo gobierno no expresa al conjunto de los capitalistas, sino a su fracción más poderosa, monopólica y parasitaria: el complejo agro-minero exportador, las corporaciones y los bancos. De allí, que aparecieron los roces con la casta que necesita de aliada imprescindible: detrás de las llamadas «economías regionales» que reaccionaron ante la imposición o suba de retenciones, hay capitalistas locales, provinciales, expresados en el Congreso por senadores y diputados (incluso) de los bloques colaboracionistas de La Libertad Avanza. En el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, la mesa «política» del oficialismo con el PRO, la UCR y el variopinto bloque que encabeza Pichetto, se discuten intereses inter-capitalistas. No de la clase trabajadora, los sectores medios y el pueblo pobre. Por lo tanto, más allá del vértigo del espectáculo mediático concentrado en ese toma y daca de rumores y secretismo, los intereses sociales de la mayoría que vive de su salario se definen en el ring de boxeo de la lucha de clases. Lo saben gobierno y colaboradores. Por eso, trabajan contra-reloj para intentar sesionar en diputados, como mínimo, antes del paro del 24. Saben que la calle asediando el palacio puede depararles sorpresas.

Hacia un punto de quiebre

Massa lo calificó de «apresurado». Cristina sintonizó diciendo que había que «esperar». Después del discurso de asunción de Milei, ya con coordenadas muy claras de hacia dónde se proponía apuntar, la CGT planteó «cuidar la gobernabilidad y dialogar». Después, ya anunciado el DNU, se filtró una declaración de Pablo Moyano, el ala «dura» de la central obrera en la que anticipaba que «en enero y febrero» los trabajadores estaban de vacaciones. ¿Y entonces? ¿Cómo se explica la convocatoria a un paro con movilización? Evidentemente se combinaron varios factores:
.Lógicamente, la ofensiva sostenida por el gobierrno, sin margen de negociación para la burocracia sindical, los acorraló.

.Pero más todavía, pesaron los factores de la calle: la acción multisectorial convocada por la izquierda el 20 de diciembre, que desafió el Protocolo de Bullrich y llegó a Plaza de Mayo. La determinación de esa acción política, abrió una ventana de confianza en otros sectores sociales que se expresaron un potente cacerolazo durante la noche de ese mismo día e inauguraron el proceso de las asambleas barriales, que se contabilizan por más de cien ya a estas alturas en CABA, Conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires.
.Un elemento más: para ganar tiempo y descomprimir, la CGT eligió el camino de la judicialización como respuesta al ataque del gobierno nacional. Para eso, convocó el 27 de diciembre una concentración más bien formal y limitada a los llamados «cuerpos orgánicos» (comisiones directivas y delegados). Pero, una parte de las bases obreras desobedeció y sin paro, se movilizó a Tribunales y agitó la consigna de «paro general» reiteradas veces.

La CGT, su conducción burocrática, tomó la decisión que menos quería: paro con movilización el 24 de enero. Claro que sí, con el objetivo doble de «presionar» para negociar «retoques» a la LO y descomprimir un estado de ánimo recalentado en la base del movimiento obrero golpeado por la inflación, la caída de ingresos y la amenaza de más penurias.

Hasta tirarlos: el DNU, la Ley Ómnibus y el Protocolo

Al 24 se llega con un clima de alta tensión en proceso de ascenso. El malhumor social se extiende. Los sectores que votaron a Milei, no por convicción ideológica, sino por decepción y enojo con el gobierno peronista anterior, están procesando una dura experiencia en carne propia: el ajuste les está llegando violentamente y vienen nuevos capítulos en febrero-marzo: tarifazos, coletazos en precios del aumento de las naftas, y el salto en la canasta de escolaridad. El gobierno, que mantiene un apoyo social importante, entró en dinámica de sangría gradual de adhesiones. Es cierto, que no hay acciones de protesta de desborde generalizado en el movimiento obrero. El paro, va a concentrar esa energía contenida. Pero hay, aunque todavía localizadas e incipientes, luchas en desarrollo y otras en curso:

• El reclamo del colectivo cultural, encabezado por Unidxs por la Cultura, de alcance nacional y con una vitalidad potente, que no controla ninguna burocracia.
• El proceso de las asambleas barriales, todavía embrionaria, pero en desarrollo sobre todo en el AMBA y el interior de la provincia de Buenos Aires.
• La lucha contra los despidos en el Estado, que tiene la traba de la conducción de UPCN que directamente paraliza cualquier protesta, y de la propia ATE, que fragmenta, divide personal de planta de contratado y siembra escepticismo con acciones testimoniales. Sin embargo, hay un activo ahí y el desafío de robustecer un polo, con la convergencia de las agrupaciones, delegados/as y actvisitas combativos del sector, en la Multicolor, empezando por CABA.

Y claramente, la batalla que se viene: la lucha salarial contra el ajuste inflacionario brutal.
Esa paleta de protestas, más allá de sus desigualdades, como así también los masivos contingentes del movimiento obrero que intervengan en el paro y movilización del 24, si es contundente y multitudinario, va a tonificar a todos esos sectores y presionar sobre las conducciones sindicales para darle continuidad al plan de lucha. La tarea prioritaria de la izquierda, el sindicalismo combativo, las asambleas barriales, el colectivo de resistencia cultural y los movimientos sociales, es cohesionar la unidad multisectorial e independiente, que intervendrá en el paro del 24 con columna propia pero que tiene como desafío encarar la próxima etapa de la lucha en curso más ofensivamente que nunca. Hay fuerza social para ganar.

El día después de mañana: que la resistencia en las calles tenga expresión política.
En paralelo a la tarea de organizar desde abajo en cada sindicato, proceso de lucha o sector donde nos toque activar la participación en la coyuntura de la medida de fuerza convocada, hay que concentrar energía también en una necesidad dialécticamente conectada. Evidentemente, Milei expresó a derecha y con todas las distorsiones del caso, una aguda crisis de representación política de los partidos tradicionales, y especialmente del peronismo como referencia de la clase obrera y los sectores populares. Por eso no se pueden soslayar todas las «tesis» indiscutiblemente fracasadas que se fueron probando en los últimos años:

• La idea de administrar el capitalismo con sentido progresista y social, para redistribuir. Se demostró que, al cambiar el viento de la economía mundial, una matriz extranjerizada y dependiente como la de la economía argentina no tiene margen para hacer ninguna concesión salvo que se toquen los intereses capitalistas de pooles, corporaciones, bancos y cortar con el saqueo del FMI. Y eso no se logra en ninguna mesa de negociación ni con coexistencias pacíficas con el gran capital: es poniendo en tensión y movimiento la fuerza orgánica de la clase obrera y el pueblo para respaldar cambios de reglas sistémicas.
• También fracasó la tesis de administrar el ajuste como gestores «de centro» o «moderados» del capital, ganándose su confiabilidad. Arrancó en el segundo gobierno de CFK, era el intento frente a Macri con Scioli y fue el naufragio de Alberto-Cristina y Massa. La resultante fue una transferencia continua de riqueza hacia los núcleos del gran empresariado y la degradación del nivel de vida de amplísimas capas sociales. Desmoralización, escepticismo y enojo despolitizado que capitalizó el delirio libertario.

Una más: en la última elección, el espacio encabezado por Juan Grabois, desplegó un discurso crítico de Alberto y su gestión, de Massa y su perfil, del FMI, de los sectores concentrados de la economía, pero con la concepción de dar la pelea por adentro del peronismo para regenerarlo, reconvertirlo y encauzarlo hacia una salida que ahora sí, priorice a los «de abajo» en los marcos de un capitalismo con rostro humano (por enésima vez). Esa tesis, que no es ni nueva, ni original, prepara las condiciones de una nueva frustración.

Los capitalistas, con Milei, actúan en función de una conclusión que asimilaron: para normalizar el capitalismo en un sentido favorable a ampliar los márgenes de rentabilidad empresarial, no hay medias tintas posibles. Hay que reestructurar la economía, suprimiendo derechos laborales y sociales, para abaratar costo patronal y ampliar los márgenes de ganancia. Y, además, imponer orden autoritario para liquidar la protesta, para lo cual se requiere alterar las relaciones de fuerza derrotando la resistencia obrera-popular.

Llegó el momento de que en el campo de las y los que resistimos el plan de guerra capitalista encabezado por Milei saquemos a favor de nuestros propios intereses de clase la misma conclusión que la minoría que gobierna: no van más las medias tintas. Hace falta un cambio estructural para reorganizar sobre nuevas bases la economía, las relaciones sociales y el sistema político. Con sentido anticapitalista y sí, socialista con una democracia verdaderamente desde abajo.

Esa es nuestra moraleja política como aporte al período (intenso y apasionante) del día después de mañana, pasado el paro del próximo 24 de enero. No perdamos un segundo más.

Con la firma del Pacto Fiscal y su aprobación legislativa el gobierno nacional logró reunir al 99% de los gobernadores para el trabajo sucio de profundizar el ajuste. Apurado por los números de una economía que no repunta y que, mas allá de las mentiras oficiales, sostiene indicadores preocupantes en cuanto a déficit fiscal, balanza comercial, inflación, pobreza, etc.
Lo que pretende ocultar el macrismo es que la brutal transferencia de recursos de las arcas del Estado a los sectores concentrados de la economía está pasando factura, las famosas inversiones no llegan ni en dibujitos y la disparada del dólar empuja la inflación y la sangría de la deuda externa que no para de crecer.
Se trata de una unidad para ajustar. El pacto fiscal no es otra cosa que un pacto entre el gobierno nacional, las autoridades provinciales y una porción importante de la burocracia sindical. Pacto que implica profundizar el saqueo al pueblo que vive de su trabajo por diversas vías y al mismo tiempo mina las bases de cualquier recuperación económica a corto o mediano plazo. Salvo en los acartonados y sobreactuados discursos del presidente y sus ministros, en ningún lado se ve recuperación alguna, sino todo lo contrario. Las condiciones de vida empeoran, la imagen del gobierno pierde terreno y se van generando las condiciones para un descalabro de proporciones. El “modelo” de quitar impuestos a los empresarios y oligarcas, despedir masivamente, permitir la fluctuación monetaria, imponer salarios a la baja y el aumento brutal de las tarifas de los servicios es un cóctel que difícilmente termine con buenas noticias para el pueblo trabajador.

Peores servicios, mucho más caros

El tarifazo de los últimos meses es un verdadero mazazo a los bolsillos populares. Luz, gas, agua, prepagas, transportes, telefonía, peajes, naftas, etc, subieron entre el 8% y el 40% y si sumamos los aumentos de los dos años de cambiemos, los números toman el carácter de estafa descomunal.
En el caso de los servicios básicos, los aumentos vienen acompañados de cortes de luz y un empeoramiento general de las prestaciones. Las empresas amasan fortunas sin poner un peso para mejorar la infraestructura. Incluso, según las estadísticas, hoy se consume menos, el servicio es peor y de promedio pagamos 100% más que hace dos años, con variaciones de acuerdo al rubro.
Un caso paradigmático es el del servicio eléctrico, que año tras año colapsa en verano en casi todo el país, sin que eso implique sanción alguna para las empresas, ni seguimiento para que garanticen obras, ni nada por el estilo. Sin embargo, son de las mayores beneficiadas con los aumentos de tarifas, superando el 150% en los últimos dos años.
El transporte es otro caso paradigmático, el último aumento supera el 37%, en el amBA y no baja del 20% en la mayoría de las provincias, el esquema, aunque más variado que en la energía también esta atravesado por empresas monopólicas, con contratos que nunca se cumplen, servicios deficientes y un salto en la precarización y el riesgo para la salud de trabajadores y usuarios.
La contrapartida de esta política impositiva para las mayorías tiene que ver con la quita masiva de impuestos nacionales y provinciales a las principales actividades económicas del país como la agropecuaria, los incentivos y facilidades para el desarrollo de las industrias de la muerte del petroleo y la minería, la desidia de violentar toda soberanía destruyendo los principales recursos de control y desarrollo nacional como el INTI, el SENASA o el CONICET, por la vía del despido masivo de técnicos y profesionales.
La receta de Macri cuenta con el apoyo y el impulso entusiasta de gobernadores y burócratas, pero genera malestar en capas cada vez más amplias del pueblo trabajador, las peleas contra este robo son claves para lograr pararle la mano.

Martín Carcione

Bodart, autor del proyecto de ley de reestatización del subte, agregó: “Lo que debería coordinar el ente para lograr un buen servicio es que los trenes y el subte vuelvan al Estado bajo control social. Además, deberían abrir la participación a las comunas.”

Para García, “ante los cortes reiterados, Edelap da como respuesta que no están dispuestos ni tienen previsto hacer una inversión a la altura de las necesidades de infraestructura de toda la ciudad. Y piensan ir cubriendo los baches con refuerzos de generadores móviles. Esto es seguir con los cortes crónico. Respecto a la inversión, no tuvimos respuestas. Hablan de un cambio de accionistas, de sus problemas y de la tasa de ganancia de la empresa. El gobierno debe solucionar y no delegar los problemas en empresas que sólo buscan ganancias. Hay que estatizar estos recursos esenciales, poniéndolos en manos del estado y bajo control de los trabajadores y usuarios”.

Para Veschi: “Mientras las autoridades de gobierno -nacional y provincial- debaten sobre la re-reelección de Cristina en las playas de Mar del Plata, los bonaerenses nos abatimos entre apagones de luz y falta del agua en muchos barrios. Esto ocurre cuando llegan facturas con aumentos de hasta el 300% en el gas, del 300 al 400% en el Impuesto Inmobiliario y subas hasta el 200% en las tasas que cobra el municipio. Es imprescindible convocar a reunión urgente de vecinos, organizaciones sociales y políticas, para reclamar una Audiencia Pública u otra instancia para revisar la situación de ABSA, a la vez de frenar las subas de tarifas y tasas, más la amenaza de suba en el transporte. Que tiene a la población en pánico tramitando la tarjeta SUBE, que se utilizará con sus datos, como elemento de disciplinamiento y control ciudadano”.

En cuanto a Edelap, García señaló: “En la primer semana de diciembre, la empresa anunció junto a Scioli e intendentes como el de La Plata, un ‘plan de contingencia’ de 6,5 millones para evitar cortes en el verano. Pero en un día -el 10 de enero- reconocieron recibir 25.000 quejas. El municipio dice que defenderá a los afectados y OCEBA, el órgano de control, habla de aplicar sanciones. Es como seguir poniendo al lobo a cuidar gallinas. La nueva concesionaria culpa a la anterior de falta de inversiones por años, reconoce que las subestaciones están saturadas de carga y antigüedad; y que el 45% de los usuarios (145 mil) están en riesgo potencial de sufrir cortes. Los mismos que dejaron pasar estos años de desinversión y atraso, no pueden controlar el servicio. Se debe convocar a Audiencia Pública para terminar con los cortes. La salida de fondo pasa por revisar la concesión, recuperando Edelap bajo control de usuarios y trabajadores”.