Escribe: Gerardo Uceda y Francisco Torres

Lejos de esa diferencia del 20% que fue objetivo del PJ en campaña, Milei ganó en 108 de los 135 municipios bonaerenses, incluyendo gran parte del Conurbano. Una paliza que aseguró la derrota nacional y golpea al PJ, a Kicillof, a sus intendentes, además de una Cristina desaparecida en campaña y a La Cámpora con Máximo, quien también se escondió en la elección. Sobre todo con el escándalo por Insaurralde, al que CFK y Máximo le habían puesto a Kicillof como Jefe de Gabinete.

El gobernador venía de ganar, al dividirse la oposición más de derecha. Esta división fue a la que apostó el PJ, con Cristina incluida, levantando a Milei para «polarizar», en una mera especulación electoralista para achicar a Juntos por el Cambio en la disputa por la mayor gobernación del país.

Kicillof intentó jugar ese resultado a favor de Massa. Pero, aunque el ministro y candidato sacó 540 mil votos más que el gobernador hace un mes, Milei subió mucho más, al sumar los votos de Juntos por el Cambio, con lo que casi «empató» la Provincia.

¿Qué explica este resultado en suelo bonaerense?

El PJ superó al liberfacho por una ínfima diferencia de 142.500 votos en la Provincia (solo 1.4% de 10 millones de votos). En los lugares de trabajo, barrios y redes sociales aparecía cierta sorpresa por este resultado y, a la vez, desánimo de sectores que militaron por Massa con la «nariz tapada», entendiendo que Kicillof no sería lo mismo.
Pero tomemos la frase que usaba «el General», emulando a Kant y Aristóteles: «la única verdad es la realidad». Para ver que ese fracaso electoral de un peronismo en declive, se debe al malestar de millones de bonaerenses que castigaron a Massa, pero también al gobierno provincial. Lo que se combina con sectores de ultraderecha que quieren levantar cabeza, pero a quienes este gobierno dejó crecer.

El gobernador había insistido que su objetivo no era convertir la Provincia en un refugio del PJ, sino en la base del triunfo de Massa. Ante la derrota, puede que vuelvan a lotear su gobierno para alojar funcionarios rechazados por ajustar al pueblo. Pero entendemos que este gobernador «estrella», en medio de un PJ derrotado, no brilla en «garantizar derechos».

Al contrario, ajustó y seguramente lo siga haciendo con un gobierno de otro signo en el país, escudándose en esta derecha que supieron alimentar con sus políticas. Por eso el PJ no va más. Ni con Massa ni Alberto ni CFK ni con Kicillof. La alternativa es hacer algo nuevo, junto a la izquierda.

Provincia rica y pueblo pobre

Porque la realidad nos muestra, como única verdad, que más allá de hacer campaña por los «derechos», ante una pobreza que trepó al 40.1% en el país, en el Gran Buenos Aires donde viven casi 11 millones de bonaerenses, esa pobreza saltó al 47%. Es la cruda realidad: casi la mitad de bonaerenses pobres, con 1.5 millones de indigentes. Además, llevaron también la pobreza infantil a un lacerante 58%, es decir, 6 de cada 10 pibes son pobres en el Conurbano.

Una catástrofe social inaceptable en la provincia más rica del país con enormes recursos, ya que genera el 35,7% del producto bruto nacional, el 39% del agro, tiene el 50% de la industria manufacturera y es la mayor provincia exportadora, con el 36% de las ventas externas del país.

Exportaciones sobre las que el gobierno se jacta de batir récords, con un acumulado de U$S 15.408 millones entre enero y julio, siendo el segundo mejor índice de los 10 últimos años. El problema es que esa montaña de plata, que en la primera mitad del año implicó 5.5 billones de pesos, se queda en los bolsillos y ganancias empresarias, de banqueros y el agronegocio. Quienes precarizan y pagan salarios de pobreza a sus trabajadores, sin que el «gobierno del pueblo» haga nada para que mejoren las condiciones laborales e ingresos de sus trabajadores.

Ajuste en salud, educación, salarios y mayor precarización

Ese enriquecimiento empresario y de los oligarcas del campo se da en paralelo a un ajuste en las partidas sociales. En Salud, el gobierno redujo al 6.5% sus partidas sobre el Presupuesto total de este año, cuando en 2022 fue del 7.1% (ver cuadro). Eso implica menos plata para atender a la gente, falta de personal y bajos salarios para enfermeras y profesionales de la salud.

También en Educación (DGCyE) rebajaron las partidas al 26.4% del Presupuesto total, pese a las enormes carencias estructurales del sistema educativo. Con un porcentaje por debajo del 27.8% que destinó Vidal en 2015. Y más bajo que el 33.2% que Scioli destinó en 2008 (ver cuadro). Además de ajustar los salarios, condiciones laborales, infraestructura, falta de cargos y de atacar el derecho de huelga de la docencia que lucha con la Multicolor (ver nota).

No solo faltan de cargos en Educación, sino que Kicillof redujo los de planta permanente y horas cátedra titular para pasarlas, en igual cantidad, a planta transitoria y horas cátedra provisional y suplentes. Una mayor precarización que incluye los programas de contratos a término (FORTE, FinEs, CITE, COI y otros como ATR), sin estabilidad ni otros derechos del Estatuto Docente.

Festival de deuda: más pagamos, más debemos

Aunque denunciaron el endeudamiento de Vidal, asistimos a un nuevo salto en la hipoteca provincial. Al reconocer y pagar esa estafa que nos cargó Cambiemos y que el PJ avaló, ya que se necesitan los dos tercios de ambas cámaras para votar la exponencial deuda tomada entre 2016 a 2019.

Y sigue el festival de la deuda, más allá del relato. En sus informes sobre la deuda bonaerense, el gobierno criticó que «el stock de deuda pasó de 9.362 millones de dólares a 10.913 millones de dólares», en los 4 años de Vidal. Pero en el último informe de deuda de fines de junio, se ve que creció a 11.179 palos verdes. Pese a que pagaron1 cientos de miles de millones entre capital e intereses. Por eso decimos: más pagamos, más debemos.
Este gobierno denunció también que «la deuda de la Provincia se dolarizó fuertemente», al alcanzar el 83,7% del total, pero hoy sigue en ese altísimo nivel de dolarización, condicionando las cuentas provinciales por décadas. También denunciaron que el 69% de la deuda de Vidal estaba en bonos bajo ley extranjera, pero esa deuda bajo legislación extranjera la subieron al 83%, dando un salto en la dependencia y entrega de recursos y soberanía. Así no se va «derecho al futuro» como decían en campaña, sino que condicionan el presente y el futuro, con fuertes pagos hasta el 2037.

Esto es así porque, para evitar cirugía mayor y apostar a su proyecto reeleccionista, Kicillof pateó los vencimientos de deuda con los bonistas y organismos multilaterales, con una renegociación muy costosa. Ahora deberían cortar con esa carga, pero insisten en pagarla con mayor ajuste. Por eso su última oferta salarial fue tan baja, que generó dos rechazos de los gremios, algo inédito en estos cuatro años.

Ajustar a los de arriba, la deuda es con el pueblo

Por esa «renegociación» con los bonistas buitres, los pagos entre 2024 y 2027 por capital e intereses de la deuda, suman más de $ 1.3 billones (ver gráfico). Con esa montaña de plata se debería poner en marcha un «mega» plan de construcción de 75.500 nuevas viviendas populares, que generaría 380 mil puestos genuinos de trabajo. Para poder dimensionarlo, esas nuevas viviendas equivalen a construir de cero 4 municipios bonaerenses, al equipar la suma total de viviendas de Ensenada, Berisso, Dolores y Castelli.

Por eso desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad enfrentamos esta política de ajuste, a la medida de los bonistas, el FMI y las corporaciones. Rechazamos también sus leyes impositivas y luchamos por cambiar la matriz tributaria, poniendo impuestos reales y progresivos a los «dueños de la Provincia» y a las 1.300 familias que tienen el 33% de las tierras bonaerenses.

Milei quiere eliminarles todas las retenciones e impuestos a los ricos, y el PJ seguro va a pactar ese rumbo. Por eso las felicitaciones y la «transición» armónica que están encarando Alberto, Massa y Cristina, pero también Kicillof. Cuando nada tenemos para «reconocer» ni «felicitar» a este liberfacho, como sí hizo el gobernador. Porque viene a arrasar con los recursos de las provincias, sus trabajadores y el país. Por eso llamamos a enfrentarlo, en la más amplia unidad de acción, exigiendo a la CGT, las CTA y sus gremios que convoquen de una vez a luchar.

Al contrario de lo que plantea Milei y lo que vino haciendo Kicillof, más allá de su relato, planteamos anular todas las privatizaciones (gas, luz, agua, petróleo, minería, telecomunicaciones). Para recuperar esos recursos estratégicos y poner esas empresas bajo control de sus trabajadores y usuarios.

Además de no pagar la estafa la deuda a los bonistas y organismos internacionales. Porque la deuda es con los salarios, el trabajo, la docencia, enfermeras, profesionales de la salud, estatales y los sectores populares, con sus necesidades más acuciantes.

1 Entre 2021 y 2023 el gobierno reconoce haber pagado U$S 784 millones, pero la deuda subió no menos de U$S 178 millones.

Escribe: Jessi Gentile

Ya no es una amenaza, es una realidad, estamos transitando la peor crisis climática de nuestra historia. El planeta está hirviendo a causa de la extracción, fundamentalmente, de petróleo y sus derivados… recursos casi agotados. Sin embargo, este sistema adicto al petróleo sigue buscando formas no convencionales para explorar y explotar hasta la última gota de este recurso no renovable. Ahora se suma la exploración offshore a técnicas ultradañinas como el fracking, que han implementado en nuestro país hace 10 años, legislando con cláusulas secretas y contra la población. Desmenucemos el falso discurso del gobernador.

«Sumado a Vaca Muerta, podremos lograr el autoabastecimiento energético, incrementando saldos exportables, potenciar el desarrollo económico y tecnológico» FALSO
En 2013 con el acuerdo YPF-CHEVRON se prometió que las reservas de gas de Vaca Muerta abastecerían al país por años, que no habría que importar más energía y sería la solución a la sangría de dólares que significaba para la Argentina, que en términos ambientales era una técnica segura bajo control del Estado. A 10 años, solo se cumplieron las advertencias que planteamos: sismos, consumo irresponsable de agua, destrucción de las economías regionales, empobrecimiento de las poblaciones, muertes obreras y ganancia solo para las petroleras. Ahora dicen que Vaca Muerta no alcanza y que hay que expandir la frontera hidrocarburífera al mar, a 300km de la costa de Mar del Plata, para compensar la energía que sigue faltando.

A este cuadro dramático el Observatorio Petrolero Sur agrega que: «con la Ley de Hidrocarburos 27.007 sancionada en 2014, quedan exentos de pagar impuestos los bienes de capital importados para ser utilizados en los proyectos y las petroleras podrán exportar el 60% de su producción a partir del tercer año de iniciado el proyecto. A ese marco de promoción, se suman los beneficios estipulados en el Concurso Costa Afuera que reduce el pago de regalías al 6% en los primeros 10 años de la etapa de producción, a 9% en los segundos 10 años y recién al 12% finalizado ese plazo para la producción del área CAN 100, que no formó parte de la concesión macrista» Además, como ha quedado demostrado con el fracking en Vaca Muerta, las petroleras fugan los capitales y sus ganancias al exterior con total impunidad.

«La exploración offshore será vital para el desarrollo de la provincia, generará producción y empleo, particularmente en Mar del Plata» FALSO

En torno al fracking y la megami-nería supuestamente también se generan muchos puestos de trabajo. Lo que no dicen es que a) los puestos son a corto plazo y ligados a la instalación, además sufren la volatilidad del mercado, es decir se emplean y despiden a miles de trabajadores y trabajadoras todo el tiempo; b) la mayoría es empleo altamente técnico y especializado; c) en el caso de las offshore, liquidan la actividad comercial pesquera que emplea a miles de familias trabajadoras en Mar del Plata y afectan la economía regional de todos los pueblos costeros; d) la actividad turística en la Costa Atlántica es una de las principales fuentes de ingreso de esas comunidades. Donde hay offshore, el impacto es negativo y son frecuentes los «accidentes» que tienen sobre las playas y el turismo.

«Ya somos una provincia petrolera, encontrarse hidrocarburos en grandes proporciones representaría mayor soberanía energética» FALSO

No existe ninguna soberanía energética si se ubica la ganancia privada por encima de las necesidades sociales, si se violan las ya limitadas audiencias públicas donde la gran mayoría de los participantes se expide en contra, si no hay un plan real de recambio energético por limpias y renovables, y si lo extraído se fuga a los países centrales. Las offshore son un nuevo símbolo colonial, avalan la construcción de un nuevo enclave extranjero, pero en nuestro mar. Sin embargo, la presentan como una iniciativa «para recuperar la soberanía energética», porque en el negocio está YPF. Lo que no se dice es que YPF es una S.A controlada por la actividad privada e incapaz de llevar adelante ningún plan de desarrollo nacional ni soberano, tampoco se nombra a las multinacionales involucradas, como Shell y Equinor. Qué memoria selectiva la del gobernador.

«No tengan dudas de que nuestro gobierno y nuestro Ministerio de Ambiente van a preservar nuestras playas, regulando la actividad con participación de la comunidad para reducir al mínimo cualquier riesgo» FALSO.

Científicos e investigadores del país escribieron un documento contra las offshore donde explican: «la exploración sísmica perjudica a mamíferos, aves, reptiles, peces, cefalópodos, crustáceos y otros invertebrados marinos. Para mapear el lecho marino se realizan disparos aéreos que provocan daños en los tejidos de los organismos y alteraciones en su comportamiento, incluso puede llevarlos a la muerte. No trata solo de la alteración en la ruta de las especies migratorias, sino que el daño es al ecosistema marino en su totalidad».

«Existen altas probabilidades de que ocurran derrames de petróleo. Los mismos no se producen solo por accidentes de gran magnitud, sino también por el transporte de los hidrocarburos, por la carga y descarga y/o por fisuras en ductos. Se niega la posibilidad de que lleguen a la costa argentina, lo cual es erróneo».

Desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras denuncian que la empresa Equinor ya tuvo derrames y accidentes en sus plataformas mar adentro (7/9/2019, en Las Bahamas); en el 2021 hubo dos fugas de gas, una en el Mar del Norte y otra en una refinería de Mongstad; y en Abril del 2021 tuvo un grave accidente en el Mar del Norte.
Conociendo el desastroso desempeño de quien encabeza la cartera de ambiente… A Cabandie no se le puede confiar el control y la manutención ni de una pileta de lona.
Estamos en una década clave para revertir el desastre climático. Los mares son esenciales para la vida, por eso hay que prohibir la exploración offshore, defender la costa argentina y decirle no al gasoducto que pretenden instalar sacrificando el Golfo San Matías.
Este modelo junto a la megaminería, el fracking y el agronegocio, es el que nos ha traído a niveles altísimos de pobreza, desigualdad, dependencia y contaminación ambiental, con un solo destino: pagar la deuda externa.

Ni Vaca Muerta, ni las offshore van a resolver la crisis económica ni energética, las van a profundizar. La energía no puede ser una mercancía, es un bien común y derecho de los pueblos. La soberanía comienza prohibiendo esas técnicas y avanzando en una reconversión energética modificando el transporte de personas y mercancías a través de la reconstrucción de las vías férreas, generando además más de un millón de puestos de trabajo. Además hay que implementar la agricultura de proximidad, que permitiría reducir costos de traslado en el camino hacia una reforma agraria con agroecología y soberanía alimentaria.

Urge recuperar el sistema energético completo, su descentralización y diversificación energética bajo control de sus trabajadores y usuarios.

En esta región del AMBA es donde más ha castigado la pandemia y el gobierno de Kicillof, pese a la propaganda, tampoco fortaleció el sistema bonaerense ni cuidó a los que cuidamos como corresponde. Seguimos con el presupuesto de la época de Vidal, el más bajo de la historia y recién ahora se envía a la Legislatura el proyecto 2021 que, como era de esperar, sigue siendo de ajuste y salud no tendría más del 6%.

Con más de 27.000 contagios y casi 180 fallecidos en el equipo de salud, queda claro que pusimos el cuerpo en la primera línea y tampoco somos esenciales a la hora de contar con los EPP necesarios, las licencias para grupos de riesgo, cuidado de niñes y las ordinarias y, por supuesto, los salarios, sobre todo después de la vergonzosa paritaria exprés que cerraron sin consulta los dirigentes de UPCN, Salud Pública y esta vez también ATE.

Un salario por debajo de la línea de pobreza en el momento de peor crisis económica y social. Si bien las licenciadas en enfermería, a diferencia de Capital están en la Carrera, gracias a la lucha encabezada por la CICOP, muches no pueden pasar a la ley de carrera profesional por falta de vacantes y porque el gobierno niega, con el aval de los dirigentes de Salud Pública (FATSA), una ley de excepción para poder estar incluidos.

Nuestra lucha

Por eso también en la provincia se largó la pelea con una importante autoconvocatoria en la zona sur y movilizaciones en Quilmes y el cruce de Varela de varios establecimientos. Y una movida en La Plata con el San Martín y otros hospitales autoconvocados el 21/10. Con las jornadas de lucha de la CICOP y la masiva caravana provincial del 28 que bloqueó las calles de La Plata, reclamó presupuesto en el Ministerio de Economía, nuestros derechos en el Ministerio de Salud y culminó en la Gobernación exigiendo que se priorice la salud y no las ganancias de las corporaciones y los dueños de la provincia. La pelea de las enfermeras del Centro Médico Talar de Pacheco, que sacaron a la luz la explotación en el sector privado al que Kicillof subsidia. Y decenas de hospitales y centros de salud donde se acumula bronca y crece la disposición a movilizar.

20/21N: también se prepara en la provincia

Sobre el cierre de esta edición, se realiza una importante caravana por la Ciudad de Buenos Aires organizada por la Mesa de organizaciones de salud del AMBA (integrada por CICOP, ALE, AGIHM, Garrahan y otros). Y se prepara la participación de los hospitales y centros sanitarios bonaerenses, de la enfermería y de todo el equipo de salud en las Jornadas del 20-21. Vamos por la unidad y la coordinación para luchar con más fuerza y poder ganar. Por un presupuesto suficiente para asegurar salarios equivalentes al costo de vida real e infraestructura para asegurar calidad. Por el pase a planta y el fin de la precarización. Por la jerarquización profesional, laboral y salarial, por la unidad de todo el equipo de salud.

Vamos por el reconocimiento pleno del desgaste laboral. Por la salud pública gratuita e igualitaria y contra el negocio de los mercaderes privados de la enfermedad. Vamos por un sistema único de salud, suprimiendo la propiedad empresaria sobre clínicas y laboratorios, y que el Estado apoyado en las y los trabajadores de la salud gobierne todo ese dispositivo. Somos esenciales, no descartables. Junto a los autoconvocados que luchan, junto a la CICOP que refleja el sindicalismo combativo en la provincia, organizando y reclamando a los demás sectores sindicales asambleas, reuniones y plenarios para decidir y organizar una masiva participación durante las jornadas del 20 en Plaza de Mayo y el 21 en la provincia.

Escribe: Emilio Poliak y Guillermo Pacagnini

Durante estos once meses de gobierno señalamos que lejos
de los discursos de cambio que Alberto prometía, sus medidas centrales favorecían a las grandes corporaciones capitalistas. Hay quienes adjudicaban a la irrupción de la pandemia y la herencia macrista la imposibilidad de encarar un rumbo progresista que priorizara a los más humildes.

Las imágenes de las topadoras arrasando las casillas y la bonaerense prendiendo fuego las pocas pertenencias de quienes no tienen casi nada sepultaron el discurso progresista para develar el verdadero rostro del gobierno. La represión a las familias de Guernica dejó en claro hasta qué punto está dispuesto a llegar el gobierno para defender los intereses capitalistas.

No fue la orden judicial ni la intransigencia de la izquierda. Fue una decisión política de Fernández y Kicillof ejecutada por el reaccionario Berni, que apenas pasado el desalojo difundió un spot oficial del gobierno de la provincia de Bs As donde dejaba en claro que la propiedad privada está garantizada aun a costa de la miseria de los sectores más postergados.

No existieron roces ni diferencias cualitativas entre los principales dirigentes del FdT. Como reconocieron los propios protagonistas, hubo acuerdo y contactos permanentes entre el presidente, el gobernador y la vicepresidenta. La acción represiva y los discursos –tan parecidos a los de la derecha- dejaron tan en evidencia los intereses defendidos por el gobierno que para intentar desviar la atención desataron una campaña macartista –y ridícula- contra la izquierda. Las imágenes de Patricia Bullrich en Entre Ríos y Berni en Buenos Aires festejando el triunfo de la sacrosanta propiedad privada fueron repulsivas para cualquiera que se considere mínimamente progresista.

El Gran Acuerdo Nacional en funciones

El desalojo en Guernica no fue un hecho aislado. El mismo día se desalojó Casa Nueva (Santa Elena) en Entre Ríos y como si fuera una señal de largada hubo desalojos en distintas ocupaciones de tierras a lo largo del país. El momento tampoco fue casual, pocos días antes Cristina había publicado la carta reclamando un acuerdo con todos los sectores para enfrentar la crisis. Curiosamente, o no tanto, Duhalde había pontificado en el mismo sentido. Al mismo tiempo Alberto dedicaba sus días a recibir a los dueños de las principales empresas del país con el mismo objetivo.

Los hechos hablan por sí mismos, el acuerdo propuesto es para descargar la crisis sobre el pueblo trabajador. Una versión aggiornada, en vías de institucionalización y que incluye a la burocracia sindical, del Pacto Social, de alianza de clases al servicio que los conflictos se apaciguen y el movimiento obrero y popular acepte mansamente el ajuste y las reformas estructurales reaccionarias de la mano de las recetas del FMI. Aún no formalizado, empezó a funcionar, aunque que cumpla cabalmente sus objetivos está por verse, con el horizonte conflictivo que está por delante.

El gobierno buscó en Guernica despejar la desconfianza de la burguesía en el kirchnerismo a pesar de que, como reconoce Cristina en su carta, nunca ganaron tanto como durante su gobierno. El acuerdo nacional enarbolado por Alberto, Cristina y hasta Duhalde hizo su debut en Guernica, pero siguió con nuevos desalojos y con el guiño de la oposición de derecha para aprobar el presupuesto del FMI. La celeridad en las medidas contra los sectores populares contrasta con el recule permanente de cualquier medida que afecte mínimamente las ganancias capitalistas, cuya última expresión es el sueño eterno del proyecto de impuesto a las grandes fortunas.

Con los tapones de punta

A partir de Guernica y con el Pacto Social en marcha, el gobierno tomó impulso para empezar a llevar adelante su hoja de ruta. Ante la oposición y movilizaciones crecientes contra el acuerdo de factorías porcinas con China impulsa acuerdos por provincia para intentar desarticular la resistencia. Relanzó la ofensiva megaminera conformando la «Mesa Nacional del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero» dispuesto a implementarla como sea en lugares que hace años vienen resistiendo el avance de esta industria depredatoria y de saqueo, como el pueblo de Chubut. Pagó U$D 300 millones de intereses de la deuda al FMI y se apresta a una nueva supervisión del organismo, a quien solicitaría un programa de facilidades extendidas, que significa una nueva entrega de soberanía y sometimiento para afrontar las reformas estructurales reclamadas por el organismo que preside Kristalina Georgieva. A todas luces una medida bien «ortodoxa».

El nuevo proyecto de movilidad jubilatoria es otro golpe al bolsillo de los sectores más postergados que ratifica el rumbo del gobierno. Renunciando definitivamente a toda movilidad y disponiendo una fórmula de cálculo a la baja que no toma en cuenta nada más ni nada menos que la inflación. Justamente una de las exigencias del FMI.

La finalización del ASPO, en función de garantizar la temporada turística -intentado apaciguar el malestar social- aumenta el riesgo de un rebrote de la pandemia cuando ni siquiera finalizó la primera oleada. Mientras tanto el personal de salud, que está luchando, sigue reclamando una mejora sustancial en las condiciones laborales y salariales.
Se trata de una hoja de ruta que no deja lugar a dudas: para los de arriba más beneficios, para los de abajo ajuste y represión. Ese es el contenido político del «acuerdo con todos los sectores.»

Crecen los reclamos

Mientras tanto la crisis sigue deteriorando las condiciones de vida de los sectores populares y queda en evidencia que la unidad por arriba es para ajustar al pueblo trabajador. Por eso cada vez más sectores salen a luchar a pesar del rol entregador de las conducciones sindicales y crecen las autoconvocatorias en el movimiento obrero: enfermeras, metalúrgicos, choferes, estatales en distintas provincias. La incorporación al pacto social de todas las alas de la burocracia sindical hace las peleas más complejas, porque ya no sólo habrá que enfrentar a las patronales y gobiernos, sino a la burocracia y sus maniobras o a sus patotas. De ahí la importancia de la solidaridad y la coordinación por abajo impulsando el surgimiento de nuevos dirigentes y un método democrático para decidir, apoyando a quienes se organizan de manera independiente de las conducciones burocráticas.
La dinámica de la situación, en el marco de la crisis y el ajuste es a que estas luchas crezcan y que se produzcan desbordes a las direcciones sindicales, procesos que desde la izquierda es preciso impulsar y apoyar en la perspectiva de ir forjando una nueva dirección clasista, democrática y combativa en el movimiento obrero. Nuestras agrupaciones sindicales articuladas en ANCLA, bregarán por ello y para que el Plenario del Sindicalismo Combativo supere su parálisis y pueda jugar un rol positivo en las luchas y el proceso de recambio de dirección.

Es la hora de la izquierda

Los hechos de las últimas semanas muestras que para los sectores populares no hay perspectivas de mejoras por el camino que impulsa el FdT. La repulsión a la derecha no puede ser una justificación para seguir apoyando un proyecto político que no sólo no enfrenta a la derecha, sino que decididamente sigue el mismo rumbo en las cuestiones principales. Es tiempo de asumir el desafío de construir una nueva alternativa política del pueblo trabajador. Que levante un programa anticapitalista, para responder a las necesidades sociales mayoritarias, apoyada en la movilización de la clase trabajadora, los movimientos socioambientales, juveniles, de las mujeres y disidencias. La ilusión de conciliar con la derecha y las patronales es un camino sin salida. Es necesario un camino que enfrente la dependencia del FMI investigando y dejando de pagar la deuda fraudulenta para volcar esos recursos a las necesidades obreras y populares; que se proponga que la crisis la paguen los capitalistas con una reforma impositiva progresiva, nacionalizando la banca y el comercio exterior para que sea el Estado, con control social, y no las corporaciones quien controle todos los recursos del país. A ese desafío que impulsamos desde el MST y el Frente de Izquierda Unidad invitamos a sumarse a quienes no están dispuestos a seguir apoyando un rumbo que conduce a nuevas frustraciones.

Ante la rebelión de los policías bonaerenses, más sus concentraciones armas en mano y con los móviles en numerosos puntos de la Provincia, muchos sectores políticos, sindicales y sociales afines al gobierno nacional salieron pronunciarse en contra del «golpe» y en «defensa del gobierno democráticamente elegido». Palabras más, palabras menos, el tono predominante fue como si estuviéramos frente al inicio de un levantamiento no sólo salarial sino político, que ponía en cuestión la estabilidad institucional, el «orden constitucional» de esta democracia burguesa tan condicionada.

No podemos negar que un movimiento importante e inusual por parte de los efectivos de la mayor fuerza policial del país, la Bonaerense, que totaliza unos 90.000 efectivos, es un motivo de preocupación. Que la derecha macrista y grandes medios le dieron aire. Y en especial, que las concentraciones de policías ante el domicilio de Kicillof y ante la Quinta de Olivos, estando allí Alberto Fernández, evidenciaron un cierto carácter de desafío.

Pero el eje central de este reclamo policial, más bien empujado por la suboficialidad, a la que luego se plegó el servicio penitenciario bonaerense, eran sus malos salarios y condiciones de servicio: otra expresión más del deterioro generalizado, de la descomposición social que viene afectando al conjunto de la clase trabajadora y el pueblo. Si a eso le sumamos que el jefe de la fuerza, Sergio Berni, tiene sus reflejos disminuidos por estar más abocado a autopromoverse como candidato, el reclamo desbordó los «mandos naturales».

Dicho sea de paso, en el ridículo quedan aquellos oficialistas traga-escuerzos que defendían a Berni porque «tiene calle» y «manejo» de la Bonaerense…

Desde ya, si realmente la movida policial hubiera sido el inicio de un auténtico intento golpista o un levantamiento al estilo de lo que fueron las rebeliones carapintadas del Ejército entre 1987 y 1990 -de las que Berni además participó en Santa Cruz-, que reclamaban la impunidad para los genocidas de la dictadura, sin duda hubiese correspondido que la izquierda y todo otro sector que se considere defensor de los derechos democráticos llamáramos al pueblo trabajador a movilizarse en contra. Así actuó nuestra corriente política en aquel momento, convocando a movilizar, a rodear los cuarteles y a la Plaza de Mayo y las plazas de todo el país como se hizo masivamente. No para apoyar al gobierno de Alfonsín, que luego traicionaría el reclamo popular y les concedería a los carapintadas las leyes de impunidad, sino que llamamos en forma independiente.

Pero no fue así ni por su magnitud ni por sus objetivos declarados, ni tampoco por la respuesta gubernamental. En pocas horas, Fernández y Kicillof «les equiparan los salarios a los que hoy cobra la Federal, con un mínimo mensual de $ 44.000. Les triplican el valor de las horas extras (cores) de $ 40 a 120. Les suben el adicional por uniforme de $ 1.130 a 5.000. Les destinan dos hospitales para su atención exclusiva. Les crean un instituto universitario para ‘profesionalizar’ la fuerza. Y además, como ya lo había anunciado días atrás el gobierno en su ‘plan integral de seguridad’, les compran móviles nuevos y les mejoran el equipamiento. Todo ello será solventado con fondos del punto de coparticipación federal que Alberto Fernández le saca a la CABA para traspasarle a la Provincia»1.

Raro «golpe» es éste, en el cual el gobierno nacional supuestamente amenazado, en vez de disolver a la fuerza «desestabilizadora» y detener a sus jefes, les otorga de inmediato a los alzados prácticamente todos los puntos que demandaban, incluida la no aplicación de sanciones disciplinarias pese al sesgo extorsivo del reclamo policial. Esta vez, en la izquierda sólo el Nuevo MAS cayó en el grosero error de ver un golpe en puerta.

Aparte de alarmistas sin motivos verdaderos, y de inconsecuentes ya que hablaron de golpe pero no movilizaron, en realidad la CGT, CTAs, CCC-CTEP-Barrios de Pie, Patria Grande y compañía buscaron llevar apoyo político al gobierno que viene en desgaste, aceptaron sin chistar las concesiones de éste a los «golpistas» y omitieron la responsabilidad política que Fernández y Kicillof sí tuvieron en alentar y empoderar a la Bonaerense.

Desde el mismo día en que asumió, de palabra y de hecho, Alberto y todo su espacio político vienen fortaleciendo a las policías, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Ese curso autoritario, que se profundizó al darle a los uniformados el control total de la cuarentena, sólo se explica por su necesidad de prepararse para imponer nuevas medidas de ajuste a fin de descargar sobre el pueblo los costos de la crisis capitalista, agravada por la pandemia.

Por caso, el ministro nacional de Defensa, Agustín Rossi, pocos días antes de este conflicto policial se ufanaba: «Las FF.AA. están realizando una acción excelente. En todo el territorio argentino realizamos 90 acciones diarias… en la lucha contra la pandemia. Desde apoyar a las fuerzas de seguridad en el norte de nuestro país hasta el apoyo en el armado de carpas sanitarias en distintos lugares de Salta… Sin dudas, a mi criterio, la acción de las FF.AA. se ha convertido, por extensión en el tiempo y por cobertura geográfica, en el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas»2.

Ni qué hablar de los permanentes elogios de Fernández a todas las fuerzas represivas, llamándolos «héroes», diciendo que «el pueblo les tiene que agradecer», fortaleciendo a la Bonaerense con $ 37.700 millones más de presupuesto y luego la concesión salarial, y de Kicillof avalando todo, y por supuesto de Berni arengándola y encubriéndola por la desaparición y muerte de Facundo, entre tantos otros casos de violencia y corrupción policial.

Si acariciás y alimentás mejor a tus perros de presa cada vez que ladran y muerden, no hacés otra cosa que envalentonarlos para que sean más feroces. Ésa es la (i)responsabilidad política del gobierno del Frente de Todos que corresponde denunciar.

1 Bonaerense: Kicillof les aflojó, ¿y a los estatales?, en www.mst.org.ar (10/9/20).
2 Reportaje de la Agencia Paco Urondo(3/9/20).

Jeanette Cisneros

Si de expectativas hablamos, para mucha gente que con toda razón veía en las manos de Macri y Bullrich la responsabilidad por la muerte de Santiago, el cambio de gobierno iba a poner fin al autoritarismo. Sin embargo, la persistencia de la crisis, la cuarentena y la necesidad de la clase dominante de garantizar el control social y el ajuste están demostrando que, en materia represiva, el gobierno de Alberto mantiene una continuidad.

Al asumir, habló de los derechos humanos. Pero a poco de comenzar su mandato, en la despedida de un contingente militar al exterior llamó al pueblo a “dar vuelta la página” de la dictadura genocida, es decir a la reconciliación.

Luego vino la pandemia. Entonces a las policías, la Gendarmería y demás fuerzas de seguridad el gobierno las consideró “esenciales” y les aumentó todas sus atribuciones, poniéndolas a cargo del control de la cuarentena. En menos de un mes, detuvieron o demoraron a más de 27 mil personas. Además puso al Ejército a repartir comida. Entretanto, nos llamó una y otra vez a “agradecerles” a los canas y milicos. Y para monitorear el malestar social, encima nos ciberpatrullan las redes sociales…

Si arriba alientan, abajo violentan

En este contexto, el gobierno siguió legitimando a sus fuerzas y los abusos policiales se convirtieron en regla. Según el último informe de la Corrrepi1, actualizado al lunes 31 de agosto, desde el inicio de la cuarentena ya tenemos 102 asesinatos por la violencia del Estado: gatillo fácil, muertes en comisarías y cárceles. Los casos recorren todo el país, con la Bonaerense a la cabeza.

Facundo Castro salió caminando desde Pedro Luro a Bahía Blanca. Los retenes de la Bonaerense lo detuvieron, lo esposaron, le sacaron fotos y lo trasladaron, pero siguen libres e impunes.

En Tucumán, Luis Espinoza salió a hacer un trámite y nunca volvió. Al tiempo encontraron su cadáver, el arma homicida es del oficial José Morales y hay nueve policías implicados.

En Córdoba, el joven Blas Correa fue a tomar algo con sus amigos y tampoco volvió. La policía provincial le plantó un arma, lo persiguió sin causa y lo mató a sangre fría.

En Lomas de Zamora, Franco Martínez también iba a casa de un amigo, “desapareció” y días después apareció colgado de un árbol en la Reserva Ecológica porteña.

En las comisarías de San Luis ya van tres personas detenidas “suicidadas”. Y la lista sigue…

Aunque cambien los distritos o la fuerza, el accionar brutal se repite. Es que cuando desde el poder político se los empodera, se los alienta y se los felicita, abajo, en las calles y los barrios, sus agentes armados actúan con mayor violencia e impunidad que de costumbre. Bien lo decía Rodolfo Walsh: “El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

Combaten la desigualdad con represión

Alberto llegó al gobierno con una crisis económica grave, que a partir de la pandemia se profundizó. Los despidos dispararon la tasa de desocupación. La pobreza ya golpea a más de la mitad de la población del país. Crece la precarización, por ejemplo con los repartidores. Se desconocen los índices de deserción escolar, pero el impacto de la brecha tecnológica post pandemia podría llevarla al 45%. Y ahora se suma el aumento de la falta de vivienda, que empuja a familias enteras a tomar tierras para hacerse un techo.

La tendencia de las burguesías y sus gobiernos ante el agravamiento de la crisis y los problemas sociales es la misma en todo el mundo: responder con más autoritarismo y medidas represivas. Pero quienes aquí aplican esa política son el gobierno nacional del Frente de Todos y los gobernadores provinciales de todo signo. Por eso apalean luchas de obreros, docentes, estatales, desocupados. Por eso reprimen con saña a los manteros que se ganan el pan. Por eso en vez de jóvenes pobres asistidos ahora hay jóvenes pobres enjuiciados. Y por eso mandan la policía a reprimir a quienes ocupan terrenos.

Tampoco se salva la juventud que sale a defender los derechos ambientales. Días atrás, en la marcha a Plaza de Mayo contra los incendios intencionales y el acuerdo con China por los chanchos, la cana detuvo a dos chicas. Después de rodear los móviles, las tuvieron que liberar. Hasta por pintar un paredón del tren por Facundo detuvieron ilegalmente en Banfield a dos militantes de la Juventud del MST.

Los conflictos sociales sin duda van a crecer. Como el gobierno lo sabe, se prepara para responder. Por eso organiza una ofensiva destinada a frenar las protestas populares. Un argumento ya conocido para militarizar es la inseguridad. Pero su verdadero objetivo es otro: amedrentar al pueblo trabajador y, si no hay caso, “combatir” la pobreza y los reclamos a palos, gases y balas. En fin, allí en donde haya policías o gendarmes, si sos pobre, joven o trabajador/a, corrés riesgo.

Alberto felicita, Massa arenga y Berni ejecuta

Hace unos días, Alberto decidió convocar una reunión cumbre en Olivos. Participaron Santiago Cafiero, Kicillof, Máximo, Wado de Pedro y varios intendentes. El fruto de la cumbre es el “Plan Centinela”, a anunciar en estos días.

“Se anticipó que el plan prevé un extraordinario aporte del gobierno nacional al provincial y los municipios de entre 10 y 12 mil millones de pesos, según la fuente, dinero que será destinado al reclutamiento de 10.000 nuevos efectivos policiales, compra de 2.000 patrulleros, refacciones y ampliación de unas 200 a 300 comisarías, construcción de cárceles y adquisición de todo tipo de insumos y pertrechos, desde armas a cámaras de vigilancia. Y todo ello, además, con el aporte de otros 3.000 efectivos de fuerzas federales desplegados en las mismas zonas”2. Con semejante militarización, la provincia de Buenos Aires tendría mil uniformados cada 100.000 habitantes, muy superior a los 300 “recomendados” por la ONU.

No necesitamos más arengas de mano dura de Massa o Berni ni “centinelas” que sólo traerán más inseguridad y violencia. Lo que necesitamos es unir fuerzas para frenar todo este avance represivo. En ese camino, un nuevo compromiso será seguramente movilizar este jueves 3, como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, si las pericias confirman que el cuerpo hallado en Villarino es el de Facundo. Vamos por verdad y justicia por él y por todas las víctimas de la violencia policial. Por una investigación independiente. Basta de gatillo fácil y castigo a los culpables. Fuera Berni. Disolución de todo el aparato represivo. Ésas son las consignas de la hora.

1. Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
2. «Plan Centinela», inseguridad asegurada; CORREPI; 26/08/2020; en www.correpi.org.

Días atrás, los Jardines Maternales privados realizaron una Caravana Federal ante la crisis por la pandemia. La protesta evidenció las carencias del Estado en garantizar la educación temprana de las primeras infancias. Nuestras propuestas ante la fuerte privatización del Inicial.

El jueves 23, con una acción central en el Obelisco y movidas en numerosas provincias, fue la Caravana de Maternales privados, con participación de propietarias y trabajadoras. Desnudó la decisión del Estado y los gobiernos burgueses de desentenderse de la educación desde los 45 días a los 3 años.

Vale aclarar aquí que, dentro del Nivel Inicial, conviven cuatro tipos de Jardines Maternales: Los privados que no reciben ningún subsidio ni ayuda estatal y que movilizaron el 23; los privados que sí reciben subsidios, en manos de la Iglesia Católica y demás patronales; los Jardines comunitarios de gestión social o cooperativa y los centros que dependen de Desarrollo Social, con un perfil centrado en el cuidado de las primeras infancias, no en su educación.

Si aspiramos a aportar propuestas socialistas para el Inicial, es clave abordar el complejo y heterogéneo entramado de instituciones, formatos y modalidades que configuran este Nivel, el más privatizado y precarizado del sistema educativo capitalista argentino.

Una caravana de Maternales privados y la escasa cobertura estatal

En esta primera entrega queremos analizar este emergente, puesto en evidencia por la Caravana de Maternales privados. Y en una investigación posterior, poder desmenuzar los otros tipos de coberturas para la importante matrícula que va de los 45 días a los 3 años. Analizar el porqué de la mínima presencia del Estado capitalista para garantizar una cobertura que la ley de Educación ordena “universalizar”. Con propuestas socialistas ante cada sector, para una transformación radical de la enseñanza de las primeras infancias.

En este contexto fue la protesta de Maternales privados. Según las asociaciones convocantes, se trata de 4 a 5.000 Jardines Maternales y de Infantes privados del país, con 50.000 trabajadores que cubren una matrícula de 212.000 niñes. Porción importante si vemos que hay un total de 18.628 Maternales y Jardines de Infantes del país, entre privados y estatales. Algunos reclamos fueron: Jardines Maternales en emergencia, ATP para todos, además del pago de salarios y los puestos de trabajo.

En el Obelisco se expresó parte de los 252 Jardines Maternales y escuelas infantiles porteñas. Y hubo movidas en provincias como Buenos Aires, con 731 Maternales privados y acciones en La Plata con 64 establecimientos, San Martín, San Isidro, Vicente López, Olavarría o Mercedes.

También hubo protestas en Córdoba, con 550 Maternales bajo ordenanzas municipales; en Santa Fe con 420 Jardines; en Mendoza con más de 200 Maternales privados o en Entre Ríos con 110 Maternales, 710 trabajadores y una matrícula que llega a 5.600 familias. Además de Río Negro con 43 establecimientos donde trabajan 195 personas, junto a Chubut, Neuquén y San Luis, con unos 30 establecimientos.

Pedían ayuda económica, al sostenerse solo con las cuotas que pagan las familias. El reclamo mayor fue acceder a los ATP, programa de Asistencia al Trabajo y la Producción por el que Anses paga hasta el 50% de los salarios a miles de empresas. Afirman que solo el 30% de los Maternales accedió al ATP, por trabas de la AFIP, pese a los compromisos del ministro de Educación, Nicolás Trotta y gobernadores como Kicillof de asegurar esos cobros.

En algunas de estas manifestaciones pidieron también subsidios y en otras, que permitan abrir los Maternales, con protocolos para que asistan niñes y, por ende, el cobro de las cuotas. Hablamos de cuotas que van de $4.000 a $10.000 y pueden llegar a $18.000 por mes, según las asociaciones del sector. Cuota que puede subir a $22.000, si hay jornada extendida en selectos colegios porteños.

Caída de matrícula, cierres de Jardines, ajuste y pérdida de cargos

La crisis por el coronavirus llevó a que caigan las matrículas. Muchas familias retiran sus niñes de los Maternales y no pueden seguir, por el ajuste y la baja en los ingresos. Esto se combina con la morosidad de quienes siguen, cosa que se descarga en el sector trabajador, con reducciones de plantel, presiones a docentes para que “renuncien”, recortes de salarios, aguinaldos impagos y malos tratos, junto a atrasos en el pago de impuestos, alquileres o el cierre de muchos establecimientos.

La situación aparece crítica ya que estas instituciones no están incorporadas al programa nacional de Enseñanza Oficial, por lo que no reciben subsidios ni otro aporte estatal. Son regulados por ordenanzas municipales y habilitadas por las direcciones de Comercio e Industria de cada municipio, con una supuesta supervisión de las secretarías de Educación municipales. Por eso no pagan a sus trabajadoras el salario de una docente del Nivel, con muchas como contratadas y que no son docentes. Esto, ante la pobre cobertura estatal, lleva a una múltiple precarización educativa, laboral, salarial y de infraestructura.

Hasta hoy, los que cerraron son Maternales y algunos Jardines. No se registran cierres en otro nivel. Por eso, a inicios del mes, en las provincias hubo protestas similares. Participan coordinadoras, directoras, empleadores y propietarios, junto a una porción de sus trabajadoras, pese a los intereses contrapuestos ante la falta de pagos, recortes salariales, cierres o pérdida de empleos, con lo que hacen recaer la crisis en la parte más vulnerable de la relación laboral.

Según un informe de la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) con asociaciones de 15 provincias, ya cerraron 146 Jardines Maternales. Por eso y los informes de esta Caravana, los cierres podrían ser más de 200 Maternales, con unos 1.000 a 1.500 empleos perdidos. En Mendoza se informa de 51 cierres, con 200 trabajadores en la calle. En Salta, 45 cierres; en Córdoba 32; Santa Fe 16; en provincia de Bs. Aires cerraron 15, solo en La Plata; en Entre Ríos 8; San Luis 7; Río Negro; Jujuy y Chaco 5; Ciudad de Buenos Aires y La Pampa 4 y Misiones 3.

Inicial, el nivel más privatizado. Y en los Maternales, aún más

El Inicial es el más privatizado de todos, ya que en el país 1 de cada 3 niñes va a un Jardín privado. Proporción que sube a medida que baja la edad, hasta llegar a lactantes y deambuladores, donde la cobertura estatal es baja o nula incluso en algunas provincias.

Si el Inicial tiene mayor privatización, esta sube en los Maternales. Como señalamos en la nota, el Nivel Inicial, el más privatizado y precarizado de todos, en los Maternales hay mucha más privatización, ya que la cantidad de estudiantes que van a los privados llega al 62,5% en el Maternal. Cuando en los Jardines de Infantes la matrícula privada es del 31%.

Pese a que la Ley de Educación Nacional 26.206 define al Inicial como unidad pedagógica, los gobiernos casi no amplían la cobertura de las salas no obligatorias (desde 45 días, salas de 1, 2 y 3 años no incorporadas a la Enseñanza Oficial). Que la mayor cobertura sea privada muestra el déficit estatal. Basta ver que, a nivel país, mientras por cada 100 primarias hay 87 servicios de Jardín de Infantes, solo se cuenta con 13,7 en el Maternal. Esto plantea la exigencia al gobierno de Fernández y Trotta, junto a los gobernadores de que garanticen la urgente cobertura del sector.

Por la Ley 26.206, desde hace 14 años es obligatoria la Sala de 5. Mientras que los Maternales deberían cubrir las vacantes de 45 días a 2 años y los Jardines de Infantes, desde los 3 a los 5 años. Pero los gobiernos gerentes del capitalismo semicolonial argentino no lo hacen, acentuando la brecha educativa. Y dejan correr a las empresas privadas educativas que pululan para atender esta demanda, en particular de las capas medias y altas de la sociedad, lo que facilita la precariedad laboral y educativa.

Esto desnuda además el alto grado de invisibilización de niñes como personas de derecho, suerte que también corren quienes educan. La ausencia deliberada del Estado capitalista en educar a las primeras infancias actúa como reproductor de las desigualdades sociales y de género, ya que solo las familias que puedan pagarlo, tendrán la posibilidad de acceso.

Otras leyes K que legalizan la precarización del Inicial

Será recién en 2014, con la Ley 27.045 –modificatoria de la Ley 26.206-, que se declara obligatoria la Sala de 4. Y dispone que los gobiernos provinciales y de la Ciudad, deberían “universalizar” la Sala de 3. Pero solo un 39% de niñes de 3 años asisten al Jardín, porcentaje que cae al 10% en niñes de 2 años; al 2% para un año y al 1% en bebés de menos de un año.

Ante esta inmensa vulneración de derechos de las infancias a recibir educación, en vez de garantizarla, el kirchnerismo avanzó a una mayor degradación del carácter educativo del Inicial al sancionar, en marzo de 2007, la Ley 26.233 para promover los Centros de Desarrollo Infantil (gubernamentales o no gubernamentales, Art. 5º).

Esta ley habilitó la proliferación de estos Centros en el país. Y los hace depender del ministerio de Desarrollo Social (Art. 11º) como “espacios de atención integral” de niñes de hasta 4 años. Centros que solo “deberán garantizar la idoneidad del personal a cargo” (Art. 6º y 7º), es decir, no plantea que deba ser personal docente como requisito, sino solo “idóneo”.

Así el kirchnerismo, junto a las demás fuerzas del parlamento burgués, sacó de la órbita del ministerio de Educación a buena parte de la cobertura y educación de las infancias. Con el reclamo de los Maternales se volvió a poner en evidencia, a través de declaraciones de gobernadores como Schiaretti, esa tensión en relación a la función del Nivel. Entre el objetivo que debería primar para el desarrollo y la educación, más que el cuidado, la atención y contención a la que pretenden limitar las clases dominantes al Nivel, desde sus orígenes.

Incluso, al no bastar para cubrir tan extendida matrícula, a fin de 2014 el kirchnerismo sancionó otra Ley, la 27.064 de Instituciones de Educación no Incluidas en la Enseñanza Oficial. La que debería regularlas y supervisarlas, pero sigue sin reglamentarse. Cuando es un sector educativo y de cuidados del que hay escasa información y deficitaria o inexistente supervisión de Educación.

¿Qué explica la gran oferta privada en el Inicial? La no obligatoriedad que sigue pesando sobre el Nivel. Incluso la Ley 26.206 es clara en cuanto a que el Estado solo asiste a los Jardines de Infantes (salas de 4 y 5) y  no a aquellos que reciban niñes de los 45 días a los 3 años. Esa es la explicación también para no otorgarles subsidios estatales.

El desinterés del Estado burgués en garantizar la educación de las primeras infancias es amplio. Por eso, solo hace 6 años que las leyes de educación capitalista extendieron la obligatoriedad a las Salas de 4. Al no hacer obligatorios a los Jardines de 3 años o los Maternales, les niegan incluso la posibilidad de otorgarles los subsidios con los que sí asiste al resto de los niveles educativos.

Ante la pandemia, el Estado capitalista se vuelve a desentender de su responsabilidad indelegable de educar a la infancia temprana, al negarse a asistir o absorber la matrícula y los cargos que no pueden cubrir los privados.

Con esta Ley 27.064 del gobierno de Cristina, se sumó a otra gran porción de instituciones por fuera de la Enseñanza Oficial, al habilitar a miles y miles de “establecimientos que brindan educación y cuidado de la primera infancia desde los 45 días”. Los que pueden “pertenecer a organizaciones con y sin fines de lucro, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, universidades, comunitarias y a otras similares” (Art. 1º).

Además, amplía la ya de por sí heterogénea oferta al legitimar “los establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial cuya organización o financiamiento dependan de organismos de salud, desarrollo social u otros” (Art. 2º). Y también a los Centros de Desarrollo Infantil, regulados por la ley 26.233. Tan variopinta gama de instituciones, con distintos formatos y denominaciones nos trae al sector de Maternales privados que salió en Caravana, regulados por ordenanzas municipales y habilitados por la Dirección de Comercio e Industria de cada municipio.

Esto no implica que sean establecimientos municipales, ya que las ordenanzas solo fijan una supervisión pedagógica, del personal y de ciertas obligaciones por las Secretarías de Educación Municipal. Al no ser reconocidos por el ministerio o la dirección de Educación de las provincias, los ubica como comercios más que por lo que debieran ser, establecimientos para la educación de las infancias.

La precarización laboral y educativa tiene también su impronta en la Ley 27.064 al señalar: “las actividades están a cargo de personal con título docente”. Pero habilita que “en los casos en que no sea posible cumplir con la obligación de cubrir los cargos con personal con título docente, las instituciones deberán contar con un coordinador pedagógico como mínimo cada 5 secciones” (Art. 16º). Es decir, hecha la ley, hecha la trampa. Primero una supuesta exigencia y luego se la borra en otro artículo. Como toda la normativa burguesa que permite los abusos patronales para con la docencia y demás trabajadores.

En un trabajo de CIPPEC[1] se hace referencia a la escasa información sobre la cobertura y distribución de estos establecimientos, su heterogeneidad y fragmentada regulación, “lo que empobrece la calidad de la oferta para los niños en su primera infancia… (y) dado que las mujeres son responsabilizadas culturalmente de las tareas de crianza y cuidado, serán quienes deban absorber los roles que queden fuera de las prestaciones estatales. Al contribuir a la pobreza de tiempo de las mujeres, se dificulta el logro de la equidad de género”.

¿Cómo responden los gobiernos a esta crítica situación?

El kirchnerismo derogó la funesta Ley Federal menemista, pero mantuvo sus núcleos duros. Y nunca derogó, sino que sostiene las leyes de Transferencia de la dictadura y del gobierno de Menem y el PJ que pasaron escuelas y Jardines a las provincias, sin recursos. Al bancar esa transferencia, que el ministro Trotta barniza hablando de “federalismo educativo”, cada gobierno provincial y porteño responde a su manera, al reclamo de los Maternales.

En la Ciudad de Bs. Aires, los 252 Maternales y Jardines están comprendidos en la Ley 621 como Instituciones Privadas de Carácter Educativo Asistencial, controladas por la Dirección de Educación Privada. Según la Asociación que las nuclea, cubren 20.000 vacantes y emplean de 4.000 a 4.500 trabajadores. Como Larreta y el PRO no los recibieron, organizaron la Caravana que tomó dimensión nacional. Están inscriptas en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales (RIEA) y brindan un servicio educativo-asistencial a la población de 45 días hasta los 3 años.

En Rosario reclamaron ante el ministerio de Educación para que se los considere instituciones educativas, ya que dependen de la municipalidad. Recibieron $20 mil de ayuda del gobierno por única vez. En San Luis los recibió el ministro de Educación, tampoco se las considera como educación formal, funcionan como guardería y ludoteca y están inscriptos como comercio.

La provincia de Bs. Aires reúne al 39.3% de la matrícula privada total del país en Jardines Maternales. Entre estatales y privados, hay 1.946 Maternales bonaerenses, con 48.400 niñes. El 56% va a institutos privados, en 731 Maternales. De esos, habría 250 en riesgo y hubo cierres en La Plata (de 80 se redujo a 64), Malvinas Argentinas, Quilmes, Mercedes, Bahía Blanca, San Isidro y Vicente López.

Frente a esto, Kicillof con sus ministras de Educación y Trabajo, se reunieron con las cámaras y asociaciones de escuelas privadas y cooperativas y anunció las gestiones con Trotta para incluir más escuelas en el ATP. Además de un adelanto de aportes de la Provincia por $ 340 millones para los 4.000 privados que reciben subsidios.

Por el lado de Juntos por el Cambio, se impulsa una ley de “salvataje de las escuelas privadas” para dar un subsidio extra para pagar salarios y condonar deudas por aportes previsionales. Es del diputado Siciliano, ex subsecretario de Educación con Vidal y del senador Pablo Allan. Se debatió en la comisión de Educación y podría tratarse rápido en el Senado donde la oposición es mayoría. No así en Diputados, donde pesa el Frente de Todos.

El senador Allan justifica este nuevo aporte a las privadas diciendo: “si se caen, no hay capacidad en el sector público para absorber la migración”. Cuando en realidad deberían ser estatizados y no sumar otros $250 millones al mes a los más de $30.000 millones que Vidal destinó a las privadas y Kicillof mantiene. La provincia tiene 5.500 privados en todos sus niveles, de los cuales un tercio no recibe subsidio. Hay 1.870 que pertenecen a la Iglesia Católica y otras congregaciones[2]. El 80% tiene subsidios de la Dirección de Escuelas que les paga el 40%, 60%, 80% y hasta el 100%  de los sueldos docentes.

En el Congreso, está el proyecto de Resolución de Carla Carrizo y otros 15 diputados de la UCR para estos Maternales, solicitando al gobierno que no se les corten los servicios, les den créditos blandos, reduzcan los aportes patronales, otorguen ATP y no paguen Ingresos Brutos (proyecto 1466-D-2020). Lo fundamentan diciendo que la primera infancia es una etapa fundacional en la vida, la de mayor desarrollo y de incorporación de aprendizajes, clave para la constitución de la subjetividad individual y social. También hay un proyecto para crear un “Fondo de asistencia financiera” para Maternales no incluidos en la enseñanza oficial. Y en la legislatura porteña, está el de la legisladora Montenegro, del Frente de Todos para dar fondos a estas instituciones.

En Córdoba, Schiaretti anunció 500 créditos de $40 mil a tasa cero y a devolver en 12 cuotas para los Maternales privados. Al lanzarlo, dijo que el sector “cumple un rol esencial en nuestra sociedad porque cuidan a los hijos de nuestras mujeres y hombres que tienen que salir a trabajar”. En Misiones recibirán un bono y hay una línea de créditos. Y en Río Negro les darán subsidios de $150 mil para los Maternales privados.

Propuestas socialistas ante la privatización en el Inicial

En la Caravana de Maternales no se pidieron solo los ATP, sino también subsidios. Sin embargo, tenemos claro que eso está lejos de ser la solución y solo profundizará el privatismo en el Nivel. Rechazamos toda entrega de subsidios, ya que el Estado debe garantizar de una vez la educación de las primeras infancias.

Como socialistas proponemos el monopolio estatal de la educación. Por eso, en nuestro programa planteamos avanzar hacia un sistema educativo único, estatal y nacional. En ese marco, entendemos también que no es lo mismo un pequeño Maternal o Jardín, que las grandes patronales como la Iglesia Católica y demás empresarios que, encima, reciben millonarios subsidios del Estado.

A partir de la pandemia se pusieron en riesgo miles de puestos de trabajo y salarios. Ante esto se propicia la posibilidad de que reciban créditos blandos o a “tasa 0” para garantizar la situación de sus trabajadores. Pero esto plantea al Estado, tener que avanzar en dos condiciones previas a cumplir por los privados.

Además de exigir la apertura de sus libros contables para el control de sus trabajadores, reclamamos que pasen a la órbita de Educación, sacándolos del régimen de Comercio que precariza las exigencias de todo establecimiento educativo y pone a quienes trabajan en desventaja salarial y laboral. Por lo que sus docentes y trabajadores, deben regirse por los derechos y salarios del Estatuto Docente y del personal estatal. Si alguna empleadora o patronal argumenta no querer o no poder hacerlo, deberán ser absorbidas por el Estado para garantizar la continuidad de la matrícula y los cargos.

Esto permitiría avanzar de manera transicional a poner fin a la injerencia privada y clerical sobre la educación, así como la precariedad y explotación que reina en las privadas. Esto, junto a las medidas que desarrollaremos en una próxima entrega, para los demás sectores del Nivel Inicial, en clave transformadora y socialista. Te invitamos a sumarte para hacerlo en común.

Priscila Ottón Araneda y Francisco Torres

Alternativa Docente, ANCLA

Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática

MST en el Frente de Izquierda-Unidad

REFERENCIAS:

[1] CIPPEC, noviembre de 2017. Cuidar, enseñar y criar al mismo tiempo: el desafío para las políticas públicas para la primera infancia en Argentina [https://www.cippec.org/proyecto/instituciones-de-crianza-ensenanza-y-cuidado-cec-para-la-primera-infancia/]

[2] Debesa, Fabián. Clarín, 01/07/2020. Provincia: cayó un 70% la recaudación de los colegios privados y recibirán una ayuda financiera oficial

Como parte de esa lucha antirrepresiva y democrática lanzamos la campaña nacional #ChauBerni, para separar ya mismo de su cargo al titular de la mayor fuerza policial del país. Como ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni es el responsable directo de ese funcionamiento policial violento, que incluye la desaparición forzada de Facundo.

Un prontuario represivo

Un poco de historia confirma la gravedad de que este personaje siga ocupando cargos de relevancia en la función pública, y más aún en la policía. Aunque responda al ala de Cristina-Kicillof y a veces parezca “progre”, Berni trae una herencia funcional a la dictadura y además es un abanderado de la mano dura, que siempre significa represión a la juventud y al pueblo trabajador.

Médico, abogado y karateca, antes de hacer carrera política en el kirchnerismo, en 1987 como militar en Santa Cruz participó en los levantamientos “carapintada” que al mando de Rico exigían la impunidad para los genocidas.

En 1994, durante la huelga de los mineros de Río Turbio, como director del hospital de 28 de Noviembre se postuló como “asistente médico” y así se infiltró para informar al gobierno provincial del desarrollo de la lucha.

Cuando Alicia Kirchner fue ministra de Desarrollo Social, Berni fue secretario de gestión y articulación institucional. En 2010, una de sus tareas fue coordinar la represión en la toma del Parque Indoamericano, con un saldo de 6 muertos.

Desde 2012 a 2015 Cristina lo nombró secretario de Seguridad de la Nación. Entre sus primeras iniciativas estuvieron el Operativo Centinela, el Escudo Norte y el Cinturón Sur. Las fuerzas de seguridad dejaron de cumplir tareas en las fronteras o en altamar para centrarse en la vigilancia y represión social.

Sus apariciones mediáticas a lo Rambo empezaron en 2012, cuando por primera vez aterrizó en la Panamericana para apalear a los choferes de la Línea 60 que habían acordado levantar el corte 10 minutos después.

En 2014 tuvo una nueva aparición hollywoodense, frente a una caravana de los obreros de Lear: como no podía reprimir directamente, mandó al “gendarme carancho” a tirarse ante el auto de un manifestante para poder detenerlo.

Ahora, en su nuevo cargo de secretario de Seguridad bonaerense, ya tuvo varias apariciones vergonzantes. Entre ellas, reivindicar el uso de las pistolas-picanas Taser y asegurar que el asesino Chocobar tenía “la mejor intención” …

Sumate a la campana

A Berni le gusta aparecer en las cámaras ametralladora en mano para mostrar más calle que escritorio, pero no se lo ve así en las comisarías de Bahía Blanca para buscar a los culpables de la desaparición de Facundo. Kicillof tuvo que separar a la Bonaerense de la investigación, pero aún no separó a Berni de la Bonaerense. Por supuesto, a esa policía hay que darla vuelta. Pero al autoritarismo represivo de Berni hay que cortarle las alas antes de que crezca.

Ya nuestro partido, Madres como Norita Cortiñas, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y otros sectores populares venimos reclamando que se vaya Berni. Te invitamos a sumarte a la campaña, a difundir los flyers y notas, a participar de las marchas y actividades. ¡Que se vaya y no vuelva nunca más!

Escribe: Francisco Torres

Sobre el IPS, la caja de jubilación bonaerense, pende la amenaza de armonización con la ANSES, luego del convenio firmado por Kicillof a cambio de $6.000 millones para financiar su déficit. Aunque Santín, su titular, diga que no buscan armonizar ni afectar conquistas previsionales, lo cierto es que en la Legislatura bonaerense se cocina un proyecto de reforma que el gobierno confía tener aprobado antes de fin de año.

El alerta lo reactivó Mara Ruiz Malec, ministra de Trabajo de Kicillof, con dos apariciones. El jueves 2, consultada por la FM Cielo, le abrió la puerta al asegurar que “la armonización va a ser una consecuencia si no hacemos algo para mejorar la realidad del IPS”. Y agregar que, si se rechaza cambiar la edad jubilatoria o el cálculo de la movilidad, hay que ver “qué otras cosas sí podemos cambiar”.

Tan cruda fue que hasta un sindicalista K como Baradel, con una ministra en el gabinete de Kicillof, debió salir al cruce: “si la solución va a ser la armonización, el camino va a ser la lucha”. Por supuesto, no se puede confiar en una burocracia que atiende en ambos lados del mostrador, tiene funcionarias en Educación, legisladores y otros cargos, como parte del Frente de Todos.

Días antes, en la reunión con los gremios docentes, estatales y la CICOP, se le transmitió a la ministra la preocupación porque el convenio de Kicillof y ANSES abriera la puerta a armonizar. Allí, junto al presidente del IPS, Ruiz Malec habló del déficit y prometió ampliar su informe por escrito. Los gremios dejaron claro el rechazo a cualquier intento de avanzar sobre los derechos previsionales, recordando la historia de luchas ante varios gobiernos que lo intentaron.

Si bien dijo que no es su intención armonizar, la ministra centró en hablar del déficit y dijo que hay que corregirlo como sea. Y adelantó lo que luego repetiría por radio, que la decisión la tomará la Legislatura. Como dice el dicho, si el río suena…

Parte de ese ruido fue la exposición de Santín ante la comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, donde su presidente aclaró que “en el ámbito de la Provincia, está en discusión todo”. Mientras Santín le pidió, a esa misma legislatura que avaló por años la apropiación de plata del IPS, que ayude junto a los gremios, a avanzar en el IPS…

Décadas de vaciamiento y saqueo

La cosa preocupa porque no se trata de monedas, sino de gruesos billetes, como dice la canción. Aseguran que el déficit llegaría a $36.000 millones este año. Pero el IPS es un ente autónomo, económica y financieramente por el Art. 40º de la Constitución Provincial. Es decir, debería tener un patrimonio propio, intocable y distinto al de la Provincia.

Creado en 1949, el IPS ha sido superavitario por casi 70 años, con millonarios excedentes e inversiones. Se sostiene por el aporte del 16% del salario docente y el 14% del salario de estatales y la administración central, legislativos, judiciales, profesionales y trabajadores de la salud; de los municipales, tanto de planta permanente o temporaria; y el servicio penitenciario.

Además, deberían ingresar los aportes patronales, es decir, del gobierno, los municipios, empresas y colegios privados, por el 12% del total de las remuneraciones al personal. Pero no hay control si se pagan o no, como ocurre con los colegios o municipios que evaden.

Según el IPS, habría 800 mil aportantes y 294 mil beneficiarios, con lo que se pasó –dicen- de un promedio de 3,4 agentes en actividad por jubilación, a solo 2,6 hoy. Lo que dejaría un fuerte déficit. ¿Es así? Efectivamente, Vidal saqueó la Caja. Con maniobras delictivas liquidó los $14.300 millones de Letras Previsionales que el IPS tenía y daban intereses(1). Como parte de esa apropiación de fondos, desde 2016 Economía decidió no emitir más Letras, incumpliendo las leyes.

Santín denuncia además que se congelaron las vacantes, impidieron el cambio de categorías y que Vidal (aunque junto a los municipios) contrató 50.000 precarizados como monotributistas que aportan al ANSES, no al IPS. También que hubo un salto de 80.000 nuevas jubilaciones, cambiando la relación aportante-pasivo y generando más déficits. Pero lo que no dice Santín ni el PJ es todo eso pudo hacerse gracias a las leyes de reforma del Estado que Vidal pudo aprobar por el voto del PJ y el massismo.

Complicidades aún persisten ya que Santín denuncia a Vidal y su gestión en el IPS, pero cuando fue a informar en la Legislatura, reconoció que en el IPS “casi no tocamos nada, los directores provinciales que había, siguen estando. Es preferible utilizar la experiencia de los que estaban…”. ¿En qué quedamos? ¿Hubo o no fraude y desvío de fondos por Vidal y sus funcionarios? ¿O será que entre gitanos no se adivinan la suerte…?

El gobierno oculta así la apropiación de fondos del IPS durante 7 años con Scioli, el déficit al que lo llevó Ruckauf y el Convenio 400 de armonización firmado por Solá, Kirchner y Massa siendo titular de ANSES. Fue a cambio de fondos al IPS por un déficit que no se comprobó y cuyo ingreso fue a Rentas(2), abriendo al uso de la Caja para otros menesteres y el compromiso de armonizar con Nación.

Ahora, ante el planteo de déficit, ¿qué medidas estarían barajando? Proponen que empiecen a aportar trabajadores de algunos organismos descentralizados y becarios Salud. Demorar lo más posible el momento de jubilarse. Aumentar el aporte del 14% al 15% sobre los salarios. Que el primer mes de aumento salarial vaya al IPS o ponerle topes a las jubilaciones, entre otras.

Una salida a favor de trabajadores y jubilades

Solo barajan medidas de ajuste o tener que armonizar. Pero no le creemos a Santín ni a la ministra, ni al gobernador, ni a la burocracia sindical. Por años avalaron las maniobras de vaciamiento y desfalco del IPS. Hoy hacen denuncias mediáticas para justificar el ajuste, pero no se investiga, nadie va preso, ni pagan con su patrimonio la ex gobernadora, su ministro de Economía ni sus funcionarios en el IPS.

Para revertir este rumbo, hay que exigir asambleas y reuniones de delegades virtuales, presenciales o mixtas en cada gremio para debatir la crisis y resolver medidas. Que se deje de utilizar la plata del IPS para tapar el desfinanciamiento provincial y de Nación, donde las patronales están eximidas de hacer aportes.

Y que se organice un “abrazo” al IPS, con el distanciamiento y cuidado necesario. Si la burocracia no lo hace, habrá que debatirlo en un nuevo Plenario del Sindicalismo Combativo, que permita unificar las luchas del país.

Exigir además una comisión investigadora independiente, electa por trabajadores, profesionales y representantes de jubiladas y jubilados. Para lograr que se reintegren los millones que los gobiernos del PJ y Cambiemos desviaron, considerando a la plata del IPS como si fuesen ingresos de la Provincia, cuando votaban los Presupuestos de la última década.

Luchar para que el IPS sea conducido, controlado y auditado por trabajadores en actividad y jubilades. Con una administración electa democráticamente, por el voto directo y con mayoría en su directorio de aportantes y beneficiaros. Con revocabilidad de mandato y la obligación de difundir las cuentas, en forma trasparente y pública.

Para mejorar los ingresos del IPS hay que exigir el blanqueo de los salarios y la movilidad automática sobre el 100% de las remuneraciones. Terminar con toda forma de contratación, precarización y monotributistas, sobre todo en los municipios. Para aumentar los aportantes por la vía del pase a planta y de un mayor empleo público, sobre todo en áreas sociales.

Por la defensa irrestricta de los derechos jubilatorios, preservando la autonomía económica y financiera del IPS. Exigir la anulación del Convenio 400/04 de armonización, del actual Convenio Kicillof-ANSES y del Decreto 261/20 que lo sustenta. Los fondos del IPS no deben incluirse en el Presupuesto como ingresos del Tesoro, porque son de sus aportantes. El IPS es de les trabajadores, no de los gobiernos confiscadores.

1. Nota de ADESIP a la gobernadora Vidal, 1º de agosto, 2019. Reclamo: sustentabilidad del Patrimonio Previsional
2. LPO, 30 de junio, 2008. Buenos Aires. Los 1.500 millones que desaparecieron de la jubilación bonaerense

Pacagnini, quien asimismo coordina ANCLA (corriente sindical del MST). finalizó: “Hay que resolverlo ya. No solo en la provincia, sino en todo el AMBA y demás zonas de alta circulación del virus. Volver a la fase 1 de la cuarentena, pero implementando medidas de apoyo social: prohibición real de despidos, suspensiones y rebajas salariales; y subsidio universal. E implementando un sistema único de salud con el presupuesto necesario para recurso humano, testeo, elementos de protección e infraestructura. El miércoles 10 estos y otros reclamos se oirán en todo el país en la Jornada Nacional de Lucha de la salud que estamos preparando”

Info: 1156096802 / 1168150137 (Pacagnini)