Escribe: Pablo Vasco

Ningún ajuste pasa sin palos. El de Milei, menos. Como su plan de miseria y entrega es más brutal, intenta endurecer la represión porque sabe que hay y habrá más resistencia del pueblo trabajador. Milei y su gobierno critican al Estado, pero sólo para achicar todas las áreas que cubren derechos: salud, educación, cultura, salarios estatales, jubilaciones y pensiones, ayuda social, ciencia y técnica, derechos humanos y de género, empresas públicas. En cambio, fortalece al aparato represivo sin el cual el Estado capitalista no duraría ni un minuto.

Los gobiernos previos también aplicaron mano dura, como Alberto y Cristina con la represión de Berni en Guernica o con sus leyes «antiterroristas». Pero Milei va más allá y pretende cambiar el régimen político vigente por otro mucho más autoritario, totalitario, con superpoderes para él, un Congreso-escribanía, una justicia adicta 100% y mayor represión y control social. Un ejemplo es el protocolo de Bullrich, que impugnamos en la justicia por inconstitucional y cuya competencia debe resolver la Corte Suprema.
El gobierno endurece la persecución policial-judicial. Al mismo tiempo, en el Congreso, la Legislatura porteña y otras provincias presentó proyectos de reformas que atacan un derecho democrático básico: el derecho a la protesta social. Este derecho a peticionar a las autoridades incluye tres aspectos: el derecho de asociación -a organizarse-, el derecho de reunión -a movilizarse- y la libertad de expresión. Además, todo esto está reconocido en varios tratados internacionales de derechos humanos, firmados por el Estado argentino hace años.

Allanamientos, causas, ofensiva mediática

El 20 de diciembre, Bullrich se quedó con la sangre en el ojo. Amenazó y saturó de policía, pero no pudo impedir que el sindicalismo combativo, los movimientos sociales; el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; Unidxs por la Cultura y la izquierda marcháramos a Plaza de Mayo e hiciéramos un gran acto en el aniversario del Argentinazo de 2001. Pero aparte de mandarnos multas ilegales a las organizaciones que participamos ese día, Bullrich inició causas.

Una fue a través del gobierno de Jorge Macri y la justicia contravencional-penal, en CABA, por «obstruir el tránsito». Según el expediente identificaron a 62 manifestantes e imputan a 38, sobre todo referentes y militantes de izquierda, como nuestro dirigente Alejandro Bodart, Myriam Bregman y Néstor Pitrola. Entre otros motivos de nulidad de esta causa, según la fiscal Scanga Bodart estaba en Diagonal Sur e Yrigoyen, lo que es falso. Su abogado defensor es el compañero Luis Orellana, del CADHU.

Por la otra causa penal, iniciada el mismo 20D, hubo operativos el lunes 13 contra integrantes del FOL, Polo Obrero y Barrios de Pie por supuesta «extorsión» a beneficiarios de planes sociales e incautaron celulares y computadoras. Fueron allanamientos ilegales, al estilo dictadura: sin luz diurna ni notificación previa, a punta de pistola, rompieron puertas y hasta apagaron las cámaras de seguridad internas de un local. Acusan a las organizaciones piqueteras de amenazar con «bajar el plan si no te movilizás», cuando es el gobierno quien extorsiona al difundir que «el que marcha o corta no cobra». Así Milei busca desalentar las protestas y ocultar que crecen la pobreza y la bronca social.
Este apriete lo bancan los grandes medios, con su repugnante campaña de calumnias contra las organizaciones sociales y la izquierda. Un ejemplo es Jonatan Viale, que en su programa ¿La ves?, por TN, del lunes 13, atacó al FIT Unidad con insultos, mentiras y puso en pantalla nuestra boleta electoral porteña con el subtítulo Ladrones de pobres. ¡Un felpudo del gobierno, que es el verdadero ladrón de pobres!

Proyectos represivos e inconstitucionales

Como la ley bases original fracasó, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich le sacó el capítulo de reformas penales y las presentó aparte. Quieren reformar el Código Penal para transformar derechos en delitos, endurecer la persecución a la protesta social y otorgar más poderes e impunidad a la Policía Federal y demás fuerzas de seguridad. Varios diputados peronistas comparten ese rumbo punitivista, que incluye la reiterancia que ya rige en Mendoza y otras provincias. Veamos algunos de tales proyectos:

. Datos genéticos. Se incluirían en el Registro Nacional todos los delitos, así sean leves. Bastaría con acusar a alguien de cualquier delito para que el Estado pueda retener sus datos genéticos hasta por un siglo, en un sistema compatible con el del FBI. ¡Oh casualidad!, uno de los expositores a favor de este proyecto fue un empresario que vende esos sistemas…

. «Orden público». Legalizan y dejan impune el gatillo fácil al ampliar la excusa policial de legítima defensa y cumplimiento del deber, y niegan el derecho de la víctima o sus familiares a querellar al asesino. Elevan hasta seis años la pena por atentado y resistencia a la autoridad, figura usada para detener al voleo, sin pruebas, con la sola declaración del policía «agredido». Y penalizan el piquete, hasta ahora incluido en el derecho de huelga.

. «Reiterancia». Si alguien participa en dos protestas, aunque no tenga condena por la primera le pueden imputar el art. 194 del Código Penal (obstruir el tránsito, aun con una marcha), considerarlo reiterante y detenerlo. A pedido del fiscal, el juez puede dictarle prisión preventiva por reiterancia, convirtiendo el derecho democrático a reclamar en un delito no excarcelable.

. Ley «antimafias». No define qué es una organización criminal, o sea que podrían aplicarlo a cualquier organización popular. Permite al Ministerio de Seguridad declarar cualquier zona del país como sujeta a investigación especial y allanar sin orden judicial, pinchar teléfonos y detener por 48 horas sin aviso al juez. Y a todo integrante de una asociación que consideren ilícita le pueden imponer la mayor pena aplicada a otro miembro, aunque el primero no haya participado del delito cometido.
A su vez, Jorge Macri presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley, peor que el del Congreso, para modificar el Código Procesal Penal e incluir la reiterancia y otros cambios regresivos e inconstitucionales.

. Permite a la policía revisar y requisar la ropa, pertenencias y el transporte utilizado. También permite allanar sin orden judicial previa, en base a figuras imprecisas como personas extrañas o indicios manifiestos.

. El código nacional sólo permite la prisión preventiva si hay peligro de fuga o de entorpecer la causa. Macri agrega otro pretexto: peligro de reiteración delictiva, o sea suponer que cometerá un nuevo delito. Se basa en ambigüedades: razones fundadas, excesiva violencia, circunstancias que infieran una alta probabilidad, indicios vehementes…

. La reiterancia viola el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que rige en el derecho internacional desde la Revolución Francesa de 1789 y viola el art. 18 de la Constitución nacional: «Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo».

Hay que parar este avance antidemocrático, casi un estado de sitio. Cualquier laburante que reclame aumento salarial, estudiante que marche por la universidad pública, desocupado que exija empleo o comida, mujer o persona LGBT+ que defienda sus derechos, vecino que salga a la calle por un corte de luz, puede ser criminalizado. Milei y sus socios nos quieren sumisos, esclavos. Unamos fuerzas para derrotarlos.

Escribe: CADHU

Necesitamos una movilización enorme y lo más unitaria posible, que desborde la Plaza de Mayo y las plazas de todo el país, contra Milei y su plan. El 24 es una fecha clave para esta nueva demostración de fuerza.

Una enorme movilización, porque no podemos permitir que siga atacando nuestros derechos democráticos esta banda gobernante de negacionistas que reivindica la dictadura genocida.

Una enorme movilización, porque tenemos que enfrentar todo el plan económico de ajuste y entrega de este gobierno y sus medidas reaccionarias al servicio del FMI y los grandes capitalistas.

El ajuste que quieren implementar Milei y sus socios es tan salvaje que sólo lo pueden imponer con represión y un régimen político autoritario. Por eso los superpoderes, por eso el protocolo represivo e inconstitucional de Bullrich. Lo hace Milei, y lo siguen gobernadores y el jefe de gobierno porteño con su proyecto de reformas punitivistas para ir contra las protestas sociales y las organizaciones combativas. Sacan a reprimir a las policías, a Gendarmería, a Prefectura y ahora encima quieren llenar de milicos Rosario.
Ante esta realidad, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un espacio independiente de todo gobierno y del Estado que el MST y el CADHU integramos, le planteamos a la Mesa de Organismos vinculada al kirchnerismo la necesidad de construir un acto unitario en Plaza de Mayo. Nuestra propuesta concreta fue hacer una marcha y un solo acto con la lectura de dos documentos, para que se puedan expresar ambas posiciones.

Es que desde hace muchos años los 24 hay dos marchas, por la equivocada decisión de la Mesa de alinearse políticamente con los sucesivos gobiernos kirchneristas, perdiendo así la independencia necesaria para cuestionar y enfrentar las violaciones a los derechos humanos gobierne quien gobierne.

Hubo consenso en el EMVJ, pero lamentablemente no con la Mesa. Esto se debe a que sólo quieren denunciar a la dictadura y a Milei, lo que por supuesto compartimos, pero no aceptan mencionar las responsabilidades de los gobiernos peronistas, desde la Triple A hasta el Proyecto X, el genocida Milani como jefe del Ejército o las leyes “antiterroristas” del gobierno K que hoy Bullrich aplica para militarizar Rosario. El otro desacuerdo es que la Mesa no les quiere reclamar a la CGT y las CTA un nuevo paro general y un plan de lucha hasta derrotar a Milei y todo su plan.

Si aceptan un acto sin censura, el 24 será unitario. Si no, de todos modos ese domingo miles y miles nos movilizaremos en todo el país con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Te invitamos y convocamos a todos los compañeros y compañeras laburantes, a quienes activan en las asambleas barriales, en Unidxs por la Cultura y las luchas populares, a los movimientos sociales, las organizaciones socioambientales, de género y diversidad, a que hagamos juntos una gran marcha, a seguir peleando hasta el último minuto por un acto conjunto con dos documentos y a desbordar Plaza de Mayo y de todo el país con las columnas del MST en el Frente de Izquierda Unidad.

Reportaje: CADHU

Este 24 de Marzo tiene un componente especial, con Milei presidente…

Es así. A 48 años del golpe genocida de 1976, el gobierno actual de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio está atacando duramente todos y cada uno de los derechos humanos, sociales y democráticos que conquistamos en décadas de lucha. Eso le suma a esta fecha un componente nuevo y distinto. Por eso están en debate diferentes propuestas para ver si este 24 es posible de nuevo un acto conjunto, tal como lo hicimos hasta 2006.
Es que a partir de ese año, la cooptación política y económica por parte de los gobiernos K llevó a algunos organismos de derechos humanos a retirarse del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un espacio unitario, de lucha e independiente de todo gobierno y del Estado. Desde entonces en Plaza de Mayo cada 24 se alternan dos actos: uno convocado por esa Mesa de Organismos, cuya referencia política es el kirchnerismo, y otro por el Encuentro, que el CADHU y el MST en el FIT Unidad seguimos integrando junto a decenas de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.

Ahora, ante este gobierno liberfacho de Milei, Villarruel y Bullrich que no sólo es negacionista del genocidio y las y los 30.000 detenidos-desaparecidos sino que reivindica a la dictadura, en las asambleas vecinales, lugares de trabajo y estudio, sectores de la cultura y otros espacios unitarios surge el anhelo legítimo de unir fuerzas para enfrentar toda esta ofensiva antiderechos.

En cuanto a derechos democráticos, ¿cuál es el proyecto de Milei?

Es la primera vez que en nuestro país hay un gobierno “libertario”, de ultraderecha. Su plan es recortar mucho más esta ya limitada democracia capitalista vigente en los últimos 40 años. Las brutales represiones policiales ya aplicadas, los decretazos, el protocolo antiprotestas e inconstitucional de Bullrich, el protocolo Chocobar que legaliza el gatillo fácil y la impunidad policial, los proyectos para endurecer el Código Penal, el intento de avasallar al Congreso y a las provincias, la negativa de Villarruel a llamar a sesión del Senado incluso violando su reglamento, la vuelta de los desfiles militares, todo demuestra que apuntan a un cambio represivo, totalitario, y por lo tanto muy peligroso, del régimen político. Es de hecho, casi un estado de sitio.

Milei y sus socios quieren arrasar con todos los derechos democráticos y constitucionales: de reunión, de petición a las autoridades, de huelga, de libre expresión. Es que la dureza del ajuste y la entrega que pretenden imponer incluye criminalizar toda protesta popular, perseguir a las organizaciones sociales y activistas y acallar las voces críticas. Su fórmula en realidad es muy simple: libertad sólo para los poderosos, pero cada vez más hambre y más palos al pueblo. Es ante esta realidad que, lógicamente, aparece la idea de un 24 unitario.

¿Qué posturas hay sobre la posibilidad de un acto conjunto?

Primero, aclarar que para el Encuentro los actos del 24 no son por tal o cual reclamo puntual, como ante el 2×1 de la Corte en favor de los genocidas, el asesinato de Santiago Maldonado o el acto pro-dictadura de Villarruel en la Legislatura porteña. En esas ocasiones hubo unidad de acción entre el EMVJ y la Mesa. En cambio, cada 24 de Marzo hacemos una reseña de qué fue la dictadura y de las luchas por justicia y contra la impunidad bajo los sucesivos gobiernos hasta la actualidad, es decir; todo un encuadre en defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy.

En el Encuentro debatimos largamente cómo encarar este 24. Para ciertas organizaciones debía ser por separado, como si Milei en el poder no implicara ningún cambio. Otros, en el afán de la unidad, aceptaban cualquier condicionamiento de la Mesa. Finalmente consensuamos una postura equilibrada, en base a la propuesta que hicimos nosotros desde el inicio, o sea; convocar a un acto en común, tomando la demanda de unidad, y con dos documentos, para preservar la independencia política del EMVJ (ver abajo). Es sencillo: juntos, pero no revueltos.

Sobre esta base nos reunimos dos veces con representantes de la Mesa de Organismos. Por desgracia, rechazan la propuesta unitaria del Encuentro. Proponen un 24 con un único documento, “sin agravios ni agresiones al kirchnerismo ni a la CGT”. A buen entendedor, pocas palabras.

Aun sabiendo que el eje de nuestras críticas es a Milei, Villarruel y Bullrich, y que nunca hacemos agravios ni agresiones, lo que en realidad nos imponen es censura. No criticar al gobierno K, que ajustó, le pagó al FMI, puso al genocida Milani, el Proyecto X de espionaje y las leyes “antiterroristas”. Ni al de Alberto y Cristina, cuyo fracaso total le abrió paso a Milei. Ni a la burocracia sindical, que sólo llama a paro bajo presión pero transa con todos los gobiernos y las patronales. A la Mesa el concepto de unidad en la diversidad le es ajeno.

¿Cómo encaramos entonces este 24?

Con la misma voluntad de lucha con que lo hicimos el 20 de diciembre, cuando con el Encuentro, el sindicalismo combativo, los movimientos piqueteros y la izquierda desbordamos el protocolo y llegamos a Plaza de Mayo. Del 27, cuando fuimos a Plaza Lavalle en una columna independiente a exigirle paro a la CGT. Del 24 de enero, en el paro general, con las asambleas y la cultura en lucha, y luego las jornadas en Congreso, cuando bancamos los trapos pese a la represión y derrotamos la Ley Ómnibus. Con la misma voluntad lo hacemos el 1° en la apertura de sesiones y el 8M con las mujeres y disidencias.

Si la Mesa cambia su cerrazón y acepta dos documentos, mejor: habrá un acto unitario. Lo vemos muy difícil. Si no, con toda fuerza y orgullo marcharemos igual a Plaza de Mayo y en todo el país como parte del Encuentro, con la memoria de las y los queridos 30.000, con nuestras banderas y nuestras convicciones socialistas revolucionarias que nada ni nadie nos hará callar.

La propuesta del Encuentro Ante el próximo 24 de Marzo

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia propone impulsar una movilización unitaria hacia la Plaza de Mayo en rechazo a la política del gobierno encabezado por Javier Milei y Victoria Villaruel, apologistas de la última dictadura cívico-militar.

Desde este espacio desde el que se han convocado movilizaciones cada 24 de marzo de forma independiente de todos los gobiernos y el Estado desde 1996 a la fecha, le proponemos al conjunto de la población y de los organismos de derechos humanos impulsar una movilización unitaria y organizar en la Plaza de Mayo un acto en el que se lean dos documentos de forma de garantizar la más amplia unidad en las calles y expresar las diversas posiciones.

Entendemos que es necesaria una acción masiva que deje bien en claro que Son 30.000 y que Fue un genocidio y que seguimos peleando en las calles contra la impunidad de ayer y de hoy, como lo hicimos durante todos estos años y frente a cada uno de los gobiernos.
Tenemos que ser millones en las calles de todo el país para derrotar el protocolo represivo de Bullrich y continuar el rechazo a su política de ajuste y entrega que ya se expresó en un paro general y las movilizaciones que repudiaron a la Ley Ómnibus.
Nos movilizaremos desde el EMVJ por las siguientes reivindicaciones, entre otras:

Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad.
No al pago de la deuda. Fuera el FMI.
Abajo el plan reaccionario, de ajuste y represión de Milei y los gobernadores.
Apertura de los archivos del 74 al 83.
Juicio y castigo a todos los genocidas. Cárcel común, perpetua y efectiva.
Restitución de la identidad de todas las niñas y niños apropiados.
Abajo el protocolo de Bullrich y el DNU.
Paro y plan de lucha de las centrales sindicales.
21/2/24

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

Nuestro recurso pasó por ocho juzgados y una cámara de tres fueros judiciales distintos -electoral, contencioso administrativo y criminal y correccional-, que fueron pateándose la pelota. Finalmente, días atrás el juez federal penal Sebastián Casanello, del Juzgado N° 7, se declaró competente en la causa iniciada por nuestro partido, el MST en el Frente de Izquierda Unidad.

Casanello recaratuló como hábeas corpus nuestra presentación iniciada como acción declarativa de inconstitucionalidad y le ordenó a la ministra de Seguridad de la Nación informar en el plazo de 72 horas qué antecedentes consideró, qué consultas hizo para elaborar su protocolo y qué respondió ante el informe crítico de tres relatores especiales de derechos humanos de la ONU sobre el mismo.

Es que ya antes habíamos agregado al expediente judicial dicho informe, así como los absurdos telegramas que nos envió el Ministerio al MST pretendiendo en forma delirante cobrarnos 40 y 63 millones de pesos por los operativos policiales que Bullrich desplegó frente a las movilizaciones unitarias del 20 de diciembre a Plaza de Mayo y del 27 a Plaza Lavalle. Es el colmo: ¡recortan el derecho a la protesta y encima pretenden que les paguemos la represión!

Cuestiones en debate

Como Bullrich para armar su engendro no consultó a otras áreas del Estado, a organizaciones sociales ni a organismos internacionales y además contestó que las críticas de los relatores especiales todavía estaban «en análisis», el pasado martes 7 Casanello dictó una medida cautelar que consideramos muy positiva.

Dicho sea de paso, como en su respuesta la misma Bullrich nos considera al MST legítimos para mandarnos multas por marchar pero cuestiona la legitimidad de nuestras diputada y apoderada para querellarla, Casanello la refutó: «la Constitución Nacional establece que este remedio legal [el hábeas corpus] podrá ser interpuesto ‘por el afectado o por cualquiera en su favor’.»

Por ahora el juez no suspendió el protocolo como reclamamos y además falta resolver la cuestión de fondo de si éste es o no inconstitucional. Pero en su fallo hizo varios alertas significativos:
. «los términos del Protocolo se traducen en instrucciones a las fuerzas de seguridad que pueden ser a priori confundidas como habilitaciones de poder punitivo por fuera de la norma penal.» Dicho en fácil, el protocolo puede habilitar mayor represión que la que permiten las leyes.
. «La definición de los tipos penales es una competencia exclusiva del Poder Legislativo Nacional, que se expresa mediante el dictado de Códigos y Leyes emanadas del Congreso. La determinación del alcance de las figuras penales, y de su aplicabilidad a los casos concretos, corresponde al Poder Judicial.» Como Bullrich se arroga la monárquica y repudiable potestad de considerar cualquier piquete, marcha o corte así sea total o parcial como un delito, el juez reafirma que las leyes que definen los delitos las hace el Congreso y las interpreta la justicia, no el Poder Ejecutivo.
. También reafirma la validez de la Observación N° 37 del Comité de Derechos Humanos y los cuestionamientos de los relatores al protocolo porque incumple los estándares internacionales de protección al derecho de reunión pacífica. Para el juez, considerar de antemano «a toda reunión como violenta o delictiva es una decisión contraria al estándar internacional de protección».
. Como mediante su protocolo Bullrich pretende además abrir un registro de las personas y organizaciones que participan en manifestaciones, el juez sostiene «que el registro y uso de la información personal de las personas reunidas debe estar sujeto a los límites constitucionales y legales, y no violar la privacidad de los manifestantes». Y cita otro fallo suyo, en donde afirma que «tampoco sería tolerable el armado de bases de datos para -bajo el pretexto de alcanzar una respuesta eficiente frente a los cortes de ruta- ingresar en el monitoreo y control de qué hace o deja de hacer un obrero, un delegado gremial o un dirigente político».
. Asimismo, el juez afirma que «la libre circulación convive con el ejercicio de otras libertades y derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el derecho de peticionar -y, particularmente, criticar- a las autoridades-. Estos últimos derechos tienen un valor especial dentro del sistema democrático por lo que merecen especial protección».

La cautelar, un paso adelante

Por todas esas razones, Casanello exhorta al Ministerio de Seguridad de la Nación a que:
«1. En el marco de su competencia, adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho, incluido todo el bloque de constitucionalidad, debiendo sujetarse al mandato legal que deriva del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal, entendidos como derecho constitucional reglamentado.

«2. Instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a que, en el marco de su actividad preventora, anoticien y eleven consulta, de modo inmediato, a las autoridades judiciales, de conformidad a lo establecido por las leyes procesales.

«3. Tome razón del estándar de protección impuesto por las normas internacionales de derechos humanos, explicado y desarrollado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 23 de enero de 2024 (OL ARG 3/2024), e instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a observar un comportamiento adecuado a ese estándar.»

Es decir, el juez le impuso claras limitaciones y condicionamientos al protocolo de la ministra Bullrich, cuyos brutales efectos represivos ya vimos y sufrimos en carne propia en estas jornadas de lucha frente al Congreso contra la ley ómnibus de Milei. Por último, citó a las partes a una audiencia el próximo miércoles 14 en los tribunales de Comodoro Py.

Seguir la pelea anti-protocolo

El mismo día en que cayó la ley ómnibus en el Congreso, martes 6, la noticia de este fallo significa otro duro golpe para el gobierno ultraderechista de Milei y Bullrich. Desde el CADHU y otros organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y también algunos de la Mesa de Organismos estamos vamos a presentar en esta causa un recurso de amicus curiae en contra del protocolo. Adjuntaremos también la presentación que nos ofreció el CELS, realizada junto a los sindicatos SIPREBA y ARGRA, y al CEPRODH, ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

En defensa del derecho humano, democrático y constitucional a la protesta, integrado a su vez por los derechos de reunión, de asociación y de petición ante las autoridades y la libertad de expresión, seguimos esta batalla decisiva a nivel judicial y sobre todo en las calles, que en definitiva son nuestra única garantía de victoria.

Escribe: Pablo Vasco, CADHU – MST

En septiembre pasado, más de 500 activistas de organizaciones populares de todo el país hicimos en la Facultad de Sociales de la UBA un Encuentro nacional antirrepresivo y por los derechos humanos. Allí se resolvió convocar a una jornada contra la criminalización de las luchas sociales para antes del balotaje presidencial. El objetivo es simple: dejarle en claro a quien sea el nuevo gobierno que vamos a enfrentar todo intento de recortar los derechos de organización, de manifestación y de peticionar a las autoridades, reconocidos incluso en la Constitución nacional de esta recortada democracia capitalista.

Es que el derecho a la protesta es básico. Algunos juristas reconocidos, como Roberto Gargarella, lo consideran “el primer derecho: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”. Porque todos y cada uno de los avances que la clase trabajadora y los sectores populares hemos conseguido aquí y en todo el mundo han sido a través de la movilización social, poniendo el cuerpo en las calles. Esa es la única manera de conseguir nuestros derechos, defenderlos cada vez que los atacan y en todo caso obtener nuevos logros.

Penalización recargada

La profunda crisis capitalista que atravesamos no sólo no deja márgenes para otorgar concesiones económicas ni políticas, sino que todos los gobiernos con tal de asegurar las ganancias de los sectores concentrados tratan de apretar las tuercas del pueblo trabajador con más ajuste y más saqueo extractivista. Por eso desde hace algunos años se desarrolla una tendencia internacional antidemocrática de todos los gobiernos y regímenes hacia un autoritarismo creciente.

Esta orientación implica jaquear y limitar los derechos, libertades democráticas y garantías que costaron muchas décadas de lucha y han mantenido relativa vigencia. El caso más reciente son las prohibiciones dispuestas por numerosos gobiernos del mundo procurando impedir las movilizaciones en apoyo al pueblo palestino, lo que no logran.

La burguesía se vale de varias herramientas institucionales para actuar en contra del derecho al reclamo popular. Desde ya, cuando la relación de fuerzas se lo permite recurre a la represión directa utilizando sus policías y otros cuerpos represivos contra las movilizaciones, paros, cortes de ruta y tomas de fábricas o colegios. Pero también cuenta con otros instrumentos jurídicos, leyes, códigos penales y contravencionales.

Por un lado la justicia aplica figuras penales cada vez más duras, como por ejemplo acusar absurdamente por tentativa de femicidio a los docentes y estatales que reclamaban por sus salarios adeudados ante la casa de la gobernadora santacruceña. A la vez, penalizan las luchas por doble o triple vía: ante un corte o manifestación pueden abrir una causa penal por entorpecer el transporte, intimidación pública o resistencia a la autoridad; una demanda civil por daños y hasta una cuantiosa multa por alterar el orden público o afectar la higiene urbana…

Algunos casos destacados

Hace poco el gobernador jujeño Gerardo Morales, ese radical al que Sergio Massa elogia y le propone la “unidad nacional”, impuso a palos y gases una reforma constitucional represiva que coarta el derecho a manifestarse y despoja a las comunidades originarias. En provincias como Salta y Mendoza son frecuentes las multas a las marchas populares. En Chubut, de los 16 vecinos y vecinas acusados por la lucha contra la ley de zonificación minera y defender el agua, a once les dictaron la falta de mérito y aún quedan cinco procesados.

Hay otros proyectos en similar sentido para declarar servicios esenciales a las tareas docentes y de salud, lo que cercena el derecho constitucional de huelga. Lo mismo hacen el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su par porteño Horacio Rodríguez Larreta al descontar los días de paro a la docencia pública. Obviamente, si hubiera trabajo genuino, ayuda social y salarios dignos no habría necesidad de hacer piquetes ni paros.

Córdoba merece un párrafo aparte. Días atrás, cinco referentes de movimientos sociales -entre ellos nuestro compañero Agustín Nazar, del MST Teresa Vive- y el secretario general de ATE tienen pedido de elevación a juicio por resistencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte público por una protesta en abril pasado. Hay cuatro trabajadores condenados a un año o año y medio de prisión en suspenso por la toma del Molino Minetti en 2019 y trabajadores de Coca Cola procesados por bloquear un portón. Y aún quedan 22 estudiantes procesados por la “usurpación” de la Universidad en 2018, en defensa de la educación pública, cuya audiencia se postergó al 15 de diciembre.
A César Arakaki y Daniel Ruiz les ratificaron hace poco la condena por “intimidación pública” en la marcha de diciembre de 2017 contra la refoma jubilatoria de Mauricio Macri. Como al “Chino” lo condenaron a tres años y cuatro meses de prisión, ahora queda al borde de ir preso.

Estas persecuciones de la justicia burguesa apuntan a castigar al activismo y al mismo tiempo amedrentar a los trabajadores y sectores populares para que no se movilicen. Por eso la marcha de este jueves 9 y por eso la necesidad de seguir organizados para enfrentar esta ofensiva antidemocrática

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

En mayo pasado, en el campo de refugiados de Jenín, en la Cisjordania ocupada por Israel, las fuerzas policiales israelíes asesinaron a la periodista palestino-norteamericana Shirin Abu Akleh. Primero lo negaron, pero como una investigación de la ONU lo probó, semanas después se vieron obligados a aceptar su responsabilidad. En repudio político al asesinato, en aquel momento Bodart tuiteó una foto de Shirin con la leyenda «sionistas = nazis».
Unos días después, ante un nuevo aniversario de la Nakbah, la sangrienta invasión a Palestina para fundar el Estado de Israel, que implicó la muerte de miles y el exilio forzoso de cientos de miles de pobladores palestinos originarios, tuiteó «74 años de la catástrofe que vive el pueblo palestino, a manos del Estado racista y genocida de Israel. La llave símbolo de sus casas y tierras robadas está presente en cada lucha. Por una palestina laica y democrática, del río al mar».

Esta denuncia de las atrocidades sionistas le significó a Bodart una denuncia penal por parte de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) por discriminación, bajo la reiterada falacia sionista de que antisionismo es sinónimo de antisemitismo. Utilizan el falso argumento de que una denuncia política hacia el Estado de Israel y sus acciones equivale a una discriminación de carácter religioso o racial.

En todo el mundo el sionismo viene impulsando, a través de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, según su sigla en inglés), una definición mentirosa de antisemitismo para perseguir a quienes cuestionen a Israel, sus acciones, instituciones y otras entidades sionistas. Es decir, apelan al legítimo sentimiento de repudio ante el genocidio cometido por los nazis contra los judíos el siglo pasado para silenciar toda crítica frente al actual genocidio sionista contra el pueblo palestino.

En defensa de Bodart

Iniciada la defensa de Bodart por compañeras del CADHU, como la fiscal porteña Mariela De Minicis injustamente hizo lugar al planteo de la DAIA, le imputa discriminación a nuestro dirigente y pide la elevación a juicio, convocamos a la compañera María del Carmen Verdú de CORREPI para que sea su defensora. Aceptó de inmediato, actitud solidaria que le agradecemos.

Habrá una primera audiencia formal citada por el juez Pablo Casas el 8 de marzo. El pasado jueves 10, en forma solidaria con Alejandro, un amplio y destacado arco de personalidades y referentes del ámbito político y de los derechos humanos, muchos de ellos de origen judío, se ha presentado para aportar testimonios en su defensa. Asimismo, se aportan a la causa como pruebas la denuncia de Bodart a la DAIA ante el INADI, las críticas a la definición de la IHRA por la cátedra libre «Edward Said» de la UBA, el fallo absolutorio a Juan Carlos Beica por una causa similar, el Informe 2022 del Relator de Derechos Humanos de la ONU sobre el apartheid antipalestino de Israel y el manifiesto de la Red Internacional Judía Antisionista (IJAN). Y se piden informes a la ONU, IJAN, INADI y la Cancillería argentina, que en 2021 repudió la represión antipalestina del Estado de Israel y en la ONU votó a favor de investigar tales violaciones a los derechos humanos en Gaza.

Estamos así frente a un caso testigo y a una batalla jurídico-política trascendente. Nos mantenemos entonces alertas en defensa de nuestro compañero Bodart, el derecho a la libertad de expresión y la solidaridad con la heroica lucha del pueblo palestino.

María del Carmen Verdú: «Asumir como propia esta defensa»

Consultada sobre el caso, la «Negra» Verdú nos expresó lo siguiente: «Ante el intento de la DAIA de criminalizar a Alejandro Bodart por haber manifestado el justo repudio al asesinato de una trabajadora de prensa palestina por las fuerzas represivas del Estado de Israel, no dudamos un segundo en ponernos a disposición, tanto para asumir la defensa técnica como para sumarnos a la denuncia pública y la campaña solidaria por la absolución del compañero.

No es, desde luego, la primera vez que esta institución -a la que tanto gusto dio premiar al tristemente célebre represor y espía, el comisario ‘Fino’ Palacios- recurre al aparato judicial para perseguir y estigmatizar como ‘antisemitas’ y acusar como ‘actos discriminatorios’ cualquier señalamiento o crítica que se haga a la política terrorista del Estado de Israel. Son innumerables las ocasiones anteriores, siempre con la infame falacia de equiparar el repudio a las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra que a diario comete el Estado de Israel con actos inspirados en odio racial o religioso.
Para CORREPI, defender a quienes sufren cualquier tipo de represalia o persecución por razones políticas es una cuestión de principios. Como organización antirrepresiva, asumir como propia esta defensa es, simplemente, hacer lo que hay que hacer. Agradecemos al compañero Bodart y a su partido la muestra de confianza política en nuestra organización que se expresa al convocarnos a intervenir.»

Importantes testigos en apoyo a Bodart

· Adolfo Pérez Esquivel. Escultor y docente jubilado, Premio Nobel de la Paz, presidente ejecutivo del Servicio Paz y Justicia Argentina (SERPAJ), miembro de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, la Academia Internacional de Ciencias Ambientales, la Fundación Universitat Internacional de la Pau de San Cugat del Vallés (Barcelona, Estado español) y el Consejo Académico de la Universidad de Namur (Bélgica).
· Norita de Cortiñas. Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundador a.
· Laura Alché viuda de Ginsberg. Doctora en Ciencias Biológicas, referente de la Agrupación Para el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA).
· Pedro Brieger. Periodista de C5N, director de la agencia Infonodal y miembro de la Asociación Internacional de Periodistas Religiosos (IARJ).
· Norman Briski. Actor, dramaturgo y director de teatro y cine.
· Herman Schiller. Periodista, fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, militante por los derechos humanos y conductor del programa radial «Leña al Fuego».
· Myriam Bregman. Abogada, fundadora del CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), diputada nacional del FIT Unidad y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
· María Rachid. Docente de la UNLP, titular del Instituto contra la Discriminación de Buenos Aires (ICDCABA), ex vicepresidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), ex diputada de la CABA del Frente para la Victoria y dirigente de la Federación Argentina LGBT.
· Cele Fierro. Docente, referente nacional de Juntas y a la Izquierda, la Red Ecosocialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el FIT Unidad.
· Luis Zamora. Abogado, ex diputado nacional y dirigente de Autodeterminación y Libertad.
· Claudio Katz. Economista, docente universitario de la UBA e integrante de Economistas de Izquierda (EDI).
· Vilma Ripoll. Enfermera, dirigente nacional del MST, diputada nacional electa del FIT Unidad y ex diputada de la CABA.
· Romina del Plá. Docente, dirigente del Plenario Sindical Combativo (PSC) y del Partido Obrero (PO), y diputada nacional del FIT Unidad.
· Jorge Altamira (José Saúl Wermus). Dirigente nacional de Política Obrera y ex diputado de la CABA.
· Juan Carlos Giordano. Abogado, dirigente nacional de Izquierda Socialista y diputado nacional electo del FIT Unidad.
· Carlos «Sueco» Lordkipanidse. Ex detenido-desaparecido en la ESMA, referente del Encuentro Militante Cachito Fukman (EMCF) y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ).
· Carlos Aznárez. Periodista y director de la revista Resumen Latinoamericano.
· Eduardo «Negro» Soares. Abogado y referente de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina.
· Gabriel Solano. Dirigente nacional del Partido Obrero (PO) y legislador de la CABA del FIT Unidad.
· Julio César Gambina. Economista, docente de la UBA y las universidades nacionales de Rosario y San Luis, y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP).
· Hernán Camarero. Historiador, docente de la UBA y titular del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI).
· Juan Carlos Capurro. Abogado, director del Centro de Acción Jurídica (CAJ), integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
· Guillermo Pacagnini. Médico, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Pcia. de Bs. As. (CICOP), la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS), el Plenario Sindical Combativo (PSC), el MST y diputado bonaerense electo del FIT Unidad.
· Gabriel «Mohsen» Alí. Sheij, clérigo de la mezquita de Flores, director de la Casa para la Difusión del Islam e integrante del Instituto Patria.
· Clarisa Alberstein. Docente y dirigente nacional del MST en el FIT Unidad.
· Tamara Migelson. Docente, diseñadora gráfica y militante de la Red Ecosocialista-MST.

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

«Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos… son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales -el derecho a la vida- hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad»(1).

Los derechos humanos son universales, valen para toda persona; son inalienables, no se deben suprimir salvo excepciones; son indivisibles e interdependientes, se relacionan entre sí para su pleno goce, y tienen progresividad, no deben retroceder. Los reconocen tratados internacionales, constituciones y leyes. Y los Estados deben respetarlos, cumplirlos y protegerlos. Por eso sólo el Estado puede violarlos, no un individuo o una organización.

La dictadura y su caída

El 24 de marzo de 1976 los militares dieron un golpe, con apoyo del PJ, la UCR, la Iglesia, el imperialismo yanqui y el empresariado. Buscaron aplastar las luchas obreras y populares, que jaqueaban al gobierno peronista. El terrorismo de Estado había empezado antes, en 1974-75, bajo el gobierno de Isabel Perón, con el «Operativo Independencia» a Tucumán con la excusa de combatir a la guerrilla y con la Triple A, banda de ultraderecha promovida por el ministro José López Rega que asesinó a más de mil activistas populares(2).

La dictadura avasalló todas las libertades democráticas, secuestró y asesinó a 30.000 compañeros y compañeras, se apropió de 400 bebés, y funcionaron unos 600 centros clandestinos de detención, tortura y muerte. A sangre y fuego, los milicos elevaron la deuda externa del país de 7.000 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones en 1983. El FMI fue copartícipe necesario del genocidio y su plan económico, que además favoreció a los grandes grupos capitalistas.

Nuestro partido, el PST, que tuvo un centenar de militantes asesinados, fue parte activa de la lucha contra la dictadura desde su mismo inicio. Algunos compañeros se tuvieron que exiliar por la persecución, mientras que el grueso seguimos aquí militando en la clandestinidad.

Año a año, la resistencia obrera, popular y democrática fue creciendo. El 30 de marzo de 1982 hubo una fuerte huelga general con movilización. La dictadura buscó desviar ese ascenso y el 2 de abril ocupó las Malvinas. Pero jamás planeó enfrentar a fondo a Gran Bretaña y EE.UU. Ante su traición a esa guerra antiimperialista justa, la bronca popular volvió con fuerza redoblada contra la Junta Militar y la volteó en pocos meses.

Una lucha ejemplar por justicia

La lucha incansable por lograr verdad sobre los delitos de lesa humanidad y castigo a sus responsables empezó a poco de instalado el gobierno militar. Desde abril de 1977, cada jueves las Madres de Plaza de Mayo hacían sus rondas, en las que tuvimos el orgullo de participar. Y en octubre se organizaron las Abuelas, en busca de sus nietas y nietos apropiados por los represores. Caída la dictadura, al ir saliendo a luz los horrores, la lucha por los derechos humanos se potenció y ganó apoyo social. Del otro lado, la dictadura y los sucesivos gobiernos buscaron preservar lo más posible el aparato militar y policial imprescindible para la clase capitalista. Hubo varios intentos de impunidad, pero todos fueron derrotados:

. A fin de 1983, con la vuelta de la democracia, el Congreso derogó el decreto-ley de autoamnistía militar. Y se creó una comisión especial, la Conadep, que recibió miles de denuncias sobre las desapariciones.
. En 1985, el gobierno de Alfonsín sólo enjuició a los nueve comandantes de las tres Juntas militares. Como crecían las denuncias, a fin de 1986 Alfonsín hizo votar la Ley de Punto Final. La lucha siguió.
. En 1987, la rebelión «carapintada» reclamó la impunidad de los genocidas. Hubo masivas marchas a los cuarteles y a Plaza de Mayo. Alfonsín dijo «la casa está en orden» y poco después hizo votar la Ley de Obediencia Debida. La lucha siguió.
. En 1989 y 1990, Menem decretó los indultos a unos 300 genocidas y un par de jefes guerrilleros. La lucha siguió.
. En 1998 se votó una tramposa «derogación» de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, manteniendo la impunidad previa. La lucha siguió.
. El Argentinazo de diciembre de 2001 dio vuelta todo. Y en agosto de 2003 se aprobó la nulidad de las leyes de impunidad y así se reabrieron los juicios a los genocidas. Hasta hoy hay 1.044 represores condenados en 264 sentencias, otros 602 están procesados y 806 fallecieron sin sentencia(3).

Si bien falta enjuiciar y castigar a muchos genocidas y sus cómplices civiles, estas condenas son un ejemplo a nivel internacional: en ningún otro país del mundo sus tribunales juzgaron un genocidio cometido por el propio Estado. Esa gran victoria del movimiento de derechos humanos hace que éstos y las libertades democráticas tengan un alto valor para la mayoría de nuestro país.

Pero los gobiernos kirchneristas hicieron una lamentable utilización de los derechos humanos, que incluyó la cooptación política y económica de organismos como las Madres, las Abuelas y otros, antes independientes del poder de turno. Esto ha causado una división del movimiento y un evidente desgaste político de tan legítima bandera, que a su vez la derecha, negacionista del genocidio, fogonea y aprovecha.

Vuelta de página o Memoria, Verdad y Justicia

En febrero de 2020, Alberto Fernández llamó a «dar vuelta la página» con respecto a las FF.AA. Esa es la estrategia de todos los políticos de la burguesía: recomponer el aparato represivo, tan desprestigiado, al que necesitan para «normalizar» el país en modo capitalista e imponer sus planes. El FMI, que ayer financió a la dictadura genocida, hoy pretende más ajuste. Y el ajuste no pasa sin represión. Por eso no es casual que en 2021 el rubro en que más invirtió el gobierno fue en equipamiento militar: $ 15.719 millones, casi un 25% del total de bienes de capital(4).

Ante este 24 de Marzo, los organismos de derechos humanos afines al gobierno se limitan a repudiar el golpe, recordar a les 30.000 y su consigna es «volvemos a marchar a la Plaza». O sea cero reclamo de ayer ni de hoy, cero mención al FMI.
En cambio, como Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que desde el CADHU y el MST integramos junto a decenas de organizaciones populares, logramos pasar al 25 de marzo el partido Argentina-Venezuela y el 24 llenaremos todas las plazas del país con las demandas históricas y actuales(5). La consigna principal es 30.000 detenidxs-desaparecidxs, presentes. No al acuerdo gobierno-FMI. Y vamos a Plaza de Mayo antes que los sectores oficialistas, que siempre ralean al Encuentro. ¡El 24 marchá con nosotres!

1 ONU, Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
2 La mayor parte de esos crímenes aún sigue impune.
3 En www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad (24/9/21).
4 La Nación, 2/3/22.
5 Entre otras, la aceleración y unificación de los juicios, restitución de la identidad a les jóvenes apropiades, apertura de todos los archivos de la represión, no a las prisiones domiciliarias de genocidas, cumplimiento de las leyes reparato-rias, repudio a la represión a las luchas, cierre de causas contra activistas populares, libertad a las presas y presos políticos (Milagro Sala, Sebastián Romero, Facundo Molares, etc.), justicia para las víctimas de gatillo fácil policial y femicidios de uniforme.

Escribe: Pablo Vasco y Mariana Chiacchio, CADHU-MST

Un paro de 24 horas del Ferrocarril Sarmiento el 16 de febrero, a iniciativa de la Seccional Haedo de la Unión Ferroviaria por las condiciones de salud y de trabajo ante el Covid-19, desató un coro histérico de críticas. Contra el legítimo reclamo de los ferroviarios no sólo saltaron la empresa Trenes Argentinos y la traidora burocracia sindical de la UF que lidera Sergio Sasia, sino también varios «periodistas» de grandes medios.

·En lugar de informar sobre las auténticas razones del paro y las distintas posturas al respecto, estos charlatanes a sueldo que pululan en noticieros de radios, teles y diarios exageraron los inconvenientes por el paro y atacaron la protesta. Algunos de ellos directamente salieron en modo de campaña gorila y a la vez macartista, es decir contra los trabajadores y la izquierda.

·Al igual que las patronales privadas de la Unión Industrial Argentina (UIA), el titular de la empresa ferroviaria estatal, Martín Marinucci, apoyó poner fin al aislamiento para contactos estrechos por coronavirus, refutó el paro y amenazó con sanciones: «Se trata de una decisión arbitraria e irresponsable que perjudica a miles de personas. Aplicaremos las medidas disciplinarias que caben en este caso».

·La burocracia sindical de Sasia, junto a impulsar el carnereo del paro, envió notas a la empresa y a Transporte. Dijo que «no se dispuso realizar medida de fuerza alguna para el día 16», que «cualquier medida de acción directa general o parcial dentro del ámbito de representación de la UF es una facultad exclusiva del secretariado nacional, en un todo de conformidad con las normas estatutarias», y que «este paro es una medida política».

Todo paro es político, toda marcha es política

Dado el lógico desprestigio del que goza en general la casta política en nuestro país, con el adjetivo política o político el gobierno, los empresarios, los burócratas sindicales y los plumíferos a su servicio pretenden descalificar cualquier medida social de lucha. Toda movilización popular independiente de los poderes de turno puede ser acusada y demonizada como política y hasta penalizada por la justicia como si fuera un delito.
Pues bien: no existe ninguna medida de fuerza obrera o popular cuyas causas no estén, en forma más o menos directa, vinculadas a determinada norma o decisión política de las patronales y/o los gobernantes de turno. Y como los responsables de esas políticas antiobreras y antipopulares suelen no responder o responden mal ante los reclamos sociales que generan, y así obligan a la gente a visibilizarlos y a «molestar» con un corte de calle o ruta, en vez de resolver esas demandas buscan desautorizarlas y las acusan de políticas. Hay que desenmascarar esa hipocresía.

Política es precisamente la desastrosa decisión del gobierno de Alberto y Cristina Fernández de acordar con el FMI el pago de una deuda externa monumental y trucha por donde se la mire.

El Fondo, siempre anti-derechos

Haber reconocido como válida la totalidad de la estafa financiera cometida por Mauricio Macri y sus amigos fugadores de capitales tiene consecuencias concretas muy negativas para el pueblo trabajador. Y no son sólo en materia económica o ambiental, sino que también anticipan un incremento represivo.

En marzo de 1976, el Fondo financió a la dictadura militar argentina a sabiendas de que ésta cometía delitos de lesa humanidad. Los milicos elevaron la deuda externa argentina de 7.000 palos verdes al inicio de su gobierno a más de 45.000 palos verdes al caer, en diciembre de 1983. El FMI fue copartícipe necesario del genocidio cometido. Ahora, el ajuste para pagarle a esos usureros también recorta derechos humanos básicos (comida y ayuda social, educación y salud públicas, políticas de género), derechos ambientales (por el extractivismo de «crecer para pagar») y derechos democráticos.

Como todo ajuste, éste tampoco pasa sin represión. Por eso el acuerdo con el Fondo implica un rumbo autoritario para imponerlo. Es decir, más operativos represivos o de saturación policial ante protestas, multas a organizaciones que participan en marchas, proyectos de ley para impedirlas e incluso ataques fascistas a locales de izquierda o a manifestaciones, alentados por los discursos anti-piquetes.

La protesta social, un derecho elemental

La ocupación del espacio público para presionar a los representantes políticos es parte constitutiva de nuestro mito fundacional como Estado-nación. «¡El pueblo quiere saber de qué se trata!» se gritaba en 1810 durante la Revolución de Mayo para exigir la anulación de la junta virreinal opuesta a la decisión independentista del cabildo abierto del 22 de mayo.

Los derechos a la vida, la salud y la educación; a la igualdad y la dignidad; al trabajo y el salario dignos o a vivir en un medioambiente sano, entre otros, están consagrados por la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes y demás normativa. Pero enseguida surge la contradicción, ya que entre la letra escrita y la realidad siempre hay una distancia. La causa de esas desigualdades está en el carácter de clase del Estado argentino, capitalista dependiente.

El goce de esos derechos, entonces, no se garantiza para muchos sectores desventajados. Ante esta situación por acción u omisión del Estado y sus instituciones, y para lograr respuesta a sus reclamos, surgen distintas formas de protesta social. Las carencias de los sectores más postergados o en conflicto con el poder encuentran en la reunión y la manifestación pública su principal vía de expresión frente al gobierno.

Por caso, el artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes del país el derecho a la protesta: a peticionar a las autoridades, entre otros derechos. El artículo 14 bis reconoce los derechos sociales -dando especial protección al trabajo- y el derecho de huelga(1). A la vez, el derecho a la protesta es reconocido por numerosos tratados y convenciones internacionales que firmó el Estado argentino y aprobó el Congreso, que por ende tienen rango constitucional(2).

Pero no todas las personas acceden a esos derechos. Si la pobreza y la exclusión crecen, si los salarios y jubilaciones caen ante la inflación, si no hay acceso al empleo y la vivienda o ante el aumento de la violencia machista, es inevitable el conflicto social. Desde ya, los grupos vulnerables son los más expuestos al poder punitivo del Estado. La represión del Poder Ejecutivo, las leyes represivas del Poder Legislativo y la criminalización del Poder Judicial a quienes luchan son los principales mecanismos estatales para limitar y violar el derecho a la protesta.

El argumento más frecuente para justificar la represión estatal es que hay un conflicto o colisión de derechos. Sobre todo pasa ante medidas de lucha como los piquetes, como bien lo explica el jurista Roberto Gargarella. Allí entran en conflicto derechos como los de expresarse, organizarse, reunirse, reclamar y peticionar a las autoridades, con los de transitar y comerciar libremente o preservar la propiedad privada(3). Desde ya, no cabe neutralidad: las demandas sociales son prioritarias.

La criminalización nuestra de cada día

Las figuras que más utiliza la justicia contra protestas sociales son entorpecimiento del tránsito (art. 194 del Código Penal), coacción (art. 172) y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, como rebelión, resistencia a la autoridad, sedición y motines (art. 229 y siguientes). Tales sentencias omiten que del derecho a peticionar a las autoridades surgen los demás derechos y que además todos los derechos siempre se conquistaron con lucha social.

Si el Estado punitiviza ese derecho elemental, se corre serio peligro de perder el resto de los derechos fundamentales. Los reclamos por salario, empleo, salud, comida, vivienda, género, ambiente y otros no podrían canalizarse como expresión colectiva mediante la manifestación en el espacio público. Y si se obstruye el derecho a defenderlos, hay riesgo de perderlos.

En cuanto a las libertades sindicales, desde 1989 la OIT le exige al Estado argentino adecuar su régimen sindical al Convenio 87 e incorporar y respetar todos los derechos que éste establece. Es que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales favorece a la burocracia y la injerencia estatal en la vida sindical, mientras que las patronales y el propio Estado como empleador cometen violaciones al derecho de huelga, sanción a delegades y activistas vía despidos arbitrarios, resistencia a su reinstalación en caso de fallos favorables, violación de fueros sindicales, trabas a la inscripción de nuevos sindicatos y a la actividad gremial en los lugares de trabajo, prebendas estatales a la burocracia sindical, negativa a las paritarias o imposición de limitaciones, amenazas de quite de personería gremial ante medidas de fuerza y otros atropellos.

Defender los derechos democráticos

El 15 de febrero, en Campo Viera, la policía de Misiones reprimió duramente una protesta de movimientos sociales y detuvo a seis compañeres. El 16, la policía porteña y la Federal reprimieron con gases y palos una marcha piquetera en la 9 de Julio, causando varios heridos. El 21, la policía tucumana desalojó de la Plaza Independencia a enfermeras que reclamaban por sobrecarga laboral y bajos salarios. Y todo así, a veces incluso con las patotas sindicales como represión tercerizada contra las luchas y el activismo opositor.
Contra los ataques fachos, hay que reforzar la autodefensa. Y obviamente, resistir cada represión policial. Pero también es clave dar la pelea, sin tregua, frente a todo intento o discurso que busque cercenar las libertades democráticas. Porque, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el mismo que anunció el cierre de los planes sociales, acaba de declarar que «sería bueno encontrar otro método de protesta que los cortes de calle»4. ¡Copiado del macrismo! ¿Por qué mejor no encuentra el gobierno «otro método» para dar respuestas reales a los reclamos populares?

No, señor. No volteamos a la dictadura militar ni hicimos el Argentinazo de 2001 para que ahora nos vengan a coartar libertades y derechos a gusto del FMI y su ajuste. No lo hacen porque estén fuertes sino por debilidad, ya que crece la bronca popular contra ellos. Hay que defender cada paro por aumento salarial o contra despidos, cada marcha ambiental o de género, cada corte de ruta de desocupados, cada protesta vecinal por cortes de luz o de vendedores ambulantes por trabajo, cada recuperación de tierras por familias sin vivienda o comunidades originarias. Luchar es un derecho, no un delito.

1 También reconoce el derecho a condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagos; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleo público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial; estabilidad de los representantes gremiales; seguridad social y vivienda digna.
2 El derecho de reunión lo reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 20), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 21), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5, inc. ix), la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 15). El derecho de huelga y la libertad sindical los protegen el Convenio Nº 87 y el Nº 98 de la OIT, también con rango constitucional.
3 Gargarella, R.: El derecho a la protesta, el primer derecho. Buenos Aires, 2005. Ed. Ad Hoc, pág.41.
4 Clarín, 19/2/22.

Escriben: Mariana Chiacchio y Nicolás Quiroz, abogades del CADHU-MST

Elena Inés Highton de Nolasco fue la primera mujer que integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en democracia, en 2004, recomendada por el propio Alberto Fernández al entonces presidente Néstor Kirchner. Al cumplir 75 años la jueza presentó un amparo para seguir en el cargo, pasando por sobre la letra de la Constitución Nacional. Días atrás comunicó que dejará su cargo el 1º de noviembre.

Entre otros fallos en contra del pueblo trabajador, Highton votó a favor -junto con los jueces Rosatti y Rosenkrantz- de otorgar el beneficio del «2×1» a los genocidas de la última dictadura militar y de que los jueces no paguen el Impuesto a las Ganancias, a diferencia de muchos trabajadores que sí lo pagan.

Al mismo tiempo, en la Legislatura porteña, el macrismo gobernante acaba de aprobar una ley escandalosa a la medida de los grandes empresarios, muchas de cuyas compañías tienen sede en la Capital, y que hasta podría beneficiar al propio Macri, imputado en varias causas. Ese engendro habilita al Poder Judicial porteño a revisar y rectificar fallos de la justicia nacional.

¿Por qué es importante resaltar ambos hechos? Porque mientras el Poder Judicial, como parte del Estado, siga siendo funcional a los intereses de los capitalistas, no importa demasiado quiénes lo integren. Menos aún con el actual formato indirecto de designación de los jueces y fiscales, que está íntegramente supeditado al poder político y sus transas a través de los Consejos de la Magistratura.

Hace falta entonces una profunda reforma judicial que democratice todo el sistema de administración de justicia para que los magistrados empiecen a defender los intereses del pueblo y no los de la clase empresarial y la casta política.

Un mamarracho antiobrero

El 30 de setiembre la Legislatura porteña votó una reforma de la Ley 402 de Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, afín al macrismo y a los empresarios, que le permite a dicho tribunal acceder a revisar y modificar causas en las que interviene la justicia nacional. Es una reforma inconstitucional, PRO-patronal, antiobrera y contraria a los derechos humanos.

Actualmente las causas judiciales en materia civil, penal, laboral y otras que tienen su origen en la CABA tramitan ante la justicia nacional por ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la capital federal(1). Por ello, aun dentro de este limitado régimen democrático burgués, se avasalla a la propia Constitución Nacional al insertar una instancia más de revisión a las ya existentes, además de atraerlas a la órbita «amarilla» porteña de la cual el TSJ es garante ya hace rato.

De aplicarse esta reforma permitiría, por ejemplo, que las causas penales por corrupción en las cuales miembros del PRO y el propio Mauricio Macri y su familia están investigados terminen siendo resueltas por esta corte porteña que acostumbra a dictar fallos regresivos y antipopulares. Para les trabajadores, implementar esta nueva ley sería negativo por dos razones clave:
La resolución final de las causas ya no la tendrían las cámaras laborales, que actúan como órgano de apelación y están especializadas en el derecho laboral. El derecho laboral se fundamenta en la protección de les trabajadores ante el poderío patronal. Pero si la revisión última de tales causas se deja en manos del TSJ porteño es muy probable que la balanza se incline hacia el lado de los poderosos, como lo viene demostrando dicho tribunal en sus regresivos fallos.

De agregarse una instancia más de revisión de las sentencias dictadas por la justicia laboral nacional se perpetuarían los juicios. Si éstos ya de por sí demoran 5 o 6 años, se perjudicaría claramente a les trabajadores al obligarles a esperar varios años más para recibir, en el mejor de los casos, una indemnización totalmente corroída por la inflación.

¿Cambiar algo para que nada cambie?

¿Cómo se cubre el cargo que deja Highton? «El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: …Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto»2. Es decir, los mismos que eligen a los bancos por sobre los jubilados, y los mismos que votan leyes y presupuestos de ajuste, decidirán quién se incorpora a la Corte, situación nada democrática para un poder público. Son los mismos que deciden sobre nuestras vidas en base al ordenamiento jurídico actual -y a veces incluso contra él-, poseen cargos vitalicios, no pagan Ganancias y son casi inamovibles. ¿Acaso en un sistema político que se dice representativo y republicano se puede tolerar tal nivel de privilegios?

La Corte Suprema está lejos de tener sensibilidad ante las necesidades populares, con sus salarios exorbitantes, sus sentencias a la orden del establishment y sus jueces puestos a dedo como Rosatti y Rosenkrantz. Como los otros poderes, el judicial es ajeno a la realidad social.

Desde el Poder Ejecutivo declaran «será una mujer sí o sí», a tono con su retórica de género. Pero integrar a una mujer al máximo tribunal del país no resuelve los problemas que sufren las mujeres de a pie. Menos cuando el gobierno puso de jefe de gabinete al antiderechos Juan Manzur, que encima ya está operando para que la vacante la ocupe Claudia Sbdar, ¡oh casualidad!, actual presidenta de la Corte tucumana. Tampoco cambia nada sustancial aumentar el número de miembros, como propician algunos sectores del oficialismo.

La Corte, más allá de quién suceda a Highton, mantendrá su carácter de clase dominante, y su dependencia de los otros poderes que, mediante pactos y concesiones entre los distintos sectores políticos, la eligen para defender los intereses capitalistas.
En 2020 Alberto Fernández amagó con una reforma judicial y la derecha lo acusó de «defender a Cristina». A su vez ella se quejaba del lawfare, o sea de la utilización política de la justicia en contra de ella.

Nuestra propuesta

Tanto el proyecto de reforma de Alberto como el discurso de JxC son falsos. La reforma no contenía soluciones de fondo: no modificaba la elección de jueces y no buscaba independizar al Poder Judicial, sino sólo aparecer como una «lucha contra los poderosos». Y el discurso macrista no tenía sentido, ya que la reforma oficial era casi igual a la que pretendía Germán Garavano, ex ministro de Justicia de Mauricio Macri.

Junto a luchar para derogar la reciente ley porteña, sólo desde el MST y el FIT Unidad proponemos una verdadera reforma judicial. Los jueces y fiscales deben ser elegidos por voto popular, en fecha separada de las elecciones políticas. O sea que toda la sociedad participe y decida democráticamente, ya que los fallos afectan la vida de millones de personas. Los mandatos deben durar un período limitado y ser revocables en caso de mal desempeño. Y para todas las causas importantes hay que establecer los juicios por jurados populares, con vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral. Además, para terminar con la casta judicial, los jueces deben cobrar salarios iguales al promedio de un trabajador y derogar las jubilaciones de privilegio.
Así se pondría fin a la actual dependencia del poder político y la justicia por fin defendería los intereses de la clase trabajadora y el pueblo.

1 Art. 129, Constitución Nacional.
2 Art. 99 inciso 4, Constitución Nacional.

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

“Democracia en peligro”, “El golpe de la Corte”, “En este país gobiernan los jueces”… Con ese tono alarmista tituló sus notas el periodismo afín al gobierno nacional, exagerando el peso del fallo1. En sus tuits, Cristina igualó la resolución con una asonada militar: “está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”. También el presidente se enojó: “Voy a cuidar la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas de sentencias”.

Pero ni golpe ni democracia en peligro: lo que hay es un roce político importante. La Corte esta vez favoreció a Larreta y por eso priorizó la “autonomía” porteña por sobre la necesidad de evitar los contagios. En respuesta, Alberto enviará al Congreso un proyecto de ley “regulatoria en pandemia” para atribuirse superpoderes, lo que el macrismo ya rechazó de antemano. Al acercarse las elecciones, unos y otros alimentan la trampa política de la grieta.

Según la Corte, como la reforma constitucional de 1994 confirmó que la educación la gestiona cada provincia y la CABA, éstas tienen “autonomía” para disponer si hay clases o no2. En medio de la pandemia es un negacionismo absurdo, como si el AMBA no fuera una región integrada o como si el coronavirus no traspasara tal o cual jurisdicción. Además el fallo es provocador, ya que de modo virtual los “supremos” decidieron que la presencialidad escolar no pone en riesgo la salud y la vida de miles y miles de alumnos, docentes y familias.

Privilegios supremos

El Poder Judicial es el más aristocrático de los tres poderes del Estado en esta “democracia” burguesa tan retaceada, que además tiene su aparato represivo. Así, la justicia como institución también está organizada y actúa para defender los intereses de la clase dominante: los capitalistas. Por eso siempre van presos los pobres, no los ladrones de guante blanco cuyos delitos son mil veces superiores. Y por eso no es casual que la Corte haya exculpado a Menem por la explosión de Río Tercero, haya restringido el derecho de huelga sólo a los sindicatos, proteja al rico empresario Carlos Blaquier por sus delitos de lesa humanidad bajo la dictadura y haya intentado beneficiar con el “2 x 1” a los genocidas, entre tantos otros fallos al servicio de este sistema.

Pero a diferencia del Poder Ejecutivo y el Legislativo, que se eligen por voto popular y por mandatos limitados, los jueces son designados y removidos vía un mecanismo muy indirecto (el Consejo de la Magistratura) y además sus cargos son vitalicios.
En cuanto a su poder político, mientras que todo decreto del Ejecutivo o ley del Congreso puede ser revisado o anulado por otros poderes, y lo mismo las sentencias de los tribunales inferiores, las de la Corte Suprema no.

Y en cuanto a privilegios económicos, la Corte cobra los sueldos más altos de todo el Estado: su básico total actual es de $ 444.479,22 por mes3… pero con la antigüedad (2% por año como abogado/a y 10% cada tres años como juez/a) más otros adicionales se van, en promedio, al doble. Por si eso fuera poco, la amplia mayoría no paga Ganancias y, aunque son funcionarios públicos, ocultan sus declaraciones juradas de bienes.
En suma, los cinco “ministros”, las cinco “señorías”, son vitalicios, deciden lo que quieren sobre lo que quieren y ganan casi un palo al mes: una reverenda casta.

La Corte no nació de un repollo

Desde ya, el macrismo festeja el fallo de la Corte y otros que le convienen. Del otro lado de la grieta, intentando de paso eludir su propia responsabilidad, Alberto y Cristina cuestionan el llamado lawfare: la injerencia de los jueces en la política. Pero no son para nada ajenos a esta justicia ni a esta Corte Suprema que ahora critican: sus cinco integrantes, incluso los últimos dos que Macri pretendió meter por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los aprobó el Senado con los votos del macrismo y el peronismo. Juntos. Y lo mismo para con las Cortes provinciales y demás juzgados del país.
¿Cómo se nombran los jueces? Lo hace el presidente de la Nación en base a una terna, con acuerdo de dos tercios del Senado. ¿Y quién decide las ternas? El Consejo de la Magistratura, que organiza los concursos para cubrir los cargos. ¿Y quiénes integran ese Consejo? 13 miembros: 3 senadores/as, 3 diputados/as y un/a representante del Ejecutivo, más 3 jueces/juezas, 2 abogados/as y un/a académico/a4. Con 7 sobre 13, la mayoría es del poder político. ¿Y cómo se saca a un juez? Mediante un jurado de enjuiciamiento, con 7 miembros del propio Consejo: 2 senadores/as, 2 diputados/as, 2 jueces/juezas y un/a abogado/a. Con 4 sobre 7, también ahí tiene mayoría el poder político.

Pero entonces, ¿cuál sería la “independencia” del Poder Judicial, que nos enseñan en la escuela? Ninguna: el poder político pone los jueces y fiscales o los saca según pacte o le convenga. Por eso hay doble discurso cuando Alberto ahora se queja al decir “no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias” o cuando Cristina ironiza con que “para poder gobernar ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte?”

La reforma que hace falta

El gobierno del Frente de Todos tiene varios proyectos de reforma judicial: cambiar el modo de nombrar al Procurador General (el jefe de todos los fiscales del país); unificar los fueros penal económico y criminal y correccional federal para licuar el poder de Comodoro Py; abrir nuevos juzgados; limitar las facultades de la Corte, ampliar los juicios por jurados a los delitos federales y “despolitizar” el Consejo de la Magistratura.

En realidad todos esos proyectos son en beneficio propio, para incidir aún más en la justicia. Los jurados populares, una forma participativa que compartimos, deberían incluir a todo delito con pena no excarcelable. Y el gobierno no dice cómo “despolitizar” el Consejo. Pero ojo: reducir un par de sillas políticas allí no cambiaría mucho: en lo esencial, seguirían las transas del poder para poner jueces y fiscales adictos.

La única reforma realmente democrática sería la que proponemos desde la izquierda: elegir a todos los jueces y fiscales por voto popular, por períodos limitados, que ganen como una directora de escuela y sean revocables en caso de mal desempeño. Mecanismos electivos así funcionan en países tan distintos como Rusia, EE.UU., Bolivia o Suiza. La elección sería en fecha aparte de las elecciones políticas.

El voto popular, los juicios por jurados y que en las asesorías tutelares haya participación directa de las organizaciones de mujeres y disidencias permitiría, a su vez, dar a la justicia la tan necesaria perspectiva de género real, de la que carece y que no brinda ningún “curso de formación” aislado.

Por último, en las causas importantes por corrupción política y empresarial es preciso formar una comisión investigadora independiente, con personalidades intachables y plenos poderes para investigar a todos los gobiernos: una especie de Conadep5 de la corrupción, lo que evitaría todo lawfare.

Esta sí sería una reforma judicial a fondo, integral, efectiva. ¿Lo demás? Humo, que ya sobra.

1. Fue por cuatro votos a favor, ya que la jueza Highton en este caso se abstuvo.
2. Es más: anticipándose al plan del gobierno, en su fallo la Corte ya dispuso que esa “autonomía” regiría igual aun si se limitara por una ley.
3. https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=127159
4. Ley 26.080, aprobada bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
5. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Se creó en 1983 para investigar los crímenes de la dictadura. La integraron 10 personalidades respetadas y 3 diputados. Produjo el informe Nunca Más, que luego se llevó a la justicia.