De camino al pañuelazo, meditaba que hoy estaríamos asistiendo a los últimos talleres, llevando a cabo nuestro típico “tetazo” frente a la Catedral y palpitando la movilización de miles y miles que todos los años nuclea a mujeres y disidencias de todo el país. Lamentablemente, la pandemia y el aislamiento nos impidió la realización del Encuentro, pero no nos imposibilitó seguir organizadxs, en las calles y luchando por todo lo que falta.

En la zona norte y en todo el país, nos organizamos porque nos parecía que en una fecha tan importante del calendario feminista, resultaba imprescindible salir a las calles para luchar por todas nuestras reivindicaciones y derechos cercenados con las medidas de distanciamiento social y bioseguridad necesarias. Lamentablemente hay sectores que siguen sosteniendo que no se puede salir, pero al respecto nosotrxs somos categoricxs: las actividades online no alcanzan, son muchas las penurias que estamos viviendo las mujeres y las disidencias, la situación económica, social y política evidencia lo peor de este sistema capitalista y patriarcal.

Se exacerbaron y crecieron las cifras de femicidios, travesticidios y denuncias de violencia de género, se ha profundizado la situación de precarización extrema de las mujeres y disidencias, el desempleo, la doble opresión relativa a las tareas del hogar hoy en cuarentena es más potente que nunca, somos mayoritariamente las mujeres quienes nos hacemos cargo además de nuestro trabajo “formal” de las tareas del hogar y de reproducción de la fuerza laboral, como así también de nuestrxs hijxs, su escolaridad y todo lo que ello conlleva.  Sigue habiendo cientos de miles abortos clandestinos y en las peores condiciones sanitarias, personas con capacidad de gestar con complicaciones graves y más de cien muertxs por año por aborto séptico.

Creíamos – y creemos- que por todas estas cuestiones y muchas otras, era necesario ir a los  centros de poder político a hacer oír nuestra voz, que en zona norte es la Quinta de Olivos. El presidente Alberto Fernández desde el inicio del mandato se pronunció a favor del aborto, prometió que enviaría al Congreso Nacional un proyecto de ley para su legalización, y manifestó empatizar y dio su palabra de modificar las distintas falencias del Estado para con las mujeres y disidencias creando un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Lamentablemente a casi un año de gobierno podemos decir que todos estos dichos no quedaron en más que en eso, tuits, alocuciones y doble discurso.

Ante intensas requisitorias por la falta de presentación del proyecto de legalización del aborto, sigue excusándose en la pandemia, la falta de presupuesto, el colapso del sistema de salud y muchas otras mentiras. Contrariamente a lo que dicen los funcionarios  y el presidente la legalización del aborto, ahorraría cientos de millones de dólares al Estado en ocupación de camas y tratamientos por abortos mal realizados, como así también –y lo que es mas importante- salvaría la vida de más de cien mujeres y personas con capacidad de gestar por año.

El movimiento feminista y la marea verde, ya tenemos un proyecto que está presentado que tiene estado parlamentario, el de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, lo que falta es voluntad política.

Mientras tanto, seguiremos organizadxs, en las calles luchando por todas nuestras reivindicaciones hasta hacer posible lo necesario.

Catalina Coles

]]> https://mst.org.ar/2020/09/16/se-vienen-los-panuelazos-verdes-el-28-a-las-calles-por-el-aborto-legal/ Wed, 16 Sep 2020 13:56:54 +0000 https://mst.org.ar/?p=27605 Se acerca una nueva fecha de lucha en el calendario feminista. Cada 28 de septiembre se realiza una gran jornada de acciones coordinadas en Latinoamérica y el Caribe por el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.

Escribe: Catalina Coles, de la Campaña por el Derecho al Aborto (Zona Norte)

Con estas líneas, queremos aportar algunas reflexiones en torno a la actualidad y las perspectivas en la pelea por la legalización del aborto en la Argentina, en el marco de la pandemia mundial y también de las promesas incumplidas por el gobierno nacional. Mientras tanto, más de 120 mujeres y personas con capacidad de gestar mueren cada año por abortos clandestinos e inseguros.

Un poco de historia

El lanzamiento de este día como parte de la agenda feminista fue en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo, allá por 1990. En el taller sobre aborto, compañeras de distintos países de la región decidieron de manera unánime declarar el 28 de septiembre como el Día por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe.

La fecha conmemora que el 28 de septiembre de 1871 se proclamó en Brasil la ley de libertad de vientres que declaró libres a les hijes nacides de las esclavas. En la mayoría de los países de la región, aún hoy las mujeres y personas con capacidad de gestar, seguimos siendo esclavas de legislaciones prohibitivas y del reaccionario dogma de las iglesias -en especial la católica- que quieren imponer sus rosarios en nuestros ovarios.

En América Latina y el Caribe, el 97% de las mujeres y personas gestantes en edad reproductiva vive en países con leyes de aborto restrictivas1. Varios países, sobre todo en Centroamérica, tienen normativas muy restrictivas o incluso la práctica -cualquiera sea la causa que lleve a requerirla- está terminantemente prohibida. La penalización del aborto ha llevado a encarcelar mujeres en todo el continente, incluido nuestro país.

Por eso esta fecha es muy importante como eje de reivindicación y de lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Alberto: ¿y el proyecto?

El 1° de marzo de 2020, en la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández dijo: “Dentro de los próximos diez días presentaré un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo”2. Desde el anuncio, venimos planteando que el proyecto que debe tratar y aprobar el Congreso es el que construimos colectivamente en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que en 2018 recibió un apoyo masivo con millones en las calles sosteniendo pañuelazos, martes verdes y vigilias.

Pero por la presión de la Iglesia y los evangélicos Alberto prepara un proyecto de IVE distinto, mucho más recortado y con más obstáculos, que además presentaría junto a otro proyecto para impulsar la maternidad (plan de los “mil días”).
Aun así, desde su anuncio pasaron más de seis meses y desde el Ejecutivo repiten que en “este contexto” es “imposible sancionar una Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que el sistema de salud está muy muy estresado” y que “no podés otorgar ahora un derecho que después el Estado no va a poder garantizar”3…

Lo que el gobierno omite es que la falta de aprobación de la ley de IVE4 condena a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad y en muchos casos es una sentencia de muerte.

La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito es trascendental. Es una cuestión de salud pública porque mueren 120 personas al año y miles quedan con secuelas. Es un tema de justicia social porque mueren las mujeres pobres. Y es una cuestión de derechos humanos inalienables porque eso son los derechos sexuales y reproductivos y porque obligar a gestar es una forma de tortura. Además, el derecho democrático a decidir sobre nuestrxs cuerpos es básico, si queremos realmente construir libremente nuestro proyecto de vida y nuestro rol, que no necesariamente es el rol de reproductoras de la fuerza de trabajo que nos asigna este sistema capitalista y patriarcal.

Un Estado presente debería garantizar todos los derechos esenciales, y el derecho al aborto es una prioridad inexcusable. Todos los argumentos del gobierno no son más que pretextos sin fundamento. Veamos por qué.

Salud pública versus aborto legal: una falacia

Las estimaciones arrojan un total de 400.000 a 700.000 abortos por año en nuestro país5. La gran mayoría se hace en clandestinidad, no mediante ILE6, y a veces en condiciones sanitarias deplorables. Esto lleva a que muchas mujeres y personas gestantes tengan complicaciones, desde secuelas permanentes hasta la muerte. Se estima que hay al menos 120 muertes cada año por aborto séptico.

Pues bien, a partir de las exigencias al gobierno sobre la ausencia de su prometido proyecto, algunas autoridades y el propio AF han dicho que, ante la pandemia, hoy el Ministerio de Salud no tendría la capacidad para asumir los costos de atención que implicaría legalizar el aborto.

Es falso. Según un estudio comparativo de costos en base a los datos oficiales de 2018, realizar un piso anual de 457.000 abortos seguros con misoprostol y mifepristona costaría de 104 a 145 millones de dólares. Esto se podría reducir aún más si la producción de tales medicamentos fuera estatal. En cambio, atender las complicaciones de salud de esa misma cantidad de abortos no seguros costaría un mínimo de 476 millones de dólares7. Es decir, además de causar unas 120 muertes y miles de mujeres con secuelas graves, el aborto clandestino le cuesta al sistema de salud de tres a cinco veces más que si la práctica fuera legal.

Por ende, es una falacia decir que el problema es la pandemia y que complicaría al sistema de salud cuando es lo opuesto, desocuparía camas, desafectaría de esta tarea a personal especializado y le ahorraría al Estado cientos de millones de dólares, además de salvar la vida y proteger la integridad física de las mujeres y personas con capacidad de gestar, dato para nada trivial.

El 28, pañuelazos en todo el país

Por todo esto es indispensable volver a tomar las calles, como único medio para hacer oír nuestros reclamos. Desde ya, con medidas de distanciamiento e higiene. Pero queda claro que sin lucha y movilización no seremos una prioridad para este gobierno.

Lamentablemente, desde la articulación de la Campaña se sostienen sólo actividades virtuales. Si bien las acompañamos, en este contexto son muy insuficientes. Además la articulación plantea consignas anodinas como Aborto 2020 o similares, abandonando la exigencia explícita de que se apruebe el proyecto propio. Alberto le cede a la Iglesia y la Campaña le cede a Alberto.

En cambio, cumpliendo las resoluciones que acordamos en la Conferencia latinoamericana y de los EE.UU. del FIT Unidad, impulsaremos marchas el lunes 28S, levantando también la consigna de separación de las Iglesias y el Estado8.

Convocamos a toda la juventud, al movimiento de mujeres feminista y disidente, a la marea verde, a que se movilicen con nosotres al Congreso y ante las catedrales de todo el país a exigir que, de una vez por todas, nuestro derecho al aborto sea ley.

Según datos publicados por el Instituto Guttmacher.
https://www.perfil.com/noticias/politica/aborto-legal-a-pesar-del-plazo-de-alberto-fernandez-todavia-no-se-presenta-proyecto.phtml
https://www.pagina12.com.ar/284532-por-que-se-retrasa-el-proyecto-del-gobierno-sobre-el-aborto
Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Fuente: Amnistía Internacional.
Interrupción Legal del Embarazo: el aborto por causales determinadas es legal en Argentina desde 1921.
Monteverde, Malena, y Tarragona, Sonia; revista Salud Colectiva, UNLA, 2019.
https://mst.org.ar/2020/08/01/resoluciones-de-la-conferencia-latinoamericana-y-de-los-eeu-del-fit-u/

¿Qué novedades hay en el caso Sequeira?

Las primeras novedades son los allanamientos que se están realizando con sistemas electrodigitales, como por ejemplo el geo-radar, el escáner de suelo y otros que tienen injerencia debajo del agua. Mediante estos sistemas se está analizando la casa en donde vivía Stella. Actualmente falta un allanamiento por realizar, es decir el tercero. También faltan allanamientos en dos tosqueras de dos localidades bonaerenses y en otros domicilios de la CABA y la Provincia.
Asimismo, hay en la causa declaración de nuevos testigos. A su vez, ha comenzado a intervenir de manera directa la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y personas lesbianas, bisexuales, travestis y transgéneros, y su fiscal federal es la doctora Mariela Labozzetta. Esta Unidad Fiscal ha determinado que hay serios e importantes indicadores de femicidio. Por eso en este momento se están tomando nuevas declaraciones testimoniales ante su sede. También se están buscando en los bienes muebles registrables de Stella Maris nuevas pruebas de tipo informático comunicacional, como por ejemplo chips y nuevos cruces de llamadas.
Todo esto se realiza mientras la Corte Suprema dirime la competencia del homicidio de Stella entre la materia federal y el Juzgado de Garantías N° 7 de Ezeiza. El único imputado en la causa, Miguel Ángel Franco, va a ir a juicio oral federal por un supuesto llamado extorsivo realizado el 1º de julio, que según declara le fue ordenado por el doctor Carrazzone, su abogado y amigo, en la misma fecha…

A la luz del caso Gustavo Rivas, conocido abogado de Gualeguaychú y abusador serial, ¿qué relación ves entre abuso y poder?

El abuso sexual es sinónimo de poder. Además en los casos de pueblos se trata de un delito vergonzante, porque se revictimiza al abusado. A su vez, el abuso sexual es un delito en donde más sobreseimientos hay, es decir que no llegan a juicio.
Lo que existía por parte de este grupo era una naturalización del abuso contra una persona que tenía un poder real ante la justicia, primero porque es abogado y segundo porque siempre tuvo contactos con la política.
A mí me han llamado para hacer la denuncia sobre este caso, pero todavía hay mucho temor en la ciudad con respecto a los contactos que posee este abogado. Se fundamenta en que hoy parecería fácil porque tengo llegada a los medios, pero también es cierto que la noticia dura muy poco y la revictimización continúa durante todo el proceso. Teniendo en cuenta, además, que el abuso sexual es uno de los delitos más difíciles de probar.

Después de la libertad de Higui, ¿cómo ves la situación de las lesbianas?

La sentencia que le otorgó la libertad a Analía Eva de Jesús, “Higui”, modificó la excarcelación extraordinaria en general y sentó jurisprudencia, tanto para varones como mujeres, que pudiera esperar el juicio en libertad. Asimismo, logró instalar en la justicia argentina la temática de la violación correctiva.
El movimiento de mujeres está en camino de lograr incluir como tipo penal la violación correctiva, y creemos que hay que dar pelea legislativa a fin que se incorpore en el artículo 119 del Código Penal, es decir, que en los abusos sexuales agravados se incluya la violación correctiva como delito contra la integridad sexual, que es sufrida en particular por las mujeres lesbianas.
Esta pelea también se está dando en relación a los femicidios y aún no se ha logrado, pues actualmente el artículo 80 del Código Penal no se refiere a los femicidios como tales.

¿Qué medidas harían falta para reducir los niveles de femicidio?

En primer lugar, creo que es fundamental implementar la tobillera electrónica para el denunciado por violencia de género, ya que la mayor parte de los femicidios son llevados a cabo mientras se encuentra vigente una restricción perimetral.
Asimismo, es muy importante que haya un programa estatal con políticas educativas y preventivas contra la violencia de género. Como así también la necesidad de la creación de refugios, que fueron anunciados en un proyecto del Consejo Nacional de las Mujeres pero aún no se llevaron a cabo y los pocos que existían fueron cerrando por falta de presupuesto.

Reportaje: Cata Coles, abogada del CADHU y del MST