A mediados de noviembre, como marcándole la cancha al futuro gobierno, las operadoras que actúan en el yacimiento Vaca Muerta despidieron a más de 600 trabajadores y suspendieron a 1.200. La burocracia sindical de Petroleros Privados se involucró, intentando no terminar el año con un conflicto enorme. Se dictó la conciliación obligatoria y luego una «conciliación voluntaria» que vence el próximo 28 y tiene al principal yacimiento petrolero del país en estado de máxima alerta.

Empresarios, burócratas sindicales y funcionarios del gobierno van de reunión en reunión para tratar de llegar a acuerdos y evitar el conflicto. El panorama complejo, ya que más allá de las promesas electorales y los reiterados intentos de mostrar a Vaca Muerta como el «motor económico» del proyecto de Fernández, todavía no hay nada claro sobre cómo será ese supuesto «desarrollo».

Buscan avanzar en el saqueo

Mientras miles de trabajadores viven día a día con la incertidumbre de no saber cuál será su futuro laboral, la producción de crudo en las distintas áreas que popularmente se conocen como Vaca Muerta (Loma Campana, La Amarga Chica, Bandurria Sur y otras) logró niveles de producción que permitieron a Neuquén desplazar a Chubut como principal productora de petróleo del país. En promedio, se extraen 160.000 barriles diarios.

No es entonces que las petroleras estén teniendo problemas económicos, sino que pretenden imponer condiciones laborales aún más beneficiosas. Es decir, en el marco del debate sobre el nuevo proyecto legislativo, presionan para ganar todavía más.
Tampoco la pérdida de derechos laborales es una novedad. En Petroleros ya hace unos años se aprobó una adenda al convenio, que recorta beneficios que tenían los trabajadores. Los empresarios, burócratas y funcionarios macristas lo festejaron, poniéndolo como modelo de reforma laboral parcial. Por esa precarización, nueve obreros murieron el año pasado y unos cien desde que funciona Vaca Muerta.

En resumen, las empresas avanzan en la producción de gas y petróleo, los trabajadores pierden derechos, los territorios se contaminan y dañan con el fracking, y el gobierno, lejos de intervenir para defender a «los que menos tienen», prepara una nueva ley de hidrocarburos para fomentar aún más el saqueo.

Nueva ley, mismos ganadores y perdedores

Así como le dedicó buena parte de la campaña electoral a promocionar Vaca Muerta, ahora el equipo económico de AF viene trabajando en un proyecto de nueva ley de hidrocarburos. Quieren mejorar las condiciones y la «seguridad jurídica» para las empresas en Vaca Muerta y demás cuencas activas del país. Si bien el proyecto concreto no está terminado, ya trascendió que la propuesta incluiría la ratificación de la baja de retenciones (Alberto ya se las bajó del 12% al 8%), exenciones de impuestos, liberación total del envío de divisas al exterior por utilidades y la posibilidad de exportar una cuota importante de la producción, a cobrar en dólares, a cambio de sostener un precio interno algo más bajo.

Es decir, con la promesa de «atraer inversiones» y contener un poco el precio acá, el gobierno mandaría al Congreso un engendro que sería un salto tremendo en el saqueo y la entrega. Nada para envidiarle al macrismo. Y recordemos que en 2013 CFK firmó el pacto YPF-Chevron, que le entregó el principal yacimiento de petróleo no convencional y con múltiples beneficios a esa multinacional yanqui(1).

El Ejecutivo trabaja a contra reloj para contener en su propuesta a los múltiples jugadores que existen en el negocio. Sobre todo, apuesta a garantizar las mejores condiciones para las empresas y sostener la «paz social», o sea evitando que los trabajadores defiendan sus derechos. Ah… y si entra algún dólar, será para pagar la deuda externa.

Despojo, contaminación, precarización

Aparte del aspecto económico, Vaca Muerta representa un salto en la contaminación y la degradación de zonas enteras de territorio, profundiza la dependencia de los combustibles fósiles (lo que está cuestionado en todo el mundo), extranjeriza nuestra economía y sigue concentrando en pocas manos uno de los principales recursos del país, lo que va en contra de diversificar la matriz energética y productiva.

Si quienes justifican a AF por el desastre económico de Macri revisaran los últimos 20 años de política energética en el país, verían que sigue el mismo modelo. Las petroleras se llenan de guita, los trabajadores son superexplotados, los pueblos originarios pierden territorios y la naturaleza se degrada a límites irrecuperables. ¿Beneficio para el país y el pueblo? Ninguno.

La salida no es Vaca Muerta. Es transformar por completo la estructura económica y productiva, reestatizar todo el complejo petrogasífero y energético, sin pago y con una investigación que determine los pasivos económicos y ambientales que dejan las corporaciones, prohibir el fracking y garantizar la continuidad laboral para los miles de trabajadores mientras se da la reconversión hacia energías limpias y renovables.

Martín Carcione

1 En ese momento, Alejandro Bodart presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y contaminación en grado de tentativa.

]]> https://mst.org.ar/2019/09/25/manana-12-hs-escrache-secretaria-de-ambiente/ Wed, 25 Sep 2019 21:02:00 +0000 https://mst.org.ar/?p=20022 Bodart: “En Vaca Muerta se incendia el modelo de saqueo y contaminación, en eso no hay grieta”

Alejandro Bodart, dirigente del MST y candidato a diputado (FIT-Unidad) informó que mañana a las 12 harán un escrache a la Secretaría de Ambiente de la Nación (San Martín 451): “En 2013 denuncié a Cristina Kirchner por su Decreto 929 que abrió la puerta al saqueo y la contaminación de Chevron en Vaca Muerta. Macri empeoró todo y Alberto Fernández encima quiere hacerlo ley. Hoy las consecuencias son incendios, sismos y nueve trabajadores muertos sólo en lo que va de este año. En Vaca Muerta se incendia ese modelo, en el que no hay grieta. Ambiente no hace nada ante la crítica situación que se vive allá, con un pozo incendiado hace días y ‘accidentes’ recurrentes”. En la protesta estará también la joven dirigente y candidata a diputada Cele Fierro.

Bodart remarcó que “la juventud hoy protagoniza una verdadera revolución verde global, señalando al capitalismo como responsable de los desastres ambientales que ponen en riesgo el futuro. En la ONU Greta Thunberg denunció a Macri y otros gobiernos por contaminadores. Mientras que los Fernández se aprestan a legalizar esa entrega y hacer de Vaca Muerta una política de Estado, sólo desde el MST en el FIT Unidad planteamos poner fin al fracking, la megaminería y demás actividades contaminantes”.

En la presentación de su libro en Misiones, Cristina sintetizó de manera contundente la política impulsada bajo su gobierno en esta materia. Allí dijo: “Esta expresidenta, luego de recuperar YPF, firmó el contrato con Chevron, una de las multinacionales del petróleo más grandes del mundo. ¿Quieren hacer creer acá adentro del país o afuera que estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hizo el contrato entre YPF y Chevron.” Así reivindicaba el acuerdo para explotar Vaca Muerta. Un pacto con una multinacional condenada en Ecuador por la destrucción del Amazonas, que contaba con cláusulas secretas, sociedades offshore para la fuga de ganancias y la evasión impositiva, y finalmente fue ratificado en medio de una feroz represión en la puerta de la legislatura neuquina. Toda una declaración de principios.

Macri, por su parte, decía orgulloso en el año 2017 que “Vaca Muerta va a generar una revolución del empleo en la Argentina”. Si el pacto YPF – Chevron fue el primer acto de esta obra del saqueo, Macri celebraba con esa frase el segundo: el acuerdo firmado por el gobierno nacional, la provincia de Neuquén, empresas petroleras y la burocracia sindical del sector para impulsar la producción en Vaca Muerta. Además de garantizar un precio mínimo a las empresas y comprometer obras de infraestructura financiadas por el Estado, sentenciaban la flexibilización laboral a medida de las patronales y con el acuerdo de la burocracia sindical.

¿Qué prepara Alberto Fernández en esta materia? Hace días se conoció un proyecto de ley en el que trabaja Guillermo Nielsen, parte del equipo del candidato del Frente de Todos, para “blindar” Vaca Muerta. En él se busca igualar las condiciones de inversión a las vigentes en EE.UU., incorporando la libre disponibilidad de divisas, ventajas impositivas y una garantía de estabilidad tributaria. Para ello se daría fuerza de ley a los contratos con las petroleras, por lo que para modificarlos se necesitará de una ley en el Congreso y el acuerdo de las partes involucradas. Al dar la noticia Clarín no ocultaba su regocijo y decía, “Fernández está tan convencido como Mauricio Macri que hay que hacer una apuesta fuerte a los no convencionales”. Como se ve, para unxs y otrxs, toda una política de Estado.

Las penas son de nosotrxs: contaminación y explotación

Las consecuencias de la explotación de hidrocarburos no convencionales con la técnica de fractura hidráulica – fracking – están a la vista. En un informe de finales de agosto el Observatorio Petrolero Sur señalaba que en lo que va de 2019 se han registrado 124 sismos en las zonas cercanas a Vaca Muerta. Pueblos como Sauzal Bonito, en Neuquén, dan muestra de esto con daños en sus viviendas.

Hace unas semanas una fuga de gas e incendio en un pozo en las cercanías de Loma La Lata llegó a las noticias nacionales. No es un hecho aislado. Solo en 2018 se registraron alrededor de mil “incidentes ambientales”, y la propia provincia de Neuquén reconoce que se producen un promedio de 2 derrames por día. Los habitantes de localidades como Allen han registrado incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de frutales, aguas tóxicas derramadas sobre terrenos de cultivo.

A esto debemos sumarle la recurrencia de los accidentes laborales. Según registra OPSur, durante 2018 se murieron 5 obreros de Vaca Muerta. Explosiones en los pozos, aplastamiento, golpes, quemaduras por incendios. Todos tienen un denominador común: el incremento en la intensidad de la explotación laboral, particularmente luego del acuerdo de flexibilización laboral.

La aceleración de los ritmos de trabajo y la reducción de los “costos” laborales está en el núcleo del acuerdo de 2017 firmado por el burócrata Guillermo Pereyra de Petroleros. Agrega un anexo al Convenio Colectivo de Trabajo, específico para los trabajadores de los no convencionales. Allí se establecen metas de productividad, disminuyen la cantidad de trabajadores por pozo, reducen las medidas de seguridad, incrementan los controles de ausentismo e implementan la rotación de funciones. Además, eliminan el pago de horas de traslado hacia los pozos (en muchos casos llegan a ser 2 o 3hs), reduciendo así los salarios. Toda una reforma laboral a escala de Vaca Muerta.

Las vaquitas son ajenas (y custodiadas)

El 17 de septiembre se conoció la resolución del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, en la que se amplía la zona de actuación de la Gendarmería Nacional para incluir a Vaca Muerta, considerada como “recurso estratégico”. La militarización de la zona con la presencia de Gendarmería actúa como resguardo de los intereses de las corporaciones.

La medida se da en el mismo momento en que se conoce la suspensión de 1000 trabajadores de distintas empresas que operan en la zona. La represión y la militarización han estado íntimamente vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta desde sus inicios. El Estado ha puesto su aparato represivo al servicio de garantizar el negocio de las multinacionales. La represión a la comunidad mapuche, cuyas tierras han sido arrebatadas por las petroleras, es una clara muestra de esto, como pudo verse en el asesinato de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Se busca disciplinar a los trabajadores y a los pueblos de los territorios considerados como “zonas de sacrificio”. Todo el andamiaje legal y represivo del Estado garantiza la soberanía de las multinacionales sobre esos territorios. La militarización viene a sellar lo que los pactos, leyes y convenios laborales establecían: un estado de excepción a medida del saqueo imperialista.

Enfrentar el consenso de Vaca Muerta

En “El Capital” Marx decía que la producción capitalista no avanza “sino socavando, al mismo tiempo, los dos manantiales de toda riqueza, la tierra y el trabajador”. Vaca Muerta es una síntesis explosiva de esto. Se combinan allí la flexibilización laboral y la depredación ambiental, todo en función de sostener las ganancias del capital imperialista.
Es precisamente por ello que existe un consenso en torno a Vaca Muerta entre todas las expresiones políticas del régimen. Y no se trata solo de expresiones de deseo. La explotación de hidrocarburos no convencionales ha sido uno de los aspectos de más marcada continuidad entre el gobierno de CFK y el de Macri. Cada uno dio pasos fundamentales para su consolidación. Y Alberto Fernandez promete avanzar en el mismo sentido.

Frente a esto, sólo desde la izquierda nos posicionamos claramente contra el modelo Vaca Muerta en todas sus dimensiones. Sostenemos que las multinacionales se tienen que ir, que hay prohibir el fracking garantizando la reconversión laboral de todos los trabajadores, nos oponemos a la reforma laboral, defendemos los derechos de los pueblos originarios y enfrentamos la represión de Bullrich y su Gendarmería.Para fortalecer esta perspectiva en las calles y en el Congreso, sumate a construir el MST en el Frente de Izquierda – Unidad.

Luis Meiners

Al respecto Raúl Gómez agregó “Esto no es un error del modelo, es parte central de su matriz energética, la cual comparte con toda la oposición de derecha. Por eso ni UNEN, ni  el viejo PJ proponen algo diferente. La única garantía de soberanía energética que tenemos es la nacionalización real de todo el petróleo y que sean los mismos trabajadores y usuarios quienes decidan cómo y porqué se utiliza, mientras ponemos en pie otro modelo energético”.

Por Jorge Orovitz Sanmartino

La política petrolera ha sido desde principios del siglo XX un tema fundamental de la historia del desarrollo nacional. Tanto por sus implicancias estratégicas para el impulso industrial, que sólo se logra sobre la base de una robusta base energética; como para la soberanía nacional, ya que se trata de un recurso escaso, limitado y por el cual las grandes potencias lanzan guerras e invaden países; también lo es en relación a la distribución de la riqueza entre los distintos sectores sociales, por la puja constante en torno al reparto de la renta; y por último, por las implicancias ambientales que ha cobrado en las últimas décadas, producto de la urgente necesidad de abrir caminos alternativos en la búsqueda de energías renovables y limpias. En estos cuatro puntos fundamentales, el acuerdo con la norteamericana Chevron tiene implicancias regresivas para el país. El acuerdo está enfocado en la explotación de la técnica del fracking, lo que significa la adopción por parte de Argentina de la tecnología y la forma de explotación que quieren las grandes corporaciones petroleras norteamericanas. Se inscribe incluso dentro de la política geoestratégica norteamericana de promover este método en el mundo de la mano de sus empresas. Se mencionan las fuertes presiones del Departamento de Estado cuando Argentina negociaba con empresas chinas. Las corporaciones norteamericanas han impedido por todos los medios, incluso mediante el chantaje y el soborno, el impulso a nuevas tecnologías y energías limpias en todo el mundo, imponiendo la cultura de la energía fósil como si fuera inevitable y natural. Obligaron al gobierno norteamericano a rechazar el acuerdo de Kioto sobre reducción de emisiones de carbono, o la tecnología del auto eléctrico, o impusieron, mediante un fuerte lobby en el congreso norteamericano, la enmienda Hulliburton que permitió la utilización de químicos contaminantes en la explotación por el método de fractura hidráulica, que ha contaminado a poblaciones enteras en EEUU y por el que se ha declarado una moratoria en la utilización de este peligroso método en muchos Estados. Por lo tanto, el acuerdo orienta a YPF por el camino que pretende Chevron, dejando de lado la inversión para la explotación de petróleo convencional, por ejemplo las plataformas marítimas, y para la diversificación de las energías alternativas. Al concentrarse en el fracking sabemos desde hoy que YPF se desentiende de invertir en una nueva matriz energética, de las consecuencias ambientales y humanas de su aplicación y de la pesada carga que Chevron lleva tras de sí en su deuda ambiental con los pueblos amazónicos del Ecuador.

Además, las rentas sobre la exportación son apropiadas por la empresa, que sumada a la libre disposición de las divisas, bloquea la soberanía sobre la mitad de la producción, fomenta la fuga de capitales (el mismo gobierno acepta que en 8 años se recupera la inversión con lo que luego de ese período la fuga de divisas tenderá a profundizarse) y, al no cobrar retenciones sobre una poción de la exportación, bloquea la distribución de la renta para capitalizarla en la industria o distribuirla hacia el trabajo impulsando el consumo.

Se dice que este es el costo inevitable para recuperar la soberanía energética pues YPF no tiene el dinero suficiente para realizar las inversiones. Este argumento contradice todo lo dicho por la empresa y el gobierno en 2012, pues el plan preveía que un 68% de la financiación se realizaría con las propias utilidades y flujos de caja de la empresa, el 20% sería mediante financiación nacional, y sólo el 12% provisto por socios internacionales[2]. Incluso si fuera inevitable la toma de créditos internacionales, éstos podrían hacerse con bajos intereses, respaldado por el stock del carburante, y permitiría que toda la ganancia quedara en manos del estado nacional. Y sobre todo se podía avanzar por la vía de la integración energética latinoamericana con países de amplia experiencia y socios más fiables como Bolivia, Venezuela y Ecuador. Con la Chevron se abandona cualquier intento de avanzar seriamente por el camino de esta integración. La lógica de que los países del sur no tienen dinero suficiente para invertir por sí mismos es muchas veces un mito más conveniente para la situación de 1930 y 1940 que para el mundo globalizado de hoy con liquidez internacional creciente y sobreproducción.

Otro argumento es el de la incorporación de la nueva tecnología. Pero YPF ya explota esta técnica y extrae con ella diez mil barriles diarios y en todo caso, si se necesitara multiplicar la explotación, podría contratar dicha gestión y tecnología, en vez de entregar a cambio de ella el 50% de la explotación. La única razón de peso es el tiempo, pues con Chevron el flujo de divisas, que podría compensar la decreciente balanza comercial, se haría de manera inmediata, pero este razonamiento cortoplacista atenta contra la solución estratégica de los problemas. También en este aspecto es preferible, como se dijo, tomar crédito a bajo interés.

Vaca Muerta, se insiste, colocaría a la Argentina en una posición de exportador con renovada fuerza. Pero lo que debe discutirse es si ese es el rol que pretendemos para nuestro país, o más bien, queremos utilizarlo para las necesidades internas y guardarlo para las generaciones futuras, mientras se encara una transición planificada hacia nuevas energías renovables.

A pesar de que aún no se conocen los términos del contrato, trascendió que los tribunales arbitrales sobre diferendos del acuerdo serán extranjeros, específicamente norteamericanos y franceses, lo que lesiona la soberanía política y económica nacional, dejando al país a merced de fueros imperiales tal como se denunció en el tema de la deuda con los fondos buitres. Ahora, se insiste en repetir de manera contumaz la película del CIADI.

¿Qué otras sorpresas encontraremos en el contrato? Podemos prever que muchas, pues a diferencia de las grandes presentaciones y puestas en escena del año pasado con motivo de la nacionalización parcial de Repsol, o la importante apertura al debate sobre la ley de medios, esta vez el Poder Ejecutivo ha decidido primero avanzar en un nuevo marco regulatorio mediante decreto y no por ley, y en segundo lugar no dio a conocer los términos del acuerdo con la empresa. Los secretos de palacio nunca han llevado buenas noticias a las grandes mayorías.

Mientras se defendió la nacionalización parcial de YPF el año pasado, los argumentos a favor de la explotación nacional de los hidrocarburos brotaban por doquier, y se expresaron en la consigna de una empresa “100% nacional”. Ahora, Argentina parece impotente para realizar lo que viene haciendo desde décadas, la explotación del subsuelo para extraer petróleo. El año pasado, se podía conseguir recursos, ahora es imposible. Antes con nuestros técnicos y nuestra voluntad podíamos retomar el camino del autoabastecimiento, ahora no nos queda otra que depender de acuerdos leoninos con la más sucia y contaminante de las empresas.

No se trata de rechazar cualquier tipo de asociación para la explotación de un recurso, lo que está en discusión es si este acuerdo es favorable al país y si no se debía abrir el más amplio y democrático debate sobre el futuro de la política energética. En este debate también debe discutirse el ahorro de energía. Por caso, toda la inversión del primer año de Chevron, 1240 millones de dólares, equivale al monto que el país gastó en la compra de gas natural licuado en 2013 hasta el mes de mayo. ¿Estamos dispuestos al ahorro de recursos y a eliminar los subsidios a las clases medias altas para crear un fondo de fomento y desarrollo de la energía?

Cuando el gobierno nacional expropió las acciones de Repsol y se hizo con el control de la compañía apoyamos la medida. Era lo que veníamos reclamando desde hacía mucho tiempo. Pero también dijimos que lo hacíamos no porque estuviéramos conformes con la totalidad de las medidas adoptadas sino porque era un paso que permitía abrir el debate sobre la política petrolera. Lo apoyamos con severas críticas. En primer lugar al balance de la política petrolera desde el 2003, pues si es cierto que la privatización corrió por cuenta del menemismo, el kirchnerismo le dio continuidad e incluso, al pretender “argentinizarla” con el grupo Petersen, terminó por acelerar su desinversión y vaciamiento que devino en la dramática necesidad de importar cada vez más gas y otros combustibles. En segundo lugar, porque dejaba intactas las normativas sobre inversiones extranjeras de la época de la dictadura militar y de desregulación petrolera del menemismo. En su momento dijimos que: “Sobre el trasfondo del 51% de las acciones hay que avanzar de manera sistemática sobre la totalidad de la empresa para que pase a ser propiedad del Estado, con control social y de los trabajadores y avanzar hacia una política que contemple al 70% restante del mercado energético, hoy repartido entre un puñado de transnacionales como Total, Exxon, Chevron, Panamerican Energy o Petrobrás (la imagen misma del ejemplo para el gobierno de Cristina), que se están beneficiando, hoy en día y a cada minuto que pasa, del mismo régimen de dividendos, sobreexplotación y desinversión que Repsol”[3]. Y abrimos el interrogante sobre si en base a la renacionalización parcial se avanzaría por el camino de la soberanía nacional o se le entregaría para su explotación a otras corporaciones. Tenemos que decir que estamos más cerca de esta última opción que del “100% nacional”.

Ahora, queremos llamar a la reflexión a todos aquellos militantes o simpatizantes del gobierno que se han entusiasmado con aquella convocatoria de 2012 a la recuperación de YPF y que llevaban orgullosos escarapelas celestes y blancas en sus pechos. Hay que hacer como Arturo Jauretche y como John William Cooke, que le dijeron no incluso a Perón, y rechazaron en el Congreso la propuesta de asociación con la antecesora de Chevron, la Standard Oil. Hay que seguir por el camino de las convicciones. No importa del partido que sea ni las opiniones del pasado, hace falta demostrarle a la derecha reaccionaria que se frota las manos con este triunfo ideológico de que “no hay alternativa” a la Chevron, que sí la hay, que una política energética de la mano de nuestros hermanos latinoamericanos, de las inversiones del estado, de los técnicos e ingenieros de nuestro país, que diversifique y desarrolle energías renovables es posible. La derecha, por supuesto, hace demagogia con el peligro ambiental y las concesiones a la Chevron, pero lo hace explotando el punto ciego de la política neodesarrollista oficial, aquella que siempre deposita en manos de las grandes corporaciones, sean ellas Monsanto, Barrick Gold o Chevron, el destino del desarrollo nacional. En la hora actual, kirchneristas o no kirchneristas, es necesario mostrar el más amplio y macizo frente común en defensa de la soberanía energética y de la soberanía nacional. Reclamar una asamblea constituyente de la energía y la producción, para discutir democráticamente entre todos el destino que queremos darle a nuestro subsuelo, así como a los minerales y demás riquezas de nuestra tierra. Es necesario profundizar el debate entre todos los sectores que se reclaman nacionales y populares para exigir una revisión completa del decreto y de los acuerdos firmados y demostrar la viabilidad de política petrolera en un sentido latinoamericano, basado en la integración con Venezuela y otros países del ALBA y en la defensa del ambiente y las generaciones futuras.