Para la impunidad no hay grietas

Luis Chocobar, fue el oficial que en el 2017 mato por la espalda a un joven a quien se lo acusaba de apuñalar a un turista para robarle. A partir de allí se generó un gran repudio social, puesto que debiendo estar preso, fue absuelto y apoyado por el gobierno nacional anterior, por eso es repudiado en todos los lugares a los que se le asignan sus adicionales.

Los sindicatos estatales del municipio, salen con este repudio hoy, asociándolo a Grindetti y el vínculo del policía con Cambiemos. Pero Chocobar no solo ahora está en el Melo, sino que intento cumplir los servicios adicionales en el Vecinal y de ahí fue expulsado por los trabajadores; Y además viene  de prestar servicios en Avellaneda, manteniendo vínculo con Ferraresi. Por lo que no es solo el gobierno municipal de Lanús, sino también el de Avellaneda que además es del mismo signo  político que el nacional.

Pero: ¿es solo una política aislada y municipal?

Desde Alternativa Estatal, decimos que no. El gobierno provincial desde hace meses sostiene en su cartera a Sergio Berni, un excarapintada que se jacta de sus fuerzas, y que aunque quedo demostrado que no toda la bonaerense le responde, desde su rol solo incentiva al gatillo fácil, y el abuso policial.

Es de público conocimiento sus declaraciones sobre el caso de Facundo Castro, joven víctima de  desaparición forzada seguida de muerte, caso por el cual exigimos la renuncia de Berni. Pero además sus declaraciones contra los organismos de Derechos Humanos, y sobre gatillo fácil dan un perfil sobre la posición del Gobierno Provincial sobre la teoría Chocobar. Es más Berni también hizo declaraciones sobre este caso;  “Chocobar no es un asesino, lo que hizo fue con la mejor intención”

No es un policía, no es un abuso aislado, es la decisión de los gobiernos de envalentonar a las fuerzas para el control y el disciplinamiento. Ayer pedíamos Justicia por Santiago Maldonado y fuera Bullrich; hoy exigimos Justicia por Facundo Castro y fuera Berni. Es evidente que la impunidad no tiene grietas, ni se plantean cosas diferentes a la hora de proteger a quienes hacen el trabajo sucio de la represión y persecución de nuestros pibes.

Exigimos la desvinculación de Chocobar del Melo y del distrito.

Basta de impunidad

Alternativa Estatal Lanús

ANCLA/MST

Otros once aspirantes fueron internados por las lesiones, que según el gobernador Casas (PJ) sólo fueron «excesos».X
Cerca de 90 jóvenes fueron sometidos a cinco horas de ejercicios físicos extremos bajo un calor de 40°, negándoles el agua y obligados a tocar el ardiente hormigón del suelo, lo que les causó quemaduras en rostros, manos y senos.
Ante la desesperación, algunos fueron a hidratarse a escondidas en una pileta con agua podrida o en los inodoros. Estos tormentos se acompañaron de insultos y amenazas, mientras los comisarios sádicamente tomaban agua helada frente a los exhaustos.
Durante los ejercicios, Emanuel Garay cayó al piso desmayado. Fue arrastrado a un costado y lo dejaron allí por más de media hora, sin asistencia médica, hasta que empezó a convulsionar. Nunca más se levantó.

La tortura es una política de Estado

Las torturas son prácticas cotidianas en la formación de los agentes y en el abuso policial en las comisarías y barrios. Según reconoció un comisario a cargo, lo ocurrido con estos cadetes es premeditado para que deserte el 50%. Eso sí: los torturados desertan, pero los torturadores embolsan $ 11.000 por cada inscripción.
Desde hace más de dos años hay antecedentes de torturas e intentos de violación en las escuelas de cadetes de La Rioja capital y Chepes.
Ésta misma cúpula policial, hoy desplazada, había sido ratificada por los últimos dos gobernadores pese a haber cosechado el 20% de las muertes por violencia institucional desde 19831.
El 30% de dichas muertes fueron en comisarías, la cárcel o la escuela de cadetes, modernos campos de tortura donde se atropellan las garantías más elementales.
Como en todo el país, en La Rioja los miembros de la base policial son reclutados de los sectores empobrecidos, cuyos jóvenes no tienen perspectivas de trabajo o estudio y se terminan enrolando. Para reprimir a su propia clase social, los adiestran con humillación y torturas. Así «aprenden» que sólo la obediencia a sus superiores evita los martirios, incorporando las técnicas de coacción que luego ellos mismos aplicarán. La violencia y el abuso son el único idioma que conoce la policía, al servicio de proteger a los poderosos y reprimir a la juventud y a las luchas sociales.

El patriarcado viste de azul

La tortura encontró cátedra que la dictara y el instructor policial es un machista empedernido. Al desmayarse la cadeta Jaquelinen (19), un subinspector gritó: «Déjenla que se muera, tírenla a un costado que va a ser una menos». Lo sufrido por esta joven se suma a la denuncia de otra, sumariada tiempo atrás tras resistirse a la violación de un comisario.
La formación policial, fundada en los pilares patriarcales de este sistema capitalista, se ve en la indiferencia hacia las mujeres víctimas de violencia de género que denuncian en comisarías. Incluso ha convertido a los policías en victimarios de éstas: en los últimos años ya contamos al menos seis femicidios a manos de uniformados.

Cambiar de collar no sirve

Ante la muerte de Emanuel, la indignación popular generó un escrache y una movilización con más de 2.500 personas, de la que participamos. En los cánticos se escuchaba el siempre necesario «que se vayan todos». Y en sus palabras, su hermano Adrián Garay señaló: «Esto nos recuerda a momentos muy tristes de la historia de nuestro país. Queremos justicia y que haya una formación en derechos humanos».
Casas desplazó a diez funcionarios, incluido el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (!). También anunció que la escuela de cadetes pasa al Ministerio de Educación. Esta «novedosa» medida fue decretada en 2002 y jamás implementada. Busca contener la crisis para evitar cambio de fondo.
Pero con una dirección civil o policial, ningún cambio real está garantizado si el control lo sigue manteniendo el gobierno. Como prueba, el nuevo ministro de Gobierno, Moriconi, fue jefe del Regimiento 15 de Infantería, y el nuevo secretario de Seguridad, de la Fuente, es comisario general, ambos formados en instituciones represivas.

Nuestras propuestas

La policía es una institución represiva, violenta, corrupta y machista al servicio de los intereses de la clase dominante. Dejarla así y en esas manos es garantía de seguir contando nuevas víctimas. Por eso proponemos algunas medidas urgentes:
· Un plan de shock de inclusión social juvenil, con boleto educativo gratuito, becas estudiantiles y programas de empleo sin precarización ni punteros;
· Depuración policial de todo miembro vinculado a abuso de poder, corrupción, represión a la protesta social y/o violencia de género;
· Control de los organismos de derechos humanos sobre la formación de los cadetes y todo el accionar policial, reemplazando la actual instrucción represiva por una de carácter preventivo;
· Elección de los comisarios, jueces y fiscales por voto popular, con cargos revocables; autoorganización vecinal para la seguridad en los barrios; derecho a la sindicalización policial.

No a la doctrina Chocobar

El 9F, en la Multisectorial La Boca Resiste y Propone, dio una conferencia de prensa Ivonne Kukoc, la mamá de Pablo, el joven asesinado por el policía Luis Chocobar, quien pidió justicia por su hijo y que el gobierno no interfiera en la investigación judicial. Entre otros referentes de derechos humanos participó Vanesa López, del CADHU-MST (de amarillo, en la foto).
Tan burda es la defensa del gatillo fácil por parte de Macri y su ministra Bullrich, que hasta socios políticos de Cambiemos como el radical Ricardo Gil Lavedra y los jueces de la Asociación de Magistrados salieron a cuestionar la doctrina Chocobar y la «indebida injerencia» del gobierno sobre la justicia.

Task Force: un grupo de tareas
conjunto con el imperialismo yanqui

En el marco de la introducción de un salto en la doctrina represiva por parte del gobierno nacional, la ministra Bullrich anunció hace pocos días la creación de una «Task Force» conjunta con los Estados Unidos que se instalaría en Posadas, Misiones, con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico y las «actividades terroristas».
Esta resolución está acompañada de un pedido de suministros varios para la represión y un salto en la injerencia de los servicios de inteligencia estadounidenses (CIA, FBI y DEA) en nuestro territorio.
No hace falta ser un agente del recontra espionaje para darse cuenta que las intenciones de fondo poco tienen que ver con la pelea contra el narcotráfico, en palabras de la propia Bullrich, apuntan a cambiar la doctrina de funcionamiento de las fuerzas represivas hacia un esquema de disparar primero, ampliamente conocido y practicado por las fuerzas armadas y policiales yanquis, que pretende establecer un verdadero grupo de tareas en la zona de la triple frontera que funcione como escuela de represión interna.
Desde el MST – Nueva Izquierda rechazamos de plano cualquier intervención imperialista en nuestro territorio como también exigimos el desmantelamiento de cualquier iniciativa de este tipo que ya se encuentre en desarrollo. Lo mejor que puede hacer Bullrich por la seguridad del país es renunciar ya mismo por ser responsable de la represión en general y los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en particular.

Majo González

Repasemos los hechos. El 8 de diciembre, en La Boca, Pablo y otro joven atacan a un turista yanqui para robarle una cámara. Fue apuñalado, pero sobrevivió. Los jóvenes huyen. Algunos vecinos los paran para recuperar la cámara (según la madre de Pablo, uno de ellos era amigo de él). En eso aparece corriendo el policía Chocobar, de civil, a los tiros. Persigue a los jóvenes un par de cuadras, siempre disparando. Un balazo le rompe un fémur a Pablo y cae. Chocobar se acerca a pocos metros y le vuelve a disparar en la espalda. A los tres días, Pablo murió.
Sin duda, es un nuevo caso de gatillo fácil. Primero, Chocobar estaba de civil y no se identificó. Segundo, mintió al declarar que tiró en defensa propia: “Disparé porque se venía contra mí y tenía miedo”. Nunca Chocobar corrió riesgo por parte de Pablo, como bien lo dice el juez Enrique Velázquez que lo procesó: “De las imágenes captadas por el domo instalado en la esquina de Irala y Suárez se observa que al momento de recibir los disparos corría por esa última arteria, sin darse vuelta en ningún momento y se encontraba a varios metros de distancia del oficial”. Y tercero, el video es irrefutable: estando Pablo tirado en el suelo, herido y boca abajo, desde muy cerca Chocobar le dispara de nuevo, por encima de la cintura, para matarlo.

Licencia para matar

Ante el procesamiento a Chocobar, Macri y Bullrich enseguida salieron a bancarlo por su “valentía”. Además de ponerle abogados, como no pueden hablar de defensa propia lo reivindican por “cumplir su deber”. Bullrich agregó: “Hay un cambio de filosofía a favor de la policía que cuida a la gente”. Incluso propuso un “cambio de doctrina” y dijo: “Vamos a cambiar el Código Penal para eliminar la figura de legítima defensa para las fuerzas policiales”. Si a asesinar por la espalda le dicen valentía, cumplir el deber y cuidar a la gente, directamente le están dando licencia e impunidad a la policía para matar.
Y es así: con Macri, los asesinatos del Estado vienen en alza. En su informe de fin de año, la CORREPI contabilizó 725 víctimas de gatillo fácil y muertes en comisarías y cárceles durante los 721 días de gobierno macrista. Es más de una muerte por día, en general de jóvenes y pobres. Si durante el gobierno kirchnerista el promedio era una cada 28 horas, con el gobierno macrista la frecuencia subió a una cada menos de 24 horas.
El contexto del apoyo oficial a Chocobar es el endurecimiento represivo generalizado que vienen aplicando el gobierno macrista y también los gobernadores. Palos y gases contra las luchas sociales, cacerías policiales y detenciones arbitrarias en protestas populares, desaparición forzada y asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por fuerzas de seguridad, presas y presos políticos, militarización de barrios populares y hasta de establecimientos públicos como el Hospital Posadas, demonización de los mapuches y otros pueblos originarios, negacionismo del terrorismo de Estado y beneficio de prisión domiciliaria a genocidas de la dictadura, detención de opositores sin condena y atropello de garantías constitucionales, censura y blindaje mediático oficialista, presiones a la justicia y campaña contra el “garantismo”.
El objetivo de semejante combo antidemocrático es simple: el plan capitalista de despidos y ajuste no pasa sin represión. Pero aparte de que el gatillo fácil es un asesinato cometido por el aparato represivo del Estado, lo cierto es que para resolver la inseguridad la mano dura ya fracasó.

Las causas de la inseguridad

La principal causa de fondo de la inseguridad no es la pobreza, sino la desigualdad social y la exclusión. Y esto se agrava si desde el poder se transmiten ejemplos de corrupción e impunidad. Es decir, las conductas delictivas en una sociedad aumentan cuando unos pocos -incluidos los gobernantes- se enriquecen a manos llenas, coimean e incluso roban sin mayores consecuencias, mientras la mayoría popular se empobrece y dejan a miles de jóvenes sin perspectivas de futuro y los empujan a la marginalidad.
En nuestro país ya hay más de un millón de “ni-ni”, pibas y pibes de 15 a 25 años que no estudian ni trabajan y donde el delito recluta mano de obra barata. Por otra parte, en los actuales institutos de menores y el sistema carcelario de adultos la mayoría está detenida sin sentencia firme, en condiciones inhumanas y el sistema penitenciario también es parte de la corrupción.
Por eso el punitivismo (endurecimiento de penas tipo “leyes Blumberg”), la baja de la edad de imputabilidad y la persecución policial contra los jóvenes no han reducido ni reducirán ni un milímetro los índices de delito. No es que por poner penas más duras ni meter más bala que los chorros van a dejar de robar. Y a su vez están los delitos de “guante blanco” y los grandes delitos económicamente organizados (narcotráfico, tráfico de armas, trata y explotación sexual, piratería del asfalto), que sólo pueden funcionar gracias al amparo policial, judicial y político.
Insistimos: detrás de cada pibe marginal que afana un auto, siempre hay algún comisario, juez y/o puntero que protegen el desarmadero. Y lo mismo detrás de las “cocinas” narco o las redes de trata. Por eso, para disminuir de verdad la inseguridad pública, hay que tomar medidas efectivas para achicar la desigualdad y la marginalidad, a la vez que desmontar todo el andamiaje policial e institucional de violencia, connivencia y protección al delito.

Nuestras propuestas

En lo económico. Aplicar un plan de shock de inclusión educativa y laboral juvenil con becas y empleo. Prohibir por ley los despidos, suspensiones y contratos basura, y parar el recorte de los planes sociales. A mediano plazo, reducir la brecha social y generar trabajo y salarios dignos mediante un plan económico obrero y popular financiado, entre otras medidas, en base a fuertes impuestos a las corporaciones y grandes fortunas y a la suspensión de los pagos de la deuda externa.
En lo judicial. Para democratizar el sistema judicial y hacerlo independiente del poder de turno, hay que elegir a los jueces y fiscales por voto popular, sin privilegios, con mandatos limitados y revocables en caso de incumplimiento. También implementar en todo el fuero penal los juicios por jurados populares, con vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral. Declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (que no venzan). Derogar toda la legislación represiva.
En lo policial. Fuera Bullrich. Depurar las policías y fuerzas de seguridad de todo implicado en hechos de represión o corrupción. Elegir los comisarios por voto popular, para que deban rendir cuentas a los vecinos y no al gobierno. Control de las comisarías por organismos de derechos humanos. Autoorganización en los barrios para coordinar rondas y otras formas de vigilancia. Derecho a la sindicalización de los agentes, para poder canalizar sus reclamos y denunciar a los jefes corruptos sin temor a represalias.
Sólo con estas medidas es posible combatir realmente la inseguridad que hoy padecemos.

Pablo Vasco, CADHU-MST