Escribe: Emilse Saavedra

Yanina era de General Alvear, Mendoza. Vivía hace 9 años en Comodoro Rivadavia, a donde vino a probar suerte, según comentan sus familiares. Madre de tres niños, uno de ellos vivía aquí con ella en la ciudad. Al momento del femicidio no se encontraba con ella y hasta hoy no sabe qué pasó con su mamá. Ella había logrado que le tomen una denuncia por violencia de género y que se dicte una restricción perimetral, pero nada de esto alcanzó.

¿El Estado dónde está?

Desde el arranque de la cuarentena, hemos alertado que la violencia no cesó y que tener que atravesar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio junto a quienes nos violentan muestra la nula acción del Estado para protegernos. Ya había dado cuenta de esta situación el desborde de la línea 144, que como sabemos, luego no se traduce en políticas que asistan a las víctimas para que dejen de serlo. Es que si no hay refugios de tránsito para salir del domicilio compartido con el violento; si no hay subsidios para garantizar la independencia económica y romper esa coerción que también actúa; si no hay asistencia jurídica y psicológica gratuita en tiempo real para asistirnos; si no hay monitoreo sobre el violento con tobilleras y se responsabiliza a la víctima de alertar ante violaciones a la perimetral pero ni siquiera hay botones antipánico, toda denuncia cae en saco roto. De esta manera, difícilmente pueda alguna mujer liberarse de quien la violenta. Por eso decimos que el Estado es responsable.

Pero no es casual que las instituciones no den respuestas. En 2017 se dictó en la provincia la emergencia en violencia de género con una vigencia de dos años y planteaba, entre otras cosas, la reinserción laboral de las mujeres que sufren violencia, la posibilidad habitacional para alejarse del violento y la construcción de casas refugios, es decir, todo aquello que debe estar garantizado según la ley 26.485. Sin embargo, más allá de la reiterada exigencia de parte de las organizaciones de mujeres, el presupuesto para implementarla nunca llegó. Mientras vivía, el ex gobernador Das Neves, de hecho vetó la emergencia dejando en claro sus prioridades, y el mandato de Arcioni no hace la diferencia, ya que continúa la línea de ignorar nuestro constante reclamo y en la actualidad también ignora la exigencia de implementación de la Ley Micaela, que plantea la obligatoriedad de capacitar con perspectiva de género a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Así llegamos al día de hoy.

Ni una menos, de verdad

En ese marco, nos movilizamos ayer lunes, con la exigencia de justicia. Una amplia convocatoria que recorrió el centro de la ciudad desde la plaza Kompuchewe y tuvo una parada en la Comisaría 1era, donde repudiamos a la policía, que no garantizó que se cumpla la restricción de acercamiento que tenía el femicida, y realizamos un minuto de silencio por Yanina. De la marcha participaron sus amigas y su ex pareja, padre de su niño, quien ante los medios expresó su dolor ante la pérdida que sufrió su hijo y a la vez el hecho de no saber cómo comunicarle lo que había sucedido con su madre.

Desde Juntas y a la Izquierda de Chubut y en articulación con nuestras compañeras de Mendoza nos solidarizamos con su familia y amigxs. Seguimos exigiendo la aplicación efectiva de la ley Micaela en los tres poderes, y planteamos que se extienda a la policía como funcionarios públicos y como institución que tratan directamente la violencia. Proponemos depurar la cúpula policial y que los comisarios sean electos por voto popular, con mandatos revocables y estén bajo control social. Y exigimos una vez más emergencia en violencia de género en Chubut, Mendoza y en todo el país con el correspondiente presupuesto para poder efectivizarla. Plata hay para hacerlo si se deja de pagar la fraudulenta deuda externa. Nuestra provincia, por ejemplo, pagará en Octubre 40 millones de dólares a los bonistas. Con esa plata, más la que se podría recaudar con un impuesto progresivo a las grandes fortunas y con la eliminación de los subsidios a la Iglesia antiderechos, se podría garantizar resolver todas las necesidades sociales, entre las cuales el combate a la violencia de género es una fundamental, para poder decir de verdad Ni Una Menos.

¡Justicia por Yanina!

¡Perpetua para el femicida Luis Gomez!

¡Emergencia en violencia de género ya!

¡El Estado es responsable!

A continuación dejamos el link con el escrito que nos hizo llegar Mariano Montes, hermano de Yanina: “Justicia por mi hermana Yanina, justicia por las que fueron”

https://mst.org.ar/2020/09/08/mariano-montes-justicia-por-mi-hermana-yanina-justicia-por-las-que-fueron/

No solo se tardaron más de 50 días, sino que todas las pruebas aportadas por la familia y por la comunidad mapuche han sido desechadas o ninguneadas, mientras se le dio tiempo a Gendarmería y al aparato de seguridad para borrar o hacer desaparecer pruebas y se tardó una infinidad en citar a los propios gendarmes.

Pero con contentos con esto, desde el juzgado se negaron a recibir a Sergio, hermano de Santiago, y también detuvieron por unas horas a una mujer de la comunidad mapuche. Y mientras esto sucedía, avanza un plan de hostigamiento y represión sobre l pueblo mapuche y sus comunidades. La justicia sigue demostrando su parcialidad absoluta, poniéndose claramente del lado de la Gendarmería, de Benetton y de los grandes dueños de nuestra Patagonia.

Un plan sistemático de represión como marco de la desaparición de Santiago Maldonado.

La abogada Heredia de la familia de Santiago Maldonado está en lo cierto cuando solicita que se investigue la desaparición de Santiago en el marco de un todo, que es el proceso político de represión a la Comunidad Mapuche en Resistencia del departamento Cushamen. Proceso instrumentado desde las más altas esferas de las autoridades políticas del gobierno nacional, particularmente, el Ministerio de Seguridad de Nación, con Bullrich y Noceti a la cabeza y los gobiernos provinciales de Chubut y Rio Negro, las fuerzas de seguridad, Gendarmería Nacional y las policías provinciales en la reunión del 31 de Julio en la Ciudad de Bariloche.

Los hechos confirman cada vez más, la participación deliberada del poder judicial, dividiendo tareas en el plan represivo, esta vez, con el concurso personal del Juez Federal de Esquel Guido Otranto.
Es en esa reunión de Bariloche donde se decide el golpe a la Comunidad en Resistencia de Cushamen, con la figura de la flagrancia delictual de por medio. Tal cual lo había anunciado el propio Noceti semanas antes en los medios de comunicación, una persecución sin cuartel a la “Ram” cuando realice acciones públicas y corte la ruta 40. El “golpe” persigue el objetivo político de ponerle fin a las acciones de recuperación territorial de esta comunidad que atentan contra los intereses de la Compañía de Tierras del Sud. Hoy en manos de la corporación Benetton, antiguo latifundio inglés, que sólo en Chubut detenta más de 350 mil hectáreas y se extiende a Río Negro y Neuquén. Latifundio (de casi un millón de hectáreas) construido sobre el genocidio aborigen que significó la denominada Campaña del Desierto, al servicio del despojo del territorio de los pueblos originarios de la Patagonia para la colonización capitalista de la región.

Santiago Maldonado había concurrido el día 31 a la Lof para ser parte de las acciones que reclamaban la libertad al Lonko Jones Huala preso en el penal federal de Esquel desde Mayo pasado a la espera de un nuevo juicio de extradición al Estado chileno para ser juzgado por distintos delitos imputados. Una vez despejado el corte de ruta 40 en la jornada del 31, las acciones de corte por parte de manifestantes de la Lof de la ruta continúan el día 1 de Agosto en la mañana. Tras el nuevo despeje de la ruta con un centenar de gendarmes al mando de la represión, ingresan al predio recuperado a la vera de la ruta sin orden de judicial alguna más que la lógica de una Gendarmería que se dirige a cumplir las órdenes precisas emanadas del propio ministerio de In-Seguridad de la Nación: dar cacería a los miembros de la Lof en resistencia. Son unos 40 los gendarmes que ingresan fuertemente armados y con sus jefes a la cabeza con el apoyo de camiones y camionetas y persiguen a los manifestantes que huyen hacia el río Chubut. En esas circunstancias es que a Santiago Maldonado, que se replegó junto a sus compañeros ante el avance de Gendarmería, no se lo vuelve a ver.

Mintió la Ministra Bullrich en el Senado, mienten los jefes gendarmes en los medios de comunicación y en las actas internas sobre el procedimiento, el pacto de silencio para encubrir la desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de los gendarmes, entra en acción. Una a una se fueron cayendo las mentiras a sazón de la movilización popular que crece y crece hasta hacer cambiar al propio gobierno nacional su línea política, y decir ahora que este tema “es obra de unos gendarmes díscolos” a los que se les fue la mano.

Es en ese punto donde el relevo en la búsqueda de distraer y encubrir la desaparición de Santiago por parte de gendarmería viene de la mano del Juez Guido Otranto. El mismo juez que otrora declararía la nulidad del primer juicio de extradición del lonko pedido por la justicia chilena, ante la evidencia de delitos graves en el propio proceso de detención del líder mapuche y que luego abriría una mesa de diálogo con la comunidad por el tema de paso de la Trochita por el territorio en conflicto. Ahora, el mismo juez que dio la orden de desalojar el corte de la ruta 40 el día 31/7 -y que nada dice sobre el ingreso de gendarmería al predio el 1 de Agosto que concluye con la desaparición forzada de Santiago-, se reúne en esas mismas circunstancias con Noceti para avalar la teoría del “delito in fraganti”, es decir, el aval a la cacería de mapuches. Es el mismo juez el que se levanta y sentencia ante la opinión pública por el centenario diario de los Mitre, “La hipótesis” es que Maldonado se ahogó en el rio. Su sentencia es pérfida.

Luego, la teoría evidente que fundamenta los allanamientos a las comunidades mapuche es la siguiente: “lo tienen escondido los propios mapuches”, a partir de allí lo buscan -o no-, en distintas comunidades allanadas implacablemente y al margen de cualquier respeto por las más elementales garantías democrático-legales, en Neuquén, en el tercer allanamiento a la propia Lof en resistencia, y ahora, la histórica comunidad Vuelta del Río. El fundamento visible de las acciones del juez es el siguiente: nada tiene que ver la Gendarmería, ni los estancieros Benetton, ni mucho menos el Ministerio de Seguridad en la desaparición de Santiago Maldonado, este hecho es un autogolpe de ellos mismos, son terroristas, esta gente es “muy violenta” acusa por medio de La Nación el juez Otranto, días atrás.

Otranto se tiene que ir. La movilización popular que exige investigación imparcial y exige la aparición con vida de Santiago Maldonado no se detiene, ésta es la única garantía social y política de que no haya impunidad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado del pasado 1 de Agosto.

Por eso desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores MST-FUS, hemos venido acompañando todas y cada una de las acciones  en nuestra provincia y en todo el país, exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, exigiendo la renuncia de la ministra Bullrich y que se vaya Benetton de nuestras tierras. Y cuestionando no solo al juez Otranto sino al sistema judicial, promoviendo una Comisión Investigadora independiente integrada por la familia de Santiago Maldonado, por personalidades intachables como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y otras, que trabajen por la verdad y no por el encubrimiento.

En el día de hoy, nuestra compañera Emilse Saavedra, candidata a diputada nacional por el MST, acompañó a la familia de Maldonado en la Cámara de Apelaciones de Comodoro, y nos preparamos para las próximas acciones, porque no van a poder detener el torrente de lucha y movilización exigiendo la verdad.

Maxi Masquijo, MST Chubut