Los trabajadores de Minetti siguen en pie de lucha y la patronal aun no da respuestas. Mientras los laburantes hacen malabares para evitar que les corten los servicios básicos por falta de pago, se demoran en el pago del alquiler y se les dificulta muchísimo poner la comida en la mesa de sus familias. Los patrones tienen almacenada dentro de la fábrica materia prima ociosa que podría cubrir con creces los salarios y el aguinaldo adeudado. Este solo hecho ya nos da la pauta de que los dueños no tienen ningún problema de dinero, como aducen para no pagar. Y que en cambio, lo único que los mueve es un cálculo ganancial que deja de lado todas las necesidades de los trabajadores, únicos autores de esa ganancia.

En Molinos Minetti más de 120 trabajadores producen harina y fraccionan azúcar. Es decir, productos básicos y de primera necesidad para la dieta de las y los argentinos. Y esto es clave. Esta empresa produce alimentos y en nuestro país hay gente pasando hambre a raíz de las políticas de ajuste ordenadas por el FMI e implementadas por Macri y Schiaretti. Sólo en nuestra provincia son más de 250 mil las personas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia, es decir que no logran cubrir sus necesidades alimentarias diarias. Por eso lo que está haciendo la patronal es un verdadero crimen: están especulando no sólo con el trabajo de los obreros, sino con la producción de alimentos en un momento de crisis y salto de la pobreza como el actual.

En un país con hambre, con el pan no se juega

Argentina es el quinto país a nivel mundial con mayor consumo de pan, el insumo básico para hacerlo, todos lo sabemos, es la harina. En momentos de crisis las familias reducen el consumo de muchas cosas, pero comida tienen que comprar y el pan es básico. Por eso el argumento de quiebra de una empresa que produce harina es ridículo y volvemos a decir: si tienen problemas de plata que lo demuestren abriendo sus libros contables.

Pero los socialistas del MST vamos más allá, queremos que esta empresa se declare de utilidad social, para que la producción de alimentos no quede en manos de patronales que especulan con las necesidades alimentarias de la población. Proponemos además fijar un piso de producción a precios accesibles, garantizando y ampliando los puestos de trabajo y facilitando el acceso de miles a estos productos.

La solución está en manos de los trabajadores

Este conflicto lleva años, los trabajadores han hecho todo por mantener funcionando la empresa, es hora de avanzar hacia una solución de fondo al servicio de los trabajadores de Minetti y de las mayorías populares. Opinamos que la única salida real al problema es estatizar la empresa y ponerla bajo control de sus trabajadores. De esta forma se podría poner a producir la planta en un 100% de sus capacidades -hoy sólo lo hace en un 20%- y se generarían nuevas fuentes de trabajo genuino, para ocupar mano de obra desocupada, produciendo harina a bajo costo para, entre otras cosas, cubrir la demanda del PAICOR, de los comedores comunitarios, de los merenderos barriales y los hogares de día.

Desde ANCLA y el MST apoyamos la lucha de los trabajadores de Minetti desde sus inicios, hace años. Sabemos que son sus prácticas democráticas y su voluntad de lucha las que han permitido defender los puestos de trabajo ante cada ataque de la patronal. También sabemos que no es justo que mientras ellos trabajan y luchan, los patrones con la ayuda de la burocrática conducción gremial y ante la inacción del gobierno, se queden con la ganancia y la pongan en la timba financiera en lugar de producir. Durante estos años los trabajadores del molino han propuesto innumerables soluciones, pero la patronal transformó el conflicto en algo permanente. La empresa no puede seguir jugando con el futuro de 120 familias, hay que exigir que se estatice y sea puesta bajo el control de quienes sí quieren hacerla funcionar: sus trabajadores.

Luego de dos días de toma (la segunda toma en más de 25 años) de la Universidad y de haber logrado visibilizar el conflicto, haciéndose público en todos los medios locales y provinciales, se convocó nuevamente a una asamblea, en este caso inter-claustro (triplicando la participación) en donde se votó el levantamiento de la toma y la continuidad de la lucha a través de mecanismos de protesta alternativos con nuevos cortes, vigilias, clases publicas y movilizaciones.
Recogiendo lo mejor de la gesta del ´18 y con un gran sentimiento latinoamericanista, ambas asambleas también votaron por la solidaridad con el pueblo de Nicaragua, expresando el apoyo a les estudiantes perseguides y por las más de cien personas asesinadas en las protestas contra del gobierno dictador Nicaragüense asesorado por el FMI.
Las conclusiones de estas semanas de agitada lucha y constantes actividades están a la vista de todes, el movimiento estudiantil se puso de pie y estuvo al frente de cada una de las iniciativas del C.E. marcando una gran diferencia con otros C.E. o federaciones como la FUA (dirigida por la Franja Morada) o la FUBA (UJS-PO/ Patria Grande-La Mella) que vienen planchando el conflicto y pegando faltazos a las actividades votadas por las asambleas como el estudiantazo nacional de hoy con cortes de ruta y accesos en todo el país.

Sobra fuerza para derrotar a Macri y al FMI, lo que hace falta es que las federaciones y centros se jueguen por entero a esta lucha y dejen de pensar en el poroteo electoral.
Este inmovilismo ya mencionado de UJS-PO, se evidenció en la UNPA-UARG, donde su agrupación (La Caldera) es minoría en el C.E. En conjunto con FUR (UCR), que es la conducción, esta agrupación ha adherido a todas las medidas inmovilizantes. Se han negado a realizar asambleas, optando por tomar decisiones en comisión directiva. De esta forma pretendieron resolver la movilización del 30 de agosto, a puertas cerradas y sin jugarse en serio para convocar al estudiantado. Han llegado al punto de intentar desviar el eje central del conflicto impulsando un reclamo por el boleto estudiantil gratuito, cuando lo fundamental hoy es enfrentar el ajuste de Macri y el FMI a la universidad pública. Nosotres denunciamos constantemente este seguidismo oportunista hacia la conducción que buscó obstaculizar el activismo estudiantil en su momento de mayor ascenso, aludiendo a la falta de convocatoria en las asambleas (las cuales no militaban), a las que asisten no más de 40 personas, cuestión que criticamos en cada instancia asamblearia, como excusa para no poner en debate la posibilidad de radicalizar las medidas y realizar una toma, prefiriendo medidas tibias como una vigilia simbólica antes de las paritarias. Todo esto es consecuencia directa de su rol cómplice con la conducción del C.E., que actua en connivencia con el rectorado.

Desde la JS somos claros, vamos por el 30% de aumento para les docentes, por la triplicación del presupuesto universitario y llamamos a realizar un encuentro nacional de lucha para coordinar entre todes los sectores combativos cómo seguirla hasta ganar. Vamos a seguir adelante con la lucha por la defensa de la educación pública, gratuita, Laica y científica, por una universidad feminista y eco-socialista al servicio de la transformación social.

Carlos Roca y Gonzalo Miranda
Juventud Socialista Santa Cruz

Frente a la masividad y fuerza del reclamo, decidido y sostenido por masivas asambleas, los funcionarios intentan reducirlo a una acción de unos pocos compañeros y compañeras  fogoneados por el MST y el PO  llevando adelante  escraches mediáticos a militantes y dirigentes sindicales y de la izquierda.

El colmo de esta campaña desquiciada fueron las declaraciones del vicepresidente de la cartera educativa  Ismael Enrique, quien comparó a los docentes que ocupan hace una semana las instalaciones del CPE con los torturadores de la dictadura y a los funcionarios atrincherados con los presos políticos. La caradurez no tiene límites. Los funcionarios no están privados de su libertad sino que han decidido permanecer en las instalaciones por voluntad propia, y son ellos los que atentan contra los derechos de los trabajadores tal cual lo hacían los jefes de los torturadores. Los docentes vienen reclamando desde hace cuatro meses por salarios y condiciones laborales en una provincia que es la única del país que no ha ofrecido ninguna recomposición salarial y no garantiza ni el estado de los edificios educativos, ni la salud, ni la obra social, ni el agua.

Las declaraciones de Enrique desnudan una vez más que para el kirchnerismo los DDHH sólo fueron una movida de especulación política. Por eso al mismo tiempo que se realizan este tipo de declaraciones se conocen los procesamientos por luchar de dirigentes sindicales de Vialidad, ATE y SITRAIC .

El gobierno provincial debería dejar de echar nafta al fuego y brindar soluciones para destrabar un conflicto que lleva más de cuatro meses y tiene a la provincia de Santa Cruz sin haber iniciado el ciclo lectivo.

El largo conflicto de los profesionales de la salud en CICOP sigue con nuevos paros, al igual que los judiciales bonaerenses. El miércoles 14 se confluyó con un masivo paro docente, llamado por SUTEBA Provincia, la Multicolor y otros gremios docentes. También paró ATE que marchó con organizaciones sociales.
Avanzado junio, las paritarias docentes, de médicos y judiciales no cerraron por la miseria que ofrece Vidal. No sólo no hay aumento, sino aberrantes descuentos por luchar. Mientras ATE, con esporádicas acciones, rechaza el 18% pactado por UPCN y Fegeppba.
También se lucha contra los fuertes recortes a los presupuestos de salud, educación, infraestructura y el nombramiento o pase a planta de personal. Además, contra los intentos de introducir retrógrados sistemas de «premios y castigos» como reinstalar un perimido «presentismo», los pagos por «productividad» o el sueño conservador de declarar a la educación como servicio esencial para impedir reclamos.
Plan de lucha provincial unificado
Frente a este duro ajuste, en la marcha del 14, la Multicolor coreaba: «con esto sólo no va a alcanzar, es necesario un plan de lucha provincial…». Claro. Para pararle la mano al macrismo, no basta con que la Celeste de SUTEBA llame a un parito aislado de 24hs y una modesta marcha. Es preciso convocar y exigir que se llame a asambleas de distrito y a un

Plenario Provincial de Delegados.

Así, con el mandato de base, debatir democráticamente y no entre pocos dirigentes, ese plan de lucha con una multitudinaria movilización a la gobernación bonaerense se anunció. Plan de lucha que debe reeditar la unidad, en particular CICOP y la AJB que luchan con medidas semanales, resueltas en asambleas y congresos con mandato.
La lucha debe levantar también el rechazo al Decreto 1131 con el que pretenden que se den clases en invierno y mantener los descuentos que vulneran el derecho de huelga. Junta a exigirle a CTERA un paro nacional y Marcha Federal, en apoyo a Santa Cruz, contra el privatista y flexibilizador Plan Maestr@ y el ajuste de Macri y gobernadorxs como Vidal o Alicia Kirchner.
En defensa de lo público, que nuestras luchas tengan banca
Como parte de esta lucha, en las asambleas y plenarios es preciso debatir y votar medidas que vayan en defensa de la escuela y la salud pública, por una justicia y un Estado al servicio de los jóvenes, trabajadores y mujeres, no de las corporaciones ni pooles de siembra o banqueros.
Sobre todo porque en agosto debemos votar senadores, diputados o concejales que no transen y apoyen las luchas como hacen Vilma Ripoll en la provincia, Alejandro Bodart en la Ciudad y el MST en Izquierda al Frente. Para que esas luchas tengan banca.
No es posible ponerle «límite al ajuste», como engañosamente dice Cristina K, si en agosto votamos a legisladores que después le aprueban todo a Vidal y Macri. Que dicen ser opositores, pero levantan la mano en la Legislatura para aprobar -a cambio de cargos-, las leyes impositivas, el mayor endeudamiento de la historia y los presupuestos de ajuste 2016 y 2017 como hicieron el PJ y el FPV, incluida la Cámpora, el massismo o el GEN.
El presupuesto provincial en Salud lo bajaron a apenas el 6% y en Educación recortaron $ 16.533 millones, monto que representa la construcción de 998 secundarias o 1.764 jardines de infantes nuevos… ¡Ese ajuste votaron estos opositores de pico al PRO!

Vidal: $1,2 millones. Maestras: $ 9.800

Luchamos por un aumento salarial a docentes y estatales que cubra la canasta familiar, con $15.000 de básico, el blanqueo de todas las sumas en negro y la actualización trimestral automática por la inflación real. Para eso proponemos: abajo el dietazo y los privilegios de funcionarios y diputados. La gobernadora Vidal cobra $ 72.145 por mes, sin los gastos de representación que elevan su ingreso a casi $ 100.000. Es decir, la sonriente y ajustadora Vidal gana más de $ 1,2 millones al año, si sumamos su aguinaldo. Y sus ministros cobran en promedio $ 75.637 por mes. Mientras mantienen a las maestras con un salario inicial de $ 9.800 desde agosto de 2016. Un escándalo.
Por eso planteamos que, en las asambleas de escuela, hospital o repartición, votemos el reclamo porque sea ley que la gobernadora, los funcionarios, diputados y jueces ganen como una directora de escuela de jornada completa, con 10 años de antigüedad.
Que sea ley también la obligatoriedad de educar a sus hijos en escuelas públicas y atenderse con su familia en el hospital público, además de usar el transporte público. O que lxs trabajadorxs ganemos como Vidal y sus diputados que son empleados públicos…

Medio millón de empleos y presupuestos sociales

Proponemos aumentar ya el Presupuesto Educativo al 10% del PBI y el de salud en la provincia al 10% que reclama CICOP partidas que Vidal llevó al nivel más bajo en décadas. Es posible, poniendo un impuesto especial a las corporaciones. Y el no pago de la deuda externa, en particular con los bonistas extranjeros (ver gráfico).
Con Vidal, la deuda se triplicó, hasta alcanzar los $ 241.000 millones este año. Un incremento de más de $ 160.000 millones en el año y medio que lleva de mandato. ¿Esa montaña de millones significó mejoras para la educación, la juventud o el empleo? Para tener una dimensión, con lo que Vidal recibió en dólares y deuda se puede crear medio millón de puestos de trabajo, en blanco, con 6hs y $ 25.000 de salario como proponemos para las mujeres y jóvenes, lxs que más padecen el altísimo desempleo provincial.
Con esa plata se podrían construir diez mil secundarias nuevas, es decir, duplicar las escuelas que hay en la provincia. Por eso, la deuda con la que hay que cumplir es la que mantienen con la educación, la juventud, la salud o el empleo. Para ello proponemos también eliminar los subsidios a la enseñanza privada y confesional, volcando esos $ 14.500 millones que Vidal destina a las privadas para la escuela estatal.
Por una Emergencia en infraestructura escolar y sanitaria, con comisiones de trabajadores y la comunidad para hacer los relevamientos y el control de obras. Aumento de emergencia para comedores, becas, mobiliario, útiles; así como de los insumos, medicamentos y personal en hospitales y demás reparticiones.
El bochornoso anuncio de Vidal de un Metrobus en Mar del Plata, la capital nacional del desempleo, planeando gastar $ 516 millones donde se montó sin nadie, en una vergonzosa puesta en escena Vidal, Peña y Dietrich saludan y sonríen a la nada, como muestran las fotos.
Todo bien, pero con ese monto se pueden dar 51.600 becas de $ 10 mil pesos a estudiantes para poder recibirse. O crear 17.000 puestos de trabajo para la juventud por $ 25.000 de salario y 6 horas por un año. Lo opuesto a los contratos basura de tres meses y la precarización o el «negreo» -como le dicen en el barrio-, que Vidal y Macri PRO-mueven.
Con medidas como éstas, podemos empezar a salir de las leyes de «emergencia» declaradas por el PRO con el voto de la «oposición» patronal, que apuntan a un Estado flexibilizado, con más tercerización, precariedad laboral y privatización. Adoptando medidas de emergencia, a favor de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

En estas horas en que el conflicto parece entrar en la fase decisiva es importante analizar a fondo el proceso al que estamos asistiendo.

Las características y antecedentes de conflicto son la clave para entender la magnitud y los alcances de una lucha que ya podemos calificar como histórica.

La crisis y cuestionamiento a la burocracia sindical.

El desborde y la rebelión desde abajo, que marcan al conflicto actual, es el remate de un proceso que viene desde hace más de seis años en la seccional Córdoba de la UTA, donde una burocracia decadente y acorralada no ha podido recomponerse ante la bronca y la organización que viene de abajo.

Esta bronca hizo que en el año 2011 la burocracia se dividiera en las elecciones y el sector triunfante encabezado por Alfredo Peñaloza se impusiera a la conducción histórica.

Esta ala de la burocracia, con el objetivo contener los cuestionamientos crecientes,  consiguió un acuerdo con las patronales locales para poner en práctica otra modalidad de pago, que arrojaba un plus salarial para Córdoba en comparación con la paritaria nacional.

En ese convenio local el porcentaje de aumento salarial se imponía primero al básico y al presentismo, y esa mejora resultante recién después se trasladaba a los ítems de laudo y tareas previas, lo que arrojaba una cifra mayor de aumento en comparación al convenio nacional.

Pero la crisis era muy profunda y la burocracia acumuló roces, divisiones y enfrentamientos y en 2015, Ricardo Salerno le arrebató a Peñaloza la conducción de UTA en Córdoba.

Los enfrentamientos entre las fracciones de la burocracia, reflejando el cuestionamiento de creciente de las bases, continuaron precipitando la crisis. Un conflicto con choferes de la empresa Ersa (una de las cuatro que tienen la concesión del transporte en la ciudad) por la reubicación de la punta de línea en Toledo y el futuro incierto de los choferes de Autobuses Santa Fe (Hoy Aucor-Grupo Ersa) en 2016, se llevaron puesta la conducción de Salerno.

Ante esto y con el objetivo de encauzar la crisis la burocracia de UTA Nacional puso al interventor Luis Arcando en Córdoba, destituyendo a Salerno por “incumplimientos del estatuto”. La intervención negoció el traspaso de los choferes de Autobuses Santa Fe a Aucor (Ersa).

En marzo de este año las elecciones de delegados de todas las empresas marcaron el punto más alto del proceso. Fueron elegidos (y reelegidos) mayoritariamente delegados y delegadas que pertenecen a distintas agrupaciones opositoras. Pero fundamentalmente surgió un cuerpo de delegado/as combativos que tienen como método excluyente la asamblea de base, la consulta permanente y la democracia obrera.

Lo más representativo de este fenómeno lo constituyen las combativas delegadas de la empresa estatal de Trolebuses (TAMSE), quienes desde su doble condición de mujeres y trabajadoras son el componente más dinámico y representativo de la conducción del conflicto. Hecho inédito en un gremio mayoritariamente “masculino”, y por ende con un arrastre de prejuicios y prácticas machistas.

La coyuntura nacional y el techo salarial.

A tono con la traición del conjunto de burocracia sindical nacional, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) llegó a un acuerdo salarial, a principios de mayo de este año, con las empresas del sector de un aumento del 21% en tres tramos. El acuerdo fue anunciado el jueves 1 de junio por el burócrata de la UTA nacional, Roberto Fernández, quien justificándose explicó  que el aumento sería retroactivo a enero, no remunerativo.

Al no ser homologado al convenio particular de Córdoba, el aumento real en el bolsillo de los y las trabajadoras significa un 8% de aumento hasta diciembre de este año. Lo cual fue rechazado unánimemente por las y los trabajadores y así planteado por las y los delegados ante la intervención del sindicato que se lo quería imponer.

Semejante ataque al bolsillo y a las subsistencia misma de las y los trabajadores se da en el marco de la feroz ofensiva ajustadora del gobierno nacional intenta desplegar contra el pueblo y los trabajadores, con la complicidad de la burocracia sindical.

Por eso las y los trabajadores de UTA Córdoba son claros y contundentes: reclaman que el 21% que se dio en paritarias en Buenos Aires no se pague desglosado en 3 cuotas. Se pague de una sola vez trasladado al básico de Córdoba, en forma retroactiva al mes de enero para evitar que se incremente el deterioro del poder adquisitivo de su salario.

En este marco la patronales y gobierno del Radical Mestre se envalentonaron y pensaron que la burocracia de la intervención disciplinaría a los trabajadores e hicieron oídos sordos a las señales (asambleas de base, suspensiones del servicio y evidente voluntad de lucha), que indicaban que semejante acuerdo a la baja sería más que rechazado y repudiado como cualquier acuerdo perpetrado por la intervención a espalda de los trabajadores.

Como un hecho anunciado las  y los trabajadores de las cuatro empresas paralizaron el lunes 5 de junio el servicio de transporte urbano en rechazo al acuerdo en la paritaria nacional.  Durante el fin de semana anterior habían realizado asambleas en las puntas de línea que ya habían afectado el servicio. Allí discutieron y votaron las medidas de fuerza, lo que explica la contundencia de la medida que están llevando a cabo.

A la par del reclamo salarial se expresa el componente democrático que surge de las bases, y por eso levantan la exigencia del fin de la intervención a la seccional Córdoba por parte de la burocracia de Roberto Fernández y el llamado imediato a elecciones de la seccional.

Como un intento de sofocar la rebelión los empresarios amparados en el decreto de ilegalidad de la huelga, hecho por el gobierno provincial y la complicidad del gobierno municipal, han comenzado a enviar telegramas de despidos como un intento brutal de quebrar la determinación de lucha de las y los trabajadores.

Las y los trabajadores de UTA Córdoba marcan el camino.

La atención y simpatía que el conflicto está provocando a nivel nacional dan cuenta de que se trata de un conflicto casi testigo y señero para el conjunto del pueblo y los trabajadores.

Ya es más que claro que para el conjunto los y las trabajadoras del país una victoria de las y los trabajadores de UTA de Córdoba sería un gran golpe a la política de ajuste de los gobiernos municipal, nacional y provincial.

Consecuentemente, para el intendente Mestre, el gobernador Schiaretti, Macri, la patronal y la burocracia interventora derrotar el reclamo de los trabajadores del transporte de Córdoba es un objetivo de carácter estratégico.

Es evidente que esta lucha, encabezada por mujeres combativas que ponen por delante las prácticas democráticas, marca el camino y el método eficaz para que las y los trabajadores de todo el país podamos enfrentar y derrotar al ajuste y el techo salarial, que en el año electoral los gobiernos y las patronales nos quieren aplicar.

Las claves de la contundencia y combatividad de la huelga están en la definición que las delegadas remarcan en cada intervención en el acampe: «tienen que saber, que esto lo resuelven las bases». Repiten como una sentencia, que sacude de temor a la burocracia, al gobierno y la patronal.

A pesar de la determinación de las y los trabajadores la pelea no es fácil. En las últimas horas el conjunto la burocracia sindical de la provincia ha desembarcado en el conflicto, con un gesto de supuesta solidaridad, que sólo tiene como objetivo  “poner el conflicto en caja” y evitar un precedente que sabe letal para el modelo sindical que la sostiene: no pueden admitir que delegados votados por la base y que tienen el método de consulta permanente a los trabajadores se sienten a negociar en una paritaria y sean legitimados.

La salida de fondo: Un transporte estatal bajo el control de los usuarios y las y los trabajadores.

El gobierno, la patronal y la burocracia mediante sus medios de comunicación a sueldo intentan aislar a las y los trabajadores reproduciendo mentiras y azuzando prejuicios, acusándolos de tomar de “rehenes” a los cordobeses.

Es cierto que los cordobeses, que estamos pagando el boleto de transporte más caro del país, somos rehenes. Pero no de las y los trabajadores que reclaman salarios dignos y mejores condiciones laborales y de servicio, sino del Intedente Mestre y de los empresarios que sólo buscan aumentar sus ganancias. Las empresas de transporte recibieron -sólo el año pasado- 7 mil millones de pesos en subsidios.

Las desorbitantes ganancias de las patronales jamás redituaron en mejora alguna de un pésimo de servicio de transporte que los cordobeses sufrimos desde hace décadas.

Lo cierto es que si Mestre y los concejales viajaran en colectivo, el conflicto ya se hubiese resuelto. El servicio de transporte en Córdoba es pésimo y carísimo, porque el intendente prioriza los negocios con los empresarios del transporte y no le importan los miles que cotidianamente dependen de un colectivo para trasladarse. Deciden sobre el precio del boleto, las unidades y los salarios de las y los trabajadores, los que se trasladan en auto con chofer.

Ninguna salida real a este conflicto puede venir de una lógica que hace de un servicio público un negocio capitalista. La única salida de fondo al problema estructural del transporte, crónico en la ciudad de Córdoba, es la estatización de todo el servicio público de transporte bajo el control de los usuarios y los trabajadores.

La primera condición para avanzar en ese objetivo es lograr el triunfo la lucha de las y los  trabajadores del transporte. Desde la Corriente Sindical del MST  estamos convencidos: sí ganan ellos, ganamos todos. Por eso debemos imponer a las direcciones sindicales un paro provincial en solidaridad con las y los trabajadores de UTA, que defina la pelea a su favor.

Raúl Gómez

Secretario General Adjunto CTA Autónoma de Córdoba

Dirigente de la Corriente Sindical del MST

Estamos reclamando que el 21% que se dio en paritarias en Buenos Aires no se pague desglosado en 3 cuotas. Se pague de una sola vez trasladado al básico de Córdoba, en forma retroactiva al mes de enero. Esa es la lucha firme por la que estamos acá.

¿Piden elecciones en la seccional de UTA de Córdoba?

Las bases tienen ese pedido, pero esta lucha es netamente salarial.

¿Qué apoyo han tenido del gremio?

La UTA de Córdoba no nos ha recibido nunca. Y de UTA nacional ha llegado el Sr. Kiener y nosotros suponemos que al ser nuestro representante gremial viene a traernos una respuesta favorable… pero ayer estuvo en Córdoba y no nos llamó. No se quiso presentar ni reunir en todo el día.

¿Que nos podes decir de la actitud del gobierno y de la patronal?

Bueno lo que es la burocracia sindical y la burocracia patronal de los empresarios esta todo ligado a lo mismo. Nos estaban desoyendo de todos los lados. Nosotros agotamos todas las instancias legales y de diálogo para tratar de destrabar el conflicto. Veníamos haciendo asambleas informativas para que toda la gente se informe de sus derechos y se desencadenó esto cuando se toma una actitud ilegal de UTA nacional. Toman una paritaria sin tratarla con las bases, eso es ilegal.

¿Cuánto días hace que están en conflicto?

Hoy es nuestro cuarto día de paro. En todas las asambleas informativas que hemos hecho, hemos informado y concientizado bien a las bases. Es por eso que estamos firmes. Firmes y duros en nuestra lucha ya que cada uno conoce su derecho.

El paro es por tiempo indeterminado hasta que se consiga lo que queremos. No nos pueden tener de rodillas para que las patronales avancen sobre nuestros derechos y que con tal de resguardar nuestro trabajo recibir migajas. Un pueblo que no está informado y que no conoce sus derechos es un pueblo adormecido. Por eso los compañeros de UTA nos hemos manifestado y alzado nuestra voz luchando por un salario digno. Y todos estamos informados qué es lo que nos corresponde.

¿Intentaron quebrarlos con 80 despidos?

Nosotros consideramos que son actos arbitrarios e intimidatorios y de persecución hacia nosotros. Entendemos que los despidos son ilegales. Primero porque están mal redactados. Deben ser firmados por el presidente de TAMSE Trolebuses, Fernández, y son firmados por otro funcionario que no tiene un cargo con peso legal para que tengan fundamento los despidos. Segundo, el Ministerio de Trabajo en el 2016, en un conflicto sobre el tema de paritarias igual a este, se declaró incompetente.

Entonces, si era incompetente para tratar el tema de paritarias, es incompetente para apoyar a las empresas y avalar los despidos hacia los trabajadores y es incompetente para declarar la conciliación obligatoria.

¿El gobierno está utilizando medios afines para tratar de desprestigiar la medida y aislarlos de la población?

Los medios son comunicadores sociales y por ende son formadores de opiniones. Es muy importante ver qué grado de responsabilidad tienen con toda la sociedad a la hora de transmitir una información. Siempre se ha escuchado la campana de la burocracia sindical y del empresario. Al obrero, al trabajador, muy poca prensa se le daba. Trataban de desprestigiar esta lucha y de enfrentar obrero con obrero, que son los usuarios.

¿Quiénes se han solidarizado con el conflicto?

Hemos recibido la solidaridad de todos los gremios de Córdoba y de gremios de Buenos Aires también, es una lista larga para detallarla ahora. Los partidos sociales y de la gente que está militando se han acercado. Todos han dicho que nuestra lucha es genuina y que es justa. Entonces no entendemos como nuestra seccional y nuestro gremio no se da cuenta.

Como delegada de los troles que están manejados por compañeras ¿tienen algún reclamo particular?

Nosotros venimos denunciando el vaciamiento sistemático en nuestra empresa por qué no queremos que se la lleve a la privatización. Queremos que siga siendo estatal. Hemos pedido informes sobre los subsidios que recibió nuestra empresa. En el último cuatrimestre han recibido 120 millones en subsidios.

Somos una empresa chica. Tenemos 278 empleados. Sabemos de esas sumas recibidas en subsidios y no la hemos visto reflejadas en mejoras de condiciones de trabajo ya que las unidades tienen más de 28 años y hay unidades que han traído de paliativos que el año que bien cumplen 10 años. Cumplen su ciclo de vida útil y esos coches, esas unidades nos la han dado por que las dejaron de usar los colectivos diferenciales. Esas unidades estaban pensadas para un servicio diferenciado y la están utilizando para un servicio de transporte urbano público. Lo que significa es que no dan la prestación que se necesita.

¿La CGT local tiene prevista alguna medida de acción en solidaridad con su conflicto?

Se comunicaron con nosotros y dicen que van a estar presentes en el día de hoy. Nos brindaron todo su apoyo.