Escribe: Andrea Lanzette

En primer lugar, este proyecto de ley declara “emergencia pública” y le transfiere al Ejecutivo amplias facultades en cuestiones económicas, financieras, fiscales, sociales, previsionales, de seguridad, de defensa, tarifarias, energéticas, sanitarias y sociales por dos años (con posibilidad de extender dos años más), aunque ya en la negociación aceptarían que esto sea por un año. La iniciativa tiene 664 artículos que abordan temas variados que van desde la reforma del sistema político o el control de las protestas sociales a la autorización de la reventa de entradas a eventos deportivos. Es un combo peligroso, privatista, autoritario y aniquilador de recursos y derechos.

Un ataque global

A la par de darle status legal al protocolo de Bullrich y criminalizar la protesta, el proyecto restringe y altera seriamente varios derechos, como las jubilaciones con la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sin especificar el plazo. Grandes modificaciones en educación: con examen a docentes cada 5 años, cobro a extranjeros de la universidad, o el homeschooling a partir de 4to grado. Remata nuestros recursos, modifica Ley de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares, y la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema, con un grave perjuicio al medioambiente. Cambios en salud, cuestiones de género, en la ILE, IVE y en la propia ESI. Con un ataque directo a nuestras conquistas.

Plantea una reforma electoral antidemocrática que beneficia al bipartidismo y otorga la posibilidad de financiar obra pública con inversión privada. Y una reforma laboral festejada por las patronales que por el momento está suspendida judicialmente. Una ley que atraviesa todos los temas, que se constituye en un saqueo de recursos e ingresos, que formaliza la libertad del ejecutivo para esto, y restringe, persigue y condena a quienes pretendamos usar nuestros derechos. Una ley que debe rechazarse “in limine”.

Negociación de todos con todos

El primer paso para que el proyecto de ley sea aprobado será obtener el dictamen en comisiones. Y como era de esperar, se suceden las argumentaciones, y una acelerada negociación del oficialismo con todos los bloques.  “Necesitamos que la política haga su parte. (…) Que se apruebe la ley depende exclusivamente del Congreso nacional y la política que representa”(1), aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Por supuesto que el gobierno intenta aprobarlo, es su proyecto. Para eso, aunque una parte del Gabinete se muestra intransigente a que haya modificaciones al proyecto de ley como Guillermo Francos que encarna el ala más dialoguista del Gobierno, porque sabe que debe ceder y negociar para que salga la ley.

El problema es qué hace la “oposición”. En primer lugar, quienes pusieron el grito en el cielo y por las formas, concuerdan con el contenido. Así la UCR, como dice el presidente de su bloque de diputados Rodrigo De Loredo declaro: “no vamos a liderar ningún rechazo de nada, de hecho, tenemos una voluntad constructiva y de acompañar.”(2) y el nuevo bloque de Pichetto lanzó un comunicado que intenta tensionar pero donde aclaran: “garantizamos colaboración para sostener la gobernabilidad sin poner obstáculos”(3). Estos sectores evalúan que algunas de estas modificaciones deben pasar. Y le dan luz verde. Lo mismo pasa en el bloque de Unión por la Patria; algunos discuten por debajo de la mesa qué reformas pueden ser menos criticadas para acordar, mientras en sus intervenciones se refieren a las más obvias, y más conocidas para rechazar.

Hay acuerdo para avanzar con el paquete fiscal y con las privatizaciones, dejando afuera YPF y Bco. Nación porque son las que dan ganancia. Pero aceptarían las privatizaciones de las estatales menos rentables. También acuerdan con el paquete represivo. Si bien las facultades extraordinarias se las darían por 1 año nada más, aceptarían “este nuevo orden” de Milei.

Los diferentes sectores afectados recorren fervientemente cada bloque intentando que “su artículo” no pase, y esto es alentado por diversos actores que ponen el énfasis en “el cabildeo”. Estas promesas y negociaciones muestran que, a pesar del disparate que significa tanto el DNU como la Ley Ómnibus, y que el oficialismo no tiene mayoría, igual puede pasar gran parte de este paquete reaccionario.

Desde ya esto será responsabilidad de quienes “son Oposición”, que se permiten “negociar parte” con la excusa de que así cae “lo más grave”. Se esconde que al “dejar gobernar” a quienes encarnan la ultraderecha, con el discurso de “este es un gobierno elegido democráticamente”, van a ser parte de la mayor traición a la voluntad popular votando una ley que modificará esa democracia y con la cual Milei pretende darle la validez del congreso al ajuste que atravesamos, como también al recorte de las libertades democráticas del protocolo de Bullrich. Solo rechazar el proyecto integralmente es lo que permitirá de verdad combatir este gobierno y su ajuste.

La calle, el lugar decisivo

La calle se va calentando, una inflación que no para, liberación de precios, devaluación y la suba de tarifas enoja a cualquiera. Pero si a eso le agregamos un proyecto de ley que ataca todos nuestros recursos y nuestros derechos, el enojo puede escalar.

La movilización del 20 cuestionó el Protocolo de Bullrich, y abrió una dinámica nueva, permitió que miles salieran a la calle, con cacerolazos grandes en todo el país, y a su vez el comienzo de asambleas barriales. La masividad de la movilización de la CGT del 27 obligó a esta a convocar al Paro General para el 24E, y presionó a la justicia, que habilitó la feria judicial y acepto varios de los amparos. La masividad de las asambleas y acciones de Unidos por la Cultura en todo el país obliga a muchos bloques a anticipar que no votarán esa parte. Por eso el cabildeo no puede ser la estrategia; la salida es la movilización, ir masivamente al paro del 24E y exigir un plan de lucha a la CGT que nos mantenga en la calle y presione a la casta política que encerrada en el Congreso pretende cocinar todo. El gobierno ha salido a disputar también para debilitar el paro y la movilización, dando por cerrado un acuerdo y el adelantamiento de su tratamiento parlamentario. Pero la realidad es que los acuerdos no son sencillos y el clima favorable al paro va en ascenso.

Por eso ni los dichos de Massa a la CGT, que tildó de apresurado el paro, ni los de CFK, que dice “que no hay que apurarse a atacar a Milei, y que hay que esperar que las medidas impacten”, plantean terminar con este ajuste de Milei y el FMI. Teniendo resto para esperar, le piden a un pueblo hambreado que mientras lo hambrean más, espere en su casa. Tampoco la postura de Grabois plantea salida, asegura que desde el propio gobierno “buscan que caiga Milei, para que gobierne Villarruel”, pidiendo cautela y confianza en el congreso. Sabiendo que, si logramos tirar la Ley ómnibus, significará un duro golpe al gobierno de Milei, Villarruel y todo su gabinete.

La salida no es el lobby parlamentario ni la confianza en los tribunales, sino la movilización. No dejar ni un día de tregua a este gobierno, ir con fuerza al 24E y permanecer en la calle, reclamando un plan de lucha hasta derrotar todo su plan. Las cacerolas y las asambleas traen el recuerdo de un pueblo que ya volteó gobiernos y al ajuste que nos quisieron imponer en el 2001, un pueblo que no va quedarse de brazos cruzados, ni resignarse a la miseria. ¡Abajo el DNU y la Ley ómnibus! ¡Todos al 24E por un plan de lucha!

1. El vocero presidencial en conferencia de prensa
2. Entrevista Radio con vos 89.9. 09/01/2024
3. Comunicado bloque Hacemos Coalición Federal

Andrea Lanzette

En primer lugar, este proyecto de ley declara “emergencia pública” y le transfiere al Ejecutivo amplias facultades en cuestiones económicas, financieras, fiscales, sociales, previsionales, de seguridad, de defensa, tarifarias, energéticas, sanitarias y sociales por dos años (con posibilidad de extender dos años más), aunque ya en la negociación aceptarían que esto sea por un año. La iniciativa tiene 664 artículos que abordan temas variados que van desde la reforma del sistema político o el control de las protestas sociales a la autorización de la reventa de entradas a eventos deportivos. Es un combo peligroso, privatista, autoritario y aniquilador de recursos y derechos.

Un ataque global

A la par de darle status legal al protocolo de Bullrich y criminalizar la protesta, el proyecto restringe y altera seriamente varios derechos, como las jubilaciones con la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sin especificar el plazo. Grandes modificaciones en educación: con examen a docentes cada 5 años, cobro a extranjeros de la universidad, o el homeschooling a partir de 4to grado. Remata nuestros recursos, modifica Ley de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares, y la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema, con un grave perjuicio al medioambiente. Cambios en salud, cuestiones de género, en la ILE, IVE y en la propia ESI. Con un ataque directo a nuestras conquistas. Plantea una reforma electoral antidemocrática que beneficia al bipartidismo y otorga la posibilidad de financiar obra pública con inversión privada. Y una reforma laboral festejada por las patronales que por el momento está suspendida judicialmente. Una ley que atraviesa todos los temas, que se constituye en un saqueo de recursos e ingresos, que formaliza la libertad del ejecutivo para esto, y restringe, persigue y condena a quienes pretendamos usar nuestros derechos. Una ley que debe rechazarse “in limine”.

Negociación de todos con todos

El primer paso para que el proyecto de ley sea aprobado será obtener el dictamen en comisiones. Y como era de esperar, se suceden las argumentaciones, y una acelerada negociación del oficialismo con todos los bloques.  “Necesitamos que la política haga su parte. (…) Que se apruebe la ley depende exclusivamente del Congreso nacional y la política que representa”1, aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Por supuesto que el gobierno intenta aprobarlo, es su proyecto. Para eso, aunque una parte del Gabinete se muestra intransigente a que haya modificaciones al proyecto de ley como Guillermo Francos que encarna el ala más dialoguista del Gobierno, porque sabe que debe ceder y negociar para que salga la ley.
El problema es qué hace la “oposición”. En primer lugar, quienes pusieron el grito en el cielo y por las formas, concuerdan con el contenido. Así la UCR, como dice el presidente de su bloque de diputados Rodrigo De Loredo declaro: “no vamos a liderar ningún rechazo de nada, de hecho, tenemos una voluntad constructiva y de acompañar.”2 y el nuevo bloque de Pichetto lanzó un comunicado que intenta tensionar pero donde aclaran: “garantizamos colaboración para sostener la gobernabilidad sin poner obstáculos”3. Estos sectores evalúan que algunas de estas modificaciones deben pasar. Y le dan luz verde. Lo mismo pasa en el bloque de Unión por la Patria; algunos discuten por debajo de la mesa qué reformas pueden ser menos criticadas para acordar, mientras en sus intervenciones se refieren a las más obvias, y más conocidas para rechazar.
Hay acuerdo para avanzar con el paquete fiscal y con las privatizaciones, dejando afuera YPF y Bco. Nación porque son las que dan ganancia. Pero aceptarían las privatizaciones de las estatales menos rentables. También acuerdan con el paquete represivo. Si bien las facultades extraordinarias se las darían por 1 año nada más, aceptarían “este nuevo orden” de Milei.
Los diferentes sectores afectados recorren fervientemente cada bloque intentando que “su artículo” no pase, y esto es alentado por diversos actores que ponen el énfasis en “el cabildeo”. Estas promesas y negociaciones muestran que, a pesar del disparate que significa tanto el DNU como la Ley Ómnibus, y que el oficialismo no tiene mayoría, igual puede pasar gran parte de este paquete reaccionario.
Desde ya esto será responsabilidad de quienes “son Oposición”, que se permiten “negociar parte” con la excusa de que así cae “lo más grave”. Se esconde que al “dejar gobernar” a quienes encarnan la ultraderecha, con el discurso de “este es un gobierno elegido democráticamente”, van a ser parte de la mayor traición a la voluntad popular votando una ley que modificará esa democracia y con la cual Milei pretende darle la validez del congreso al ajuste que atravesamos, como también al recorte de las libertades democráticas del protocolo de Bullrich. Solo rechazar el proyecto integralmente es lo que permitirá de verdad combatir este gobierno y su ajuste.

La calle, el lugar decisivo

La calle se va calentando, una inflación que no para, liberación de precios, devaluación y la suba de tarifas enoja a cualquiera. Pero si a eso le agregamos un proyecto de ley que ataca todos nuestros recursos y nuestros derechos, el enojo puede escalar.
La movilización del 20 cuestionó el Protocolo de Bullrich, y abrió una dinámica nueva, permitió que miles salieran a la calle, con cacerolazos grandes en todo el país, y a su vez el comienzo de asambleas barriales. La masividad de la movilización de la CGT del 27 obligó a esta a convocar al Paro General para el 24E, y presionó a la justicia, que habilitó la feria judicial y acepto varios de los amparos. La masividad de las asambleas y acciones de Unidos por la Cultura en todo el país obliga a muchos bloques a anticipar que no votarán esa parte. Por eso el cabildeo no puede ser la estrategia; la salida es la movilización, ir masivamente al paro del 24E y exigir un plan de lucha a la CGT que nos mantenga en la calle y presione a la casta política que encerrada en el Congreso pretende cocinar todo. El gobierno ha salido a disputar también para debilitar el paro y la movilización, dando por cerrado un acuerdo y el adelantamiento de su tratamiento parlamentario. Pero la realidad es que los acuerdos no son sencillos y el clima favorable al paro va en ascenso.
Por eso ni los dichos de Massa a la CGT, que tildó de apresurado el paro, ni los de CFK, que dice “que no hay que apurarse a atacar a Milei, y que hay que esperar que las medidas impacten”, plantean terminar con este ajuste de Milei y el FMI. Teniendo resto para esperar, le piden a un pueblo hambreado que mientras lo hambrean más, espere en su casa. Tampoco la postura de Grabois plantea salida, asegura que desde el propio gobierno “buscan que caiga Milei, para que gobierne Villarruel”, pidiendo cautela y confianza en el congreso. Sabiendo que, si logramos tirar la Ley ómnibus, significará un duro golpe al gobierno de Milei, Villarruel y todo su gabinete.
La salida no es el lobby parlamentario ni la confianza en los tribunales, sino la movilización. No dejar ni un día de tregua a este gobierno, ir con fuerza al 24E y permanecer en la calle, reclamando un plan de lucha hasta derrotar todo su plan. Las cacerolas y las asambleas traen el recuerdo de un pueblo que ya volteó gobiernos y al ajuste que nos quisieron imponer en el 2001, un pueblo que no va quedarse de brazos cruzados, ni resignarse a la miseria. ¡Abajo el DNU y la Ley ómnibus! ¡Todos al 24E por un plan de lucha!

1. El vocero presidencial en conferencia de prensa
2. Entrevista Radio con vos 89.9. 09/01/2024
3. Comunicado bloque Hacemos Coalición Federal

Escribe: Nicolás Zuttión

Balance de la pandemia

La primera parte del discurso de Alberto Fernández estuvo signada por el balance de la actuación del gobierno ante la pandemia del Covid-19. Haciendo énfasis en la crítica a la herencia macrista, el presidente remarcó que la “crisis sanitaria, en el caso argentino, coincidió con una crisis social y económica”. Un elemento innegable de realidad pero que no funcionaba como condicionante para que el Frente de Todos actúe de un modo que priorice la salud de las mayorías.

Sin embargo, con un 2020 ya culminado, Alberto sostuvo que “La Argentina hizo todo lo que estaba al alcance para mitigar el efecto del virus”. Afirmación falsa por donde se la mire, a casi un año de las primeras medidas sanitarias. La prevalencia del Sistema tripartito de salud, donde prima la ganancia de las clínicas privadas y las de las prepagas, sigue vigente. Como es sabido, la situación de la parte pública, a pesar de los alardes de las pocas inversiones llevada a cabo para sumar suministros sanitarios, sigue siendo muy mala. No solamente en lo que respecta a la infraestructura, sino en lo referido al salario de quienes conforman la primera línea contra la pandemia.

Más aún queda demostrada la incompetencia y lo pobre de la estrategia sanitaria de Fernández cuando se repasan los números. Argentina hoy ya superó los 2 millones de casos de Covid-19 y pasó la barrera de los 50.000 muertos. La estrategia de testeo y localización de casos ha sido y sigue siendo muy escasa. Ante esto, tampoco hubo medidas que establezcan una reconversión industrial para la producción de respiradores, barbijos e hisopados. Sin un Sistema de Salud único y de carácter estatal, es imposible contar con los recursos necesarios para mitigar la pandemia de una forma planificada y eficaz.

Sobre la producción y distribución de las vacunas, Fernández sólo se animó a esbozar una crítica a la concentración del 90% de las mismas en sólo e 10% de los países a nivel mundial. Nada dijo de cancelar las patentes de las farmacéuticas, que es el principal elemento para que se produzca semejante desigualdad que niega el acceso a las vacunas a la mayoría de la población mundial. El escándalo de la apropiación de ciertas ampollas por parte de los amigos del poder, refleja el interés de este gobierno para que los trabajadores accedan a la vacunación masiva. Y como bien lo recordó Alejandro Bodart en su cuenta de Twitter, esto se llama capitalismo, ni más ni menos.

“Contención Social”

El presidente también se refirió a las políticas sociales y económicas que dio a lo largo de todo el 2020 para paliar una situación donde la pobreza estructural no fue erradicada, sino que se profundizó. Se embanderó en el Ingreso Familar de Emergencia, que no fue más que el importe de $10.000 repetidos en 3 veces. Desde marzo a noviembre de 2020 solamente significaron un poco más de $3.000 por mes para aquellos 9 millones de personas que lo solicitaron.

También se refirió al congelamiento de las tarifas de servicios, las mismas que anunció que piensa “regularizar” durante este año. Mientras corren los días en 2021, las empresas privadas que detentan de estos servicios, ya se aprontan para aplicar aumentos en el mes de marzo. Indicó que “los subsidios sólo amparen a quien lo requieran”, pero no se terminan los subsidios para las propias empresas que lucran con precios dolarizados.

Las mejores políticas de contención social, como lo reconoció Alberto, se las llevaron las empresas. Como indicó, el 70% de las mismas asistieron a el programa ATP, por el cual el Estado se encargó de pagarle los salarios a empresas que durante la pandemia siguieron despidiendo a trabajadores, a pesar de lo dicho y establecido por el presidente, y también obtuvieron ganancias formidables a pesar de ser un año donde a los trabajadores el salario se les volvió a devaluar.

Deuda externa

Un punto nodal del discurso fue el que se desarrolló alrededor de la situación de la economía local y principalmente de la deuda.

Se repitió la crítica de la deuda tomada por el macrismo, por su carácter espurio. Fernández, una vez más, se encargó de repasar los ilícitos del préstamo dado por el FMI que, como lo reconoció el presidente del BID, se utilizó para financiar la campaña presidencial del macrismo en 2019 y para la fuga de capitales.

A pesar de la efervescencia en esta denuncia, durante todo este trecho del discurso Alberto se encargó de dejar en claro que, por más espurio que sea el préstamo que no benefició ni pidió ninguna familia argentina, va a pagar. La renegociación de la “tóxica” deuda, como la definió el mandatario, no va significar ningún nuevo ajuste para las mayorías populares. Algo insólito cuando el Presupuesto 2021 estuvo totalmente viciado de recortes en áreas como educación y salud.

Ante el reconocimiento de lo ilegítimo de la deuda, sólo avizoró que habrá una denuncia sobre la misma, pero que no significará la cesación de pago de la misma.

También respaldó la renegociación de la deuda pública externa llevada a cabo por Martín Guzmán el año pasado. En este aspecto mintió al indicar que el país va ahorrar 34 mil millones de dólares entre 2020 y 2030. Estirar los pagos hasta 2046 en este aspecto, significó un aumento de la misma en 40 mil millones de dólares.

La deuda sostenible no existe, sólo que ahora Alberto invita a pasar cada vez que se quiera hacer uso de este mecanismo colonial, por la aprobación de la casta política en el Congreso. Por más democrática que se quiera mostrar su postura, no se puede tapar el sol con las manos. Su alarde contra la deuda, como le dijo a la derecha de Juntos por el Cambio en parte de su discurso, es “pirotecnia verbal que nos aturde y confunde”.

Reforma Judicial

Como último punto en esta nota queremos resaltar el otro eje en el cual el presidente hizo énfasis, las críticas al Poder Judicial. «Enviaré un proyecto de ley que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Debemos despolitizar ese ámbito para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos«. Con esa frase Fernández se refirió a los funcionamientos de una justicia viciada, donde para él los procesos de lawfare son moneda corriente. Sin desconocer las operaciones políticas en la justicia, de parte de los principales partidos del régimen político argentino, lejos está su reforma de resolver problemas estructurales.

Por más que el presidente haya dicho que “El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en el margen del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores, disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”, su reforma llamada a ser votada no modifica en nada esta esencia. Más bien, nuevamente, fueron solamente ladridos.

Como ya hemos criticado en variados artículos, sólo la elección de jueces mediante el voto directo y popular, con mandatos revocables y el fin de sus sueldos de privilegios, es posible terminar con este sistema judicial hecho a la talla de la casta política.

En su larga presentación, Fernández habló de otros temas que seguiremos analizando. Pero terminamos esta primera opinión, resaltando dos cuestiones a las cuales también se refirió. Por un lado a la violencia de género, queriendo aparecer preocupado ante los femicidios. Sin embargo, como correctamente lo cruzaron en dos tuit´s Cele Fierro y Vilma Ripoll, detrás de las palabras no hay presupuesto ni medidas concretas frente a este flagelo.

Y por otro lado hablo de la seguridad, la cual definió como un derecho, aunque haya millones que no lo tengan, muchas veces por culpa de su maldita policía, como bien le recordó Bodart:

Contará con el apoyo de dirigentes de la CGT, gran parte del bloque de Massa, el bloque pejotista de Diego Bossio, más los diputados propios, con los que estima llegar al quorum mínimo. Las modificaciones al funcionamiento de la ART tienen como punto fundamental la restitución de las Comisiones Médicas (CCMM), como instancia previa obligatoria para solicitar las prestaciones de la Ley de Riesgos de Trabajo u homologar acuerdos con la ART. Las comisiones son un paso obligado para el trabajador accidentado antes de acceder a la Justicia. Definen el monto de la indemnización y el porcentaje de incapacidad.
El nuevo ordenamiento legal establece un máximo de 60 días para que las Comisiones Médicas se pronuncien. Pero este plazo “improrrogable” puede extenderse por cuestiones relacionadas con el accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. O sea, cuando a estos médicos financiados por la ART se les ocurra.
Si el fallo resulta negativo para los reclamos del trabajador, tiene que apelar a una comisión médica central en Buenos Aires y recién luego puede acudir a la Justicia. O sea, para las “calendas griegas”. Por eso, la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina (FACA) ha denunciando estas modificaciones por inconstitucionales, ya que privan al trabajador de poder concurrir a la Justicia en reclamo de sus derechos.
Finalmente el accidentado llegará a los Tribunales, pero ahora lo hará con un fallo negativo previo, y encima solo podrá litigar en el domicilio de la comisión que intervino. Esta última modificación pretende evitar que los trabajadores demandantes puedan litigar en los tribunales del trabajo de la Capital, en donde se encuentran los domicilios de la mayoría de las ART y 80 Juzgados y 10 salas del fuero laboral y donde los fallos tienden a considerar los intereses de los trabajadores, al contrario de los juzgados de provincia (la mayoría de los accidentes se producen actualmente en la provincia de Bs. As.)

Ninguna prevención

Todos los argumentos del gobierno: “terminar con la industria del juicio”, “acelerar los trámites de los trabajadores”, “beneficiar a las Pymes”, etc. son puro verso. “En el sector formal, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) verifica 660.000 siniestros anuales, a los que se les debe sumar otro 35% del sector informal. No se computan: el infraregistro de enfermedades laborales; la falta de denuncias de empleadoras de siniestros leves para evitar aumentos de alícuotas; y la ausencia de registro de accidentes mortales.” (Clarín 09/02/2017)
Si el gobierno quisiera disminuir las demandas laborales por accidente, lo que tendría que hacer es desarrollar un plan de prevención de accidentes de trabajo, que incluya comisiones de control de los propios trabajadores en cada empresa.
Nada de eso está en el interés del macrismo y los empresarios de este país. Lo único que les interesa es achicar los costos laborales, aunque para esto tengan que liquidar los más elementales derechos constitucionales de los trabajadores y pasar por encima de cuatro fallos adversos de la Suprema Corte de Justicia.

Un proyecto muy resistido

En diciembre el Senado votó la media sanción de este proyecto con el inestimable apoyo del bloque PJ-FpV. Solo tres senadores votaron en contra. El 20 de enero, con la excusa de frenar una avalancha de juicios el 1º de febrero, el gobierno de Macri apura sus modificaciones a la ley, sin esperar a que Diputados trate la media sanción del Senado. Como respuesta al decretazo de Macri, la Justicia Nacional del Trabajo recibió 800 demandas por accidentes de trabajo, más del doble del nivel habitual, el primer día hábil del mes en curso. Y un gran malestar frente a la jugada del gobierno colocó al DNU al borde de ser rechazado por la bicameral que trata los decretos del Poder Ejecutivo.
Por eso el gobierno tuvo que recular con el decreto y llamar a sesiones extraordinarias. Ahora la Cámara de Diputados, con un quorum que se adelanta ajustado daría sanción a la iniciativa macrista. Es tan frágil la situación que si no fuera por el rol cómplice de la CGT y gran parte de la “oposición” parlamentaria el proyecto podría caer. Es vergonzoso el rol de los dipusindicales, algunos de los cuales votan a favor, como el integrante del triunvirato de la CGT, el massista Héctor Daer, mientras otros se ausentan o se hacen los distraídos.
Frente al rol nefasto de la burocracia, es necesario que los trabajadores exijamos que el reclamo contra estas modificaciones en el funcionamiento de la ART sea uno de los puntos importantes del paro nacional y plan de lucha que necesitamos para enfrentar el ajuste antiobrero del gobierno de Macri.

Gustavo Gimenez