Escribe: Francisco Torres

El proyecto es arbitrario, inconsulto y antidemocrático. Es más, esa Resolución que iba a emitir el Consejo General de Educación nunca se difundió. Resultó una “misión imposible” hallarla en las páginas de Educación (DGCyE). Ningún medio la publicó, ni la derecha de Juntos, pese a que, con cinismo y especulación electoral, decían que cualquiera podría pasar de año y se terminaba la repitencia.

Quienes atacaron la educación de 2015 a 2019 con el presupuesto más bajo, ajuste a la docencia, precarización y baja salarial del 25%, despotrican porque “se desterraba todo símbolo de meritocracia”, como Vidal y su ex vice ministro de Educación, Sergio Siciliano, Ritondo o Finocchiaro, el ex ministro de Macri.

¿Es la repitencia el problema?

Criticaron solo ese aspecto, quizás el más progresivo, que cuestiona el sentido de la repitencia cuya matriz tiene 110 años, con resultado negativo ya que conlleva sobreedad, desánimo y abandono. Por eso se la desechó en Alemania, Noruega, Países Bajos y buena parte de Europa, en Japón, Chile, Uruguay o Paraguay. Acá, 8 provincias avanzan con otro régimen de promoción, incluida CABA, donde Larreta aplica eso que critican.

Decimos hipocresía y especulación porque Siciliano aclaró: “estoy en contra de la repitencia, no contribuye, no soluciona la problemática de la enseñanza”. Y exponentes del privatismo educativo como Guillermina Tiramonti, ex funcionaria de Vidal, sostienen: “El sistema de repitencia es la puerta de entrada a la deserción. Hay consenso, las estadísticas nacionales e internacionales, todo el mundo está de acuerdo en que la repitencia no sirve”.

El problema no está ahí, aunque se propone pasar de la promoción por año a la aprobación y acreditación por materias con “hasta dos materias pendientes de años anteriores en cada agrupamiento vertical” donde no se recursen las aprobadas.

Los grandes medios dijeron que el proyecto “está escrito adrede para que nadie lo entienda”. Falso, es claro en su orientación, pero no la compartimos y llamamos a rechazarla, aunque denunciando el cinismo de esta derecha, porque el PJ plantea así muchas de sus propuestas antieducativas.

Las chicanas de Juntos conllevan críticas implícitas a la docencia, estudiantes y familias a quienes consideran manipulables, promotores del menor esfuerzo y responsables en definitiva de los déficits educativos. En realidad son consecuencia de las políticas de los gobiernos capitalistas en estos 70 años, y difíciles de revertir si no se resuelve lo social, con 6 de cada 10 niñes y adolescentes pobres (61,6%). Y se arranca mayor presupuesto, más salarios, aulas, cargos, becas…

Sentido político de la educación y proyecto de país

Con desprecio hablan de un supuesto “pobrismo educativo” y lo contraponen a su idea de “excelencia”. Dicen que se iguala para abajo, desacreditando a la docencia y su rol social. Lo hacen para negar toda dimensión política y social en la práctica educativa. Por eso machacan con que la escuela busca “conducir con la ideología, donde un discurso político predomine sobre el saber”.

Pero no hay educación “neutra”: las decisiones sobre qué educar, con qué contenidos y orientación, cómo evaluar y promover están determinadas mayormente por los intereses de la clase dominante, que ve a la escuela como auxiliar de la renta capitalista y para la “contención” de lo que el sistema no contiene.

Buscan acortar materias, contenidos y carreras, formar mano de obra según la necesidad patronal, que centra en lengua y matemáticas y reniega de las ciencias y las artes, en un proyecto afín a la economía primarizada, que casi no agrega valor, con un “desarrollo” basado en el monocultivo, el extractivismo y los servicios que no requiere de saberes complejos y reserva la formación de calidad a quien pueda pagarla.

Eso expresa el proyecto de Sileoni-Kicillof. Lo debemos rechazar y luchar por transformar la escuela en un espacio para la construcción de conocimientos socialmente significativos. Una educación crítica, contrahegemónica, reflexiva y al servicio de las mayorías sociales.

Más allá de la chicana electoral, no hay “grieta” educativa

La derecha pone en agenda su idea de meritocracia, de premios y castigos. Con cinismo dicen que se bajan los días de presencia, pero Larreta plantea 25 inasistencias y Sileoni 28. En CABA, además, por la Resolución 970/22, eliminaron la repitencia en 1° y 2° año y flexibilizaron la cantidad de materias previas en 3°, 4° y 5° para pasar de año y poder promocionar con un trabajo práctico integrador que incluya hasta 3 materias de un área.
Al igual que Larreta y Acuña, también plantean agrupar asignaturas en áreas de conocimiento, al pasar de 13 materias a solo 8 en agrupamientos verticales. Así agrupan Ciencias Sociales, Historia y Geografía; y Naturales, Biología, Fisicoquímica, Introducción a la Física y Química.

Introducen la “Cursada de materias a contraturno” y las “Materias de duración cuatrimestral” que cuestionan la carga y tarea docente. Al igual que el PRO, el PJ plantea “instancias de intensificación de la enseñanza y estudio para materias pendientes”. Para eso Sileoni habló de mayor inversión y Zarlenga, representante de SUTEBA en el Consejo General, habló de 3.000 cargos de coordinares distritales de apoyo a las trayectorias educativas y 30.000 módulos de apoyo e intensificación (docente tutor o particular).
Así explica Sileoni esas nuevas tutorías: “cuando alguien está mal en una materia, lo vamos a ayudar a contraturno, con clases los sábados, con un profesor que acompañe”. Esos cargos y módulos remontan a los ATR o FORTE, con contratos a término, horarios flexibles y trabajo los sábados, sin estabilidad ni acceso al régimen de licencias y menor salario. Una precarización inaceptable.

Según el macrismo, “no se plantean las prácticas profesionalizantes”. Es decir, pasantías estudiantiles en empresas de Larreta y Acuña, que denunciamos al forzar a estudiantes a ser mano de obra gratuita y precarizada para la ganancia empresaria.

Pero Sileoni sí introduce esa relación escuela-empresa y la llama “Articulaciones formativas para estudiantes de 6to año” para su inserción al ámbito laboral, con 4 días en la escuela y el 5º en la empresa, con “participación de otros actores que enseñan” y materias que podrán dictarse en forma bimodal.

¿Quién decide? ¿10 personas o un Congreso Pedagógico?

Sileoni quería aprobar su reforma, con 10 personas del Consejo General de Educación, sin consulta ni deliberación en las escuelas. En ese Consejo hay 3 representantes del Frente de Todos, 3 de Juntos y 4 de los gremios. Antidemocrático e ilegítimo, al burlar su propia ley provincial de Educación, ya que se deben votar en elecciones anuales y obligatorias, de la totalidad de docentes de escuelas estatales (Art. 99º). La ley fija que “los Consejeros durarán un año en su función” (Art. 100º), pero la última elección fue en 2009, con lo que llevan 14 años atornillados.

Hablan de una “consulta”, pero limitada a directivos e inspectores, incluso parcial y en 2 reuniones en todo el 2022. Apenas hubo una jornada con docentes en el año, que no analizó esta resolución, sino un texto general de SUTEBA. De democrático, nada.

Democratizar el gobierno educativo y sus transformaciones

En un verdadero Congreso Pedagógico o “Congreso Nacional de Educación donde seamos les docentes, les estudiantes y el conjunto del pueblo quiénes decidamos qué educación necesita nuestro país”, como aprobamos con la Multicolor de SUTEBA, se debaten ponencias, mociones, documentos, instancias pre-congresales y votación democrática. Con delegades con mandato y por voto democrático, sin injerencia de la Iglesia y demás sectores privatistas. Para definir las transformaciones que requiere la escuela pública.
Es grave que quieran avanzar en reformas antieducativas del Banco Mundial, la OCDE, el FMI y los sectores privatistas, en el mayor distrito del país. Si bien dijeron que se posterga, debemos debatirlo en las escuelas, rechazarlo y exigir un Congreso Pedagógico y democratizar el gobierno educativo.

En el Consejo Federal de Educación, el gobierno nacional, con los ministros provinciales del PJ y Juntos, acuerdan por unanimidad las distintas reformas anti-educativas, como extender la 5ta hora en Primaria. Para debatir acciones de lucha, qué programa educativo y alternativa política necesitamos para una transformación educativa que sirva al pueblo trabajador, el sábado 25F vamos al 11° Encuentro Nacional Educativo. Contamos con vos.

Escribe: Francisco Torres

En honor a la verdad, las reformas anti-educativas no las deciden siquiera estos gobernantes, con los sectores privatistas, la Iglesia y burócratas sindicales en ese Consejo Federal. Las definen el G8, grupo de países imperialistas, con los lineamientos del Banco Mundial, la OCDE y el FMI.

Las políticas y reformas educativas, los planes de estudios y programas institucionales, son adecuadas por funcionarios y entidades que responden al mercado, con tecnócratas que no pisan un aula. La docencia es convidada de piedra y debe «aplicar» lo que baja de arriba.

Congreso Pedagógico para democratizar y transformar todo

Es clave que las decisiones educativas sean debatidas y resueltas de manera democrática por docentes y la comunidad. Para eso reclamamos un Congreso Pedagógico que priorice la opinión, saberes y capacidades de quienes le ponen el cuerpo y conocen la realidad de las escuelas.

Es decir, donde docentes, estudiantes y el conjunto del pueblo trabajador decidamos qué educación necesita nuestro país, qué leyes derogar y las nuevas normas educativas a aprobar, para la construcción de saberes socialmente significativos. Democratizar el gobierno de la educación y la participación real en sus organismos.

Por eso debemos poner en debate en las escuelas la necesidad de un Congreso Pedagógico Nacional y Provincial como es mandato de la FND, Federación Nacional Docente. O formulado como «Congreso Nacional de Educación donde seamos les docentes, les estudiantes y el conjunto del pueblo quiénes decidamos qué educación necesita nuestro país», como aprobamos con la Multicolor de SUTEBA.

Un debate clave porque el ataque a la educación y sus trabajadores es global. Por eso hay luchas históricas de docentes y otros sectores en Reino Unido, Francia, España, Portugal, Venezuela o Perú. Y en 2022, también hubo masivas huelgas docentes en Hungría, Noruega, Reino Unido, Ohio y Seattle en EEUU, Irán, Uruguay, Italia, Israel, Ecuador, El Salvador, Panamá y España.

En Argentina, la docencia era el gremio de más lucha, pero en estos 3 años la burocracia K de CTERA solo llamó a una medida, ante la detención de un dirigente Celeste. La lucha quedó en manos de los sectores combativos y Multicolor.

Por un nuevo modelo educativo y social

La crisis sistémica del capitalismo imperialista, los cambios en la pandemia y en las relaciones de producción y concentración de riquezas por el 1% más rico, demandan actualizar un programa de lucha y transformación educativa, al servicio del 99% de la sociedad.

Para que el derecho a la educación no sea letra muerta, se debe jerarquizar a quienes la sostienen. Porque al tener a la docencia siendo «pobres con salarios», los gobiernos empobrecen la educación. Y por eso, cada año asistimos a un conflicto educativo crónico, de carácter político y alcance nacional, debido a las políticas de ajuste, precarización y privatismo de los gobiernos capitalistas en estos 75 años.

Para revertir ese ataque sistemático que degrada la tarea docente, debemos luchar por una nueva matriz salarial, con un básico nacional para docentes y trabajadores de la educación, igual a la canasta familiar, que garantice el acceso a los bienes culturales, de formación y recreación.

Por el blanqueo de las sumas en negro, incluido el Incentivo Docente (FONID), con fondos del Estado nacional. Para así trabajar en un sólo cargo y en cursos de 20 alumnos o menos. Anular además el impuesto al salario.

Por la aplicación real del 82% móvil en las jubilaciones, con 25 años de servicio y sin límite de edad, debemos luchar contra toda la Reforma Previsional que profundiza el saqueo. La Celeste de CTERA reconoce que hay 165 mil docentes de las 11 provincias que transfirieron sus Cajas a la Nación(1), que el 80% son mujeres y la mayoría sostén de hogar. Pero no convocan a revertir esas transferencias de Menem, Cavallo y los gobernadores, por orden del FMI como se hace falta.

Es necesario defender las Cajas provinciales y rechazar todo convenio de armonización con Anses. Por la defensa e intangibilidad de los fondos jubilatorios y un sistema jubilatorio dirigido por comisiones de jubilades y trabajadores, electos democráticamente por trabajadores pasivos y en actividad.

Nos oponemos también a toda forma de presentismo y a cualquier intento de declarar a la educación como «servicio esencial». Cosa que plantea el liberfacho Milei, pero intentaron antes Cristina, Scioli y Vidal. Basta de descuentos de los días de huelga, contra todo intento de limitar o prohibir el derecho de huelga, de multar o querer quitar la personería gremial como hace el gobierno K en Santa Cruz.

Defender los derechos consagrados en los Estatutos Docentes

Al revés de la burocracia Celeste que la deja correr, debemos enfrentar toda precarización laboral y educativa como la extensión de la 5ta hora en Primaria. O programas como el FinEs, FORTE, ATR, ALPHA, Tutorías, Plan Mejoras, Saberes y otros. Muchos lanzados por los gobiernos K, que Macri y este gobierno continúan, evidenciando la coincidencia estructural de la burguesía y sus partidos.

Porque son contratos a término, con cese, sin estabilidad ni acceso al régimen de licencias ni vacaciones, que pueden trabajar los sábados, con salario menor y les pagan cuando quieren. Por eso reclamamos su incorporación bajo el Estatuto Docente y sus derechos.
Que se nombren todos los cargos necesarios y equipos de orientación escolar en cada escuela y turno. Por una política integral ante situaciones de abuso y de violencia que se expresan en las escuelas. Por más y mejores becas, comedores, transporte, guardapolvos, indumentaria y material didáctico que garanticen el inicio, trayecto y la finalización escolar. Proveer de mobiliario, calefacción, internet y computadoras gratis a docentes y estudiantes.

Por condiciones dignas para enseñar y aprender: declarar la emergencia en infraestructura y mantenimiento escolar, pero bajo control social de docentes, estudiantes y familias. Por un plan nacional de refacción edilicia y construcción de aulas, escuelas y jardines, que garantice la inclusión en educación inicial desde los 45 días.

Exigir también la evaluación social de las políticas educativas y de los gobiernos que las aplican. En rechazo a la evaluación estandarizada y toda injerencia privada en educación. Garantizar la efectiva capacitación en servicio, gratuita y a cargo del Estado. Basta de mercantilizar la formación docente y la política editorial.

La educación como derecho social a garantizar por el Estado

Con fondos del Presupuesto nacional a partir de anular los subsidios a la enseñanza privada, impuestos progresivos a los que más tienen y el no pago de la deuda externa. Por una izquierda pedagógica que genere debates e intercambio sobre pedagogías críticas y articule con otras experiencias.

Unir todas estas demandas con el pueblo trabajador, luchando por un plan económico que garantice trabajo y salario a las familias para asegurar la educación. Por un sistema educativo nacional, único y estatal; obligatorio, gratuito, científico y laico; democrático, participativo y que respete la diversidad cultural, con perspectiva de género y ecosocialista. Que forme integralmente, en un pensamiento crítico, dialéctico, con visión humanística y aporte a una sociedad solidaria, justa y emancipada, una Argentina socialista.

Cuando Baradel y Yasky colgaron toda bandera de lucha y antiimperia-lismo, al no luchar contra el pago de la deuda trucha de Macri y el FMI. O van a lamerle las botas al embajador yanqui o rifan toda autonomía sindical para bancar al gobierno del ajuste, vemos necesario llamar a quienes votaron a este gobierno con otra expectativa, a poner en pie una alternativa con el MST y el FIT Unidad. Sobre todo esto queremos debatir en el Encuentro Nacional Educativo del sábado 25F. Agendátelo.

1 Son CABA, Salta, Catamarca, Jujuy, San Juan, Rio Negro, Mendoza, San Luis, La Rioja, Santiago y Tucumán

Escribe: Francisco Torres

El gobierno de Massa, Cristina y el ministro Perczyk, al igual que la derecha, impulsan reformas en lo educativo y laboral que precarizan los saberes y la escuela pública, entendida como estatal. Imponen la 5ta hora en Primaria como si cantidad fuera sinónimo de calidad en una «bajada de línea» de las autoridades.

¿A qué apuntan las reformas anti educativas?

Lanzan «reformas» en las distintas áreas y niveles de la enseñanza con las que devalúan los saberes y la formación queriendo imponer los saberes que prioriza el capital. Alientan a la vez una mayor privatización y precarizan el trabajo docente, su retribución y estabilidad en el cargo.

En distritos como el bonaerense, eso implica avanzar sobre el Diseño Curricular en Inicial, Superior y Adultos; sobre el Régimen Académico de Secundaria y Técnica donde siguen «flexibilizando» las condiciones de regularidad; y atentan contra la educación Artística. Al igual que Larreta, también Kicillof avanza en hacer que se trabaje los sábados y a contraturno, al extender programas con docentes «por contrato» con recorte de derechos y sin estabilidad en el cargo.

La Celeste de Baradel niega el ajuste, las reformas y la precarización laboral. Pero la directriz que orienta esas medidas es ver cómo «retener» a más estudiantes y cómo cada docente exprime más su tiempo para lograrlo. Dicen levantar «la bandera de la ternura, de la alegría» y que eso sería «revolucionario», pero lo hacen como integrantes del gobierno, y para justificar su gerenciamiento de una escuela-guardería de infancias y adolescentes que asegure a sus familias poder rendir en la generación de valor para el capitalismo.
Es que pese al relato, ni con Néstor ni con Cristina ni con el gobierno actual cuestionaron la continuidad de un modelo de país dependiente, con matriz extractivista, megaminera, monocultivo, exportador de materias primas con escaso valor agregado y de servicios; que no requiere la formación de mano de obra calificada ni «educar al soberano» como sí se planteó con la ley 1420.

No son originales, siguen los lineamientos del Banco Mundial, la OCDE, el FMI y el G20. Los que colisionan con la educación como derecho humano y social a garantizar por el Estado, al regirse por una lógica economicista, con criterios de eficiencia y productividad en la retención y promoción de matrícula.

Es que más allá de lo que pretendan que reproduzcamos desde la escuela, la prensa y representantes políticos del sistema, «la educación nunca fue, es, o puede ser neutra» (Freire, 1996). Nuestro sistema educativo requiere de una fuerte transformación, pero a favor de la educación estatal.

La educación en disputa y la raíz de su crisis

Como socialistas, entendemos a la educación como ámbito de disputa. Un fenómeno social que es territorio de debates y conflictos controlados por la hegemonía ideológica, una disputa velada entre la clase capitalista y las mayorías sociales con sus organizaciones.
Quienes critican la «politización de la enseñanza», lo hacen para negar toda reflexión sobre la raíz de esa crisis, como reflejo del capitalismo semicolo-nial argentino. Porque la educación vive en crisis al verse limitada a un espacio para la construcción de una ideología ajena a las necesidades y demandas de la clase trabajadora y los sectores populares.

Una escuela reservada a inculcar la aceptación y reproducción del sistema capitalista. Que forme «ciudadanos consumidores» que naturalicen y asuman el trabajo alienado capitalista. Con lo que degradan también el rol formador docente al limitarlo a reproducir las relaciones sociales de producción y a contener las carencias sociales que rodean la escuela.

Un Congreso Pedagógico para transformar y democratizar todo

En esa disputa tomamos partido con la perspectiva de una pedagogía socialista. Para defender la escuela pública, pero con la idea de transformar radicalmente sus objetivos, currículo, criterios pedagógicos y didácticos, su organización, formatos institucionales y de gobierno.

Esto será posible en el marco de la lucha de clases, hacia la construcción de una nueva sociedad. Mientras damos el debate en la Multicolor para que quienes hacemos la escuela a diario, docentes, estudiantes y familias, tomemos las riendas y seamos quienes construyamos la política educativa.

Con un Congreso Pedagógico Nacional que defina las bases de un nuevo modelo educativo, sus contenidos y metodología, como parte de un proyecto emancipador para democratizar el gobierno de la educación y la construcción de saberes socialmente significativos.
Hay experiencias de dos Congresos Pedagógicos en nuestro país, uno sentó las bases para la histórica y reivindicada ley 1420. En ese sentido, exigimos un Congreso Pedagógico de carácter nacional, con instancias asamblearias por distritos, provincias y regiones. Con delegades de los y las trabajadoras de la educación y representación de estudiantes, familias y sectores de la comunidad educativa, no privatistas. Que se plantee una política educativa de recuperación de la escuela pública como definimos en la Multicolor de SUTEBA.

Para eso, dicho Congreso deberá plantear que se deroguen todas las leyes contrarias a esa necesaria transformación: La ley de Educación Nacional y las leyes provinciales, la de Financiamiento, de Educación Técnica, además la Ley de Educación Superior como rémora menemista. Un Congreso que haga realidad así esa aspiración de no más leyes, normativas y proyectos definidos por tecnócratas, gobiernos del ajuste, las corporaciones, Iglesia católica y evangélicas, siguiendo los lineamientos de la OCDE y el Banco Mundial.
Damos esta pelea mientras reclamamos a los gremios la convocatoria a asambleas y plenarios para votar un plan de lucha por la urgente recomposición salarial para cubrir la canasta familiar en un cargo, y preparar el No Inicio 2023, junto a la CTERA y sindicatos provinciales en lucha.

Propuestas para una pedagogía socialista

Como planteamos con la Multicolor de SUTEBA, es necesario un Congreso Nacional de Educación donde seamos les docentes, les estudiantes y el conjunto del pueblo quienes decidamos qué educación necesita nuestro país. Que diga no a la municipalización, la injerencia de las ONG y a toda política privatista y precarizadora.

La educación debe estar integralmente a cargo del Estado, asegurando los derechos laborales de la docencia, su sostén y financiamiento. Por un Presupuesto Nacional Único Educativo, definido por docentes, estudiantes, familias y comunidades educativas, que permita resolver la fragmentación, desigualdad y precarización actual de las escuelas.
En ese sentido, planteamos el aumento inmediato del Presupuesto al 10% del PBI. Que debe ser sostenido por impuestos progresivos a las ganancias de las grandes empresas, el lucro financiero y los fondos que evaden o pagan impuestos irrisorios como las mineras y petroleras.

Además de plantear el no pago de la deuda externa, la repatriación de fondos, la renacionalización de las empresas privatizadas, y la eliminación de los subsidios a la educación privada y confesional. Disponiendo la estatización de toda escuela que cierre o quiebre, resguardando los derechos, fuentes laborales y la matrícula.

Un Congreso que promueva también la evaluación social de las políticas educativas y los gobiernos que las aplican. En la lucha por un sistema educativo nacional, único y estatal. Además de obligatorio, gratuito, científico y laico, democrático, feminista y ecosocialista. Que genere debates, intercambios y prácticas con las pedagogías críticas y socialistas.
En palabras de Peter McLaren, exponente de esa pedagogía crítica revolucionaria, «el mayor desafío educativo que tenemos hoy es la eliminación de la pobreza, que solo puede ocurrir adecuadamente bajo el socialismo. Crear socialismo es la única posibilidad que tenemos para abordar todos estos serios desafíos a la actual crisis educativa mundial».
Vamos entonces por una educación emancipadora, que forme en el pensamiento crítico, dialéctico, con visión humanística y aporte a otra sociedad, en clave socialista. Por eso luchamos.

Escribe: Francisco Torres

Como si nada pasara en estos dos años y hubiesen resuelto todo, incluso la pandemia, quieren encubrir así sus responsabilidades. Pero solo agravarán la crisis que arrastra el sistema educativo en estas cuatro décadas, como reflejo de la decadencia del capitalismo semicolonial argentino.

Conflictos docentes en 13 provincias

Por eso hubo conflictos docentes en 13 provincias, con un común denominador: la seguidilla de paritarias ofreciendo salarios de pobreza, según la “letra chica” del acuerdo con el FMI. Y el tope salarial de Alberto y los gobernadores para achicar el “gasto público” y pagar la deuda macrista.

Esto fogoneó una jornada de lucha de los sectores combativos, multicolor y la FND (Federación Docente) para articular nacionalmente el conflicto, ante la entrega de la burocracia Celeste de CTERA y los gremios docentes de la CGT.
Con la convocatoria de distintos sectores, hubo medidas en Chubut, Santa Cruz, Misiones, Santa Fe, Río Negro, Jujuy, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Salta, CABA, Provincia de Bs. Aires y San Juan. Luchas a las que buscamos dar continuidad en otra jornada de paro y movilización el 8M.

Además de sumar a la jornada nacional cuando se trate en el Congreso el acuerdo con el FMI y las movilizaciones por el 24 de marzo. Sin dejar de exigir a la Celeste de CTERA que unifique las luchas, con un paro nacional contra el FMI.

¿De qué nueva normalidad nos hablan?

La crisis educativa y social se agravó en pandemia. Venía del crack del 2008, pero dio un salto porque el capitalismo imperialista la descargó sobre los pueblos. Al priorizar a los laboratorios y los mega ricos, que incrementaron su riqueza en 200 mil millones de dólares, solo en Latinoamérica. Una crisis sistémica, que avanza en una mayor precariedad de la escuela estatal, de los derechos sociales de los pueblos, de la docencia y sus condiciones laborales, presupuestarias y pedagógicas.

Ante esto, la clase capitalista fue lanzando mantras o falsas conciencias para disputar apoyo social. Se agrupó detrás de consignas como “Abran las escuelas” o #ALasAulas. Y hoy con la nueva normalidad y la presencialidad segura y continua. Todo al servicio de reconstituir la actividad económica y social, recuperar la productividad, los servicios y hábitos de consumo para revertir una caída en la tasa de ganancia en un capitalismo en crisis.

Para esto apelan a la escuela como guardería o espacio de cuidado y “contención” de aquello que el capitalismo no contiene. Y en lo que llaman la pos pandemia, buscan “normalizar” ese rol de la educación en la sociedad capitalista: el de inculcar la asimilación y reproducción del orden social vigente, con su disciplinamiento, normas y contenidos útiles para la clase poseedora. Eso explica la constante tensión y crisis educativa, al tomar a la escuela como ámbito de construcción y asimilación de una ideología contraria a las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo.

Si precarizan la enseñanza es porque esta burguesía dependiente y semicolonial, no necesita adiestrar masivamente en conocimientos y capacidades, sino en saberes mínimos, al servicio de una política laboral precarizante, con gran informalidad y bolsones de pobreza.

Un proyecto educativo que responde al modelo de país, al formar solo en ciertas técnicas, habilidades y saberes necesarios para el modelo extractivista, de monocultivo, exportador de materia prima sin casi valor agregado y de servicios, con trabajo precarizado. Para una juventud que no tendrá espacio social donde desarrollarse ni el supuesto “ascenso social”, en un país con 6 de cada 10 pibes pobres.

Si apelan al eslogan de “nueva normalidad” es como justificación ideológica de una mayor precariedad curricular, pedagógica y didáctica. Con diseños y contenidos que definen tecnócratas ajenos al aula, siguiendo las directrices de la OCDE y el Banco Mundial.
Esto se refleja en todas las áreas y niveles, al impulsar una reforma educativa que avanza en la conformación de la enseñanza solo por Áreas o Ciclos, recortando materias y conocimientos. También en los Institutos de Formación y profesorados, donde apelan a la verticalidad del sistema para excluir al claustro estudiantil de las decisiones.
Es que cada gobierno quiere definir programas, diseños curriculares y carreras cortas orientadas a las demandas de su mercado regional. Donde la enseñanza y la investigación estén condicionadas por la producción y uso del conocimiento por las empresas. Con una mayor ligazón escuela-empresa, en las pasantías que impulsa Larreta, pero también Kicillof y el ministro Perczyk. A la par que buscan naturalizar como formato educativo a la “bimodalidad” a usar en el terciario y las universidades.

Privastimo o escuela estatal como garantía del derecho social a la educación

Con aval de la Ley Federal y luego la Ley Filmus-Kirchner, avanzó la privatización educativa. Pero paradógicamente, la pandemia y crisis social generada, fueron un golpe al curso privatista. Muchos colegios o comercios educativos, regidos por la ganancia, cerraron al no cobrar las cuotas. En paralelo a un pasaje de la matrícula privada a la estatal, por la crisis.
Así emergió la escuela estatal como lo que es: la garantía del acceso al derecho social a la educación. Con la presencialidad plena querrán retomar esa “normalidad” privatista. También reforzar la disputa por mayores áreas del negocio educativo, la invasión de las corporaciones de la informática y la tecnología, la venta de evaluaciones estandarizadas.
Junto a la avanzada de las ONG, fundaciones o empresas en las escuelas y el festival de convenios que el macrismo promovió, pero el Frente de Todos no desmontó. Ante esto planteamos acabar con todo el rumbo privatista y eliminar con los multimillonarios subsidios públicos a la enseñanza privada y confesional para destinarlo a la estatal.

¿Educación como auxiliar de la producción o Congreso Pedagógico?

Con la vuelta a clases, la clase capitalista y sus representantes del Frente de Todos, de Juntos, Milei o Espert, buscan que la educación actúe como rueda de auxilio de la producción y renta capitalista. Con una escuela abierta como sea para garantizar a las familias la normalización de las relaciones de trabajo.

Pero la educación no es una mercancía transable, sino un derecho inalienable del pueblo trabajador, de sus infancias y jóvenes. Por eso rechazamos esta “nueva” normalidad y llamamos a disputar el sentido de la educación. A interpelar sobre quiénes y cómo deberíamos decidir las transformaciones de la educación estatal.
Si lo siguen resolviendo los gobiernos, las corporaciones, iglesias, sectores privatistas, el Banco Mundial y el FMI, luchemos por un espacio nacional, democrático y resolutivo con la convocatoria a un Congreso Pedagógico o Educativo Nacional. Donde las decisiones sobre los contenidos, la didáctica y pedagogía, que hacen a la educación una ciencia humanística, no las tomen los gobiernos.

Un Congreso con representantes electos democráticamente por la docencia, estudiantes y familias para democratizar el gobierno de la educación. Y levantar nuestros proyectos para hacer que los políticos ganen como una docente. Que todo funcionario político deba educar a sus hijos en escuelas públicas y atenderse él y su familia en hospital público. Con la evaluación social de las políticas educativas para una educación de calidad.
Por una educación emancipadora, luchamos por un sistema educativo que sea nacional, único y estatal. Además de obligatorio, gratuito científico y laico, democrático, feminista y ecosocialista. Que genere debates, intercambios y prácticas con las pedagogías críticas y socialista. Que forme en el pensamiento crítico, dialéctico, con visión humanística y aporte a otra sociedad, en clave socialista.

Ante la postergación del debate sobre la ley de educación hasta el 2021, la dirigente de Alternativa Docente – MST en el FIT Unidad, Marcia Marianetti dijo: “El retroceso del gobernador Suárez es un claro golpe a su gobierno y un triunfo de los caravanazos y la unidad docente. El rechazo es transversal, masivo en las escuelas y la comunidad porque ataca el derecho social a la educación y libera al Estado de tener que garantizarla. Lo que sí es cierto, es que Suárez se ilusiona con un posible triunfo del PJ en las próximas elecciones sindicales, y lograr un acuerdo con ese sector para que avance la ley”.

Marianetti agregó: “Por eso el proyecto debe desecharse definitivamente, no alcanza la suspensión. Hay que darle el golpe final con más movilización y paro, junto a una medida nacional de CTERA en defensa de la escuela pública estatal, gratuita, laica, científica, para las mayorías sociales, feminista y que forme en el espíritu crítico. Con la fuerza y organización democrática en el SUTE, junto a la unidad con otros gremios y sectores sindicales, sociales y estudiantiles alcanza para pedir la anulación definitiva del proyecto y la renuncia inmediata del ministro de Educación, José Manuel Thomas”.

Marcia Marianetti finalizó: “Desde Alternativa Docente y el MST proponemos un proyecto de desarrollo provincial y de país para el 99%, no para las corporaciones, bonistas ni banqueros, la Iglesia y demás sectores privatistas. Una nueva ley de Educación solo puede salir de un verdadero Congreso Pedagógico, dónde quienes decidan sean docentes, estudiantes y familias, en un real proceso democrático. Pero este triunfo no debe distraernos, la educación pública sigue en crisis y necesitamos la urgente apertura de paritarias y un aumento del presupuesto estatal”.

Marcia Marianetti