El reciente anuncio referido a que la explotación de las líneas de colectivos urbanos en Tucumán podría constituirse en una sociedad entre el Estado y las empresas concesionarias pareciera a primera vista una forma de regularizar de una vez por todas la prestación del servicio público de pasajeros. Nada más alejado de la realidad. En realidad se trata de un nuevo salvataje a los grupos empresariales dueños de las mismas.

Muy pocos tucumanos saben que originalmente las empresas de colectivos urbanos fueron del Estado así como los ferrocarriles que a nivel nacional que dejaron de ser empresas inglesas en la década de 1940.

Sin embargo luego se convirtieron en un gran negocio para las empresas privadas de propietarios de colectivos que obtienen enormes ganancias no solo por la venta de pasajes y abonos, sino fundamentalmente porque son subsidiadas por el Estado.-

Unos pocos empresarios (no más de diez) son dueños de la gran mayoría de las empresas que actualmente usufructúan el servicio de colectivos en la provincia, y solamente en el año 2018 recibieron aproximadamente 1500 millones de pesos en concepto de subsidios y compensaciones, además de las compensaciones provinciales y de los subsidios al Gasoil.-

No obstante estas “contribuciones” escandalosas el servicio que prestan es malo o muy malo y de esto pueden dar fe los mismos usuarios que lo sufren todos los días.-

Y como si fuera poco se atrasan en el pago de sueldos y aguinaldo al personal, no se lo pagan o terminan difiriéndolo en cuotas con el argumento de que la pandemia les ha generado pérdidas. Luego en connivencia con la burocracia de UTA se convocan o amenazan paros  produciendo un grave problema social, que en realidad en vez de ser en defensa de los derechos de los trabajadores ante la falta de pago, son “aprietes” para que el gobierno amplíe los subsidios a las Empresas Privadas.-

 En este contexto una sociedad entre el Estado y las empresas no es más que una especie de salvataje al empresariado como el que hizo en una época el antiguo Banco de la Provincia de Tucumán con los industriales azucareros, con créditos millonarios que sabía de antemano que no iban a ser devueltos.

Desde el MST queremos proponer lo opuesto:

1) Nada de salvataje a los Empresarios del Transporte.

2) Ni un peso más a las empresas que todos estos años recibieron millones y prestaron un pésimo servicio.

3) Por la estatización del servicio urbano de pasajeros, con control y administración de trabajadores y usuarios.

Angel Paliza

]]> https://mst.org.ar/2020/06/08/vicentin-estatizacion-o-rescate-de-estafadores/ Tue, 09 Jun 2020 02:34:28 +0000 https://mst.org.ar/?p=23979 Alberto Fernández anunció la intervención del grupo cerealero Vicentin y el envío al Congreso de un proyecto de expropiación. Esta medida llega luego de que la empresa declaró hace meses “estress financiero” y la deuda fraudulenta por $18.700 millones con el Banco Nación, además de la acumulada por 1.350 millones de dólares.

A través de un DNU todos los activos del Grupo Vicentín serán parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro, y se designa a Gabriel Delgado, hombre ligado a la Federación Agraria y los grandes pooles de siembra que se nuclean en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO). En el discurso mencionó que el proyecto de Ley busca declarar a Vicentín de utilidad pública y sujeta a expropiación. Por ahora, no es más que un anuncio.

En diciembre del año pasado Vicentín presentó estrés financiero siendo que en el 2018 facturó $101 mil millones en exportación y $15 mil millones en el mercado interno. Hasta el momento el monto de deuda es enorme y por eso la sola mención de “rescate” es lo es lo más parecido a una gran estafa de película.

Vicentin es un enorme grupo empresarial que controla puertos a través de la conducción de la Terminal Puerto Rosario (TPR), es fabricante de acopiadoras y procesadoras de granos, posee una planta de biodiesel y es socia de la multinacional suiza Glencore, dedicada a la explotación de commodities en todo el mundo. La mayoría de sus emprendimientos vinculados al agro emplean alrededor de 7000 trabajadores de manera directa.

La realidad es que Vicentin nunca estuvo en crisis, sino que siempre ganó de la mano del PJ y del Frente Progresista (PS-UCR) ya que fueron los responsables políticos de que pagara un monto irrisorio de impuestos, y no se avanzara con la apertura de los libros contables al momento que se declaró en cesación de pagos a mediados del 2019. La impunidad le permitió favorecerse con las políticas de devaluación del macrismo, y con el silencio de las fuerzas políticas provinciales ante la suspensión de pagos a pequeños productores y los sueldos de trabajadores en todas las plantas.

La gran estafa tiene dos detalles claves. El primero es que en noviembre del 2019, ya en cesación de pagos, el Grupo Vicentin obtuvo de parte del Banco Nación, administrado en ese entonces por el macrista de Javier González Fraga, un préstamo por 18.700 millones de pesos que equivalen a la cuarta parte de los activos. El segundo es que accedió al programa Ayuda al Trabajo y la Producción con el que abona parte de los sueldos del personal jerárquico, entre ellos al CEO Gustavo Nardelli, un macrista rotundamente declarado y que está siendo investigado en la estafa al Banco Nación y detenido por salir en a dar un paseo en su yate al inicio de la cuarentena obligatoria.

Mientras los trabajadores llevan meses suspendidos sin recibir ningún aumento salarial y vivir con la incertidumbre de sus puestos. Frente a la entrega del sindicato en la defensa de sus condiciones laborales y salariales, las y los trabajadores han luchado por el 7% adeudado y el pago del bono anual.

La política que hace falta

Desde el MST-Nueva Izquierda en el FIT-U desde inicio del conflicto venimos señalando que el Grupo Vicentin no se encuentra en crisis y eso lo reflejan las enormes fortunas que ganó en los últimos años. A través del ex presidente de la compañia, Alberto Padoán, controlaron la Bolsa de Comercio de Rosario y desde ahí operaron enormes negociados y fuga de capitales.

Semejante robo no pude permanecer impune. Es necesario que se investigue a fondo a todos los responsables de la estafa y que paguen con sus bienes hasta el último peso que robaron. Es por eso que la expropiación debe ser total y no de una parte del paquete accionario. Además debe ser sin indemnización y bajo el control de sus trabajadores. Sumado a que consideramos que es necesario que las organizaciones ambientales formen parte de un comité de seguimiento sobre el impacto ambiental y para avanzar en una política agroecológica y soberana, que diseñe un Plan Alimentario Nacional al servicio de las mayorías trabajadoras.

Jime Sosa y Gastón Baldomir