Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

“Democracia en peligro”, “El golpe de la Corte”, “En este país gobiernan los jueces”… Con ese tono alarmista tituló sus notas el periodismo afín al gobierno nacional, exagerando el peso del fallo1. En sus tuits, Cristina igualó la resolución con una asonada militar: “está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”. También el presidente se enojó: “Voy a cuidar la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas de sentencias”.

Pero ni golpe ni democracia en peligro: lo que hay es un roce político importante. La Corte esta vez favoreció a Larreta y por eso priorizó la “autonomía” porteña por sobre la necesidad de evitar los contagios. En respuesta, Alberto enviará al Congreso un proyecto de ley “regulatoria en pandemia” para atribuirse superpoderes, lo que el macrismo ya rechazó de antemano. Al acercarse las elecciones, unos y otros alimentan la trampa política de la grieta.

Según la Corte, como la reforma constitucional de 1994 confirmó que la educación la gestiona cada provincia y la CABA, éstas tienen “autonomía” para disponer si hay clases o no2. En medio de la pandemia es un negacionismo absurdo, como si el AMBA no fuera una región integrada o como si el coronavirus no traspasara tal o cual jurisdicción. Además el fallo es provocador, ya que de modo virtual los “supremos” decidieron que la presencialidad escolar no pone en riesgo la salud y la vida de miles y miles de alumnos, docentes y familias.

Privilegios supremos

El Poder Judicial es el más aristocrático de los tres poderes del Estado en esta “democracia” burguesa tan retaceada, que además tiene su aparato represivo. Así, la justicia como institución también está organizada y actúa para defender los intereses de la clase dominante: los capitalistas. Por eso siempre van presos los pobres, no los ladrones de guante blanco cuyos delitos son mil veces superiores. Y por eso no es casual que la Corte haya exculpado a Menem por la explosión de Río Tercero, haya restringido el derecho de huelga sólo a los sindicatos, proteja al rico empresario Carlos Blaquier por sus delitos de lesa humanidad bajo la dictadura y haya intentado beneficiar con el “2 x 1” a los genocidas, entre tantos otros fallos al servicio de este sistema.

Pero a diferencia del Poder Ejecutivo y el Legislativo, que se eligen por voto popular y por mandatos limitados, los jueces son designados y removidos vía un mecanismo muy indirecto (el Consejo de la Magistratura) y además sus cargos son vitalicios.
En cuanto a su poder político, mientras que todo decreto del Ejecutivo o ley del Congreso puede ser revisado o anulado por otros poderes, y lo mismo las sentencias de los tribunales inferiores, las de la Corte Suprema no.

Y en cuanto a privilegios económicos, la Corte cobra los sueldos más altos de todo el Estado: su básico total actual es de $ 444.479,22 por mes3… pero con la antigüedad (2% por año como abogado/a y 10% cada tres años como juez/a) más otros adicionales se van, en promedio, al doble. Por si eso fuera poco, la amplia mayoría no paga Ganancias y, aunque son funcionarios públicos, ocultan sus declaraciones juradas de bienes.
En suma, los cinco “ministros”, las cinco “señorías”, son vitalicios, deciden lo que quieren sobre lo que quieren y ganan casi un palo al mes: una reverenda casta.

La Corte no nació de un repollo

Desde ya, el macrismo festeja el fallo de la Corte y otros que le convienen. Del otro lado de la grieta, intentando de paso eludir su propia responsabilidad, Alberto y Cristina cuestionan el llamado lawfare: la injerencia de los jueces en la política. Pero no son para nada ajenos a esta justicia ni a esta Corte Suprema que ahora critican: sus cinco integrantes, incluso los últimos dos que Macri pretendió meter por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los aprobó el Senado con los votos del macrismo y el peronismo. Juntos. Y lo mismo para con las Cortes provinciales y demás juzgados del país.
¿Cómo se nombran los jueces? Lo hace el presidente de la Nación en base a una terna, con acuerdo de dos tercios del Senado. ¿Y quién decide las ternas? El Consejo de la Magistratura, que organiza los concursos para cubrir los cargos. ¿Y quiénes integran ese Consejo? 13 miembros: 3 senadores/as, 3 diputados/as y un/a representante del Ejecutivo, más 3 jueces/juezas, 2 abogados/as y un/a académico/a4. Con 7 sobre 13, la mayoría es del poder político. ¿Y cómo se saca a un juez? Mediante un jurado de enjuiciamiento, con 7 miembros del propio Consejo: 2 senadores/as, 2 diputados/as, 2 jueces/juezas y un/a abogado/a. Con 4 sobre 7, también ahí tiene mayoría el poder político.

Pero entonces, ¿cuál sería la “independencia” del Poder Judicial, que nos enseñan en la escuela? Ninguna: el poder político pone los jueces y fiscales o los saca según pacte o le convenga. Por eso hay doble discurso cuando Alberto ahora se queja al decir “no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias” o cuando Cristina ironiza con que “para poder gobernar ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte?”

La reforma que hace falta

El gobierno del Frente de Todos tiene varios proyectos de reforma judicial: cambiar el modo de nombrar al Procurador General (el jefe de todos los fiscales del país); unificar los fueros penal económico y criminal y correccional federal para licuar el poder de Comodoro Py; abrir nuevos juzgados; limitar las facultades de la Corte, ampliar los juicios por jurados a los delitos federales y “despolitizar” el Consejo de la Magistratura.

En realidad todos esos proyectos son en beneficio propio, para incidir aún más en la justicia. Los jurados populares, una forma participativa que compartimos, deberían incluir a todo delito con pena no excarcelable. Y el gobierno no dice cómo “despolitizar” el Consejo. Pero ojo: reducir un par de sillas políticas allí no cambiaría mucho: en lo esencial, seguirían las transas del poder para poner jueces y fiscales adictos.

La única reforma realmente democrática sería la que proponemos desde la izquierda: elegir a todos los jueces y fiscales por voto popular, por períodos limitados, que ganen como una directora de escuela y sean revocables en caso de mal desempeño. Mecanismos electivos así funcionan en países tan distintos como Rusia, EE.UU., Bolivia o Suiza. La elección sería en fecha aparte de las elecciones políticas.

El voto popular, los juicios por jurados y que en las asesorías tutelares haya participación directa de las organizaciones de mujeres y disidencias permitiría, a su vez, dar a la justicia la tan necesaria perspectiva de género real, de la que carece y que no brinda ningún “curso de formación” aislado.

Por último, en las causas importantes por corrupción política y empresarial es preciso formar una comisión investigadora independiente, con personalidades intachables y plenos poderes para investigar a todos los gobiernos: una especie de Conadep5 de la corrupción, lo que evitaría todo lawfare.

Esta sí sería una reforma judicial a fondo, integral, efectiva. ¿Lo demás? Humo, que ya sobra.

1. Fue por cuatro votos a favor, ya que la jueza Highton en este caso se abstuvo.
2. Es más: anticipándose al plan del gobierno, en su fallo la Corte ya dispuso que esa “autonomía” regiría igual aun si se limitara por una ley.
3. https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=127159
4. Ley 26.080, aprobada bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
5. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Se creó en 1983 para investigar los crímenes de la dictadura. La integraron 10 personalidades respetadas y 3 diputados. Produjo el informe Nunca Más, que luego se llevó a la justicia.

Escribe: Sergio García

Casi a las corridas, sin anuncios previos y con un formato y discurso improvisado, días atrás llegó el presidente Fernández a un acto en Ensenada. Lo hizo con una imagen calculada políticamente, pensada para ser registrada por todos los medios, arribó junto a Cristina Kirchner, Kicillof y Massa, entre otros. Así, con una imagen de unidad necesitada, el presidente ensayó un flojo discurso, evidentemente preparado tan a las apuradas como todo el evento.

Es que los días previos, las tensiones internas generaron un debilitamiento de la imagen de poder presidencial, hecho alimentado también por el fallo de la Corte Suprema que desautorizó su decreto. Entre el desacato de Larreta y sus jueces amigos, grandes medios que agitan que gobierna CFK, y una franja de la población que percibe sin rumbo al gobierno, más una parte de sus propios votantes con un creciente desencanto, se va erosionando el Frente de Todos y, en su interior se agitan las aguas.

Debates reales, soluciones ausentes

En este contexto se profundizaron algunos debates de actualidad, varios de los cuales desde la izquierda veníamos marcando desde hace tiempo. Uno de ellos, habilitado por CFK y sus cuadros más cercanos, es una crítica a las negociaciones de Guzmán con el FMI, con cierta acusación hacia un acuerdo de ajuste y que destina enormes recursos allí, que bien podrían usarse en otra cosa.

Hasta acá, podríamos decir que la crítica tiene buena parte de verdad, no se puede negar que Guzmán expresa un rumbo de ataduras al FMI, con números de economía que cierren a ese objetivo nada soberano. El problema entonces, no está en las palabras o en denuncias más o menos generales contra el Fondo y el ministro negociador, sino en la falta de acciones concretas que sostengan esas palabras y denuncias.

Porque en política, los hechos son el elemento decisivo. Si se opina que ese rumbo está mal y se le dice eso a su militancia y votantes; ¿por qué entonces CFK no propone romper con el FMI? Si desde sectores del gobierno se dice que la deuda contraída por Macri fue un negociado que hay que investigar; ¿Por qué se insiste en pagarla y así legalizar una estafa millonaria? Cuando se denuncian cosas tan graves, pero a la vez se permite que se siga adelante con el mismo rumbo, ¿no se termina siendo también parte responsable de lo que viene? No olvidemos que Kicillof ya salió a poner paños fríos, y a decir que él no disputa poder con el ministro. Mientras Guzmán sigue adelante, de gira europea con Alberto, con el visto bueno, silencioso, de CFK.

Por estas cosas, en el título de esta nota diferenciamos las palabras de los hechos ya que, no vemos cambios cualitativos en ningún rubro. Y al final del camino, los hechos son lo único que cuenta.

Entre miseria, traiciones y negocios privados

Lo mismo podríamos decir de los debates planteados por sectores de movimientos sociales afines al gobierno, o de referentes que en muchos casos son funcionarios del mismo en Desarrollo Social. Algunos de ellos comienzan a decir que la política social es insuficiente, que debería volver el IFE, que habría que destinar más presupuesto. El problema es que se dicen esas cosas y nada más, mientras el ajuste sigue su curso en medio de la pandemia. Y nadie saca los pies de ese ministerio ajustador, que acaba de recortar 50.000 altas, ya acordadas con organizaciones independientes que, lógicamente, estos días volverán a la calle.

En el plano salarial-sindical, las críticas desde abajo vienen creciendo junto con el mal humor social. También esto es muy lógico que suceda, cuando los salarios pierden cada mes con la inflación, y los contagios avanzan a la par de la precariedad laboral y de la traición de una burocracia sindical impresentable. Desde sectores del Frente de Todos, voces progresistas piden que se mejoren los salarios y el consumo. Sin embargo, esas mismas voces aceptan, entre otras cosas, que la cúpula de la CGT sea presentada como actor central por el presidente, burócratas enquistados hace décadas en sus sillones, con quienes Fernández se reunió y fotografió estos días en la Quinta de Olivos. La pregunta, sencilla, es una sola; ¿se puede realmente creer que habrá soluciones a reclamos obreros, de parte de un gobierno que reivindica como modelo a estos jerarcas cegetistas?

Para dar un último ejemplo, está el tema vacunas. Cuando ya desde la izquierda habíamos demostrado que sí se podía producir en Argentina, aparecieron voces desde el Frente de Todos pidiendo liberar las patentes. Como despertándose de una larga siesta, el diputado por Patria Grande, Itai Hagman, salió a reacomodarse, tardíamente, pidiendo liberar las vacunas. El reclamo ya es tan obvio, que hasta el presidente de EEUU tiene que decir algo al respecto. Sin embargo, tal cual le decimos al presidente Fernández, repetimos que las vacunas están en Garín. Solo con ir desde CABA unos 40 km hacia el norte del Gran Buenos Aires, podríamos tener una primera y concreta solución. Si Hagman quiere ser serio y de verdad buscar soluciones, como diputado debería apoyar el proyecto del FIT-U que pide declarar de utilidad pública el laboratorio y quedarnos con toda su producción. Y también podría, alguna vez, animarse a denunciar la política oficial de su gobierno, que permite los negocios privados y capitalistas en materia de salud, por encima de la vida.

Con la izquierda, por otro proyecto

Los meses que vienen, seguirá su curso la crisis económica, social y sanitaria que nos atraviesa. Millones de familias trabajadoras sufrirán las consecuencias y, muchas de ellas saldrán a la lucha por sus derechos. Allí nos encontrarán dándole apoyo desde el MST en el FIT Unidad.

A la vez, todos estos debates que ahora emergieron, también desde el interior del frente gobernante, son la refracción en esa superestructura política del descontento social por abajo. Las tensiones reflejan la incertidumbre, frustraciones y críticas de su propia base social que esperaba otra cosa.
Ante esto, sectores del gobierno buscarán ahora convencer de que hay que tener paciencia, explicarán que hacen lo que más pueden, y pedirán apoyo porque enfrente está la derecha.

Nosotros y nosotras explicamos y proponemos otra cosa. Decimos que frente al ajuste del gobierno no hay paciencia, sino enfrentamiento y lucha por nuestros derechos sociales. Decimos que no es verdad que hacen “lo que más pueden” sino que no quieren hacer “lo que deben”, que es tocar a fondo los intereses económicos de los que más tienen ya que, si lo hicieran habría recursos para enfrentar la crisis y no habría necesidad de ajuste.
También decimos que el rumbo del Frente de Todos, su ajuste, su tibieza y falta de medidas claras y de fondo, es lo que permite que la derecha se recomponga, apoyada en el descontento de millones. Por este camino la derecha gana terreno y las mayorías populares pierden derechos sociales cada día.

Si de verdad queremos enfrentar a toda esa derecha retrógrada de los Macri, Bullrich o Larreta, si queremos frenar el ajuste en curso y si queremos soluciones verdaderas, el camino es fortalecer un proyecto alternativo, de izquierda. Una tercera y fuerte voz política que, en todo el país, por fuera de la grieta, proponga con fuerza otro camino. Por eso a vos, que hoy ves debates e internas dentro del Frente de Todos, te invitamos a superarlos por fuera de ese frente y por izquierda.

Con el MST y el FIT Unidad intentamos cada día hacer más grande otro proyecto. No queremos que te convenzan que no se puede ni que te obliguen a aceptar excusas o migajas. Queremos convencerte que sí podemos dar vuelta todo, ir por nuestros derechos y pelear por otro modelo de país, sin lugar para grandes corporaciones extractivas y saqueadoras. Sin lugar para los agronegocios y con un cambio de fondo de la producción diversificada de alimentos y del reparto de las tierras. Un país donde controlemos la banca y el comercio exterior, y rompamos con el FMI y la deuda ilegal. Donde terminemos con las privatizadas estatizando los servicios esenciales, y nos juguemos a nacionalizar los laboratorios que pueden producir y envasar vacunas. Una Argentina donde la clase obrera tenga trabajo y salarios dignos, y los políticos y funcionarios sean revocables y ganen como una directora de escuela. Donde prioricemos de verdad la salud y educación pública, y separemos la Iglesia del Estado. Un proyecto político anticapitalista y socialista donde las y los trabajadores gobernemos y decidamos todo. ¿Quién dijo que no se puede?