Escribe: Leo Rando

El 12 fue la protesta en Congreso contra la Ley Bases. Allí se vio de nuevo, y con mucha mayor saña, el intento de cambio del régimen político al que avanzan Milei y Bullrich para imponer su plan de ajuste. Por la tarde, cuando ya se habían retirado la CGT y las CTA, hubo un fuerte despliegue de fuerzas policiales y de seguridad, en especial de las policías Federal y de la Ciudad, que provocaron y reprimieron con gases lacrimógenos, palos, balas de goma, carros hidrantes e incluso armas de fuego (ver foto). Tampoco faltaron infiltrados. Luego se desarrolló una verdadera cacería, con detenciones a muchas cuadras de Congreso, durante y después de la desconcentración hasta entrada la noche.

Al cierre de este periódico las compañeras y compañeros ya llevan más de 36 horas de detención y solo algunos fueron indagados. Entre ellos está nuestra compañera Sasha Lyardet, estudiante de la UNSAM y militante del MST, la asamblea de San Martín y la Campaña por el Derecho al Aborto. Junto a otras seis jóvenes, pasaron más de 12 horas esposadas e incomunicadas e incluso tuvieron que dormir en el suelo debido al hacinamiento existente en comisarías y alcaidías. Lo mismo sucedió con muchos detenidos. La defensa jurídica de Sasha la asumió la compañera Claudia Leaños, del CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos).

Campaña delirante y causas armadas

Aprovechando el lamentable y sospechoso incendio de un móvil de la radio Cadena 3, tanto Milei como la ministra Bullrich, el vocero-bufón Adorni y otros funcionarios salieron con una campaña mediática delirante, replicada por los grandes medios, acusando a los manifestantes de ser «grupos terroristas», «criminales» y promotores de un «golpe de Estado».

Como diez manifestantes fueron detenidos por la Federal y el resto por la policía porteña, de arranque estaban a cargo de las respectivas fiscalías. Pero la tardanza en todos los trámites con las y los detenidos, que implicó deambular horas enteras por alcaidías y comisarías, luego tendría una explicación: la enorme presión política del gobierno nacional sobre el fiscal Carlos Stornelli para que todos los casos pasen a la justicia federal y bajo gravísimas acusaciones: daño agravado, incendio o estrago, intimidación pública, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor (o sea terrorismo) y hasta delito contra los poderes públicos y el orden constitucional (o sea sedición), entre otras. Solo faltó que nos acusaran de volar las Torres Gemelas…

Cabe recordar que las llamadas leyes antiterroristas que ahora les imputan fueron impulsadas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y que la figura penal de sedición no se aplica desde la crisis de 2001, cuando se utilizó contra organizaciones piqueteras en Salta. Con semejantes cargos, Stornelli pide prisión preventiva para todos los detenidos. Un asco total y una flagrante violación a los derechos constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos firmados por la Argentina.

Libertad a lxs presxs por luchar

La solidaridad se hace sentir. Militantes, compañeres, amigues y familiares acercan comida y frazadas a las comisarías, averiguan data, buscan abogados para las defensas que faltan, hacen colectas y campañas en las redes, cantan, todo para bancar a las y los compas detenidos. Es posible que entre viernes y sábado se hagan las indagatorias, tras lo cual deberían ser liberados. Además, el viernes 14 se hace una conferencia de prensa de organismos de derechos humanos, diputados y referentes en la sede del Servicio Paz y Justicia, el Serpaj. Se empieza a delinear una gran marcha antirrepresiva unitaria para la semana próxima.

Llamamos a construir la mayor unidad de acción posible para frenar toda esta ofensiva persecutoria. Seguimos exigiendo la inmediata libertad de las presas y presos por luchar, así como el cierre de las causas penales armadas, en el camino de derrotar el protocolo represivo de Bullrich y el intento de Milei de avasallar todos los derechos y libertades democráticas vigentes.

Escribe: Cele Fierro

La conferencia de prensa que convocamos antes de la sesión se inició con la denuncia de la brutal represión desplegada el miércoles 12 mientras el Senado trataba la Ley Bases. Junto a las y los diputados del FIT Unidad y de Unión por la Patria, reafirmamos nuestro rechazo a la reforma macrista y dimos a conocer el petitorio en ese mismo sentido firmado por más de 40 organismos y organizaciones de derechos humanos dirigido a las y los diputados (ver recuadro), que luego les repartimos en el recinto.

Finalmente, durante la sesión ordinaria del 13, con 36 votos a favor, el proyecto de modificación del Código Procesal Penal se aprobó con los votos del oficialista Vamos Por Más, la UCR, Confianza Pública, Coalición Cívica, Republicanos Unidos, el Partido Socialista y, para sorpresa de nadie, La Libertad Avanza. Nos opusimos la izquierda y el peronismo.

Van por más represión

El oficialismo abrió su intervención planteando la prioridad del gobierno de Jorge Macri: la “seguridad” y el “orden”. En otras palabras, represión y limpieza de pobres. Dicen hacer un fuerte foco en la prevención y persecución del delito en base a datos que dibujan como positivos desde su lógica punitivista, pero los hechos demuestran que no es así.

En estos seis meses de gestión hubo varias fugas de presos, sobrepoblación en alcaldías y comisarías, y condiciones deplorables por el colapso de las mismas. Para Diego Kravetz, el secretario de Seguridad, “no es culpa ni de Patricia ni de Milei”. Hablan de una “problemática heredada”, pero siendo gobierno desde hace 16 años no se dieron ninguna política pública efectiva para combatir la desigualdad social, que junto a la impunidad del poder son las principales causas del aumento de las conductas delictivas.

Plantean que han identificado una problemática principal: las personas que se encuentran en constante conflicto con la ley, la famosa puerta giratoria. Es falso, porque en estos seis meses los detenidos se duplicaron de mil a casi dos mil, pero el delito no bajó. Cuando hablan de “mejorar la capacidad operativa”, en realidad proponen aumentar la cifra de detenciones. En ese sentido, introducen cambios procesales para facilitar los allanamientos policiales en base a figuras imprecisas y ambiguas, como “ver entrar personas extrañas” o “indicios manifiestos” de que se puede cometer algún delito.

Por las dudas, a la vez que pregonaban la ley como una solución, aclararon que ni esta ley ni ninguna otra por sí sola mejora la seguridad si no va acompañada de inversión y políticas integrales. ¿A qué se refieren? A que en el Presupuesto 2024 y su posterior ampliación, el Ministerio de Seguridad fue el que más fondos recibió, respecto de las otras áreas, para comprar más balas y gases. Que sepamos, a ningún chorro, narco o mafioso se lo detiene usando gases lacrimógenos… O sea, en realidad Macri se prepara para reprimir más los reclamos sociales, a los vendedores de la vía pública, a los pobres.
Esta reforma no está orientada a disminuir los niveles de delito. Su objetivo principal es la criminalización de las protestas siguiendo la misma lógica del gobierno de Milei y Bullrich.
Coinciden en su visión de recortar los derechos sociales para beneficiar a sus amigos empresarios y la única manera de imponer esos planes es mediante la represión.
Pero así como Milei solo no puede lograr sus leyes y necesita votos comprados, Jorge Macri tampoco puede hacerlo solo en la Legislatura. Como si fuera un espejo, los mismos bloques políticos que aprobaron la Ley Bases son los que apoyaron esta modificatoria al Código Procesal Penal de la Ciudad.

Migrantes, allanamientos y reiterancia

La reforma estigmatiza a las personas migrantes, informando a las áreas de Migración de hasta el menor delito a fin de facilitar la expulsión. Asimismo, le otorga más facultades a la Policía de la Ciudad, la misma que asesinó a Lucas González y a Facundo Molares, la misma que reprime brutalmente a quien sale a reclamar por despidos, salario o alimentos. En particular, facilitan las formas de comunicar y realizar allanamientos express.

Lo cierto es que quieren facilitar las herramientas para que fiscales, jueces y policías puedan meter presos a quienes salen a reclamar por sus derechos. A eso apunta la nueva figura de la reiterancia delictiva. Invierte la carga de la prueba y viola el principio de inocencia: a partir de ahora toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. La prisión preventiva se aplicaba en dos casos: peligro de fuga o de obstaculizar la causa. Ahora agregan un tercer motivo, disimulado, que es considerar que por sus antecedentes alguien seguramente va a reiterar un delito. ¡Entonces lo detienen antes de que lo cometa! De este modo tan absurdo están juzgando a la persona por lo que es y no por lo que hace, con un criterio antijurídico que se denomina delito penal de autor.

Como la redacción original de la reforma era muy burda y abiertamente inconstitucional, la tuvieron que cambiar. Por eso agregaron que no se aplicará “en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, a manifestarse o a peticionar frente a las autoridades”… Pero la trampa está en que a continuación pusieron “siempre y cuando no concurran con delitos contra las personas o daños a la propiedad”. Y es bien sabido que en todas las causas armadas cuando detienen a manifestantes, además de la habitual resistencia a la autoridad, les imputan daños, lesiones u otras acusaciones falsas para agravar las penas.
¡La prueba concreta de cómo utilizan esto la tuvimos tan sólo un día antes de esta sesión, en las detenciones en Congreso el día de la ley bases, ya que les metieron daños y luego otras barbaridades más como daño agravado, estragos, instigación, intimidación pública y hasta sedición! Basta que un policía diga que le pegaron, que haya un vidrio roto, una pintada en una pared o una ocupación de empresa para que apliquen la frasecita “delitos contra las personas o daños a la propiedad” y entonces le metan la reiterancia y lo dejen en cana aunque no se haya probado ningún supuesto delito y la persona sea inocente.

Reclamar es un derecho, no un delito

Como lo dije en mi intervención, esta reforma represiva va en línea con los proyectos que presenta Bullrich en el Congreso: consideran que salir a reclamar es un delito. Por eso para Jorge Macri hubo 100 mil “delincuentes” en la concentración contra la ley bases. Convierten un derecho en un delito.

Pero como la crisis se va a seguir profundizando, tienen que saber que vamos a ser millones en las calles de la Ciudad y de todo el país. Que vamos a seguir enfrentando las políticas que defiende este gobierno que desfinancia la salud y la educación públicas, los programas de vivienda y ajusta a todos los sectores de la clase trabajadora. Ninguna política punitivista sirve para resolver los problemas de fondo, como lo demuestra el fracaso de las famosos leyes Blumberg de mano dura. Vamos a seguir defendiendo el derecho a manifestarnos, que es justamente la forma en que se han conquistado todos los derechos.

Escribe: Pablo Vasco

Ningún ajuste pasa sin palos. El de Milei, menos. Como su plan de miseria y entrega es más brutal, intenta endurecer la represión porque sabe que hay y habrá más resistencia del pueblo trabajador. Milei y su gobierno critican al Estado, pero sólo para achicar todas las áreas que cubren derechos: salud, educación, cultura, salarios estatales, jubilaciones y pensiones, ayuda social, ciencia y técnica, derechos humanos y de género, empresas públicas. En cambio, fortalece al aparato represivo sin el cual el Estado capitalista no duraría ni un minuto.

Los gobiernos previos también aplicaron mano dura, como Alberto y Cristina con la represión de Berni en Guernica o con sus leyes «antiterroristas». Pero Milei va más allá y pretende cambiar el régimen político vigente por otro mucho más autoritario, totalitario, con superpoderes para él, un Congreso-escribanía, una justicia adicta 100% y mayor represión y control social. Un ejemplo es el protocolo de Bullrich, que impugnamos en la justicia por inconstitucional y cuya competencia debe resolver la Corte Suprema.
El gobierno endurece la persecución policial-judicial. Al mismo tiempo, en el Congreso, la Legislatura porteña y otras provincias presentó proyectos de reformas que atacan un derecho democrático básico: el derecho a la protesta social. Este derecho a peticionar a las autoridades incluye tres aspectos: el derecho de asociación -a organizarse-, el derecho de reunión -a movilizarse- y la libertad de expresión. Además, todo esto está reconocido en varios tratados internacionales de derechos humanos, firmados por el Estado argentino hace años.

Allanamientos, causas, ofensiva mediática

El 20 de diciembre, Bullrich se quedó con la sangre en el ojo. Amenazó y saturó de policía, pero no pudo impedir que el sindicalismo combativo, los movimientos sociales; el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; Unidxs por la Cultura y la izquierda marcháramos a Plaza de Mayo e hiciéramos un gran acto en el aniversario del Argentinazo de 2001. Pero aparte de mandarnos multas ilegales a las organizaciones que participamos ese día, Bullrich inició causas.

Una fue a través del gobierno de Jorge Macri y la justicia contravencional-penal, en CABA, por «obstruir el tránsito». Según el expediente identificaron a 62 manifestantes e imputan a 38, sobre todo referentes y militantes de izquierda, como nuestro dirigente Alejandro Bodart, Myriam Bregman y Néstor Pitrola. Entre otros motivos de nulidad de esta causa, según la fiscal Scanga Bodart estaba en Diagonal Sur e Yrigoyen, lo que es falso. Su abogado defensor es el compañero Luis Orellana, del CADHU.

Por la otra causa penal, iniciada el mismo 20D, hubo operativos el lunes 13 contra integrantes del FOL, Polo Obrero y Barrios de Pie por supuesta «extorsión» a beneficiarios de planes sociales e incautaron celulares y computadoras. Fueron allanamientos ilegales, al estilo dictadura: sin luz diurna ni notificación previa, a punta de pistola, rompieron puertas y hasta apagaron las cámaras de seguridad internas de un local. Acusan a las organizaciones piqueteras de amenazar con «bajar el plan si no te movilizás», cuando es el gobierno quien extorsiona al difundir que «el que marcha o corta no cobra». Así Milei busca desalentar las protestas y ocultar que crecen la pobreza y la bronca social.
Este apriete lo bancan los grandes medios, con su repugnante campaña de calumnias contra las organizaciones sociales y la izquierda. Un ejemplo es Jonatan Viale, que en su programa ¿La ves?, por TN, del lunes 13, atacó al FIT Unidad con insultos, mentiras y puso en pantalla nuestra boleta electoral porteña con el subtítulo Ladrones de pobres. ¡Un felpudo del gobierno, que es el verdadero ladrón de pobres!

Proyectos represivos e inconstitucionales

Como la ley bases original fracasó, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich le sacó el capítulo de reformas penales y las presentó aparte. Quieren reformar el Código Penal para transformar derechos en delitos, endurecer la persecución a la protesta social y otorgar más poderes e impunidad a la Policía Federal y demás fuerzas de seguridad. Varios diputados peronistas comparten ese rumbo punitivista, que incluye la reiterancia que ya rige en Mendoza y otras provincias. Veamos algunos de tales proyectos:

. Datos genéticos. Se incluirían en el Registro Nacional todos los delitos, así sean leves. Bastaría con acusar a alguien de cualquier delito para que el Estado pueda retener sus datos genéticos hasta por un siglo, en un sistema compatible con el del FBI. ¡Oh casualidad!, uno de los expositores a favor de este proyecto fue un empresario que vende esos sistemas…

. «Orden público». Legalizan y dejan impune el gatillo fácil al ampliar la excusa policial de legítima defensa y cumplimiento del deber, y niegan el derecho de la víctima o sus familiares a querellar al asesino. Elevan hasta seis años la pena por atentado y resistencia a la autoridad, figura usada para detener al voleo, sin pruebas, con la sola declaración del policía «agredido». Y penalizan el piquete, hasta ahora incluido en el derecho de huelga.

. «Reiterancia». Si alguien participa en dos protestas, aunque no tenga condena por la primera le pueden imputar el art. 194 del Código Penal (obstruir el tránsito, aun con una marcha), considerarlo reiterante y detenerlo. A pedido del fiscal, el juez puede dictarle prisión preventiva por reiterancia, convirtiendo el derecho democrático a reclamar en un delito no excarcelable.

. Ley «antimafias». No define qué es una organización criminal, o sea que podrían aplicarlo a cualquier organización popular. Permite al Ministerio de Seguridad declarar cualquier zona del país como sujeta a investigación especial y allanar sin orden judicial, pinchar teléfonos y detener por 48 horas sin aviso al juez. Y a todo integrante de una asociación que consideren ilícita le pueden imponer la mayor pena aplicada a otro miembro, aunque el primero no haya participado del delito cometido.
A su vez, Jorge Macri presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley, peor que el del Congreso, para modificar el Código Procesal Penal e incluir la reiterancia y otros cambios regresivos e inconstitucionales.

. Permite a la policía revisar y requisar la ropa, pertenencias y el transporte utilizado. También permite allanar sin orden judicial previa, en base a figuras imprecisas como personas extrañas o indicios manifiestos.

. El código nacional sólo permite la prisión preventiva si hay peligro de fuga o de entorpecer la causa. Macri agrega otro pretexto: peligro de reiteración delictiva, o sea suponer que cometerá un nuevo delito. Se basa en ambigüedades: razones fundadas, excesiva violencia, circunstancias que infieran una alta probabilidad, indicios vehementes…

. La reiterancia viola el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que rige en el derecho internacional desde la Revolución Francesa de 1789 y viola el art. 18 de la Constitución nacional: «Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo».

Hay que parar este avance antidemocrático, casi un estado de sitio. Cualquier laburante que reclame aumento salarial, estudiante que marche por la universidad pública, desocupado que exija empleo o comida, mujer o persona LGBT+ que defienda sus derechos, vecino que salga a la calle por un corte de luz, puede ser criminalizado. Milei y sus socios nos quieren sumisos, esclavos. Unamos fuerzas para derrotarlos.

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

Nuestro recurso pasó por ocho juzgados y una cámara de tres fueros judiciales distintos -electoral, contencioso administrativo y criminal y correccional-, que fueron pateándose la pelota. Finalmente, días atrás el juez federal penal Sebastián Casanello, del Juzgado N° 7, se declaró competente en la causa iniciada por nuestro partido, el MST en el Frente de Izquierda Unidad.

Casanello recaratuló como hábeas corpus nuestra presentación iniciada como acción declarativa de inconstitucionalidad y le ordenó a la ministra de Seguridad de la Nación informar en el plazo de 72 horas qué antecedentes consideró, qué consultas hizo para elaborar su protocolo y qué respondió ante el informe crítico de tres relatores especiales de derechos humanos de la ONU sobre el mismo.

Es que ya antes habíamos agregado al expediente judicial dicho informe, así como los absurdos telegramas que nos envió el Ministerio al MST pretendiendo en forma delirante cobrarnos 40 y 63 millones de pesos por los operativos policiales que Bullrich desplegó frente a las movilizaciones unitarias del 20 de diciembre a Plaza de Mayo y del 27 a Plaza Lavalle. Es el colmo: ¡recortan el derecho a la protesta y encima pretenden que les paguemos la represión!

Cuestiones en debate

Como Bullrich para armar su engendro no consultó a otras áreas del Estado, a organizaciones sociales ni a organismos internacionales y además contestó que las críticas de los relatores especiales todavía estaban «en análisis», el pasado martes 7 Casanello dictó una medida cautelar que consideramos muy positiva.

Dicho sea de paso, como en su respuesta la misma Bullrich nos considera al MST legítimos para mandarnos multas por marchar pero cuestiona la legitimidad de nuestras diputada y apoderada para querellarla, Casanello la refutó: «la Constitución Nacional establece que este remedio legal [el hábeas corpus] podrá ser interpuesto ‘por el afectado o por cualquiera en su favor’.»

Por ahora el juez no suspendió el protocolo como reclamamos y además falta resolver la cuestión de fondo de si éste es o no inconstitucional. Pero en su fallo hizo varios alertas significativos:
. «los términos del Protocolo se traducen en instrucciones a las fuerzas de seguridad que pueden ser a priori confundidas como habilitaciones de poder punitivo por fuera de la norma penal.» Dicho en fácil, el protocolo puede habilitar mayor represión que la que permiten las leyes.
. «La definición de los tipos penales es una competencia exclusiva del Poder Legislativo Nacional, que se expresa mediante el dictado de Códigos y Leyes emanadas del Congreso. La determinación del alcance de las figuras penales, y de su aplicabilidad a los casos concretos, corresponde al Poder Judicial.» Como Bullrich se arroga la monárquica y repudiable potestad de considerar cualquier piquete, marcha o corte así sea total o parcial como un delito, el juez reafirma que las leyes que definen los delitos las hace el Congreso y las interpreta la justicia, no el Poder Ejecutivo.
. También reafirma la validez de la Observación N° 37 del Comité de Derechos Humanos y los cuestionamientos de los relatores al protocolo porque incumple los estándares internacionales de protección al derecho de reunión pacífica. Para el juez, considerar de antemano «a toda reunión como violenta o delictiva es una decisión contraria al estándar internacional de protección».
. Como mediante su protocolo Bullrich pretende además abrir un registro de las personas y organizaciones que participan en manifestaciones, el juez sostiene «que el registro y uso de la información personal de las personas reunidas debe estar sujeto a los límites constitucionales y legales, y no violar la privacidad de los manifestantes». Y cita otro fallo suyo, en donde afirma que «tampoco sería tolerable el armado de bases de datos para -bajo el pretexto de alcanzar una respuesta eficiente frente a los cortes de ruta- ingresar en el monitoreo y control de qué hace o deja de hacer un obrero, un delegado gremial o un dirigente político».
. Asimismo, el juez afirma que «la libre circulación convive con el ejercicio de otras libertades y derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el derecho de peticionar -y, particularmente, criticar- a las autoridades-. Estos últimos derechos tienen un valor especial dentro del sistema democrático por lo que merecen especial protección».

La cautelar, un paso adelante

Por todas esas razones, Casanello exhorta al Ministerio de Seguridad de la Nación a que:
«1. En el marco de su competencia, adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho, incluido todo el bloque de constitucionalidad, debiendo sujetarse al mandato legal que deriva del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal, entendidos como derecho constitucional reglamentado.

«2. Instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a que, en el marco de su actividad preventora, anoticien y eleven consulta, de modo inmediato, a las autoridades judiciales, de conformidad a lo establecido por las leyes procesales.

«3. Tome razón del estándar de protección impuesto por las normas internacionales de derechos humanos, explicado y desarrollado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 23 de enero de 2024 (OL ARG 3/2024), e instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a observar un comportamiento adecuado a ese estándar.»

Es decir, el juez le impuso claras limitaciones y condicionamientos al protocolo de la ministra Bullrich, cuyos brutales efectos represivos ya vimos y sufrimos en carne propia en estas jornadas de lucha frente al Congreso contra la ley ómnibus de Milei. Por último, citó a las partes a una audiencia el próximo miércoles 14 en los tribunales de Comodoro Py.

Seguir la pelea anti-protocolo

El mismo día en que cayó la ley ómnibus en el Congreso, martes 6, la noticia de este fallo significa otro duro golpe para el gobierno ultraderechista de Milei y Bullrich. Desde el CADHU y otros organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y también algunos de la Mesa de Organismos estamos vamos a presentar en esta causa un recurso de amicus curiae en contra del protocolo. Adjuntaremos también la presentación que nos ofreció el CELS, realizada junto a los sindicatos SIPREBA y ARGRA, y al CEPRODH, ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

En defensa del derecho humano, democrático y constitucional a la protesta, integrado a su vez por los derechos de reunión, de asociación y de petición ante las autoridades y la libertad de expresión, seguimos esta batalla decisiva a nivel judicial y sobre todo en las calles, que en definitiva son nuestra única garantía de victoria.

Escribe: Pablo Vasco, CADHU – MST

En septiembre pasado, más de 500 activistas de organizaciones populares de todo el país hicimos en la Facultad de Sociales de la UBA un Encuentro nacional antirrepresivo y por los derechos humanos. Allí se resolvió convocar a una jornada contra la criminalización de las luchas sociales para antes del balotaje presidencial. El objetivo es simple: dejarle en claro a quien sea el nuevo gobierno que vamos a enfrentar todo intento de recortar los derechos de organización, de manifestación y de peticionar a las autoridades, reconocidos incluso en la Constitución nacional de esta recortada democracia capitalista.

Es que el derecho a la protesta es básico. Algunos juristas reconocidos, como Roberto Gargarella, lo consideran “el primer derecho: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”. Porque todos y cada uno de los avances que la clase trabajadora y los sectores populares hemos conseguido aquí y en todo el mundo han sido a través de la movilización social, poniendo el cuerpo en las calles. Esa es la única manera de conseguir nuestros derechos, defenderlos cada vez que los atacan y en todo caso obtener nuevos logros.

Penalización recargada

La profunda crisis capitalista que atravesamos no sólo no deja márgenes para otorgar concesiones económicas ni políticas, sino que todos los gobiernos con tal de asegurar las ganancias de los sectores concentrados tratan de apretar las tuercas del pueblo trabajador con más ajuste y más saqueo extractivista. Por eso desde hace algunos años se desarrolla una tendencia internacional antidemocrática de todos los gobiernos y regímenes hacia un autoritarismo creciente.

Esta orientación implica jaquear y limitar los derechos, libertades democráticas y garantías que costaron muchas décadas de lucha y han mantenido relativa vigencia. El caso más reciente son las prohibiciones dispuestas por numerosos gobiernos del mundo procurando impedir las movilizaciones en apoyo al pueblo palestino, lo que no logran.

La burguesía se vale de varias herramientas institucionales para actuar en contra del derecho al reclamo popular. Desde ya, cuando la relación de fuerzas se lo permite recurre a la represión directa utilizando sus policías y otros cuerpos represivos contra las movilizaciones, paros, cortes de ruta y tomas de fábricas o colegios. Pero también cuenta con otros instrumentos jurídicos, leyes, códigos penales y contravencionales.

Por un lado la justicia aplica figuras penales cada vez más duras, como por ejemplo acusar absurdamente por tentativa de femicidio a los docentes y estatales que reclamaban por sus salarios adeudados ante la casa de la gobernadora santacruceña. A la vez, penalizan las luchas por doble o triple vía: ante un corte o manifestación pueden abrir una causa penal por entorpecer el transporte, intimidación pública o resistencia a la autoridad; una demanda civil por daños y hasta una cuantiosa multa por alterar el orden público o afectar la higiene urbana…

Algunos casos destacados

Hace poco el gobernador jujeño Gerardo Morales, ese radical al que Sergio Massa elogia y le propone la “unidad nacional”, impuso a palos y gases una reforma constitucional represiva que coarta el derecho a manifestarse y despoja a las comunidades originarias. En provincias como Salta y Mendoza son frecuentes las multas a las marchas populares. En Chubut, de los 16 vecinos y vecinas acusados por la lucha contra la ley de zonificación minera y defender el agua, a once les dictaron la falta de mérito y aún quedan cinco procesados.

Hay otros proyectos en similar sentido para declarar servicios esenciales a las tareas docentes y de salud, lo que cercena el derecho constitucional de huelga. Lo mismo hacen el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su par porteño Horacio Rodríguez Larreta al descontar los días de paro a la docencia pública. Obviamente, si hubiera trabajo genuino, ayuda social y salarios dignos no habría necesidad de hacer piquetes ni paros.

Córdoba merece un párrafo aparte. Días atrás, cinco referentes de movimientos sociales -entre ellos nuestro compañero Agustín Nazar, del MST Teresa Vive- y el secretario general de ATE tienen pedido de elevación a juicio por resistencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte público por una protesta en abril pasado. Hay cuatro trabajadores condenados a un año o año y medio de prisión en suspenso por la toma del Molino Minetti en 2019 y trabajadores de Coca Cola procesados por bloquear un portón. Y aún quedan 22 estudiantes procesados por la “usurpación” de la Universidad en 2018, en defensa de la educación pública, cuya audiencia se postergó al 15 de diciembre.
A César Arakaki y Daniel Ruiz les ratificaron hace poco la condena por “intimidación pública” en la marcha de diciembre de 2017 contra la refoma jubilatoria de Mauricio Macri. Como al “Chino” lo condenaron a tres años y cuatro meses de prisión, ahora queda al borde de ir preso.

Estas persecuciones de la justicia burguesa apuntan a castigar al activismo y al mismo tiempo amedrentar a los trabajadores y sectores populares para que no se movilicen. Por eso la marcha de este jueves 9 y por eso la necesidad de seguir organizados para enfrentar esta ofensiva antidemocrática

Un nuevo ataque a dirigentes sindicales está ocurriendo en estos días por parte de la Justicia de CABA —la justicia de Larreta—. Encubierto bajo la figura de “Obstrucción de la vía pública” se pretende cercenar un derecho democrático elemental: el derecho a la protesta, a los reclamos gremiales, a defender los derechos de lxs trabajadorxs.

En un oficio judicial que invoca la contravención a la ley 1479 art. 89 firmado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del fiscal en 1era instancia Federico Luis Tropea, se imputa a trabajadores y referentes de varias organizaciones que el 23 de noviembre de 2022 realizaron una movilización y acto frente al Ministerio de Salud de la Nación con más de 1000 trabajadores que reclamaban legítimamente aumento salarial y paritarias. Las dirigentes Norma Lezana de la APyT del Garrahan, Mirtha Jaime (CICOP Posadas) y Graciela Flamma (STS Posadas), Luisa Perez (ATE Junta interna Garrahan) entre otros han sido intimados por la fiscalía a presentar descargo sumarial.

Es un despropósito antidemocrático de la justicia de Larreta —el mismo que niega la inclusión de enfermería en la carrera profesional ley 6035— pretender homologar a un delito o contravención una justa protesta. Por otra parte también es responsable el gobierno nacional, ya que ese día, durante esa movilización y acto, dichos dirigentes fueron recibidos por el funcionario ministerial Alejandro Collia y los nombres de estos compañeros/as fueron suministrados a la fiscalía por ese ministerio y su guardia pretoriana policial. Curiosamente, esa movilización se llevó a cabo como parte de un plan de lucha conjunto que coordinó la pelea de ambos hospitales con CICOP, la ALE y residentes de CABA, justamente porque el gobierno nacional se negaba a aumentar los salarios de los trabajadores de los hospitales nacionales como son el Posadas y el Garrahan entre otros reclamos de conjunto. Sin duda en la precarización laboral igual que en la represión a la protesta no hay ninguna grieta.

Igual que hace Morales en Jujuy con la represión y la criminalización de la protesta social y gremial y también en el caso de la persecución a los trabajadores del SUTNA, se pretende acallar las voces de los que luchan por reclamos legítimos y justos.
El ajuste que hoy lleva adelante el gobierno nacional, aplicando la receta del FMI mediante la política económica del ministro candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa y que sin duda llevará adelante el próximo gobierno -gane quien gane- no pasa sin represión y tenemos que estar en alerta los que luchamos para defender a los dirigentes del Posadas y del Garrahan de cualquier ataque a las libertades democráticas y al derecho a la protesta.

Desde Alternativa Salud repudiamos enérgicamente esta maniobra persecutoria y llamamos a organizarnos para defender a estos compañeros y cualquier otro ámbito de salud o de la lucha gremial que sea atacado con pretextos jurídicos o de cualquier tipo. Nos ponemos a disposición de las y los compañeros para enfrentar este atropello. Se consensuó entre las organizaciones y personas judicializadas una campaña común para lograr el cierre de la causa.

Escribe: Emilio Polliak

La provincia de Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, acaba de producir un ataque violento contra docentes y trabajadores que reclamaban por sus salarios. Por órdenes directas de la gobernadora y también de la vicepresidenta Cristina Kirchner, acusan a tres trabajadores docentes de “intento de femicidio” y a una trabajadora estatal de “intento de homicidio”.

Esta brutalidad, que no tiene nada que envidiarle al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en su ataque a los trabajadores de su provincia, se remite a un reclamo salarial en el año 2017, en medio de un largo conflicto de los trabajadores docentes y estatales, cuando la entonces presidenta CFK visitó la provincia y estaba reunida con la gobernadora en su residencia. Ese día, una movilización espontánea de trabajadores ocupó las calles y parte de los jardines de la residencia, exigiendo soluciones a sus reclamos. La única respuesta fue una brutal represión con gases y balas de goma. A partir de ahí, la justicia de Santa Cruz, totalmente cómplice del poder provincial, armó una causa contra los compañeros Claudio Wasquín, Diego Barrionuevo y Juan Manuel Valentín y contra la compañera Gabriela Ance. Barrionuevo era en ese momento Secretario Adjunto del gremio docente ADOSAC, Wasquín y Valentín dirigentes de la CTA Santa Cruz y referentes del MST y el PO respectivamente. Ance era referente de la oposición de ATE y militante del PO.

Esta justicia controlada por el poder acaba de cambiar la carátula de la causa armada, pasándola de “violación de domicilio” a “intento de femicidio y de homicidio”, volviéndola a la instancia de instrucción, con el objetivo de solicitar penas más duras para los compañeros y abrir la posibilidad de dictarles la prisión preventiva. Un verdadero ataque a las libertades y derechos democráticos que pisotea esta gobernadora. Además bastardea la lucha histórica del movimiento de mujeres, apelando a la figura de “femicidio”, hecho que fue repudiado por la Mesa Feminista Independiente de Rìo Gallegos y otras organizaciones feministas. Todo esto en medio de una nueva lucha salarial docente que lleva seis meses y cuya única respuesta por parte de Alicia Kirchner es represión y criminalizar la protesta social, con su “Partido Judicial” nuevamente actuando a través de una medida cautelar que anula el derecho a huelga.

Hay que rechazar y enfrentar este ataque de Alicia Kirchner a los trabajadores docentes y estatales. Hay que rodear de solidaridad a los compañeros Wasquín, Barrionuevo, Valentín y Ance. Desde Adosac se convoca a una jornada frente al Tribunal Superior de Justicia el 5 de agosto abierto a todas las organizaciones. Hay que apoyar esta convocatoria desde todos los sindicatos docentes del país, desde los sindicatos combativos, juntas internas y cuerpos de delegados, de organizaciones de derechos humanos, de todas y todos los que dicen defender las libertades y derechos democráticos, no podemos dejar pasar este injusto ataque a nuestros compañeros. Desde el MST en el FIT Unidad proponemos una gran campaña nacional de solidaridad que impida que el gobierno kirchnerista de Santa Cruz meta presos a los compañeros. Absolución inmediata de Wasquín, Barrionuevo, Valentín y Ance.

Rutas y calles pobladas de rebeldía. Morales se jacta de acabar con las protestas, de barrer con los cortes, de imponer “la paz” y el “orden”. Pero logró lo contrario, Jujuy está en llamas y el señor feudal que pretendía ser monarca, recula eliminando artículos aberrantes de su reforma, anula decretos represivos, transa con el PJ, oferta aumentos y trata de resistir ante un jujeñazo creciente. El que ahora no solo reclama: ¡arriba los salarios, abajo la reforma! Si no que también grita: ¡Fuera Morales! La otra cara del país que se viene, la que les estalla a los que quieren pisotear derechos y reformar constituciones o votar leyes para entregar recursos naturales, apropiarse de tierras de comunidades originarias, de bienes comunes, escasos y preciados para lucrar con las corporaciones en un extractivismo al palo, y a los palos.

Crecen las protestas, paros y reclamos. El autoritarismo y la miseria salarial hacia docentes, estatales, salud o municipales en Jujuy o en Salta, se replica en salarios también insuficientes en Santa Cruz, Chubut o Tierra del Fuego. La heroica respuesta del pueblo jujeño y su firmeza ante los palos, balas, cárcel y garrote, despertó una creciente ola de solidaridad e indignación a lo largo del país, al ver hablar de “paz” y “orden”, mientras disparan a la cabeza y los ojos. Que arrastran o golpean hasta hacer sangrar a mujeres, mayores y pibes. Cargan con la caballería y largan los perros de Infantería en una lucha desigual, donde los “delincuentes” y “violentos” serían docentes, estatales y comunidades originarias que reclaman vivir, comer, trabajar, cuidar la tierra.

Un creciente apoyo social. Esta solidaridad e indignación de trabajadores y sectores populares obliga a las CTA y sectores de la CGT en el Frente de Todos y el PJ, a tener que llamar a marchar este miércoles y a un paro nacional de docentes y estatales este jueves 22. Mostrar que hacen algo, cuando es hora ya de que los jerarcas de la CGT y ambas CTA llamen a una huelga general, con movilizaciones en todo el país y un plan de lucha para pararles la mano a los personeros del recorte pro-FMI. De los Morales y también de sus socios del PJ en Jujuy y demás ajustadores en provinciales o del gobierno nacional.

Internas del ajuste o el gran desbarajuste. Ese es el marco del cierre de candidaturas. El ex-Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria, cambia de ropaje, con relato nuevo, para esconder el fracaso de un gobierno con Massa, Alberto, Cristina y el Fondo que decía “volver para ser mejores”, pero empeoraron los ya desastrosos indicadores sociales del macrismo. Por eso Cristina debió bajarse, por el desastre que deja, como antes Macri. Cabezas de ambas coaliciones deglutidas por una crisis y ajuste sin fin, que empuja al Fondo y a la derecha… También Massa se licúa, prometió un 3% en la inflación, pero ronda el 8%. Así no hay bolsillo que aguante y la frase escuchada es “la plata no vale nada”. Tal desbarajuste desquicia las finanzas populares, pero engrosa los bolsillos de las corporaciones, formadores de precios, dueños de la tierra, bonistas y el Fondo. Por eso las internas no atrapan y a la izquierda agrupada en el FIT Unidad, con nuestra la lista MST-PO, se le abre un desafío y oportunidad.

Demasiada derecha. La izquierda que se planta. En Juntos por el Cambio se probaban los trajes de gobierno, pero se tiran munición gruesa entre “palomas” y “halcones”. Con Larreta junto a Carrió, Morales, Pichetto y Lousteau quieren “ampliar” a ajustadores como Schiaretti, diciendo: “cuanto más ambiciosa sea la agenda de reformas más músculo político tendrá que tener”. Pero estas palomas bancan a Morales y dejan claro de qué reformas hablan y qué musculatura quieren, para garrotear. Bullrich y Macri también respaldan a Morales y disputan con Milei por promover un ajuste de shock más bestial. El liberfacho suma desastres electorales en las provincias y quiere despegarse: «¿alguien vio mi cara en la boleta?», dijo traicionero. Por eso su excandidato a gobernador neuquino salió a darle con todo, el comisario se negó a ser su candidato bonaerense y solo le quedó Píparo, la reina del “panqueque”. La rebeldía es de izquierda, con el FIT Unidad y la lista del MST y PO junto a otras organizaciones. Un Frente que se plante como hacemos por Jujuy, en las marchas piqueteras, del neumático, choferes, la salud, docentes y ante cada conflicto.

Huelga general, por Jujuy y cada lucha. La brutal represión y recortes de derechos muestran el país que quieren los Morales y sus socios del PJ. En Buenos Aires y otras provincias, desde la izquierda, organizaciones sociales y de derechos humanos realizamos marchas de apoyo al pueblo jujeño. Por eso exigimos a la CGT y las CTA que convoquen ya a la huelga general y un plan de lucha, activa, con un pliego único de reclamos votado en la base y con continuidad. En cada lugar de trabajo, escuela, hospital, fábrica, empresa o repartición, debemos organizar esta demanda. El ajuste no se banca, su “orden” represivo se repudia. Sigamos apoyando al pueblo de Jujuy, como hacemos con el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe: Gloria Zambrano, docente y Convencional Constituyente por el MST-FIT Unidad

Las imágenes de la Legislatura vallada y el descomunal operativo policial, los gases, las balas, y el desafío de miles y miles a la represión de Morales que vio todo el país, no fue un hecho aislado en nuestra provincia. Durante 20 jornadas consecutivas, de punta a punta del territorio provincial, se fue librando un combate desigual pero sostenido contra un proyecto de legalización con “rango constitucional” de una matriz de provincia al servicio del saqueo de sus bienes comunes, de criminalización de la protesta y de conformación de un nuevo régimen político, profundamente autoritario. Cuando el 7 de mayo pasado se realizaron las elecciones provinciales y junto a ella la elección de los Convencionales Constituyentes encargados de reformar la Constitución de Jujuy, Morales anticipó la naturaleza de los cambios que pretendía provocar para garantizar la “paz social” y la “seguridad jurídica” para el “desarrollo jujeño”. El gobernador reelecto encabezó la boleta de convencionales del oficialismo, y por lo tanto la tarea pasó a ser parte de una estrategia de alcance nacional: mostrarse ante el gran capital nacional y transnacional como un garante de “mano firme” de los negocios burgueses en Jujuy. El triunfo de Morales fue contundente: logró 29 representantes a la Convención mientras que el PJ obtuvo 13 y el Frente de Izquierda Unidad, apareciendo como 3er espacio en ascenso obtuvo 6 constituyentes, una de las cuales me tocó ser a mí. Quedaban echadas así las cartas de una batalla que iba a tener a las calles como escenario principal.

El aval del peronismo para una farsa de Constituyente

La Asamblea o Convención para redactar una nueva Constitución tenía un plazo extensible a 90 días en total para sesionar. Por lo tanto, había un período de varias semanas para deliberar de cara al pueblo. Sin embargo, la farsa de Asamblea que se terminó construyendo se perfiló desde el primer momento: en la sesión inaugural el oficialismo logró imponer con apoyo del PJ, liderado por el empresario de medios, Rivarola, un funcionamiento que incluía la aprobación de cada artículo de la Constitución por mayoría simple. Así, el peronismo jujeño le daba cheque en blanco a Morales para hacer lo que quisiera. A partir de allí la puesta en escena y el fraude a la voluntad popular fueron protagonistas:

Reuniones de los convencionales divididos en comisiones y recibiendo a invitados que en general eran funcionarios del gobierno o representantes del poder económico provincial.
Se censuró la palabra a los convencionales del FIT-Unidad que denunciamos todo desde el primer momento.

Nunca el oficialismo presentó un proyecto de nueva Constitución, y durante 8 días las sesiones se desarrollaban en base a “supuestos” y presunciones.

Se cercenó la difusión pública de las sesiones y primó el intento de secretismo amparado por el acuerdo de JxC y el PJ. Un bochorno.

Por eso fue tan importante el rol que jugó el bloque de convencionales de izquierda: hicimos público lo que el oficialismo con el PJ quería encubrir y desnudamos la verdadera naturaleza de este engendro al servicio del lucro empresario y la represión. Convocamos a movilizar y resistir en las calles este atropello, y elegimos conscientemente estar donde teníamos que estar: en la trinchera de la creciente resistencia popular a este avasallamiento. Renunciamos a nuestros cargos de convencionales y nos retiramos de la Asamblea: no nos íbamos a prestar a ser el aval por izquierda a semejante barbaridad.

La nueva Constitución del saqueo y la mano dura

Al conocer finalmente los nudos de la nueva Constitución que pretendía aprobar Morales, quedó clara la estrategia, el propósito y la matriz de provincia a la que aspiraba: la legalización del saqueo, los negocios y la criminalización de la protesta:

Incluir con rango constitucional la Justicia Contravencional para prohibir la protesta y con ello criminalizar a los luchadores sociales, los opositores a su gobierno y a las comunidades originarias que defienden los bienes comunes.
Facilitar la concesión de territorio al capital privado para emprendimientos extractivistas, comprometiendo el agua, las tierras ancestrales de las comunidades y el conjunto de los bienes comunes, especialmente, el litio.

Eliminación de las elecciones de medio término e inclusión de una cláusula de gobernabilidad mediante la cual quién ganara las elecciones provinciales, automáticamente pasaba a quedarse con la mitad más uno de los legisladores, o sea, el control de la Legislatura.

Eliminación del Tribunal de Cuentas para evitar todo control sobre el uso de los recursos públicos.

Creación de un Consejo de la Magistratura para elegir los jueces con una conformación de 11 miembros: 3 elegidos por el Ejecutivo, 3 por el Legislativo (que con la cláusula de gobernabilidad estaría también controlada por el Ejecutivo) y con eso, una mayoría automático para colonizar legalmente la Justicia.

Todo este esquema le daba forma no a una Constitución, sino a una matriz social, económica y política de provincia que Morales, además, proyectaba nacionalizar como parte de su campaña electoral junto al aliado Larreta en el país y Lousteau en CABA. Hasta acá, los planes feudales del aspirante a “reyezuelo” radical.

Paso, paso, paso: se vino el Jujeñazo

Desde el MST y el FIT Unidad hicimos pública con fuerza toda esta farsa, estos objetivos y los términos del acuerdo entre Morales y el PJ. A medida que toda esa información llegaba al conjunto del pueblo jujeño, las protestas empezaron a escalar:

Las comunidades originarias empezaron a movilizarse y encabezar cortes de ruta.
La docencia provincial, con una nueva conducción del sindicato CEDEMS (el gremio docente de la provincia), entró en escena con todo, denunciando la miseria salarial de $ 35 mil pesos de básico, y en asamblea escalaron en paros y movilizaciones.

Más gremios empezaron a sumarse a las protestas que combinaron reclamos salariales con la indignación frente al proyecto constitucional del oficialismo.

La unidad de los sectores huelguistas del movimiento obrero, la determinación de las comunidades originarias, los movimientos sociales, la simpatía social que empezaba a consolidarse y el rol de la izquierda denunciando, confluyeron para terminar de explotar ante la respuesta represiva de Morales.

Para dar una señal de “autoridad” decretó sanciones a los huelguistas: la resolución N° 8464 multaba a todo aquel que interrumpiera el libre tránsito peatonal y/o vehicular, intimaba a retirarse y si no se lo denunciaba penalmente, inhabilitaba hasta 2 años a los empleados públicos que participaran en las protestas y amenazaba con cesantías incluso. Esta fue la gota que rebalsó el vaso y masificó las protestas en toda la provincia. La represión policial, las bravuconadas públicas e incluso el retiro de artículos de la nueva Constitución, no fueron suficientes para terminar con la movilización: así se llegó al 20 de junio, día previsto de apuro por Morales para “jurar” la nueva Constitución. Lo que ocurrió después fue visto por el país, pese al cerco mediático que finalmente logramos romper: represión salvaje, detenciones arbitrarias y un pueblo que dijo definitivamente basta.

La lucha sigue: que la CGT llame a paro nacional para el triunfo del Jujeñazo

La pueblada jujeña logró escalar provincial y nacionalmente, y forzó a las conducciones que ni en Jujuy ni menos nacionalmente querían jugarse en las calles por los reclamos de los trabajadores y las comunidades acá, en esta parte de la Argentina. Sin embargo, la fuerza surgida desde abajo provocó un viraje tal en la situación que Jujuy se encuentra en estado de rebelión permanente, más allá de ritmos desiguales en las protestas. Se convocó a paro provincial de estatales el 21 de junio, se forzó a un paro nacional de CTERA conducida por el kirchnerismo e incluso la CGT-Jujuy llamó a parar
48 hs. Las convocatorias y movilizaciones de apoyo en todo el país crecen, nuestro partido, el MST junto a otros sectores, estamos jugándonos todo para no darle respiro al “monarca” Morales. Es un hecho que el gobernador que hace pocas semanas ganó la elección con más del 50 % de los votos, estuvo contra las cuerdas y que todavía hoy no está claro el desenlace final de esta pelea. Con toda nuestra militancia en Jujuy, con nuestros parlamentarios electos, Leo Rivero diputado provincial, con Betina Rivero concejala en Palpalá, nosotros desde la Constituyente, más los referentes de nuestro partido en todo el país, como Cele Fierro y Alejandro Bodart movilizados en CABA una y otra vez, o Vilma Ripoll con Vanesa Gagliardi, Mónica Sulle y dirigentes nacionales del MST presentes en medio de la pueblada, estamos levantando una exigencia contundente: la CGT tiene que convocar a paro nacional hasta derrotar la reforma trucha de Morales. Ese es nuestro mensaje.