La noche del 9 de octubre de 1974 en la Ciudad de Córdoba bandas mixtas (policías y civiles) identificadas como Alianza Anticomunista Argentina (AAA)¹ tomaron por asalto los locales de Partido Comunista, del Sindicato de Luz y Fuerza y de nuestro Partido Socialista de los Trabajadores (PST), ubicado en Humberto Primo casi esquina Avellaneda, en un edificio que hoy apenas reformado es parte del paisaje de la ciudad junto al río Suquia.

Las acciones fueron brutales y sanguinarias, detuvieron, torturaron y vejaron a más de 250 personas. Luego, en la mañana del 10 de octubre, los detenidos fueron alojados en calidad de presos en la Jefatura de Policía – que en ese entonces funcionaba en el Cabildo Histórico frente a Plaza San Martín- donde nuevamente fueron apaleados antes de ingresar a las celdas. 

Como un experimento siniestro previo golpe militar nacional, en Córdoba había un gobierno de facto. En marzo de 1974 el Gobierno Nacional del General Perón había ordenado la Intervención Federal a la Provincia de Córdoba. El primer interventor que arribó a Córdoba fue Duilio Brunello, quien ejerció esa función entre el 15 de marzo y el 7 de septiembre de 1974. Lo reemplazó el brigadier Raúl Oscar Lacabanne, un “halcón” patrocinado por el lopezreguismo (en referencia a José López Rega, Ministro de Bienestar Social del Gobierno y creador de la Triple A)  que puso en marcha la represión ilegal en la provincia y sentó las bases del aparato terrorista del Estado mucho antes del golpe de 1976.

Ensayo general de Golpe de Estado

La intervención federal había sido la respuesta del gobierno nacional del General Perón a lo ocurrido previamente, el miércoles 27 de febrero de 1974 por la noche, en medio de un vasto operativo policial en la Casa de las Tejas (sede del Gobierno provincial) fueron detenidos y depuestos en el gobierno el entonces gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López, en un golpe policial fascista encabezado por el Jefe de Policía Antonio Domingo Navarro. Lejos de defender el orden constitucional violentado y al gobernador depuesto, Perón dio aval explícito al golpe policial-fascista decretando la intervención a la provincia. 

El episodio pasó a la historia como “Navarrazo”, un raro tributo a Antonio Domingo Navarro, autor de un hecho sin precedentes en los anales de la República, varias veces golpeadas por las Fuerzas Armadas pero nunca por la Policía.

Navarro resultó condenado por el delito de sedición, e indultado luego por María Estela Martínez, “Isabelita”. El Navarrazo marca un antes y un después en la historia reciente de Córdoba y del país. En esa línea, no es un exceso considerar al Navarrazo como la antesala del terrorismo de Estado que asoló al país entero dos años más tarde.

A poco de producido el Navarrazo, la conducción completa del sindicato Luz y Fuerza, liderada por Agustín Tosco, fue declarada ilegal y en adelante debió funcionar en la clandestinidad. Con el sindicato intervenido, Agustín Tosco pasó a vivir en la máxima clandestinidad, custodiado por sus compañeros y diversas organizaciones solidarias, se tenía que trasladar de un lado a otro del país, hasta enfermar y morir sin la atención médica que necesitaba. Su sepelio, multitudinario, en noviembre de 1975 se realizó en medio de balaceras provocadas por la Policía y la Triple A, que dispararon a mansalva contras las columnas de miles de personas que acompañan el féretro, en las cercanías del actual cementerio San Jerónimo.

La intervención de Lacabanne marcó el inicio de una escalada inédita en la provincia. Bandas fascista organizadas, preparadas y financiadas por el Estado, alentadas por los dirigentes del PJ local (De La Sota incluido), la burocracia sindical, parte del empresariado y la jerarquía eclesiástica se adueñan de la Provincia y actúan de manera coordinada con las fuerzas represivas del Estado.

Su objetivo: aniquilar la joven vanguardia obrera y estudiantil que desde el cordobazo de 1969 y el levantamiento obrero y popular en 1971, conocido como el Viborazo -casi un segundo Cordobazo-, se desarrollaba sin pausa en la combativa provincia. Nuestro PST era parte importante de ese proceso y entre sus filas se destacaban figuras como José Francisco (Petiso) Páez dirigente del SITRAC-SITRAM, el emblemático sindicato clasista de trabajadores de la empresa Fiat (MaterFer y ConCord), y otros dirigentes como Domingo Bizzi, Sufi o Milesi. 

A fines de 1973, la Triple A había difundido una lista de personalidades que “serán inmediatamente ejecutadas donde se las encuentre”, decía su comunicado. En la lista se encontraban militantes de izquierda como Homero Cristali (alias J. Posadas); Hugo Bressano (alias Nahuel Moreno, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores); los abogados Silvio Frondizi (hermano del ex presidente Arturo); dirigentes como Mario Roberto Santucho (Partido Revolucionario de los Trabajadores); sindicalistas como Armando Jaime, Raimundo Ongaro, René Salamanca y Agustín Tosco; el profesor Rodolfo Puiggrós (ex-rector interventor de la Universidad de Buenos Aires); el abogado Manuel Gaggero (director interino del diario El Mundo) entre otros.

Sembrar la memoria

Los allanamientos y ataques de la noche del 9 de octubre en Córdoba fueron feroces. Como consecuencia de las torturas y vejaciones en los allanamientos, a los pocos días falleció Tita Hidalgo, militante del Partido Comunista. Entre los detenidos en el local de nuestro PST se encontraba César Robles Urquiza, quien, luego de recuperar su libertad, fue secuestrado y asesinado en la Ciudad de Buenos Aires la noche del 3 de noviembre de ese año.

Los asesinos interceptaron a César Robles y su compañera. César tenía 36 años y era dirigente del Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), en el barrio de Flores, él y su compañera Laura salían de un congreso partidario, habían perdido el vuelo de regreso a su regional Córdoba y fueron interceptados cuando se dirigía a la casa de un familiar en Caballito.

Siguiendo el habitual “modus operandi”, una patota de la Triple A los interceptó en un Ford Falcon verde, sin patente. La policía había dejado “liberada” la zona. Cuando César vio el auto sin patente (Típico símbolo de los operativos de la Triple A) ingresó a una heladería con su compañera. Bajan del auto y entran a heladería, él sale corriendo y se pone a gritar “son las Tres A, soy Cesar Robles y me quieren matar”. Entre cuatro lo golpean y reducen, lo meten en un auto y, debido a su resistencia, lo matan y lo arrojan a las pocas cuadras.  Su corrida y sus gritos salvan la vida de su compañera (Laura Marrone) quien avisa al Partido. 

Cuando las balas fascistas le arrebataron la vida, César con sus 36 años de edad ya era un dirigente probado y muy querido del Partido. Proveniente de una familia anti peronista militante, a los 17 años ingresó a Palabra Obrera y se fogueó en las luchas de los trabajadores de aquellos años. Cuando en el año 1970 viene a militar a Córdoba con la tarea de meter al partido en esa magnífica vanguardia que dio el Cordobazo sólo seis compañeros integraban la militancia de la regional. En tan solo cuatro años Córdoba era una regional de 400 militantes insertada firmemente en las luchas obreras y estudiantiles.
César, como todos los militantes de aquellos años se forjaron en la pelea por construir un partido revolucionario con fuerte implantación en el movimiento obrero, dando una fuerte batalla política contra las organizaciones guerrilleras y las corrientes ultras de la época que propiciaban acciones foquitas y ejemplares y jugaban un rol lamentable arrastrando a una pelea estéril a muchos dirigentes obreros y estudiantiles.
El asesinato de César, como el de Juan Carlos y Rubén, fue un segundo gran golpe al partido ese duro 1974. Antes, el 29 de Mayo habían sido asesinados el Tano, Tony e Hijitus en la conocida Masacre de Pacheco, que junto al asesinato del Indio Fernández iniciaron una cadena de muertos del PST a manos de las bandas fascistas. El PST sufrió entre mayo del 1974 y setiembre del 1975 el asesinato de más 16 militantes por la acción de los grupos fascista paraestatales. 

A 45 años de la noche del 9 octubre de 1974 la definición sigue siendo ni olvido ni perdón: ¡Memoria, Verdad y Justicia! Junto con esto, hay otras lecciones históricas que deben ser reactualizadas.  Para quienes hoy quieren eximir de culpa a Perón por los asesinatos de la Triple A, las enseñanzas del Navarrazo y los hechos posteriores muestran el verdadero rol que cumplió el gobierno peronista cuando se trató de liquidar a la vanguardia obrera y popular luchaba por una sociedad más justa. Anticipando el genocidio de la dictadura militar. 

Raúl Gómez

¹La Triple A o Alianza Anticomunista Argentina (AAA) fue un grupo parapolicial terrorista de extrema derecha de la Argentina, gestado por un sector del peronismo en el gobierno, el sindicalismo, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas argentinas, que asesinó a artistas, sacerdotes y religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas durante la década de 1970. Cálculos extra oficiales indican que fue responsable de la desaparición y muerte de más de 1000 personas. Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Oyarbide en 2006, lo que fue confirmado por la Cámara Federal en 2008. En febrero de 2016 fueron condenados cuatro civiles y un policía bonaerense que integraron la organización paramilitar desde cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social

E: -¿Cómo fue el proceso de modificación del estatuto?

Gastón:- En el gremio veníamos discutiendo la necesidad de ampliar la democracia interna y fomentar cada vez más la participación de compañeras y compañeros. Con ese objetivo hace meses se conformó una comisión de reforma, que con mucho trabajo y elaboración colectiva arribó a una propuesta de modificación, que se votó el sábado e implica un enorme avance para la organización de los trabajadores de la salud.

E:- ¿Qué modificaciones se propusieron?

G:- Lo más importante está ligado a ampliar la democracia de base del gremio. Por eso se crea el Congreso General de Delegados que pasa a ser el organismo más importante de la estructura jerárquica.

Otro aspecto muy importante es la creación de seccionales, con sus asambleas y comisiones directivas locales. Esto promueve la participación de las compañeras y compañeros del interior y potencia la inserción de nuestro sindicato en todo el territorio provincial.

También se incorporó la Comisión de Ética Gremial, como organismo independiente de la Comisión Directiva y con facultades para entender en los casos de faltas gremiales previstas en el Estatuto.

E: -¿Ha habido alguna reforma para incorporar las diferentes corrientes de opinión que pueden existir entre los afiliados?

G: -Si, este es un aspecto muy importante. Hemos incorporado el Sistema D’Hont sin base para el resparto de las secretarías de la Comisión Directiva, de modo tal de que la lsita con mayor cantidad de votos estará a cargo de la Secretaría General, la Adjunta y la de Finanzas. Y las restantes 12 Secretarías se repartirán proporcionalmente. El objetivo es reflejar de la mejor manera posible los puntos de vista y opiniones de las bases.

E: -¿En cuanto a las Secretarías se han hecho modificaciones?

G: -Si, la dinámica de la realidad nos demanda responder a los cambios en las problemáticas de las trabajadoras y trabajadores de la salud. Por tal motivo se incorporaron nuevas funciones a la Secretaría de Capacitación y Asuntos Profesionales, tendientes a dar respuestas a la realidad de los residentes y concurrentes que son un sector que lucha muchísimo y es atacado sistemáticamente por el gobierno, que desconoce sus derechos más básicos.

Otra incorporación importante es el eje de defensa ambiental a la Secretaría de Políticas Sanitarias, ya que nosotros atendemos las consecuencias nefastas que la contaminación provoca en la salud y la vida de nuestras comunidades y eso nos ubica en un lugar de responsabilidad en cuanto a las medidas para frenar el deterioro ambiental.

También se creó la Secretaría de Previsión Social y Jubilados, para atender específicamente las necesidades y problemáticas del sector, castigado por todos los gobiernos.

E: -¿Algo que quieras agregar?

G: -Me parece importante destacar que la participación en las asambleas y las reformas estatutarias dan cuenta de que nuestro gremio esta vivo y en crecimiento. Así como ampliamos la democracia interna, también estamos siendo parte activa de la lucha para enfrentar el ajuste, con medidas de fuerza en todos los hospitales exigiendo la apertura inmediata de paritarias, el fin de la precarización laboral y el aumento presupuestario y de personal.

Y mencionar también que estamos llevando a cabo una intensa campaña de afiliación en todos los hospitales con el objetivo de desplazar al SEP de las negociaciones. Hoy sólo Pihen puede sentarse a la mesa a negociar y eso deja desamparados a los trabajadores, porque él juega para la patronal. El único gremio con la cantidad de afiliados suficiente para disputarle el lugar al SEP somos nosotros y por eso este año queremos incrementar la participación, para poder desbancarlo y lograr que de una vez por todas los intereses de los trabajadores de la salud estén verdaderamente representados.

Basta de injerencia estatal sobre los sindicatos
Rechazamos este nuevo ataque sin que esto signifique una defensa de estas conducciones burocráticas, que son las ejecutoras de un modelo antidemocrático y de privilegios para una casta que sobrevive atornillada a los sillones y cada vez más alejada de la realidad de los trabajadores a los que dice representar. Y como venimos planteando hace meses se ha demostrado ineficiente para enfrentar el proceso de privatización puesto en marcha por Schiaretti que viene avanzando en cuotas, vaciando la empresa y desguazándola al servicio de su privatización.
Sobran los motivos para desbancar a estas conducciones burocráticas del frente de los sindicatos y democratizarlos para potenciarlos como verdaderas herramientas de lucha y organización, pero esa es una tarea que tenemos que llevar a cabo las y los trabajadores. Alertamos sobre que la injerencia de la Justicia y el gobierno sobre las organizaciones sindicales -aunque se disfracen de democráticas y transparentes- no traerán nada bueno para la clase obrera.
Atacan a Luz y Fuerza porque quieren debilitar la lucha de sus trabajadores contra la privatización.

Por una Comisión Obrera Independiente que investigue las denuncias
Por mal camino iríamos hacia la verdad si la encargada de investigar las denuncias fuera la Justicia, histórica defensora de los intereses de los poderosos, de los gobiernos y de las patronales. Si ahora posa sus garras sobre el sindicato es sin dudas porque tiene el objetivo de favorecer a los mismos de siempre.
El único sector con autoridad e intereses genuinos para llegar al fondo de la verdad son los propios trabajadores de EPEC. Por eso proponemos que se elija urgentemente a una Comisión Investigadora Independiente conformada por trabajadores de la empresa de intachable trayectoria, elegidos democráticamente, que cuenten con todas las garantías y plenos poderes para investigar.

¡Frenemos la privatización!
Está demostrado que esperar e intentar negociar con Schiaretti no ha servido de nada para frenar la privatización. De hecho ésta avanza día a día, sector por sector. Y como vemos el gobierno se siente cada día más fuerte. Hay que pararle la mano como se la paramos en 2001 a De la Sota, discutiendo democráticamente y sin descansar hasta derrotar el plan de Schiaretti. Convocando a las y los trabajadores de otros gremios y a la sociedad en general a defender la EPEC estatal, integrada y bajo control de sus trabajadores y usuarios.
Lo vamos a decir hasta el cansancio: ¡EPEC no se vende, se defiende!

Vicedecano Facultad de Psicología Universidad Nacional de Córdoba

Se llamaba Omar Carrasco,  lo mataron a tres días de incorporarse al Servicio Militar Obligatorio en el Grupo de Artillería 161 de Zapala, en marzo de 1994.  Fue en un «baile» ordenado por un subteniente. Hubo tres condenas y un altísimo grado de interferencia para que la causa no creciera y finalmente lograr dejar impune el encubrimiento en la que eran investigados cerca de diez altos jefes del cuartel y del servicio de Inteligencia del Ejército.

El presidente de la Nación era Carlos Menem, quien para cerrar el escándalo le puso fin al servicio militar obligatorio. Terminaban así casi 100 años de “colimba” (Acrónimo de «corre- limpia-barre», que revelaba los maltratos que sufrían los conscriptos), el servicio que en 1902 había creado el ministro de guerra Pablo Riccheri durante la presidencia de Julio Argentino Roca y que implicaba uno de los mayores dispositivos de poder que las Fuerzas Armadas mantenían sobre la población civil.

El caso puso en el tapete los abusos humillantes y denigrantes a la que eran sometidos los soldados conscriptos y generó el repudio generalizado, ya que se lo unía al desprestigio de las Fuerzas Armadas por el golpe del ’76 y la derrota en la guerra de Malvinas. Estimaciones no oficiales indicaban que desde la caída de la dictadura casi 40 jóvenes habían muerto en los cuarteles producto de los abusos al momento de conocerse el caso Carrasco.

Durante la dictadura militar el número de «colimbas»  que se sumaron a la larga lista de detenidos-desaparecidos, superó los 200. Uno de los casos emblemáticos es el de Alberto Agapito Ledo, por cuya desaparición está indicado como responsable el ex Jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández, César Milani.

Desde la supresión del Servicio Militar Obligatorio han sido muchas las voces del régimen imperante que han intentado reinstalar la conscripción. Uno de los más persistentes abanderados de la ofensiva revanchista es el legislador salteño Alfredo Olmedo que, inclusive, llegó a presentar un proyecto para reactivar el servicio militar obligatorio al que aspira a rebautizar con la denominación de «servicio militar comunitario».

En los últimos tiempos han recrudecido las presiones desde la derecha con el argumento de que «eso puede hacer disminuir los índices de inseguridad» demostrando que en realidad lo que se pretende es militarizar a los jóvenes pobres.

La Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, junto a varios funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, anunció la puesta en vigencia del “Servicio Cívico Voluntario” a cargo de Gendarmería para jóvenes de 16 a 20 años.

Una iniciativa escandalosamente electoralista con la que intentan “fidelizar” a un electorado de derecha, que hace gala de lo que la psicología política denomina Pensamiento Autoritario.     

La psicología considera al pensamiento autoritario como un dimensión compuesta por tres conglomerados actitudinales: sumisión autoritaria, agresión autoritaria y convencionalismo.

El primero refiere a la tendencia a someterse a las autoridades percibidas como plenamente legítimas en el gobierno de la sociedad. El segundo evalúa la predisposición a la hostilidad hacia las personas y grupos considerados como potenciales amenazas al orden social. Por último, el tercero, refiere a la aceptación general de las convenciones sociales.

Así, el pensamiento autoritario se entiende como variable predictiva por excelencia de diversas formas del prejuicio, por ejemplo la homofobia, sexismo, racismo en sus diferentes manifestaciones, xenofobia, etc.

Un gobierno que no cesa de obtener récords en incrementar los niveles de pobreza, recurre a una maniobra demagógica fascistoide para reforzar los mecanismos de odio de clase que ha sabido instalar desde los medios hegemónicos, construyendo discursos que apelan al pensamiento autoritario en sus formas más elementales.

En esa línea, se enarbolan argumentos que intenta atribuir la violencia e inseguridad a una supuesta “falta de disciplina” de las nuevas generaciones que no trabajan ni estudian. Como todo enunciado ideológico-discursivo la funcionalidad está puesta en encubrir que miles de jóvenes no trabajan ni estudian como producto de la cada vez mayor desigualdad y exclusión que genera el capitalismo.

Con una estrategia electoral centrada en la polarización y en un intento de empalmar con la ola derechista, tipo Bolsonaro en Brasil, se apela a una medida efectista para justificar muchas otras cosas que no se quieren mostrar, como es el índice de pobreza, la destrucción de la salud pública  y el deterioro de todo el sistema educativo.

De no ser tan peligroso sería patético escuchar a una Ministra de la Nación afirmar que la Gendarmería Nacional puede ‘educar en valores democráticos” a los jóvenes.

La misma Ministra que fomenta la portación de armas, la doctrina de asesinato sumario por las fuerzas represivas (que los medios refieren con el eufemismo “Gatillo fácil”) y la justificación y encubrimiento de cualquier acto de violencia de las fuerzas de seguridad, intenta fundamentar esta medida en que “la Gendarmería hoy es la institución más valorada en nuestro país, la número uno, mucho más valorada que cualquier otra, más que la educación pública”.  

Como un ejemplo perfecto de profecía autocumplida la afirmación surge de una Ministra de un gobierno que ha desplegado una las mayores ofensivas, de discurso y de acto, contra la educación pública, las universidades nacionales, la ciencia y la técnica.

De manera casi pedagógica este acto de demagogia de derecha evidencia la lógica final de un gobierno que ha decidido ser el mandadero de la usura internacional.

Empresarios manchados de sangre
José Minetti es uno de los principales grupos empresarios nacionales que produce gran parte de la harina y azúcar del país. Presentan cuantiosas ganancias al punto tal de no poder justificar en dos oportunidades recientes su pedido de procedimiento preventivo de crisis. Cuatro directivos de éste grupo hoy son injustamente sobreseídos por una supuesta falta de mérito en la causa que investiga la tortura y desaparición de 68 trabajadores del ingenio La Fronterita en Tucumán entre los años ’75 y ’78. Al terminar la dictadura, “La Fronterita obtuvo enormes ganancias: se desprendió del 60% de los trabajadores, en su mayoría del surco, incrementó la producción un 30% y adquirió otro ingenio con refinería, el Bella Vista.” (Tiempo Argentino – 22/05/2019). Hoy, este mismo grupo empresario especula con el salario de los trabajadores y el hambre en un país donde lo que aumenta a niveles escalofriantes es la pobreza, la indigencia y el hambre. ¿El Estado?, bien gracias!

La base decide
Los trabajadores del molino desde hace años protagonizan un proceso de lucha y organización obrera que es la clave para enfrentar los insistentes intentos de ajuste y quita de conquistas por parte de la patronal. Pero la patronal no está sola, recibe la inestimable ayuda de la burocrática conducción del gremio de Molineros, hoy a cargo de Fernando Sabir. Las maniobras constantes en contra de los trabajadores se enfrentan con la fortaleza de un cuerpo de delegados que acata lo que decide la asamblea, porque es la base la que decide cada paso a seguir. Ésta es la mayor fortaleza de los aproximadamente 120 trabajadores del Molino José Minetti.
Al modelo sindical burocrático -en el que los dirigentes se llenan de privilegios y entregan a la patronal conquistas y salarios a cambio de beneficios personales-, los trabajadores de Minetti, como tantos activistas y luchadores en el país, le oponen un modelo democrático y combativo.

¡Por las quincenas y el aguinaldo!
Hoy están reclamando el pago de lo adeudado y al servicio de éste objetivo se tomó la fábrica. La empresa justifica el atraso debido a una supuesta falta de fondos, si es así, ¡que abran los libros y lo demuestren! Las empresas nunca están dispuestas a hacerlo porque ahí se les acabaría el verso y veríamos la magnitud de la estafa que cotidianamente llevan adelante. Por eso debemos insitir en este sentido.
La lucha de Minetti es muy conocida entre los trabajadores de distintos gremios porque han acompañado solidariamente numerosas luchas y han difundido su problemática recibiendo apoyo también. Por eso está planteado desarrollar una fuerte campaña de solidaridad, desarrollando iniciativas que convoquen a los vecinos de la fábrica y de la comunidad en general, impulsando el fondo de huelga en cada barrio o lugar de trabajo y seguir discutiendo entre todas y todos cómo avanzar hacia una solución de fondo a este largo conflicto.

Cortar con el cuento de nunca acabar
El conflicto que protagonizan los compañeros contra Minetti no es nuevo, tiene varios años ya. Por eso tenemos que acabar con éste cuento de nunca acabar, donde los que se perjudican son siempre los mismos: los trabajadores. No puede ser que en un país donde crece el hambre día a día, una empresa que fabrica alimentos produzca al 20% de su capacidad porque su patronal especula con el capital de los salarios y cargas sociales. La salida es estatizarla y que sean sus propios trabajadores quienes la pongan a funcionar y la gestionen al servicio de las necesidades del pueblo que vive de su trabajo. No sólo se resolvería el pago de salarios sino que se podría multiplicar el plantel actual, logrando que trabajadores desocupados pudieran acceder a un trabajo en condiciones dignas. Al estar orientado por los trabajadores, también se lograría producir a menor costo logrando que más gente, que en nuestro país hoy se suman a la línea de pobreza, acceda a alimentos. Hay muchísimas experiencias de éstas y aunque no es un camino simple, es la alternativa más efectiva para dejar de padecer los maltratos y abusos de la patronal y defender realmente los derechos de las y los trabajadores.
Desde la Agrupación Nacional Clasista y Antiburocrática (ANCLA) y el MST estamos junto a los trabajadores de Minetti y seguiremos acompañándolos y poniendo toda nuestra fuerza a disposición para que esta lucha se gane.

Cele Fierro: “No tiene vergüenza, es un ‘patriota’ pero de la dependencia”

Ante la comparación de Macri con los patriotas de 1816, hoy la candidata a diputada nacional Cele Fierro (MST en FIT Unidad) lo fustigó duramente: “No tiene vergüenza. Aparte de arrogarse una calidad de estadista que no tiene, Macri es un ‘patriota’ pero de la dependencia, un verdadero felpudo del imperialismo y las corporaciones. Así lo prueban su sumisión a las recetas del FMI y el reciente acuerdo entreguista Unión Europea-Mercosur”.

Asimismo, Cele Fierro criticó la vuelta de los desfiles militares: “La decisión de Macri tiene una simbología de triste memoria: los milicos de nuevo en las calles. Ya hace un año por decreto les asignó ilegalmente a las FF.AA. tareas de seguridad interior. Todo es parte de su estrategia de reconciliar al pueblo con el aparato represivo, lo que rechazamos de plano”.

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Las, los y les abajo firmantes acompañamos y celebramos la postulación de Pía Ávila, Coordinadora provincial de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina) como candidata a legisladora provincial en las listas de MST-NUEVA IZQUIERDA:

Somos conscientes de que la constante lucha de activistas y organizaciones LGBTIQ+, la movilización permanente del movimiento por los derechos humanos y la potente ola feminista que vienen protagonizando nuestras compañeras hicieron que en nuestro país se conquistaran avances en materia legislativa consideradas de vanguardia a nivel mundial, son ejemplos el Matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género.

Estas leyes, vienen haciendo temblar estructuras e instituciones  patriarcales que hasta hace poco tiempo se suponían incuestionables. Y provocando transformaciones profundas que alteran el orden establecido y confrontan directamente con los sectores conservadores y anti-derechos. Su envalentonamiento no nos intimida, al contrario, le respondemos con más orgullo, lucha, organización y visibilidad.

Por eso entendemos que es más que necesario que una trans, una de las nuestras, llegue a los espacios donde se toman las decisiones. Pía nos representa, venimos trabajando en unidad desde hace tiempo. Las calles y las luchas nos encontraron juntes, peleando por ampliar derechos y defender conquistas. Nadie, ni siquiera los dinosaurios nos van a detener, queremos igualdad social real y la queremos ahora. Sabemos que ella además de denunciar las injusticias y la precarización de la vida que sufrimos les disidentes va a proponer que se derógue el código de convivencia; que se apruebe la inclusión laboral, sanitaria, educativa y social para personas trans, travesti y transgénero; que el Estado respete la ley de identidad de género en Córdoba, con especial atención y protección de las infancias trans, y que se avance hacia una ESI obligatoria, laica, científica, no binaria y con perspectiva de género y diversidad.

Hoy más que nunca exigimos justicia por las víctimas de crímenes de odio,  nos rebelamos contra el binarismo, la hetero-norma y el cis-sexismo, pilares del sistema machista y patriarcal y aprovechamos el terreno de lo electoral para visibilizar nuestra  agenda, para cuestionar y proponer. Queremos  que nuestras voces lleguen a la legislatura en primera persona, queremos ser protagonistas y que nadie más hable de nuestra realidad sin nosotres. Tenemos  la fuerza del movimiento LGBTIQ+ para teñir Córdoba del color del arco iris.

Primeras firmas:

Marcela Romero – Presidenta de la Federación Argentina LGBT, integrante de ATTTA

Esteban Paulón -Vice Presidente de la Federación Argentina LGBT

María Rachid – Secretaria General de la Federación Argentina LGBT.

Silvia Alderete – Familias Homoparentales y Diversas de Córdoba.

Flavia Massenzio – Secretaria de Asuntos jurídicos de la FALGBT y Coordinadora de la defensoría LGBT de la CABA.

Santiago Orsi. Fotógrafo de la Marcha del Orgullo Disidente y del documental «Los Maricones». Activista LGBTI

Miguel Ángel Ferreyra. «Ángel Ángel Diseños». Activista LGBTI y diseñador.

Leonardo Xavier Barros Caro. Secretario de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA A Secc Cordoba. Activista LGBT

Daniela Candelaria Sajama  – Referenta de ATTTA Cuidad de Córdoba Capital

Elio Pedro Celiz. Abogado, auxiliar de la Justicia de Córdoba. Activista LGBT,

Mónica Reviglio – Periodista. Secretaria de Género del CISPREN

Sofía Ahún – Secretaria Gremial de la Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba.

Marcela Etchichury – Directora de teatro Compañía de Hemoficción. Activista feminista

Guillermo Barale. Presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Inmaculada Concepción. Activista LGBT

Yanina Vega- Consejera Directiva por el claustro estudiantil Facultad de Ciencias Sociales UNC

Victoria Daghero – Secretaria Académica Centro de Estudiantes Facultad de Ciencias Sociales UNC

Emmalía Jofré -Consejera Institucional por el claustro estudiantil IES Simón Bolívar

Marcelo Roldán- Consejero Institucional IES SIMÓN BOLÍVAR

Micaela Arce- Secretaria de Ambiente del Centro de Estudiantes IES SIMÓN BOLIVAR

Artículo 2°: Los Equipos estarán integrados por las siguientes profesiones y especialidades:

Uno (1) en Medicina

Uno (1) en Enfermería;

Uno (1) en Psicología

Uno (1) en Odontología

Uno (1) en Trabajo social

Uno (1) en Promoción de Salud

Artículo 3°: construcción de 100 Centros de Atención Primaria de la Salud en todo el territorio provincial en los que funcionarán los equipos básicos de salud compuestos como lo especifica el artículo 2° de la presente ley.

Artículo 4°: los profesionales se incorporarán conforme lo establezca la autoridad de aplicación hasta completar os objetivos establecidos en los artículos 2° y 3° de la presente ley.

Tendrán prioridad los profesionales que hayan revistado un año o más en el Programa Médicos Comunitarios. La autoridad de aplicación determinará los requisitos para la incorporación del resto del personal que no provenga del Programa Médicos Comunitarios.

Artículo 5°: la autoridad de aplicación coordinará con los municipios y comunas para brindar de manera exclusiva el servicio del primer nivel de atención

Artículo 6°: la remuneración y derechos laborales de los agentes del Equipo se regirá por la Ley 7625 de Salud Humana

Artículo 7°: Los Equipos de Salud se distribuirán entre los municipios y comunas en base a un relevamiento de las necesidades sanitarias efectuado por la Autoridad de Aplicación

Artículo 8°: la Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud de la Provincia

Artículo 9°: A los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos y la formación de los profesionales en el marco de la presente ley el Ministerio de Salud de la Provincia deberá anualmente determinar la correspondiente asignación presupuestaria. Partiendo de una triplicación presupuestaria en relación al Presupuesto de Salud 2019

Artículo 10°: El Poder ejecutivo Provincial deberá reglamentar la presente ley dentro de los 90 días.-

FUNDAMENTOS

En nuestra provincia, tal como sucede en el país y en toda Latinoamérica, el sistema de salud se encuentra fragmentado como producto de las políticas privatizadoras y descentralizadoras implementadas en períodos neoliberales y sostenidas hasta nuestros días. Esta fragmentación provocó una fuerte pérdida en la calidad de los servicios y profundizó las inequidades en las respuestas sanitarias, según las capacidades de cada localidad. De esta manera se vio obstaculizado el desarrollo de la Atención Primaria de la Salud privando al conjunto de los cordobeses de atención de calidad.

Esta ley viene a revertir los daños provocados por éstas políticas neoliberales, recuperando desde el Estado provincial la responsabilidad de la atención primaria de la salud. Reforzando las actividades de Prevención y Promoción en vinculación con la comunidad.

Para lograr dicho objetivo el proyecto propone un sustancial aumento de la cobertura y calidad de la atención creando 100 nuevos CAPS en todo el territorio provincial, repartidos de acuerdo al diagnóstico sanitario realizado por el Ministerio de Salud en coordinación con los municipios y comunas.

Este proyecto se plantea también como una herramienta de democratización, al devolver a las comunidades el rol protagónico en cuanto a la toma de decisión respecto de las políticas públicas en salud. Éste es un elemento fundamental desde la perspectiva de APS como estrategia de trabajo en comunidad, con fuerte acento en la participación ciudadana. El Informe de 2008 del OMS señalaba que el atraso de los países en impulsar políticas públicas que favorecieran la colaboración de la población con el sector salud es una de las explicaciones de la inequidad en esa área. Recomendaciones similares ocurren desde la declaración de Alma Ata en 1978.

El Primer Nivel de Atención (PNA) es la puerta de ingreso de la población al Sistema de Salud. Allí se desarrollan las actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud así como diagnóstico precoz y tratamiento oportuno según las necesidades de salud más frecuentes de las personas, su familia y comunidad. Esto facilita la incorporación y flujo del usuario dentro del sistema. Por lo cual el PNA es imprescindible para desarrollar la estrategia de APS como organizadora de todo el sistema.

Los Equipos Básicos de Salud de esta manera permitirán ofrecer servicios de salud integral próximos a los lugares donde las personas viven, estudian y trabajan. Vale decir que más del 80% de las consultas que hoy recurren a los Hospitales, se tendría que resolver en el primer nivel, eso evitaría la sobredemanda en los niveles de mayor complejidad.

Hoy en día existen sólo 21 CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) todos ubicados en la ciudad de Córdoba. Lo que demuestra la urgente necesidad de aumentar sustancialmente la cantidad de Centros, así como el personal idóneo.

Desarrollar un PNA efectivo, eficiente y eficaz requiere resolver lo siguientes problemas:

En cuanto a los trabajadores es fundamental general una propuesta atractiva desde lo formativo, el nivel de las remuneraciones, la posibilidad de poder cambiar en algún momento de destino de trabajo sin resignar los derechos laborales ya adquiridos.

Resolver la desarticulación del PNA que atenta contra homogeneidad conceptual a través de una presencia Provincial fuerte en los equipos y establecimiento de instrumentos y dispositivos comunes para la acción en el territorio, contemplando las particularidades de cada zona o región. Otorgando una potencia y alcance superior a los programas de prevención y promoción.

En cuanto a los profesionales, tendrán prioridad para la incorporación los que hayan sido parte del Programa Médicos Comunitarios, por ser un capital humano específicamente formado en atención primaria de la salud.

Luciana Echevarría: “La libertad política y de opinión no puede traducirse en discriminación”

La candidata a gobernadora y primera legisladora por el MST Nueva Izquierda, Luciana Echevarría, junto con Pía Ávila, candidata a legisladora trans y Mariano Cervantes candidato a legislador y referente de la disidencia sexual, denunciaron a Encuentro Vecinal por discriminación.

Al respecto la joven referente de la izquierda cordobesa, dijo: “La plataforma electoral de García Elorrio así como todo su accionar constituyen un hostigamiento directo a las personas de la comunidad LGBTI. Desde el pretexto de la defensa de la familia pretende negar derechos ya conquistados a quienes tienen una orientación sexual y una identidad de género disidente con la heteronorma. La libertad política y de opinión no puede traducirse en libertad para discriminar, perseguir y hostigar. Por eso hemos hecho esta presentación contra el Partido Encuentro Vecinal y su candidato”.

“Avanzar en derechos fundamentales nos costó años de lucha. La comunidad LGBTI aún hoy es víctima de múltiples violencias y blanco de los ataques de los sectores más retrógrados. No podemos permitir que se avasallen conquistas y pretendan hacernos retroceder. La defensa de lo logrado y la necesaria ampliación de derechos de la disidencia sexual son fundamentales para la construcción de una sociedad más libre e igualitaria. Para defender los derechos que quieren arrebatarnos, hoy más que nunca, hace falta que nuestras voces lleguen a la legislatura y al Concejo”, concluyó Echevarría.