Escribe: César Latorre

Hay un plan estratégico de las patronales y sus candidatos de cambiar estructuralmente las condiciones laborales y salariales en la Argentina. En ese contexto, viene en desarrollo una ofensiva ininterrumpida que se encontró distintos niveles de resistencia a cada paso. La discusión está en los ritmos y estilos en las opciones de los partidos patronales pero, en el fondo, todos acuerdan con la estrategia. Esta ofensiva tiene por objeto aumentar los niveles de explotación de la clase trabajadora para incrementar y conservar márgenes de ganancias.

Es por esta razón que históricas conquistas laborales y de los sectores populares, conseguidas con enormes luchas, están en peligro.

La doble vía del ajuste laboral

Bajo el argumento de la reducción del déficit fiscal en donde todo se simplifica a la categoría de «gasto» se pretende reducir el empleo estatal, aumentar la flexibilización laboral y desfinanciar la salud y la educación públicas.

Por otro lado, en el sector privado con el pretexto de mejorar la competitividad y generar empleo: flexibilización laboral, peores salarios y reducción de los aportes patronales.

Reforma laboral por decreto: el plan de Bullrich

En el encuentro de IDEA y en declaraciones, la ex ministra de trabajo de De La Rúa y exministra de seguridad y defensa de Macri se despachó con todo. Su plan implicaría una reducción del 60% del «costo» de las indemnizaciones. Llegó a decir que este derecho «es una espada de Damocles sobre todas las empresas». Para ello derogaría la LCT (Ley de contrato de trabajo) en el congreso o como dijo: «hago un DNU y te la derogo en un minuto».

Para contemplar una rebaja y subsidio a las empresas harían compatibles los planes sociales con el empleo en blanco. Es decir, subsidiarían a las patronales en el pago de los salarios.

Además explicitó que reduciría el empleo público. A todo esto sumó las declaraciones de que con ella se iban a terminar los paros. Más claro, échale agua.

La libertad de algunos basada en la esclavitud de la mayoría: el proyecto Milei

Un punto sustancial de su programa laboral es reducir las cargas patronales al máximo. En el plano de las indemnizaciones propone reemplazarlas por una auto-indemnización. ¿Qué sería esto? En vez de que las patronales tuvieran que pagar al despedir, cada trabajador debería aportar un porcentaje de su sueldo según su antigüedad para su propia indemnización (sistema que ya funciona en la UOCRA). Además, la propuesta de Milei es que estos fondos los maneje alguna aseguradora privada, sin dudas un negoción para ellas.

Sobre el sector público, además de las declaraciones que tienen mucho eco en la voz del candidato capitalino, Marra, sobre una reducción del 33% de los estatales, en su plataforma habla directamente de una política de retiros voluntarios para achicar el empleo público.

Pretende declarar servicios «esenciales» al transporte y la educación para prohibirles el derecho a huelga.

También habla abiertamente de una flexibilización de los contratos de trabajo para «adaptarse a los cambios tecnológicos». Esto es contratos basura que, como se han hecho en otros países, llegan a ser diarios. El monotributo, al lado de estas medidas, parece un poroto.

Si bien, fiel a su tradición proempresarial, la burocracia sindical apoya a Massa, uno de los sectores más rancios como lo es Barrionuevo se juega públicamente por Milei. El liberfacho también tuvo encuentros con Gerardo Martínez de la UOCRA, elogiando el modelo de indemnizaciones que impuso en su gremio. Incluso, luego de estos encuentros, el pretendido anticasta ya salió a decir que con la «casta» de la burocracia sindical no se iba a meter, tirándole un gancho al resto de las cúpulas. Conoce que son fieles solo hasta «la puerta del cementerio, pero no entran».

El peronismo y el ajuste agónico

Más allá de las últimas iniciativas que son claramente una maniobra desesperada ante el golpazo de las PASO y no una política permanente y sostenida, la realidad es que con el peronismo en el gobierno, se viene garantizando una rebaja salarial en términos reales de la clase trabajadora. Vía devaluación e inflación es que hemos llegado a la situación de ser pobres laburando y, en términos de dólares, alcanzano los salarios más bajos de la región, eso es objetivo. También flexibilizando las contrataciones laborales en el Estado o por convenio como en el SMATA de Toyota (donde cambiaron los francos que no son más el fin de semana, con obligación de trabajar los sábados) y rebajándole a las patronales el «costo laboral» vía exenciones de las cargas patronales o directamente subsidios con los fondos jubilatorios (ATP, REPRO I y II y FESCAS) de los trabajadores.
Como vemos, a «cuenta gotas» pero en una dirección inalterable el peronismo, hoy Unión por la Patria, viene garantizando el avance estratégico de las patronales.

El debate de la reducción horaria: reclamo sentido y anuncio pomposo

Como parte de la política de recuperación de votos, el oficialismo definió volver a poner en discusión un proyecto de ley de reducción laboral. Cabe aclarar que hay 11 proyectos de ley al respecto y tienen años de presentados. Lo cual muestra también este aspecto del momento en que se trata. Hay varias que tienen algunas diferencias como 40, 30 o 36 hs y también con 4 o 5 días laborales. Si bien cualquier reforma sería beneficiosa en relación a las 48hs semanales de jornada legal actual, la limitación y parcialidad del planteo muestra que es algo que no podría sostenerse en el tiempo porque no está ligado a un proyecto más concreto para generar puestos laborales. De hecho, si bien la jornada laboral tiene hoy un límite por la vía del doble empleo o las horas extras por los bajos salarios la jornada es más extensa.

Reparto de las horas de trabajo y plan económico para sustentarlo

Nuestro planteo es que habría que repartir las horas de trabajo entre la globalidad de la población activa para eliminar de un plumazo la desocupación obligándo a las patronales a que absorban esta disminución de la jornada laboral a 6 horas sin reducciones salariales.
Esto debería estar acompañado de un plan de obras públicas como lo pueden ser las viviendas (cuyos insumos se encuentran en el mercado local) y además de resolver el terrible problema del déficit habitacional generarían puestos genuinos de trabajo. También obras de infraestructura como la recuperación de las vías férreas bajo transporte eléctrico sustentable, entre muchas otras tan necesarias.

El ajuste hay que enfrentarlo en la calle

Tenemos que preparar desde cada gremio, lugar de trabajo y barrio, la movilización para resistir esta nueva escalada. Ya lo había intentado Macri y lo derrotamos en diciembre de 2017. La burocracia cómplice en esa oportunidad dejó pasar como si nada porque la habían pactado. Los únicos que denunciamos y estuvimos presentes en ese momento fuimos las conducciones junto a la izquierda.

Se viene una nueva etapa de enfrentamientos más fuertes. Acá no puede haber medias tintas, tenemos que enfrentarlos hasta derrotar su plan de hambre y miseria. Es por esas razones que desde cada lugar de laburo tenemos que ir preparando el terreno, discutiendo en cada sector lo que se viene y prepararnos sabiendo que es necesario superar a las direcciones traidoras y forjando una nueva dirección sindical y política que realmente esté a la altura de las necesidades de nuestra clase.

Escribe: Pablo Vasco y Mariana Chiacchio, CADHU-MST

Un paro de 24 horas del Ferrocarril Sarmiento el 16 de febrero, a iniciativa de la Seccional Haedo de la Unión Ferroviaria por las condiciones de salud y de trabajo ante el Covid-19, desató un coro histérico de críticas. Contra el legítimo reclamo de los ferroviarios no sólo saltaron la empresa Trenes Argentinos y la traidora burocracia sindical de la UF que lidera Sergio Sasia, sino también varios «periodistas» de grandes medios.

·En lugar de informar sobre las auténticas razones del paro y las distintas posturas al respecto, estos charlatanes a sueldo que pululan en noticieros de radios, teles y diarios exageraron los inconvenientes por el paro y atacaron la protesta. Algunos de ellos directamente salieron en modo de campaña gorila y a la vez macartista, es decir contra los trabajadores y la izquierda.

·Al igual que las patronales privadas de la Unión Industrial Argentina (UIA), el titular de la empresa ferroviaria estatal, Martín Marinucci, apoyó poner fin al aislamiento para contactos estrechos por coronavirus, refutó el paro y amenazó con sanciones: «Se trata de una decisión arbitraria e irresponsable que perjudica a miles de personas. Aplicaremos las medidas disciplinarias que caben en este caso».

·La burocracia sindical de Sasia, junto a impulsar el carnereo del paro, envió notas a la empresa y a Transporte. Dijo que «no se dispuso realizar medida de fuerza alguna para el día 16», que «cualquier medida de acción directa general o parcial dentro del ámbito de representación de la UF es una facultad exclusiva del secretariado nacional, en un todo de conformidad con las normas estatutarias», y que «este paro es una medida política».

Todo paro es político, toda marcha es política

Dado el lógico desprestigio del que goza en general la casta política en nuestro país, con el adjetivo política o político el gobierno, los empresarios, los burócratas sindicales y los plumíferos a su servicio pretenden descalificar cualquier medida social de lucha. Toda movilización popular independiente de los poderes de turno puede ser acusada y demonizada como política y hasta penalizada por la justicia como si fuera un delito.
Pues bien: no existe ninguna medida de fuerza obrera o popular cuyas causas no estén, en forma más o menos directa, vinculadas a determinada norma o decisión política de las patronales y/o los gobernantes de turno. Y como los responsables de esas políticas antiobreras y antipopulares suelen no responder o responden mal ante los reclamos sociales que generan, y así obligan a la gente a visibilizarlos y a «molestar» con un corte de calle o ruta, en vez de resolver esas demandas buscan desautorizarlas y las acusan de políticas. Hay que desenmascarar esa hipocresía.

Política es precisamente la desastrosa decisión del gobierno de Alberto y Cristina Fernández de acordar con el FMI el pago de una deuda externa monumental y trucha por donde se la mire.

El Fondo, siempre anti-derechos

Haber reconocido como válida la totalidad de la estafa financiera cometida por Mauricio Macri y sus amigos fugadores de capitales tiene consecuencias concretas muy negativas para el pueblo trabajador. Y no son sólo en materia económica o ambiental, sino que también anticipan un incremento represivo.

En marzo de 1976, el Fondo financió a la dictadura militar argentina a sabiendas de que ésta cometía delitos de lesa humanidad. Los milicos elevaron la deuda externa argentina de 7.000 palos verdes al inicio de su gobierno a más de 45.000 palos verdes al caer, en diciembre de 1983. El FMI fue copartícipe necesario del genocidio cometido. Ahora, el ajuste para pagarle a esos usureros también recorta derechos humanos básicos (comida y ayuda social, educación y salud públicas, políticas de género), derechos ambientales (por el extractivismo de «crecer para pagar») y derechos democráticos.

Como todo ajuste, éste tampoco pasa sin represión. Por eso el acuerdo con el Fondo implica un rumbo autoritario para imponerlo. Es decir, más operativos represivos o de saturación policial ante protestas, multas a organizaciones que participan en marchas, proyectos de ley para impedirlas e incluso ataques fascistas a locales de izquierda o a manifestaciones, alentados por los discursos anti-piquetes.

La protesta social, un derecho elemental

La ocupación del espacio público para presionar a los representantes políticos es parte constitutiva de nuestro mito fundacional como Estado-nación. «¡El pueblo quiere saber de qué se trata!» se gritaba en 1810 durante la Revolución de Mayo para exigir la anulación de la junta virreinal opuesta a la decisión independentista del cabildo abierto del 22 de mayo.

Los derechos a la vida, la salud y la educación; a la igualdad y la dignidad; al trabajo y el salario dignos o a vivir en un medioambiente sano, entre otros, están consagrados por la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes y demás normativa. Pero enseguida surge la contradicción, ya que entre la letra escrita y la realidad siempre hay una distancia. La causa de esas desigualdades está en el carácter de clase del Estado argentino, capitalista dependiente.

El goce de esos derechos, entonces, no se garantiza para muchos sectores desventajados. Ante esta situación por acción u omisión del Estado y sus instituciones, y para lograr respuesta a sus reclamos, surgen distintas formas de protesta social. Las carencias de los sectores más postergados o en conflicto con el poder encuentran en la reunión y la manifestación pública su principal vía de expresión frente al gobierno.

Por caso, el artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes del país el derecho a la protesta: a peticionar a las autoridades, entre otros derechos. El artículo 14 bis reconoce los derechos sociales -dando especial protección al trabajo- y el derecho de huelga(1). A la vez, el derecho a la protesta es reconocido por numerosos tratados y convenciones internacionales que firmó el Estado argentino y aprobó el Congreso, que por ende tienen rango constitucional(2).

Pero no todas las personas acceden a esos derechos. Si la pobreza y la exclusión crecen, si los salarios y jubilaciones caen ante la inflación, si no hay acceso al empleo y la vivienda o ante el aumento de la violencia machista, es inevitable el conflicto social. Desde ya, los grupos vulnerables son los más expuestos al poder punitivo del Estado. La represión del Poder Ejecutivo, las leyes represivas del Poder Legislativo y la criminalización del Poder Judicial a quienes luchan son los principales mecanismos estatales para limitar y violar el derecho a la protesta.

El argumento más frecuente para justificar la represión estatal es que hay un conflicto o colisión de derechos. Sobre todo pasa ante medidas de lucha como los piquetes, como bien lo explica el jurista Roberto Gargarella. Allí entran en conflicto derechos como los de expresarse, organizarse, reunirse, reclamar y peticionar a las autoridades, con los de transitar y comerciar libremente o preservar la propiedad privada(3). Desde ya, no cabe neutralidad: las demandas sociales son prioritarias.

La criminalización nuestra de cada día

Las figuras que más utiliza la justicia contra protestas sociales son entorpecimiento del tránsito (art. 194 del Código Penal), coacción (art. 172) y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, como rebelión, resistencia a la autoridad, sedición y motines (art. 229 y siguientes). Tales sentencias omiten que del derecho a peticionar a las autoridades surgen los demás derechos y que además todos los derechos siempre se conquistaron con lucha social.

Si el Estado punitiviza ese derecho elemental, se corre serio peligro de perder el resto de los derechos fundamentales. Los reclamos por salario, empleo, salud, comida, vivienda, género, ambiente y otros no podrían canalizarse como expresión colectiva mediante la manifestación en el espacio público. Y si se obstruye el derecho a defenderlos, hay riesgo de perderlos.

En cuanto a las libertades sindicales, desde 1989 la OIT le exige al Estado argentino adecuar su régimen sindical al Convenio 87 e incorporar y respetar todos los derechos que éste establece. Es que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales favorece a la burocracia y la injerencia estatal en la vida sindical, mientras que las patronales y el propio Estado como empleador cometen violaciones al derecho de huelga, sanción a delegades y activistas vía despidos arbitrarios, resistencia a su reinstalación en caso de fallos favorables, violación de fueros sindicales, trabas a la inscripción de nuevos sindicatos y a la actividad gremial en los lugares de trabajo, prebendas estatales a la burocracia sindical, negativa a las paritarias o imposición de limitaciones, amenazas de quite de personería gremial ante medidas de fuerza y otros atropellos.

Defender los derechos democráticos

El 15 de febrero, en Campo Viera, la policía de Misiones reprimió duramente una protesta de movimientos sociales y detuvo a seis compañeres. El 16, la policía porteña y la Federal reprimieron con gases y palos una marcha piquetera en la 9 de Julio, causando varios heridos. El 21, la policía tucumana desalojó de la Plaza Independencia a enfermeras que reclamaban por sobrecarga laboral y bajos salarios. Y todo así, a veces incluso con las patotas sindicales como represión tercerizada contra las luchas y el activismo opositor.
Contra los ataques fachos, hay que reforzar la autodefensa. Y obviamente, resistir cada represión policial. Pero también es clave dar la pelea, sin tregua, frente a todo intento o discurso que busque cercenar las libertades democráticas. Porque, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el mismo que anunció el cierre de los planes sociales, acaba de declarar que «sería bueno encontrar otro método de protesta que los cortes de calle»4. ¡Copiado del macrismo! ¿Por qué mejor no encuentra el gobierno «otro método» para dar respuestas reales a los reclamos populares?

No, señor. No volteamos a la dictadura militar ni hicimos el Argentinazo de 2001 para que ahora nos vengan a coartar libertades y derechos a gusto del FMI y su ajuste. No lo hacen porque estén fuertes sino por debilidad, ya que crece la bronca popular contra ellos. Hay que defender cada paro por aumento salarial o contra despidos, cada marcha ambiental o de género, cada corte de ruta de desocupados, cada protesta vecinal por cortes de luz o de vendedores ambulantes por trabajo, cada recuperación de tierras por familias sin vivienda o comunidades originarias. Luchar es un derecho, no un delito.

1 También reconoce el derecho a condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagos; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleo público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial; estabilidad de los representantes gremiales; seguridad social y vivienda digna.
2 El derecho de reunión lo reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 20), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 21), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5, inc. ix), la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 15). El derecho de huelga y la libertad sindical los protegen el Convenio Nº 87 y el Nº 98 de la OIT, también con rango constitucional.
3 Gargarella, R.: El derecho a la protesta, el primer derecho. Buenos Aires, 2005. Ed. Ad Hoc, pág.41.
4 Clarín, 19/2/22.

Esta reforma implicaría para el conjunto del movimiento obrero argentino una gran quita de derechos. Pero jurídicamente, se trata de derechos adquiridos. Y según el precepto establecido por la Constitución Nacional, rige el principio de progresividad. Es decir, no se pueden reformar derechos para reducirlos ni, menos aún, para anularlos. Por eso esta reforma se vuelve inconstitucional.
El gobierno defiende su retrógrada reforma con la excusa de “modernizar”, “bajar el costo laboral” y combatir la supuesta “industria del juicio”. Pero en vez de reducir la litigiosidad habrá una avalancha de juicios contra la inconstitucionalidad de esta reforma macrista. Los principales cambios en danza son los siguientes:

1. Menos multas por trabajo en negro. Hoy son del 25% del salario bruto, pero las reducirían al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil de cada período. O sea, las multas no tendrán relación con el sueldo del trabajador. Para colmo, a los trabajadores blanqueados se les reconocerá una antigüedad máxima de cinco años: si trabajó 20 años en negro y lo blanquean, sólo tendrá aportes por cinco años. Además se reducen las contribuciones y aportes patronales, lo que para 2022 les generará a los capitalistas una ganancia extra de más de cien mil millones de pesos.
2. Limitan la irrenunciabilidad. Según este concepto, hoy se considera nula toda renuncia del trabajador a sus derechos. La reforma valida negociaciones individuales entre la patronal y el trabajador a la baja de su contrato, sobre todo rebajas salariales. Así se vuelve al texto de la Ley de Contrato de Trabajo de la época de la dictadura militar.
3. Tercerizadas y subcontratadas, impunes. Hoy, ante incumplimientos laborales de la tercerizada o subcontratada, la empresa principal también debe responder. La reforma excluye la responsabilidad de las empresas que contraten gente mediante tercerizadas de seguridad, limpieza u otros rubros: sólo respondería la tercerizada, que en general son sociedades de responsabilidad limitada (SRL), sin bienes, dificultando el cobro para el trabajador.
4. Peores condiciones de trabajo. Hoy los empresarios no pueden hacer uso abusivo del ius variandi, o sea cambiar caprichosamente las tareas, horarios, lugar de trabajo y salarios. La reforma pretende ampliar la facultad patronal para modificar esas condiciones esenciales del contrato de trabajo. Se elimina la posibilidad de obligar al empleador por acción judicial sumarísima a retrotraer la modificación, por lo que el trabajador sólo puede considerarse despedido.
5. Nuevos contratos-basura. Se tergiversa el concepto de trabajo para igualar al trabajador con su patrón. Se promueven las pasantías no retribuidas de jóvenes y estudiantes secundarios. Se crea la figura del trabajador independiente, que podrá tomar hasta cuatro colaboradores. Hoy un monotributista que factura siempre para el mismo empresario es considerado dependiente y puede reclamar judicialmente. La reforma excluye de la legislación laboral a esos trabajadores autónomos que presten tareas para un empleador.
6. Horas extra, gratuitas. La reforma habilita la compensación de horas extras en otra jornada, sin pago de las mismas. Funcionaría un banco de horas: el trabajador hace horas extras y el empleador, cuando le venga bien, se las compensa en horas. Esto se hará durante el mismo año y sin que el trabajador se pueda tomar en un mismo día todas las horas extra adeudadas.
7. Más restricciones en los juicios. El interés actual en el pago de sentencias judiciales es del 36% anual. Con la reforma pasará a ser muy inferior, atado a los créditos UVA (unidad de valor adquisitivo). Y se reduce de dos años a uno el plazo del trabajador para realizar reclamos judiciales. Según el Código Civil cualquier persona tiene dos años para reclamar sus créditos, pero esta reforma pondría al trabajador en inferioridad de condiciones.
8. Despidos más baratos. La indemnización por despido hoy es un mes del mejor sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses (art. 245 LCT). Para calcular la base del sueldo se computan las horas extra, aguinaldo, presentismo, premios, plus, antigüedad. La reforma reduce drásticamente la indemnización, ya que sólo tomará en cuenta el sueldo básico. Según el caso, en concreto es una quita del 50% o más. Se crea el fondo de cese laboral, donde el empleador depositará cada mes y que el trabajador tendrá disponible al momento del despido. Así el despido no tendrá costo para la patronal, similar a la modalidad del gremio de la construcción. Ese fondo será negociado con los sindicatos e incorporado a los convenios colectivos.
9. Certificados de trabajo, bien gracias. Si a los 30 días de finalizada la relación laboral el empleador no los entrega al trabajador, hoy se puede reclamar una multa equivalente a tres sueldos. La reforma elimina dicha multa, en otro beneficio más a las patronales.
   Este paquete antiobrero que pretende imponer el gobierno macrista incrementa los poderes de las grandes empresas sobre los trabajadores, fomentan los despidos arbitrarios y el trabajo en negro o deficientemente registrado. Pese a que Macri y sus funcionarios repiten que esta es una “ley de blanqueo”, si en realidad se eliminan todas las sanciones a las empresas que ya contratan personal en negro y/o tercerizado, ¿qué capitalista va a blanquear a un trabajador, si ya no debe pagar multas en caso de ser demandado? Algunas sanciones consideradas leves se mantendrían, pero serían percibidas por el Estado y no por el trabajador, el que seguiría sin obtener sus aportes.
   Esta reforma laboral es además un ataque contra la organización sindical, ya que habilita al Ministerio de Trabajo a dar de baja a aquellas asociaciones sindicales que considere que por cinco años no cumplieron las normas legales o estatutarias. De forma totalmente discrecional a efectuar por el propio ministro, este avance antisindical viola toda la normativa sobre trabajo y libertad sindical, tanto a nivel nacional como los tratados internacionales al respecto.
   La CGT anunció su tibio rechazo al proyecto, pero no llama a ningún plan de lucha y todo indica que seguirán sentados junto al ministro Triaca para negociar. Mientras tanto, a espaldas de las bases trabajadoras, esos burócratas negocian y transan con el gobierno para mantener sus privilegios y su manejo de las obras sociales.
   Pero este proyecto reaccionario aún no fue votado por el Congreso y creemos que la clase obrera tiene las herramientas necesarias para resistirlo y frenarlo. Así como cada derecho laboral que hoy Macri y la clase capitalista nos quieren quitar lo obtuvo el movimiento obrero con sus luchas, es únicamente con la lucha como vamos a defender dichos derechos.

Vanesa López y Mariana Chiacchio,
abogadas del CADHU y del MST