Escribe: Andrea Lanzette

En varios distritos bonaerenses y otras ciudades se vienen desarrollando tomas de tierras por familias desesperadas y sin techo. La casa propia, ese sueño de la familia trabajadora de antaño, hoy es reemplazado por otro mucho más modesto pero igual de lejano: un lugar digno donde vivir, aunque no sea propio.

El acceso a alquileres sociales o a créditos blandos para comprar es inexistente y en el marco de la pandemia muchas familias han sido arrojadas al hacinamiento en villas miseria, sin agua potable ni cloacas. Como parte de ese mismo proceso, aumentaron de manera significativa las personas en situación de calle. Ante esto, la respuesta del gobierno es casi sin grietas: promesas para un futuro incierto, pero hoy desalojos violentos de las tomas, sin resolver la necesidad habitacional de fondo.

El problema en números

Según los últimos datos disponibles del INDEC, en el país viven 45.3 millones de personas que integran 13.3 millones de hogares, cuyo 92% habita en ciudades. Uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda. Son unos 4.4 millones de personas sin casa propia1.

A eso hay que agregarle muchas familias que sí tienen casa, pero con problemas de calidad y falta de servicios básicos. Más de un tercio de ellas no tiene una vivienda digna. A su vez, según la proyección anual se forman 200.000 hogares nuevos, de los cuales entre 35.000 y 50.000 no logran tener un techo para vivir2.

En ese marco, el sueño de la casa propia está cada vez más lejos. La tasa de propiedad descendió de un 77% de hogares propietarios en 1999 a un 69% en 2010, siempre según los datos del propio INDEC. Esta fue la primera caída visible y no se detuvo, pues hoy es inferior al 60% a nivel país y mucho menor en la Provincia de Buenos Aires, el tercer distrito con el promedio más caro por metro cuadrado de vivienda. Esto produjo una mayor demanda de alquileres y una elevación de sus precios, por lo que cayó también la tasa de viviendas alquiladas. Surge entonces la pregunta: ¿en dónde vive esa gente?

Taza, taza, pero pocos con casa

A lo largo de su historia el Estado argentino no ha tenido, salvo breves excepciones, políticas integrales de vivienda. Si bien el derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución Nacional por el famoso artículo 14 bis, la tensión entre este derecho que debería garantizar el Estado y su real regulación por el mercado capitalista se ha resuelto en favor de este último.

Este déficit se agudizó con la dictadura militar, que barrió con muchos de los asentamientos y villas de los sectores populares. Esta política represiva se frenó con Alfonsín, aunque bajo su gobierno creció la pobreza estructural. El modelo neoliberal menemista, con su combo de privatizaciones, desindustrialización y anulación de derechos sociales, profundizó aún más el deterioro social. Las políticas de vivienda y urbanización no crecieron al compás del PBI, pero en cambio sí crecieron la especulación y el boom inmobiliario.

Luego de la crisis de 2001, en los doce años de gobierno kirchnerista hubo pocas políticas de acceso a la vivienda. Con el programa Pro.Cre.Ar, creado en 2012, no se logró ni siquiera adjudicar todos los fondos para las 400.000 casas que se planificaban, cifra ya de por sí lejos de las crecientes y aplazadas necesidades.

El gobierno de Macri, que hizo un negocio de cada necesidad, perfeccionó el lucro financiero con el programa de créditos UVA. La Unidad de Valor Adquisitivo se inició en 2016 con un valor de $14,05 y en 2018 llegó a $ 31,063. Ajustado por inflación, la destrucción del peso tras sucesivas devaluaciones llevó a un aumento de las cuotas del 170% en tan sólo dos años.

Esa situación no se ha frenado, lo que provocó muchos pedidos de congelar las cuotas sin resultado judicial a favor de los damnificados. Un negocio redondo para los bancos que ganan mediante las cuotas y, además, son subejecutores de las propiedades hipotecadas. Por eso, si bien fue un formato crediticio de bancos públicos, con el tiempo se sumaron los privados sin ningún control del Estado. Además, el valor de las propiedades medido en dólares y por la misma inflación es inalcanzable para quien vive de su salario.

Ni casa propia ni casa digna

Cientos de familias que se forman optan por alquilar, aunque esto también es una ilusión que se aleja para muchas. Según un portal especializado en propiedades, «los precios de los alquileres aumentaron 19,2% desde el 11 de junio, cuando el Senado sancionó la ley que regula al sector. En lo que va de 2020, el precio promedio de los alquileres acumula una suba del 37,6%, el doble que la inflación y por encima del ajuste de los créditos UVA (22,8%)»4.

La nueva ley de alquileres, si bien extendió a tres años el contrato, no impide esos aumentos al no plantear ningún control de precios desde el Estado y tampoco incluye líneas de ayuda ni subsidios para su acceso. En cambio, el proyecto de ley de alquiler social que presentó Alejandro Bodart en la Legislatura porteña no sólo proponía elevar el ABL a las viviendas ociosas para empujarlas al mercado y abaratar los alquileres, sino la garantía del Estado y un subsidio significativo.

Con la pandemia, muchas familias que perdieron su trabajo e ingresos se vieron arrojadas a la calle. Eso produjo el crecimiento en las tomas de tierras, como en Moreno, Guernica y San Fernando, entre otras. No pueden esperar la vaga promesa de fondos que vendría algún día con el 15% a recaudar del impuesto a las fortunas, que se destinaría a los barrios del Renabap5. La única respuesta concreta hoy por parte del gobierno es la acusación de delito, la represión, el desalojo, sin contemplar ninguna solución de fondo. La ministra Bielsa, de Desarrollo Territorial y Hábitat, mutis.

Faltan casas, sobran policías y negocios inmobiliarios
Por sólo dar un ejemplo, con los $37.681 millones que en una primera etapa Fernández destina al «megaplan» de seguridad bonaerense se podrían construir unas 38.000 viviendas populares, dar techo digno a unas 200.000 personas y crear 100.000 puestos de trabajo. Pero no: nombran más policías, compran más armas y patrulleros, y construyen más cárceles. La prioridad está clara.

Es un hecho: la vivienda digna no se garantiza. Mientras los gobiernos permiten más cemento especulativo y negocios inmobiliarios, se reducen los espacios verdes urbanos y se habilita la construcción de barrios privados y shoppings. Se desalojan las tomas de los terrenos propicios para el negocio, mientras que allí en donde no se puede especular, como en las veras insalubres de los ríos, el asentamiento quizás se deja correr.

Rechazamos todo desalojo en las tomas y exigimos que el derecho a la vivienda sea atendido con subsidios para compra de materiales y acompañamiento para la construcción. Allí donde está la necesidad debe estar el derecho, no la represión policial.

1 INDEC, Informe técnico 2018 sobre Vivienda y Urbanidad.
2 INDEC, Informe técnico 2019.
3 Datos de la Defensoría del Pueblo de la CABA, fines de 2018.
4 Portal Zonaprop.
5 Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana.

Este martes 14hs vamos a la municipalidad , nuevamente por tierra para vivir, no al desalojo.

Miles de familias estamos peleando por tener un lugar donde vivir. Tenemos una necesidad urgente, por eso defendemos y reclamamos por estas tierras, para poder construir nuestras casas. Nos somos delincuentes, somos familias trabajadoras, que sufrimos la desocupación y la pobreza creciente, y estamos dispuestos a pelear por una vivienda digna y por un pedazo de tierra.

La toma de Guernica es la solución que encontramos miles de vecinos y vecinas a esta necesidad. El propio Juez Martín Rizzo que dictó el desalojo, no puede mostrar en la causa que alguien haya presentado títulos de propiedad ni escrituras de las tierras. Es claro que responde a los intereses de los Countries y los políticos de que están en ese negocio.
Funcionarios del gobierno provincial convocaron una mesa de diálogo anticipando que se trata de un “protocolo” previo al desalojo pero también haciendo promesas de posible solución. Los vecinos y vecinas queremos un “diálogo” para ganarnos la tierra, no para que nos desalojen.

Más que nunca reforcemos la organización de la toma, con asambleas permanentes, convocando más y más vecinos y vecinas, con nuevas acciones de lucha, movilizaciones y cortes.

Como votaron las asambleas, este martes a las 14hs vamos a un corte en Av. Yrigoyen y movilización a la municipalidad en el mismo momento que se realiza la reunión con los funcionarios del gobierno provincial. Con la unidad de todos los vecinos y vecinas de la recuperación de tierras y más organización podemos ganar esta lucha!

• Exigimos soluciones a los problemas de tierra y vivienda que sufren nuestras 2500 familias y las 4 millones mas de familias que tienen el mismo problema en el país.
• Reclamamos una reunión con el gobernador Kicillof
• No al desalojo
• Por tierra para vivir

Coordinación de DELEGADOS Y DELEGADAS y organizaciones de la Recuperación de Tierras de GUERNICA

Todo esto en medio de una pandemia que azota fundamentalmente a los más pobres no sólo enfermándolos sino dejándolos sin sustento, mientras Alberto Fernández habla de una medida como el IFE, totalmente insuficiente y tan irrisoria que quienes exigen desalojar gastan en dos o tres comidas y no todas las familias lo cobran.

La realidad es que un porcentaje importante de familias en el conurbano bonaerense no tiene acceso a una vivienda digna y se hacinan en “villas miserias” sin cloacas, sin agua potable, sin derechos a una buena alimentación, educación o sistema de salud. Gobierno tras gobierno de distinto tinte político durante años han llevado a la marginalidad a una parte importante de la población en beneficio de quienes hoy claman por desalojar a los pobres, que para muchas de esas familias la única manera que tienen de tener una vivienda es tomando tierras.

La derecha macrista junto a los medios afines junto a los que se dicen “progres” amigos del gobierno nacional accionan en sintonía, porque no hay grieta cuando se trata de defender el robo y saqueo de parásitos en contra de la mayoría de la población. Y la justicia actúa al unísono: así los jueces corruptos, declaran el desalojo por la fuerza bruta, olvidando leyes fundamentales tales como el artículo 25.1 de la Declaración de los Derechos Humanos (1) y el artículo 14bis de la Constitución Argentina (2) que tiene entre sus puntos el derecho a una vivienda digna.

Esto sin entrar en el tema de que las tomas de tierras fueron la fuente de enriquecimiento de buena parte de esta lacra que hoy clama en contra de una miserable toma de unos pocos metros cuadrados cuando se repartieron entre pocos buena parte del territorio de nuestro país.

Las voces de quienes son responsables de la pobreza

Mientras tanto, Juntos por el Cambio presenta un proyecto en la Legislatura bonaerense para que quienes tomen tierras para vivir queden sin la mísera ayuda económica que reciben los pobres del conurbano bonaerense. Antes de esta presentación, Sergio Mazza ya había planteado la quita de la AHU.

Todo el peso de la ley para los pobres, impunidad para los ricos: habría que ver cuándo el peso de la ley recae en los ladrones que han llevado a esta situación porque, por ejemplo, los 60 mil millones de dólares que pidieron al FMI y que patinaron en días fugándolos al exterior (y que hoy nos obligan a  pagar) hubieran sido fundamentales para que no se llegara a esta situación. Son los que defienden a capa y espada a Vicentin, en manos de ladrones mafiosos y explotadores.

Hoy los ladrones que viven en Puerto Madero o en barrios cerrados exigen el peso de la ley contra los pobres que ellos mismos crearon. Porque no hay que equivocarse: somos quienes trabajamos los que producimos lo que se llama Producto Bruto Interno (PBI) y de esa torta que nosotros producimos se lo lleva un puñado de ricos, grandes corporaciones internacionales, y parásitos de todo tipo. Su riqueza es nuestra pobreza. Nada de lo que tienen y defienden como “propiedad privada” les pertenece, es sufrimiento, trabajo precario, pobreza, falta de educación, salud, vivienda, etc. para la mayoría. En un país como el nuestro es inadmisible la pobreza, que sólo puede solucionarse acabando con quienes nos parasitan que son peores que el Covid-1.

¿Y qué hacen los gobiernos nacional y provincial?

Intentando un discurso que no tenga tanto olor a la vieja derecha, lo real y concreto es que tanto la policía de Alberto Fernández como la de Axel Kicillof son las que desalojan por la fuerza. ¿Qué debieran haber hecho? Censar a todos los que tomaron esas tierras y si, tal como es en realidad, no tienen dónde vivir, hacer un loteo y entregar algunos de los tantos terrenos fiscales que existen para que esas familias puedan vivir como forma de evitar los “intermediarios” que generalmente existen.

Alberto Fernández ha subsidiado a las grandes empresas en esta pandemia con dinero que es del ANSES, al punto que la mitad de nuestros salarios fueron pagados por nosotros mismos, ¿no es momento de confiscar tierras ociosas, lotearlas o hacer viviendas para quienes la necesiten? ¿Acaso no se enteraron de la terrible miseria y del déficit habitacional que existe en el conurbano bonaerense?

La “grieta” entre peronismo y antiperonismo es un invento para cazar incautos. Es en estos casos cuando vuelve a quedar al descubierto que en realidad unos y otros responden a los intereses capitalistas y sólo le importamos los trabajadores como mano de obra para obtener ganancias. Siempre se tiran entre sí “la herencia recibida”, pero esa herencia fue apoyada implícitamente durante el gobierno macrista y hoy ante cada arremetida de lo que llaman derecha viran cada día un poco más hacia el mismo lado.

Impuestos mayores a los ricos, a las grandes empresas, al extractivismo, que las ganancias que se llevan las privatizadas queden aquí re estatizándolas, para un proyecto de país que sea para todos y no para unos pocos. Porque la realidad es que quienes producimos la riqueza, los trabajadores, somos quienes más impuestos pagamos.

Desalojos violentos y con represión

Las familias que ocupaban los terrenos de Victoria, San Fernando, desde hacía unas semanas, estaban pacíficamente con sus hijos y habían abierto un canal de diálogo con el municipio en busca de vivienda. Pero la única respuesta desde el Estado ha sido represión y violencia. Fuerzas policiales armadas como para una guerra, atacaron con saña a familias indefensas, las golpearon e hirieron a varias de ellas. La violencia y la represión ha sido la única respuesta para estas familias que en forma totalmente pacífica, solo luchaban por un reclamo democrático elemental: el derecho a la vivienda.

Pero no van a alcanzar los palos ni los golpes, ni en San Fernando, ni en Ciudad Evita, ni en Guernica. En todos lados crece la lucha por la vivienda y por la exigencia al Estado que ponga al servicio de las familias necesitadas los terrenos fiscales y ociosos. Desde el MST San Fernando y en todo el país, seguiremos acompañando estas luchas.

Isabel Morales

(1) Artículo 25.1 Declaración de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

(2) La Constitución de la Nación Argentina en su articulado 14 bis dice que: El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.