Escribe: Nicolás Zuttión

Naomi Klein, periodista canadiense, es reconocida por haber formulado el concepto de la doctrina del shock. Doctrina que fue pergeñada por neoliberales como Milton Friedman, uno de los referentes ideológicos de cabecera de Milei, quien en el prefacio de su libro Capitalismo y libertad (1982) expresó: «Solo una crisis –real o percibida– da lugar a un cambio verdadero».

El marco económico de nuestro país, previo a la llegada del liberfacho a la Rosada, coincide con un contexto de crisis real. Una crisis compuesta por un mega endeudamiento fraudulento con el FMI, que lo comenzó Macri y lo legalizó el gobierno del Frente de Todos; un proceso inflacionario que hizo que el 2023 termine con un dígito de tres cifras de aumento en los precios; escases de reservas líquidas y, uno de los puntos centrales para el meteórico ascenso de la Libertad Avanza, una pérdida salarial de 6 años consecutivos.
Todo este combo supondría la crisis real a la que hace mención la cita de Friedman. Sin embargo, Milei y su gobierno, para justificar sus reaccionarias reformas económicas de las que esperan se aprueben en el Congreso -algunas ya están en vigencia-, suma un relato que magnifica la crisis mencionada para justificar los mazazos de mayor nivel que significan sus políticas para los bolsillos de las mayorías trabajadoras y populares.

Caputo héroe nacional

La semana que pasó tuvo como dato central el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, que sólo para el mes de diciembre arrojó una cifra del 25,5% de inflación, haciendo que la variación interanual alcance el 211,4%. Ante esto, se activó el relato con cifras estrafalarias, magnificando los elementos de la crisis, para justificar los resultados que generó la devaluación del ministerio de Economía de un 100% ni bien llegó al gobierno de La Libertad Avanza.

Advirtiendo que sin la devaluación y posterior liberación de precios de las cadenas alimenticias, las privatizadas de los servicios estratégicos (luz, gas y agua), transporte y petroleras, la inflación anual se iba a disparar a un 15.000%, Milei justificó la inflación de diciembre diciendo: «Es un numerazo, si me decían el 10 de diciembre lo firmaba con las dos manos».

Un absurdo sin sentido. El liberfacho festeja una aceleración magnífica de la suba de precios para contener un supuesto proceso hiperinflacionario que fue heredado.

«No hay plata», pero paguen más caro

Mientras las góndolas disparan sus precios, el presidenteanuncia que «no hay plata». Esta frase, repetida como un rezo hasta el cansancio en las conferencias matutinas de su vocero Adorni, se alinean con la idea de reducir el déficit fiscal. Política que, hasta el momento, ha significado el congelamiento de los aumentos salariales de los trabajadores del Estado, despidos en el mismo ámbito, congelamiento de programas sociales (también recortes, como viene ocurriendo con el Potenciar Trabajo) y el fin de la movilidad jubilatoria, a pesar de que el cálculo actual había sido utilizado en pos de ajustar las partidas previsionales.

Pero, a la vez, con el verso de que los precios se encontraban «pisados», el gobierno dio luz verde para todo tipo de aumento. Tomando sólo los alimentos, se puede ver que sus precios se han incrementado, por encima del valor promedio del resto de las mercancías. Esto se permitió en un rubro altamente concentrado, como lo expresa un estudio de CEPA, donde 20 empresas expresan la facturación total del sector y, para poner ejemplos, sólo Arcor sólo en la primera mitad del año pasado había presentado ganancias por más de $25.000 millones, mientras que Molinos Río de la Plata lo había hecho por más de $9.000 millones.

Lejos de estar pisados los precios, el gobierno de Milei aplica este relato servil a los empresarios de extranjeros y de este país para magnificar aún más las ganancias por la vía de la precariza-ción laboral y la desregulación de la economía. Siguiendo con el debate de precios en alimentos, esto se termina de comprender con los articulados de la Ley Ómnibus donde se eliminan la Ley de Abastecimiento y de Góndolas (de poco uso por los gobiernos progresistas), habilitando el salvajismo de la remarcación permanente. Para sumar otro ejemplo de esto, con la carne pasa algo similar. Se eliminaron las restricciones para exportar del complejo ganadero industrial, habilitando que en el país se pueda vender al mismo precio impagable con el que se comercializa en el exterior.

Los shocks y los planes de estabilización

Para Milei esto es una primera etapa de su plan, que obliga a sufrir ahora para estar bien en un futuro, que ya estima bastante lejano al menos en un promedio de treinta años. Tiempo en que a la par, los ricos y el FMI se siguen llevando la plata que «no hay».
El camino para llegar al paraíso que el liberfacho propone, es por medio de un plan de estabilización que se daría en una etapa posterior. Entre los programas que se aluden, como ejemplos de los que se podían replicar en estos tiempos, se encuentran:

• El milagro israelí (1980);
• El plan real de Brasil (1994)
• y el plan de Convertibilidad de Menem (1991).

Más allá de los matices, las diferencias geopolíticas entre Israel, Brasil y Argentina, y las diferentes circunstancias mundiales en que se aplicaron los programas, los ejemplos mencionados todos se basaron en una misma esencia: las condiciones para la estabilidad eran un fuerte ajuste fiscal, las privatizaciones y una rápida apertura externa.

Hoy el mundo, para agregar más condimentos, no responde a la semejanza de ningún tiempo pasado. Argentina no es Israel, ese enclave estadunidenses que recibió inversiones del norte para fortalecer su industria tecnológica y militar (punto importante para entender la reducción drástica de más del 400% de inflació). Ni es Brasil ni Argentina en los ´90, con pleno auge neoliberal, para ir a un esquema bimonetario como imaginan algunos. A tal punto se nota esto que la dolarización de Milei ya no se menciona por la falta de los dólares que supuestamente iba a conseguir.

Que sufran los capitalistas

Al supuesto sufrimiento que tienen que aguantar los trabajadores, jubilados, sectores populares y demás afectados por las políticas de Milei, desde el MST en el FIT-Unidad, invertimos las cargas. Son los capitalistas saqueadores quienes tienen que hacerse cargo de la crisis actual.

Ante la incesante inflación que licúa los ingresos, hay que aplicar un congelamiento de precios de los productos referidos a la canasta básica, conjuntamente con la eliminación del IVA de los mismos. Y conformar comités de usuarios y trabajadores para realizar un verdadero control social sobre los precios. Avanzar en la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para evitar cualquier tipo de fuga de capitales. También desdolarizar las tarifas de los servicios públicos y estatizar las empresas bajo control de usuarios y trabajadores. Y aplicar la misma política con las empresas productoras y distribuidoras de combustibles.

Esto tiene que ir acompañado de un aumento de todos los salarios, jubilaciones y los programas sociales con el valor de la canasta básica familiar. Como elemento central de un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, también hay que romper con el FMI y los buitres que tienen los títulos de la deuda privada. Los recursos del país tienen que direccionarse a las necesidades de las mayorías trabajadoras y populares.

Escribe: Mariano Rosa

El de Milei posiblemente sea el 4° o 5° intento histórico de una reestructuración capitalista a fondo del país. Con Onganía, arrancaron los intentos en la década del 60. Los «azos» (de Córdoba, Rosario y Tucumán) de finales de esa década enterraron el proyecto de ese general con ínfulas prusianas. Después, fue la dictadura genocida que avanzó una parte importante con el mecanismo neocolonial de la deuda eterna y un industricidio de proporciones. Pero, el desenlace del experimento tuvo un altísimo costo para la burguesía: las fuerzas armadas tuvieron que huir del gobierno corridas por la movilización popular. Así, los golpes militares como recurso de «desempate» de equilibrios inestables en la lucha de clases, quedaron inhabilitados. Después, el menemismo, terapia de shock hiperinflacionaria mediante, desmanteló casi todo el patrimonio estatal y reforzó el estrangulamiento del FMI. Esa aventura cortoplacista de capitalismo de timba terminó en el 2001 con una rebelión social que hundió al bipartidismo tradicional. Macri fue el 4° intento, también fracasado. Aunque contó con el sindicalismo burocrático y el peronismo como dadores voluntarios de gobernabilidad, tampoco pudo. Si terminó su mandato fue porque operó la ambulancia del PJ que contuvo el estado de malestar y logró desviarlo por el canal de las elecciones. La originalidad de Milei consiste en que se propone hacer sin golpe militar (porque no puede), sin hegemonía en el control de la botonera parlamentaria (porque no la tiene), sin sostén sindical, ni fuerza orgánica callejera, lo que todos los otros intentos capitalistas fracasaron contando con esos recursos de los que carece la banda talibán libertaria. De movida, ya podemos arriesgar un primer pronóstico: ni el DNU ni la Ley Ómnibus pasan el filtro de la rosca parlamentaria tal como fueron presentados. Y todavía falta la prueba de fuego del paro nacional del 24 de enero y la movilización multitudinaria (seguramente) de ese día.

El palacio que mira la calle

La narrativa del poder tratando de construir un sentido común mayoritario, instrumental a sus intereses de clase, es una maniobra que tiene la misma edad que Maquiavelo. Lo que quiero decir, en definitiva, es que Milei y su entorno, bravuconean que se juegan a todo o nada, pero en la vida real del cabildeo parlamentario, el DNU está en el freezer de la Justicia y la Ley Ómnibus (LO), puede pasar al recinto y aprobarse si se reescribe en muchos de sus términos. Si el gobierno nacional se cree su propio relato fake o no, ya es materia de otro análisis. Lo concreto es que el oficialismo tomó la decisión de barajar y dar de nuevo con el objetivo de mínima de lograr la aprobación del corazón «fiscal» de la LO, a saber, el ajuste estructural en el gasto del Estado como centro: con despidos, desmantelamiento de ministerios, programas sociales, dere-chos de largo aliento y privatizaciones. ¿El propósito? Por un lado, liberar recursos para pagar deuda externa y por otro, habilitar nichos de negocios capitalistas privados. Pero el nuevo gobierno no expresa al conjunto de los capitalistas, sino a su fracción más poderosa, monopólica y parasitaria: el complejo agro-minero exportador, las corporaciones y los bancos. De allí, que aparecieron los roces con la casta que necesita de aliada imprescindible: detrás de las llamadas «economías regionales» que reaccionaron ante la imposición o suba de retenciones, hay capitalistas locales, provinciales, expresados en el Congreso por senadores y diputados (incluso) de los bloques colaboracionistas de La Libertad Avanza. En el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, la mesa «política» del oficialismo con el PRO, la UCR y el variopinto bloque que encabeza Pichetto, se discuten intereses inter-capitalistas. No de la clase trabajadora, los sectores medios y el pueblo pobre. Por lo tanto, más allá del vértigo del espectáculo mediático concentrado en ese toma y daca de rumores y secretismo, los intereses sociales de la mayoría que vive de su salario se definen en el ring de boxeo de la lucha de clases. Lo saben gobierno y colaboradores. Por eso, trabajan contra-reloj para intentar sesionar en diputados, como mínimo, antes del paro del 24. Saben que la calle asediando el palacio puede depararles sorpresas.

Hacia un punto de quiebre

Massa lo calificó de «apresurado». Cristina sintonizó diciendo que había que «esperar». Después del discurso de asunción de Milei, ya con coordenadas muy claras de hacia dónde se proponía apuntar, la CGT planteó «cuidar la gobernabilidad y dialogar». Después, ya anunciado el DNU, se filtró una declaración de Pablo Moyano, el ala «dura» de la central obrera en la que anticipaba que «en enero y febrero» los trabajadores estaban de vacaciones. ¿Y entonces? ¿Cómo se explica la convocatoria a un paro con movilización? Evidentemente se combinaron varios factores:
.Lógicamente, la ofensiva sostenida por el gobierrno, sin margen de negociación para la burocracia sindical, los acorraló.

.Pero más todavía, pesaron los factores de la calle: la acción multisectorial convocada por la izquierda el 20 de diciembre, que desafió el Protocolo de Bullrich y llegó a Plaza de Mayo. La determinación de esa acción política, abrió una ventana de confianza en otros sectores sociales que se expresaron un potente cacerolazo durante la noche de ese mismo día e inauguraron el proceso de las asambleas barriales, que se contabilizan por más de cien ya a estas alturas en CABA, Conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires.
.Un elemento más: para ganar tiempo y descomprimir, la CGT eligió el camino de la judicialización como respuesta al ataque del gobierno nacional. Para eso, convocó el 27 de diciembre una concentración más bien formal y limitada a los llamados «cuerpos orgánicos» (comisiones directivas y delegados). Pero, una parte de las bases obreras desobedeció y sin paro, se movilizó a Tribunales y agitó la consigna de «paro general» reiteradas veces.

La CGT, su conducción burocrática, tomó la decisión que menos quería: paro con movilización el 24 de enero. Claro que sí, con el objetivo doble de «presionar» para negociar «retoques» a la LO y descomprimir un estado de ánimo recalentado en la base del movimiento obrero golpeado por la inflación, la caída de ingresos y la amenaza de más penurias.

Hasta tirarlos: el DNU, la Ley Ómnibus y el Protocolo

Al 24 se llega con un clima de alta tensión en proceso de ascenso. El malhumor social se extiende. Los sectores que votaron a Milei, no por convicción ideológica, sino por decepción y enojo con el gobierno peronista anterior, están procesando una dura experiencia en carne propia: el ajuste les está llegando violentamente y vienen nuevos capítulos en febrero-marzo: tarifazos, coletazos en precios del aumento de las naftas, y el salto en la canasta de escolaridad. El gobierno, que mantiene un apoyo social importante, entró en dinámica de sangría gradual de adhesiones. Es cierto, que no hay acciones de protesta de desborde generalizado en el movimiento obrero. El paro, va a concentrar esa energía contenida. Pero hay, aunque todavía localizadas e incipientes, luchas en desarrollo y otras en curso:

• El reclamo del colectivo cultural, encabezado por Unidxs por la Cultura, de alcance nacional y con una vitalidad potente, que no controla ninguna burocracia.
• El proceso de las asambleas barriales, todavía embrionaria, pero en desarrollo sobre todo en el AMBA y el interior de la provincia de Buenos Aires.
• La lucha contra los despidos en el Estado, que tiene la traba de la conducción de UPCN que directamente paraliza cualquier protesta, y de la propia ATE, que fragmenta, divide personal de planta de contratado y siembra escepticismo con acciones testimoniales. Sin embargo, hay un activo ahí y el desafío de robustecer un polo, con la convergencia de las agrupaciones, delegados/as y actvisitas combativos del sector, en la Multicolor, empezando por CABA.

Y claramente, la batalla que se viene: la lucha salarial contra el ajuste inflacionario brutal.
Esa paleta de protestas, más allá de sus desigualdades, como así también los masivos contingentes del movimiento obrero que intervengan en el paro y movilización del 24, si es contundente y multitudinario, va a tonificar a todos esos sectores y presionar sobre las conducciones sindicales para darle continuidad al plan de lucha. La tarea prioritaria de la izquierda, el sindicalismo combativo, las asambleas barriales, el colectivo de resistencia cultural y los movimientos sociales, es cohesionar la unidad multisectorial e independiente, que intervendrá en el paro del 24 con columna propia pero que tiene como desafío encarar la próxima etapa de la lucha en curso más ofensivamente que nunca. Hay fuerza social para ganar.

El día después de mañana: que la resistencia en las calles tenga expresión política.
En paralelo a la tarea de organizar desde abajo en cada sindicato, proceso de lucha o sector donde nos toque activar la participación en la coyuntura de la medida de fuerza convocada, hay que concentrar energía también en una necesidad dialécticamente conectada. Evidentemente, Milei expresó a derecha y con todas las distorsiones del caso, una aguda crisis de representación política de los partidos tradicionales, y especialmente del peronismo como referencia de la clase obrera y los sectores populares. Por eso no se pueden soslayar todas las «tesis» indiscutiblemente fracasadas que se fueron probando en los últimos años:

• La idea de administrar el capitalismo con sentido progresista y social, para redistribuir. Se demostró que, al cambiar el viento de la economía mundial, una matriz extranjerizada y dependiente como la de la economía argentina no tiene margen para hacer ninguna concesión salvo que se toquen los intereses capitalistas de pooles, corporaciones, bancos y cortar con el saqueo del FMI. Y eso no se logra en ninguna mesa de negociación ni con coexistencias pacíficas con el gran capital: es poniendo en tensión y movimiento la fuerza orgánica de la clase obrera y el pueblo para respaldar cambios de reglas sistémicas.
• También fracasó la tesis de administrar el ajuste como gestores «de centro» o «moderados» del capital, ganándose su confiabilidad. Arrancó en el segundo gobierno de CFK, era el intento frente a Macri con Scioli y fue el naufragio de Alberto-Cristina y Massa. La resultante fue una transferencia continua de riqueza hacia los núcleos del gran empresariado y la degradación del nivel de vida de amplísimas capas sociales. Desmoralización, escepticismo y enojo despolitizado que capitalizó el delirio libertario.

Una más: en la última elección, el espacio encabezado por Juan Grabois, desplegó un discurso crítico de Alberto y su gestión, de Massa y su perfil, del FMI, de los sectores concentrados de la economía, pero con la concepción de dar la pelea por adentro del peronismo para regenerarlo, reconvertirlo y encauzarlo hacia una salida que ahora sí, priorice a los «de abajo» en los marcos de un capitalismo con rostro humano (por enésima vez). Esa tesis, que no es ni nueva, ni original, prepara las condiciones de una nueva frustración.

Los capitalistas, con Milei, actúan en función de una conclusión que asimilaron: para normalizar el capitalismo en un sentido favorable a ampliar los márgenes de rentabilidad empresarial, no hay medias tintas posibles. Hay que reestructurar la economía, suprimiendo derechos laborales y sociales, para abaratar costo patronal y ampliar los márgenes de ganancia. Y, además, imponer orden autoritario para liquidar la protesta, para lo cual se requiere alterar las relaciones de fuerza derrotando la resistencia obrera-popular.

Llegó el momento de que en el campo de las y los que resistimos el plan de guerra capitalista encabezado por Milei saquemos a favor de nuestros propios intereses de clase la misma conclusión que la minoría que gobierna: no van más las medias tintas. Hace falta un cambio estructural para reorganizar sobre nuevas bases la economía, las relaciones sociales y el sistema político. Con sentido anticapitalista y sí, socialista con una democracia verdaderamente desde abajo.

Esa es nuestra moraleja política como aporte al período (intenso y apasionante) del día después de mañana, pasado el paro del próximo 24 de enero. No perdamos un segundo más.

Escriben: Bruno Giusti y Nicolás Zuttión

A la vez que se van conociendo los detalles y la letra chica del acuerdo con el FMI, la palabra ajuste se amplifica en varias áreas. Desde el gobierno se dieron cuenta que la reducción en los subsidios a la energía y el posterior tarifazo que esto significaría no alcanza para la reducción del déficit fiscal que pide el organismo de crédito. La reforma previsional y las paritarias a la baja recobran músculos para satisfacer a los burócratas que ahora vigilan las cuentas argentinas. Pero, además, Alberto Fernández dio vía libre para reducir el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.

En diciembre de 2021 el responsable de la cartera mencionada, Juan Zabaleta, se había comprometido con los reclamos que la unidad piquetera manifestó en las calles de todo el país. Sin embargo, en la semana que pasó, el ministro no sólo incumplió lo prometido, sino que dio muestras del cogobierno con el Fondo al que apunta el FdT. Ignorando una realidad social cada vez más deteriorada, Zabaleta declaró: “No va a haber más altas de planes sociales, tampoco va a haber ajuste”.

La frase oculta el crecimiento de la pobreza, ya que con la medida se indicaría que no hay más personas que necesiten asistencia social y también refleja una mentira acerca del presupuesto del área. Pero esto no es todo, la política en el sector suma a la precarización laboral con el verso de la reconversión de los planes sociales en “empleo genuino”.

Un presupuesto de miseria

Al no existir presupuesto 2022 tomaremos los números de las partidas del año pasado para graficar lo insignificante que es la ayuda en asistencia social. Durante 2021 el monto total del que dispuso Desarrollo Social fue de $359.000 millones, una cifra menor a los U$S2.900 millones que el gobierno se dispone a pagar en marzo al FMI. De esa partida, sólo el 40% ($144.000 millones) fue destinado a lo conocido como “planes sociales” enmarcado en el programa Potenciar Trabajo. Con la extensión del presupuesto 2021, el monto ejecutado sería el mismo para este año. Cifra que, si bien no presenta un ajuste nominal, sí lo sufre en términos reales, teniendo en cuenta la inflación que el REM1 calcula para este año: 54,8%.

Además, mientras el gobierno presume que la pandemia ya casi no afecta al país (eliminación de protocolos y presupuesto específico), replica la receta con la crisis social. Lejos de atender a los 9 millones de personas que en 2020 solicitaron el IFE, el programa Potenciar Trabajo apenas alcanza a 1,2 millones. Y más austero se demuestra el mismo, cuando se da cuenta de la cifra que reciben los beneficiarios: $16.300 (la mitad del salario mínimo). Zabaleta a la vez que se jacta de no abrir más cupos para el Potenciar Trabajo, para cumplir con los mandatos del Fondo, tampoco modifica un ingreso que ni siquiera significa un cuarto de la canasta básica calculada en $78.624, según el INDEC.
El 4% del presupuesto total destinado para Desarrollo Social no llega a tener comparación alguna con lo que este gobierno ya lleva gastado en el pago de una deuda externa de carácter ilegítimo y fraudulento. Se dilapidan dólares en una estafa, que servirían para suplir las necesidades de primer orden, que hoy las mayorías populares las tienen insatisfechas.

Al ajuste le suman precarización

Al mismo tiempo que varios miles de militantes de las organizaciones sociales ocupaban las calles, en reclamo contra esta política de austeridad, Zabaleta respondía con otra medida que no sólo precariza, sino que también beneficia a los empresarios. Se refirió a la reconversión de los planes sociales en “empleo genuino” algo que, según él, “genera alguna tensión”. Lo que se le escapa al responsable de la cartera es que esos puestos de trabajo son totalmente precarizados, es una reforma laboral de hecho.

La “transformación productiva” festejada por el mismo presidente en una textil de Villa Lugano, atenta contra todo derecho laboral y favorece de forma obscena a los empresarios. El acuerdo que el gobierno pactó con sectores industriales de la rama textil, gastronómica, construcción y rural, conocido como “Plan Empalme”, consta de lo siguiente:

12 meses en los que el Estado se hace cargo de $15.000, como parte del pago de los salarios;
En ese mismo plazo las patronales sólo abonan la diferencia para completar un salario mínimo: $32.600;
Las empresas que adhieran a este programa accederán a una reducción de las contribuciones patronales vigentes durante el primer año.

Con estos lineamientos se deja entrever que para el FdT la recuperación económica tiene que venir de la mano de una explotación sin igual a la clase trabajadora. Los “empleos genuinos” no dejan de representar ingresos de pobreza para una familia tipo. Y no sólo termina ahí, sino que se flexibiliza la relación laboral en detrimento de los empleados y a los empresarios se le cubre medio salario. Un negocio redondo y ganancias extras para las patronales que dispondrán de nueva mano de obra.

Ante las maniobras antidemocráticas, fortalezcamos el MST Teresa Vive

Todo este plan de ajuste en marcha va provocando resquebrajamientos dentro de las filas de los movimientos sociales afines al gobierno. Muchos de sus militantes, en completa disconformidad con esta situación, rompen con sus organizaciones, deciden irse y buscan alternativas por izquierda. El gobierno se dio cuenta de esto, y tuvieron una idea fantástica: “cada beneficiario va a poder elegir en qué Unidad de Gestión trabajar y en qué oficio hacerlo”, un slogan que aparenta transparencia al dar la libertad de poder elegir dónde trabajar. Una completa mentira, ya que no se podrá elegir la unidad de gestión que quiera cada compañero, sino que el Ministerio antes de asignarte una nueva unidad, evaluará la situación y validará el pedido al inicio de cada mes. O sea que van a ser ellos los que van a terminar decidiendo dónde puede ir cada beneficiario. Rechazamos este nuevo ataque antidemocrático y es este un motivo más por el cual creemos imprescindible sostener la movilización en las calles.

Con todo lo descripto, la realidad prohíbe cualquier tipo de pasividad. No hay chances de quedarse de brazos cruzados ante tal embestida y ajuste al presupuesto de ayuda social. Seguir peleando contra todos los recortes que implementa el gobierno, para cumplir con el FMI, es una obligación. Exigimos trabajos genuinos y la reconversión de los planes en puestos laborales. Por eso es que elaboramos de manera conjunta con la Unidad Piquetera, un proyecto nacional para reconvertir los planes sociales en trabajo genuino a partir de obras públicas y vivienda, con inclusión de género. Este proyecto, que fue presentado en la primera reunión que tuvimos con el Ministerio, abarca este tema tan importante para nosotros y tan olvidado para las políticas públicas: tener un trabajo formal, digno, con salarios equivalentes a una canasta básica y obra social. Todo lo contrario a lo que plantea el FdT.

Desde el MST Teresa Vive vamos a seguir enfrentando el ajuste. Y el viernes 11 y sábado 12 de marzo, más de 30 organizaciones convocamos a un Plenario Nacional de delegadas y delegados piqueteros en Plaza de Mayo para reafirmar nuestros reclamos.

1. REM: Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central.

Escribe: Gustavo Giménez

La nueva medición indica que la pobreza abarca a más de 21 millones de argentinos y ubica al 55% de los niños dentro de este cuadro de miseria. La cifra refleja un fenómeno estructural, ahora agravado por la falta de respuestas en pandemia: el enorme empobrecimiento de la población de nuestro país y la creciente desigualdad social, de la cual este y los anteriores gobiernos son responsables.

El estudio perfecciona las “canastas” de pobreza e indigencia que se fijaban por el límite de ingresos. El nuevo enfoque “multidimensional” no toma solo el nivel de los mismos, sino un universo más completo que abarca la vivienda, el hábitat y servicios básicos, acceso a la educación, trabajo, salud y protección social.

Ya las cifras del INDEC resultaban parciales. Luego de conocerse el aumento de la inflación de enero del 4%, el organismo informó que una familia tipo necesitaba superar los $56.459 para no ser considerada pobre y $23.722 para no ser indigente. Sin embargo, los trabajadores de ATE INDEC informaban a fines de enero que una familia necesitaba de $82.086 para no ser considerada pobre. ¡Menuda diferencia!

Mientras esto trascurre, se terminaron los IFE, se cambiaron los ATP que recibían las pequeñas empresas por Repros menores, se bajó el presupuesto de salud, los planes sociales están congelados y cada vez restringen más la comida a los comedores populares… buenos modales, para cumplir las pautas que exige el FMI.

Ahora Fernández, luego de diversas reuniones, monta el Consejo Económico y Social, con gobernadores, empresarios, sindicalistas amigos, funcionarios, organizaciones sociales cuyos dirigentes son funcionarios, la Iglesia, etc., para, entre otros objetivos, llegar a un “acuerdo de precios y salarios que contenga la actual escalada inflacionaria”. Y, además, que los salarios le “ganen” a la inflación en algún puntito, para lo cual no deberían exceder del 30%.

Al contrario de esto, la economía tiene una inflación proyectada anual de más del 50%, los salarios llevan más de un 20% de retraso en los últimos tres años y gran parte de los especialistas son bastante escépticos frente al prometido rebote luego de la pérdida de alrededor del 10% del PBI en el último año, que ha provocado un importante descenso de la población económicamente activa.

Se calcula que la desocupación alcanzaría cerca de un 30% si no hubiera bajado el nivel de actividad. Incluso se habla de la posibilidad cierta de una nueva e importante ola de despidos en las empresas privadas con la excusa de la reducción de subsidios de que los son objeto, los que se sumarían a las bajas de más del 18% producidas en el trabajo informal(1).

Lo que en realidad se está preparando, con la complicidad de las dirigencias cegetistas y ceteistas, es un nuevo sacudón en la cual otros millones de trabajadores caerán aún más en la pobreza, la miseria y la pérdida del empleo.

El modelo y la pobreza estructural

La pandemia agravó una debacle de la economía argentina que en el último gobierno de Macri se manifestaba en una dura recesión, una inflación del 50% y un endeudamiento record. Sin embargo, la debacle macrista y la actual crisis pandémica administrada por el Frente para Todos son la expresión contemporánea de una larga crisis del modelo productivo argentino. En 1974, hace 47 años, la pobreza era del 8% y la desocupación del 2,7%. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al desastre actual?

La Argentina que en 1930 era la sexta economía capitalista del mundo basó su desarrollo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en un trípode integrado por los frigoríficos, la exportación agrícola y los ferrocarriles. Las constantes migraciones de trabajadores que poblaron nuestro territorio, con mucho esfuerzo, pudieron elevar su nivel de vida, mientras nuestra oligarquía se enriquecía.

Reflejando los intereses de un sector de la burguesía argentina que resistía la penetración yanqui, Perón continuó con este modelo agroexportador, apoyado en un movimiento obrero nuevo, basado en la extensión de la industria liviana, sin desarrollar la industria pesada.

La penetración imperialista impidió el desarrollo de una economía que despegara del viejo modelo exportador de materias primas e importador de productos industriales. La dictadura militar del golpe de 1976 produjo un salto en la entrega del país al imperialismo, generando una deuda externa fraudulenta histórica, que aún seguimos pagando. Para ello debió derrotar las luchas de los trabajadores que la vuelta de Perón en 1973 no pudo contener luego del proceso abierto por el Cordobazo en 1969.

Con vaivenes, de acuerdo al curso de la economía mundial, los distintos presidentes de la democracia mantuvieron este modelo. Alfonsín arrancó con 22% de pobreza y terminó con el 38% y una hiperinflación. Además, llevó los U$S 40.000 millones de deuda externa de los militares a U$S 55.000 millones. Menem, en los 90, luego de algunos años de recuperación de la hiper heredada, y de haber privatizado las empresas de servicio para pagar la deuda (que llegó a U$S 146.000 millones al final de su mandato), paso de un 30% de pobreza en 1992 al 40% con el que se fue en 1999 (según el recálculo del Cedlas de la UNLP). Desde mediados de la década del 90, las luchas de los trabajadores obligaron a la creación de miles de planes trabajar.

De la Rúa dejó el gobierno expulsado por el Argentinazo del diciembre del 2001, con una pobreza que alcanzaba al 46% de la población, una deuda externa impagable luego del “Blindaje” y “el Megacange” de Cavallo. Duhalde recibió el país con un 66% de pobreza, que llegó a un 62% cuando asumió Kirchner en 2003. El ex presidente tuvo que implementar dos millones de planes Jefes y Jefas de hogar para intentar contener la crisis social y la revuelta que esta trajo consigo.

Los gobiernos de los Néstor Kirchner y Cristina Fernández tuvieron una enorme oportunidad para, con el enorme e histórico ingreso de capitales productos de los precios de los comodities que exportaba el país, cambiar la matriz productiva. Lamentablemente, si bien hubo alguna recuperación industrial, esta se hizo sobre la base de la ocupación de mano de obra ociosa de la infraestructura instalada, sin cambios cualitativos en la misma, aprovechando además los bajos niveles salariales que la “pesificación asimétrica” generó. La salida de la recesión permitió una recuperación de los índices salariales y sociales, no sin pelea por las mejoras, pero la pobreza nunca bajó de un “núcleo duro” de más del 25%, aún en los mejores momentos. Cristina entregó el gobierno con más de un 30% de pobres.

Para generar trabajo y terminar con la pobreza hay que cambiar el modelo

La crisis de la economía mundial capitalista, la recesión argentina, agravada por la pandemia, están llevando al país a un nuevo estallido, más fuerte aún que otras crisis económico políticas, como la de 1981-1982, 1989 y 2001. El gobierno y su flamante Consejo Económico Social van a intentar que el costo de la crisis la paguemos los trabajadores y sectores populares. Debemos enfrentarlos e impedírselos.

Es necesario un programa de emergencia que partiendo de un aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales que cubran la canasta familiar, fije precios máximos y aplique la ley de abastecimiento ante las maniobras de los grandes monopolios empresarios.

Sobre esa base hay que cambiar la actual matriz económica productiva, desarrollando un programa impositivo progresivo sobre la base de impuestos a las grandes empresas, lanzando un plan de infraestructura y viviendas populares para generar millones de puestos de trabajo, con una profunda reforma agraria que expropie a los terratenientes y grandes capitalistas del campo y lo repueble con agricultores y un modelo ecológico, nacionalizando la banca y el comercio exterior.

Recientemente el ministro Guzmán en una entrevista con Marcelo Bonelli, luego de que el periodista afirmara que gran parte de la deuda contraída por Macri se había fugado, señaló que con ese dinero “se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país”. Al revés del ministro, queremos dejar de pagarla y utilizar esos recursos para que haya trabajo para todos y se termine con la pobreza en nuestro país.

1. Art. “El desempleo sería del 29% si no fuera por la brutal caída de la población activa”, publicado en Economía y Política del 24/09/2020.

El 23 de septiembre Alberto Fernández sancionó el DNU 761/2020 que prorroga la prohibición de los despidos y suspensiones “sin justa causa” por el plazo de 60 días. Posteriormente, mediante el DNU 766/2020, se prorrogaron también los plazos del decreto que congela el precio de los alquileres y prohíbe los desalojos.

Al respecto de este último, resultan relevantes los datos difundidos por Zonaprop que desde la sanción de la nueva ley de alquileres -junio de 2020-, el precio promedio de alquiler tradicional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió un 19,2%, con 14 barrios con incrementos superiores al 20% sólo en los últimos 3 meses [1].

En lo que va del 2020, el precio promedio de los alquileres acumula una suba del 39,6%, el doble que la inflación y por encima del ajuste de los créditos UVA (22,8%). Con respecto a los promedios en CABA, un departamento medio de 2 ambientes y 50 metros cuadrados se ubica en $ 26.137 por mes. Por su parte, una unidad de 3 ambientes y 70 metros cuadrados se alquila por $ 36.184 mensuales. En los últimos 6 meses, los valores de alquiler aumentaron a una velocidad de 56% anual, la mayor suba desde 2012, un verdadero escándalo.

A su vez, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), -el seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que realizan economistas consultados por el BCRA[2]– prevén para los próximos 12 meses una inflación de 51,9%, de paritarias e indexación de salarios por inflación ni se habla.

¿Y con el DNU sobre despidos y suspensiones?

Como explicábamos al inicio de esta nota, el gobierno oficializó la prórroga de la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por 60 días desde el 24 de septiembre. Durante el segundo trimestre de este año, pese a que se encontraba vigente el referido DNU, el INDEC informó que la desocupación creció al 13,1%[3].

A su vez, el Ministerio de Trabajo publicó el 10 de agosto un informe con datos hasta mayo de este año donde detalla que se produjeron 740 mil suspensiones (aproximadamente el 12% del sector privado) y 409 mil personas perdieron su trabajo registrado en relación de dependencia en el sector público y privado [4]

Entonces, si la desocupación crece, y se pierden cientos de miles de puestos de trabajo, ¿están o no prohibidos los despidos?

Lamentablemente, si bien la prohibición de despidos y suspensiones es una medida por demás necesaria, el propio gobierno en el decreto previó la salida que necesitaban las grandes patronales para eludir el cumplimiento del DNU. Respecto de los despidos, vale destacar que no sólo no hay ningún control de las decisiones de las empresas, sino que se permite efectuar acuerdos que finalicen el vínculo laboral por cualquiera de las causales no especificadas en el decreto (despido sin justa causa o por falta y disminución de trabajo) y posteriormente dichos acuerdos son homologados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es decir, están prohibidos en los papeles pero no “tan” prohibidos en la realidad. De más está decir que tales convenios, siempre son por debajo de los montos que debería percibir el trabajador despedido en concepto de indemnización (especialmente en la actualidad donde rige la doble indemnización).

Por otro lado, es el mismo decreto que permite efectuar suspensiones en los términos del art. 223 bis de la LCT[5] es decir de manera “acordada” con el trabajador. El quid de la cuestión no es la suspensión en sí,  el problema es que en virtud de ese artículo se puede “concertar” con el trabajador la rebaja de su salario por estar suspendido.

Pareciera que se olvida el gobierno que la relación de trabajo –y por ende de explotación- es una relación profundamente desigual, el hecho de que en los papeles se “concerte” con lxs trabajadorxs las suspensiones y la rebaja salarial que conllevan las mismas, lo que hace es consolidar esta desigualdad y darle la posibilidad a los patrones de que impongan las condiciones que les plazca, máxime en esta situación de pandemia mundial y crisis económica en la que perder el trabajo posiblemente implique estar desocupadx durante muchos meses.

Párrafo aparte merece la burocracia sindical que no sólo no ha insistido en la realización de las paritarias, o que como mínimo las patronales cumplan con el decreto de necesidad y urgencia,  sino que ha permitido y avalado las rebajas salariales en distintos gremios y son los primeros que ponen la lapicera para el tipo de acuerdos que mencionábamos en el párrafo anterior. Tampoco ha puesto sobre la mesa para la discusión con los empresarios medidas alternativas para evitar las suspensiones, como por ejemplo el reparto de horas de trabajo en turnos diferentes sin afectar salario, que incluso reduciría la posibilidad de contagios en los centros de trabajo.

La vivienda propia y el trabajo como derechos inalienables

En el país unos 9 millones de personas alquilan y otros 3 millones carecen de vivienda digna. Para cambiar esta situación acuciante para los sectores mas vulnerados, el Estado debe promover planes de construcción efectivos: se estima que cada vivienda genera 2,5 puestos de trabajo, de modo que un programa para construir 200 mil viviendas implicaría crear medio millón de empleos[6]

Si bien el derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución Nacional por el artículo 14 bis, la tensión entre este derecho que debería garantizar el Estado y su real regulación por el mercado capitalista se ha resuelto a favor de éste último. Por sólo dar un ejemplo, con los                   $ 37.681 millones que en una primera etapa Fernández destina al “megaplan” de seguridad bonaerense se podrían construir unas 38 mil viviendas populares, dar techo digno a unas 200 mil personas y crear 100 mil puestos de trabajo.

Mientras los gobiernos permiten más cemento especulativo y negocios inmobiliarios, se reducen los espacios verdes urbanos y se habilita la construcción de barrios privados y shoppings. Exigimos que el derecho a la vivienda sea atendido con subsidios para la compra de materiales y acompañamiento para la construcción.

Lo mismo sucede con el trabajo y las condiciones dignas de acceso al mismo, durante esta pandemia, la desocupación creció de manera alarmante, con el asentimiento sin chistar de la burocracia se rebajaron los salarios de miles de trabajadores, y en otros gremios se han congelado las paritarias. Creemos que es necesario más que nunca salir a dar pelea a todos estos atropellos patronales avalados por el gobierno de Alberto Fernandez y pararles la mano, y construir desde abajo una alternativa política de lxs trabajdores y el pueblo.

Iara Saldungaray

[1] https://www.ambito.com/informacion-general/alquileres/para-inmobiliarias-la-extension-del-dnu-habra-menos-oferta-n5135523

[2] Banco Central de la Republica Argentina.

[3] https://www.pagina12.com.ar/294347-el-gobierno-oficializo-la-prohibicion-de-despidos-por-otros-

[4]http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/trabajoregistrado/trabajoregistrado_2005_informe.pdf

[5] Ley de contrario de trabajo 20.744

[6] https://mst.org.ar/2020/06/16/nueva-ley-de-alquileres-necesaria-pero-insuficiente/

]]> https://mst.org.ar/2020/09/28/ife-4-en-debate-la-ayuda-social-brilla-por-su-ausencia/ Mon, 28 Sep 2020 10:41:03 +0000 https://mst.org.ar/?p=28223 A pocos días de que finalice el mes de septiembre, todavía el Gobierno “debate” si va a pagar o no una nueva cuota del Ingreso Familiar de Emergencia.

Desde el miércoles 23 de septiembre, el gobierno nacional junto con el gabinete económico y el ANSES  vienen analizando dos alternativas en torno al IFE: por un lado, entregar una cuarta cuota o comenzar con un Ingreso Básico asociado al trabajo y capacitación. Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social afirmó “Los planes sociales como el IFE tienen que estar asociados al trabajo, a capacitarse en oficios y terminar la escuela” [1].

De acuerdo a los trascendidos que fue divulgando el gobierno y distintos portales de noticias, de otorgarse la cuarta entrega del IFE, se comenzaría a pagar primero a aquellos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) el día 13 de octubre para luego seguir con las personas que cuentan con CBU o cuenta bancaria. Sin embargo, podrían dejar de cobrar el Ingreso aquellos que reciben AUH con hijos que acaban de cumplir 18 años o personas que en octubre comienzan a cobrar la jubilación. En definitiva, muchos interrogantes y nuevas trabas, pero ninguna respuesta a quienes más lo necesitan.

A su vez, manifiestan que se está evaluando la “Renta Básica Universal”, un plan para cerca de 4 millones de personas que cobran el IFE que se entregaría a quienes se encuentren desempleadxs y/o que perciban la AUH o AUE entre los 18 y los 30 años. Al haber una reducción de la cantidad de gente que recibiría esta nueva ayuda económica, el valor de la misma podría llegar a la del Salario Mínimo Vital y Móvil que se encuentra en $ 16.875, aunque tal como citábamos al inicio de esta nota el gobierno intentará que el beneficio se “vincule” con el desempeño de tareas. En criollo, más explotación y precarización laboral.

Cabe aclarar que con el lanzamiento de este ingreso de emergencia, la cantidad de solicitantes del mismo fue de más de 13,4 millones de personas (fuente observatorio ANSES)[2], de todas esas personas inscriptas, la primer entrega del IFE fue percibida por unas 8 millones de personas. Es decir, el gobierno dejó por fuera del programa -sólo en el inicio- a casi 5 millones.  Actualmente, no hay datos oficiales respecto de qué cantidad de gente han cobrado las siguientes entregas del beneficio, aunque sí sabemos que hay un sector importante que no cobró la segunda y/o la tercera cuota, y pese a los reclamos no hay respuestas por parte de las autoridades.

A su vez, al contar con cada vez mas requisitos para su percepción,  hay muchxs trabajadores informales que no lo están recibiendo porque ellxs o su grupo familiar tiene ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia, es monotributista, posee una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones, planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales.

El apoyo económico se necesita

Desde que se dispuso el DNU del 20 de marzo de este año, el ASPO no sólo frenó la actividad de miles de trabajadores formales, sino que dejó a muchos otros miles en las calles sin sus únicos ingresos para sostener a su familia. No es casual, que del total de la gente que recibe el IFE hasta la fecha más del 55% sean mujeres y de ese porcentaje, el 42% trabaje de manera informal o esté desempleada.  Mientras Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de gabinete, sigue afirmando que “la pregunta es si el IFE 4 es la mejor manera de gastar esos 90 mil millones de pesos o hay una manera mejor de gastarlos” (1) y el ministro Arroyo sostiene que “Argentina no tiene condiciones fiscales para llevarlo adelante” (1).

Decir que Argentina no tiene condiciones fiscales para afrontar la suba del monto actual del IFE, es una completa falsedad si se implementa realmente el impuesto a las grandes fortunas, como algo mensual y no por única vez de manera casi “solidaria”. Además, se debe avanzar con el no pago (de manera soberana) de la deuda externa ilegal e ilegítima, que representa el 89% del PBI del país; junto con otras medidas indispensables como  la nacionalización de la banca y el comercio exterior para que desde el Estado se tome las riendas de la comercialización, como medida de autodefensa nacional.

Desde el inicio de la pandemia y posterior decreto de la cuarentena, desde el MST en el FIT Unidad venimos planteando que el IFE es una medida totalmente insuficiente, $10.000 para una familia está muy por debajo de la línea de indigencia. Por eso, no sólo es necesario que se pague la cuarta cuota del Ingreso Familiar de Emergencia, si no también que el monto que debe cubrir el valor de la canasta básica total de $ 45.477 (cifras de septiembre) por persona, no por familia como hoy por hoy se asigna.

Plata hay, lo que falta es voluntad política para ayudar a quienes más lo necesitan.

Iara Saldungaray

[1] https://www.baenegocios.com/economia/IFE-4-o-Ingreso-Basico-a-quienes-incluiria-el-pago-de-Anses-20200925-0022.html

[2] http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/Boletin%20IFE%20I-2020.pdf

Escribe: Carlos Miranda

Con casi un millón de nuevos desempleados desde el inicio de la pandemia, según la consultora Ecolatina, la tasa de desocupación estaría rondando el 15% el más alto en 20 años. Por otra parte los recortes salariales que afectan a muchas de las actividades económicas, van desde 25% en algunos casos hasta el 50%. Mientras que prácticamente no se registran negociaciones paritarias hasta la actualidad. Y los sectores que ya han acordado la recomposición salarial para el 2020 como por ejemplo aceiteros quedan muy lejos de la inflación que todos los analistas pronostican, estará cercana al 40% en el año.

Si incorporamos otros sectores como jubilados, beneficiarios de planes sociales ya vigentes antes de la pandemia y el claramente insuficiente IFE que según anuncio el Jefe de Gabinete se eliminaría luego de que se complete el tercer pago,  todo esto explica el aumento exponencial de la pobreza.

No solo ha quedado a la vista que es una mentira que la pandemia nos iguala en el sentido sanitario. Si no que desde el punto de vista económico, son los sectores más desprotegidos los que están sufriendo la carga de la crisis.

Cómo quedará la economía a finales de 2020

Desde los que sostienen que la crisis económica que ya estamos transitando es la más importante de la historia moderna del país, hasta los que presentan números de caída del PBI sin adjetivar esos fríos datos, que rondaran en 2020 en un descenso de la actividad económica de alrededor del 11%, registrando una caída cuya única comparación se puede hacer con el año 2003,  todos coinciden en que la recuperación que es dable esperar para el 2021 no compensará ni el 40% esta caída[1]. Es decir que, en el mejor de los casos, mucho más de la mitad de los empleos perdidos, de la reducción del nivel de vida de la población trabajadora, de la perspectiva de la creación de nuevos empleos,  no se recuperarán.  Y todo esto sin tener en cuenta que estamos transitando la pandemia y que la experiencia muestra que la posibilidad de rebrotes es muy alta.

Pero no todos pierden

También es falso que en la pandemia todos perdieron. Vamos a identificar apenas tres sectores que ganaron y mucho durante la pandemia.

Bancos: Un informe de la consultora ETR reproducido por el Cronista Comercial indica que entre marzo y junio los principales bancos del país obtuvieron una valorización positiva de sus acción de entre 200 y el 90%. Si en tres meses esos bancos pasaron de tener valores de mercado de 4.108 millones de dólares en marzo a 7.381 millones de dólares en junio[2].

Fondos Buitre: Otro sector que registro una gran ganancia sin siquiera mover un dedo son los acreedores externos del país. Independiente de nuestro rechazo al pago de una deuda ilegitima y odiosa, entre el inicio de la renegociación de esa deuda en Abril mes en que se presentó la primera oferta oficial y hasta junio en la que el ministro Guzmán desplegó la según él “ultima” oferta, estos fondos ganaron entre 10.000 y 15.000 millones de dólares.

Los fugadores seriales: Al ritmo de la pandemia y simultáneamente con la marcha de la negociación de la deuda, los grandes empresarios que cotizan sus acciones en Wall Street, tuvieron ganancias en sus acciones de alrededor del 30%. Si, pensó bien. Son los mismos que en el país se hacen pagar el 50% del salario de sus trabajadores por el Estado Nacional, con el dinero del ANSES, que es de los trabajadores y los jubilados.

Si son los mismos que entre finales de 2015 y finales de 2019 fugaron según un informe especial preparado por el Banco Central de la República Argentina cuyo título es  Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos… 86.000 millones de dólares[3].

Así que cuando te digan que todos perdemos igual por la crisis, ya sabes qué y cómo contestar.

[1] https://www.infobae.com/economia/2020/07/18/la-economia-argentina-cayo-cerca-del-20-en-el-segundo-trimestre-el-peor-registro-de-la-historia-moderna/

[2] https://www.cronista.com/finanzasmercados/Los-bancos-le-ganaron-a-la-pandemia-desde-marzo-subieron-75-su-valor-en-Bolsa-20200719-0014.html

[3] file:///C:/Users/User/Desktop/deuda%20y%20Fuga%20Argentina/Informe-Mercado-cambios-deuda-%20formacion-de-activos%20externo-%202015-2019.pdf

Ante el operativo represivo contra la venta ambulante, Francisco Torres, candidato a concejal del frente FIT-MST, señaló: “El intendente Garro y la gobernadora Vidal militarizan La Plata, en vez de generar trabajo. Para afirmar el voto a derecha, hasta detuvieron a jóvenes que filmaban el accionar policial, medidas que repudiamos”.

Torres agregó: “Lo hacen cuando el desempleo en el Gran La Plata subió fuerte, del 7,6% de hace un año, al 10,8% ahora y afecta a 46 mil personas. Desde el 2006 que no llegaba a dos dígitos, sumando 16 mil nuevos desocupados. Proponemos ‘saturar’ de fábricas, trabajo y escuelas, no de policías. Con los $56.000 millones que Vidal paga este año por la usuraria deuda provincial, se pueden construir 400 escuelas nuevas y 25 mil viviendas populares –casi como Berisso-, creando 125 mil empleos. La deuda a pagar es la social”.

En verdad, el informe del INDEC no mostró más de lo que cualquiera puede sentir: que al pueblo trabajador, la crisis y el ajuste nos pegan fuerte. Una de cada tres personas somos pobres. A fin de 2018 la pobreza creció al 32%, un 6,5% más que en el 2017, y alcanza al 50% en las provincias del NEA y el NOA. Lo mismo pasa si consideramos a los menores: ¡uno de cada dos pibes es pobre! En números significa que hay tres millones más de pobres, llegando a 14,3 millones en el país de las vacas y el trigo…

Estos datos son la consecuencia de aplicar durante más de tres años un plan de ajuste sistemático sobre las masas. Éste pegó un salto cualitativo en marzo/abril de 2018, cuando se disparó el dólar, la inflación se descontroló y la recesión redundó en la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. Se habla de 200.000, pero si les sumamos las suspensiones y la pérdida de trabajo no registrado son muchos más. Todo esto es lo que sumergió a tres millones más de argentinos en la pobreza.

La crisis en cifras

Podemos graficar la crisis con tres datos clave:
1. El impresionante endeudamiento en dólares al que nos sometió Macri, que hoy supera los 320.000 millones. Como todos sospechamos, es impagable. Por eso el dólar aumentó más del 100% en un año y pareciera no tener techo por más aumento de tasas que les den a los grandes especuladores.

2. La inflación, que se aceleró de manera exponencial y paralela al dólar. El 2018 cerró con un 48%. Para este año se proyecta un 40%. Y la perspectiva no es menor al 30% para los próximos años. Sobre todo la empujan el dólar, la especulación de los capitalistas que se cubren por si sigue subiendo el dólar y los tarifazos de servicios, que los empresarios también trasladan a los precios. Eso sí: muchos opinan que «todavía» no se trasladaron a precios todos los aumentos mayoristas… Lejos quedó el tiempo en que los plumíferos a sueldo de la burguesía buscaban culpar de la inflación a los aumentos de salarios: con una caída del 20 al 30% del poder adquisitivo real, por desmemoria o cinismo ya ni se atreven a mencionarlo como factor inflacionario.

3. La recesión, que no sólo da cuenta que el país no crece desde 2012, sino que en el último semestre hay una destrucción masiva de puestos de trabajo, cierre de comercios, pymes y suspensiones en las grandes empresas, que se aprovechan de la recesión para meter «procedimientos preventivos de crisis» para bajar salarios, suspender y echar trabajadores. Lo peor: el marco de menor crecimiento de la economía-mundo hace prever que la recesión vino para quedarse por varios años más y los «brotes verdes» de Macri y Peña son meras alucinaciones.

Los porqué de esta crisis

Desde los grandes medios, funcionales al macrismo y a la oposición patronal, intentan meternos dos versos. Uno es que la crisis de 2018 fue causada por factores externos (suba de las tasas en EE.UU., que secaron al mundo de dólares-crédito). Es falso. En Latinoamérica el dólar aumentó un 8% por año y en la región menos pero sigue creciendo. También le echan la culpa a la sequía del campo. El otro verso es que el ajuste es la única salida, una especie de «estamos mal pero vamos bien» del siglo XXI. Por eso tratan de demostrar que la oposición no tiene un plan muy distinto (es cierto, en cuanto a la oposición burguesa tradicional). Con esto pretenden que nos dejemos seguir ajustando y que la bronca se canalice a través del voto en octubre, pero sabiendo que nada distinto nos depara con uno u otro candidato.

La realidad es muy distinta. La crisis de 2018 se produjo porque, desde el punto de vista burgués, Macri desde que asumió no pudo imponer el shock de ajuste que pretendían el imperialismo y las corporaciones. El supuesto gradualismo no fue una estrategia planeada, sino una respuesta defensiva del gobierno que hasta hoy no pudo aplicar la reforma laboral, o sea bajar el «costo argentino» a los niveles exigidos por la gran patronal. Tampoco pudo evitar la resistencia y las luchas, que se multiplican pese a la inmensa traición de las direcciones tradicionales políticas y sindicales, que le votaron el ajuste y no hicieron un plan de lucha unificado en tres años de la peor crisis desde el Argentinazo de 2001.

Es por esto que Macri no puede «normalizar» el país en términos burgueses; es decir, que nos dejemos explotar y ajustar sin luchar. El ajuste y las reformas las necesitaban sí o sí para que los sueldos bajaran a unos 150 dólares por mes y con menos cargas sociales. Por eso no vienen «inversiones productivas», sino timba financiera que deja al país peor luego de fugar más de 60.000 millones de dólares como han hecho. Y por eso crece el riesgo país día a día en paralelo con cada traspié económico del gobierno, que reafirma las sospechas del imperialismo de que la deuda no se podrá pagar e iremos al default.

Una salida obrera y popular

Por más que Lavagna y Kicillof se muestren opositores a nivel electoral, todos se reúnen con el FMI y no plantean nada muy distinto: son variantes moderadas del mismo plan. Pero hay otra salida y es la que proponemos desde el MST y la izquierda: dar vuelta todo. Hacer que la crisis la paguen los que la generaron, los que fugaron los dólares, los que especulan con los precios y el hambre del pueblo: el FMI y las corporaciones. Entre otras medidas, hay que aplicar «mano dura» con los de arriba:

• Anular los acuerdos con el FMI, no pagar la deuda externa e imponer impuestos progresivos a las grandes ganancias y fortunas.
• Renacionalizar las empresas de servicios públicos bajo el control democrático de sus trabajadores y usuarios para tener tarifas accesibles.
• Combatir la inflación mediante un aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales y anular el IVA a la canasta familiar. Si las grandes empresas formadoras de precios especulan o acaparan, aplicarles la Ley de Abastecimiento bajo control social.
• Evitar la fuga de dólares mediante la nacionalización de la banca y el comercio exterior, que es por donde se fugaron los más de 60.000 millones de dólares en los últimos años.
• Atacar la desocupación a través de un plan masivo de construcción de viviendas populares y obras públicas. Sólo con los 58.700 millones de dólares que debemos pagar de deuda este año sobra plata para hacer todo lo que proponemos y más.

Gerardo Uceda

Hace pocos días el INDEC dio a conocer los datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) que recabó datos de 31 conglomerados urbanos, con cerca de 27 millones de personas (más de la mitad de la población Argentina). Y los resultados mostraron lo que ya todos preveíamos: que somos los trabajadores los que estamos soportando lo peor de esta crisis económica, ahora no sólo a través de ajustes, tarifazos e inflación acelerada, sino directamente con desocupación, precarización laboral y suspensiones.
La encuesta revela que 257.000 personas se sumaron a las filas de la desocupación. Esto sucedió por la combinación de que más compañerxs, impulsados por la crisis tuvieron que salir a buscar trabajo y al mismo tiempo los empleos se redujeron en 143.000. Con esto la cifra del desempleo asciende al 9,6%, la más alta desde hace 12 años.
Como siempre los promedios no revelan datos específicos, donde el desempleo golpea con más fuerza. Por ejemplo en la mujeres donde llega al 10,5% y en especial en las mujeres jóvenes de 14-29 años en donde una de cada cuatro está desocupada. Aunque en los varones jóvenes también es muy alta superior al 19%. Otro dato muy grave es que cambiaron las características del empleo, ya que el crecimiento en los puestos de trabajo que se había observado en 2017 se dio a expensas de trabajo en negro y cuentapropista, justamente en el sector donde ahora se perdieron más puestos de trabajo.
Con estos números hay 2 millones de argentinos sin trabajo y otros casi 2 millones más que están subocupados. Y esto es así aunque casi el 40% de los que buscan trabajo lleva entre 6-12 meses buscándolo.
Desde el gobierno dirán que esto es consecuencia de la crisis cambiaria de abril, sumado a la sequía y a los factores externos. Y que en realidad los números de la desocupación suben porque hay cientos de miles de personas que salieron a buscar trabajo. Precisamente es por la crisis, como siempre y en todo el mundo sucede, que en las casas al no alcanzar ni para comer tienen que salir a buscar trabajo la mujer, los hijos y todo el que viva para poder pagar los impuestazos y los aumentos que ellos provocaron.

La película recién empieza

Lo peor del panorama que nos presenta el INDEC es que comparados con la velocidad y profundidad de la crisis que vivimos, son datos “viejos”, es decir representan el panorama de principio de año, cuando la crisis recién comenzaba. Y todos sabemos que en los meses de junio a agosto la situación ha empeorado y empeorará más aún en lo que resta del año. Por lo que si no cambiamos rotundamente el rumbo lo que vemos hoy es sólo la punta del iceberg de lo que vendrá en los meses próximos, con más despidos (no sólo en el sector privado por la recesión, ya que el Estado despide trabajadores a diario para cumplir con el ajuste impuesto por el FMI), suspensiones, precarización laboral, etc.
Aunque algunos especialistas al servicio del gobierno traten de decirnos que la recesión durará unos pocos meses, en realidad no lo pueden asegurar. Nosotros opinamos lo contrario, dadas las características del ajuste; con inflación, dólar subiendo y estancamiento, la perspectiva es de mayor estanflación y crisis de la cual no saldremos en pocos meses y menos aplicando las recetas del FMI.

Una salida alternativa

La desocupación y la consecuente miseria que acarrea, no son “los costos necesarios para salir de la crisis” como lo quieren presentar desde el gobierno y sus aliados. Son el resultado directo de la decisión política de Macri y del FMI de quiénes deben pagarla. Mientras dolarizaron las tarifas y combustibles para asegurarle fabulosas ganancias a las privatizadas y petroleras, nosotros pagamos la luz, el gas y la nafta de las más altas del continente con salarios atrasados. Mientras le sacaron las retenciones al campo y las mineras, a nosotros nos tocó echadas masivas en el sector público para bajar el déficit. Mientras le quitan plata a salud, educación y obra pública se destinan más de U$S 75.000 millones a pagar la Deuda Externa. Obviamente ajustar tanto a millones con salarios a la baja, tarifazos y precios disparados por la inflación y el dólar, trajo sus consecuencias: la actividad económica se desplomó, cayeron las ventas de productos de consumo masivo y, ahora se sorprenden al ver que los empresarios despiden (como siempre hacen en situaciones de crisis) o no generan empleo?
Desde el MST-Nueva Izquierda decimos que hay otra salida, diametralmente opuesta a la actual, y es poner en marcha un plan económico alternativo, porque plata hay y de sobra, el problema es que con este plan se la llevan el FMI, los especuladores y las grandes corporaciones del campo y multinacionales. Para atacar la desocupación necesitamos un plan que ajuste a los de arriba y recomponga los ingresos de los trabajadores y el pueblo, con medidas concretas como las que mencionamos a continuación:

1. Plan de obra pública y de viviendas populares: con la mitad de lo que se pagará de Deuda se podría reactivar la obra pública y construir un millón de viviendas populares anuales, con lo que habría trabajo digno y en blanco para millones, hoy desocupados.
2. Aumento inmediato de salarios, jubilaciones y planes: Con actualización trimestral según la inflación, con lo que se reactivaría el consumo interno y popular, se evitarían los cierres de comercios y empresas, reactivándose las PyMES, evitándose así los despidos y suspensiones actuales.
3. Impedir por ley los despidos y suspensiones: Tanto en el Estado como en el sector privado. Y a las empresas que cierren aduciendo Crisis, que sea absorbida por el Estado y puesta en marcha bajo el control de sus trabajadores.
4. Reparto de las horas de trabajo con igual salario: En momentos de crisis, en lugar de despedir, debemos asegurar el empleo digno, con reparto de las horas de trabajo con igual salario. Que los que se vienen llenando los bolsillos desde siempre, estén obligados ahora a garantizar el trabajo.
5. Plata sobra: No es cierto que no haya dinero, sobra. Con los U$S 75.000 millones que Macri pagará de la fraudulenta deuda, con los U$S 20.000 millones que fugan los capitalistas y especuladores que vienen a hacer la timba de los bonos y luego se llevan los dólares. Nacionalizando las privatizadas para pagar tarifas y combustibles accesibles, sobraría plata para implementar todas las medidas que proponemos y más aún, para aumentar el presupuesto en educación, salud y ciencia. Ni qué hablar si implementamos una reforma global impositiva donde paguen más los que más ganan, con impuestos progresivos a las grandes ganancias y fortunas y no el “impuesto a las ganancias” a los sueldos de los trabajadores que cada día pagan más laburantes.

Gerardo Uceda