Escribe: Sofía Cáceres Sforza, docente, investigadora del CONICET y secretaria general de SITRADU.

Como venimos planteando desde Alternativa Universitaria en el MST-FITU, la casta de las universidades, es decir, rectores radicales y peronistas, han utilizado la marcha federal como escudo de batalla de sus intereses de aparato. Así lo demuestra el reciente comunicado emitido por el CIN luego de su reunión con el gobierno nacional, donde afirman que el gobierno nacional ha comenzado a atender los reclamos de las universidades nacionales del país y que van a establecer una «comisión de monitoreo del salario docente y no docente», todo esto en el marco de arrogarse la masiva marcha del 23 de abril y de, en cierta forma, dejar afuera de la discusión salarial a la docencia.
A su vez, dejan afuera por completo la pelea estratégica y global contra el plan de Milei que no solo es más ajuste sino también la reestructuración del sistema universitario y científico-tecnológico. Más allá de alguna mención solo de carácter declarativo, es evidente que los rectores quieren cerrar de una vez el conflicto universitario.

La propuesta de «monitorear» todos los reclamos que la docencia y el movimiento estudiantil viene realizando no es más que un intento de clausurar la lucha y no mover un dedo por el reclamo de salarios, becas, comedores, infraestructura y el CONICET. No es de esperarse otra cosa de las mismas gestiones que al mismo tiempo que afirman «su compromiso con la universidad pública de excelencia» aplican el ajuste en sus universidades y desde el año pasado impulsan los 7 puntos del CIN que no son más que una profundización de la flexibilización laboral y la mercantilización de la educación superior.

Se veía venir

Desde nuestra corriente alertamos desde el inicio de este proceso de lucha, que dio lugar a la marcha federal universitaria, que este frente único que nucleaba a federaciones docentes, no docentes y estudiantiles y al CIN era muy contradictorio y que por eso era clave organizarse desde bajo. Ha llegado la hora, entonces, de avanzar en ese sentido. No solo porque el CIN ya, de hecho, ha abandonado el reclamo global por la universidad, sino porque además el propio frente sindical ha comenzado a dar muestras de un quiebre interno donde los sectores que históricamente han respondido a las gestiones y los gobiernos, como FEDUN o FATUN, dudan o directamente se niegan, a continuar el plan de lucha.

Esto se hará evidente el próximo 4 y 5 de junio, un paro de 48 horas acordado por este frente pero que ya comienza a tener sus primeras «bajas» y que se convoca en el marco de la constante insuficiencia de las «ofertas» salariales que el gobierno continúa dando unilateralmente y de la falta de respuesta concreta a todos los reclamos que la docencia viene acumulando. Como Multicolor en la CONADU Histórica tenemos la tarea de retomar la iniciativa política, estamos a un paso de que el plan de lucha comience a languidecer con las excusas de siempre: que las otras federaciones no acuerdan, que solos no podemos, que el CIN ha arreglado por su cuenta y nos ha dejado en soledad. Todas cuestiones que se han venido planteando y que han sido punta de lanza para desmovilizar en años anteriores. No podemos dejar que la historia se repita otra vez, siempre como tragedia.

Por eso tenemos que plantear retomar las riendas del conflicto, junto al movimiento estudiantil combativo de todo el país y los investigadores de base y los becarios precarizados, para poner en pie un Encuentro nacional interclaustros de todo el sistema universitario y de CONICET, para pelear por todo lo que falta, con asambleas interclaustros, en los lugares de trabajo, en cada espacio de la universidad pública y CONICET. Hemos probado que fuerza, sobra. Pero lo que falta es una orientación, un verdadero polo consecuente para enfrentar a Milei hasta el final.

Las libertades que nos faltan

En este punto también tenemos que reafirmar algo central, y es que no nos movilizamos contra Milei para defender la universidad que ya había, nos movilizamos para cambiar lo que haga falta cambiar. Desde Alternativa Universitaria en el MST-FITU no creemos que el sistema universitario como existe sea el ideal, muy por el contrario, creemos que necesitamos cambiarlo de raíz, con un presupuesto real que toda la comunidad universitaria pueda discutir a dónde dirigir y no las camarillas que llegan a los órganos de cogobierno, en soledad y haciendo primar solo sus intereses mezquinos.

Queremos una verdadera democratización de la universidad, con mayoría estudiantil, con elecciones directas, con claustros únicos, con asambleas constantes para definir su orientación. Con residencias estudiantiles que combatan la especulación inmobiliaria de los sectores concentrados, con becas que les permitan a nuestros estudiantes estudiar, y no tener que decidir si cursan una sola materia por año para poder trabajar y subsistir, así como comedores con presupuesto y boleto para estudiantes y trabajadores. Pero también, necesitamos más que nunca discutir el vínculo entre el sistema universitario y científico y la matriz productiva del país Más que nunca, con la Ley bases, el DNU y el paquete fiscal, con la entrega de nuestros recursos, el Rigi, las reformas estructurales, la flexibilización laboral del sector privado y público, las denuncias persecutorias, los allanamientos injustificados, necesitamos una Universidad y una ciencia que se pongan al servicio de las mayorías sociales. Que en vez de apalancar carreras y posgrados orientados al extractivismo, al capitalismo barbárico y voraz, elaboren y sean instrumento del cambio social, productivo y político que necesitamos los trabajadores, sectores populares y territorios agredidos por el sistema. No es tarea fácil, pero ningún cambio que valga la pena lo ha sido.

Escribe: César Latorre

El descontento por el deterioro del nivel de vida crece fuerte por abajo, sobre todo en la clase trabajadora, que en cuanto se abre una oportunidad se manifiesta cada vez con más fuerza. Esta voluntad de lucha se empezó a expresar en la movilización a Tribunales el 27D y se vio con más claridad en el primer paro general activo del 24F. El 8 y el 24M, así como el marchón universitario, sumaron participación juvenil y de sectores medios. Luego hubo paros sectoriales en varios gremios y el paso más firme fue el segundo paro general del pasado 9. Aunque el gobierno sigue adelante con su ajuste y continúan los despidos en el sector público y privado, hay una tendencia creciente de ascenso obrero y popular.
El clima social está cambiando y eso se puede constatar en las charlas en cada lugar de trabajo, en el viaje al laburo, cuando nos juntamos con familiares y amigos. Desde compañeras y compañeros arrepentidos de haber votado a Milei hasta críticos de la dirigencia del PJ, todos comentan lo insostenible del ajuste.

Como analizamos en otras notas de este mismo periódico, fuerza social para derrotar al gobierno hay y por eso la tarea es desarrollarla al máximo, encarando los obstáculos a los que nos enfrentamos para poder derrotar a Milei y su plan.

Guerra contra el pueblo trabajador

A diferencia de la primera versión de la Ley Bases, esta vez el conocimiento público de su contenido se va conociendo mucho más. Este es otro de los resultados de las luchas, que al empantanar las iniciativas políticas del gobierno se prolonga el debate de esta nueva Ley Bases y entonces se vuelve más explícito que es antiobrera, antipopular y antinacional hasta la médula. Millones de personas ahora son concientes de que esta ley no tiene ni un solo artículo a favor de las mayorías populares.

Esta comprensión retroalimenta el ascenso y también el cuestionamiento a la dirigencia política y sindical del PJ. A los primeros, porque la gente ve a los gobernadores y diputados peronistas pactar con Milei. Y a los segundos, porque negocian con Milei la reforma laboral y no llamaron a movilizar al Congreso cuando la ley se votó en Diputados. Millones ven esas complicidades y por eso tuvieron que reubicarse y ratificar el paro del 9, que hasta un día antes no se sabía si lo mantendrían o no.

Por acción u omisión

Si la derrota de la Ley Ómnibus en febrero no fue completa es sólo por la falta de continuidad en el plan de lucha. Y esto es así por la estrategia del PJ y su rama sindical, que se juegan a que el gobierno se desgaste pero no caiga. Esta actitud del PJ de asegurarle la famosa gobernabilidad a Milei tiene una raíz de fondo: su propio compromiso con el establishment, con las patronales, en definitiva con el sistema capitalista. Dicho sea de paso, esa pasividad frente al modelo económico y al régimen político, más el argumento autojustificatorio del mal menor, le dieron al ultraderechista Milei la posibilidad de posar como «lo nuevo» frente al orden establecido, «lo distinto» frente a la casta política que -primero con Macri y luego con Alberto, Cristina y Massa- frustró las expectativas populares.

Así como durante el gobierno de Macri el PJ y la burocracia frenaron las luchas y su consigna fue «Hay 2019», hoy su afán de ser opción de gobierno dentro de tres años choca contra la necesidad objetiva de derrotar el plan de Milei ahora. Pero la decepción obrera y popular con esta falsa democracia capitalista, que es incapaz de responder a las necesidades básicas, choca de frente contra la estrategia del PJ, sobre todo en el movimiento obrero, y eso condiciona a la burocracia sindical. Cuando las luchas afloran, el espacio para la conciliación de clases, el llamado posibilismo y las medias tintas se reduce.

Por un paro con movilización para rodear el Senado

El gobierno de Milei llega a este tratamiento de su nueva ley con mayor desgaste, con los sectores sociales más atentos a lo que está en juego, con la fuerza social tonificada a partir del paro del 9 de mayo. Está planteada la posibilidad de llevar adelante una gran manifestación y seguir los paros contra el gobierno. Es evidente que hay mayor espacio para convocar y que van a quedar más expuestos los que así no lo hagan. Por lo tanto, desde las bases, la exigencia de paro con movilización y plan de lucha cobra una importancia cualitativa.

El martes 6, en la facultad de Sociales de la UBA, en una reunión amplia convocada a iniciativa de la Mesa de Organismos de derechos humanos, dirigentes de la CGT y las CTA plantearon llamar a movilizar al Congreso cuando se trate la Ley Bases. Es evidente que la bronca y la presión desde las bases trabajadoras, y en los propios «cuerpos orgánicos» de los sindicatos, se hace sentir. Cachorro Godoy y Hugo Yasky convocaron, mientras que Pablo Moyano incluso habló de «un plan de lucha hasta derrotar este plan económico». En estos días veremos qué se concreta de esos planteos. Eso sí: sobre llamar a un nuevo paro general hasta ahora no dijeron ni mu.

Ojo con las trampas

. Un primer alerta es sobre la propia ley en debate. Porque no se trata de que en el Senado le hagan tal o cual «corrección» a tal o cual artículo o capítulo. La Ley Bases es una porquería completa por donde se la mire y por eso hay que rechazarla de plano.

. El segundo problema es el paquete. Porque los instrumentos de Milei son varios: la Ley Bases, el DNU, el protocolo de Bullrich y también sus proyectos de reformas represivas contra el derecho a la protesta social. Todo ese combo es necesario voltear.

. Y la tercera cuestión es la continuidad de la pelea. Porque es posible que la ley termine volviendo a Diputados y entonces se estire la pulseada, sumado a la necesidad de rechazar el DNU y las demás normas de ajuste, entrega y represión.

Por todas estas razones es decisivo empujar por un nuevo paro activo y un plan de lucha hasta derrotar todo el plan de Milei. Desde ya, hay que movilizar masivamente al Congreso y también impulsar grandes marchas en todo el país. Pero también es una tarea clave del activismo sindical exigir y organizar la convocatoria o autoconvocatoria a asambleas en cada lugar de trabajo y cuerpos de delegados en todos los gremios para debatir y resolver cómo seguirla, incluso coordinando con las fábricas de la zona y sectores en lucha.

No hay que esperar las directivas de la burocracia desde arriba. Allí en donde haya condiciones, es preciso discutir y resolver democráticamente entre los compañeros y compañeras cómo movilizar y cómo darle continuidad. Si al calor de la lucha van surgiendo polos de referencia más avanzados, más combativos, más democráticos, se fortalecerá el desarrollo de una nueva dirección sindical que no pacte con las patronales, el gobierno de Milei y los gobernadores. Desde el Plenario Sindical Combativo y nuestra corriente sindical ANCLA estamos al servicio de ese gran desafío.

A las calles

La Ley Bases está en veremos. El famoso Pacto de Mayo pasará para julio, agosto o no se sabe cuándo. Milei no afloja, pero está jodido porque la temperatura social está subiendo. Hay condiciones de lograr una enorme movilización obrera y popular que sea un nuevo hito en la batalla contra este gobierno liberfacho y su nefasto plan. Es una lucha que no se va a resolver de hoy para mañana. Y no podemos confiar ni un milímetro en el Congreso, en la justicia, en la burocracia sindical ni el PJ y demás partidos que defienden este sistema capitalista, que más temprano que tarde pactan a espaldas del pueblo.

Las y los trabajadores sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas como clase, aliados a la juventud y demás sectores populares. Y por eso tenemos que tomar en nuestras manos cada batalla de esta verdadera guerra, junto con la otra gran necesidad que está planteada: construir una alternativa política de izquierda con peso suficiente para ir por cambios de fondo, anticapitalistas y socialistas, para sacar de la crisis al pueblo y al país. Si derrotamos la Ley Bases daremos un gran paso adelante en ese camino.

Escribe: Mariano Rosa

La frase, ya seguramente muchos saben, es del Manifiesto Comunista. Marx y Engels, los fundadores del socialismo como ciencia, analizan la dinámica del capitalismo y dicen que lo tritura todo: lo sólido y lo sagrado. La definición aplica perfectamente al contexto del gobierno libertario que tiene algo de descomposición social y política, de expresión de crisis estructural del capitalismo en Argentina.

Ecualizando más todavía el análisis, el presidente y su ecosistema, son emergentes de una crisis de representación política: la forma en que la minoría social dominante bajo el capitalismo organiza la construcción de sentido, las expectativas sociales, articula el consenso que garantiza estabilidad relativa para sus negocios. Todo eso, está enclenque. Es la relación de la mayoría de la población con los partidos y burocracias tradicionales, es la fase de la llamada posverdad que cuestiona la legitimidad de los medios masivos de comunicación y se hacen norma, el estado de malestar social. Posiblemente, Milei esté reflejando una fase de agotamiento del régimen de dos coaliciones mayoritarias electorales, surgidas como reagrupamiento defensivo de fracciones del peronismo y el radicalismo tradicional después del 2001, sumando al engendro PRO. Asistimos al pasaje polarizado entre el agotamiento de ese esquema pos-Argentinazo y un horizonte incierto económico-social-político. Vamos a enunciar hipótesis.

Despejando interrogantes

Cuando se conoció el resultado del ballotage, se abrieron inmediatamente una serie de interrogantes sobre el nuevo gobierno que la realidad fue respondiendo.
Por un lado, su programa. Quedó claro el propósito de resetear a derecha el modelo capitalista e imponer otro régimen político, no fascista, sino autoritario y todo con el objetivo de cambiar las relaciones de fuerza para imponer una especie de contra-revolución en la economía y sostener ese statu quo para asegurar negocios en el mediano plazo. Terapia de shock, de arranque, no gradualismo, para el tan meneado plan de estabilización.

Otro signo de pregunta, se colocaba sobre la consistencia de su adhesión electoral. Advertimos que su base social era heterogénea, que contaba un activo ideológico duro, pero que tenía un componente de votobronquismo permeable a la experiencia material de la economía. Esa vertiente del voto decepcionado con el peronismo de Alberto-CFK-Massa, empezó a migrar políticamente hacia la oposición social al gobierno como producto del salto en la carestía de vida. Es decir: mantiene un piso todavía alto (entre 35 y 40 % de sostén), pero centrifugó un tercio del apoyo reclutado hace apenas 2 meses.

Un tercer aspecto de la radiografía inicial del gobierno, tiene que ver con las relaciones de fuerzas entre las clases y su expresión callejera. Hasta el momento, la iniciativa en el espacio público, la tiene el polo que resiste la ofensiva libertaria. Se aduce que en realidad se trata de una nueva cultura política que combate desde el algoritmo de las redes sociales y batalla culturalmente en los medios masivos de comunicación. No nos engañemos: sin respaldo orgánico en las calles, no hay proyecto reaccionario que logre estabilidad para sus medidas, salvo que derrote físicamente con el aparato represivo estatal la resistencia obrera y popular. No hay margen histórico en esta etapa para una escalada sangrienta así. Por lo tanto, registrar que en las calles la fuerza social anti-Milei tiene vitalidad superior al oficialismo, es clave para saber que estamos a tiempo para derrotarlo.

Nuevo plan de vuelo libertario

Lógicamente, como todo poder político, también el gobierno libertario necesita construir un horizonte de expectativa después del golpe recibido con el entierro de la Ley Ómnibus, sumado al cuestionamiento al DNU y el Protocolo desafiado en las calles y en el terreno judicial. La narrativa de este nuevo momento de relanzamiento oficialista, tiene dos tesis y un objetivo.

La tesis del rebote y la V. El presagio libertario en materia económica para alentar expectativa plantea que la economía después de caer durante los próximos 2 o 3 meses, con el sinceramiento de precios y la eliminación del cepo al dólar va a rebotar desde el subsuelo y describir un repunte general. Más que un pronóstico, es una manifestación (ideológica) aspiracional. En realidad, después de licuar salarios y ampliar márgenes de rentabilidad, multiplicar masa de desocupados y pobres (que presiona a la baja el salario), abaratando el costo de la fuerza laboral para las corporaciones, podría darse que los remarcadores de precios moderen su comportamiento, retroceda un poco el ritmo inflacionario y recupere algo la economía en las variables macro: actividad (por eliminación del cepo e ingreso de dólares e inversión productiva), recaudación y consumo. Si sucede en el segundo semestre, la línea oficialista es alentar desde esos datos la perspectiva de una recuperación mayor. Está por verse si ocurre que los capitalistas con poder monopólico admitan moderar los aumentos de precios, si aumenta la tasa de inversión productiva y si todo eso se da sin una agudización de la conflictividad social. Son muchos los planetas que deberían alinearse, francamente.

La tesis de la casta del Congreso. En paralelo a lo anterior, la orientación se completa con la línea de denunciar el obstruccionismo de la casta parlamentaria, que habría sido la responsable de bloquear la Ley Ómnibus. Y, por tanto, sobre el pilar de datos de recuperación económica a partir de bajar la inflación hacer eje en la batalla cultural 2025 por barrer del Congreso al centro político (UCR, Pichetto y cía), fagocitarse el PRO, y ganar musculatura propia. Así se resume la hoja de ruta de Milei.

Todo ese esquema, sin embargo, tiene condiciones de posibilidad siempre y cuando, la respuesta en las calles del polo que resiste el plan de guerra libertario lo permita. En definitiva: la lucha de clases va a tener la última palabra.

El experimento libertario no es argentinidad al palo

La Libertad Avanza, no es una particularidad argentina, más allá de que pueda tener rasgos identitarios nacionales. En realidad, la crisis polifónica del capitalismo (económica, social, política, militar, socioambiental, migratoria) que expresa la decadencia civilizatoria del modo de producción actual, da margen al surgimiento de fenómenos outsider de la política tradicional en distintas regiones del mundo ante el desbarranque de los bipartidismos tradicionales o las fuerzas estables de la democracia burguesa. Es la anormalidad emergente de una sociedad senil.

Como respuesta de supervivencia, el capital despliega su agenda beligerante: reestructurar la economía bajando costos de producción para las corporaciones, achicar el gasto estatal en servicios sociales y bonapartización de la democracia, endurecimiento autoritario del sistema político. Ambos movimientos actúan en pinza: la receta económica anti-popular se combina con un dispositivo de fuerza represiva, para contener la respuesta de masas.

Pero esa fórmula incentiva la polarización y acrecienta la inestabilidad. En ese cuadro general, de desorden y hegemonía imperialista en disputa, lo impensado se vuelva regla: crisis, guerras, pandemias, ecocidio y revoluciones. La naturaleza de un final de época históricamente hablando.

No hay tres sin cuatro

El de Milei es el 4° intento histórico de reestructurar la matriz capitalista del país, siempre a tono con las tendencias mundiales que fueron imponiendo las fracciones dominantes de la burguesía en distintas etapas de los últimos 50 años.

Primero, fue la dictadura genocida, en el giro global de los 70 del siglo pasado del imperialismo mundial: desindustrializar, reprimarizar y apertura de la economía con dependencia política atada al mecanismo de la deuda externa. Ese ensayo fascistoide, terminó con un costo altísimo para el gran capital: una verdadera revolución democrática se llevó puesta la dictadura e inhabilitó como opción de poder político el golpismo militar hasta ahora.

Después, vino el menemismo, en la década del 90 con la caída del Muro de Berlín como contexto y ofensiva imperialista en todos los planos, con la privatización de las empresas estatales y el desguace de todo un entramado de patrimonio social acumulado por generaciones. Achique estatal y apertura a nicho de valoración capitalista. Ficción de equivalencia monetaria con el dólar (convertibilidad) y salto en la pobreza estructural. Esta segunda temporada de experimento reaccionario terminó en la crisis del 2001 y el Argentinazo.

Finalmente, la experiencia del macrismo, en el contexto de la agenda mundial de reformas estructurales (laboral, previsional, fiscal) que intentó un nuevo reseteo económico-político, pero fracasó aunque no terminó barrido por la movilización. Zafó gracias al operativo salvataje del peronismo que evitó el naufragio de esa derecha, para capitalizar el descontento electoralmente en 2019. El acuerdo Macri-Milei, fue clave en el ballotage de 2023. Es decir: darle sobrevida al macrismo tuvo consecuencias recientes. Moraleja para el progresismo y su vocación de custodia del régimen burgués.

Milei, como 4° intento histórico, ahora sin moderación y con terapia de shock, cuenta con un recurso de chantaje con el que extorsiona (por ahora) al poder económico que lo mira (con regocijo por los objetivos, pero con preocupación por las turbulencias sociales) y a toda la superestructura político-sindical del país. El gran capital, no cuenta con plan B a la vista ante un eventual desmoronamiento del gobierno libertario. Ese dato, también opera.

Desenlace abierto: potencialidades y límites

Un elemento sobresaliente de la coyuntura que cambió después del paro del 24 de enero (sobre todo por la movilización nacional de ese día), es que existe fuerza social y reserva acumulada para enfrentar y derrotar el plan Milei. Desde el 20/12 con la izquierda desafiando el Protocolo, hasta la positiva desobediencia obrera que superó la convocatoria conservadora de la CGT el 27/12 a Tribunales y el surgimiento de dos fenómenos de autoorganización social: la resistencia del campo cultural en todo el país (con expresiones en no menos de 80 ciudades) y el movimiento asambleario barrial, con epicentro en CABA y el Conurbano, con ramificaciones en el interior de la provincia de Buenos Aires. Estas expresiones de vitalidad en las calles, no mostraron un techo objetivo, sino más bien lo opuesto.

El problema a resolver, radica en el bloqueo consciente y la contención regimentadora del peronismo sindical, social y político:

La CGT como factor insustituible para movilizar y asegurar la intervención del movimiento obrero organizado, no le dio continuidad al paro del 24/1 y está en la línea de apoyar respuestas lugar por lugar a la agresión libertaria. El pánico al desborde y a la movilización permanente que coloque la perspectiva de un vacío de poder activa toda su naturaleza pro-burguesa y burocrática.

Los movimientos sociales, ligados al espacio de peronismo, especialmente la UTEP referenciada en Juan Grabois, pese al ataque criminal del gobierno derechista, se niega a un frente único sostenido en las calles que derrote esa masacre social que congeló la ayuda a comedores, licúa los programas de asistencia y ahora anunció el final del Potenciar Trabajo.

Y finalmente, el peronismo en política, con el documento público de CFK tendiendo puentes a derecha, con definiciones estratégicas a favor de empresas mixtas con capital privado, actualización de la legislación laboral y un guiño indiscutible al punitivismo. Explicitación programática capitalista y a derecha, y silencio total respecto a la movilización popular y el Protocolo de Bullrich.
El peronismo es un Caballo de Troya al interior del pueblo que resiste.

Desde abajo y a la izquierda

El panorama general, le impone responsabilidades a la izquierda en Argentina. Porque su inserción social y presencia cuando la política se juega en el ring de boxeo de la calle, no se corresponde simétricamente con su peso electoral. Viene siendo un factor gravitante la articulación que vertebró la izquierda política con el sindicalismo combativo, los movimientos sociales, asambleas, la resistencia cultural, los organismos de DDHH y el activismo socioambiental desde que asumió Milei.

Ese camino es clave: se requiere una izquierda protagonista, que contribuya a lograr confluencias positivas en el terreno de la movilización, no para algún operativo desgaste con fines de especulación electoral sino para unificar todas las fuerzas disponibles en la lucha de clases (y calle).

Una izquierda articuladora de componentes diversos, en coordinación multisectorial independiente de todo programa capitalista en la versión que sea, pero con la aspiración (y astucia) de ampliar la convocatoria en la unidad de acción a todo el que manifieste vocación de enfrentar el plan Milei.

Una izquierda capaz de proyectar en programa y fuerza militante, una alternativa real con capacidad de influencia masiva sobre trabajadores, juventudes y pueblo. Porque en la movilización, activamos para derrotar la ofensiva reaccionaria del gobierno actual, pero preparamos una plataforma anticapitalista, de democracia real desde abajo y en transición a un modelo socialista a partir del poder político de un gobierno de las y los que, hasta ahora, nunca gobernamos en Argentina. Para acumular fuerza consciente, orgánica y política, se requiere más militancia voluntaria, jugada y comprometida a fondo. Nuestro partido trabaja con esa estrategia de lograr cambios estructurales, es decir, revolucionarios. Tenemos que ser muchos y muchas más para ese proyecto. Esa es la convocatoria que hacemos.

Desde hace muchos años la gran burguesía y el imperialismo ven con preocupación que Argentina, desde su punto de vista y necesidad de recomponer ganancias, no es un país normal. Lo sucedido estos dos meses y sobre todo las últimas semanas le dan la razón. Aquí todo puede pasar a velocidad, generando cambios en poco tiempo. Aquí no hay estabilidad burguesa sino tensiones permanentes. No hay plan coherente en el horizonte y sobra incertidumbre. No hay un régimen sólido y sí navegan inquietos en un intento desordenado por poner orden, obteniendo como resultado más desorden aún. Aquí lo normal en la calle es la fuerza de la protesta, aunque Bullrich quiera a millones por la vereda.

Ríos de tinta se han escrito desde ayer sobre la fuerte derrota del gobierno al caerse por completo la Ley Ómnibus, que ya de por sí de “ómnibus” le quedaba bastante poco, a fuerza de tanto obligado recorte de artículos. Los grandes medios oficialistas, en la noche de la derrota, hicieron desfilar a dirigentes de la oposición de derecha para explicar el por qué del fracaso y a aconsejarle al presidente, en vivo y por TV, que dialogue más e insulte menos a gobernadores y diputados, que aprenda a negociar. No lo lograron. Milei sigue de amenaza en amenaza.

Los medios oficialistas ensayan explicaciones que toman parte de la realidad a su conveniencia, muestran una parcialidad y tratan de enfocar el análisis solo en el desquicio del presidente y de sus alfiles, allí colocan los motivos de por qué se derrumbó la ley. En el fondo tratan de no explicar lo esencial de lo que acontece en nuestro país, intentan ocultar frente a la opinión pública la causa central de por qué el gobierno recibió tremendo golpe político que cuestiona todo su plan en tan solo dos meses de mandato: la fuerza de la calle.

Un análisis serio de lo que sucede en nuestro país marcaría dos momentos diferentes y un punto de inflexión desde que asumió Milei: el paro nacional y las enormes movilizaciones del 24 de enero, esas históricas movilizaciones con más de un millón de personas en la calle y otros millones acompañando con apoyo social. Si bien el descontento social y las acciones como cacerolazos y marchas ya venían desde antes, el 24/1 se produjo un quiebre, un cambio de tendencia y un fortalecimiento de todo el proceso de lucha. Todo lo que sucedió en la superestructura política, parlamentaria y judicial después de ese día, es un subproducto de la fuerza de la calle.

El DNU, ¿camino a una posible caída?

Es por todo esto y no por casualidad, que las últimas dos semanas el gobierno ingresó en un tobogán de problemas, crisis, retrocesos y finalmente derrota en el Congreso. Esa presión social de la calle comenzó a actuar sobre la justicia, que le tuvo que proporcionar diferentes fallos a favor a reclamos de sectores gremiales, hasta terminar declarando inconstitucional todo el capítulo cuatro del DNU sobre reforma laboral, frenándole un punto central del plan del gobierno y la gran burguesía parasitaria.

También emitieron un fallo sobre el artículo referido a la tierra y otro contra la posibilidad de que los clubes sean sociedades anónimas. Mientras tanto en el Senado, la vicepresidenta Villarruel viene haciendo malabares antidemocráticos para resistir la convocatoria a una sesión, que muy probablemente votaría contra todo el DNU, abriendo la puerta para que luego vaya a diputados con un fin similar. Este DNU, más ahora en el contexto post caída de la Ley Ómnibus, será cada vez más cuestionado, su vigencia y validez caminan por la cornisa.

La muy corta vida de la Ley Ómnibus

Fue esa misma y creciente presión social de la calle la que comenzó a generar grietas en diferentes bloques de diputados, al obligar al gobierno a quitar primero algunos artículos y luego un capítulo entero. Hasta representantes de una oposición dialoguista y cómplice necesitaron deslindarse de puntos esenciales al plan de Milei. Con miles en la calle y con nuevas encuestas donde el presidente baja en sus niveles de apoyo considerablemente, la voluntad acuerdista de diferentes diputados tuvo sus picos de crisis. No sucedió por amor al pueblo, sino por temor a lo que viene, a que la indignación se les venga encima.
La potente derrota del gobierno en diputados, la caída de una megaley entera, comenzó a gestarse mucho antes del lunes 6 de febrero. Se la pasó durante días retirando artículos antes de la sesión final y esta marcó un nuevo punto de inflexión, una crisis política de consecuencias todavía en curso, pero seguramente muy profundas. El presidente que quiso sentar nuevas bases retrógradas para el país, el que decía no negociar nada, el que confiaba en las fuerzas del cielo, se dio de frente contra una pared y todavía da vueltas grogui por las redes sociales. Mientras tanto amenaza con convocar a un plebiscito, que sabe muy bien no tiene garantías de ganar.

Milei no tiene ahora ninguna ley que respalde sus sueños de monarca, ni su plan de apertura económica a favor de los grandes capitalistas ni su plan represivo para un régimen más autoritario. Dos meses de gobierno y no tiene nada de lo que quería. Mientras su capital político se va deteriorando al calor de una crisis económica, que encima va a seguir empeorando y golpeando la vida diaria de millones de familias trabajadoras y de sectores medios.

Ahora tiene la ardua tarea de comenzar de nuevo en el Congreso, no sabe con que ley, ni con que aliados, y seguro no podrá avanzar en lo inmediato, porque el tiempo del período de sesiones extraordinarias se va acabando. Van bajando sus posibilidades de éxitos parlamentarios a la par que van subiendo las tendencias a mayor malestar social. Y cuanto más avance este proceso, menos apoyo político encontrará. Por eso tal vez no vaya a reintentar en el Congreso, probando otras vías. No es casual que al menos el día siguiente a su derrota Milei haya optado no por negociar en otros términos, sino por denunciar a gobernadores y diputados, a la casta, y por anunciar más ajuste a las provincias como castigo. Tal vez esté pensando avanzar por su cuenta y de esa forma. Eso será echar más leña al fuego. Y el resultado, en general, siempre es un peligroso incendio.

Un protoloco ilegal, cada vez más cuestionado

Si algo le faltaba al gobierno fue que en medio de las jornadas de movilización frente al Congreso, las fuerzas de seguridad actuaron por directivas de Bullrich de manera brutal contra manifestantes, periodistas, jubilados, mujeres y contra todo quien pasará por allí. Así quisieron lograr que nadie protestara mientras adentro del Congreso reinaba la rosca y las idas y vueltas. No lo lograron, no hubo represión alguna que evitara que todos los días las asambleas, la cultura, sectores clasistas y sociales, la izquierda con el MST como gran protagonista y toda una importante multisectorial estuviera allí a lo largo del día. Mientras, los canales mostraban una represión indignante, que se le volvió en contra.

Aparece entonces el juez Casanello, no por casualidad, y se declara competente ante una presentación de Cele Fierro y el MST contra el protocolo de Bullrich para que sea declarado inconstitucional. Ya ese paso fue positivo, pero ante la respuesta del ministerio de seguridad, y justo en el mismo día donde caía la Ley Ómnibus, el juez avanza y le solicita que se enmarquen en las normas internacionales de DDHH y que antes de actuar informen a la justicia. Es decir, le pone fuertes límites a Bullrich y a todo el plan represivo del gobierno.

Ahora se viene una citación judicial a ambas partes el próximo 14 de febrero, donde invitamos a movilizarnos contra el protocolo. Ese mismo que está cuestionado por la realidad y por los miles y miles que seguiremos manifestando y haciendo valer nuestro derecho democrático a la protesta y a expresarnos libremente. Porque vamos a seguir hasta el final la pelea judicial a sabiendas que la pelea de fondo se gana en la calle, como ha sido siempre. Sin bajar la guardia porque Bullrich, buscará la manera de seguir adelante.

Seguir en la calle contra todo el plan Milei

Como puede verse, ese trípode conformado por la Ley ómnibus, el DNU y el protocolo anti protesta social, ese reaccionario andamiaje político, económico y represivo, vive su peor momento de crisis y la misma tiende a profundizarse. En hora buena. Esa “anormalidad” que, como decíamos al inicio de esta nota, sufre la gran burguesía, volvió a expresarse con toda su fuerza. Menos de dos meses de mandato de un presidente que arrancó con fuerte apoyo electoral y pasaron tantas cosas en su contra que parecen dos años. Y si bien el país está polarizado, porque sabemos que mantiene una base social que lo apoya y también el poder económico central lo sostiene, esa polarización es desigual; porque en la calle solo se expresa el polo que lo enfrenta, que resiste su plan y que ha sido el gran protagonista de esta primera etapa.

Ese polo hay que fortalecer ahora más que nunca. Desde la primera movilización del 20 de diciembre se fue gestando una unidad multisectorial entre la izquierda, el sindicalismo clasista, movimientos sociales, Unidos por la Cultura, asambleas barriales, organizaciones socioambientales y de DDHH. Este espacio político y de lucha viene jugando un rol muy progresivo, más allá de fuertes debates a su interior que seguirán existiendo. Cada uno de esos sectores tiene que seguir desarrollándose, las asambleas barriales deben ir hacia una gran interbarrial, la cultura con su organización federal, la unidad de sectores combativos por salario y contra los despidos, las organizaciones piqueteras por alimentos para los comedores. Y hay que gestar una coordinación más fuerte con la multisectorial, convocando a un gran encuentro de todos los sectores en lucha.

A la vez tenemos que hacernos sentir más fuerte en la calle. A la CGT y las CTAs les exigimos que dejen la quietud y convoquen a nuevos paros y movilizaciones contra todo el plan de ajuste, el DNU y el protocolo. Por salarios dignos, alimentos y más presupuestos para necesidades sociales. Y desde la izquierda tenemos que convocar ampliamente a una gran movilización por todos estos reclamos. Una gran acción política y nacional que se haga sentir. No podemos quedarnos esperando a que la CGT se decida a convocar. Organicemos una enorme movilización contra todo el plan Milei en el camino del paro nacional activo que hace falta.

La alternativa es junto a la izquierda

La crisis profunda que vive nuestro país, el debilitamiento de este gobierno, las perspectivas de más luchas más confrontación social y polarización, e incluso la posibilidad de saltos cualitativos de toda la situación colocan la necesidad de fortalecer una nueva y gran alternativa política. Que no puede ser de la mano del peronismo que ha llevado al país de fracaso en fracaso hasta abrirle la puerta al ultraderechista de Milei.

Hace falta algo nuevo, junto a la izquierda y condensando la fuerza de las y los miles que estamos en la calle. Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad convocamos a construir esa alternativa, con la estrategia de un gobierno de las y los trabajadores y por un país que necesita cambiar de raíz, pero en sentido opuesto al que quiere Milei: hacia un modelo económico, político y social anticapitalista y socialista.

Nadie citó y, sin embargo, nos encontramos. Fue el 20 de diciembre, luego de la movilización que desafió el protocolo de Bullrich y demostró que se podía salir a las calles. Ese día Milei y compañía iban a anunciar el DNU, que demoraron hasta la noche por miedo a que la movilización se multiplique. Pero, pasado el anuncio a las 21 hs, empezaron a sonar las ollas, latas, cacerolas en los puntos obvios: los del 2001. En Congreso fuimos miles hasta pasadas las 3 hs. Esos primeros cacerolazos fueron seguidos con otros, empezaron a replicarse en más ciudades, comenzaron a realizarse asambleas y definir una regularidad semanal. También comenzó el proceso de coordinaciones por zonas entre ellas.

Las características de las asambleas y su potencia

Las asambleas están en proceso de consolidación y crecimiento. Aún no son masivas, pero en cada una de ellas se definen comisiones de difusión, de arte, de seguridad, etc. y se votan acciones como volanteadas, stencileadas, radios abiertas, festivales con el objetivo de invitar a más vecinos y trabajadores que se sumen. Hay jóvenes, jubilados, docentes, estatales, precarizados, compañeros organizados políticamente y autoconvocados. Todos confluimos por una necesidad concreta: tirar el DNU y la Ley Ómnibus de Milei.

Ese programa contra el plan motosierra es el que se viene votando correctamente en cada asamblea, así como también no hay asamblea que no se esté organizando para movilizar en el marco del paro general al cual se asume como una parada importante pero no la última. Hay claridad de que vamos a tener que seguir hasta derrotar este ajuste con un plan de lucha. En ese sentido, en las asambleas y las coordinaciones que van tendiendo a ganar peso (en CABA, en Parque Centenario; rotativas de Matanza-Oeste, en La Plata) se debatió la necesidad de movilizar con este programa, coordinando con otros sectores como el sindicalismo combativo, Unidxs por la Cultura, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia de DDHH, el movimiento piquetero y la izquierda, sectores que pondrán en pie una columna independiente, multisectorial y unitaria. Este 17 habrá participación de asambleas en la reunión de coordinación de esa columna. Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad venimos remarcando la importancia de hacer un gran bloque de asambleas en esta columna.

Fortalecer el movimiento

Creemos de gran importancia ser partícipes del proceso de asambleas activamente, colaborar para desarrollarlas, para que sean mas grandes y más fuertes, para que sean deliberativas, democráticas y resolutivas y asuman un programa correcto que sea refrendado con una orientación de lucha unitaria con la clase obrera y los sectores populares. Desde la izquierda tenemos mucho para aportar en este sentido y debemos trabajar en equipo con los activistas y autoconvocados de cada asamblea para construir en este sentido.

En las asambleas hay una visible ausencia: el peronismo orgánicamente decidió darles la espalda y organiza multisectoriales en algunos municipios del Conurbano donde no resuelven medidas de lucha, y se regimentan desde arriba. Es la línea que despliegan también nacionalmente. Es más: sectores como La Cámpora no participarán del paro y llaman a seguir esperando en el marco de un silencio de cementerio de lxs principales referentes políticos. Es muy valiosa en ese contexto la participación de compañerxs u organizaciones que, proviniendo de esos sectores, pero en desacuerdo con esa orientación, se suman a construir la asamblea en unidad.

Debates para encarar

En algunas asambleas se ha intentado desde algunos sectores alentar un prejuicio anti-partido, anti-política, definiendo que la lucha sea sin banderas, por ejemplo. Sabemos, que esos planteos son normalmente interesados y fomentados: el peronismo orgánico, cuando no puede “controlar”, trata de debilitar o hacer implosionar. En el Gran Buenos Aires y el interior provincial y del país, está línea es intensa. En CABA, por ejemplo, les es más complejo ese operativo de confusión: la izquierda y el activismo tienen un peso dominante, que legitima la acción explicita de partidos. Lógicamente, hay honestos activistas que tienen dudas y se plantean interrogantes en torno a ese asunto. Nosotrxs somos categóricos: creemos incorrecto ese camino. Hay que recuperar la política como herramienta de transformación sistemática, pero también diferenciar entre partidos responsables del ajuste que nos han traído hasta acá y nos quieren hundir más de quienes no lo somos. Por ejemplo, en el Congreso, hay negociaciones en curso de quienes dicen ser oposición para votar por partes la Ley Ómnibus traicionando a todos sus votantes.

Ese no es el caso de los partidos del FIT-Unidad como el MST quienes nos oponemos y siempre hemos estado en las calles por las causas justas, simplemente por ser un partido perteneciente a la clase trabajadora que nos organizamos democráticamente y nos autofinanciamos, que no somos políticos tradicionales ligados al empresariado haciendo carrera: somos trabajadores y luchadores que hacenpolítica. El problema no son los partidos en general: son los partidos patronales en particular. El discurso antipolítica es parte de la ideología sobre la que se asienta el hipócrita de Milei.

Por último, no queremos soslayar matices e incluso polémicas con otras fuerzas de izquierda, incluso con quienes compartimos la confluencia del FIT-Unidad: por un lado, el sectarismo que niega toda unidad de acción sobre puntos de lucha correctos y de ahí, a las maniobras más bien divisionistas pensadas desde el “ombligo” de la autoconstrucción, y no del desarrollo positivo del movimiento en curso. No dramatizamos los debates, más bien los consideramos parte de la lucha de ideas y la deliberación colectiva. Pero, cuando debilitan el movimiento y priorizan la lógica parcial de la propia fuerza, los consideramos muy negativo. En fin: vamos andando y esto, recién empieza.

Escribe: Gustavo Giménez

Primero fue la mega devaluación, la liberación de precios y todas las medidas económicas lanzadas por el ministro de economía, Luis Caputo. Luego el anuncio del protocolo anti-piquetes con Pato Bullrich a la cabeza. Finalmente, el lanzamiento de un DNU que, pasando por encima de la normativa constitucional, intenta desregular sectores claves de la estructura económica del país. Finalmente, el envío del proyecto de ley llamado «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», también conocido como «Ley de la Argentina en Remate» o la «libertad» de morirse de hambre y entregar al país -en tiempo récord- por dos pesos, completó esta primera tarea (Milei dice que hay más).

El megadecreto publicado en el Boletín Oficial a fines de diciembre contiene 366 artículos con diferentes modificaciones y derogaciones de leyes para «reestructurar la economía argentina». La legislación del país determina que para que un DNU pierda vigencia debe ser rechazado por las dos Cámaras legislativas. Este decreto 73/23 no respeta ni la «necesidad y urgencia» con que la Constitución Nacional habilita al Poder Ejecutivo a dictar normas -en forma muy limitada- sin pasar por el Congreso. Por eso ya acumula más de 10 de sus 14 capítulos frenados por medidas judiciales que invalidan o suspenden su aplicación, hasta que la Suprema Corte -que pateó su intervención hasta después de la Feria Judicial de enero- o el Congreso se definan sobre la legalidad del mismo. Su texto fue incluido en el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso.

El proyecto de megaley con sus 664 artículos que modifican cientos de leyes vigentes, completa los cambios, ya que hay temas sobre los cuales la Constitución impide legislar por decreto.

El intento de poner patas para arriba toda la legislación vigente para abrir nuestra economía al ingreso del gran capital en la forma más salvaje, se está tratando en las comisiones habilitadas para tal fin en el Congreso en un marco de creciente convulsión política expresada en la proximidad el paro nacional y movilización lanzado por la CGT para el próximo 24. Existe una ardua negociación de los funcionarios y legisladores de «La Libertad Avanza», para que pasen la mayoría de los cambios allí propuestos.

¿Cuáles son los principales cambios propuestos en el DNU y la Ley Ómnibus?
Dada la magnitud de la lista se hace inabarcable para un artículo periodístico. Ofrecemos un acotado resumen:

1- Declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Plazo que el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por otros dos años hasta el fin del mandato. Durante esta «emergencia» el gobierno podrá legislar por decreto obviando al Congreso en las materias que esta abarca.
O sea, prácticamente se anula el Congreso y se pretende consagrar a Milei «rey» de la Argentina. Esta es la medida, que implica una suerte de golpe de Estado, más resistida, incluso por sus bloques políticos aliados (PRO, radicales y Cambio Federal y existen negociaciones. El mentidero político habla de que podría reducirse ese plazo a un año prorrogable por el Congreso a otro año más. Sin embargo, de aprobarse, durante ese periodo Milei podría alterar gran parte de la legislación a su antojo, incluso los cambios que sean rechazados de su actual DNU y mega ley.

2- Un paquete de medidas (que completan las ya anunciadas por Caputo) con el objetivo de alcanzar la enorme meta de ajuste que significa llegar al 2% de superávit primario antes del pago de la deuda de las cuentas fiscales.
Entre las más importantes podemos mencionar la anulación de la actual fórmula de movilidad jubilatoria y la liquidación del Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Aducen que una actualización discrecional del gobierno permitirá recuperar de manera más eficaz el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. Sin embargo, todos hemos visto el cuadro de recorte del gasto presentado por Caputo que fija en un 0,4% menos del PBI (una enormidad de plata) lo que se propones recortar del presupuesto previsional. También hemos visto la pérdida de un 25% (la inflación de diciembre) el poder adquisitivo sin que se les mueva una pestaña.
. La conversión en Sociedades Anónimas como paso previo a la privatización de 41 empresas estatales, incluso de las que arrojan ganancias como YPF o el Banco Nación.
. La liquidación de los subsidios a la energía y el transporte con el consecuente mega tarifazo que esta medida implica.
. El congelamiento de planes sociales como el Potenciar Trabajo, de los sueldos estatales y presupuesto para las Universidades Nacionales, la liquidación de gran parte de la obra pública y su plan para reemplazarla por emprendimientos privados.
. La liquidación del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto del Teatro, la eliminación de la fijación de un precio único para el valor de los libros, el cambio en la estructura del INCAA, de las Bibliotecas Populares y del Instituto de la Música, como todo el ataque a los presupuestos destinados a la cultura son parte de estas brutales medidas de ajuste.

3- La desregulación completa de la economía a favor de los grandes capitales, destruyendo protecciones ambientales consagradas en las leyes vigentes y haciendo de nuestro territorio un paraíso para el pillaje imperialista:
. Derogación de la ley de Abastecimiento con la cual el Estado podía intervenir en precios y evitar maniobras especulativas, de la Lay de Góndolas que obligaba a diversificar la oferta, del monitoreo de precios.
. Derogación de la ley de «compre nacional», y de la ley de promoción industrial. Derogación del Código Aduanero con el objetivo de liberar exportaciones. La implementación del impuesto país a las importaciones y la generalización de las retenciones del 15% a las exportaciones de economías regionales y a exportaciones de pequeñas y medianas industrias. Medidas que van contra el actual desarrollo industrial y a su vez va a producir una mayor concentración de capitales en el sector.
. Desregulación del turismo y política de cielos abierto para favorecer los negocios de las aerolíneas privadas y las agencias internacionales.
. Eliminación de las penalidades para los que no informen las tasas de interés de los préstamos (a favor de las tasas usureras de las tarjetas de crédito).
. Derogación del Código Minero y el Banco de Información Minera, lo que, con la modificación de las leyes de Glaciares, de Bosques, la modificación de los permisos de quema, de la Ley Federal de Pesca, la creación de «mercados de carbono» en el país, constituyen un gravísimo avance de la contaminación, profundizando la ya existente por el uso de agroquímicos, la mega minería, el fracking y la autorización para la explotación off shore.
. Creación del «Régimen de Incentivo para Grandes Inversores». Todo tipo de beneficios tributarios y cambiarios para los grandes capitales que inviertan en la agroindustria, el negocio forestal, la minería, energía, gas y petróleo. Con lo cual, aparte de rematar nuestros bienes comunes se acentúa la matriz primarizadora de nuestra economía.
. Se modifica la premisa de obtener el autoabastecimiento energético por la de «maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos». Esto lleva a una lógica de sobreexplotación de los yacimientos y de baja inversión en exploración, como se hizo en la década del 90.
Junto a la privatización del paquete accionario de YPF en manos del Estado, el impedimento de la actual compañía con mayoría accionaria estatal de vender por debajo del precio del mercado internacional, la liberación completa de las exportaciones de combustibles, la modificación de la ley de biocombustibles que permite ingresar a nuestro mercado en condiciones ventajosas el bioetanol de Brasil o EEUU, abren a las compañías multinacionales un enorme campo de ganancias y lleva el precio de este insumo vital para la vida y el funcionamiento económico a las nubes, cuando somos un país productor de energía.
. La habilitación para reestructuraciones de deuda en forma regresiva para el país. Se elimina la disposición –violando la Constitución- para que sea el Congreso el único autorizado a contraer deuda y se busca eliminar el requisito actual de mejorar dos de las tres variantes financieras (tasa, plazo y capital) en las reestructuraciones de deuda.
. Otras, desregulación del servicio de internet satelital para que pueda entrar Starlink -la empresa de Elon Musk-, derogación de la ley de alquileres para favorecer la especulación inmobiliaria, la desregulación del límite para compras de tierras de extranjeros no residentes en el país, permiso para que los clubes de futbol puedan convertirse en Sociedades Anónimas en la que se inviertan capitales extranjeros, etc.

4- Reforma tributaria a favor de los capitalistas:
. Se reduce la alícuota de bienes personales que es el que paga la capa más rica de la población.
. Se habilita un blanqueo de capitales por montos de hasta U$S 100.000 y a partir de ese monto la alícuota es de apenas el 5%, no estableciéndose plazo mínimo de permanencia en el país de los fondos blanqueados.
. Aunque no está en el proyecto de mega ley son públicas las negociaciones con los gobernadores que ante la negativa de coparticipación del impuesto al cheque exigen la restitución del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la cuarta categoría.

5- Desregulación en salud:
.Se permite la venta de medicinas de venta libre en cualquier comercio y las farmacias podrán funcionar sin un farmacéutico a cargo, lo que facilitará el crecimiento de pulpos del sector como Farmacity y se anularán controles imprescindibles de calidad.
. Se desregulan las obras sociales y se liberan los topes de las empresas de medicina prepaga, favoreciendo al sector privado.
. Todas estas medidas van en detrimento del ya desfinanciado y fragmentado sistema público de salud, preparando el terreno para medidas de privatización.

6-Ataques a la Educación pública y a derechos de género:
. Establece un examen de egreso de la secundaria y otro de ingreso para la universidad, cuyos resultados serán publicados para organizar una competencia de servicios educativos.
. Se liquida la estabilidad laboral. Se exigirá a los docentes un examen de reválida de sus conocimientos cada cinco años.
. Se elimina la obligatoriedad presencial en la escuela ya que los chicos mayores de 9 años podrán tener clase por internet.
. Las universidades cuentan con el presupuesto 2023 –sin actualizar- para su funcionamiento y se las invita a arancelar sus servicios educativos a los estudiantes extranjeros.
. Cambia en el Plan de los mil días la denominación de «personas gestantes» por la de «madres en situación de vulnerabilidad» con el objetivo de dejar de lado a los hombres trans y de reducir el beneficio a los sectores más pobres. Elimina la obligatoriedad establecida por la Lay Micaela de capacitar a todo el personal estatal y lo reduce solo al personal especializado en el tema haciendo retroceder muchos casilleros las conquistas obtenidas en la lucha contra la violencia sobre las mujeres.

7- Reforma laboral: sobre estos más de cuarenta cambios –propuestos en su mayor parte en el DNU-pesan varias medidas cautelares de la Justicia que impiden su aplicación inmediata hasta que el Congreso se pronuncie. La Ley Ómnibus completa los cambios introducidos en el DNU.
. Se reduce el monto de la indemnización por despido al no considerarse para el mismo ni aguinaldos, bonos especiales u otros beneficios. Se podrán pagar hasta en 12 cuotas con el interés más bajo del mercado.
. Se propone un fondo de retiro alternativo como el de la Construcción, un «Fondo de Cese Laboral», que liquide la actual indemnización por despido.
. Se amplía el periodo de prueba de 3 a 8 meses.
. Se condonan las multas por trabajadores en negro no registrados y se elimina el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
. Se condonan deudas por falta de pago a la Seguridad Social y se podrá incluir también a las que figuran en sede judicial.
. Si liquidan las «horas extras» al crear un banco de horas que es compensado por la flexibilización de la jornada de trabajo.
. Se excluye de la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores informales bajo contrato de servicios, obras y agencias.
. Los trabajadores de Pymes con menos de 5 empleados pasan a ser considerados «colaboradores» perdiendo gran parte de sus derechos laborales.
. Se despide a miles de trabajadores estatales. Son 221.000 agentes los que pertenecen a la Administración Pública Nacional. Los primeros fueron los 7.000 que ingresaron al Estado en 2023. Se abre la puerta para despedir a otras decenas de miles. Los que están en planta permanente pierden la estabilidad laboral. Ya sea que pertenezcan a los organismos descentralizados de la Administración (58,9% del total) o a las empresas públicas plausibles de ser privatizadas.
. Se profundiza la política de tercerización laboral, en la que la empresa de origen es eximida de toda responsabilidad con los reclamos de los trabajadores que trabajan en empresas tercerizadas.
. Se elimina el derecho del trabajador a exigir su reincorporación laboral en el caso de sufrir discriminación (por actividad sindical, sexo, embarazo, posiciones políticas, enfermedad, etc.).
. Los cortes o bloqueos son causal de despido sin causa.
. Se liquida el derecho a huelga estableciendo que un amplio abanico de actividades tiene que cumplir entre un 50% y un 75% de asistencia laboral ya que se las considerará esenciales. Se incorpora a la Educación como un servicio esencial contradiciendo los convenios de la OIT.
. Las asambleas en los lugares de trabajo deben ser autorizadas por la patronal.
. Se elimina la ultraactividad de los convenios laborales, lo que significa eliminar la actual práctica de que el convenio siga en vigencia cuando vencido el mismo aún no se ha renovado.

8- Criminalización de la protesta social: para implementar este ajuste tremendo a los derechos de la población trabajadora, se desarrolla una importante legislación represiva que viola las más elementales garantías constitucionales. El Protocolo anti piquete es su primera expresión, luego otras disposiciones del proyecto de ley refuerzan esta política anti derechos. En resumen:
. Se prohíbe toda manifestación callejera que no cuente con autorización previa y la autoridad gubernamental podrá alterar el horario y lugar de la protesta.
. Se multa a las organizaciones que violen esta disposición. Ya Pato Bullrich hizo su primer ensayo intentando que paguemos el servicio de policía de la manifestación en Tribunales y nos envió la factura por 40 millones de pesos.
. Se eleva el monto de las penas del Código Penal por interrumpir el tránsito, a tal punto que es más oneroso incurrir en este «delito», que las penas por homicidio culposo.
. Son más severas las penas sobre los «organizadores» o responsables de la protesta, estén o no en el lugar de los hechos.
. Se llega al colmo (ahora retirado por Bullrich del texto de la ley) al exigir que cualquier reunión de 3 personas o más debe pedir autorización previa.
. Se amplía el derecho a la defensa propia para cubrir el gatillo fácil y la prepotencia policial represiva eliminando el derecho de la víctima y de sus familiares a reclamar en sede judicial.

9- Cambios antidemocráticos en la ley electoral: aunque es uno de los temas que más resistencia tiene, el propio ministro Francos tuvo que reconocer la falta de consenso para que se apruebe, es bueno referirse a la propuesta como ejemplo del carácter totalmente anti democrático que tienen estos proyectos y su necesidad de recortar al máximo las libertades y derechos democráticos, yendo a un régimen mucho más reaccionario.
. Se eliminan las PASO
. Se liquidan la propaganda electoral gratuita para los partidos, el financiamiento estatal y se eliminan los topes para el financiamiento privado.
. Se liquida el actual reparto de representación proporcional basado en el sistema D’ Hondt para ir a otro de circunscripciones uninominales donde se liquida la representación de las minorías y los cupos para la paridad de género en las listas.

Escribe: César Latorre

La brutalidad del ajuste es tan grande que cada día que pasa aumenta la temperatura del descontento social. Esta realidad pone de manifiesto la posibilidad de un paro que tenga mucha fuerza, a pesar de que la burocracia sindical no se juegue a fondo.

La génesis del paro

La exigencia de paro había tenido su primera expresión pública en el documento que se elaboró para ser leído en la plaza de mayo el día 20 de diciembre pasado. Acción que supimos articular desde distintos sectores como el plenario del sindicalismo combativo, los movimientos sociales organismos de derechos humanos, ambientales y de género, entre otros.

La movilización del 20 además desafió el megaoperativo represivo de Bullrich y su protocolo antiprotesta que buscaba amedrentar al conjunto de la población. El éxito de la jornada favoreció los cacerolazos de ese mismo día en donde se podía leer en distintos carteles y escuchar en las canciones la necesidad del paro general.

La burocracia del PJ apostaba a la negociación

Las primeras declaraciones de la CGT y algunos de los máximos burócratas gremiales fue la de que era necesario esperar, que al gobierno nuevo “había que dejarlo caminar” y ante los primeros anuncios, Omar Plaini (canillitas) aclaró: “si hay algo que es el movimiento sindical argentino es racional, responsable”.

Luego de la marcha del 20 y los cacerolazos tuvieron que sacar una iniciativa para intentar descomprimir y negociar: una concentración en la plaza tribunales para acompañar una cautelar contra el DNU. Intentaron controlar la movilización llevando solo “cuerpos orgánicos” pero la plaza estuvo desbordada con una gran presencia del espacio multisectorial independiente que alzó la bandera exigiendo el paro general activo y plan de lucha.

El logro del Paro

La burocracia sindical tuvo su reunión confederal en un contexto político que no le dejó más margen:

1. Una presión enorme por abajo que le produjo elementos de desborde,
2. Un espacio indepeniente con mucho peso que levantaba un programa de lucha alternativo,
3. Descontento social en aumento y
4. Poco margen de negociación.

Esta combinación ya está desarrollada en otras notas de este periódico aunque quisiera detenerme en el segundo punto.

Amplias franjas de trabajadores de vanguardia vieron con mucha simpatía el rol jugado por los sectores combativos y la izquierda desde el inicio del proceso de enfrentamiento al proyecto Milei el 20 de diciembre y en cada paso siguiente. Expresando un programa que empalma con estos sectores. Esta realidad ejerce una presión adicional para la burocracia que viene de una crisis muy grande por todas sus traiciones. El desprestigio y la falta de un soporte sólido que hubo de tener históricamente ya no es tal. Este fenómeno que fue el característico de los últimos años puede pasar de su fase esencialmente negativa a una positiva. Es decir, la decepción que corroe desde hace tiempo las bases de las centrales sindicales puede encontrar una alternativa clasista y combativa concreta.

En este contexto, la CGT largaba el paro con movilización para el 24 de enero, sin margen para hacer otra cosa a sabiendas de que no podrá regimentarlo como quisiera. Todavía guarda en la retina el desborde y el simbólico robo del atril en el 2017

Garantizar un fuerte paro

Es evidente que la burocracia tanto de la CGT como de las CTAs no van a impulsar hasta el final el paro y por eso mismo es clave seguir haciendo esfuerzos para prepararlo por abajo, con recorridas por los sectores de trabajo, volanteos, asambleas, debates en los grupos del trabajo y todo lo que esté a nuestro alcance.

En los gremios de la CTA en donde hay un ataque directo sobre todo con trabajadores del estado es clave fortalecer convocatorias y acciones aprovechando el paro general más global y retroalimentando las medidas del sector. Hay que seguir debatiendo la necesidad de profundizar y radicalizar las medidas en contra de los despidos, el congelamiento salarial y la quita de derechos tan brutal que ya están aplicando. Aprovechar toda la bronca que hay por abajo para desarrollar una gran acción el 24. Armar asambleas en cada lugar de trabajo para ir a un paro contundente a la vez que se siga desarrollando la exigencia de un plenario general de afiliados y no afiliados para discutir un plan de lucha escalonado. Es clave el debate, combatir el temor que infunden, la adaptación al protocolo antipiquete y las acciones testimoniales que se vienen convocando desde las direcciones de estatales.

Retomar los contactos e intentar convocatorias con docentes que están en período de receso escolar para organizar a este sector tan importante que tiene un ataque directo, pretenden declarar servicio esencial y que también se lo pretende estigmatizar con el objetivo de ganar base social en su contra.

En los gremios de la CGT convocar o exigir asambleas en cada lugar de trabajo, explicar profundamente el proyecto de Milei y el atropello que significa a los derechos laborales, salariales y democráticos de los trabajadores. Combinar esto con el planteo de reapertura de paritarias y aumentos salariales inmediatos para poder hacer frente al terrible deterioro de nuestro poder adquisitivo.

Aprovechar los espacios comunes para poder fomentar la discusión sobre todos estos temas y hacer de cada uno de esos momentos reuniones para potenciar el paro y también la perspectiva y la necesidad poner en pie un plan de lucha.

El poder de la clase obrera

El 24 entra el movimiento obrero organizado. Desde el siglo pasado que no hay una convocatoria a paro activo por parte de todas las centrales sindicales. Este dato por sí solo muestra la trascendencia que va a tener el paro y la urgencia del debate de su preparación y acción. La cultura del paro activo ya ha pasado varias generaciones de trabajadores que directamente no la han vivido. Sin embargo, esta es una enorme oportunidad para desarrollar esta experiencia masiva y colectivamente, como nuevo punto de apoyo para fortalecer la lucha y su continuidad.

El paro como acción independiente de la clase trabajadora pone en tela de juicio un problema central: quien es la clase que produce la riqueza y, por lo tanto, cual es la clase imprescindible. Este tema no es menor y por eso mismo la burocracia cómplice siempre intenta no convocarlo y la clase dominante sufre la vivencia de perder el control de su fuente de privilegios: la explotación y apropiación del trabajo ajeno.

Esta es la realidad de un paro y su fuerza inherente y deja totalmente claro que la fuerza social de la clase trabajadora es determinante. El ingreso de la clase laburante con sus métodos en la lucha por derrotar el plan de ajuste de Milei es un salto de calidad.
Es por eso mismo que el país y el oficialismo hoy está corriendo contrarreloj para intentar acelerar los tiempos del debate parlamentario para anotarse algún porotito mínimo antes de la medida de fuerza. Por más que se hagan los bravucones, la realidad es que el anuncio del paro está condicionando hasta la propia agenda del presidente.
Sin embargo, es necesario decir que la resolución de la Ley bondi, el DNU y el protocolo antiprotesta será derrotado con acciones en la calle y no en el parlamento que se encamina a pasarlo con modificaciones.

La burocracia intenta sacarse la responsabilidad de encima y subordina la acción de los trabajadores deliberadamente sobre el parlamento tratando de preparar el camino para una justificación legalista en caso de que pase. La realidad es al revés: la resolución del conflicto está en el movimiento independiente de la clase trabajadora con el acompañamiento de todos los sectores sociales y este es el hecho de donde sale la presión para todos lados.

Es altamente probable que el 24 sea un punto de inflexión importante y factiblemente marque una nueva dinámica en esta pelea abierta y en pleno desarrollo, pero por eso mismo aunque importante es un paso o una batalla más y por lo tanto toca…

Seguirla hasta ganar

Hay posibilidades de derrotar el ajuste. Las acciones que describimos más arriba desde los diez días de gobierno y ahora el ingreso de la clase obrera en escena con la existencia de un paro general a menos de dos meses de gobierno constituye una prueba de esto. Pero es una pelea abierta en donde está claro que el gobierno va a intentar llevarse todo por delante.

Por eso es necesario profundizar esta pelea hasta el final con un plan de lucha contundente, sin ambigüedades y con determinación. Con la determinación de reventar este proyecto autoritario de la libertad avanza. Es necesario seguir presionando por este rumbo y es por ello muy importante que también en este paro exista un espacio multisectorial que en unidad y bajo la consigna de “plan de lucha hasta derrotar el ajustazo de Milei y el FMI” se presente nuevamente de manera independiente.

Desde ANCLA la corriente sindical del MST vamos a poner todo nuestro esfuerzo colectivo en imprimir este rumbo y en ese camino fortalecer la perspectiva del desarrollo de una nueva dirección sindical y política para de una vez por todas terminar con esta agonía y malaria tocándole los intereses a los mismo vivos de siempre que se enriquecen a costa de nuestro trabajo y explotación.

Apenas un mes después de la asunción del liberfacho, estamos preparando un parazo general que le arrancamos a la CGT y demás centrales que durmieron la siesta dutante años. La participación en una movilización que promete ser multitudinaria.
La reunión realizada fue superior a las anteriores. Se sumaron nuevos sectores que reflejan parte de los diferentes procesos de lucha contra el paquete reaccionario, entreguista y antiderechos de Milei. Fue un paso muy importante en la coordinación de los sectores sindicales combativos, los movimientos sociales y la izquierda, junto a nuevas expresiones como las asambleas y el movimiento en defensa de la cultura y decenas de sectores combativos que están por radicalizar la pelea.

Se reafirmó que el ataque es global a los trabajadores, los sectores populares y capas medias y que hay una disputa abierta. La dirigencia sindical se vio obligada a convocar, pero queda a las claras que pretende limitar la medida al lobby parlamentario, con legisladores que están transando en la trastienda y a depositar confianza en fallos judiciales que han salido como producto de la presión popular.

Una fuerte delegación del MST/FIT Unidad, ANCLA y el Teresa Vive, hicimos parte en los debates. Con delegaciones de ATE y Suteba, CICOP, la Bordó de Sanidad, APyT Garrahan, ALE, Jubilados de Izquierda, centros de estudiantes, CADHU y compañeros que fueron parte de las representaciones de asambleas barriales y el movimiento Unidos por la Cultura, entre otros. Todos los que intervinimos fuimos claros: esta pelea se dirime en las calles. Y para ello el paro general del 24 no puede ser una medida aislada. Se necesita la continuidad con un plan de lucha escalonado hasta tirar abajo este plan antiobrero. Y la mayor unidad de acción, articulando sectores y radicalizando la lucha en las calles. La experiencia de articulación multisectorial, de la izquierda y los sectores combativos, de la columna que marchó por Diagonal Norte de la marcha del 20 se demostró correcta. Por ello muchos sectores se sumaron a esta convocatoria colectiva en Ademys, superando visiones unilaterales y sectarias y abonando a la mayor unidad. Para plantar en 24 un claro polo que levante el reclamo de la continuidad y de la necesidad de tirar abajo todo el paquete de Milei, Bullrich y el FMI.

Reproducimos el comunicado que consensuamos los convocantes a la reunión.

Comunicado

Más de 200 dirigentes y referentes de organizaciones sindicales combativas, sociales, piqueteras, culturales, asambleas vecinales, de ddhh, ambientalistas, de jubilados, de mujeres, estudiantiles y partidos de izquierda nos reunimos en la sede de Ademys.

Allí resolvimos:

Llamar a garantizar el paro nacional del 24 de enero y la gran movilizacion a Plaza Congreso.

Participar bajo la consigna de “Plan de lucha hasta derrotar el ajustazo de Milei y el FMI”, el DNU, la ley Ómnibus, el Protocolo represivo de Bullrich y todo la ofensiva patronal.

Con este planteo impulsar una gran columna independiente, combativa y unitaria de todos los sectores que coincidan.

Participar en la columna independiente con una cabecera común donde estén representadas todas las organizaciones convocantes.

Al finalizar el acto de la CGT, nos uniremos todos los sectores que adhieren a esta política para desconcentrar marchando en una gran columna independiente unitaria.

Impulsar también el día 24/01 en las horas posteriores al acto de la CGT a un gran cacerolazo nacional.

Además se resolvió que el día en que sesione la cámara de diputados para tratar la Ley Ómnibus, llamamos a concentrarnos frente al congreso para exigir su rechazo total.

También se resolvió participar del plenario
del 20/01 en la sede del SUTNA en Ezeiza para llevar esta propuesta y garantizar una gran columna independiente unitaria.

Preparar una conferencia de prensa para difundir estas resoluciones. Y volver a convocarnos en la primera semana de febrero para evaluar nuevas acciones.

Mucho debate ha generado el DNU de telecomunicaciones, pues establece como servicios públicos, esenciales y estratégicos a la telefonía celular, la telefonía fija, el Internet y la televisión paga; al tiempo que suspende el aumento de precios o modificación de los mismos hasta el 31 de diciembre. El titular presentador intenta ser prometedor, pero la realidad, como tantas otras veces, si se la ve a luz de la realidad, no propone ningún cambio sustancial. Es un nuevo y falso relato que no modifica nada de fondo.

Inflación, brecha tecnológica en pandemia y tibias medidas

El 2019 llegó a su fin con una inflación anual del orden del 54%, un porcentaje fatal, pero en el 2020 la inflación también vino golpeando fuerte, es decir, va aumentando de manera importante mes a mes. Esta situación afecta directamente la canasta tecnológica, ya que en 2019 el rubro telecomunicaciones registró mayores aumentos incluso que el de alimentos y bebidas, hubo meses que hasta lo cuadruplicó respecto al año anterior. Una familia en Argentina puede gastar aproximadamente $8000 pesos en telefonía celular, internet y televisión, mientras el salario mínimo vital y móvil es de $16.875.

Queda claro que, para este momento histórico, las herramientas tecnológicas son una necesidad básica, sin embargo, existe una brecha gigante entre quienes pueden y no pueden acceder a ellas. En medio de la pandemia, está brecha tecnológica se puso en evidencia, en las familias trabajadoras en general que han visto disminuir sus ingresos para afrontar estos servicios, y especialmente en el sistema educativo donde la virtualidad forzada para aproximadamente 14 millones de estudiantes, sus familias y miles de docentes ha generado condiciones para la expulsión masiva, sobre todo cuando casi el 60% de la población no tiene acceso a una computadora y el 20% no tiene acceso a internet, según el INDEC.

El teletrabajo, también se profundizó en medio de esta pandemia, son en promedio 2 millones de teletrabajadores en la Argentina, quienes tienen que hacerse cargo de los gastos de la energía, el internet y las condiciones físicas. Si bien la reciente Ley de teletrabajo establece la compensación por gastos y se supone que las empresas deberían hacerse cargo de una parte, deja en consideración de las patronales y los convenios colectivos de trabajo en manos de la burocracia sindical, el monto a pagar, por lo cual el trabajador sigue pagando de su salario un porcentaje importante de servicios como la luz, el internet y la telefonía cuando deberían ser una responsabilidad de las empresas.

En medio de estas condiciones llega este DNU de forma tardía, después de que se les garantizó a las empresas aumentos exorbitantes entre el año pasado y estos últimos meses. Es decir que primero aumentan mucho los servicios y luego anuncian por solo 4 meses el congelamiento de las tarifas, lo cual no es suficiente siendo la canasta tecnológica una condición básica para la garantía de la educación y el trabajo. Esta medida, como puede verse, está muy lejos de hacer “esencial” a las telecomunicaciones.

Si es esencial, que se estatice con control social y de sus trabajadores

El DNU salió a pesar de las protestas y maniobras por derecha de Juntos por el Cambio, de las pataletas de grupos corporativos internacionales y otros como Clarín, un conjunto de grandes empresas del sector beneficiadas los últimos años con el triple play y otros negocios. Desde ya repudiamos el accionar de todos estos sectores, quienes se oponen incluso, a medidas tan parciales e insuficientes como la actual.

Como en muchos temas, el gobierno no pasa de un relato parcial, para que en el fondo nada cambie. Congelar tarifas unos pocos meses es casi elemental, aunque ya el precio actual es impagable para millones de asalariados que vieron incluso reducir sus ingresos durante la pandemia. Hay que retrotraer las tarifas al 2019 y con tarifa social para desocupados y jubilados. Y, sobre todo, hay que cambiar todo el modelo. Si es una cuestión esencial no puede estar en manos de corporaciones privadas que solo piensan en sus negocios. La única salida, en medio de la crisis económica que se está profundizado y donde la canasta tecnológica es un servicio vital para toda la población, pasa por estatizar bajo control de trabajadores y usuarios estos servicios básicos y esenciales, pues esta es la única forma de garantizar acceso universal y de calidad.

Escribe: Gerardo Uceda

Hace unos días Kristalina Georgieva, titular del FMI, reconoció que el mundo está «técnicamente» en recesión. Su mensaje nos exime de dar datos que sobreabundan. Lo que discuten en las altas esferas capitalistas es cuán profunda será esa recesión, cuánto durará y qué medidas tomar para salir ellos lo más rápido posible de la misma.

Como ellos sólo pretenden salvar sus ganancias, su respuesta es sencilla: salvar a las empresas y bancos con toneladas de dólares, volver a la producción, intentar reactivar el consumo y poco más. Lógicamente tienen matices, desde los que opinan como Bolsonaro o Trump que los mayores se tienen que dejar morir en masa y los trabajadores ir a trabajar aunque mueran, hasta otros que disimulan sus verdaderas intenciones viendo cómo salir de las cuarentenas y figurando preocupación social con algunos paliativos. En realidad la solución es otra: dar subsidios masivos y alimentos a toda persona que lo necesite hasta que se pueda superar la pandemia, a costa de gravar fuertemente a los ricos. Desde ya, ni unos ni otros aceptan afectar a su propia clase.

La coyuntura nacional

La economía de nuestro país ya estaba en una fase pre-terminal, con 12 años sin crecimiento y más de 2 años de recesión continua. La deuda externa es impagable, cercana al 100% del PBI, y con vencimientos acumulados en los próximos dos años imposibles de afrontar.

Alberto buscaba negociar cómo pagar todo, aunque antes en su campaña criticaba la fuga de capitales permitida por Macri. Sólo le pedía al FMI poder «crecer para pagar». Apenas mencionaba alguna quita y apostaba a estirar los plazos de pago.

Mientras el riesgo país se fue a las nubes y se derrumbaba el valor de los bonos argentinos hasta menos del 20% de su valor real, empezaban las rondas de negociaciones por la deuda pero cuando el mundo se tiñó de coronavirus, cambió todo. Fernández aprovechó la oportunidad para decir que su gobierno priorizaba la salud por sobre la economía y cosechó algunos puntos de rating con esta posición, frente a la del impresentable Bolsonaro y otros. El riesgo país ya no le interesaba a nadie y las negociaciones de la deuda pasaron a un segundo plano.

Pero la economía es tirana, las ventas de todo lo que no sea alimentos y alcohol en gel se desplomaron, ni el petróleo a precio de liquidación logra hacer funcionar las fábricas y la caída del PBI en vez de ser del 1,3% llegará al 4.5% o más. Con una recuperación incierta para dentro de al menos dos años.

La cuarentena obligatoria como única llave maestra ha generado un sinfín de complicaciones en el plano económico y AF lo sabe. Con casi un 50% de trabajo informal, millones no comen si deben quedarse en su casa sin trabajar. El aumento de la conflictividad social desvela al gobierno. Las empresas reclaman subsidios, rebajas de impuestos o amenazan con cerrar y ya despiden o suspenden. Las grandes como las automotrices como GM, que podrían pagar cuatro años de sueldos sin perder, rápidamente acordaron con SMATA bajarlos un 30-40% y ya amenazan con despidos y suspensiones masivas. La recaudación fiscal se viene a pique y los gastos públicos subirán por la pandemia.

Las medidas del gobierno

Son claramente insuficientes, tanto en el plano sanitario como en el social y económico. Aunque correcto, centrar en la cuarentena sólo trata de ralentizar la curva de contagio y enfermos para que nuestro deteriorado sistema de salud pueda absorberlos. Sin embargo ya con menos de mil casos sobran los ejemplos de falta de insumos, que van desde barbijos y guantes hasta respiradores y kits para testeos. Imaginemos lo que pasará si los contagios alcanzan la magnitud de España o Italia…

Los subsidios de $ 10.000 al mes están pensados para unos 3,5 millones, pero lo han pedido casi diez millones de personas y no alcanza ni para comer 15 días. El bono extra de $ 5.000 por mes para los trabajadores de la salud parece una broma macabra, en la que los mandan a atender sin la protección adecuada con una limosna en el bolsillo durante cuatro meses. Tampoco alcanza con postergar los pagos de impuestos y servicios o congelar los alquileres por 180 días. Si realmente estamos «en guerra contra el virus», entonces pongamos todos, absolutamente todos, los recursos económicos del país al servicio de derrotarlo y proteger al pueblo.

Propuestas socialistas

Ya no somos sólo desde la izquierda, sino también el director de la OMS o el ex ministro Rubinstein los que afirmamos que la cuarentena no alcanza y que para salir de la misma y tener un panorama real del espectro completo del contagio hay que realizar test masivos, para focalizar los recursos en los contagiados y poder liberar con mayor seguridad a los que no. Dicen que llegaron 31.000 test, cuando Alemania testea 160.000 por semana. También hay que unificar toda la salud, pública y privada, en un sistema único bajo control estatal para optimizar los recursos, triplicar el presupuesto en salud para que no falten los insumos, etc.

Y desde el punto de vista económico, hay que suspender todo pago de la deuda, prohibir de verdad los despidos y suspensiones, con expropiación bajo control obrero de las empresas que incumplan. Sostener el 100% de los salarios de cada trabajador/a. Y asignar un verdadero subsidio que cubra la canasta familiar a toda persona que trabaje en forma precarizada o cobre un plan social o jubilación. Hay que aplicar la ley de abastecimiento que impida el acaparamiento y desabastecimiento en los súper y controlar los precios máximos. Renacionalizar ya todas las empresas de servicios para que el Estado pueda suspender las facturaciones y cortes que siguen produciendo las privatizadas. El dinero para afrontar estos gastos saldrá no sólo del no pago de la deuda externa, sino de impuestos progresivos a las corporaciones que vienen haciéndose cada vez más ricos mientras el pueblo y el país se empobrecían. La magnitud de la catástrofe económica por la pandemia no deja lugar a medias tintas.

Despidos: teníamos razón, pero el DNU no alcanza

Cuando desde la izquierda proponíamos prohibir los despidos, desde el gobierno y el Frente de Todos nos decían que era imposible, utópico, infantil y otras descalificaciones. Pero la bronca popular que generó el anuncio de 1.450 despidos en Techint obligó a AF a dictar preventivamente su DNU 429, que prohíbe los despidos y suspensiones por dos meses. O sea, teníamos total razón en nuestra propuesta, que la crisis y la bronca volvieron «posible». El problema es que el flamante DNU tiene más efecto mediático que real:
1) En vez de ser sólo por 60 días, debería ser retroactivo al inicio de la pandemia y mantenerse hasta salir de la crisis económica recesiva.
2) Al no incluir ningún mecanismo de protección inmediata del trabajador ni ninguna sanción a la empresa que incumpla, muchas despedirán igual y así obligarán a ir a juicio, o sea a esperar meses sin cobrar y sin ninguna garantía de cobrarlo.
3) Al excluir de la prohibición a los despidos relativos al art. 223 bis de la Ley de Contrato del Trabajo, deja librados a los trabajadores a los pactos entre la patronal y la burocracia sindical.
4) Aunque los considerandos del DNU hablan de la «seguridad de los ingresos», no prohíbe las rebajas salariales, mecanismo que están usando muchas patronales para descargar los costos de la crisis sobre la clase trabajadora.
Debemos seguir reclamando una medida de emergencia laboral, para defender en serio y de manera efectiva los puestos de trabajo.

Pablo Vasco y Guillermo Pacagnini