Cele Fierro agregó: “Con enjuiciar a algunos policías no alcanza, porque la responsabilidad política de estas muertes injustas es de Bullrich y el aparato del Estado. Los jóvenes de nuestro país necesitan un plan urgente de inclusión educativa y laboral, no gatillo fácil ni represión policial.”

Todavía internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, Rocío Guagliarello (13) se recupera lentamente. Sus compañeros de escuela y amigos Danilo Sasone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), que habían salido con ella a dar una vuelta, ya no viven. Sus últimos videos desde el auto los muestran a todos felices, cantando…
La primera versión de la Policía Bonaerense sobre el hecho fue que hubo un “accidente de tránsito” luego de que los chicos “escaparan a toda velocidad” de un control policial. También se intentó instalar que se habían negado a identificarse o que habían robado. Pero pronto los vecinos fueron desarmando todo ese mentiroso montaje oficial, que incluyó amenazas, intento de coimas al chofer del camión y ocultamiento de pruebas: contaron que habían oído disparos y empezaron a mostrar videos y audios. A las pocas horas terminó surgiendo la verdad de manera irrefutable: no hubo ningún control ni escape, sino que la cana decidió perseguir y balear a los chicos.

“Se sabía, los mató la policía”

Desde el otro día de las muertes, el 21 y los días siguientes, en la hasta ahora tranquila localidad bonaerense de Monte cientos de personas, amigos y compañeres de los chicos asesinados, vecinas y vecinos salieron a las calles con dolor e indignación. Frente a la Municipalidad y luego ante la comisaría local, repudiaron la masacre policial y exigieron justicia.
El viernes 24, en Buenos Aires, organismos de derechos humanos, familiares de víctimas del gatillo fácil y organizaciones de izquierda confluimos en una movilización conjunta desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo. Participó un grupo de familiares, amigos y vecinos de los pibes de Monte. La columna del MST la encabezó Cele Fierro.
El viernes 31 hubo otra importante marcha unitaria en La Plata, de la que también participamos. Salió de Plaza Italia, pasó por Tribunales y terminó con un emotivo acto ante la Gobernación, en donde familiares de los chicos de Monte denunciaron la responsabilidad política de Vidal y su secretario de seguridad Ritondo.

Investigación y castigo

Fruto de toda esta movilización popular y también del repudio nacional que despertó la masacre, ya hay 12 policías detenidos, así como el secretario de seguridad de Monte, a la vez que fueron pasados a retiro seis comisarios generales de la cúpula de la Bonaerense.
No obstante, la investigación judicial debe ir bastante más allá del tiroteo mortal y por eso es necesario que los familiares y los organismos de derechos humanos tengan una participación directa en la misma. Por ejemplo, en audios de Whatsapp enviados por dos policías el mismo 20 poco después de la masacre, se dice que: “el Pipi y otros más estaban bajando droga (…) y los chicos cruzaron y lo vieron. Y los sacaron a correr porque estaban bajando droga”.
El “Pipi” es el ex jefe policial de calle, Héctor Ángel, acusado por muchos vecinos de Monte por transa, coimero y separado hace poco de la fuerza junto a otro agente por infracción a la Ley de Drogas. Si la propia ministra Bullrich mencionó “una trama más profunda”, ¿no será que los chicos fueron testigos involuntarios de una transa narco-policial y por eso los persiguieron y les dispararon?
Asimismo hay que desnudar a fondo toda la cadena de encubrimientos de la masacre, incluido el más que ambiguo rol de la intendenta massista Sandra Mayol.

Doctrina Chocobar = muerte

La relación es directa. Desde hace rato el gobierno nacional, por boca de Macri, Bullrich y otros altos funcionarios, viene bajando línea explícita a las fuerzas policiales y de seguridad de salir a disparar frente a cualquier circunstancia. También sectores del PJ y el massismo alientan la “mano dura”.
Esa es la concreción lisa y llana de la llamada doctrina Chocobar -el policía que mató a un delincuente en el piso e indefenso-, la Resolución 956/18 que habilita el uso discrecional de armas de fuego y el proyecto oficialista de reforma del Código Penal para bajas la edad de imputabilidad y legalizar los actos de represión, entre otras medidas. Con la “seguridad” como excusa, fortalecen el aparato represivo para coartar las protestas populares y endurecer el control social.
Además, que un policía le haya dicho a la mamá de Danilo, cuando fue a reconocer el cuerpo, “para qué tiene tantos hijos si no puede cuidar a uno solo”, o que otros dos canas llamativamente hayan intentado “visitar” a Rocío en el hospital, es parte de esa misma impunidad represiva que ha crecido notoriamente con el gobierno macrista.

Cómo lograr seguridad

En primer lugar, si este gobierno beneficia descaradamente a sus amigos empresarios, hambrea al pueblo e hipoteca el país; y si el gobierno anterior estuvo plagado de corrupción, ¿qué ejemplo de conducta se les da a las nuevas generaciones, al millón y medio de jóvenes “ni-ni” al que le roban toda perspectiva de futuro? Sobre una base de desigualdad social creciente, gobernantes que suben al poder sólo para ajustar al pueblo trabajador y enriquecerse son el primer gran delito a combatir. Por eso, junto a cambiar el modelo económico, proponemos un plan de shock de inclusión educativa y laboral juvenil.
La policía, Gendarmería y demás fuerzas son parte del problema: hace falta depurar de ellas a todos los jefes y agentes vinculados con hechos de corrupción o represión. Junto con eso, una seguridad realmente democrática debe ser esencialmente preventiva, tener prohibido por ley reprimir protestas sociales, elegir a los comisarios por voto popular y con cargos revocables, poner las comisarías bajo el control de organismos de derechos humanos, promover la autodefensa vecinal en los barrios y reconocer el derecho a la sindicalización policial. Lo demás es todo verso.

Pablo Vasco, CADHU-MST

La inseguridad es un problema muy grave, claro está. ¿Cómo no va a haber inseguridad, si con este gobierno los puestos de trabajo y los salarios son más inseguros que nunca? ¿Cómo no va haber inseguridad, si la violencia de género es moneda corriente y hay un femicidio cada 30 horas? ¿Y cómo no va a haber inseguridad, si este plan de ajuste y entrega produce cada día más desigualdad social y exclusión, que son las causas básicas que hacen crecer los niveles de delincuencia?
Pero la medida del gobierno tiene otros objetivos. Por un lado, Macri sabe que su ajuste no pasa sin represión y por eso habilita el accionar represivo, autorizando incluso a disparar por la espalda. A la vez, efecto Bolsonaro mediante, el gobierno se juega a que sus medidas punitivistas y xenófobas de derecha le permitan sumar votos. Lamentablemente, muchos trabajadores y sectores medios creen que la mano dura puede resolver algo. Muy por el contrario, como ya lo demostró el fracaso de las leyes Blumberg, sólo traerá más inseguridad.

Nuestras propuestas

Lo primero es enfrentar este ajuste, que genera más delito. Y la xenofobia no va: según la propia justicia el índice de delictividad de los extranjeros es igual al de los nativos. Un plan económico distinto, en beneficio de las mayorías, debe incluir un plan de shock con becas educativas y primer empleo juvenil. Más de un millón de adolescentes ni-ni, que no estudian ni trabajan, es mano de obra barata para que la recluten las redes del delito.
Pero esas redes del delito económicamente organizado no podrían funcionar sin el amparo de comisarios, jueces y punteros. ¿O acaso detrás de cada pibe que afana un auto no hay un “comi” que regentea un desarmadero? Más cana no es solución: la cana es parte del problema. Por eso proponemos elegir los comisarios, jueces y fiscales por voto popular, revocables si no cumplen, para que les tengan que rendir cuentas a los vecinos y no dependan del poder político.
En cuanto a la policía y las fuerzas de seguridad, se debería prohibir por ley la represión a los reclamos populares. Además, hay que depurarlas de todo agente implicado en hechos de represión o corrupción. Y permitir la sindicalización policial, para poder reclamar por sus derechos y denunciar a los jefes corruptos sin temor a represalias.
Asimismo, hay que terminar con las razzias y la militarización de zonas enteras. Establecer un control de los organismos de derechos humanos sobre las comisarías y todo el accionar policial. Y promover la auto-organización vecinal para garantizar la seguridad en los barrios populares.

Pablo Vasco,CADHU-MST

Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Desde el EMVJ nos movilizamos hoy a esta plaza histórica, frente al presidente Macri como máximo responsable político, para decir bien fuerte: No a la doctrina Bullrich, No al gatillo fácil y la represión.
Con la falsa y ambigua excusa de un supuesto “peligro inminente”, la Resolución 956 del Ministerio de Seguridad que comanda la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón habilita a las fuerzas de seguridad federales a disparar sus armas de fuego, con total impunidad y discrecionalidad, contra personas desarmadas. Es, lisa y llanamente, autorizar a dichos agentes armados a hacer al mismo tiempo de juez, parte y verdugo.
Esta medida profundamente autoritaria y antidemocrática es el más reciente acto del gobierno nacional de Cambiemos en su permanente ofensiva en busca de intensificar la represión y el control social en todo el territorio. Tan brutal es dicha medida que hasta generó críticas en la propia coalición gobernante.
A la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y el lanzamiento de la llamada “doctrina Chocobar”, en julio pasado se les sumó el Decreto presidencial 683 que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interna.
Y a los recientes asesinatos de Rodolfo Orellana y Marcos Soria por las policías bonaerense y cordobesa, al endurecimiento de la criminalización a los que luchan y la injusta prisión de Daniel Ruiz, Milagro Sala y demás presos por luchar, Macri les suma los proyectos de reforma de códigos procesales penales y del Código Penal para reprimir a los sectores más vulnerables, los trabajadores, las mujeres, la juventud y demás protestas sociales.
Ante esta ofensiva represiva al mejor estilo del ultraderechista Bolsonaro, una vez más reivindicamos el derecho elemental de nuestro pueblo a luchar contra el hambre y la desocupación, como en Siam, Cresta Roja, Interpack y otras luchas; contra los tarifazos y todo el ajuste que pretenden imponernos Macri y sus cómplices políticos y sindicales.
La reunión del G20, la sumisión a las corporaciones, al FMI y al pago de la deuda externa son parte de ese ajuste capitalista e imperialista que repudiamos. En pocas palabras, nos quieren ajustar, hambrear y saquear, y no sólo sin derecho a protestar sino además bajo amenaza de bala.
Por esas razones nos oponemos de plano a esta nueva legislación de tinte fascista, que avasalla derechos y garantías democráticas que fueron conquistados con décadas de lucha popular.
En ese contexto, rechazamos la legalización directa del gatillo fácil que significa el nuevo protocolo de la ministra Bullrich. Bajo el gobierno de Macri, en menos de tres años el Estado argentino ya asesinó a más de 1.100 personas con el gatillo fácil y en lugares de detención, como los 10 jóvenes quemados en la comisaría de Esteban Echeverría, en un promedio atroz de más de una muerte por día.
Así como mediante la movilización popular logramos derrotar el nefasto beneficio del “2 x 1” a los genocidas, desde el EMVJ iniciamos hoy una campaña nacional de denuncia y llamamos a mantener la movilización en las calles, con la mayor unidad de acción, hasta derrotar la nefasta Resolución 956 de la ministra Bullrich y frenar la represión.

• Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Rodolfo Orellana y Marcos Soria.
• No al cierre de la causa Maldonado.
• Justicia por Lucía Pérez. Basta de femicidios y justicia patriarcal.
• Libertad a Daniel Ruiz, Milagro Sala y demás presos por luchar.
• No a la persecución a Sebastián Romero y demás manifestantes del 18 de diciembre.
• En defensa de todas las luchas.
• No a la doctrina Bullrich.
• No al gatillo fácil y la represión.

Sentencia caso Ana María Martínez: ¡Perpetua para Apa y Muñoz!

Guillermo Schilling, marido legal de Ana María y querellante; Carmen Metrovich, cuñada de Ana María; la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros; Vilma Ripoll y Mario Doglio, en la sentencia histórica para nuestra compañera del PST, desaparecida y asesinada por la dictadura en 1982.

]]> https://mst.org.ar/2018/12/04/armas-bodart-presentaremos-amparo-exigiendo-inconstitucionalidad/ Tue, 04 Dec 2018 20:17:42 +0000 https://mst.org.ar/?p=16382 Ante el nuevo reglamento sobre uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad, el dirigente Alejandro Bodart (MST) hoy expresó: “Bullrich habla de diferenciar el ‘bien’ del ‘mal’ y dice que los agentes a menudo no actúan por temor a represalias judiciales. Los datos la desmienten: su gobierno ostenta el triste récord de un joven asesinado por día a manos del gatillo fácil, el más alto desde 1983. Si ella y sus fuerzas son el ‘bien’, Hannibal Lecter es vegetariano. Es la imposición de la pena de muerte por reglamento, sin siquiera reformar el Código Penal y avasallando todos los derechos democráticos.”