Escribe: Nicolás Zuttión

En el mes en el que las altas temperaturas se comienzan a despedir, así como el verano, una nueva ola de calor azotó al país. Como consecuencia, se agravó la sequía que deja en terreno fangoso a la economía local, producto de la mala cosecha que se espera. En paralelo, las sensaciones térmicas que alcanzaron los 40°, siendo récord para un mes como marzo, dejaron a la vista de todos las consecuencias del cambio climático que se acelera. Pero, además, mostraron otra cara decadente del capitalismo argentino: el sistema energético en manos de las privatizadas.

Edesur y Edenor, de manera intermitente o de forma permanente por varios días, fueron la pesadilla de sus usuarios. Entre 100.000 y 150.000 personas se vieron afectadas por los cortes recurrentes de servicio, derivados de la desinversión de las privatizadas en infraestructura, que se vio colapsada en medio del calor infernal. Mientras tano Sergio Massa, la Secretaria de Energía, Flavia Royón, y el titular del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), Walter Martello, principales responsables por los cargos de gobierno que ocupan, nada hicieron para impedir que esta tortura continue. Así fue que las privatizadas, herencia neoliberal del menemismo, que mantuvieron todos los gobiernos hasta el momento, no dieron respuesta alguna.

En este artículo nos proponemos hacer un repaso de cómo llegamos hasta acá, la magnitud de la crisis energética y la consecuencia de las privatizaciones, ver la forma de actuar del Frente de Todos ante lo que ocurre hoy día, que sólo ha avanzado con una intervención testimonial (por parte de Jorge Ferraresi), y también analizar las propuestas de la oposición de derecha. Como último objetivo esbozaremos una propuesta para terminar con el mal de estas empresas privadas: la reestatización de las mismas bajo control de trabajadores, técnicos especializados y usuarios.

Breve repaso de las privatizaciones

A pocos días de un nuevo 24 de marzo no es en vano recordar que la última dictadura, que llevó a cabo el genocidio de Estado, fue también la que sentó las bases del neoliberalismo en Argentina. En ese marco, las empresas públicas fueron el principal foco que atacaron. El sector eléctrico, como se sabe, también fue víctima de esta maniobra.
El mecanismo para terminar con las empresas estatales, era hacerlas tomar deudas millonarias para desfinanciarlas y así provocar el colapso de los servicios prestados. Aquí el problema no era su carácter estatal, sino las administraciones gubernamentales que jugaban a vaciar las empresas, garantizando a futuro un negocio a los privados que luego vendrían a hacerse de las mismas por precios irrisorios. De esa forma durante los ´80 y ´90, con este mecanismo, alentado principalmente por organismos como el FMI y el Banco Mundial, se crea el consenso privatizador.

La estocada final se da en 1992. Para esa fecha, con las empresas totalmente quebradas, producto del gran endeudamiento y vaciamiento que mencionamos, se abren las licitaciones para privatizarlas. Esto se hizo con una característica particular en el campo de la industria eléctrica, que fue separar por completo los diferentes procesos: generación (producción de energía), transporte (vinculación de la producción con el consumo), y distribución (abastecimiento a los usuarios). En el caso particular de la empresa SEGBA, encargada de la distribución eléctrica en AMBA, el Gobierno cobró U$S 1.294 millones, mientras el Estado absorbió deudas por U$S 1480 millones. Una venta a pérdida, sólo entendible en los marcos de una de las tantas estafas de los gobiernos menemistas.
Es de esta manera que entran a jugar las actualmente conocidas: Edesur, Edenor y Edelap. Empresas que, contrariamente a la descentralización que promovía la reforma privatista en el sector, eran en gran medida de los mismos capitales extranjeros que también se hicieron de las empresas de generación y transporte de energía, generando una concentración en manos privadas de un servicio esencial.

Con subsidios y tarifazos, las privatizadas engordan sus bolsillos Desde los ´90 a esta parte, todos los gobiernos han mantenido el paradigma menemista: los servicios públicos como mercancía. Ya no se ven más los mismos como un derecho a garantizar, sino como un nicho para extraer ganancias. Es así que Edesur y Edenor, entre otras, durante los años que llevan de concesión, han tenido balances positivos de forma permanente.
Con tarifas garantizadas a precio dólar, algo firmado en la reforma privatista, han asegurado sus ganancias por la vía de los subsidios estatales o por la vía de los tarifazos. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, específicamente durante 2005 y 2015, Edesur y Edenor, se hicieron de parte de los subsidios que alcanzaron la cifra de 162 mil millones de dólares. Y, luego, durante el mandato de Mauricio Macri, como advertimos en otra nota anterior sobre el tema, las distribuidoras mencionadas aumentaron las tarifas, durante 2015 y 2017, cinco veces.

Y este es un mecanismo que no termina. Bajo el mandato de Alberto Fernández, por exigencia del FMI para alcanzar la meta del déficit fiscal del 1,9% durante este 2023, los subsidios en las tarifas tienen que ser extirpados. Sin embargo, este hecho para nada afecta a Edenor y Edesur, ya que, otra vez, se abre una ola de aumentos (en febrero alcanzó un 36%) para un servicio pésimo, producto de la desfinanciación empresarial.
Edesur y Edenor: privatizadas en la picota Comencemos por Edenor , hoy propiedad de los amigos del superministro Sergio Massa, es la que cuenta con más blindaje. Aunque responsable en parte significativa de los cortes de luz en diferentes partes del AMBA, la empresa de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, cumpliendo con la desinversión característica de las privatizadas, esta vez no ha sido siquiera penada con las multas irrisorias que suelen promover desde el ENRE. Sin embargo, desde que la empresa está en manos de quienes saben financiar las campañas del jefe del Frente Renovador, han visto multiplicar por dos el valor de las acciones que en 2021 compraron por US$ 100.000 millones.

La situación de Edesur, quien se encuentra en el foco de discusión por estos días, es la muestra cabal de que el modelo de las privatizadas no va más. Los italianos dueños del holding ENEL, dueño mayoritario de Edesur como de otras empresas en los diferentes rubros del negocio de la energía eléctrica, está en retirada del país y Latinoamérica. Ya ha vendido más del 75,7% del paquete accionario de la empresa de generación térmica Enel Central Costanera y el 41,2% de las acciones de la empresa de generación térmica Central Dock Sud. Se apronta ahora a hacer lo mismo con Edesur. A pesar de esta política de vaciamiento y retirada, el gobierno no le ha quitado la prestación del servicio público. Mientras, a costa de un servicio deplorable, la distribuidora eléctrica, según la Comisión Nacional de Valores (CNV), facturó $ 18,5 millones diarios en 2022.

Y, el colmo de los colmos, es que a estas empresas, a principio de año, el Estado les condonó una nueva deuda que tenían con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa). Por disposición de la Secretaría de Energía, aquella manejada por Royón, se dictaminó que: «En el caso de Edesur, la deuda al 31 de agosto era de $113.838 millones que bajaron a $66.366 sin los intereses. Una vez condonado parte del capital quedó en $47.225 millones que también abonará en cuotas y con plazo de gracia incluido».

Toda esta multiplicidad de estafas, con corrupción mediante, es lo que deja en claro, como lo han expresado los cortes de calle de los vecinos, que este modelo de las privatizadas necesita ser enviado al museo de las antigüedades.

La actuación del gobierno ante los cortes y las propuestas de la oposición

El Frente de Todos, ante los diferentes episodios de cortes que se han dado, no ha hecho nada que traiga una solución al problema. Desde que asumió hasta el momento, no ha efectuado, replicando el comportamiento de los gobiernos antecesores, fiscalización alguna al cumplimiento del servicio e inversiones por parte de estas empresas. A tal punto que han llegado a justificar cortes de luz, como el que sucedió en febrero, por presuntos atentados al gobierno. Este delirio, que fue esgrimido por Alberto Fernández en su momento, sólo esconde la connivencia con un sistema en decadencia.

Entre febrero y enero, a Edesur sólo le han aplicado multas que ni siquiera llegan a los $4.000 millones, cifra irrisoria al lado de la deuda que se le condonó y más aún si se tiene en cuenta todo el daño que le está ocasionando a los usuarios electrodependientes y a los que sufrieron pérdida de alimentos, medicamentos y roturas de artefactos.

La última decisión, que fue anunciada por Massa el lunes 20 de marzo, no cambia para nada la ecuación. Por 180 días el ENRE decidió la intervención de la empresa, con Jorge Ferraresi, actual intendente de Avellaneda, como el responsable de la tarea. La función de esta intervención será: «(…) fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de obras para mejorar el servicio». Pareciera un chiste, pero el ente regulador designa a alguien para la tarea que los funcionarios actuales no hacen y es su función, sin modificar un ápice la base del problema.

Desde el otro lado de la falsa grieta y los liberfachos, no hay mucha diferencia en lo propuesto para resolver la cuestión. Falsamente argumentan que el nudo central se encuentra en las tarifas «pisadas» y eso es lo que genera la escasa inversión empresarial. Y, de este modo, alientan un tarifazo superior al que se está llevando a cabo. Algo falso por donde se lo mire. Como demostramos, las empresas han tenido ganancias y las mismas han sido garantizadas por la vía de los subsidios o los aumentos que también ya mencionamos.

Bullrich, Larreta, Milei y compañía, al igual que el Frente de Todos, con distinta tonalidad discursiva, no hacen más que el mismo trabajo, resguardar el esquema menemista y privilegiar la ganancia empresarial antes que garantizar un derecho, como es contar con energía eléctrica.

Reestatizar con control social, lo demás es verso

Todas las propuestas mencionadas por el arco político pro patronal, no dan solución alguna al problema. Más bien forman parte del péndulo por el que ha pasado el sistema de las privatizadas, manteniendo un servicio decadente para los usuarios.
Ante la estafa de quienes advierten pérdidas de estas empresas, queda claro que si se exige la apertura de los libros contables van a quedar demostradas las cuantiosas ganancias, como los espurios negociados que han mantenido con los diversos gobiernos. Por eso, como lo han manifestado diversos vecinos en los piquetes en reclamo de la reactivación del sistema, la única salida ante la desinver-sión a la vista de todos es la nacionalización y estatización de las privatizadas, sin indemnización alguna. Medida que, además, se tiene que tomar en todo el sistema eléctrico de conjunto: en la generación, traslado y distribución. Todo el arco de la industria tiene que pasar a manos del Estado.
Pero, aclaramos, lejos de ser una estatización manejada por burócratas de cualquier gobierno, creemos que el manejo de la empresa tiene que ser ejercido por parte de los trabajadores, técnicos especializados y los mismos usuarios. Sólo por medio de gestiones de este tipo, democráticas y participativas, es que se van a poder evitar vaciamientos como en tiempos anteriores y asegurar las inversiones necesarias para establecer un servicio de calidad.

Contra el discurso posibilista de que no se puede avanzar en este sentido, exigimos políticas de soberanía energética. El falso argumento de estos sectores es que si avanzamos en el sentido propuesto, perderemos, seguramente, un juicio millonario en el CIADI. Claro, es así, por eso además de nacionalizar hay que romper con los tratados bilaterales que tienen a ese organismo como árbitro internacional. Si alguien tiene una deuda son las empresas como Edesur y Edenor que han estafado a los usuarios de manera recurrente.

Es con todas estas medidas que sostenemos desde el MST en el FIT-Unidad que la estatización es la salida al problema y la única garantía de establecer un modelo distinto, que privilegie las necesidades de la población y de un desarrollo productivo soberano anticapitalista, sin intromisión de organismos como el FMI, priorizando la garantía del servicio de luz como un derecho y no como un negocio.

El gobierno no es víctima, es responsable. El gobierno centró su explicación en que fue un boicot. El ministro de Economía, Sergio Massa (gran amigo de las privatizadas), presentó una denuncia judicial para que se investigue a los responsables del supuesto incendio intencional. Lo que realmente hay que investigar y denunciar es la responsabilidad política de los actuales y anteriores gobiernos de mantener el sistema de privatizaciones tanto en las generadoras como en las distribuidoras de energía, que se llenaron los bolsillos con subsidios del Estado y no invirtieron un peso en infraestructura ni en mantenimiento, cobrando tarifas altísimas para un mal servicio. El apagón dejó expuesta la vulnerabilidad de un sistema de transporte eléctrico jaqueado por un problema estructural que no es nuevo: las privatizadas, la negligencia política y la crisis climática.

Tarifazos, privatizadas y apagones, el cóctel del ajuste. El FMI le impuso al gobierno el recorte de subsidios, que alimenta el descontrol inflacionario e impacta en los hogares populares. Al tarifazo de febrero, que alcanzó el 36%, ahora se suman los del mes de abril y junio que en promedio llegarían al 60%. Luego del último apagón eléctrico -que afectó a 200 mil usuarios en el mes de febrero- el Gobierno multó por $1.000 millones a Edesur, pero acababa de perdonarle una deuda 66 veces mayor. A los vecinos que se movilizan por la falta de servicio se les responde con palos y represión, a las empresas que estafan al pueblo, se las rescata.

Crisis energética, crisis climática. Las olas de calor empiezan a ser recurrentes en nuestro país. La deforestación del bosque y monte nativo, los incendios en los Esteros del Iberá y en el Delta, la desprotección sobre los principales ecosistemas que son aliados para mitigar la crisis climática, los humedales y la orientación petro dependiente irracional alimentan nuevos récords de temperatura y sequía. Producto de la matriz energética a base de hidrocarburos y el aumento de CO2 en la atmósfera, el capitalismo ha convertido nuestro planeta en un gran invernadero. Científicos en todo el planeta alertan sobre la necesidad urgente de reducir los gases de efecto invernadero, dejar el petróleo donde está e iniciar una transición energética, porque la vida como la conocemos está cuestionada. Sin embargo, el presidente enfatizó en su discurso que el gobierno se pone como objetivo romper nuevos récords de producción de gas y petróleo, ya sea con las offshore, por Vaca Muerta o vía la apertura del gasoducto Néstor Kirchner. A esta orientación criminal hay que sumarle la falsa transición verde en el sector minero con el litio

Las privatizadas vs los privados de energía. La única salida es la estatización de la energía, el agua, el transporte y los residuos. Con la misma fuerza que defendemos la educación pública como un derecho social, tenemos que pelear para que los servicios públicos dejen de estar bajo la lógica de lo privado. El carácter público de los servicios nos garantiza mayor eficiencia, menor costo y acceso para todos. Al privado solo le interesa la ganancia, por ende al sector social y geográfico que no le es rentable, no le garantiza el servicio o le suministra un servicio precario, esto lo vimos durante la pandemia donde el agua, el internet o el transporte no llegaba a las villas y barriadas populares.

La eficiencia solo es posible con nacionalización y participación social. El modelo Milei de privatizadas ya fracasó, las ganancias no pueden estar por encima de la salud y el acceso digno para todos. Por eso es clave que la recuperación de los servicios públicos sea con participación y control de usuarios y trabajadores, única garantía para tener un servicio universal, económico y de calidad. No nos confundamos con las falsas nacionalizaciones que llevó adelante el PJ como fueron las AFJP, YPF y Aerolíneas Argentinas. Decimos que los servicios tienen que ser 100% estatales, sin capitales privados, sin trampas con Sociedades Anónimas, sin indemnización a quienes amasaron fortunas brindando el peor servicio y siempre con control popular. Que se estatice un servicio pero bajo la órbita de la clase política patronal argentina es sinónimo de negocio, corrupción, enriquecimiento y mercantilización.

El futuro colapso ya llegó, hay que dar vuelta todo. El gobierno actúa en consecuencia de la clase social que representa. Sabe que la única manera de encarar la transición energética es sobre la base de atacar los intereses del poder económico concentrado, es decir, bajo un proyecto anticapitalista. Para empezar hay que expropiar las principales corporaciones de gas, petróleo y carbón. La producción de estos insumos no puede estar en manos de contaminadores, ni corporaciones que se organizan por su ganancia. Hay que diversificar la matriz energética nacional, invirtiendo y dándole lugar a la producción de energías limpias. Los vectores solar, eólico y mareomotriz, aparte de tener un potencial ilimitado de abastecimiento, demandarían una gran cantidad de mano de obra. Esto debe ser acompañado por una planificación democrática de la producción sobre la base de las necesidades sociales reales y no bajo la anarquía de producción que genera la ganancia, ni la distorsión de consumo como efecto de la publicidad. Ninguna de estas iniciativas tiene limitantes técnicas que las impidan, su aplicación para la transición energética dependen únicamente de la voluntad política de los que gobiernan.

Escribe: Gustavo Giménez

Pese al alivio de unos días frescos que este loco y desequilibrado clima nos regaló, además del récord en la térmica que sufrimos en medio de febrero se batieron otros récords, esta vez de abuso y de bronca.

El del abuso de una empresa privatizada, a la que le importa poco que toneladas de comida y medicinas se hayan arruinado en las heladeras sin luz de los barrios populares, que miles de enfermos y ancianos, sin aire ni ventilador, no hayan podido bajar de sus departamentos en pisos altos, ni que no hubiera agua suficiente para beber y asearse. Y mientras los vecinos reclamaban, en el medio del corte, se da un nuevo aumento de tarifas. Edesur, junto a la otra distribuidora Edenor vienen reclamando aumentos del 260% para sus servicios.

El accionar de la policía de Larreta y de su licenciado ministro, amigote de los jueces de Lago Escondido, Marcelo D’ Alessandro, fue reprimir, golpear, perseguir con motos y meter presos a los vecinos, cuyo delito era protestar por tener, en medio de una fuerte ola de calor, el servicio eléctrico interrumpido, sin respuestas claras o solución del problema por parte de la empresa.

Finalmente los máximos responsables del desastre, los funcionarios y dirigentes del gobierno del Frente de Todos, protestaron contra la empresa cuya concesión sostienen hace años a pesar de un largo historial de incumplimientos, cortes y falta de inversiones. también protestaron contra la represión de Larreta. Protestaron… como si no tuvieran nada que ver.

Eso sí, después amenazaron con expropiarla, con comprarla a valor del mercado, con intervenirla, con terminar el abuso de la privatización menemista… para después retroceder en chancletas. Porque si desplazas a la empresa “te podés comer un juicio en el CIADI (1)” y te sale más caro, “porque si la intervenís tenés que hacerte cargo de la conducción operativa y no conviene”. En definitiva, de todas las “posibilidades abiertas” como anunciaba en tono adusto y amenazante la vocera presidencial Gabriela Cerrutti, se terminó en una módica multa de $ 1.000 millones y la devolución del importe de la última factura para los vecinos afectados, un mecanismo de reclamo y un monitoreo técnico a la empresa.

Esta fue la última decisión del superministro y presidenciable Sergio Massa, la Secr. de Energía Flavia Royón y el titular del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), el massista Walter Martello. Muy cara para los usuarios, muy barata para una empresa que no invierte, exige aumentos de tarifas y miente supuestas pérdidas mientras el gobierno le acaba de condonar $ 66.613 millones, el 58% de la deuda que tenía con la transportadora mayorista Cammesa, de un total de $ 113.838 millones.

Además, la empresa controlante de Edesur, la multinacional italiana de la energía Enel, acaba de vender otras compañías de generación eléctrica que posee en el país: el paquete accionario del 75,7% de la empresa de generación térmica Enel Central Costanera y el 41,2% de las acciones de la empresa de generación térmica Central Dock Sud, por un total de U$S 102 millones. Como parte de venta de sus activos en el país, a raíz de una reconfiguración de los negocios mundiales de la empresa transnacional, incluye la venta de Edesur, las líneas de transmisión CTM y TESA, la transportadora de energía de Yacyretá (Yacylec) y la cesión de su concesión de la hidroeléctrica El Chocón, cuyo contrato se vence en 2024, cuando debería regresar a la órbita estatal.

Edesur reabre el debate: qué hacer con las privatizadas

Desde la derecha liberal, de JxC o Milei, la solución es muy clara. No sólo hay que mantener las privatizaciones actuales, sino que hay que reprivatizar las concesiones ferroviarias, Aysa, el Correo Argentino o Aerolíneas Argentinas y cerrar directamente todas las empresas públicas deficitarias. Hay que lanzar fuertes aumentos de tarifas, al estilo de los mega tarifazos de los primeros años de Macri, eliminar todo tipo de subsidios estatales, y en todo caso subsidiar una demanda acotada, de sectores muy pobres o discapacitados, que expresamente lo soliciten. En resumidas cuentas, no van a hacer falta cortes de energía, Ud. mismo va a bajar la palanca de la luz porque no la va a poder pagar.

Dentro de tanto cinismo empresarial, durante el último corte en CABA. Larreta criticó al gobierno nacional por no controlar las inversiones que debía realizar Edesur. Un discurso electoralero, teniendo en cuenta la bronca de los vecinos, ocultando que el gobierno de Macri nunca controló nada, puso de ministro a Aranguren, un CEO de Shell, lo que es como poner al lobo a cuidar las gallinas, y, de paso, le dió una manito a su amigo empresario, el macrista Nicolás Caputo, quien es nombrado como uno de los posibles oferentes para hacerse cargo de la empresa.

Los responsables de Enel argumentan falta de regulaciones, tarifas retrasadas y cuantiosas pérdidas para justificar su decisión de no invertir e irse del país. Los analistas independientes señalan, en cambio, que los negocios regulados con el Estado nunca le dan pérdidas a las privatizadas. Las concesiones de Menem fueron por 90 años, restan 60 de concesión. Según un estudio de la UNA(2) las tarifas de electricidad entre 2015 y 2019 crecieron 7 veces en relación a los precios minoristas, sólo “entre 2015 y 2017 las tarifas de estas distribuidoras eléctricas (Edenor y Edesur) crecieron al menos más de 5 veces en dólares”. El retraso tarifario con respecto a la inflación del actual gobierno, fue a su vez, compensado con fuertes subsidios.

Un ejemplo del negocio que representa la distribución eléctrica en el AMBA se expresó con claridad con la compra de Edenor por parte de un grupo empresario amigo de Massa. Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, compraron la distribuidora eléctrica del norte de la Ciudad y el conurbano por apenas U$S 100 millones a inicios de 2021, hoy la acción ya vale dos veces y media el valor que tenía a la venta en esa fecha.

Tarifazos para cumplir con el FMI

Del lado del Frente de Todos existió cierto tironeo entre los sectores cristinistas, sin cambiar el esquema de privatizaciones menemistas que, salvo algunas excepciones, mantuvieron durante sus tres gobiernos. Preferían una política de sostener con subsidios –que pagamos todos con nuestros impuestos- a empresarios amigos o con los que se pudieran armar buenos negocios. Tenían discusiones con el ex ministro Guzmán, que, atento a los pedidos del Fondo, pretendía ajustes tarifarios para cumplir con las metas del FMI. Las diferencias fueron liquidadas en el acuerdo con Massa, que ya largó aumentos de tarifas, superiores incluso a las que el ex ministro reclamaba.

Así que ahora, en la meta de reducir subsidios para achicar y llegar a la meta de déficit fiscal del 1,9% del PBI, que para este año exige el acuerdo con el Fondo Monetario, las tarifas van a seguir subiendo. Se calcula que, en el 2022 con el enorme incremento de la energía por la crisis internacional y la guerra, estos aumentos produjeron que los subsidios energéticos sólo se incrementaran en un 8% y que el total de las subvenciones estatales bajaran un 0,4%. Si tenemos en cuenta que durante el periodo final del último gobierno de Cristina lo invertido en estos subsidios estribaba en un 4% del PBI, podemos ver la magnitud de los recortes y aumentos tarifarios en curso(3).

Esta reducción del déficit fiscal se ha convertido en la receta mágica para ordenar nuestra economía y pagar la deuda. Según Milei y los liberales de JxC el déficit es el responsable de la inflación, de que los empresarios no inviertan, de todos los males. Para Massa también. Rubinstein habla incluso de lograr superávit primario como en las épocas de Néstor Kirchner. O sea, más achique de las prestaciones sociales, partidas para jubilaciones, asignaciones, planes sociales, sueldos estatales, salud y educación públicas, obras de infraestructura o viviendas populares, como exige el Fondo. Máximo, en medio de la campaña electoral, cuestiona algunos recortes, pero no deja de sostener a Massa que los aplica.

Si para muestra basta un botón, son muy interesantes las declaraciones de un economista top del imperio yanqui como es Jeffrey Sachs, quien, a pesar de exculpar las políticas del FMI de las crisis que atraviesan nuestros países y echarle la culpa a las agencias internacionales calificadoras de riesgo, afirma: “creo que la paradoja de Argentina es que si tomás las estadísticas fiscales de Argentina y las comparas con las estadísticas fiscales de los Estados Unidos o de un país europeo típico, no dirías que Argentina tiene algo inusual en el déficit presupuestario, en la deuda, en el nivel de recaudación de impuestos sobre el PBI o en la tasa del gasto público. Argentina se vería completamente normal. Pero luego ves que la Argentina tiene una inflación del 100% mientras que con los mismos datos fiscales estos otros países tienen una inflación del 5%.” (4)

Más allá de nuestras diferencias con este defensor de la economía capitalista, sus afirmaciones en torno a la magnitud del déficit fiscal de nuestro país enfrentan todas las argumentaciones de los economistas de la derecha liberal, desde los liberales como Milei o Melcomían, hasta Massa o Rubinstein. La crisis que atraviesa la economía y sus empresas públicas son responsabilidad de los que manejan las finanzas internacionales y han endeudado espuriamente al país, el FMI, los fondos buitres y también, como parte del sistema, las calificadoras de riesgo a las que Sachs le echa unilateralmente la culpa.

Un modelo totalmente distinto. Nacionalizar sin pago y con control social Edesur y todas las privatizadas

La crisis energética que atraviesa nuestro país, con un territorio riquísimo en recursos naturales y fuentes de energía, es una paradoja similar a que tenemos un país lleno de comida y millones que comen mal y muchos chicos desnutridos. Esa paradoja se llama capitalismo. Un capitalismo que no tiene nada de “eficiente”, como le gustaría a Cristina y sí mucho de salvaje como es su verdadera naturaleza, en la búsqueda de maximizar sus ganancias a cualquier costo.

Un capitalismo que exige, por ejemplo, sostener una matriz extractiva, con poco agregado de valor industrial, para someter al país como en épocas de la colonia
Por eso junto al avance de una economía orientada a la exportación de soja y otros cultivos con poco valor agregado, ahora el modelo de desarrollo es reforzar esa matriz con la exportación de energía, sea utilizando los recursos de Vaca Muerta, como aprovechando la enorme reserva de litio que posee el país.

La privatización de las empresas públicas: servicios malos y caros

Con un fuerte impulso en la dictadura militar y luego en la década menemista, se fue cambiando por exigencias del imperialismo a una matriz semi cerrada de nuestra economía, en la cual existía un desarrollo industrial de sustitución de importaciones, por otra al servicio de la penetración del capital imperialista con todo tipo de desregulaciones comerciales y financieras.

En ese marco, las viejas empresas públicas que, como YPF, habían contribuido al desarrollo del país, se convirtieron en un botín de guerra. Con la excusa de la desinversión, de la que eran objeto en muchos casos, y los malos servicios, producto de una corruptela constante entre los funcionarios a cargo y los empresarios que negociaban con el Estado. Así se produjo un desguace completo de un patrimonio que llevo décadas construir y que fue producto del esfuerzo de varias generaciones.

Vendidas por papelitos devaluados de la fraudulenta deuda externa argentina, perdimos el control de la petrolera estatal YPF, de los Ferrocarriles, de Aerolíneas, de la Flota Naval y astilleros, de la empresa de Telecomunicaciones, del resto de las generadoras y distribuidoras de Energía, del Correo, etc.

Las empresas que intervinieron en las privatizaciones hicieron grandes negocios, cerraron las ramas que no les producían fuertes ganancias y despidieron personal. Se impuso una nueva matriz en el manejo de las empresas públicas que se mantiene hasta el día de hoy.
Las consecuencias de este modelo privatista fueron que los capitales multinacionales exprimieran a las empresas como un limón y, cuando les extrajeron todo el jugo posible, las malvendieron o el Estado volvió a recuperar el control de algunas de ellas. Muchas veces ante la falta total de inversiones mínimas necesarias para su mantenimiento. Luego, en varios casos, se pagaron indemnizaciones leoninas a las privatizadas para que abandonen su negocio, cuando en realidad debían de ser expropiadas sin pago e incluso incautar todos sus bienes posibles, por los grandes incumplimientos que incurrieron.

La resistencia de los trabajadores y el pueblo, logró en algunos casos frenar la voracidad privatista, como fue la lucha de los trabajadores el Astillero Rio Santiago o de los trabajadores ferroviarios y los familiares de las víctimas de la Masacre de Once, contra Cinigliaro y los funcionarios kirchneristas.

La reestatización trucha de YPF

Un ejemplo claro de la política del PJ, que De la Rúa continuó y el kirchnerismo después, fue el caso de la “renacionalización” de YPF. La privatización menemista provocó el desguace de una empresa que controlaba el 90% de la producción de crudo y gas en el país. Oscar Parrilli fue el miembro informante de la bancada del PJ, un acto que hasta el día de hoy reivindica el kirchnerismo con la excusa del traspaso a las provincias de las regalías petroleras.

La española Repsol agotó la mayoría de la capacidad de los pozos que YPF había explorado durante años e invirtió poca cosa. El país perdió además su autoabastecimiento energético. Cristina en el 2012 compró el 51% de sus acciones, manteniendo su estructura como Sociedad Anónima, con mayoría accionaria estatal. Tendría que haberla expropiado sin pagar un peso, ya que Repsol incumplió todas sus obligaciones. El gobierno pagó U$S 6.000 millones a la empresa española y queda un juicio pendiente ante los tribunales de Nueva York por otros U$S 3.000 millones.

Como la operación se realizó con títulos públicos valuados por debajo de su valor nominal, la Argentina debió entregar a Repsol más documentos públicos para cubrir los montos acordados con los que la operación subió hasta U$S 10.000 millones. Pero, además, dos accionistas minoritarios, Eton y el grupo Petersen de la Argentina, disconformes con la operación, vendieron sus acciones al fondo buitre Burdford Capital y ahora el país afronta una demanda por otros U$S 8.500 millones.(5)
Esto sin hablar del desguace ferroviario, en un país en que el transporte de carga se hace en camiones con un gasto mucho mayor.

Cambiar el modelo

En este marco, las diferencias entre el modelo aplicado por el kirchnerismo y el PJ y el sostenido por la derecha liberal, son de matices. Los primeros sostienen un modelo privatista esgrimiendo un discurso nac&pop que se da de patas contra el verdadero negocio.

Desde el MST en el FITU reclamamos la inmediata apertura de los libros contables de todas las empresas privatizadas para demostrar que donde lo aducen perdidas en realidad existen fuertes ganancias y negociados. Como salida de fondo plantemos la nacionalización sin pago de todas las empresas de energía y todas las privatizadas y la incautación de todos los activos que posean en el país para cubrir lo que se robaron, y además el desconocimiento del CIADI como tribunal arbitral.

Esta reestatización debe hacerse con control social, con el control de sus trabajadores y usuarios, para de esta manera evitar que funcionarios corruptos vuelvan a vaciarlas en complicidad con empresas amigas, como hicieron en el pasado. Negamos por completo el discurso que sostiene que no tenemos conocimientos técnicos para sostenerlas y desarrollarlas. En el país sobran trabajadores, técnicos, ingenieros y desarrolladores con los conocimientos necesarios.

Por último, este modelo de empresas públicas debe realizarse en el marco de un modelo económico distinto que, privilegiando las necesidades de la población y de un desarrollo productivo soberano anticapitalista, rompa con el FMI y los buitres internacionales y genere una matriz productiva distinta, que cuide el desarrollo ambiental y el bienestar de la población y no las necesidades de ganancias fáciles de las multinacionales.

1. CIADI. Tribunal internacional para dirimir diferencias en los contratos entre los Estados y las empresas privadas, que opera como un brazo de las multinacionales a las que favorece con sus fallos.
2. Fuente: “Es necesario estatizar los servicios públicos”, escrito por Germán Pinazo, web de FeTERA , 19/04/2021.
3. Fuente: “Una Edesur bajo gestión estatal: ¿sueño o pesadilla política para el kirchnerismo?”, IProfesional, 20/02/2023.
4. Programa Brotes Verdes, conducido por Alejandro Bercovich, 14/02/2023.
5. Datos de “Edesur ve en su posible estatización la luz verde para hacer un nuevo juicio ante el Ciadi”, Perfil 18/02/2023.

Escribe: Gustavo Giménez

Junto a la distribuidora de electricidad del sur de CABA y doce localidades del conurbano, la empresa italiana ENEL es propietaria de las centrales de generación de Costanera y Dock Sud, de la administración de la empresa de generación hidro eléctrica de la represa El Chocón (1), de las líneas de transmisión eléctrica entre Brasil y el Noroeste argentino y Yacylec, transportadora de energía de Yacyretá. Todos estos activos están ahora en venta producto del abandono de esta multinacional de la energía de sus posiciones en Argentina, Perú y Rumania, para centrarse en países centrales y para juntar unos 21.000 millones de euros, achicando así la deuda de 52.000 millones que contrajo al invertir en el segmento de las empresas que generan energías renovables.

No es que a la multinacional le esté yendo mal, este gigante con inversiones en 40 países por aproximadamente U$S 210.000 millones, pese al aumento de los costes de la generación de energía por la guerra de Ucrania -segmento en que no tiene el centro de sus negocios- sus acciones aumentaron el 2,9% en la bolsa de Milán el pasado mes de julio, lo que representa una tonelada de dinero. Con su movimiento repite las acciones de muchos capitales que, pese a los enormes negocios de pillaje y saqueo realizados en nuestros países, prefieren ante la fuerte crisis de la economía mundial, refugiarse en inversiones más «conservadoras» en los países imperialistas o que les aseguran mayor «estabilidad» para sus inversiones y fabulosas ganancias.

Así mientras los economistas liberales, lamentan la pérdida de este gigante de la energía, también se quejan del atraso tarifario y añoran los mega tarifazos de Macri para compensar las «pérdidas» empresarias. Se olvidan convenientemente de la parva de subsidios -que pagamos todos a través de los impuestos- con que los gobiernos de turno las han subsidiado, contra una mínima o nula inversión.

Basta recordar, por ejemplo, el último mega corte del verano pasado que llevó a varios intendentes a reclamar el fin de la concesión a esta multinacional de la energía. En ese momento, el corte producido por un incendio en una línea de 220 Kv en la subestación sur de la ciudad de Buenos Aires, afectó a 2.400.000 personas, aproximadamente. Sólo había un operario de Edesur en la subestación para combatirlo cuando se produjo. Justamente, algunos medios señalan que el anuncio de venta se da en forma previa a futuros cortes estivales, cuando el termómetro exija mayor consumo, que las actuales redes de distribución no van a poder soportar.

La mentira del retraso tarifario

Como señala el investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, German Pinazo, «entre diciembre de 2015 y diciembre 2019, según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNA), las tarifas de Electricidad, Gas y Agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentaron un 1925%, 974 y 818% respectivamente, contra un crecimiento de los precios minoristas del 290%. Es decir, crecieron casi 7, 3 y 3 veces lo que crecieron los precios en minoristas». Sólo «entre 2015 y 2017 las tarifas de estas distribuidoras eléctricas (Edenor y Edesur) crecieron al menos más de 5 veces en dólares» (2). El retraso de aumento sobre las tasas de inflación en la gestión del FdT no compensa, ni de lejos, estos incrementos tarifarios y fue un suculento aumento de subsidios lo que compensó, con creces, la ganancia empresaria.

Uno de los debates más importantes de los últimos meses fue cómo debían ejecutarse los tarifazos en las empresas proveedoras de luz, gas y agua, para cumplir con la enorme baja de subsidios que exige el FMI para llegar a sus metas de ajuste fiscal. Massa, en acuerdo con Cristina y Alberto, vino a destrabar las discusiones, descargando un tarifazo muy importante, cuyo amortiguador prometido sería una segmentación que afectaría centralmente a los sectores de altos ingresos.

Sin embargo, dado que los aumentos también van a impactar fuertemente sobre la franja de ingresos medios que excedan los límites de consumo establecidos y que los incrementos tarifarios serán trasladados a precios por las distintas etapas de la cadena de producción, transporte y distribución, en realidad estamos frente a la primera parte de una cadena de mayores tarifazos para toda la población.

Un ejemplo ha sido la autorización producida en las últimas semanas, para que las distribuidoras de energía del AMBA, Edenor y Edesur, perciban un aumento adicional del 27% sobre los costes de su servicio. El objetivo es compensar a estas «sacrificadas» empresas, que le deben a Cammesa -la empresa que con participación estatal vende la energía en el mercado mayorista-, $ 250.000 millones en comodísimas 96 cuotas a una bajísima tasa de interés, que equivale al 50% de la que se paga en el circuito mayorista. Así quedó establecido en la ley de Presupuesto 2023 recientemente sancionada por el Congreso, con importante apoyo de la «oposición» de JxC.

Una historia de saqueo

Nuestro país, que tiene una historia de desarrollo de nuestros importantes recursos energéticos, con un crucial protagonismo de la YPF monopólica y 100% estatal, la empresa pública que impulsó el recordado General Mosconi, ha retrocedido enormemente de la mano del modelo privatista impuesto por el gobierno de Menem. Aunque ahora la justifica, detrás de un supuesto interés provincial para manejar sus recursos, fue justamente un hombre del kirchneris-mo, el actual senador Oscar Parrilli, el miembro informante del PJ de aquellos años, en el proyecto de ley que terminó con la privatización y desguace de la mayor empresa energética pública.

Pasada esa década neoliberal, todos los gobiernos que le siguieron hasta nuestros días mantuvieron esta matriz de empresas públicas privatizadas en la energía. El kirchnerismo en sus tres primeros mandatos no lo alteró y se jacta de haber «nacionalizado» YPF, cuando en realidad lo que hizo es adquirir el 51% de las acciones de una sociedad anónima, que actúa como tal, pagando precios injustificados a una Repsol que saqueó la empresa y está enrollada en un juicio multimillonario con las acreencias de su familia amiga «Ezquenazi», ahora en manos de un fondo buitre en los tribunales de Nueva York. Fue justamente en los años del gobierno de Cristina que el país perdió su autosuficiencia energética debiendo, en un país al que le sobran recursos energéticos, importar, ahora a precios extraordinarios, parte de la energía que consume.

Llama la atención que en éste nuevo gobierno del Frente de Todos, que el kirchenirsmo integra, uno de los actores fundamentales del fraudulento proceso de privatizaciones menemista, José Luis Manzano, sea uno de los adquirientes de la distribuidora Edenor. El ex jefe de gabinete de Menem, muy amigo del ministro Massa, es uno de los operadores del mercado energético con fuertes inversiones en el negocio del litio, entre otros.
Edesur, privatizada en la década de los 90 fue adquirida por el grupo Pérez Companc y la chilena Enersis. Luego pasó a Endesa (española) y a Enel (italiana). Llama la atención que el editorialista de Clarín, en una nota destinada a resaltar las dificultades de estas empresas, sólo reconozca buenos momentos de ganancias a la década del 90 y al periodo de Macri. Pareciera que luego estos pulpos monopólicos pierden plata… La pista la da cuando señala que «las privatizaciones de las empresas de servicios públicos son imprescindibles para entender la convertibilidad y la década del 90. Los mayores jugadores internacionales llegaron a desembolsar cientos de millones de dólares para adquirir el control de las compañías de electricidad, agua o gas» (3). Se olvida del detalle, de que muchas de estas «inversiones» se hicieron con bonos de la deuda, valuados al 20% de su valor nominal. Es que los que ahora reivindican la década liberal suelen tener algunas lagunas de memoria que no pueden, de ninguna manera, atribuírseles a problemas de senilidad avanzada.

Un modelo al servicio del capital trasnacional

En un país en el que sobran recursos energéticos, los subsidios para abastecernos de la faltante de energía representaban -antes de la guerra- U$S 11.000 millones anuales. Esa cifra, aumentada por la crisis mundial, era algo que para el FMI había que reducir a toda costa. Allí nacieron los actuales tarifazos y van a continuar. El modelo energético del país, producto de años de ganancias fáciles y desinversión estatal, es cada vez más contaminante. Vaca Muerta. la estrella salvadora. es en realidad una enorme máquina de contaminar con el fracking, pese a que muchos progres intenten embellecerla para salvarle las papas al gobierno. En estas horas hay un corte de la comunidad de Añelo y pobladores mapuches exigiendo provisión de «agua potable».

La falta de dólares trajo la urgencia del gasoducto y el reclamo al unísono de cómo se está gastando tanta plata en importar el gas que tenemos en abundancia. La construcción del mismo abrió una dura interna al interior del propio gobierno sobre quién se beneficiaba con el negocio. Así lo hizo conocer el luego renunciante ministro Kulfas, quien luego de no ratificar sus declaraciones en tribunales, se lo ve muy ocupado en cuestiones musicales.
Lo cierto es que como reflejan en el Observatorio Petrolero Proyecto Sur, el grupo Techint está presente en todas las etapas de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, «en la fabricación de chapa, elaboración de los tubos y la realización de la obra». Lo hace a través de distintas empresas «cáscara» del grupo.

Así llaman a las firmas ficticias que fundó esta trasnacional de origen local en el exterior con el fin de evadir impuestos: «las cáscaras uruguayas abonaron impuestos (incluyendo el impuesto a la renta, entre otros) por el 0,3% de su facturación y el 3,2% de las ganancias antes de impuestos para el año 2021»(4). En la Argentina, sólo la tasa del impuesto a las ganancias es del 35%. La facturación de esta multinacional es de miles de millones de dólares al año. Evaden a plena luz del día… Si son parte de los negocios nac&pop, pueden ser premiados con gran parte de la construcción de una de las principales obras de infraestructura del país. La derecha sonríe socarronamente ante este exitoso empresario que es don Paolo Rocca.

La falta de dólares para cumplir con las «metas» del Fondo, para pagar los compromisos con los buitres de la deuda, y el funcionamiento «normal» de la economía capitalista, hace entonces que el desarrollo energético esté ligado a la necesidad de profundizar una matriz extractiva totalmente contaminante, con grandes concesiones al capital concentrado trasnacional.

Por eso Massa se reúne en EEUU con grandes empresarios petroleros y del negocio extractivo y también interesa a los chinos con el litio: «la minera china Tibet Summit Resources anunció una inversión de 2.200 millones de dólares en dos empresas argentinas que operan en Salta en la extracción y procesamiento del litio» (5). Si no avanzan más es por miedo a la reacción popular que los frenó con la mina a cielo abierto de la meseta chubutense o, por ahora, con la explotación off shore en la plataforma submarina frente a la costa marplatense.

En este marco, ENEL vende Edesur buscando mejores negocios, cuando el gobierno se apresta a «recomponer», según informan los medios especializados, en un 60% sus valores tarifarios. El llamado Valor Agregado de Distribución (VAD) impactará en un 20% en el valor final de las boletas. Entre los posibles candidatos a comprar su paquete accionario se encuentra el grupo Sadesa, integrado por los empresarios Miguens, Bemberg y Caputo, que poseen acciones en Distrilec (que a su vez controla el 57% de Edesur). La participación en el negocio de la distribución necesita la autorización expresa de la Secretaria de Energía, el de la generación es más directo, y Sedesa que ya controla la Central Puerto podría acceder a la compra de Costanera y Dock Sud. Un negocio que queda en pocas manos.

Reestatizar y un nuevo modelo energético

La partida del grupo ENEL debe ser una oportunidad para desandar este camino de privatizaciones y entrega de nuestros recursos soberanos. Este gobierno que asumió con un discurso nacional y popular, que pretende embanderarse con la anulación de alguna privatización menemista, no debería re privatizar estos recursos estratégicos.

Todas las empresas que pretende vender ENEL, Edesur, las generadoras y transportadoras de energía, deberían ser estatizadas ya. No permitiendo que la multinacional que saqueó nuestros recursos ahora se vaya haciendo además una importante diferencia con activos que pertenecen al pueblo argentino. Estamos seguros que administradas por sus trabajadores y con control de sus usuarios estas empresas mejorarían inmediatamente los servicios que prestan, a un costo menor que el que necesitaban los negocios privados.
Ese es el camino para diseñar un nuevo modelo de desarrollo de nuestras innumerables fuentes de energía. Hay que estatizar por completo la actual YPF y todas las empresas que intervengan en la producción, traslado y distribución de energía.

En las últimas horas se conoció la presentación de un proyecto de ley del senador Parrilli, proponiendo que el Estado nacional se quede, a través de ENARSA, con el 51% de las empresas hidro electicas, cuyas concesiones comienzan a vencer en el año entrante. La potestad de estos recursos pertenece actualmente a las gobernaciones que mantendrían una negociación muy tensa con el gobierno central por las bajas regalías que otorgan estas concesiones, en un negocio de U$S 800 millones al año (6). Más allá de los verdaderos motivos de esta movida política, no deben volver a concesionarse aún parcialmente estos recursos estratégicos. En manos del Estado nacional o provincial, pero con el control de sus trabajadores la energía hidro electica puede volver a recuperar la participación que llegó al 43% de la generación. Actualmente bajó a tan sólo el 25%. En un país lleno de cursos de agua esta baja solo se explica por el actual modelo de negocios.
La ruptura con los mandatos y pagos de la fraudulenta deuda con el FMI, los acreedores buitres privados, la nacionalización de las empresas del área energética y su puesta bajo control de sus trabajadores y usuarios, con la colaboración e intervención de los técnicos e ingenieros que forman nuestras universidades, permitiría relanzar nuestra industria, abaratar las tarifas, aplicar saldos exportables para obtener las divisas que necesitamos y en ese camino acelerar la transición hacia energías limpias, en un planeta cada vez más contaminado que de seguir así va en pocos años al colapso ambiental.

Escribe: Camila Vallejos

EDESUR vs los intendentes o el modelo vs los usuarios. Superar la falsa antinomia

Para quienes vivimos en el conurbano bonaerense se hizo costumbre convivir con la falta de servicios esenciales. Tener agua corriente, cloacas o asfalto es un lujo que pocos ostentan. Y la luz, merece un párrafo aparte. El medidor no perdona y las tarifas son onerosas, pero la calidad del servicio es alevosamente deficiente.

Estas últimas semanas los vecinos y vecinas sufrimos numerosos apagones durante largas horas e incluso durante varios días. La falta del suministro eléctrico no sólo echa a perder los alimentos y nos aísla tecnológicamente hablando, sino que en muchos casos impide el acceso al agua potable, que siendo éste un derecho esencial se suma a la ya grave crisis sanitaria, y en los barrios más vulnerables, donde el uso de gas natural es un sueño, impide la calefacción en estos días tan fríos. La realidad es que, en el AMBA, los cortes de luz y las duraciones de éstos son superiores que hace 20 años atrás (1). ¡Una locura!

Los reclamos no tardaron en llegar, pues la situación es como mínimo escandalosa y la bronca aumenta. En muchos casos fue peor, la energía volvió a 380V y quemó electrodomésticos de cientos de familias. Ante esto, los intendentes e intendentas de varios municipios tuvieron que tomar posición. Ésta es la génesis de la tensión entre la distribuidora y las distintas administraciones municipales, y la subsecuente reunión ante el Ente Nacional Regulador (2).

Por su parte, la empresa que distribuye el servicio en 12 municipios del conurbano y en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, hizo pública la suma de $3.000 millones adeudados desde 2011 por el consumo eléctrico en asentamientos precarios (3). Desde la década de los ‘90, dicho consumo, fue asumido por los distintos gobiernos provinciales. Pero desde el año 2018, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se trasladó a los intendentes la responsabilidad ante la misma.

EDESUR, a su vez, afirma que los constantes apagones actuales se deben a un “estrés extraordinario” en la demanda, ya que los usuarios utilizan electricidad que en tiempos normales no. ¡Esto es falso! Durante el mes de mayo la misma cayó un 7,6% con respecto al mismo período en 2019. El mayor consumo del servicio eléctrico proviene del sector industrial, comercial, y en último lugar el residencial. Es cierto que éste último aumentó un 6,5%, pero el sector comercial cayó un 12,3% y el industrial cayó un 23,4% (4).

Por otro lado, los municipios dicen estar preocupados por la mala calidad del servicio y pretenden suspender la concesión a EDESUR. Los más osados hablan incluso de estatización. Sin embargo, la tensión no quedó sólo en un entredicho, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, avanzó por la vía penal denunciando a la empresa por incumplimiento de contrato en la construcción de una subestación. El municipio le habría cedido en el año 2015 un predio municipal, pero la obra nunca se llevó a cabo. La distribuidora afirma que “no hay incumplimiento de contrato” indicando que al ser una obra que llevaría años, se “repotenció la subestación Transradio, desde donde se tendieron cables de media tensión para Esteban Echeverría”.

Durante estos últimos días, los cruces continuaron y el tono de los mismos aumentó. En este sentido es necesario preguntarnos por dónde hace falta avanzar. El gobierno estaría analizando convocar a una licitación internacional para que un nuevo grupo inversor se haga cargo a partir del 2022 de la compañía. Se trata de una salida pro mercado que se aleja con creces de la expropiación que algunos intendentes se atrevieron a proponer. Nuestra posición es categórica, estatizar EDESUR es un paso de vital importancia para recuperar la tan mencionada soberanía, pero quedarnos en esa medida es quedarnos a medio camino. Momentos como el que estamos viviendo ponen de relieve discusiones más de fondo y la necesidad de repensar el modelo energético de la Argentina. Los problemas estructurales están a la vista pero debemos desenmarañar el enjambre de negocios, sobreprecios, desinversiones y cifras fabulosas que hay detrás, para comprender de qué estamos hablando. ¡Veamos!

La era de las privatizaciones

El menemismo marcó a fuego el rumbo de la Argentina toda. Enmarcada en el auge del “fin de la historia” y obnubilada por el espejismo de la «mano invisible» que ordena el mercado, comenzó la desregulación por parte del Estado y las privatizaciones. Veníamos de una terrible crisis económica y con compromisos de pago de deuda exorbitantes. Por lo que, la venta de empresas hasta entonces estatales, fué la orientación de felpudo que permitió en un primer momento equilibrar la balanza de pagos.

El destino de todos los servicios públicos fue el mismo. El sector energético, por supuesto, no fue la excepción. Mediante una serie de decretos, principalmente entre 1992 y 1993 (5), se dividió en tres subsectores distintos: primeramente el relacionado con la exploración y generación de energía, bajo reglas de “libre competencia”, otro subsector de transporte y por último aquel encargado de la distribución a los consumidores. Estos dos últimos fueron cedidos como servicios públicos a empresas privadas monopólicas por razones “naturales”, es decir sin otros competidores. Se realizó bajo el supuesto de la flexibilidad, tanto de los contratos como de las normas regulatorias, para que no “entorpecieran” el funcionamiento privado, y a 95 años. ¡Si, noventa y cinco!

Este nuevo marco permitió que durante toda la década de los ’90 estas empresas gozaran sistemática e ilícitamente de un aumento tarifario exponencial, cuyos capitales fueron fugados al exterior (6). Además, al igual que en otras industrias, permitió la concentración y el control de todo el sector por apenas un puñado de empresarios.

Parches a la herencia

El período abierto en 2001 por el “Argentinazo” puso en crisis todo el sistema económico y político. La sanción de la Ley Nº 25.561 de Emergencia Económica posibilitó, entre otras cosas, el congelamiento de las tarifas. Lo que fue una medida excepcional se convirtió, durante el kirchnerismo, en la norma. El rol de los subsidios tuvo un papel protagónico durante los mandatos de Néstor y Cristina, porque permitió mantener las tarifas a bajo precio, cubriendo la diferencia con dinero del Tesoro. Se calcula que entre 2003 y 2015 la Argentina gastó casi u$s150.000 millones en subsidios a la energí­a y combustibles (7).

Pero no hubo ningún cambio estructural, ninguna modificación en la matriz productiva. Se amagó con avanzar en la estatización de distintos servicios públicos, pero esa iniciativa del gobierno fue cajoneada por él mismo, quedando en el mero relato. No se hizo nada tampoco para evitar el ingreso a la crisis energética, y no se puso más que parches para paliarla después. Porque lo cierto es que desde la era de las privatizaciones todo el sector fue movido por la sed de jugosas ganancias. Así es que los combustibles fósiles que representaban en los ‘90 el 50% de la producción, pasaron a representar más del 60% dado que implicaba un menor costo para las empresas (8). Por eso, a partir de 2004 los yacimientos de gas comenzaron a agotar sus recursos, lo que implicó que tuviéramos que importarlo y subieran exponencialmente los precios. Dicho sea de paso, las subas sí impactan más temprano que tarde en nuestro bolsillo.

La expropiación del 51% del capital accionario de YPF da cuenta de un paso correcto, pero insuficiente en materia energética (9). Lo cierto es que el modelo mixto, conservando la estructura de “sociedad anónima”, hizo que prevaleciera el carácter de empresa capitalista, movida por intereses privados. A su vez, no logró revertir el descenso de la producción petrolera y gasífera, de hecho continuó acentuándose. De igual forma, el gobierno se jactaba de avanzar en la soberanía energética con recursos propios, dado que el plan preveía que un 68% de la financiación se realizaría con las propias utilidades y flujos de caja de la empresa, el 20% sería mediante financiación nacional, y sólo el 12% provisto por socios internacionales. Sin embargo meses después, en 2013, se llevó a cabo el acuerdo secreto para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta con Chevron. Aduciendo que éste era un costo inevitable puesto que YPF no contaba con el dinero suficiente para realizar las inversiones.

Poca energía en política energética

Habiendo hecho un recorrido de carácter histórico podemos entender el porqué de la actual situación. El sector está en manos, casi en su totalidad, de tres firmas: Pampa Energía, Grupo DESA y SADESA. Los empresarios detrás de éstas no sólo tienen nombre y apellido, también un nutrido prontuario sazonado con algunos escándalos, “Nicky” Caputo, Marcelo Mindlin, Rogelio Pagano, entre otros.

Las mencionadas firmas tienen acciones en todos los subsectores de la industria de la energía eléctrica. Bajémoslo a tierra:

• Pampa Energía participa en el 12% de la generación, en el 26,3% de la transmisión y en el 20% de la distribución con acciones en EDENOR (10).
• El grupo DESA, por su parte, concentra el 62% de la energía distribuida en la provincia de Buenos Aires con acciones en EDELAP, EDEN, EDES y EDEA (11).
• Por último SADESA controla el 15% de la generación, teniendo en sus manos, entre otras, la Central Puerto (principal central eléctrica del país) y posee el 35% del paquete accionario del flamante EDESUR, que comparte con ENEL, (accionista mayoritario, de capitales italianos) (12).

Si desgranamos sector por sector podemos ver la magnitud del negocio millonario, monopolizado en pocas manos, que fija precios y sobreprecios, que tiene deudas exorbitantes y que en definitiva, nos estafa a nosotros, los consumidores.

Según el Ministerio de Desarrollo Productivo hoy por hoy con nuestra factura, cubrimos apenas el 58% del costo de producción de energía (13). El resto, por supuesto, lo disimula el Estado con aportes del Tesoro. La Argentina, el tercer mercado eléctrico de América Latina, sólo por detrás de Brasil y México, tiene un costo de producción muy por encima del promedio. Este último varía entre 20 y 55 dólares MWh (Megawatt por hora), mientras que aquí durante el gobierno de Macri llegó a los 71 dólares (14), mientras que actualmente se mantiene por encima de los 60 dólares (15). Ahora bien, debemos preguntarnos cómo se fija ese precio.

Una razón de la suba es, como mencionamos anteriormente, el agotamiento de las reservas de gas. Con el afán de abaratar gastos a corto plazo se explotaron los yacimientos de energías no renovables liquidándolos en poco tiempo. Otra razón son las inversiones. Es sabido que los negociados, las licitaciones acordadas con cifras fabulosas, muy por encima del valor real, no discrimina administraciones ni colores políticos. Todos los gobiernos fueron cómplices e inclusive promovieron este fraude. Como saldo, millones desembocan en sus bolsillos. Ya sea con nuestras facturas o indirectamente vía el Estado, los que pagamos somos los mismos de siempre.

El segundo eslabón de la cadena: transporte. Una de las principales empresas es Transener que transporta más del 65% de la energía eléctrica del país, sobre la cual los principales accionistas son Pampa Energía con Marcelo Mindlin como principal socio (16). Recordemos que durante la década “K” las tarifas fueron congeladas por un largo período y, con esto como pretexto, las empresas no invirtieron ni un peso en el sector. En cambio, durante el gobierno de Macri, las tarifas aumentaron un 3000%. En el período 2016-2018 la empresa ganó 1.241,5 millones de dólares (17). ¿Y las inversiones? Si te he visto no me acuerdo. Numerosos apagones se dan por fallas en las líneas de alta tensión que transmiten la energía. Éstas no se expanden ni acondicionan por falta de interés, porque las sumas millonarias van directo a las cuentas de Mindlin y compañía, a quienes dicho sea de paso, se les condonan deudas por el mal servicio prestado. Como vemos, el concepto de “rentabilidad” abyecto es mal consejero.

Y el último eslabón, con el que tenemos contacto, son las distribuidoras: EDESUR, EDENOR, EDELAP, etc. El engaño se cierra, redondo, en este punto. La falta de inversión de éstas, ya es tristemente célebre entre los vecinos que la padecemos con frecuencia y a oscuras. Los transformadores que antes abastecían a un grupo numeroso de familias siguen siendo los mismos. En este sentido, no sólo entra en juego el deterioro de éstos por el paso de los años, sino que los dispositivos electrónicos hogareños, y por ende la demanda, han crecido en número notablemente. Hoy, un aire acondicionado representa lo que una casa entera 20 años atrás. Por esta razón ante una sobrecarga, para evitar que los transformadores se fundan, nos quedamos sin luz. Eso sucede en el mejor de los casos, porque muchas veces se funden finalmente, se prenden fuego o explotan.

Pero no termina aún, dichas empresas tienen grandes deudas con CAMMESA, empresa “sin fines de lucro” que es la autoridad en este mercado. Ésta última es la que ordena qué central es despachada, por qué línea se transporta esa energía y cuánta potencia precisa la red en cada momento de la demanda. En otras palabras, las firmas distribuidoras no pagan la energía recibida que luego distribuyen. Desde el inicio de la cuarentena, y con el pretexto de que la cobrabilidad (18) disminuyó, EDESUR sólo pagó el 20% de su factura, debe $9.138 millones. Hay otras firmas que no pagaron ni un peso, pero EDESUR y EDENOR, en cantidad de dinero, lideran el ranking (19).

Todo es cuestión de energía

Llegados a este punto, podemos concluir que licitar el servicio de EDESUR es tan sólo quitarle los negocios a una firma para cederlos a otra. Por su parte, su estatización es apenas un primer paso, necesario, en lo que hace falta. Como hemos ido dilucidando a lo largo del presente artículo, el problema nace desde el inicio de la cadena de producción. Al igual que el problema, de carácter integral, es imperioso avanzar en una reforma de iguales características. Para evitar una crisis energética más que anunciada y el eventual colapso.

• Por esto es necesario poner el conocimiento, la tecnología, la capacidad productiva de conjunto al servicio de llevar adelante un plan energético que no tenga como parámetro la rentabilidad de unos pocos, sino concibiendo a la energía como un bien social y un derecho humano.
• Hace falta estatizar, sin indemnización, todo el sistema energético con control de los trabajadores y usuarios. Volcando los recursos a la reconversión hacia las energías renovables sustituyendo los hidrocarburos y desechando las termoeléctricas, las represas hidroeléctricas y las centrales nucleares que contaminan y atentan contra la salud.
• Como medida urgente, auditar las tarifas cobradas ajustando los valores a aquellos que puedan ser pagados por las grandes mayorías.
• Es imperioso indemnizar, por parte de las empresas, a los usuarios damnificados que en muchos casos hemos perdido bienes personales por el pésimo servicio eléctrico.
• Abrir los libros contables de todas las empresas y poner en pie una Comisión Investigadora independiente. Que devuelvan con su patrimonio, cada centavo adquirido por sobreprecio, por licitaciones fraudulentas, por números dibujados o impuestos impagos. En otras palabras, que paguen con todo el peso de la ley el fraude y la corrupción.

Estas son algunas medidas que proponemos desde el MST en el FIT-Unidad como puente a una sociedad donde no prevalezca la sed de ganancia por sobre los derechos de las mayorías, donde todo sea decidido democráticamente de abajo hacia arriba. Peleamos por una vida de calidad para nosotros y para las futuras generaciones, es un derecho por el cual vale la pena luchar. Organicemos la energía por un mundo donde nuestras vidas valgan.

1. Lapeña, J. (2020). Los problemas del sector eléctrico que los gobiernos no han resuelto. Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi». Recuperado de http://web.iae.org.ar/recomendados/los-problemas-del-sector-electrico-que-los-gobiernos-no-han-resuelto/#.Xxp3iNJKjcc
2. La reunión se llevó a cabo durante la tarde del miércoles 15, para “abordar conjuntamente una solución a la problemática de cortes en el servicio eléctrico”. Estuvieron presentes el interventor del organismo Federico Basualdo, con el subsecretario de Energía del gobierno de la provincia, Gastón Ghioni, las intendentas Mayra Mendoza de Quilmes y Marisa Fassi de Cañuelas, los intendentes Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, Mariano Cascallares de Almirante Brown, Nicolás Mantegazza de San Vicente, Andrés Watson de Florencio Varela, Gastón Granados de Ezeiza, el intendente interino de Avellaneda, Alejo Chornobrof, el secretario de Planificación Estratégica y Medio Ambiente de Presidente Perón, Hernán Santana, el coordinador General de Alumbrado Público, Electromecánica y Obras Eléctricas de Berazategui, Sergio Faccenda, y los presidentes de la Comuna 4, Ignacio Álvarez, y de la Comuna 8, Miguel Eviner.
3. Edesur exige $3000 millones en concepto de la tarifa social. La deuda corresponde a los 12 municipios donde se presta el servicio: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente.
4. Departamento técnico, Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” (2020). Informe de tendencias energéticas | Junio 2020. Recuperado de http://web.iae.org.ar/documentos-iae/informe-de-tendencias-energeticas-junio-2020/#.Xxpej9JKjcc
5. La Ley nº 23.696 de Reforma del Estado y la Ley nº 23.697 de Emergencia Económica sirvieron de base para la Ley nº 24.065 de reestructuración de todo el sector energético.

• A través de los decretos 714/1992, 1323/1992 y 1507/1992 se llevó a cabo la constitución, se convalidaron actos licitatorios y adjudican acciones de las sociedades Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR S.A.) y la Empresa Distribuidora Sur S.A.(EDESUR S.A.).
• Decreto  1192/1992 del 10 de julio de 1992, se constituyó la sociedad Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.
• Mediante los decretoS 1795/1992 y 2449/1992, se constituye y adjudican un porcentaje del paquete accionario de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Plata (Bs. As.) EDELAP S.A.
• A través de los decretos 2743/1992, 2943/1992 y 1343/1993 se dispuso la constitución y la venta de acciones de la Cia. de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión TRANSENER S.A.

6. De Dicco, R. (2006). Encrucijada del sector eléctrico. Le Monde Diplomatique. Recuperado de https://www.eldiplo.org/088-la-guerra-antiterrorista-potencia-el-terrorismo/encrucijada-del-sector-electrico/
7. Instituto Argentino de Energí­a «General Mosconi» (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) publicado por el diario BAE. (Buscar)
8. Jensen, S., Zamora, A. y Rimancus, P. (2019). Evolución de la matriz energética. Estrucplan. Recuperado de https://estrucplan.com.ar/evolucion-de-la-matriz-electrica-argentina/
9. Ley 26.741: Declárase de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Créase el Consejo Federal de Hidrocarburos. Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. Sancionada el 3 de mayo de 2012.
10. Pampa Energía (2020). Perfil de la compañía. Recuperado de https://ri.pampaenergia.com/compania/perfil-de-la-compania/
11. DESA (2020). Distribuidoras. Recuperado de https://desasa.com.ar/
12. Ente Nacional Regulador de la Electricidad (2018). Informe anual. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeanual2018_final.pdf
13. Ente Nacional Regulador de la Electricidad (2020). Tarifa social. Recuperado de  https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur
14. Ministerio de Energía y Minería (2016). Precio mayorista de la energía eléctrica. Recuperado de https://www.minem.gob.ar/servicios/archivos/6886/AS_14817236511.pdf
15. Ministerio de hacienda, Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico (2019). Resolución 14/2019. Recuperado de https://portalweb.cammesa.com/memnet1/revistas/estacional/res_srryme_14_2019.html
16. Transener (2020). Estructura de la compañía. Recuperado de http://www.transener.com.ar/home-inversores/estructuradelacompania-inversores/
17. Fraschina, S. (2019). Las empresas de energía aumentaron en promedio sus ingresos en 995% en los últimos tres años. Observatorio de políticas públicas Universidad Nacional de Avellaneda. Recuperado de https://gallery.mailchimp.com/219db79b15bd598643ad6537b/files/768f249e-8e97-472d-bbe7-80827a25a8d0/Infografi_a_Sector_Energe_tico.pdf
18. El índice de cobrabilidad mensual (cantidad de facturas pagadas) se ubicó a fines de mayo en el 66%.
19. Krakowiak, F. (2020). La deuda de las distribuidoras con CAMMESA llega a $100.000 millones. Econo journal. Recuperado de  https://econojournal.com.ar/2020/06/la-deuda-de-las-distribuidoras-con-cammesa-llega-a-100-000-millones/