Escriben: Agus Romero y Mica Escobar, JS – UBA.

A lo largo y ancho del mundo, las juventudes se levantan contra los planes de ajuste de los diferentes gobiernos. Sin distinción: los de derecha fundamentalmente pero incluso también los (falsos) progresistas. Los reclamos van, más o menos, por el mismo lado: contra la explotación, el saqueo y el extractivismo, la violencia patriarcal pero sobre todo, denunciando la incapacidad a acceder de manera plena a derechos básicos y esenciales conquistados gracias a las hoy «viejas» generaciones, como la educación, un trabajo estable, la vivienda o la salud. Las movilizaciones, los enfrentamientos, las denuncias a los Estados responsables de nuestras miserias, de arrebatarnos derechos o legalizar las nuevas formas de esclavitud moderna de la mano de la precarización y la uberización de los trabajos. De los que además, dependemos para sobrevivir, expulsandonos de la vida universitaria y la formación profesional.

En el corazón de los principales países capitalistas se han visto increíbles intifadas de las juventudes universitarias de las más prestigiosas universidades: Columbia, Harvard, Oxford, Universidad de Barcelona, La Sorbona y otras. No admiten ni genocidios, ni a un Estado sionista como el de Israel que despliega contra el pueblo palestino una verdadera limpieza étnica y a la vez exige la ruptura de todo tipo de acuerdos institucionales, políticos, académicos y económicos con el gobierno asesino de Netanyahu y la derecha de ese país. Porque en nuestro nombre y en nuestra educación NO.

¿Qué les queda a los jóvenes?

Los gobiernos y las instituciones del Estado cometen el error de creer que solo somos una etapa de la vida, transitoria. Pregonan falsas conciencias: «ya vamos a crecer», «ya se nos van a ir esas ideas de la cabeza», o «yo también fui un joven soñador como vos». Sin embargo, ignoran que la juventud siempre ha estado marcada por procesos históricos. En nuestro país, donde tuvimos un rol importante en momentos que fueron puntos de quiebre de nuestra historia moderna, como el combate a la dictadura, al Cordobazo, a finales de los 90’s, el propio Argentinazo. Por nuestra educación y en defensa de nuestra universidad, como nos enseñó la generación del 18, no dudamos en salir cuando el gobierno «nacional y popular» nos ajustaba o el macrismo nos recortaba. Hoy protagonizamos una enorme lucha defendiendo nuestra educación. Milei nos quiere cerrar las universidades y en respuesta, el 23A realizamos la Marcha Federal más grande de los últimos treinta años.
Alguien escribió alguna vez que la juventud se sitúa en una historia que es la suya. Hoy nos toca asistir al peor de los tiempos, la barbarie capitalista. En nuestro país, 7 de cada 10 niñxs y adolescentes están bajo la línea de pobreza, es decir un 69%. Y 4 de cada 10 jóvenes y adultos, también. El desempleo aumenta al igual que la deserción del sistema educativo. Cada día que pasa bajo este gobierno, miles de jóvenes quedan sin trabajo, abandonan los colegios, terciarios y universidades y caen en la pobreza.

Las políticas de Milei han sido claras, lejos de lograr un nuevo sueño americano para la juventud, pretende imponernos la lógica del mercado, ese que lejos de regularse solo con una presunta mano invisible, está digitado por los grandes empresarios y monopolios económicos concentrados nacionales e internacionales. Es por eso que solo nos queda, como garantía de sobrevivir, hacer futuro.

En políticas de educación, el ataque fue categórico, recortando el presupuesto ya licuado por inflación, quitando becas como el progresar, cortando el envío de alimentos a los comedores populares que garantizan el plato de comida a cientos de jóvenes y sus familias, dando tarifazos al transporte y servicios básicos, intentando pasar la Ley Bases que aumenta la precarización laboral, dándole vía libre a las fuerzas represivas del Estado a matar por la espalda por el solo hecho de portación de cara, entre algunas cosas.

Volver el tiempo atrás… para estar mejor?

Lxs socialistas combatimos la falsa ideología que pretende instalar la idea de que la rebeldía y la juventud fueron ganadas por la estrategia de la derecha, como difunden las usinas libertarias. Sin embargo, el propio Milei no puede escapar a las contradicciones que empiezan a cruzar a su propia base, porque aunque mantiene un núcleo duro cuya cabeza-tarrismo lo sigue apoyando, una parte significativa de su base social decepcionados con el proyecto del gobierno anterior y sus promesas inclumplidas, son lxs que empiezan a completar una experiencia que incluso los hace dar pasos en el sentido de movilizarse contra la política de agresión a derechos conquistados de parte de este gobierno.

Casi seis meses después de haber asumido, hay hitos que expresan este fenómeno de desplazamiento de sectores de su propia base como fue la Marcha Federal Universitaria o como está siendo ahora el Misionerazo, en una provincia dónde La Libertad Avanza electoralmen-te arrasó y cuyo gobierno provincial se arrodilló frente al gobierno libertario y sus diputados le dieron media sanción a la Ley Bases en el Congreso. Ahora en esa misma provincia se desarrolla una pueblada que anticipa el país que puede venir.

La realidad es que las derechas son dialécticamente el resultante de la frustración con los gobiernos del mal llamado progresismo que en todas partes del mundo, aunque prometen asegurar derechos, al asumir terminan siendo gestores o administradores de la misma matriz capitalista de siempre, sin animarse a tocar ninguno de los pilares estructurales de la explotación y el saqueo. En nuestro país, son los que ahora, con la lógica de la especulación electoral, declarativamente se ubican como oposición, pero en las calles, desde las centrales obreras que conducen, las federaciones, sindicatos o centro de estudiantes en universidades no hacen absolutamente nada para poner en pie un movimiento de lucha para enterrar todo el plan Milei y más bien pretenden erosionar a este gobierno y en todo caso capitalizar electoralmente en el 2025 y 2027. Nada más aberrante.

No depositamos ninguna confianza en ellos, que pretenden enchalecarnos a un sistema que solo genera miseria; y muchos menos en quienes han fracasado en la perspectiva de transformar hacia afuera como hacia dentro, consolidando nada más y nada menos que la propia derechización de sus partidos y dirigentes. Tanto que tras subestimar el fenómeno Milei, fueron a armarles las listas en sus Municipios para sacarles votos al macrismo. Sostuvieron figuras represivas como Berni, pactaron con el FMI y rifaron nuestros territorios y bienes comunes a las multinacionales.

Rebeldes nosotres.

En el marco de esta crisis económica mundial, de la polarización social que enfrentamos, con las guerras y genocidios en curso, pensar que el sistema capitalista puede ser «bueno» o una salida para el futuro que se viene, es pretender convencer de una utopía a millones de jóvenes que genuinamente se organizan de forma objetiva por una transformación de fondo. Como izquierda, tenemos el desafío de poder construir un puente hacia el activismo o juventud que simpatiza todavía con las posiciones de personajes como Grabois o inclusive que empiezan a mirar a Kicillof como cambio posible, que en realidad insisten con la vieja y ya fracasada fórmula de regular el capitalismo, coexistir con los intereses de las corporaciones y a la vez, asegurar derechos.

Esos miles de jóvenes que ven con simpatía a la izquierda por su activo de coherencia, presencia en las calles y compromiso con todas las luchas pero que todavía le hace falta «un click» para referenciarse como alternativa real de disputa por el poder. A todxs ellxs, que no son indiferentes al genocidio en Palestina, que son criticos a los programas de ajustes, que combaten a las derechas, que defienden nuestra soberanía y territorios, a les que combaten los discursos y crímenes de odio, a quienes defienden nuestra educación y los derechos conquistados, pero quieren ir por más, lxs invitamos a que hagan una experiencia a fondo con nuestro programa, organización y activemos juntxs por la defensa de esas causas con las que coincidimos pero para garantizar las cuales, las medidas que hacen faltan superan las fronteras del capital.

En tiempos donde la palabra rebeldía pretende incluso ser secuestrada por monstruosidades derechistas, aunque parezca de locos, en momentos donde el negacionismo emerge y la lógica entreguista de arrasar con todo reaparece y fundamentalmente, gobierne quien gobierne, no vamos a renunciar a nuestro derecho a ser jóvenes. Pero ojo, jóvenes de lxs que resisten y enfrentan todo lo que se les ponga adelante. De lxs que estaremos en primera línea contra la Ley Bases o exigiendo justicia por el triple lesbicidio en Barracas o llevando la voz de lxs misionerxs a cada aula. El derecho a ser quienes nos plantamos porque ya perdimos el miedo, porque nos corre sangre por las venas y la injusticia, la desigualdad, nos subleva. Porque miramos a nuestros hermanos del mundo más allá de cualquier frontera y nos conmueve la rebeldía se de donde se de. Reivindicamos nuestro derecho a la revolución y a la lucha por el socialismo. Porque la rebeldía sigue siendo joven y de izquierda.

El plan de Milei contra la universidad y la ciencia públicas no da tregua. Con el pago de la deuda usurera e ilegítima como objetivo, desfinancia y ahoga a las universidades públicas y al CONICET, militarizando la entrada a sus centros, pasando lista de quienes están afuera y quienes adentro. En ese marco, el gobierno nacional arroja a las universidades y a la ciencia a que se financien de manera externa, con su modelo privatista para todo, profundizan la lógica de la venta de propios producidos e impulsan una modificación curricular al servicio de los negocios privados, con una formación estandarizada, despolitizada y de «rápida salida», batallando contra el pensamiento crítico y el espacio universitario cuyo demos democrático ha sobrevivido a décadas de ataques. Así, Milei y su plan promueven un acceso restringido a las universidades públicas y la permanencia de los pocos que puedan sostenerse sin becas, recursos, y aumentos constantes en los costos de vida.
En ese sentido, el plan del gobierno avanza sobre los organismos nacionales de sistema científico, empezando por el CONICET, cuyo desmantelamiento los trolls de Milei consideran la madre de las batallas. El CONICET opera dentro del marco presupuestario para el año 2023. Esto se traduce en la demora en la asignación de nuevas becas doctorales, en el nombramiento de nuevos investigadores que ingresaron al organismo y en la ausencia de anuncios sobre resultados de promoción de investigadores. Estos recortes en personal son acompañados de recortes de gastos corrientes, es decir, además de salarios, gastos de funcionamiento, también se recortan asignaciones presupuestarias para proyectos de investigación. En términos de salarios, todo el personal sufre los mismos recortes que causaron la disminución de un 20% del salario en relación a diciembre.
El sistema científico no está exento de contradicciones. Algunos de sus investigadores y centros de investigación son cofinanciados por capitales ligados a los agrotóxicos o a la minería metalífera, o la expansión del fracking asociado con YPF y otros similares que vienen de acuerdos establecidos por los gobiernos de Cristina, Macri y Alberto Fernández. Muy probablemente el gobierno libertario elija preservar estas líneas de investigación, ya que en el fondo obedece a estos mismos intereses. A su vez, los trabajadores de CONICET no cuentan con Convenio Colectivo de Trabajo, el organismo se rige por un estatuto funcional sancionado durante el gobierno de Onganía, hace dos dictaduras. Ningún gobierno ha dado respuestas a la necesidad del pase a planta y han mantenido a sus trabajadores en una situación de total precarización, lo que los ha hecho blanco fácil para sus despidos. La transformación que el gobierno de Milei quiere hacer va de la mano de potenciar el complejo agro-minero-exportador, y poner al CONICET a disposición de las grandes empresas trasnacionales, con la lógica del mercado como eje rector.
En el horizonte, la tormenta se gesta
A pesar de ciertos vaivenes, la comunidad universitaria comienza a dar muestras de una resistencia gestada desde abajo. Se han realizado numerosas acciones que les han sido arrancadas a las conducciones sindicales y estudiantiles y que demuestran el desborde y la necesidad que existe de organizar un plan que enfrente a Milei. En UBA se realizaron banderazos masivos, clases públicas, abrazos, de la misma manera que en la UNSAM, en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe. Todas acciones que las burocracias han tenido que convocar pero que expresan la fuerza que hay desde las bases para luchar.
Es necesario, entonces, amplificar cada acción y preparar con toda la fuerza posible la Marcha Federal del 23 de abril, para que esa potencia desborde la contención que las conducciones quieren imponer. Es en este marco que tanto el CIN, el Frente Sindical y las burocracias estudiantiles han sido arrojados a convocar acciones, no sin antes poner trabas con discursos centrados en la desmovilización, en que nadie quiere luchar, y que tanto la docencia como el movimiento estudiantil están en la pasividad. Todos estos discursos han sido combatidos por las convocatorias masivas que las acciones han tenido y que, en realidad, solo demuestran que la «pasividad general» es la de ellos mismos, una superestructura que refleja años de quietismo que se ha ido cristalizando con los años y que ha ido generando el rechazo de sus bases.
Es que estos sectores solo se han dedicado a defender los privilegios de las gestiones y de la burocracia institucional, poniendo peros a la convocatoria de paros masivos, como lo demuestra la FATUN, que, salvo el 14 de marzo, no ha querido sumarse a ningún paro, y también la CONADU, que anunció un paro en confluencia con la CONADUH y ahora lo borra con el codo. Debemos estar atentos a combatir la insistencia en el desarme de un plan de lucha que las bases reclaman y que estas conducciones intentan, una y otra vez, levantar, correr, aletargar. Así como las gestiones, que en su mayoría se han dedicado a aplicar el ajuste en los primeros meses y que recién ahora, debido a la falta total de presupuesto con los tarifazos y aumentos, deciden convocar a la lucha.
Para esta tarea es central apostar a robustecer a los sectores independientes de la docencia, del movimiento estudiantil y de CONICET, que han sido centrales para desarmar el discurso de las burocracias que dicen «hablar en nombre de» y que son rebatidas por estos mismos sectores independientes en las reuniones y asambleas. Es necesario que se multipliquen, bajo nuestra exigencia e impulso, las asambleas autoconvocadas, las clases públicas y la organización de un gran 23 de abril, que sea el punto de quiebre de un proceso que desborde en defensa propia para derrotar el plan de Milei contra la universidad y la ciencia, y que luche hasta conquistar un presupuesto real para salarios, becas, boleto educativo real, investigación y condiciones laborales, acordes a la situación que atravesamos.
En todos los frentes, a todo o nada
La docencia e investigadores han ido profundizando su organización desde las bases en este último periodo, pero sigue siendo central que el movimiento estudiantil irrumpa con la fuerza que lo caracteriza para ganar la pulseada. Este sector ha sido siempre una caja de resonancia de la sociedad, y es por esto que en esta coyuntura exista una franja que se ha convencido del delirio libertario. Sin embargo, ya vemos muestras de que ese discurso tiene límites, los límites concretos de las condiciones materiales y es por esto que debemos impulsar la radicalización de las luchas, teniendo en cuenta que enfrentamos un plan general y global anti-pueblo, y cuyo desenlace también depende de la globalidad que podamos darle. Es decir, no podemos apostar a la reacción atomizada por lugar, sino que debemos confluir en una lucha colectiva, en una confrontación abierta y masiva, porque si Milei viene por todo, nosotros lo tenemos que dejar sin nada.
Por eso en cada asamblea, conversatorio, clase pública y reunión donde los sectores activistas e independientes intervienen, el reclamo a la CGT y las CTAs de un paro general se sostiene y las propuestas de paros activos, movilizaciones y plan de lucha escalonado hasta llegar a derrotar el programa de Milei son centrales.
En cada universidad, una trinchera
Tenemos que derrotar el plan de Milei de lleno para poder discutir realmente qué universidad y qué ciencia necesitamos. Este ataque brutal viene a querer dar la estocada final a un sistema que gobierno tras gobierno es puesto en cuestión. Porque el financiamiento externo no comenzó ahora, sino que viene generándose hace rato, con el sector privado interfiriendo en líneas de investigación, en proyectos, en los planes de estudio, en la modalidad de cursada. Por eso necesitamos poder discutir y construir una universidad y una ciencia al servicio de las mayorías sociales, contra el agronegocio, el modelo extranjerizante, extractivista y arrasador que se ha venido imponiendo. Así como una democracia real y directa, con mayorías estudiantiles, que definan democráticamente para qué destinar los presupuestos, terminando con los votos colegiados y los órganos de cogobierno estratificados y que solo han servido para aplicar las transformaciones de la LES, los ajustes y las líneas privatizadoras.
En ese camino la izquierda en las universidades tiene la tarea de reagrupar a lo más decidido del activismo, en el camino de generar un proceso que prepare la real coordinación entre luchadores con asambleas interclaustros e interfacultades para, de forma, horizontal y transversal, construir una articulación que combata y derrote las maniobras por arriba de las burocracias, que se han ido subordinando a los proyectos políticos capitalistas, que deciden salir a luchar o no dependiendo de la cara del comprador. Es necesario construir este polo alternativo para que, ante cualquier intento de paso atrás de las burocracias, la fuerza y la potencia que tienen la universidad y la ciencia cuando se ponen en pie de lucha tengan un espacio y un canal de expresión.
Esa tarea solo será posible si nos armamos decididamente a intervenir en cada lugar, impulsando la participación y el debate político, confiando en que las herramientas que la clase trabajadora se ha dado históricamente pueden descarrilar el tren de la historia, de una vez por todas, a nuestro favor.

El gobierno de Milei tomó la determinación de desguazar presupuestariamente la universidad pública y ponerla al borde de la paralización total con la prórroga del presupuesto 2023 y una inflación del 257% interanual.

Este plan de reestructuración capitalista en el país por parte del elenco libertario cuestiona pilares del modelo de universidad masiva con más de 2 millones de estudiantes, 50 mil docentes y 25 mil no docentes que, a pesar del deterioro progresivo, sigue existiendo. Por lo demás, es un ámbito de acumulación de masa social crítica que no es compatible con el proyecto reaccionario que encabeza Milei.

En paralelo, hay una ofensiva fuertísima por achicar reduciendo a su más mínima expresión el CONICET, como punta de lanza para reconvertir el sistema científico nacional: vaciamiento presupuestario, y apertura de nichos de valoración al gran capital en el campo de la ciencia. Ya se efectivizaron despidos, se suspendió el otorgamiento de becas y se congelaron los ingresos a carrera y su financiamiento.

En las universidades, las gestiones desde diciembre vienen anunciando un recorte que se expresa en la no renovación de designaciones, la suspensión de concursos, el desfinanciamiento de investigación y extensión, así como los casos más extremos donde se han suspendido el cursado libre poniendo cupos.

Superar la pasividad y el inmovilismo 

Este feroz ataque encuentra a la comunidad científico-universitaria sin la preparación necesaria, ni la vitalidad entrenada de sus fuerzas como sujeto. En el último periodo ha habido un repliegue vinculado a las conducciones sindicales de la universidad, a las gestiones atadas a diferentes proyectos de orientación capitalista del país y a las conducciones del movimiento estudiantil, de federaciones y centros. La pasividad y coexistencia fueron el rasgo distintivo de la conducción de CONADU, de FATUN, de las conducciones estudiantiles con posiciones reconquistadas por Franja Morada-Nuevo Espacio en la UBA y también en Córdoba, Rosario, La Plata y los principales enclaves del país. Esa superestructura cristalizó años de inmovilismo que neutralizaron la acción consciente, activa y masiva de docentes, no-docentes y estudiantes. La Multicolor al interior de CONADU (H), con debates y contradicciones, y la izquierda estudiantil no logramos ser un polo de reagrupamiento que canalice una acción independiente con capacidad de gravitar. En parte, es un desafío clave para esta etapa que se abre con un gobierno que le declaró la guerra a la educación pública de conjunto. En ese camino, en primer lugar, además de tomar en nuestras manos el paro del 14 de marzo para que sea contundente, tenemos que exigir la continuidad de las medidas con el no-inicio en todo el país y una agenda escalonada de medidas de fuerza que desemboquen en una acción nacional a Plaza de Mayo como multitudinaria demostración de fuerza del conjunto de la universidad pública y la investigación científica estatal del país.

La casta también era la educación  

El naufragio de la Ley Ómnibus estuvo asociado a las inconsistencias del gobierno libertario, su escuálido músculo político y esencialmente, a la movilización social. Quedó claro que hay relación de fuerzas para enfrentar la ofensiva e incluso derrotarla. Lógicamente, la CGT y la CTA, al no darle continuidad al paro del 24/1 y la protesta nacional enorme de ese día, dilapidan fuerzas y contribuyen a desgastar a la clase obrera y el pueblo, en peleas sectoriales. Ahora, entramos desde el 1° de marzo en una nueva fase de luchas, con el INCAA y Télam como blancos del ataque ajustador, y la universidad como parte de esos objetivos apuntados. Sin embargo, hay una extendida simpatía social hacia la educación, como en relación a la cultura e incluso el sistema de información de prensa público. Por eso, iniciativas como las que prepara el CONICET del montaje de ferias de ciencias para mostrar lo que produce y lo que la banda libertaria que gobierna ataca, es un recurso para tomar como punto de referencia. Todo en el camino de una unidad y coordinación multisectorial de las luchas, que potencien el planteo a la CGT-CTA del llamado a una nueva huelga general con movilización, no para negociar con Milei sino para enterrar todo su plan antiobrero y antipueblo.

Capitalismo sin filtro para desmantelar la universidad y el CONICET 

El proyecto libertario es la pulsión capitalista privatizadora de la universidad y del sistema científico, sin filtros, sin mediaciones. Consecuentemente, es un ataque elitista, de clase, contra las juventudes que todavía aspiran su profesionalización a través de la universidad. A la vez, el ámbito universitario, como usina de pensamiento crítico e instancia de formación de cuadros que cuestionan el statu quo, también repele la versión reaccionaria del gobierno actual. Por eso, la licuación presupuestaria, afecta las condiciones materiales básicas de funcionamiento de la vida universitaria:

Las becas de 20 mil pesos son una miseria.
Se desfinancian comedores universitarios y residencias.
Se precariza el salario y la infraestructura.
Y, en definitiva, se alienta la deserción. Es una especie de malthusianismo universitario, para reducir estructuralmente ese campo sin control directo del 1 % al que representa Milei y su ecosistema.
Todo en el camino de la estrategia del FMI y el Banco Mundial, destinada a reducir las carreras de grado, habilitar cada vez más titulaciones intermedias, desplazamiento de contenidos a posgrados pagos, como así también virtualización y cuatrimestralización, como formas de degradación curricular-pedagógica. La estandarización simplificada de la formación con un universo de población universitaria recortada, con desfinanciamiento y apertura al arancelamiento progresivo, se perfila la estrategia general del modelo de universidad y CONICET, para el mercado definitivamente.
Despertar al gigante dormido

Algunas leyes del proceso político y de movilización del campo universitario, hemos aprendido a lo largo de las décadas pasadas.

Una es que, siempre, las medidas de fuerza que tienen a la docencia y los no-docentes, en pie de guerra facilitan la activación del movimiento estudiantil. Por eso, el paro de este 14 de marzo tiene que ser contundente y a la vez, sin acciones unificadas de protesta activa, no va a mostrar todo su potencial. Pero, es un punto de partida que tenemos que tomar.
Por otro lado, el movimiento estudiantil con sus luchas siempre ha operado como una especie de caja de resonancia anticipatoria de tendencias sociales más profundas. Si reacciona con potencia, seguramente estará reflejando vasos comunicantes con un estado de ánimo rebelde más extendido. Y eso es saludable.

Evidentemente, en lo inmediato se trata de exigir una actualización presupuestaria de piso, que sea equivalente a la inflación real y se traslade al aumento de salarios, becas, personal y de funcionamiento del CONICET para poder discutir, a partir de allí, qué presupuesto real necesitamos para garantizar el acceso pleno e irrestricto a las universidades públicas argentinas y para poner en pie una ciencia soberana e independiente de los intereses empresariales.

La medida de fuerza convocada tiene que tener continuidad con un no-inicio en todo el país y un plan escalonado de medidas de fuerza que culminen en una enorme Marcha Federal de la Universidad y la Ciencia en Plaza de Mayo. Impulsemos asambleas interclaustros en cada facultad de todo el país, y preparemos desde la Multicolor y las agrupaciones de izquierda y combativas del movimiento estudiantil un Congreso Nacional Docente-No Docente-Estudiantil con el propósito de vertebrar un polo alternativo de lucha que no sea bloqueada por ninguna burocracia que negocie en nuestro nombre.

Milei juega a todo o nada. Hay que recoger el guante y responder en la misma escala.
Desde la universidad pública y el CONICET, sí la vemos: hace falta una respuesta masiva, consecuente y radicalizada para doblegar la aventura siniestra del gobierno actual.
Y es con el conjunto de los trabajadores, los movimientos sociales, los organismos de DDHH, la cultura, las asambleas barriales y el movimiento de mujeres y disidencias. Es otra vez, exigiendo que las centrales obreras dejen de maniobrar y especular, y convoquen a parar.

En ese camino, la Juventud Socialista del MST, la docencia e investigadores agrupados en Alternativa Universitaria-Multicolor, convocamos a todo el activismo que comparta este encuadre y propuestas, a construir juntos esa hoja de ruta, para que no desmantelen lo que supimos defender de la educación pública y pelear por el modelo al que aspiramos de universidad, y de país.
Es ahora; no hay margen para ser indiferentes.

Escribe: Francisco Torres

La ley aparece recién ahora, a 40 días de la elección. Suena a tomada de pelo y demagogia electoral. Porque la promesa la hace el mismo gobierno que incumple la Ley de Educación Nacional 26.206, votada en el 2006 por todas las fuerzas burguesas. Los que no cumplen con destinar el 6% a educación, son los que «prometen» aumentarla al 8% del PBI, solo que en forma gradual del 2024 al 2030.

Todo muy poco serio, porque la ley de educación, en su Artículo 9º, fija que el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, destinado exclusivamente a educación, no puede ser inferior al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Pero hoy apenas supera el 5% y en estos casi 4 años estuvo por debajo de esos porcentajes.

2006 a 2023: Casi dos décadas de incumplimiento y ajuste educativo

Esto de incumplir, no es patrimonio solo del actual gobierno. En los últimos 5 mandatos presidenciales, con Néstor Kirchner, los dos de Cristina, el de Macri y ahora el de Alberto con Cristina y Massa, la inversión educativa anual en Argentina nunca llegó al 6% del PBI fijado por ley. Salvo en el año 2015, según el propio Ministerio de Educación. Así, las distintas fuerzas políticas capitalistas, incumplieron deliberadamente con los montos para educación, desde que votaron la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo en 2005.

El primero en incumplir con su propia ley fue Néstor Kirchner, que se comprometió a elevar el presupuesto educativo al 4.7% del PBI en 2006 y al 5% en 2007. Pero estuvo lejos, al llevarlo a solo al 4,3% del PBI en 2006 y al 4,6% en 2007. Tampoco cumplió Cristina en 2008 y recién lo llevó al 5.6% del PBI en 2009. Aunque al año siguiente, la propia CFK volvió a recortar fuertemente el presupuesto educativo, al destinar solo el 5.1% en 2010. Cuando en realidad, ese año debía elevarlo al 6% del PBI, tantas veces anunciado. Es decir, Cristina destinó ese año casi un punto menos del producto bruto nacional fijado por ley, con una reducción del 15% sobre el año anterior. En sus siguientes 5 años de gobierno, tampoco cumplió con la pauta de ley, salvo en el 2015, único año en que se destinó el famoso 6% del PBI a educación.

Después vendrá Macri, gobierno del que Patricia Bullrich fue ministra, a demoler el presupuesto año tras año y rebajarlo sostenidamente desde el 6% de 2015 a solo el 4.8% del PBI en su último año de gobierno. En 2020, Alberto y Cristina lo incrementan levemente (5.2%) para bajarlo después en 2021 al mismo nivel que Macri (4.8%) como informan el propio Ministerio de Educación(1).

Una deuda educativa acumulada de $ 3.4 billones

Todos estos incumplimientos durante 16 de los últimos 17 años, incluso ante un insuficiente 6% para educación, mientras la CTERA con Sonia Alesso, Baradel y Yasky, le pedía a Macri que lo aumentara al 10% del PBI, acumularon una monumental «deuda educativa» entre el 2006 y el 2020. ¡Deuda que ascendió a $3.4 billones! (en pesos del 2022) o su equivalente a 26 mil millones de dólares. A esto se le debería sumar lo no asignado estos dos años.

Esa montaña de plata es la diferencia entre lo que debían destinar a la escuela pública y lo escaso que le asignaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el de Macri y el actual, incumpliendo sus propias leyes. Para dimensionarlo, esa «deuda educativa» equivale a más de la mitad de la monstruosa estafa de la deuda externa, la que Macri nos cargó con el FMI y este gobierno reconoce y paga.

Cualquier docente o auxiliar padece ese monumental desfinanciamiento, lo mismo sus estudiantes y familias. Y así lo reconocen los especialistas: «esta deuda tiene como consecuencia el atraso salarial docente y un déficit en la infraestructura y el equipamiento educativo. Estos factores impactan directamente en la calidad educativa» (Chequeado, 11/02/2023).

Esto tiene su correlato en las provincias que sostienen del 70% al 75% del financiamiento educativo, mientras la Nación aporta el resto, por la nefasta transferencia de la educación a las provincias, con la dictadura de Videla y Menem. Por lo que podemos ver también sus recortes, en el informe de un portal como Argentinos por la Educación2: «entre el 2004 y 2021, 12 de las 24 jurisdicciones argentinas disminuyeron la participación de la educación en sus presupuestos». Lapidario.

Allí se ve también que los distritos que más redujeron su financiamiento educativo, como porcentaje del gasto total, fueron CABA (-8,8%) y Mendoza (-7,3%), gobernados por Juntos, el PRO y la UCR. Y también que CABA (16,7%) y Santa Cruz (17,6%) fueron las que menos presupuesto dedicaron a educación respecto a su presupuesto total. Sin grieta.

Motosierra contra el presupuesto educativo

¿Por qué se invirtió menos en educación? Vale lo dicho por el ex ministro macrista, Narodowski: «La explicación es el brutal desinterés de la clase gobernante por la educación. La actitud de desidia es proporcional al tamaño de la deuda que contrajeron». Eso cuenta para el PJ y también para Juntos, campeones en recortar el presupuesto de la escuela pública.

Macri ajustó con Patricia Bullrich en su gabinete, que antes fue ministra de otro ajustador como De la Rúa. Lo hizo Vidal y lo hacen Larreta y Morales en Jujuy. Nada se puede esperar de esta derecha, más que ajuste, saqueo y represión.

Tampoco de Milei, que apunta a privatizar y arancelar todas las escuelas y universidades con los voucher. Así lo reconoce: «Todas van a ser aranceladas, pero uno puede usar el voucher para ir a la que uno quiera, estatal o privada». Aunque eso será una primera medida parte de una transición a la total privatización, sin ningún voucher ni subsidio del Estado.

Por eso, Martín Krause, quien sería su Secretario de Educación, cuestiona «ciertas ideas que predominan y hay que discutir porque no son correctas, como aquella de que hay que aumentar la proporción del gasto público dedicado a educación. Y hasta se establecen objetivos en términos del PBI. Ese principio hay que reverlo». Es decir, motosierra al presupuesto…

Promesas, ajuste y reforma educativa. Nuestras propuestas

El proyecto contiene otras metas y ataques, en un paquete cerrado con la burocracia de CTERA. Allí plantean «asegurar que el 100% de nivel primario tenga un mínimo de 25 horas semanales de clase», es decir, extender la 5ta hora a todo el país. Y «ampliar la jornada de secundaria» a 6 horas mínimas al día, para un 30% de la matrícula.

Vincular además las escuelas y centros de formación con el mundo de la producción y el trabajo, y a sus estudiantes con el sector productivo y ocupacional, a través de «prácticas formativas, pasantías, tutorías, mentorías y proyectos», según «la demanda productiva de la región». Lo mismo que le criticamos a Larreta en la Ciudad.

Además, avanzar en un «convenio colectivo marco que incluirá pautas referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente» (Art. 23º). Y en la universidad, plantean «consolidar modalidades de enseñanza y aprendizaje virtuales, híbridas, mediadas, remotas» y acreditar carreras cortas y tecnicaturas de contenidos vaciados. Todas cosas que venimos cuestionando y alertando.
Desde el MST en el FIT Unidad proponemos aumentar ya el presupuesto educativo al 10% del PBI, en un solo tramo, hasta triplicar lo destinado a educación, en base al no pago de la deuda y un fuerte y permanente impuesto a los ricos. Como decimos con el Frente de Izquierda, vamos por una educación nacional, única, estatal, pública, gratuita y laica. Basta de subsidio a la educación privada (que constituye el 12.5% del presupuesto, con centenares de miles de millones que deberían ir a la pública). Fuera la iglesia de la educación. Hay que implementar la ESI laica, científica y con perspectiva de género. Abajo la Ley de Educación Superior.

También luchamos por una nueva matriz salarial y un básico nacional que iguale la canasta familiar y garantice el acceso a los bienes culturales, para trabajar en un sólo cargo y en cursos de 20 alumnos o menos. Por un Congreso Pedagógico Nacional para que quienes hacemos la escuela a diario, definamos esas transformaciones. Solo así podremos aspirar a una educación pública de calidad.

1 Min. Educación, informe: «Evolución del Gasto Consolidado en Educación en porcentaje PIB, años 2005-2021»
2 Financiamiento Educativo Provincial, mayo de 2023. Argentinos por la Educación

Escribe: Francisco Torres

El eje de campaña de Kicillof es vender que iríamos “Derecho al Futuro”. Juega con un falso contraste entre “derechos o derecha”. Machaca con eso en cada acto o marketinera “inauguración” de campaña.

En un reduccionismo funcional a la política del Frente de Todos de aparecer como el “mal menor” ante la derecha, el gobernador plantea una falsa dicotomía al decir que “el dilema de este año será entre la derecha y los derechos”. Porque es su gobierno el que aplica gran parte de la agenda de la derecha y el Fondo.

Al pagar salarios que no superan la canasta de pobreza a docentes y enfermeras o apañar a las patronales privadas para pagar miseria y precarizar, su gobierno es el que recorta o ajusta por inflación los presupuestos de salud, educación, empleo, vivienda, medioambiente o los derechos de la mujer y las disidencias.

El PJ gobernó la mayoría de estos 40 años

No son originales al apelar a la “herencia” recibida cuando sus ministros repiten que “hacen” muchas obras o supuestas inversiones, pero que nada “alcanza” por lo heredado de Vidal y Macri. Como “la única verdad es la realidad”, según dijera el general, la realidad es que el PJ cogobernó con Vidal y le aprobó todas sus leyes y presupuestos de ajuste por 4 años junto al endeudamiento exponencial que nos cargó, cosa que requería de una mayoría especial de los dos tercios de los votos en ambas cámaras de la Legislatura. Es decir, votaron “Todos y Juntos”.

En especial Massa, que se reunía con Vidal prestándole sus servicios y votos en la legislatura a cambio de cargos en el Banco Provincia, Contaduría, Tribunal de Cuentas, Defensoría y otras dependencias. También los intendentes del PJ y sus encuentros con funcionarios de Vidal, algunos públicos y la mayoría reservados para canjear votos a cambio de prebendas.

Además, el PJ gobierna y gobernó la Provincia durante el 80% de los 40 años de esta “democracia” para ricos. Esa transa a espaldas del pueblo y sus votantes, pactando con la derecha de Juntos, ha seguido estos años para aprobar los presupuestos de ajuste de Kicillof, sus paquetazos impositivos y un mayor endeudamiento que aumenta la hipoteca provincial.

Ajustan en salud y demás presupuestos sociales

Con el FIT-Unidad movilizamos y rechazamos el Presupuesto 2023 y los anteriores, ya que implican más ajuste, más plata a seguridad y represión y mayor endeudamiento y empleo precario. Porque hay importantes recortes en Salud, Educación y en otras áreas sociales, mientras aumentaron un 129,5% el presupuesto para Seguridad, destinando más de $ 600.000 millones.

Esa montaña de plata para un facho como Berni y la maldita Bonaerense supera toda la plata que destinan para los ministerios de Salud, de Trabajo, de Mujeres, Géneros y Diversidad, de Ambiente, de Vialidad y el Instituto de la Vivienda. Por eso no hay grieta al votar Todos y Juntos. Prioridades…

Con el presupuesto aprobado con la derecha, Kicillof redujo las partidas en Salud al 6,5%, cuando en 2022 fueron del 7,1% sobre el Presupuesto total (ver gráfico). Es decir, menos plata para atender a la gente y menos salario para el equipo de salud, que luchó con paros y movilizaciones encabezado por CICOP, además de enfermería y residentes.
Hay 80 hospitales provinciales, 220 municipales y 1.500 centros de salud, en su mayoría municipales. Mientras que el Posadas es nacional. Pero los problemas estructurales siguen sin resolverse pese a la lucha de los equipos de salud: retraso salarial, precarización en los municipios y sueldos en línea con la indigencia, además de la falta de presupuesto y un sistema sanitario fragmentado.

Durante la pandemia y desmintiendo la supuesta prioridad por lo público, Kicillof metió mano en la caja del IOMA, es decir, la obra social y los aportes de estatales y docentes, para darle $ 400 millones al mes en créditos a tasa cero a las clínicas y sanatorios, a devolver en años… prioridades opuestas a las que planteamos desde el MST al reclamar unificar todo el sistema de salud bajo gestión estatal y control de sus trabajadores, para que la salud sea un derecho y no un negocio.

Vamos por más y mejor educación

Lo mismo pasa con Educación, al aumentar los millonarios subsidios a los colegios privados, mientras rebajaron este año el presupuesto educativo al 26,4% respecto del 26,6% de 2022, sobre el Presupuesto total. Este porcentaje está incluso por debajo del 28% y 27% que destinó Vidal en 2015 y 2016. Y del 33,2% al 29,6% de Scioli, entre 2008 y 2014 (cuadro).

Lejos de su relato “estatista”, Kicillof mantiene la línea privatista de Scioli, Cristina y Vidal, al tener el 27,5% de la matrícula en colegios privados, pese a la fuerte caída de esa matriculación en la pandemia y hasta hoy. Un elevado privatismo educativo, si vemos que solo “el 20% de estudiantes de América Latina asiste a escuelas privadas” 1.
Como prueba de eso, Kicillof volvió a subir fuerte los subsidios a la Iglesia Católica y demás patronales de la enseñanza privada. Los duplicó respecto al año pasado al aumentarlos un 117% y pasar de $ 96.644 millones en 2022 a $ 209.545 millones en 2023. Una montaña de plata a manos de quienes comercian con la educación. Con eso se podría dar un aumento mensual de $ 60.000 en todo el año a los 303.300 docentes de las escuelas públicas bonaerenses.

Otra vez, prioridades que solo cuestionamos desde la izquierda con proyectos como el de Alejandro Bodart para eliminar esos subsidios y volcarlos a la escuela pública, disponiendo la estatización de todo establecimiento que cierre o quiebre para garantizar los cargos y derechos docentes junto a la matrícula escolar.

A su vez, ante la legislatura, el gobierno reconoce las carencias estructurales del sistema educativo bonaerense, el segundo de Latinoamérica, al afirmar que “la provincia tiene un déficit histórico en materia de infraestructura, acumulando una desinversión del 50,6% en términos reales”. Pese a esto, destina poca plata a resolver el drama de los edificios escolares.

Para taparlo, Kicillof con sus ministros e intendentes hace profusos anuncios, como las 158 escuelas que dicen haber inaugurado. En realidad eso no llega ni al 1% de los 20.500 establecimientos educativos de la Provincia. Ante el reclamo que hacemos desde el FIT-Unidad y SUTEBA Multicolor, el ministro Sileoni se ataja. Dice que nada “alcanza” por lo grande de la Provincia y la herencia de Vidal.

Pero con solo los 387 millones de dólares que pagan este año a los bonistas buitres de la deuda, se pueden construir nada menos que 200 jardines y 160 escuelas nuevas, generando miles de empleos. Es decir, 360 nuevas escuelas serían más del doble de lo hecho en 3 años y medio de gobierno. Por eso insistimos, la deuda es con la educación. Prioridades que solo planteamos con el MST y el FIT-Unidad.

El gobierno también insiste con su propaganda sobre las supuestas “5 mil obras de refacción, ampliación y mantenimiento de establecimientos educativos”. Pero eso significa que no hicieron ni un arreglo en el 76% de los establecimientos, es decir, en 3 de cada 4 escuelas ni una refacción. Para cortar con tanto relato, demandamos un plan real de refacción y construcción de nuevas aulas, jardines y escuelas, pero bajo control de docentes, estudiantes y familias, definiendo las prioridades, el destino de los fondos y los avances de obras.

La necesidad de más viviendas, trabajo y defensa del ambiente

En el tema de viviendas, el descaro es total. El déficit habitacional es de un millón de viviendas y ya en 2020 Kicillof prometía construir 33.000 casas nuevas para fines de este año. Pero a enero, sólo había 11.000 en obra, con lo que tardarían más de 300 años en cubrir el déficit.

Encima, volvieron a ajustar el ya mísero presupuesto del Instituto de la Vivienda con una “suba” de solo el 47%, ante una inflación del 100%. Pero lo que sí aumentaron fuerte, un 120%, son los $ 195.300 millones para pagar “Servicios de la Deuda”2. Con esa plata se pueden construir 20.000 viviendas populares y crear 100 mil puestos de trabajo. Una vez más, prioridades.

Ajustan también al ministerio de Ambiente, como reconoció López de Hacienda a la Legislatura, al destinar este año solo $ 11.969 millones, lo que implica ajuste por inflación, al “subir” apenas el 47,1%. Así vemos a la ministra Vilar que habla de un “ambientalismo popular”, pero impulsa la depredación y criminaliza a las comunidades que defienden los ecosistemas. Habla también de “transición energética”, pero impulsa las petroleras off shore en nuestras costas.

Con Kicillof, el uso de agrotóxicos sigue aumentando. Los ataques a espacios verdes, humedales y reservas tampoco cesan al priorizar el negocio inmobiliario. Muchas fábricas contaminantes en los barrios afectan la salud de miles, por eso impulsamos la lucha junto a las asambleas ambientales por presupuesto real y todos los reclamos. Donde decidan las comunidades y no el gobierno al servicio del saqueo ambiental.

La provincia más rica, un pueblo pobre e indigente

El relato oficial sobre “derechos o derecha” intenta barnizar una realidad de continuidad con el ajuste y endeudamiento del gobierno anterior. Buenos Aires es la provincia de mayor peso económico, con las tierras más fértiles y productivas y la mayor concentración de empresas, pero la pobreza en la infancia trepa al 66%, con más de 3,3 millones de pibes que sufren privaciones.

Hay también medio millón de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Un alarmante 45% de bonaerenses en la pobreza y 10% en la indigencia, 7% de desocupación y 10,4% de subempleo, peor aún entre las mujeres y jóvenes. Un combo que hace del conurbano un polvorín social.

Con este gobierno como con Macri, tener un trabajo formal es ser pobre y ni hablar de quien no lo tiene. Y como preguntará Bodart al lanzar su candidatura a gobernador, ¿qué futuro tiene la juventud? Si no trabaja, no ha podido estudiar, no se ha podido ir de la casa familiar al formar la suya porque alquilar es un lujo. Ningún gobierno les ofrece alternativa o, cuando se la ofrece, es de un narco o la maldita policía corrupta para que salga a robar o transar.

Es la salida que brinda este sistema injusto que debemos cambiar en defensa propia. Porque el Frente de Todos, Juntos o Milei repiten que “la juventud es el futuro”, pero bajo el capitalismo semicolonial y dependiente que gerencian, la precarizan, la dejan sin derechos ni futuro. Si queremos realmente solucionar los problemas, tenemos que tocar los intereses de los ricos y el FMI.

Solo así podremos lanzar un plan de shock de inclusión educativa y laboral juvenil, con becas para terminar la secundaria y un programa masivo de primer empleo sin precarización y con un salario mínimo igual a la canasta familiar.

Bodart gobernador para dar vuelta todo

Hay recursos para acabar con la pobreza, generar empleo genuino con salarios dignos, más salud, educación y viviendas. La provincia incuba un estallido social si siguen los mismos. Para evitarlo, habría que tomar medidas que no están en la agenda de Kicillof ni de Cristina y menos de Massa. Tampoco de Santilli, Larreta, Bullrich o Milei.

Plata hay y mucha, porque la provincia es el corazón productivo del país con el 36% del PBI total, el 40% de las empresas manufactureras, 30% de los puertos comerciales y el 37% de las exportaciones, que son récord en 13 años al sumar 33.000 palos verdes en 2022. Esas riquezas implican casi 8 billones de pesos, mucho más que todo el Presupuesto provincial. Hay también una gran concentración de la tierra en pocas manos, con 1300 familias dueñas del 36% del suelo bonaerense.

Ahí están los recursos, si ajustamos a los ricos con impuestos progresivos y fuertes retenciones para que paguen más los que más tienen. A su vez, no podemos seguir pagando una deuda que nunca se investigó. Creemos que para frenar esa sangría eterna hay que investigar la deuda y no pagar ni un dólar más al Fondo ni a los bonistas. Así podríamos volcar fortunas a resolver la catástrofe social a la que nos han traído.

A aumentar salarios, jubilaciones y programas sociales. A crear empleo sin precarización, con un plan de obra pública y viviendas populares. Anular los tarifazos y reestatizar las empresas privatizadas, pero bajo control de trabajadores y usuarios. Terminar con las dietas y privilegios de legisladores, gobernantes y jueces. Donde todo funcionario político gane como una directora de escuela, use la escuela y el hospital público.

Es decir, una agenda para solucionar los problemas de la gente. Con la precandidatura de Bodart a gobernador, vamos por eso. Al servicio de la unidad y por más y mejor izquierda.

1. Informe: Noticias ONU, 7 Diciembre 2022.
2. Artículo 2º del Presupuesto 2023.

Escribe: Francisco Torres

El proyecto es arbitrario, inconsulto y antidemocrático. Es más, esa Resolución que iba a emitir el Consejo General de Educación nunca se difundió. Resultó una “misión imposible” hallarla en las páginas de Educación (DGCyE). Ningún medio la publicó, ni la derecha de Juntos, pese a que, con cinismo y especulación electoral, decían que cualquiera podría pasar de año y se terminaba la repitencia.

Quienes atacaron la educación de 2015 a 2019 con el presupuesto más bajo, ajuste a la docencia, precarización y baja salarial del 25%, despotrican porque “se desterraba todo símbolo de meritocracia”, como Vidal y su ex vice ministro de Educación, Sergio Siciliano, Ritondo o Finocchiaro, el ex ministro de Macri.

¿Es la repitencia el problema?

Criticaron solo ese aspecto, quizás el más progresivo, que cuestiona el sentido de la repitencia cuya matriz tiene 110 años, con resultado negativo ya que conlleva sobreedad, desánimo y abandono. Por eso se la desechó en Alemania, Noruega, Países Bajos y buena parte de Europa, en Japón, Chile, Uruguay o Paraguay. Acá, 8 provincias avanzan con otro régimen de promoción, incluida CABA, donde Larreta aplica eso que critican.

Decimos hipocresía y especulación porque Siciliano aclaró: “estoy en contra de la repitencia, no contribuye, no soluciona la problemática de la enseñanza”. Y exponentes del privatismo educativo como Guillermina Tiramonti, ex funcionaria de Vidal, sostienen: “El sistema de repitencia es la puerta de entrada a la deserción. Hay consenso, las estadísticas nacionales e internacionales, todo el mundo está de acuerdo en que la repitencia no sirve”.

El problema no está ahí, aunque se propone pasar de la promoción por año a la aprobación y acreditación por materias con “hasta dos materias pendientes de años anteriores en cada agrupamiento vertical” donde no se recursen las aprobadas.

Los grandes medios dijeron que el proyecto “está escrito adrede para que nadie lo entienda”. Falso, es claro en su orientación, pero no la compartimos y llamamos a rechazarla, aunque denunciando el cinismo de esta derecha, porque el PJ plantea así muchas de sus propuestas antieducativas.

Las chicanas de Juntos conllevan críticas implícitas a la docencia, estudiantes y familias a quienes consideran manipulables, promotores del menor esfuerzo y responsables en definitiva de los déficits educativos. En realidad son consecuencia de las políticas de los gobiernos capitalistas en estos 70 años, y difíciles de revertir si no se resuelve lo social, con 6 de cada 10 niñes y adolescentes pobres (61,6%). Y se arranca mayor presupuesto, más salarios, aulas, cargos, becas…

Sentido político de la educación y proyecto de país

Con desprecio hablan de un supuesto “pobrismo educativo” y lo contraponen a su idea de “excelencia”. Dicen que se iguala para abajo, desacreditando a la docencia y su rol social. Lo hacen para negar toda dimensión política y social en la práctica educativa. Por eso machacan con que la escuela busca “conducir con la ideología, donde un discurso político predomine sobre el saber”.

Pero no hay educación “neutra”: las decisiones sobre qué educar, con qué contenidos y orientación, cómo evaluar y promover están determinadas mayormente por los intereses de la clase dominante, que ve a la escuela como auxiliar de la renta capitalista y para la “contención” de lo que el sistema no contiene.

Buscan acortar materias, contenidos y carreras, formar mano de obra según la necesidad patronal, que centra en lengua y matemáticas y reniega de las ciencias y las artes, en un proyecto afín a la economía primarizada, que casi no agrega valor, con un “desarrollo” basado en el monocultivo, el extractivismo y los servicios que no requiere de saberes complejos y reserva la formación de calidad a quien pueda pagarla.

Eso expresa el proyecto de Sileoni-Kicillof. Lo debemos rechazar y luchar por transformar la escuela en un espacio para la construcción de conocimientos socialmente significativos. Una educación crítica, contrahegemónica, reflexiva y al servicio de las mayorías sociales.

Más allá de la chicana electoral, no hay “grieta” educativa

La derecha pone en agenda su idea de meritocracia, de premios y castigos. Con cinismo dicen que se bajan los días de presencia, pero Larreta plantea 25 inasistencias y Sileoni 28. En CABA, además, por la Resolución 970/22, eliminaron la repitencia en 1° y 2° año y flexibilizaron la cantidad de materias previas en 3°, 4° y 5° para pasar de año y poder promocionar con un trabajo práctico integrador que incluya hasta 3 materias de un área.
Al igual que Larreta y Acuña, también plantean agrupar asignaturas en áreas de conocimiento, al pasar de 13 materias a solo 8 en agrupamientos verticales. Así agrupan Ciencias Sociales, Historia y Geografía; y Naturales, Biología, Fisicoquímica, Introducción a la Física y Química.

Introducen la “Cursada de materias a contraturno” y las “Materias de duración cuatrimestral” que cuestionan la carga y tarea docente. Al igual que el PRO, el PJ plantea “instancias de intensificación de la enseñanza y estudio para materias pendientes”. Para eso Sileoni habló de mayor inversión y Zarlenga, representante de SUTEBA en el Consejo General, habló de 3.000 cargos de coordinares distritales de apoyo a las trayectorias educativas y 30.000 módulos de apoyo e intensificación (docente tutor o particular).
Así explica Sileoni esas nuevas tutorías: “cuando alguien está mal en una materia, lo vamos a ayudar a contraturno, con clases los sábados, con un profesor que acompañe”. Esos cargos y módulos remontan a los ATR o FORTE, con contratos a término, horarios flexibles y trabajo los sábados, sin estabilidad ni acceso al régimen de licencias y menor salario. Una precarización inaceptable.

Según el macrismo, “no se plantean las prácticas profesionalizantes”. Es decir, pasantías estudiantiles en empresas de Larreta y Acuña, que denunciamos al forzar a estudiantes a ser mano de obra gratuita y precarizada para la ganancia empresaria.

Pero Sileoni sí introduce esa relación escuela-empresa y la llama “Articulaciones formativas para estudiantes de 6to año” para su inserción al ámbito laboral, con 4 días en la escuela y el 5º en la empresa, con “participación de otros actores que enseñan” y materias que podrán dictarse en forma bimodal.

¿Quién decide? ¿10 personas o un Congreso Pedagógico?

Sileoni quería aprobar su reforma, con 10 personas del Consejo General de Educación, sin consulta ni deliberación en las escuelas. En ese Consejo hay 3 representantes del Frente de Todos, 3 de Juntos y 4 de los gremios. Antidemocrático e ilegítimo, al burlar su propia ley provincial de Educación, ya que se deben votar en elecciones anuales y obligatorias, de la totalidad de docentes de escuelas estatales (Art. 99º). La ley fija que “los Consejeros durarán un año en su función” (Art. 100º), pero la última elección fue en 2009, con lo que llevan 14 años atornillados.

Hablan de una “consulta”, pero limitada a directivos e inspectores, incluso parcial y en 2 reuniones en todo el 2022. Apenas hubo una jornada con docentes en el año, que no analizó esta resolución, sino un texto general de SUTEBA. De democrático, nada.

Democratizar el gobierno educativo y sus transformaciones

En un verdadero Congreso Pedagógico o “Congreso Nacional de Educación donde seamos les docentes, les estudiantes y el conjunto del pueblo quiénes decidamos qué educación necesita nuestro país”, como aprobamos con la Multicolor de SUTEBA, se debaten ponencias, mociones, documentos, instancias pre-congresales y votación democrática. Con delegades con mandato y por voto democrático, sin injerencia de la Iglesia y demás sectores privatistas. Para definir las transformaciones que requiere la escuela pública.
Es grave que quieran avanzar en reformas antieducativas del Banco Mundial, la OCDE, el FMI y los sectores privatistas, en el mayor distrito del país. Si bien dijeron que se posterga, debemos debatirlo en las escuelas, rechazarlo y exigir un Congreso Pedagógico y democratizar el gobierno educativo.

Buscan avanzar a una “nueva normalidad”. Los gobiernos se ordenan por esa necesidad empresaria y de los sectores privatistas de la educación. Les preocupa recuperar a la educación como auxiliar de la productividad, servicios, comercio y renta capitalista, sin importar la salud de las mayorías. Priorizan el interés capitalista por el rol que cumple la escuela en la reproducción del sistema y en la “contención” hacia las familias.

En esto tampoco hay grieta. Kicillof fustigaba a Larreta y a gobiernos como los de Mendoza o Jujuy por imponer las clases presenciales, siendo esos distritos de los que más muertes evitables suman entre trabajadores de la educación y la comunidad. Pero luego Kicillof dio una voltereta al ordenar la presencialidad sin garantías ni recursos para esa “presencialidad cuidada” de la que hablan.

Ceden a encuestas y a sectores de clase media y privatistas. Son los que celebran que se retome la presencialidad, sin importar la salud y la vida de la clase trabajadora, sectores populares y más humildes. Que se ven obligados a incrementar el tránsito y la posibilidad de contagio, en un transporte público cada vez más saturado.

El “combo” ola de frío y COVID. Tanta era la ansiedad aperturista que los gobiernos, la Iglesia y demás patronales de la enseñanza privada ni lo tuvieron en cuenta. Esto obligó a suspender la presencialidad en muchísimas escuelas del país. Aunque podemos tomar de parámetro a la provincia más rica y la que concentra el 40% de la matrícula y la docencia. Con el Plan Jurisdiccional bonaerense que fija que no puede haber clases presenciales cuando no esté en “funcionamiento el sistema de calefacción en el período invernal o cuando la temperatura sea inferior a 10º C” (Anexo II, inc. D). Pero todo se violentó.

¿Puede ser que persista tal crisis edilicia? ¿Luego de tanto tiempo sin presencialidad en las escuelas? Sabemos de la desinversión y el privatismo de Larreta, solo que Kicillof dice ser un “gobierno del pueblo”. Pero lejos de revertir el ajuste de Vidal, en 2020 concretó 2.960 obras, sobre casi 19.000 escuelas. Apenas el 15,6% de los establecimientos y anexos educativos.

Además, esas “obras” son en realidad un 41% de arreglos de electricidad, agua y gas. Un 33% son trabajos de pinturas, otro 24% de reformas edilicias y solo un 2% de nuevos edificios o aulas. Cosa que tampoco revirtieron este año, ya que destinaron al plan “Escuelas a la obra” solo $6.570 millones. Esto implica apenas $29 mil por escuela al mes, que alcanzan para cubrir 2 potes de pintura y 2 para impermeabilizar techos o paredes. Es decir, nada.

Esto, mientras el Presupuesto de Kicillof destina $61.733 millones a pagar “Servicios de la Deuda Pública”. Es decir, casi 10 veces más para la deuda externa que para arreglar escuelas (Art. 2º, Presupuesto 2021). Así estamos. Mucho relato para barnizar una realidad de continuidad y ajuste. Esto se ve en las demás provincias o la Ciudad, ante la voladura de una escuela en Neuquén o al explotar un calefón en Mendoza.

Priorizan la deuda, mientras las escuelas desbordan de carencias. Es que falta limpieza en los tanques, falta agua o baños que funcionen, lo mismo con el gas, las estufas, calefones o cocinas. Con serias deficiencias en la electricidad, los cielorrasos, goteras, patios o el mobiliario. Ni hablar de la falta de entrega de computadoras y conectividad para estudiantes y docentes, lo que agrava la brecha educativa y aumenta la exclusión.

La docencia con salarios de pobreza. Además de sobrecarga laboral, creciente precarización y desocupación. También fatiga ante una presencialidad insegura, una virtualidad ficticia y una bimodalidad precarizante. La situación es compleja y demanda una salida integral. Por eso planteamos la suspensión provisoria de la presencialidad, allí donde no están dadas las condiciones sanitarias, edilicias, de vacunación y presupuestarias. Cuestiones posibles de garantizar con otra política opuesta a la oficial, si hablamos de volver a poner en pie una escuela pública al servicio de las mayorías populares.

Poner en el centro la defensa de la escuela estatal. Y formas de presencialidad segura que sí podrían lograrse, pero a partir de revertir quiénes deciden hoy en educación. Con un Congreso Pedagógico Nacional y en los distritos que defina –en el marco de otro proyecto educativo y de país-, cuándo es seguro volver, pero en consulta con organizaciones de la salud, con independencia de los gobiernos del capital. Para construir un real semáforo epidemiológico que no arriesgue la salud de educadores, estudiantes y familias.

Vacunar rápida y masivamente a la población. Es posible ya que producimos millones de vacunas, tanto 1º como 2º dosis, si avanzamos en expropiar los laboratorios. Exigir un Presupuesto igual al 10% del PBI, a partir de eliminar los subsidios a la Iglesia y las demás patronales de la enseñanza privada. Con impuestos progresivos a la riqueza y el no pago de la deuda externa.

Defender y transformar la educación. Asistimos a la demolición del sistema educativo nacional. Debemos poner ahí el acento, en lo estratégico y tomar en nuestras manos la defensa de la educación. Luchando por un sistema único, nacional, estatal, gratuito, laico, científico, ecosocialista, feminista y al servicio de las mayorías populares.

La Ciudad, la peor de todas. Es el distrito con más muertes por millón de habitantes del país, con 2.422 muertes por millón. Así supera en un 80% la media nacional de 1.348 muertes. Otro indicador alarmante es el de incidencia y razón de casos. Para el Ministerio de Salud, hay incidencia elevada con 150 casos cada 100.000 habitantes en 14 días. Mientras que Alemania no permite las clases presenciales con 165 casos/100 mil.

Pero eso lo superan la Ciudad y la mayoría de las provincias. El promedio nacional casi lo quintuplica, con 724 casos en un mapa rojo. La Ciudad cuenta 1.354 contagios en 14 días y ningún país del mundo mantuvo las clases presenciales con esas cifras. Además, la Ciudad pasó de 26.616 menores y adolescentes contagiados en febrero, a 36.696 al 20 de abril. El 13.9% de los casos de menores del país, con solo el 6.7% de los habitantes. Larreta miente porque en 63 días de clases, subieron 10.514 los casos, unos 167 pibes contagiados por día, 7 pibes por hora.

¿Y la Provincia de Buenos Aires? También. Al sumar 32.128 casos más y alcanzar los 114.040 contagios, pasó al 43.3% del total de contagios en menores y adolescentes del país, pese a tener el 38% de la población. En relación a la incidencia y los casos en 14 días, la Provincia suma 937 en promedio, Córdoba 619, Santa Fe 651 y Mendoza 615. Triplican así el «índice Alemania» para suspender la presencialidad. Tampoco podría haberla según el semáforo epidemiológico del Consejo Federal de Educación.

La ciencia confirma la suspensión provisoria. Las revistas científicas de mayor prestigio y reconocimiento internacional, desmienten a los aperturistas. La revista Nature indica que «el cierre de instituciones educativas es la segunda medida con más impacto para disminuir contagio». The Lancet, advierte que «la reapertura de la escuela, sin una sólida mitigación del COVID-19, corre el riesgo de acelerar la pandemia». Además de 40 estudios que divulga hasta un privatista como el Director de Educación de la elitista Universidad de San Andrés.

La mayoría de los gobernadores no suspendió. No solo de derecha, sino del PJ. En un cinismo que llega también de la burocracia Celeste de CTERA, al no tomar medidas para exigirlo. No es solo Larreta, sino que de 24 provincias sólo 4 adhirieron: Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Catamarca. En Santa Cruz, nunca se regresó presencialmente. Y en las otras 19, los gobernadores sostienen la presencialidad.

Suspensión provisoria de la presencialidad, con recursos. Además de la docencia porteña, hay luchas en Bahía Blanca, Rosario, Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco, Misiones, La Rioja. Según el mapa epidemiológico, en toda zona roja se deben suspender provisoriamente las clases, con una virtualidad que asegure cierta continuidad pedagógica, en el marco de medidas integrales.

Pero Trotta y Fernández barajan una «presencialidad administrada» que implique suspender ciertos cursos en Superior y Secundaria. Lo mismo en Primaria e Inicial, aunque aquí dicen que habría menos contagios. Insisten en poner a la docencia y familias entre una presencialidad insegura, una virtualidad ficticia y una bimodalidad precarizante. Así no va.

Congreso Pedagógico de emergencia, con consulta sanitaria. Sino sigue decidiendo qué hacer con la educación un debilitado Alberto, un Trotta casi renunciado, un Larreta golpeado, su justicia adicta, y una Corte de «supremos» vitalicios, que nada saben de la realidad escolar.

La burocracia docente debe romper la tregua y llamar a luchar si no disponen ya la suspensión provisoria de la presencialidad, en consulta con la comunidad y asesoría sanitaria de organizaciones de la salud independientes de los gobiernos, en todas las provincias y distritos donde el semáforo epidemiológico aparece en rojo.

Conectividad y notebook gratis para todes. Además de libros, cuadernillos y material didáctico para que retiren las familias. En una virtualidad que no implique más desigualdad, abandono y más jóvenes ni-ni. Suspender también otras actividades, garantizando un ingreso social a trabajadores y sectores informales. Más un plan masivo de testeos y vacunación, expropiando los laboratorios de Sigman y Richmond para una masiva producción estatal. Así se prioriza de verdad la salud y educación de las mayorías populares.

Escribe: Francisco Torres

En la disputa por la educación pública, entendida como estatal, se ha montado una gran simulación y un uso espurio del sentir de millones por volver, cuando antes y en condiciones seguras, a la enseñanza presencial. Entendiendo al aula como el espacio natural para la construcción democrática, crítica y participativa de conocimientos.

#ALasAulas, la impostura del privatismo

Aparece una verdadera impostura, erigida alrededor del espacio corporativo #ALasAulas, al que solo les preocupa ir… al cobro de las cuotas adeudadas a los colegios privados. Además de frenar la pérdida de matrícula que se está pasando a la estatal.
Con un cinismo sin límites, esas mismas corporaciones, funcionarios, organismos internacionales, la Iglesia Católica y las evangélicas, las cámaras empresarias de la enseñanza privada, fundaciones, ONG’s, redes internacionales del emprendedurismo, que son las responsables de hundir en la miseria y el atraso a los pueblos, expresan su “desconsuelo” por la educación de las mayorías.

Estos sectores responsables del hambre y desnutrición de las infancias, en un país que produce alimentos para 10 Argentinas; de que un millón de pibes no tengan computadoras ni conectividad, son las que dicen sentir angustia por la brecha educativa o la desigualdad entre escuelas privadas y estatales.

Inundan los programas y debates televisivos y radiales, copan los diarios y redes, diciéndose preocupados por la situación emocional, desarrollo cognitivo, nivel nutritivo y hasta la actividad lúdica de nuestras infancias.

Una hipócrita fabulación, que alude a “la educación de una generación”, para disimular que les preocupa la formación gratuita que asegura la escuela estatal a cerca de 10 millones de estudiantes, gran parte a punto de recibirse. Les inquieta esa mano obra adoctrinada y capacitada con la que esperan contar para que les rinda en sus empresas, comercios y servicios.

Como ya hemos dicho, detrás del mantra burgués por una presencialidad plena, no hay preocupación por lo pedagógico ni la didáctica, sino por la necesidad de guarda y cuidado de menores. Para volver a ubicar la escuela como auxiliar de la producción capitalista y del recupero de la alicaída tasa de ganancia.

Organismos imperialistas como la ONU, el Banco Mundial y la OCDE apuran a los gobiernos porque se regrese a las aulas para que las escuelas actúen como centros de alimento, contención, tarea asistencial y también para contribuyan al rendimiento de madres y padres que precisan de la escuela como espacio de contención y formación de sus niñes.
Necesitan volver sí, pero a la formación de jóvenes que renueven la fuerza laboral. Y se terminen de recibir los técnicos y profesionales que la burguesía precisa. Y avanzar con la “nueva normalidad” capitalista, donde toda la sociedad retome los hábitos de producción y consumo.

Piden volver a las aulas para facturar y no perder matrícula

A su vez, hay una disputa concreta, material, que se mide en centenares de miles de millones. La Iglesia Católica, las Iglesias evangélicas y demás patronales privadas, están desesperados por parar y revertir la alta morosidad en el cobro de las cuotas. Y detener la pérdida de matrícula privada que se está pasando fuerte a la escuela estatal.

Como indican varios estudios de las entidades privadas, “la morosidad es la mayor problemática causada por la pandemia en el sector educativo privado argentino. La falta de pago de cuotas dificulta el flujo de caja de las instituciones, lo que limita el cumplimiento de sus responsabilidades financieras”. Y que “la tasa de morosidad en colegios privados está entre el 40% y 90%, dependiendo de las regiones y el contexto de cada institución”. Por eso se ofrecen software, guías de cobranza, capacitación, de todo.
Se habla de deudas promedio de 25.000 a 120.000 pesos y hasta 200 mil para familias de 3 o 4 hijos. Lo que lleva a una pérdida promedio del 30% de matrícula, con jardines maternales que tuvieron una baja en la matrícula del 90%. La pandemia mostró no solo la incapacidad del capitalismo de asegurar la salud, sino que desnudó también la inviabilidad del negocio de la enseñanza. El que fracasó ante la crisis. Y recolocó a la escuela estatal como la única que garantiza la educación para las mayorías.

Además las privadas recurrieron al Estado que las sostenga con respirador ya que Alberto y Trotta, entregaron cuantiosos fondos a la Iglesia y demás propietarios de colegios privados. Bajo el argumento de que pudiesen pagar los salarios docentes. Ante la morosidad en las cuotas de cientos de miles de familias, al definir a los colegios como “empresas”, Trotta los incorporó al programa ATP (Asistencia al Trabajo), para que cubran sus gastos con dineros públicos.

Esto pese a que más del 70% de las privadas y el 81% de las que administra la Iglesia, reciben subsidios del Estado. En el país, la masa de subsidios era de $58.000 millones en 2017 y se estimaba en $81.000 millones en 2020. Para colegios que, a su vez, facturan cuotas de 3.000 a 5.000, 10 mil, 30 mil y hasta 50.000 pesos al mes. Y gozan de la exención del IVA y de Ganancias, y no pagan las contribuciones patronales de sus docentes, como se viene prorrogando con decretos de Cristina, de Macri y hoy.

Son decisiones adoptadas por funcionarios políticos que se educaron y envían a sus hijes a las privadas. O que administran una universidad privada como Trotta y ministras como Acuña que pagaba cuotas de 43.000 pesos por el colegio de sus hijas. Al igual que Macri, Vidal o Bullrich. Por el lado del PJ aparecen Filmus, con la exclusiva escuela ORT y cuotas de 32.000 pesos más la matrícula. O Cristina, cuya hija asistía a privadas clericales con 25.000 al mes de cuotas. Todos establecimientos que reciben además, fuertes subsidios del Estado.

Es la forma en que se aseguran autonomía y financiación para que el sector privado imparta educación según su ideario, sin control ni seguimiento social ni oficial. Alberto solo da continuidad a la concepción histórica del PJ, como la fuerza que legalizó los subsidios a las escuelas privadas, con la Ley 13.047 de Perón, en el año 1947.

Basta de subsidios. Nacionalizar toda la educación

Sabemos de dudas o planteos señalando que eliminar los subsidios estaría bien, pero no es posible. Conocemos la inquietud de docentes que trabajan en las privadas, aunque no es la postura de la burocracia Celeste que defiende afiliaciones y es correa de transmisión del lobby de las iglesias y empresarios privados para que el Estado les asegure el negocio educativo.

En vez de dar pelea por explicar que sí es posible terminar con los subsidios, los defienden con falsedades. Como el relato de la escuelita parroquial que educa por “caridad” y llega donde el Estado no… Porque es al revés: quien llega donde la privada no, es la estatal. Las privadas no están donde no hay lucro y rentabilidad asegurada, hasta con plata del Estado. Es decir, del conjunto de la sociedad, que les financiamos la enseñanza particular, confesional y anti derechos a un sector.

La propuesta que hacemos es integral. Y si, al quitarle esos subsidios, algún establecimiento no quisiera o dijera no poder seguir funcionando, el Estado debe absorber esa escuela, garantizando los cargos y derechos a toda la planta docente, de dirección y auxiliar, así como a la matrícula estudiantil. Eso fijan los proyectos de ley presentados por Alejandro Bodart en la legislatura porteña,Vilma Ripoll en la bonaerense y Luciana Echevarría en la de Córdoba, junto al MST y Alternativa Docente.

Como socialistas planteamos poner fin a toda injerencia de la Iglesia y las corporaciones en educación. Eliminar los subsidios, estatizar todo establecimiento que no pueda o no quiera pagar, garantizar la matrícula y cargos docentes.

Como sostenemos en el documento suscripto por sindicatos provinciales, seccionales, la FND y agrupaciones Multicolor del país, continuamos luchando por la nacionalización del sistema educativo, en una escuela estatal, gratuita, obligatoria, laica y con perspectiva de género. Con la eliminación de los subsidios a la educación privada. Porque es tiempo de lucha.

Hacia el 1º de marzo está previsto el arranque de clases en la mayoría de las provincias. Buscan la mayor presencialidad, sin garantizar las condiciones para un retorno seguro. La campaña A las Aulas y las medidas de lucha por la educación pública.

Escribe: Andrea Lanzette, Multicolor, SUTEBA Lanús

Alberto y Trotta, junto a Larreta, Kicillof y demás gobernadores quieren imponer una vuelta al aula sin las condiciones sanitarias ni educativas que reclama la docencia junto a sectores de la comunidad. Mientras la burocracia aliada al gobierno no pasa de los dichos y se allana a la política de imponer la mayor presencialidad posible.

La campaña #ALasAulas, sostenida por el lobby eclesial, privatista, comunicacional y corporativo, genera fuerte presión y ordena a los gobiernos que le hacen de gerentes en la administración del Estado capitalista. Y alinea a las burocracias pro-patronales de la CGT, y de las que no superan los marcos del reformismo como la Celeste de CTERA.
Así vienen imponiendo una “nueva normalidad”, con la mayor apertura para salvar la economía por sobre la salud. Es que para lo contrario, había que ajustar al 1% más rico para volcar esos recursos al cuidado real de la salud y la vida de las mayorías.

La “nueva normalidad” necesita de la presencialidad

Para imponer volver #ALasAulas como fuera, generaron eslogan, construyeron “sentido común” y difundieron falsas conciencias que lo justificaran. Divulgando falacias, como afirmar que menores y adolescentes no contagian ni se contagian.

Los informes del ministerio de Salud sobre contagios por grupo etario al 15 de febrero señala un total de 51.236 menores de 9 años, más otros 132.352 infectados en menores de 10 a 19 años1. Eso da un promedio de 548 pibes contagiados por día desde que arrancó la pandemia. A su vez, al 18 de enero, se informó de 138 muertes con 11 años de edad promedio en esos 10 meses de pandemia. Lo que implica una muerte de un menor cada dos días.

También repetían que si abrían hasta los bares, por qué no las escuelas. Cuando no tiene nada que ver. Con la vuelta al aula, se pondrá en movimiento un tercio de la población, la que hasta hoy venía extremando sus cuidados. ¿Cómo? Porque de los 45 millones de habitantes, suman irresponsablemente a 15 millones a la circulación, esto contando 13.5 millones de estudiantes y 1.450.000 docentes y auxiliares del país.

Ante esta realidad, desde el 2020 advertimos que había una disputa política por la educación, su implementación, el sentido de la misma y las condiciones en que debe desarrollarse, en virtud de la presencialidad planteada y exigiendo las condiciones para ello. Señalamos el No Inicio de clases como perspectiva, para prepararlo junto a las bases, con estudiantes y familias, con paro de 48hs o 72hs, movilización y continuidad. Buscando siempre la unidad con la comunidad.

Ante la campaña de la burguesía y la falta de organización unificada y de alcance nacional, por la claudicación de la burocracia que se alineó tras el pacto de Trotta y Alberto con Larreta y Acuña en CABA, se fue cocinando una mayor presión social por volver #ALasAulas. Acompañado de amenazas por la pérdida de vacantes, descuentos por días de paro y otros aprietes para enchalecar la lucha por las garantías sanitarias, epidemiológicas, de infraestructura, salariales, en cuánto a la designación de cargos, insumos y presupuesto que se necesitan.

Docentes, estudiantes y familias por el regreso seguro nos organizamos desde debajo, con iniciativas, lo mejor posible. Pero pesó también la necesidad de las familias por llevar a sus pibes ante la decisión de imponer esta “nueva normalidad” para ir a trabajar y retomar la organización social.

En ese sentido, hace meses que millones van a sus empleos en micros, trenes y subtes repletos, trabajan en iguales o peores condiciones, sin las garantías necesarias. Porque quienes dicen representar al pueblo, como el PJ y Juntos por el Cambio, con los burócratas de la CGT y las CTA, se disputan por ver quién reabría más actividades económicas, comerciales, de servicios y productivas. Para recuperar la caída tendencial de la tasa de ganancia capitalista que la pandemia acentuó.

Por el No Inicio, asambleas y unidad con familias por un retorno seguro

Ante el paro de Ademys y como señalamos entonces, desde el gobierno porteño, los grandes medios y exponentes de la casta política mostraron algunas escuelas privadas, estudiantes con delantal para el marketing electoral y establecimientos con las mejores condiciones. Desde Ademys y el activismo, junto a sectores de las familias, intentamos mostrar una realidad más diferente. De edificios que no cumplen con las garantías de ventilación y espacio, donde no hay agua ni jabón. Familias agolpadas, queriendo ver que se cumplan protocolos que el gobierno incumple.

Como parte de esa disputa a largo plazo por la educación, se va extendiendo un proceso de luchas, paros, movilizaciones y caravanas de docentes con apoyos de la comunidad. Algunas de adhesión desigual como en la Ciudad, otras más focalizadas como en Rosario y Formosa. Más Tierra del Fuego o Mendoza, donde preparan un No Inicio con paro de 48hs y otras medidas.

Hay otras más masivas como en Chaco o Tucumán, con una amplia Mesa de Coordinación. También en San Juan, desbordando a la Celeste y a gremios de la CGT con varias marchas que obligaron al gobierno a pasar del 20% de aumento a anunciar un 50% ante la presión de las bases.

Lucha que continúa en Chubut y en Neuquén, donde pinta un no inicio de 5 días. Los SUTEBA Multicolor realizan asambleas y un plenario ante la complicidad de la Celeste con Kicillof. Para definir democráticamente sobre qué hacer el 1º, ante propuestas de 48hs con paro, movilización, abrazos a las escuelas y continuidad. También hay paros en Entre Ríos y Misiones. Esto recién comienza y es una lucha a largo plazo para la que nos preparamos.

Contra el ajuste del PJ y la derecha: Presupuesto al 10% del PBI

Cuando urge resolver los problemas edilicios, salariales, de conectividad, dispositivos, insumos y más cargos, el presupuesto educativo porteño de Larreta, es el más bajo desde el 2001. Mientras Kicillof mantuvo en 2020 el mismo presupuesto que Vidal, un 24% del presupuesto total, para este año, destina apenas un 26%, lo mismo que Vidal en 2018 y muy abajo de lo que destinó en 2016 y 2015 (27% y 28%). Además de estar por detrás de un ajustador como Scioli, que destinó a Educación entre el 29,6% y el 33,2% en sus 8 años de mandato.

Por el lado de Alberto y Trotta, en 2020 llevaron el presupuesto al nivel más bajo de los últimos 15 años, con apenas el 4,4% para Educación sobre el Presupuesto total de la Nación. Mientras este año lo suben levemente al 5,8%, pero equipara apenas lo que destinó Macri en 2018 y está muy por debajo del 6,4% que dispuso el macrismo en 2017. Ni hablar de lo lejos que está de lo destinado entre 2007 y el 2015 a educación, con el 7,8% a 6,9% promedio, siempre sobre el presupuesto total.
Y si comparamos lo que destina la Nación a Educación, pero sobre el porcentaje del PBI -sin contar la parte que aportan las provincias- con un 1,31% este año, sigue estando un 27% al 18% menos de lo que Macri destinó a Educación (sobre el PBI), entre fines del 2015 al 2017, con el 1,66% a 1.55%.

Plata hay para elevar de inmediato el Presupuesto al 10% del PBI. Cosa que la Celeste de CTERA, junto a Adriana Puiggrós -entonces diputada y hasta hace poco viceministra de Trotta en Educación-, le exigían a Macri. Esa plata no debe ir a la deuda con el FMI ni a los bonistas, sino a la educación estatal. Eliminar los multimillonarios subsidios a la Iglesia Católica, a las demás confesiones y a las patronales privadas, como así también implementar un verdadero impuesto progresivo a los ricos y corporaciones.

Organicemos en cada provincia, distrito y también en lugar a la docencia, junto al resto de la comunidad educativa, esta pelea. Vayamos por Comités de Infraestructura, Higiene y Bioseguridad en cada escuela para exigir que los recursos y el presupuesto educativo aumenten y vayan a garantizar las condiciones de un retorno seguro. Por un Congreso Pedagógico Nacional resolutivo, para que docentes, estudiantes y familias definamos cómo transformar la escuela pública.

1. Sala de Situación Coronavirus online, Ministerio de Salud de la Nación en: www.argentina.gob.ar