Diputados del PJ y la derecha votaron modificaciones a la ley de Educación y a leyes de salud para habilitar el teletrabajo. Abren la puerta a una peligrosa extensión de esta modalidad que rechazamos. ¿Cómo limitarla en la emergencia y frenar abusos del teletrabajo?

Escribe: Francisco Torres

Una consecuencia de la pandemia fue extender el teletrabajo. Se impuso de golpe, afectando el empleo y calidad de vida de millones al pasar a trabajar desde casa. Por las condiciones en que se implementa se superponer tareas de cuidado en el hogar que, bajo este sistema patriarcal, terminan asumiendo mayormente las mujeres.

La realidad es opuesta a la ficción que nos venden, diciendo que el teletrabajo sería más cómodo, práctico y conveniente. Los socialistas del MST somos muy críticos del teletrabajo capitalista y rechazamos la extensión de esta modalidad que beneficia a patronales y gobiernos, quienes buscan generalizarla, aprovechando la pandemia. Urge proteger derechos vulnerados y resguardar a trabajadores y familias.

Gobierno y burócratas dejan pisotear derechos

Pese a llevar meses y decir que vino para quedarse, pese a los cambios que implicó para millones, ni Alberto y el PJ ni los ministros de Trabajo ni los gobernadores ni el Congreso plantean ninguna normativa que regule el teletrabajo en esta excepcionalidad. Tampoco lo reclama la burocracia vendida de la CGT que mira para otro lado, mientras empresas como Telecom, Personal, YPF, Cisco, Tenaris, AESA, Merk, Garbarino, Nielsen, IBM o Byte Tech lo vienen aplicando.

Pese a que Google o Microsoft desarrollan software y bancos como el Santander ofrecen créditos para implementarlo y que lo promueven las agencias de contratación como hace Adecco Grupp al hablar de una Generación Covid que vio “cómo todo puede cambiar de un día a otro…” tampoco lo instalan en la agenda las CTA o la Celeste de CTERA ni organizan las acciones para defender derechos pisoteados.

No solo no lo regulan, sino que Alberto mandó al muere al trabajador ante cada patronal cuando largó la cuarentena. El 13 de marzo, con la Resolución 202/2020, el ministerio de Trabajo dispuso que les trabajadores cuyas tareas puedan hacerse desde casa “deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada” (Art. 4°). No solo no es algo individual, sino que sin establecer reglas y exigencias a la patronal, hablar de buena fe es avalar más precarización.

Es más, el 7 de mayo el ministerio de Trabajo emitió sus Recomendaciones para trabajar desde casa, donde se desliga de su responsabilidad de proteger derechos. Allí nos recomiendan: “considerá el trabajo remoto tan serio como el presencial”. Pero lejos de esa supuesta seriedad al considerar esta modalidad, las condiciones para hacerlo, los espacios, herramientas, servicios y costos que debe proveer el empleador, el ministerio se limita a decirnos: “Buscá un espacio tranquilo para poder concentrarse y trabajar de la mejor manera posible”. Parece chiste, pero es penoso.

El broche lo pusieron el jueves 21, cuando la Cámara de Diputados votó modificar el Art. 109º de la Ley de Educación 26206 para habilitar la educación a distancia en todos los niveles. Con solo los votos en contra de la izquierda, se aprobó a espaldas de la docencia y la comunidad educativa. Casi unánimemente aprobaron un proyecto desconocido y consensuado entre el PJ, los K y la derecha, con la firma de Yasky, diputado y dirigente de la CTA, para educar a distancia en todos los niveles, cuando está prohibido hacerlo con menores de 18 años.

También, y a pedido del ministro Ginés, aprobaron en Diputados modificar varias leyes de salud(1), con los únicos votos en contra de la izquierda. Con la excusa de habilitar la prescripción de medicamentos o servicios a través de recetas electrónicas para dispensar remedios en cualquier farmacia, metieron el teletrabajo en la salud. Habilitaron utilizar plataformas para hacer teleconsultas médicas, autorizando la atención virtual de profesionales de la salud, odontólogos y psicólogos.

Esto que podría regularse para esta excepcionalidad o en alguna consulta puntual, habilitan a generalizarlo, rompiendo la relación paciente y profesional, mecanizando y deshumanizando la atención, al servicio del ajuste del trabajo profesional y en beneficio del lucro con la salud.

Implicancias de las modificaciones en Diputados

Con estas reformas en educación y salud, se va a más precarización. En docentes, porque habilitan la educación a distancia o virtual desde el Inicial al Secundario. Y, pese a hablar de epidemias y catástrofes, los gobiernos y patrones pueden invocar “razones de fuerza mayor” para determinarla. Eso podría hacerse ante un conflicto para bombearlo contratando tele-educadores. O con el dictado online de materias como ocurre con el Centro de Enseñanza remota del British Council en Buenos Aires, que dicta más de 1.100 clases por semana. O apelar a plataformas que ofertan clases virtuales, en modo ahorro.

Si la casta política que banca al capitalismo-imperialista se reunió en cuarentena para votarlo, es solo para legitimar el teletrabajo y abrir a la extensión de la virtualidad, en tono de ajuste cuando muchas empresas lo usan para descentralizar la producción y quitar derechos laborales.

Como señalan especialistas como Sofía Scassera(2), hoy no teletrabajamos sino que trabajamos como podemos en la crisis, desde nuestros hogares. Para hablar de teletrabajo debería haber un marco regulatorio que fije lo que empresarios y el Estado patrón deben asumir.

Donde se fije que deben proveernos de tecnología, dispositivos, conectividad, servicios, espacio y lugar para trabajar desde casa. Establecer horarios, el derecho a la desconexión y a no recibir requerimientos a cualquier hora o día de la semana, invadiendo la intimidad y el tiempo libre. Además del derecho a la protección de datos, donde la patronal no tenga más información que la necesaria, ya que esta modalidad exacerba los mecanismos de control. Al vulnerarse derechos, aunque sin temor a la tecnología, debemos exigir que se fijen reglas claras contra la explotación capitalista.

10 puntos para regularlo y garantizar derechos

Pese a crecer esta modalidad, no hay normativa clara que la regule. Aunque sí hay antecedentes, resoluciones y un manual(3) del ministerio de Trabajo y la OIT que los gremios deberían invocar, para defender derechos laborales pisoteados. Ya en 2008, el ministerio de Trabajo puso en práctica el PROPET, Programa de Promoción del Teletrabajo en Empresas Privadas. Y en agosto de 2012 sacó el documento Teletrabajo, motor de inclusión sociolaboral donde están las pautas que debe tener el contrato de teletrabajo.

En su punto 5 dice: “la empresa pone a disposición del teletrabajador las herramientas de trabajo y se detallan las mismas (PC, silla ergonómica, mouse pad, matafuegos, botiquín de primeros auxilios, escritorio y según el caso puede ser telefonía móvil)”. También refiere a la protección de datos y la compensación adicional mensual por mayores gastos al trabajador.

Eso mismo dice la Resolución 1552/2012 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo(4), al fijar obligaciones al empleador como proveer elementos y material de trabajo, de protección y el seguro. También el Manual del Teletrabajo dice que la parte empleadora debe garantizar el acondicionamiento de un lugar en el hogar, considerar los cambios en el entorno familiar y los gastos que demande (pág. 20 punto 6.5.5.). Más la Compensación de gastos por teletrabajo (pág. 23, 6.8) sobre el sueldo del trabajador, por usar los recursos propios y los gastos de energía, internet o impuestos.

Rechazamos la extensión del teletrabajo, pero mientras dure la pandemia, debemos levantar estos antecedentes en instancias democráticas a exigir a la burocracia para reclamar al gobierno la regulación del teletrabajo. Como los 10 puntos elaborados desde Alternativa Docente y enriquecidos por gremios de la Federación Nacional Docente.

Porque la tecnología debe estar al servicio del desarrollo de las fuerzas productivas, en beneficio de la clase obrera y el pueblo trabajador. Para vivir mejor, con mayores ingresos, menos horas de trabajo y más tiempo libre, sentando las bases de una organización socialista del país.

1. Leyes Nº 17.132, 17.565, 17.818 y 19.303
2. Programa Dar Vuelta Todo. Canal de YouTube, MST TV Argentina, emitido el 19 mayo, 2020
3. Manual de buenas prácticas en teletrabajo. 1ra. ed. Bs. Aires, 2011. Oficina Internacional del Trabajo, Ministerio de Trabajo
4. Bs. Aires, 8/11/2012. Teletrabajo. Definición. Condiciones

El gobierno dará más plata a la Iglesia Católica y los demás colegios privados, mientras congela el presupuesto educativo en los recortes macristas. Hay que nacionalizar la educación, en un sistema único y estatal.

Escribe: Francisco Torres

Ante el coronavirus, el gobierno de Fernández y su ministro Trotta, anunciaron que van a dar mayores fondos a la Iglesia Católica y demás propietarios de colegios privados. El argumento es que puedan pagar los sueldos docentes, pero lo hacen mientras mantienen un fuerte ajuste sobre la escuela estatal.

Presupuesto congelado en la miseria macrista

Trotta persiste en denunciar el duro recorte macrista, al rebajar el Presupuesto educativo a solo el 4,8% del PBI, cuando la Ley de Educación(1) fija que lo «destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6% del PBI». Más allá de la mediática «denuncia», lo cierto es que el gobierno mantiene congelado el presupuesto educativo en esa miseria fijada por Macri.

Esto, pese a que en noviembre de 2015, la Celeste de CTERA presentó con Adriana Puiggrós -entonces diputada, hoy viceministra de Educación-, un proyecto de ley y lanzó una campaña, en mayo de 2016, para exigir a Macri que aumente el Presupuesto al 10% del PBI para una educación de calidad.
En lugar de esto, ante los atrasos en pagar las cuotas de muchas familias, al ver a estos colegios como «empresas», el ministro Trotta planteó sumarlos al programa estatal de Asistencia al Trabajo para ayudar con fondos públicos a que puedan pagar sueldos.

70% a 81% de las privadas con subsidios y otros beneficios

Esta propuesta la hacen sabiendo que más del 70% de los colegios privados y el 81% de los que regentea la Iglesia Católica como la mayor patronal educativa, reciben millonarios subsidios del Estado. Aportes públicos que ascendieron a $ 58.573 millones en 2017 (ver gráfico), la que siguió aumentando estos años.

Quieren darles más plata a colegios que reciben altos subsidios y cobran cuotas que van de 1.500 a 3.000, 5.000 o 9.000 pesos mensuales. Es la misma Iglesia y patrones que gozan de otros lucrativos beneficios como la exención de pagar el IVA y Ganancias porque dicen ser entidades sin fines de lucro. Y de no pagar las contribuciones patronales a sus docentes, como pasa hace más de 15 años y se prorroga con decretos, tanto de Cristina como de Macri.

Así garantizan autonomía y financiación al sector privado para que imparta educación según su ideario, sin control ni seguimiento social ni oficial. Trotta continúa así la concepción histórica del PJ al ser la fuerza responsable de legalizar los subsidios a las escuelas privadas con Perón en su primera presidencia.

Por eso, cuando asistió al XXX Congreso de SADOP(2), Trotta afirmó: «Lo dije y lo vuelvo a repetir: no hay conflicto entre escuela de gestión pública y de gestión privada. Muchas veces hay complementariedad…». No tiene drama con los subsidios ni con arancelar, desde el cargo de rector de la UMET, la Universidad Metropolitana arancelada y paradigma del avance privatista con envoltorio «progre». Trotta reconoció que esta universidad «es de gestión privada»(3), por lo que se paga matrícula y un arancel mensual que va de $4.000 a $6.000, según la carrera o tecnicatura.

Alberto, Cristina y el PJ sostienen la privatización educativa

Más allá del relato, como se reconoce en el documento elaborado por CTERA y Puiggrós en 2018, la matrícula privada subió fuerte durante el gobierno de los Kirchner. Pasó de un 25,1% al asumir en 2003, al 29.3% de matrícula privada en 2015, cuando Cristina terminó su mandato(4).

Es decir que, de uno cada cuatro estudiantes en el sector privado, concluyen con una relación de uno cada tres estudiantes en las privadas, un salto del 17%. El que se concentra en distritos como CABA donde la matrícula privada supera al 51% y la bonaerense que llega al 35.3%.

A su vez, como señala dicho documento de CTERA y Puiggrós, el tema de los subsidios constituye una gran «caja negra». No se conocen los criterios a través de los cuales se distribuyen esos subsidios que salen del presupuesto de cada provincia y de la CABA(5).

Aquí también hay continuidad ya que la Ley de Educación Filmus-Kirchner mantuvo los núcleos duros de la Ley Federal menemista. Entre ellos el tramposo criterio menemista de que toda la educación sería pública y sólo diferiría en la gestión. A eso los Kirchner le sumaron la gestión social y cooperativa.

¿Cuál es el sentido? El documento de CTERA y Puiggrós es lapidario: «El hecho de establecer que la educación de gestión privada es pública garantiza los subsidios a la educación privada: si la educación pública se financia con el presupuesto público, se considera que hay que financiar a toda la educación que se denomina como ‘pública’, incluyendo la pública de gestión privada»(6).

Basta de subsidios. Nacionalizar toda la educación

Quienes defienden la subsidiaridad de la educación, otorgan un papel central a la Iglesia, los particulares y empresas. Como aparato ideológico del Estado (Althusser(7), 1970), la Iglesia se justifica diciendo que la educación pertenecería a la familia por derecho natural y a la Iglesia por derecho «divino». Buscan así reducir al Estado a un papel subsidiario que garantice el supuesto derecho a la «libertad de enseñanza» de padres y familias a elegir la escuela que consideren, solo que costeada con la plata de todes.

Aquí podemos apelar a un controvertido actor de la historia educativa como Sarmiento, cuando se enojó ante el pedido al Congreso Pedagógico para que declare la educación común como católica. El 13 de abril de 1882, en El Nacional(8), Sarmiento refuta esto de forma clara: «La razón es sencilla. Las rentas públicas, contribuidas por todos los habitantes, no son católicas, y es simplemente dar a cada uno lo que le pertenece hacer que se empleen en beneficio de todos y cada uno de los contribuyentes. ¿Por qué se aprovecharían del sudor de cien protestantes o de mil no creyentes, los cien mil católicos restantes? Porque son la mayoría? Tiranuelos! Perseguidores! Siempre hay una cuestión de expoliación y de opresión a los débiles en las pretendidas cuestiones religiosas».

Expresión del reclamo de Iglesia y Estado, asuntos separados. En ese sentido, como socialistas planteamos el fin de toda injerencia de la Iglesia y las corporaciones en Educación. Para ello, en vez de darles más plata, se deben eliminar esos subsidios multimillonarios, estatizar todo establecimiento que no pueda o no quiera pagar, garantizar la matrícula y cargos docentes. Para conformar así un sistema único y estatal de educación. Y elevar ya el Presupuesto de la escuela estatal al 10% del PBI.

A la conducción de CTERA le exigimos instancias democráticas para organizar la lucha por estos puntos. A su vez, llamamos a la reflexión a quienes se niegan a incluir este reclamo en SUTEBA Multicolor (PO, PTS, Tigre, Bahía) o en AMSAFE Rosario. Tal como ocurre con proyectos de ley presentados por PO, pero también el PTS, referidos a la ESI o por una educación sin injerencia religiosa ni privilegios. Si bien dicen estar por su anulación, no plantean eliminar los millonarios subsidios a las escuelas privadas ni cuestionan la ley que los establece (Ley 13.047 de Perón) ni proponen nacionalizar toda la educación, en un sistema único y estatal.

Al contrario, el PO plantea legislar para todos «los establecimientos educativos públicos y privados»9. Y el PTS para «todas las escuelas públicas, de gestión estatal y privada»(10). Lamentablemente reproducen así el falaz concepto menemista de escuela pública, pero de gestión «estatal o privada» y sostienen su coexistencia.

Incorporar el reclamo de eliminar los subsidios y avanzar a un sistema único y estatal permite confrontar la lógica del ministro Trotta que toma a la escuela como empresa y quiere darle igual auxilio que a otras. Una lógica transformadora y socialista debe ser la opuesta.

1 Ley de Educación Nacional Nº 26.206; art. 9º
2 El Ministro de Educación, presente en el Congreso Nacional de SADOP, Minuto 1, noticias. Buenos Aires, 19/02/2020. .
3 La Nación, 11 de febrero de 2016.
4 La Privatización Educativa en Argentina; Ediciones CTERA; Bs. As; septiembre 2018;
pág. 10, cuadro 1: matrícula por nivel educativo según sector estatal y privado.
5 Ibídem, pág. 22.
6 Ibídem, pág. 19.
7 Ideología y aparatos ideológicos del Estado; Freud
y Lacan. Por Althusser, Louis, 1970, Edición Nueva Visión, Buenos Aires, 1988.
8 Cuestiones incendiarias en el Congreso Pedagógico. Tumulto promovido por una frase. Obras de D. F. Sarmiento. Tomo XLVIII. La escuela ultra- pampeana. Buenos Aires, 1900 (pág. 118 a 121).
9 El Frente de Izquierda quiere terminar con la injerencia de la Iglesia en la educación pública. Izquierda Diario, 27/8/2018.
10 Del Plá presentó un proyecto por educación sexual científica y laica. Prensa Obrera, 6/7/2018.

Escriben: Andrea Lanzette y Francisco Torres

El 9 de marzo, cuando iniciaba las clases la Secundaria, Ginés, el ministro de Salud reconocía: “Yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido, nos sorprendió”. A esa altura se conocían los estragos de la pandemia mundial, lo que había que desplegar para que no se disparara y para atender a la mayoría que se contagiara.

También eran noticia el primer muerto en Argentina y los casos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco, San Luis, Córdoba y Río Negro. Pero como reconoció el ministro, al gobierno “lo sorprendió”. Increíble para quien debe velar y anticiparse por la salud. Fue la nota para la partitura oficial y en esa sintonía serán las medidas que toma el gobierno. Tardías e insuficientes. Medidas titubeantes e improvisaciones de escritorio, respondiendo al interés de cuidar la ganancia capitalista, a “honrar” la deuda y la “economía” de los de arriba.

Educación y un gobierno sorprendido por un escenario conocido

Ese día 9, cuando el ministro reconocía su “sorpresa”, había 370 millones de estudiantes en el mundo, el 21.3% de la matrícula planetaria afectada, con 17 países con cierres a nivel nacional como China, Italia, Japón y gran parte de Asia. Y otros tantos con suspensiones parciales de clases, como EEUU, Francia, Alemania, Inglaterra, India o Pakistán. Bastaba ver el mapa de UNESCO o la OMS y no sorprenderse…

Si bien la prensa y un sector pretenden instalar que el gobierno la “agarró a tiempo”, a diferencia de otros, vale preguntarse si eso es verdad. Si podían tomarse otras medidas, si llegaron a tiempo y si son suficientes. Repasemos:

1. Las clases no se suspenden: la decisión de cerrar o no la escuela se somete a la necesidad empresaria de mantener la producción y renta capitalista, evitando dar días a sus trabajadores. Aunque lo maquillan Ginés y sus “expertos” al decir que suspender clases sería “contraproducente” ya que les pibes “no son un grupo de riesgo”, como dijeron en la conferencia del 14 de marzo. El ministro Trotta y los “expertos” plantearon además que estudiantes y docentes se conviertan en “efectores de salud” para ejercer protocolos, detectar casos y disponer su aislamiento. Una locura.
Pero en las redes se hizo tendencia el “suspendan las clases ya”. Sobre todo porque el gobierno no garantizaba lo mínimo: agua, jabón, papel, lavandina, detergente, desinfectante, guantes. Ni repelente ni fumigar escuelas ante el dengue ni resolver la crisis de infraestructura.

2. Clases suspendidas, pero escuelas abiertas: ante esta realidad, el domingo 15 Alberto Fernández anunció la suspensión de clases, pero con escuelas “abiertas”. Cada distrito haría lo que la situación permitía. Los expertos que el día antes dijeron que no era necesario, decían lo contrario con nuevos argumentos. Aunque con igual lógica económica, al sacar cuentas que era más barato tenernos en casa que garantizar las condiciones de salubridad en las escuelas y el sistema de salud.
Dicen que las idas y vueltas son por estar ante un virus nuevo. Pero ya entonces planteamos 10 medidas básicas para la salud y educación, que iban más allá de suspender la actividad escolar. Las cuarentenas existen desde la edad media, la ciencia avanzó y la experiencia en otros países nos permitía, atentos a trabajadores de la salud combativos y con compromiso social, elaborar ese programa. Es decir, ante la política del PJ-PRO-UCR-Carrió, la izquierda levanta medidas alternativas.

3. Escuelas abiertas para la contención: el 16 de marzo, Fernández, Trotta y los gobernadores dicen que la docencia debe ir a las escuelas para dar contención y repartir viandas, blanqueando su concepto de la educación. Y dar acompañamiento pedagógico virtual a menores y adolescentes, todo resuelto desde arriba con contenidos pedagógicos enlatados sin considerar la planificación docente ni la realidad áulica y escolar. El caos reinaba en cada jurisdicción.

4. Escuelas abiertas con personal esencial: el 20 de marzo, luego de varios días y conferencias de Trotta diciendo y desdiciéndose sobre qué debía hacer la docencia, se ordena la cuarentena total. Ningún docente va a la escuela. Pero con otra improvisación ya que el hambre requería potenciar los comedores y la entrega de alimentos desde la escuela. Entonces seguimos exigiendo elementos para el cuidado, limpieza y la salud, pero poco llegará a las escuelas. En lugar de un fuerte aumento de los presupuestos, deciden mantenerlos congelados en los ajustes macristas del 2019.

¿Qué hacer les docentes ante esta situación?

Al extender la cuarentena y lo dicho por el gobierno sobre eliminar vacaciones, extender el ciclo o dar clases en fin de semana, hubo nuevos malestares. Pero las clases no están suspendidas, la docencia trabaja, con fuertes limitaciones.

En ese marco hubo debate por nuestra publicación sobre el video de Alberto Fernández diciendo que “si hay algo que no me urge es el inicio de clases…” y que “nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después, tampoco van a sufrir por terminar el colegio un mes antes o un mes después…”.

Planteamos que, como docentes, nos preocupa y mucho la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, la definición de los contenidos pedagógicos, la selección didáctica y procedimental. Por eso cuestionamos la implementación que baja de arriba, de una supuesta “tele-educación” que resalta Fernández.

Queremos decidir qué hacer con la educación estatal, cuándo y en qué condiciones regresar a la escuela, cómo desarrollar la virtualidad pedagógica y qué selección de contenidos, a partir de la realidad económico-social de menores, adolescentes y familias. No por productos envasados que se cuelgan en la web o se imprimen y reparten en cuadernillos desde los supermercados, sin ningún sustento teórico, pedagógico y didáctico explícito. Sin considerar la particularidad y bajada a cada estudiante y grupo.

Señalar esto despertó la reacción de quienes bancan a Alberto, al PJ y sus medidas junto al PRO y la UCR. Con tono agresivo y mensajes para ridiculizar nuestra postura, dicen que la izquierda pondría palos, tira piedras (¿virtuales…?) o falsearon nuestra postura diciendo que arriesgaría la vida. Pero nuestra postura no pone en cuestión la salud. Es un planteo democrático, básico.

Como docentes queremos ser parte activa en la toma de decisiones. Ya hubo muchísimas idas y vueltas. Queremos decidir cómo implementar la virtualidad educativa, qué selección de contenidos y propuestas didácticas viables de acuerdo a cada realidad. No la bajada enlatada que definieron tecnócratas, funcionarios y burócratas sindicales que ni están frente al aula.

Autoritariamente dicen que todo esto se resolvió al votar en octubre y que Alberto podría decidir sobre todas estas cosas. Que criticar es “queja, protesta, pesimismo”, cuando hace falta “estar unidos”, en un supuesto mismo barco. Que deciden los “expertos” y quién seríamos como docentes para opinar. Pero decidir cuándo es conveniente o no regresar al aula y en qué condiciones, implica la consulta e integración a los comités de crisis a profesionales de la salud de CICOP, UTS y otros sectores gremiales que el gobierno no tiene en cuenta.

Si bien la suspensión y el cuidado de docentes y estudiantes son cruciales, los objetivos del gobierno no son esos. Sino mantener el freno al imprescindible aumento de los presupuestos sociales y a una urgente planificación que permita destinar partidas extraordinarias a reforzar el sistema de salud. También sostener la brecha educativa entre las privadas y estatales, los millonarios subsidios, la brecha entre provincias y seguir bancando una transferencia que se debe revertir.

Planificar para resolver los problemas educativos urgentes y lo estructural. Abastecer de agua a las escuelas, de elementos de higiene y cuidados a quienes hacen tareas esenciales. Aumentar salarios ante la suba de precios. Dar continuidad a suplentes y provisionales, a FINES y otros planes.

Conformar comisiones compuestas por docentes, estudiantes y familias para resolver cómo llevar a la práctica las clases en cuarentena. Repensar y jerarquizar el trabajo docente. Y empezar a organizar un Congreso Pedagógico Nacional para transformar la educación.