1) El Bolsón. Loteo fraudulento para especulación inmobiliaria y explotación comercial de hectáreas de bosque nativo, protegido. Represión a vecinos movilizados. Reacción masiva popular, crisis política y resultado abierto.

2) Manteros en Once, CABA. La presión comercial del lobby empresario del circuito de los shopping y otros comercios logra que el poder político macrista y la justicia cómplice desplieguen un megaoperativo para reprimir y desalojar a miles de trabajadores cuentapropistas sin darle alternativa viable.

3) Comunidad Lof Cushamen, Chubut. Gendarmería por orden presidencial y con aval del gobernador Das Neves, cercan territorio mapuche reclamado por los Benetton. Este grupo concentra la propiedad de casi 1 millón de héctareas en la Patagonia. El poder represivo estatal al servicio del acaparamiento capitalista.

Estas imágenes son simultáneas en un país de remate, con el territorio en disputa, con la soberanía en cuestión. En esto, toda la política tradicional coincide en defender una lógica semicolonial de “derechos inalienables” para los propietarios privados del espacio público.

El espacio público como nicho de mercantilización capitalista 

David Harvey, geógrafo marxista inglés, acuñó la categoría de “acumulación por desposesión” que sirve para caracterizar el proceso de mercantilización actual del espacio público. El capital reconoce una ley inexorable: la ganancia, la rentabilidad sostenida. Esa ley subordina y organiza de conjunto todo el sistema. Históricamente el capital monopolista-imperialista utilizó el control semicolonial de continentes enteros, como América Latina, para su valorización bajo distintos patrones de acumulación. En la década del 90 del siglo pasado, por ejemplo, forzó la privatización de las empresas estatales de servicios públicos e incentivó el endeudamiento externo como mecanismo de estrangulamiento económico y condicionamiento político de países como Argentina. Las empresas estatales que eran recurso estratégico nacional para garantizar servicios como derechos sociales, devinieron fuente de negocio privado y valorización capitalista. En el siglo XXI la novedad como patrón de acumulación es el extractivismo. Esto es, la mercantilización de la naturaleza, la conversión de todo lo vivo en bien de cambio, en mercancía. Así la cordillera es bien de cambio, se puede dinamitar para extraer oro y plata. La frontera del agronegocio se expande con el agotamiento del suelo, la impermeabilización que inunda y las fumigaciones que enferman. Y el campo no produce comida, sino forraje y biocombustible transgénico. Se privatizan miles de kilómetros verticales de subsuelo. Esto es clave para el fracking, contaminante e irreversible. En ese mismo cuadro, se ubica la privatización del espacio público, sea urbano o no. A las 30 familias de la oligarquía de doble apellido, propietaria latifundista, se sumaron en estos últimos 15 años Lewis, Turner, Benetton, Tinelli. Magnates sin bandera, con la acumulación privada como única patria y lealtad. Por eso, la tensión de El Bolsón. Por eso, gendarmes como policía privada de Benetton para “recuperar” territorio “ocupado” por comunidades mapuches. Por eso, desalojar las veredas de manteros, porque en ese espacio tienen que circular los consumidores privados que compren en grandes comercios y shopping. 

Reorientar socialmente la tenencia y uso del espacio público

Hay acciones inmediatas para encarar. El apoyo a las luchas de El Bolsón, los manteros de Once y la comunidad mapuche de Chubut. Nuestra organización lo está haciendo de forma activa. En simultáneo queremos formular un planteo estratégico, de orientación inversa a la capitalista para el uso del espacio público. Nuestra perspectiva socialista es reorganizar todo bajo la lógica de las necesidades sociales mayoritarias determinadas de forma planificada democráticamente por los trabajadores y el pueblo. Esto supone, que en El Bolsón hay que anular el loteo a favor de Lewis y garantizar la protección del bosque nativo. Implica garantizar la restitución del territorio reclamado por las comunidades mapuches, expropiando sin indemnización a Benetton. Supone garantizar la libertad plena del espacio público urbano, contribuyendo a la regulación de la venta cuentapropista, sin criminalizar a los manteros. El territorio urbano o no, es un bien común, del 99 %. No es bien de cambio, commoditie o mercancía.  En las ciudades planteamos des-cementar, garantizar más espacio verde, público. En el territorio no-urbano, reorientar el uso con fines sociales mayoritarios, no comerciales capitalistas. Terminar con el acaparamiento de tierras, declarar todo el territorio de utilidad social. Expropiar a los latifundistas y acaparadores sin indemnización. Esto implica cuestionar no toda propiedad en general. Sino en particular, la modalidad privada capitalista de propiedad. Nuestro enfoque defiende otra forma de propiedad, social, colectiva. Este es nuestro aporte. Para la defensa y multiplicación militante de estas ideas, construimos el MST como organización política nacional y la Red Ecosocialista, como agrupación específica de intervención en el campo socioambiental. Más que nunca es ahora cuando urge sumar voluntades a esta acción consciente, voluntaria y colectiva. Como decimos repetidamente: es un buen momento para militar por estas causas.

Mariano Rosa / Red Ecosocialista

Para eso, ubiquemos primero una serie de referencias para enfocar el problema:

*El poder político municipal autorizó el loteo de una zona de bosque nativo y reserva de agua (en la naciente de ríos, dentro de una reserva natural municipal y una reserva de la biosfera binacional) para un emprendimiento económico privado.

*El Consejo Deliberante votó el loteo en una sesión especial, extraordinaria, convocada de apuro para impedir la participación vecinal. Los pobladores fueron reprimidos en la puerta del Consejo

*El beneficiario del mismo es el magnate inglés, Joe Lewis. Según la revista Forbes, la 7° fortuna del Reino Unido con 5300 millones de dólares declarados y uno de los 300 más ricos del planeta.

*Todo el entramado político del estado operó para habilitar esta apropiación capitalista de un bien público, común, protegido por la no reglamentada, Ley de Bosques. Lewis es frecuente anfitrión de funcionarios locales y nacionales. Amigo personal de Macri y Obama. Además es accionista de Edenor, empresa a la cual el estado condonó 1000 millones de pesos de deuda, decisión que valorizó sus acciones en bolsa.

*Hay que auscultar, en este negocio de superficie consistente en montar un complejo turístico de élite en zona de bosques, un eslabón apenas de una estrategia que se explica en el contexto del proyecto IIRSA y la creación de un paso binacional para el comercio con China.

En definitiva: sobre estas claves queremos trazar una visión alternativa, crítica, anticapitalista y ecosocialista como contribución al proceso de lucha en El Bolsón y todo el frente medioambiental.

Neocolonización de la Patagonia en el siglo XXI

Lewis, hombre de negocios ligado a los paraísos fiscales y el lavado de dinero, no es el único gran capitalista con propiedad terrateniente en la Patagonia.  Douglas Tompkins es propietario de 4.500 kilómetros cuadrados en la región. También 179 mil hectáreas en la provincia de Corrientes (en los esteros del Iberá) y 300 mil en el sur de Chile. Los hermanos Benetton Carlo y Luciano acumulan casi 1 millón de hectáreas en la misma zona. Ted Turner, uno de los propietarios de la cadena CNN de noticias, posee miles de hectáreas cerca del río Traful y 40 mil más en Junín de los Andes. Ward Lay, dueño de la marca de snack Lays y accionista de Pepsi, compró miles de hectáreas en Neuquén porque dice “que le recuerda al Texas de los años 50”. Montó  allí la estancia Alicurá, donde progresa un proyecto turístico con alojamiento cinco estrellas, coto de caza y lodges de pesca. No son los únicos capitalistas apropiadores, también los hay argentinos, como Tinelli o hasta estrellas del deporte como Ginobili. Lo central es que en todos los casos las tierras fueron adquiridas a precio vil, con ventajas fiscales, con habilitación para llevar adelante emprendimientos comerciales y sin escollos, para violentar los bienes comunes, el entorno socioambiental o lo que la lógica de la rentabilidad empresaria impulse.

En la Argentina de los últimos 15 años se vendieron casi 20 millones de hectáreas y otras 10 están en la misma perspectiva. La mayor parte alberga bienes comunes clave -como reservas de agua- o son en la llamada zona de seguridad, es decir, de frontera.

Estos nuevos dueños del territorio nacional, se suman a las 30 familias propietarias más importantes y tradicionales de la oligarquía nacional: Bunge y Born, Fortabat, Anchorena, Perez Companc, Gómez Alzaga y la lista sigue.

Extractivismo incompatible con la propia legalidad y democracia capitalistas 

La única ley inexorable del capitalismo es la ganancia. Es el patrón que subordina sistémicamente todo. Y que altera, distorsiona y violenta todo. Incluso, los propios pilares de la legalidad burguesa y la democracia capitalista. La Ley de Bosques, no promulgada, pero vigente, no se aplica en Argentina. Las zonas protegidas sufren -como en la Salta de Urtubey- también en Río Negro y toda la región sur del país, la sostenida ofensiva del modelo capitalista extractivo que mercantiliza todo, en particular la naturaleza como novedad de este siglo.

Lo mismo que en El Bolsón está sucediendo en Jáchal, San Juan. Ahí es la Ley de Glaciares la violentada, los actores políticos tradicionales como en Río Negro, gerencian el interés capitalista y la democracia burguesa es suplantada por la lógica del decretazo bonapartista, autoritario.

Lo nuevo, lo decisivo, que emparenta las luchas socioambientales en esta etapa del país, es que aunque la superestructura política, sindical, mediática y empresaria, violenten leyes y democracia capitalista, la movilización social permanente impone condiciones, frena, confronta, reclama y protesta. Es un actor independiente que plantea, como ahora en El Bolsón, una relación de fuerzas favorable al pueblo y no al negocio extractivo-capitalista.

La Argentina, el proyecto IIRSA y la situación continental

El emprendimiento de Lewis que desató la tormenta popular en el sur, se inscribe en una orientación más global del capital extractivo en la región. El proyecto IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica) es un plan diseñado desde el 2000 por las corporaciones y los gobiernos latinoamericanos para adecuar el continente a las necesidades del capitalismo en el este siglo. Implica proyectos de inversión -en base a endeudamiento externo, especulativo- para construir rutas, túneles transandinos, canales, centrales hidroeléctricas, etc.- y múltiples facilitadores que “superen los escollos naturales” (léase Amazonas, corredor andino, parques nacionales y zonas protegidas, Orinoco y mucho más) para garantizar la circulación comercial bioceánica y en particular el comercio del Pacífico. Para este plan, la energía, el agua, el territorio, son recursos cruciales. La apropiación privada en avance que se consolidó en la última década tiene que ver con esta nueva división internacional de la producción capitalista y el rol del continente y Argentina como exportadores de naturaleza a bajo costo. Los gobiernos llamados progresistas del último período se adaptaron a este esquema, no lo combatieron, ni plantearon estrategia de ruptura y transición. A lo sumo la potente relación social de fuerzas a favor fue administrada en los marcos del extractivismo para negociar cuotapartes menores de la renta capitalista para financiar planes sociales de coyuntura. No es casual que en Argentina el salto en la reprimarización económica con el agronegocio, la megaminería, el fracking y la cementación especulativa se produjera en los últimos 10 años. O que la lógica de sostener este modelo lleve a Correa a reprimir al movimiento socioambiental en Ecuador, a Maduro a habilitar por el enorme saqueo del Arco Minero del Orinoco o al vice de Evo, García Linera, a justificar el extractivismo en Bolivia como una etapa necesaria para la liberación nacional del imperialismo. Años de progresismo y el capital extractivo consolidado. Ahora, como en Argentina, con gobierno más a derecha, se envalentona el capital y quiere avanzar más. Pero, la movilización social es permanente y lo frena.

Unir en un solo movimiento protesta socioambiental y propuesta ecosocialista

En lo inmediato, la tarea central pasa por apoyar las luchas socioambientales en curso en todo el país y en primer lugar la de El Bolsón. Si el pueblo gana en esa pulseada el incentivo es global para todo el frente de lucha en defensa de los bienes comunes. Ya la expulsión de Monsanto contribuyó a incentivar el proceso, la autoconfianza y la multiplicación social. Jáchal está en una encrucijada, pero resiste, no cede. Ahora, es en Río Negro contra Lewis. Hay un desafío que queremos volver a plantear abiertamente: las luchas socioambientales tienen que transitar hacia una coordinación nacional que las exprese de forma unificada contra el poder político -que las sostiene- y las corporaciones. Unir las luchas contra el agronegocio y las fumigaciones. Integrar la defensa de la cordillera contra la megaminería. Desplegar una intensa actividad en defensa de las muy positivas leyes de glaciares y bosques, exigiendo su reglamentación urgente. Incorporar fuerte la defensa del territorio y de la vida sin mercantilizar como orientación. Todo esto define un programa básico para la unidad en la acción socioambiental. A la vez, hay distintas corrientes de opinión, de ideas, legítima lucha política por la mejor orientación de este movimiento de hecho. Nosotros y nosotras, anticapitalistas, de izquierda y ecosocialistas, proponemos agrupar a todo aquel que comparta una visión que cuestione la raíz del problema, que define la ruptura con el capitalismo como perspectiva, que aspire, como nosotros, a una Argentina sin corporaciones ni extractivismo y esté dispuesto a organizarse y militar por una salida al servicio del 99 % y la vida, la naturaleza, el patrimonio colectivo del territorio, el agua y los bienes comunes. Esa definición es política e incluye la lucha por el poder para desmantelar este esquema capitalista, neocolonial y extractivo. En este sentido, con los trabajadores, el movimiento socioambiental y la izquierda construir un instrumento político para esa perspectiva, para ese empoderamiento. No somos ecologistas. Somos socialistas con perspectiva ecológica. Somos ecosocialistas.

Mariano Rosa / Carla Simioni