A continuación compartimos la declaración del Encuentro:

La Plenaria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia resolvió, después de un importante debate entre sus integrantes, avanzar en la construcción de una convocatoria y acto en común con la Mesa de Organismos y el conjunto de organismos que rechazan al negacionismo de la ultraderecha que hoy gobierna este país.

Lo vamos a hacer defendiendo nuestra independencia política de todos los gobiernos, en rechazo a la represión del Protocolo Bullrich, y a todo intento de indulto a los genocidas. Manifestaremos nuestro apoyo a la lucha de FATE, el Garrahan y todos los que hoy enfrentan el ajuste sobrepasando las políticas de las conducciones sindicales burocráticas. Queremos un 24 de marzo unitario, que con millones en las calles potencie las fuerzas para derrotar a Milei y sus cómplices.

Por sobre todo, rendiremos homenaje a las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.

¡30.000, presentes!
No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI
Basta de criminalizar las luchas

El próximo 24 de Marzo, a 47 años del golpe genocida, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos al pueblo a desbordar una vez más la Plaza de Mayo para repudiar a la dictadura asesina y para recordar a las y los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos con sus banderas de lucha. Marchamos en forma independiente del Estado, contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el ajuste y la criminalización de las luchas sociales por parte del Estado, sus gobiernos y el FMI.
Ante recientes notas de prensa informando que algunas agrupaciones oficialistas utilizarían el 24 con un objetivo de proselitismo electoral, desde el EMVJ reiteramos nuestro rechazo a todo intento de asimilar la fecha más sentida del calendario nacional a tal o cual interés partidista. Ese afán de cooptación banaliza la fecha y además le hace el juego a la derecha anti-derechos, que desde hace años alienta la negación del genocidio, de las y los 30.000 y de la lucha por los derechos humanos.
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

La lucha por justicia empezó bajo la dictadura. Cuando las Madres ocuparon esta Plaza. Cuando se presentaban los hábeas corpus. Cuando las presas y presos políticos resistían en las cárceles. Cuando les sobrevivientes grababan en lo más hondo de su ser los nombres y caras de sus compañeros de cautiverio. Cuando al recuperar la libertad buscaban a sus familias y les contaban de sus seres queridos. Cuando sacaban información al exterior, y junto a las y los exiliados denunciaban los crímenes más horrendos. Cuando se reorganizaban para seguir luchando. En ese camino logramos la mayor condena jurídica y social en el mundo a un genocidio, generando conciencia y reconstruyendo la historia de nuestros 30.000.

No obstante, los juicios por los que tanto peleamos se retrasan adrede para asegurar la impunidad biológica de los genocidas. Decenas mueren impunes y se beneficia a cientos de condenados con domiciliarias o se los declara incapaces. Las causas aún no juzgadas o residuales se retienen por años en los juzgados y si al fin van a juicio oral dejan afuera a cientos de víctimas y decenas de represores. Incluso hay fiscales que no acusan o no sostienen la acusación en apelaciones tras las absoluciones o penas exiguas. También los tribunales orales retrasan, con audiencias de sólo 2 horas por semana. En el juicio ESMA 4, los jueces dejaron que un abogado de los genocidas manejara el juicio, aliados de hecho a la impunidad. El Poder Judicial sigue negando que fue un genocidio, planificado por el Estado para desaparecer a quienes enfrentaban la explotación y la opresión. A su vez, altos tribunales como Casación y la Corte tardan años en ratificar las condenas.

La dictadura vino a cambiar toda la estructura del país. Con otras dictaduras del Cono Sur, formada por la Escuela de las Américas, vino a parar el ascenso de luchas revolucionarias en el continente. La represión comenzó antes del golpe, con la Triple A, el Comando Libertadores, la CNU y otros grupos fascistas. Los juicios al Plan Cóndor, Orletti, Triple A, Brigada de San Justo, Operativo Independencia y a los «pozos» de Banfield, Quilmes y el Infierno demuestran que el plan genocida empezó en el gobierno de Perón e Isabel y desde 1976 se multiplicó a todo el país.

El golpe lo gestó el poder económico, que se benefició y lo sigue haciendo. Ford, Mercedes Benz, el Ingenio Ledesma y otras empresas facilitaron sus predios para montar centros clandestinos de detención. Y junto a sindicalistas traidores, hacían listas negras para desaparecer activistas. La cúpula de la Iglesia apoyó el genocidio, bendijo los vuelos de la muerte y algunos curas participaron en las sesiones de tortura. Las fuerzas represivas impusieron el terrorismo de Estado. Junto a jueces, la prensa cómplice y civiles de partidos del sistema como funcionarios de la dictadura, ayudaron a imponer el plan de exterminio. Por eso decimos: cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices. Y aunque para la mayoría de jueces y fiscales los delitos sexuales se deben tratar en juicios separados, seguimos exigiendo que se los reconozca como parte del plan genocida.

Los planes de entrega, favores al capital y despojo de derechos a la clase obrera se basan en decretos-ley de la dictadura aún vigentes. Los gobiernos posteriores, de Alfonsín a Fernández, por acción u omisión, sustentan la impunidad. Todos fortalecieron el aparato represivo: armas y servicios especiales y de inteligencia siguen al servicio de las mismas clases beneficiarias del genocidio. El enemigo «subversivo» de ayer pasó a ser la juventud de los barrios populares, hijes de las generaciones excluidas por las recetas neoliberales de Martínez de Hoz a hoy.

Este gobierno que se dice «nacional y popular», en sus discursos de campaña usa a las ex presas y presos políticos, hijos e hijas y exiliados forzados. Pero luego aplica políticas de Estado que alargan un genocidio silencioso al incumplir las leyes reparatorias para quienes atravesaron situaciones aberrantes, con graves secuelas físicas y psicológicas. Aunque dieron lo mejor de sí en la resistencia a la dictadura, se nos van muriendo compañeros y compañeras sin condiciones dignas ni acceso a la salud. Por respeto al derecho a la vida, ¡que cumplan con las leyes reparatorias!

En 45 años, en esta justicia no hubo ningún cambio de fondo. Aquellos jueces que rechazaban los habeas corpus y amparaban a genocidas siguieron en sus cargos, como muchos fiscales, defendiendo este sistema judicial antidemocrático y de privilegios para sí y para las clases dominantes. Por todo esto, nuestra lucha contra la impunidad de aquellos crímenes está unida a nuestro presente y nuestro futuro. Porque ese régimen genocida cayó, pero dejó en pie los mecanismos de impunidad, que se accionan cada vez que las fuerzas represivas violan los derechos del pueblo trabajador, en favor del poder económico y político, y al amparo del Poder Judicial. Y porque aún no sabemos el destino de cada una, de cada uno de los 30.000 y de cada bebé apropiado por los represores, exigimos: Apertura de todos los archivos de 1974 a 1983. Restitución de la identidad a las nietas y nietos apropiados.

A 45 años, seguimos reivindicando a las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos. A cada una. A cada uno. Y también a las más de 400 víctimas cuya identidad LGBT se ocultó en el informe Nunca Más por presión de la Iglesia. Los reivindicamos con sus nombres y sus apellidos. Con sus fortalezas y sus debilidades. Con sus historias y sus sueños, que truncó la represión genocida.

Pero nuestra reivindicación va más allá de las y los 30.000 como personas. Reivindicamos su militancia y su lucha. Porque junto a enfrentar cada injusticia, junto a defender cada derecho obrero, estudiantil o popular, también peleaban por cambios de fondo contra este sistema de explotación, entrega y opresión. Peleaban por la patria liberada. Por la patria socialista. Por la liberación nacional y social. Por un gobierno de los trabajadores. Por una Argentina y un mundo socialistas.

Y en estos tiempos de crisis global y pandemia, cuando a diario salen a luz las lacras de este sistema capitalista e imperialista, que pretende arrasar con todos nuestros derechos, no sólo hacemos memoria de aquellas banderas de lucha: las seguimos levantando bien alto pues hoy mantienen plena vigencia. 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos y su lucha, ¡presentes!

La pandemia está causando una catástrofe. La debacle sanitaria, económica y social, efecto de lo que el capitalismo hace al sustituir la producción de alimentos por commodities, ha puesto al mundo en crisis. La pandemia impactó sobre un sistema de salud pública devastado desde hace décadas, por la lógica de la salud como mercancía. Esto se sumó a la pandemia, al tener que enfrentarla de la peor manera, y con las y los trabajadores de la salud precarizados, con bajos salarios y condiciones indignas. Y en el país ya contamos más de 55.000 muertes.

Para lograr una vacunación masiva es urgente liberar las patentes. Pero los grandes laboratorios y farmacéuticas impiden producir en cantidad. Con sus patentes, mercantilizan lo que es fruto del saber científico y técnico acumulado en años de investigaciones en institutos, universidades y hospitales, a costa del Estado. Y se subsidia a las empresas, abren la economía y el transporte, pero suspenden la IFE. No va más. ¡Salud y vacunas para todes! El gobierno debe suspender las patentes, impulsar la producción pública de vacunas y poner la vacunación bajo control del personal de salud y la comunidad, sin ningún privilegio. A su vez, el gobierno aprovechó la pandemia para desplegar militares, policías y gendarmes. Con la excusa de «operativos humanitarios», busca mayor control social y reconciliar al pueblo con esas fuerzas. Les dio el control total de la cuarentena, los empoderó, les da más presupuesto y mejor salario. Es que el ajuste no pasa sin represión.

Desde el inicio del gobierno hasta noviembre, menos de un año, hubo 411 muertes por gatillo fácil, desapariciones seguidas de muerte y muertes en cárceles, comisarías o bajo custodia: una muerte cada 20 horas. Además, casi uno de cada cinco femicidios o travesticidios es cometido por un agente o ex agente. Estas cifras confirman que el accionar represivo recrudece en todo el país. Por eso no olvidamos a Julio López ni a ningún desaparecido ni desaparecida en democracia.

En la Provincia, Kicillof ratifica a Berni como su ministro de Seguridad. Y la represión en todo el país confirma la línea oficial de fortalecer, encubrir y dar impunidad a las fuerzas represivas. Por eso decimos: Basta de gatillo fácil. Fuera Berni. Justicia por todas las víctimas. Castigo a los culpables y encubridores.

En plena crisis económica y social, la respuesta habitual de los gobiernos a los reclamos obreros y populares es palos, gases y balas. Lo vimos en Guernica, contra familias pobres que pedían tierra para vivir. En ArreBeef, contra los obreros que resisten los despidos. En Chubut, contra las marchas ambientales. También en Formosa con Insfrán, en Jujuy con Morales y en CABA con Larreta contra las enfermeras. A la hora de apalear la protesta social no hay grieta y eso envalentona a la derecha, esa que tira bolsas negras en esta misma plaza, lo que repudiamos.

Por eso rechazamos la pretensión de mantener el despliegue represivo. Ayerla ministra Bullrich encubrió a Gendarmería y Prefectura en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Hoy Berni encubre a la Bonaerense en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro y en los asesinatos por gatillo fácil. Esa maldita policía represora, corrupta, socia de los narcos y la trata, que no sirve ni para encontrar a Maia.

Alberto Fernández y todos los gobernadores persisten en reforzar el aparato represivo y de espionaje. Apuntan a disciplinar a los trabajadores, los movimientos sociales, las mujeres y disidencias, la juventud. Es que la respuesta popular frente a los ajustes, los despidos, la miseria y demás problemas no deja de crecer.

No hay vuelta de página. Rechazamos el plan de reconciliación con las Fuerzas Armadas que intentan gobierno tras gobierno. Reclamamos la libertad de Sebastián Romero, Milagro Sala y demás presas y presos políticos. También el cierre de las causas contra César Arakaki, Daniel Ruiz, Viviana Toros, los 27 estudiantes de la Universidad de Córdoba y todas las y los activistas procesados por luchar.

La dictadura impuso la miseria planificada: ajuste a la clase obrera y al pueblo, y entrega del país al imperialismo. En 7 años subió la deuda externa de 7 mil a 49 mil millones de dólares. Luego todos los gobiernos «honraron» esa deuda odiosa como pagadores seriales. Macri la multiplicó y fugó 44 mil millones de dólares. Para financiar esa estafa se pactó otro préstamo con el FMI. Y ahora Fernández querella a Macri, pero igual paga todo ese fraude y busca otro acuerdo con el FMI, que traerá más penurias. ¡Hoy mismo, 24 de Marzo, el ministro Guzmán está en Washington negociando con la jefa del Fondo! Por eso decimos: No al pago de la deuda, fuera el FMI. Y rechazamos el ajuste de Fernández y los gobernadores. Según dijo, no pagará con el hambre del pueblo. Pero ya media población y el 63% de les niñes y adolescentes son pobres. Con la complicidad de la burocracia sindical, mantiene los salarios y jubilaciones abajo de la inflación. Quiere que otra vez paguemos los costos. No, señor. Exigimos un aumento general de salarios, planes sociales y jubilaciones, con 82% móvil, paritarias libres y cláusula gatillo. Y estamos por el triunfo de todas las luchas obreras y populares, la docencia, las enfermeras y la salud, las desocupadas y desocupados, LATAM, Just, ArreBeef, Hey Latam, la pelea antiminera, pueblos originarios y demás sectores en conflicto.

El gobierno nacional y los gobernadores entregan los bienes comunes a las multinacionales. En Chubut la movilización popular ya frenó tres veces la ley de zonificación minera de Arcioni, pero procesan a 7 activistas por protestar. ¿Y cómo no van a protestar si los saquean, los contaminan y los incendian? Lo mismo en Córdoba y en el litoral con la Hidrovía. Contaminan el agua. Destruyen el subsuelo. Queman bosques y humedales. Depredan la tierra para amplia la frontera sojera. Repudiamos el extractivismo y su ecocidio al servicio de los capitalistas. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Basta de megaminería, fracking y agrotóxicos.

En 2020, con la marea verde conquistamos el aborto legal. Pero el patriarcado no terminó, presidente. Hay un femicidio o travesticidio por día. Por eso, como lo hicimos el 8 de Marzo, exigimos: Ni Una Menos. Fondos para combatir la violencia de género y asistir a sus víctimas. Basta de justicia patriarcal: elegir los jueces y fiscales por voto popular. Que se cumpla la ley de IVE. Educación Sexual Integral efectiva. Libertad a María Ovando y cierre de la causa a Yolanda Vargas. Separar la Iglesia del Estado y anular los subsidios a la educación religiosa y privada.

Apoyamos también a todos los trabajadores y pueblos en lucha. Como decía el Che, «seamos siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia, cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo». Por eso reclamamos la aparición con vida de Lichita Villalba. Justicia por María Carmen y Liliana, las niñas asesinadas. Apoyamos la rebelión en Paraguay contra el gobierno de Abdo. Respaldamos al pueblo de Brasil en su lucha contra Bolsonaro, que enferma y reprime. Apoyamos las rebeliones de Chile al Líbano, de EE.UU. a Bielorrusia, y la resistencia de Palestina y Kurdistán. Y exigimos: fuera el imperialismo de Siria.

Compañeras/os/es. A 45 años del golpe, cárcel común a todos los genocidas. Contra la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y de hoy. Apertura de todos los archivos, del 74 al 83. Salud y vacunas para todes. No al pago de la deuda. Fuera el FMI. Volvamos a nuestros barrios y lugares de trabajo a seguir luchando. Con la memoria y las banderas de quienes nos traen luz a la cabeza y fuego al corazón: 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, ¡presentes!

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

No empezó el terrorismo de Estado con el golpe, sino antes. Desde 1974 ya empezó a actuar la Triple A, banda armada de ultraderecha que articuló el ministro de Bienestar Social, «el Brujo» José López Rega, mano derecha del general Perón y su esposa Isabel. Agrupó a fachos de la derecha peronista, de la Policía Federal, de la burocracia sindical y algunos milicos. La Alianza Anticomunista Argentina (AAA) cometió atentados con bombas, secuestros y el asesinato de más de mil activistas populares, entre ellos los que sufrió nuestro partido.

Luego, en 1975, comenzó el «Operativo Independencia». Con su nefasto Decreto 261, el gobierno de Isabel Perón ordenó «neutralizar y/o aniquilar» a un foco de guerrilla que actuaba en Tucumán. Bajo la excusa de la «guerra antisubversiva» asesinaron a combatientes y activistas. En la causa judicial del caso se registran casi 300 víctimas(1), pero se estima que hubo alrededor de mil. Hubo tortura, desaparición forzada y centros clandestinos de detención. Es así como surgieron los métodos represivos que luego la dictadura multiplicaría en el genocidio.

Responsabilidades y complicidades

· El imperialismo de EE UU fue un promotor y sostén basal de la dictadura, buscando apagar los vientos de cambio que recorrían el Cono Sur. Así, el gobierno yanqui alentó los golpes y el «Plan Cóndor» (coordinación represiva entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia), les dio respaldo político, dictó sus planes económicos y el FMI las financió.

En este sentido, nuestra compañera Vilma Ripoll, junto a Patricia Walsh y el ya fallecido Mario Cafiero, presentaron años atrás ante la Corte Suprema una querella contra el Fondo y sus funcionarios como copartícipes necesarios en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

· Como dijimos, el PJ desde el gobierno orquestó la Triple A y el Operativo Independencia. Desde la otra pata del bipartidismo, Balbín, el máximo líder de la UCR, acusaba al activismo obrero de guerrilla fabril y ante el golpe declaró: «No tengo soluciones». Con la dictadura ya en el poder, el PJ y la UCR le aportaron cientos de intendentes, funcionarios y embajadores, igual que el viejo PS gorila. Y el PC, dados los vínculos de Moscú por interés comercial, durante años se negó a condenar al gobierno militar(2).

· La Curia, salvo honrosas excepciones, apoyó a las sucesivas Juntas Militares. Obispos y curas mentían a las madres que, desesperadas, preguntaban por sus hijas e hijos desaparecidos. El embajador del Vaticano, Pío Laghi, jugaba al tenis con el genocida Massera. El actual Papa, Bergoglio, fue procesado por desproteger y entregar a dos curas. Y el capellán policial Von Wernich está condenado por participar en homicidios y torturas.
· En cuanto a los medios de comunicación hegemónicos, sus editoriales eran funcionales cuando no elogiosos del orden represivo impuesto por los militares.

· A su vez, el Poder Judicial se asimiló al poder dictatorial y rechazaba los hábeas corpus presentados en favor de las compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos. Inclusive hoy siguen atornillados a sus cargos algunos jueces federales puestos a dedo durante aquellos años.

· En el caso de la burocracia sindical, el líder de la CGT, Casildo Herreras, huido a Uruguay poco después del golpe confesó «me borré» tras haber abandonado a su suerte a la clase trabajadora. Mucho peor es el caso del burócrata Gerardo Martínez, del gremio de la Construcción: fue uno de los 4.000 agentes civiles del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, una pieza clave del engranaje represivo. Eterno capo de la UOCRA y la CGT, hoy además integra el Consejo Económico Social que lanzó Alberto Fernández…

El golpe del ’76 tuvo un indiscutible contenido de clase. Su principal objetivo fue derrotar el ascenso obrero y popular que cruzaba el país, liquidar toda organización colectiva y de ese modo garantizar la explotación capitalista a sangre y fuego. Junto al respaldo de las cámaras patronales a los militares, grandes empresas como Ford, General Motors, Mercedes Benz y otras entregaban a las comisiones internas y delegados combativos a la represión, delitos que en buena medida aún continúan impunes.

Entre las y los 30.000 detenidos-desaparecidos hay, por cierto, dirigentes peronistas, radicales, sindicales, curas, periodistas y hasta un par de empresarios. Otros y otras sufrieron persecución y cárcel. Pero nada de eso niega la clara responsabilidad y complicidad que el PJ, la UCR, la Iglesia, la justicia y la burocracia sindical como instituciones, y la burguesía como clase, tuvieron respecto de la dictadura genocida.

Construcción de impunidad, lucha por justicia

La última dictadura fue la más cruenta que padeció el país. Pero a pocos meses de su inicio arrancó la pelea en defensa de los derechos humanos, con las madres peregrinando por comisarías, iglesias y oficinas de gobierno en busca de sus hijas e hijos «desaparecidos». En abril de 1977 iniciaron sus rondas alrededor de la Pirámide, frente a la Casa Rosada: las queridas Madres con sus pañuelos blancos, las «locas de la Plaza de Mayo». En octubre de aquel mismo año se organizaron las Abuelas, en busca de sus nietas y nietos apropiados por los represores. Unos pocos abogados y abogadas, entre ellos los de nuestro PST, batallaban ante la justicia. Y a nivel político sólo desde la izquierda como partido, más algunos referentes de la centroizquierda a título individual, tomamos en nuestras manos las banderas de lucha por justicia y contra la impunidad.

Caída la dictadura tras la Guerra de Malvinas, el movimiento por los derechos humanos se potenció y la mayoría de la sociedad, al ir conociendo el horror, acompañó esa lucha. Por el contrario, la dictadura y los gobiernos patronales que se sucedieron en el poder trataron de poner barreras al juicio y castigo a fin de preservar lo más posible a las fuerzas armadas y policiales. Esa construcción de impunidad incluyó las siguientes maniobras del régimen:

· Antes de caer, en setiembre de 1983, la dictadura dictó el Decreto-ley 22.924 de «pacificación nacional»: una autoamnistía para todos sus crímenes. El candidato presidencial del PJ, Ítalo Luder, la respaldó. Pero la lucha por justicia siguió. En diciembre, a poco de asumir Alfonsín, el Congreso derogó la autoamnistía y se creó la CONADEP(3) para recibir denuncias sobre las desapariciones. Y en 1984 se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense.

· En 1985, bajo gobierno de Alfonsín, se inició el juicio a las Juntas militares en tribunales civiles. Al salir a luz los aberrantes delitos cometidos y restos humanos, el clamor popular crecía. No obstante, la línea del gobierno de la UCR fue juzgar sólo a los nueve comandantes de las tres juntas dictatoriales. Pero la lucha por justicia siguió.

· Como las denuncias judiciales contra los milicos no cesaban, a fines de 1986 Alfonsín propuso y el Congreso votó la Ley 23.492 de Punto Final: daba de 30 a 60 días de plazo para la prescripción de la acción penal. Pero la lucha por justicia siguió.

· En la Semana Santa de 1987, la rebelión «carapintada» al mando de Aldo Rico exigió la impunidad de los genocidas. En repudio, cientos de miles nos movilizamos a los cuarteles y a Plaza de Mayo, en donde Alfonsín dijo «la casa está en orden». Todos los partidos del sistema, con el PC a la cola, firmaron el acta de rendición: en junio el Congreso votó la Ley 23.521 de Obediencia Debida, que dejaba impunes a quienes «cumplían órdenes de sus superiores». Pero la lucha por justicia siguió.

· Entre 1989 y 1990, el presidente peronista Menem decretó los indultos a unos 300 represores y un par de jefes guerrilleros. Pero la lucha siguió, con enormes marchas, y, aun sin efectos penales, en varios tribunales del país se iniciaron los llamados juicios por la verdad.

· En marzo de 1998, también con Menem presidente, el Congreso aprobó una tramposa «derogación» de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Pero derogar no es anular: las leyes no regirían a futuro, pero todo lo anterior quedaba tal cual, es decir impune. Pero la lucha siguió.

Diciembre de 2001 trajo el Argentinazo, que dio vuelta todo. Néstor Kirchner supo «leer» políticamente que ya no se podía seguir gobernando como antes. Es así que en agosto de 2003 el Congreso aprobó la Ley 25.779 de nulidad de ambas leyes de impunidad. En realidad, el PJ tenía otro proyecto: la no oponibilidad, tan tramposo como la derogación trucha del ’98, que sólo regía para genocidios futuros. El único proyecto genuino de nulidad era el de nuestra entonces diputada nacional Patricia Walsh (Izquierda Unida). Ésa es la verdad: el oficialismo se lo pidió, lo copió, lo presentó y se aprobó.

Con esa gran victoria democrática, por fin, se reabrieron los juicios a los genocidas. Hasta hoy se han dictado 250 sentencias, con 1.013 personas condenadas y 164 absueltas, y aún quedan 373 causas sin sentencia. Aun así, el 70% de los fallos son recurridos y se tarda un promedio de cinco años desde el juicio oral hasta la sentencia firme. Además, 692 represores murieron antes de tener sentencia(4).

El último intento de impunidad fue en mayo de 2017, cuando la Corte Suprema concedió el beneficio del «2×1» a un genocida, rebajando su tiempo de prisión. Una marea popular lo repudió en las calles y al otro día el Congreso tuvo que aprobar la nulidad de ese fallo por ley.

Importantes logros y tareas pendientes

Para valorar los datos, comparar ayuda. Si se estima que en nuestro país llegaron a funcionar unos 600 centros clandestinos de detención, tortura y extermino, 1.013 condenados implica 1,7 por cada centro, lo cual es poco. Las causas se están desacelerando y eso da lugar a casos de verdadera impunidad biológica, porque no pocos represores mueren sin condena. Además el 74% de los detenidos, o sea 638, en vez de estar en cárcel común gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. También falta recuperar la identida de cerca de 300 bebés robados por los genocidas. Falta juzgar las complicidades. Falta que el Estado cumpla con las leyes reparatorias a ex presas y presos políticos, exiliadas y exiliados, hijas e hijos y familiares de las víctimas del genocidio. Falta la apertura de todos los archivos del terrorismo de Estado. Falta la libertad de las presas y presos políticos, como Milagro Sala y Sebastián Romero, así como desprocesar a todos los activistas populares y desmantelar el aparato represivo incluida la AFI, la ex SIDE.

Pero decir sólo lo que falta sería una mirada parcial. A la vez, la Argentina es el único país del mundo cuyos tribunales condenaron un genocidio cometido por su propio Estado5. Esa conquista en materia de derechos democráticos, expresada en las condenas, así como la recuperación por las Abuelas de la identidad de 116 nietas y nietos apropiados por los represores, son un mérito indiscutido de nuestro movimiento de derechos humanos, que es un auténtico ejemplo a escala mundial.

Por el genocidio nazi, el peor ocurrido en la historia contemporánea, que asesinó a más de 10 millones de personas y llevó a la Segunda Guerra Mundial, hubo apenas unos 150 genocidas condenados: 19 de ellos por el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y el resto por la justicia alemana durante 75 largos años. En nuestro caso, en cambio, fueron tribunales civiles, del mismo país y por un genocidio 300 veces menor al nazi condenaron a seis veces más represores. Esto también marca la magnitud de lo conquistado en la Argentina, sin negar todo lo pendiente.

Cooptación K y negacionismo PRO

No obstante, el curso del movimiento de derechos humanos no fue ni es lineal. Desde la derecha, enfrentamos dos problemas: el negacionismo del genocidio -con Macri a la cabeza- y la pretensión de revalidar la teoría de los dos demonios, que errada e intencional-mente iguala el terrorismo de Estado a las acciones equivocadas de la guerrilla. Hay que despejar toda confusión: no hubo guerra, hubo genocidio; y el único que viola los derechos humanos es el Estado, precisamente porque es quien se supone que debería protegerlos. La aparición de bolsas negras simulando cadáveres y con nombres de figuras ligadas al gobierno en recientes marchas convocadas por la derecha macrista remite a esas repudiables posturas.

Pero desde los gobiernos peronistas, ayer los Kirchner y hoy los Fernández, también hay problemas: el intento de tergiversar la historia y apropiarse de la lucha por los derechos humanos, la lamentable cooptación que lograron de organismos reconocidos -como Madres, Abuelas e H.I.J.O.S. Capital- y, aun sin nombrar los dos demonios, el intento de reconciliar al pueblo con las FF.AA., policiales y de seguridad. Así como el Papa siempre propone esa reconciliación, en febrero de 2020 Alberto Fernández llamó a «dar vuelta la página». Es que toda la política patronal, pese a sus diferencias, busca recomponer el desprestigiado aparato represivo argentino porque sabe bien que ningún ajuste pasa sin represión.

Por los derechos humanos,ayer y hoy

A contramano de esas políticas, en 1996 nació el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para coordinar la movilización del 20º aniversario del golpe. De ese espacio unitario que nuclea a decenas de organizaciones populares se retiraron entre 2006 y 2007 los organismos y sectores cooptados por el gobierno kirchnerista y en 2020 también lo hizo el PCR, que se sumó al Frente de Todos. En cambio, y más allá de los lógicos debates, en estos 25 años de lucha el EMVJ siempre mantuvo su carácter independiente del Estado y de todos los gobiernos de turno.

Nuestra corriente política integra el Encuentro desde su fundación, participa activamente de las iniciativas conjuntas y a fines de 2007 constituimos también el CADHU: nuestro Centro de Abogades por los Derechos Humanos, interviniendo en causas de lesa humanidad, represión policial y detenciones, femicidios y violencia de género, conflictos y amparos laborales, espionaje de la AFI, vivienda y otros derechos.

Entre otros hechos, la estrategia de reconciliación con los milicos y la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro y los casos de gatillo fácil y muertes a manos del Estado, la represión a la toma de viviendas de Guernica y otras protestas sociales, el despliegue represivo y de control social con la excusa de la cuarentena y las concesiones presupuestarias a militares y salariales a policías por parte del presidente Alberto Fernández, que además ratificó en su discurso de apertura de sesiones en el Congreso confirman la necesidad de proseguir la lucha consecuente en defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy.

1 Según el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de las 296 víctimas judicializadas, el 50% eran trabajadores, empleados estatales y sus familiares, el 15% delegados y dirigentes sindicales, el 8% cuenta-propistas y pequeños comerciantes, el 7% guerrilleros, el 5% profesionales, el 4% estudiantes universitarios y el 2% militantes de izquierda no guerrillera.
2 «Ya en agosto de 1977, el PC respaldó el rumbo elegido por Videla como ‘el camino adecuado para ganar la paz, aventar el peligro del pinochetismo y de las amenazas exteriores y encontrar soluciones económicas, políticas, sociales y culturales que el país necesita’. El comunicado, en una época en que a los partidos políticos les costaba llegar a los medios de comunicación, fue reproducido por el diario La Opinión, en manos de los militares desde el secuestro de su director, Jacobo Timerman, en marzo» (nota de Daniel Gutman en Infobae, 28/1/20).
3 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, integrada por personalidades, en sólo nueve meses recopiló denuncias sobre unos 9.000 casos y emitió su informe final, titulado Nunca más.
4 En 14 años de juicios, se dictaron 250 sentencias con 1013 personas condenadas y 164 absueltas. 30/12/2020, en la web www.fiscales.gov.ar
5 Inclusive, el Ministerio Público Fiscal nacional tiene una Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Además, por la cuarentena, este 24 también será muy distinto porque no nos movilizaremos a Plaza de Mayo y a las plazas de todo el país, como lo hacemos año tras año. Será raro, desde ya, porque es una fecha emblemática como pocas, entre las más sentidas del calendario popular. Será raro no preparar las banderas, las pancartas con las fotos de las compañeras y compañeros asesinadxs y detenidxs-desaparecidxs por la represión genocida.

Pero a la vez este 24 no será tan distinto en otro sentido, el de su contenido de lucha, que al menos desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -que desde el MST y el CADHU integramos- siempre es el de reivindicar los derechos humanos de ayer y los de hoy, que son inseparables. Entonces, algunas reflexiones.

Memoria

Memoria es recordar que el terrorismo de Estado no se inició con el golpe del 24 de Marzo del 76, sino antes, con el mal llamado Operativo Independencia y con la Triple A, la CNU, el CDO y otras bandas parapoliciales de ultraderecha, que al amparo del gobierno peronista de entonces secuestraron y asesinaron a más de mil activistas populares. Luego la dictadura militar usurpó todo el poder, multiplicó ese método criminal y cometió el peor genocidio de nuestra historia reciente.

Memoria es también recordar que los decretos de aniquilamiento que iniciaron la represión los firmaron Isabel Martínez de Perón e Ítalo Luder. Que ante el golpe, el líder radical Ricardo Balbín dijo “no tengo soluciones”. Que el secretario general de la CGT Casildo Herreras se fue al Uruguay y dijo “me borré”. Que la cúpula de la Iglesia Católica bendijo a la Junta militar. Que el FMI financió a la dictadura genocida. Y que los banqueros y grandes empresarios la apoyaron activamente, entregando a cientos de delegadxs y comisiones internas combativas.

Verdad

Verdad es reconocer que la mayoría de los archivos de la dictadura todavía hoy siguen cerrados, pese a ser la principal fuente de información para saber qué pasó con las y los 30.000. Entre ellxs, nuestrxs más de 100 queridxs militantes del PST. Por eso Verdad es exigirle al presidente Alberto Fernández, comandante en jefe de las FF.AA. y máximo jefe político de las fuerzas de seguridad, policiales y servicios de inteligencia, que ordene la apertura inmediata de todos esos archivos. Si no lo hace, no es porque no pueda.

Verdad es también reconocer que más de 300 jóvenes apropiadxs por los militares genocidas todavía hoy siguen sin recuperar su identidad. Por eso Verdad es exigirle al presidente, como jefe del Estado, que ordene todas las medidas necesarias hasta que esos jóvenes puedan saber quiénes realmente son. Si no lo hace, no es porque no pueda.

Justamente porque esos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, o sea que no vencen, o sea que se siguen cometiendo, es que aquí no corresponde ninguna “vuelta de página” como pidió el presidente. No fue la “inconducta de algunos”, como él dijo, sino el genocidio institucional cometido por las FF.AA., policiales y de seguridad en su conjunto.

Justicia

Justicia es que en este país no haya impunidad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad ni se los beneficie con el privilegio de la prisión domiciliaria. No son pobres abuelitos, sino represores. Por eso Justicia es que haya juicio y cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices. Ante los pedidos de Astiz y Etchecolatz de ir a domiciliaria por la pandemia, la única respuesta que cabe es la cuarentena perpetua.

Justicia es también exigir la libertad, aunque el presidente Fernández diga que no hay, de todas las presas y presos políticos o por luchar, como lo son, más allá de mis diferencias, Milagro Sala y Luis D’Elía. Justicia es exigir que se anulen las mal llamadas leyes antiterroristas, aprobadas bajo el gobierno de los Kirchner por orden del imperialismo, que se utilizan para perseguir a asambleas ambientales y comunidades originarias. Justicia es exigir el cierre de las causas penales contra más de 4.000 activistas populares. Justicia es terminar con el gatillo fácil policial, que se sigue cobrando en nuestro país la vida de un joven pobre cada día.

Y Justicia, justicia social si se quiere, es también decirle No a la deuda externa, No al FMI y NO a los planes de ajuste contra los jubilados, los trabajadores, la juventud y las mujeres. Plata para la salud pública, no para la deuda! Ésa es la exigencia urgente del momento!

Porque los derechos humanos son de ayer y también de hoy, incluido el derecho a la salud en estos tiempos de coronavirus. Derechos humanos son todos y cada uno de los derechos por los cuales seguimos luchando. Por eso rechazamos la militarización desplegada por el gobierno, que en un estado de sitio virtual recorta los derechos democráticos. Al pueblo trabajador se lo cuida con presupuesto, prevención y concientización, nunca con palos y amenazas de cárcel!

En síntesis, para nosotres Memoria, Verdad y Justicia es homenajear a las y los 30.000, sabiendo que su lucha por un país y un mundo justos hoy sigue más viva que nunca. No iremos a las plazas este 24, tan distinto pero no tanto, pero sí irán nuestras cabezas y nuestros corazones. Y continuar esa lucha es nuestro compromiso. ¡30.000 compañeras y compañeros, presentes!

Pablo Vasco

El jueves 1º de agosto, las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad Justicia convocamos junto a familiares, amigos y organismos de derechos humanos a las 17 hs en Plaza de Mayo para reclamar: Justicia por Santiago. Basta de impunidad. No al cierre de la causa. Dicha convocatoria unitaria reclama también:

·       Justicia por Rafael Nahuel. No a la represión de los pueblos originarios, los jóvenes y la protesta social.

·       No a la Doctrina Chocobar. No al “servicio cívico voluntario”.

·       Justicia para todas las víctimas del gatillo fácil. Fuera Bullrich.

·       Libertad a las y los presos políticos.

·       Repudio a la política represiva y de impunidad de Macri, Bullrich, Garavano y demás responsables.

Organismos de DD.HH.: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Fundación Memoria Histórica y Social, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

Por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia: Asociación de Ex Detenidos-desaparecidos (AEDD), Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Coordinadora Argentina de Derechos Humanos (CADH), Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), Comité de Acción Jurídica (CAJ), Colectivo Memoria Militante (CMM), CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, HIJOS Zona Oeste, Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo (Liberpueblo), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

La precandidata presidencial Cele Fierro (MST), quien participará junto a Vilma Ripoll, señaló: “Hay que reestatizar los servicios públicos con control social. Frente a los tarifazos, los despidos y la doctrina Bullrich hace falta un paro general activo y con continuidad. Es la única forma de derrotar todo este plan de ajuste, entrega al FMI y represión”.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca al pueblo a movilizarse masivamente a la Plaza de Mayo este jueves 26 desde las 15.30, junto a la ronda de las Madres, para decir No a los militares en las calles y Basta de ajuste y represión de Macri-FMI.

El reciente Decreto 638 de Mauricio Macri que involucra a las FF.AA. en tareas de “seguridad interior” es un salto represivo -tras décadas por parte de los distintos gobiernos constitucionales en busca de reconciliación con dichas fuerzas- e implica la reubicación de Gendarmería y Prefectura para intensificar la represión y el control social en todo el territorio nacional.

Si bien el gobierno anterior ya había dispuesto la participación militar en el llamado Escudo Norte e impulsó las leyes “antiterroristas”, este decretazo represivo viene de la mano de las políticas de ajuste y entrega de este gobierno, que incluyen la instalación de bases militares extranjeras. Macri dicta esta medida tras su reunión con Christine Lagarde, el FMI y el G20, y prevé la intervención militar en situaciones de interpretación discrecional como la “custodia de objetivos estratégicos”.

Sabiendo que frente a sus planes de hambre y sumisión crecerán las protestas sociales, Macri habla de “narcotráfico” y “terrorismo internacional” con las mismas viejas excusas del imperialismo norteamericano, buscando justificar la injerencia militar en la represión social.

Toda organización popular que se proclame defensora de los derechos democráticos debe rechazar esta nueva pretensión autoritaria del gobierno macrista. Así como derrotamos el nefasto “2×1” a los genocidas, llamamos a la mayor unidad de acción en las calles para derrotar el Decreto 638. Concentraremos a las 15:30 en la Plaza junto a la ronda de las Madres y a las 17 se leerá un documento del EMVJ.

Buenos Aires, 24/7/18

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

Estamos aquí enfrentando al gobierno de Macri y sus cómplices, que con la impunidad pretenden borrar la memoria del genocidio, y con la represión y el gatillo fácil buscan imponer su plan de ajuste y entrega.

• Llegamos a este 24 de Marzo con la amenaza del gobierno de liberar a cientos de genocidas.
• Con la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado.
• Con el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel.
• Con el brutal asesinato de Facundo Ferreira en Tucumán.
• Con la represión a las luchas populares que enfrentan las políticas de ajuste y entrega de Macri.
• Con decenas de presos y perseguidos políticos.
• Y con más gatillo fácil y la doctrina Chocobar.

Es decir, llegamos a este 24 con un avance cualitativo de la política represiva.

Pero llegamos también a este 24 con masivas movilizaciones obreras y populares contra la impunidad, el ajuste y la represión.

• En las calles y plazas de todo el país, miles y miles nos movilizamos contra el 2×1.
• Por justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
• Contra la domiciliaria a Etchecolatz.
• Contra el ataque a los derechos de los trabajadores, que impulsa el gobierno nacional con aval de dirigentes sindicales traidores.
• Nos movilizamos contra la reforma previsional que Macri pactó con gobernadores cómplices.

La resistencia obrera y popular a esas políticas de ajuste y entrega tuvo un antes y un después en las jornadas del 14 y 18 de diciembre. A las marchas masivas, el 18 se sumaron los cacerolazos.

Y el 8 de Marzo, en una jornada histórica, las mujeres colmamos las calles para exigir todos nuestros derechos.

Tras negar la magnitud del genocidio e intentar reflotar la “teoría de los dos demonios”, Macri y su gobierno buscan la libertad de los genocidas. Primero, a través de sus cómplices en la justicia, con el 2×1. Luego, otorgando la prisión domiciliaria a notorios represores, como Etchecolatz. Pero con el amplio repudio y la movilización popular logramos derrotar ambas maniobras, del mismo modo que hace más de un año logramos que el genocida Milani esté preso.

Ahora, el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario pretenden otorgar automáticamente la domiciliaria, y en algunos casos hasta la libertad, a cientos de genocidas, con la excusa de la superpoblación carcelaria.

El gobierno pretende que volvamos a convivir con los pocos genocidas emblemáticos a los que conseguimos mandar a la cárcel tras décadas de impunidad. Más aún: podrían beneficiar con domiciliaria a uno de los genocidas más notorios de la ESMA, el que se infiltró en las Madres, secuestrador y torturador de cientos de compañeros y compañeras: Alfredo Astiz.

Las cosas por su nombre: la domiciliaria es un beneficio que se da a algunos presos. Pero estos genocidas fueron condenados por delitos imprescriptibles, que no se pueden conmutar y que no vencen porque se siguen cometiendo. Al ocultar qué pasó y dónde están nuestras compañeras y compañeros, los siguen desapareciendo. Encima, en los juicios el infame Astiz se burla y provoca una y otra vez a sus víctimas y a los familiares.

• Por eso exigimos: No a las domiciliarias a los genocidas!

Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos que la negación del genocidio de la dictadura, bajo cualquier forma que asuma, busca eximir al Estado de su responsabilidad en esos crímenes. Una vez más, ratificamos que la lucha contra la impunidad no es una cuestión del pasado: es una prioridad del presente y del futuro.

Ninguno de los gobiernos constitucionales abrió los archivos de la dictadura. Con ello sería posible saber el destino de nuestros compañeros desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados.

Este gobierno llegó a poner en duda la desaparición de los 30.000: sólo quiere vía libre e impunidad para reprimir y hacer pasar el ajuste.

• Ningún genocida libre! Cárcel común y efectiva!
• Apertura de todos los archivos!
• Restitución de la identidad de todos los jóvenes apropiados!

A 42 años del golpe, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre del pueblo, impuso entrega y endeudamiento, explotación y hambre. Repudiamos el genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y niños, como paradigma del terror: asesinato, cárcel, exilio, secuestro, tortura, robo de niños. Su objetivo fue aniquilar al movimiento obrero y popular en ascenso, que luchaba por transformaciones de fondo en la Argentina.

El golpe se propuso imponer cambios estructurales en beneficio de los grupos del poder económico, bancos, grandes empresarios, terratenientes e intereses imperialistas. Por eso la dictadura buscó destruir toda forma de organización de los trabajadores y el pueblo, cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias que venían ganando las calles desde el Cordobazo.

La dictadura puso en marcha una maquinaria genocida. Cada ciudad importante del país contó con campos de concentración, tortura y exterminio a cargo de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, con el Operativo Independencia en Tucumán y el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas.

• Repudiamos a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford y otras empresas.
• A la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo.
• A los jueces que los ampararon.
• A los políticos que los avalaron.
• Y repudiamos también a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.

Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo: Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy.

• No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!

La movilización sistemática de las organizaciones populares y la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que volteó al gobierno de De la Rúa y cuestionó la gobernabilidad del sistema, hicieron posible ese enorme logro que fue la anulación de las leyes de impunidad de Alfonsín.

Así se abrió la posibilidad de juzgar a los genocidas. Fueron décadas de lucha sostenida de nuestro pueblo contra la impunidad las que permitieron llevar a juicio a los genocidas. Fue una conquista histórica, inédita en el mundo por su magnitud, fruto de la movilización popular y no mérito de gobierno alguno.

Hemos logrado juicios en muchos lugares del país. Se logró la condena de 853 represores, menos de la mitad de los procesados. Como hubo más de 600 Centros Clandestinos de Detención, las condenas alcanzan a poco más de un genocida por campo de concentración.

La mitad de los represores con causas abiertas (más de 540) gozan de domiciliaria, otorgada en su mayoría durante el anterior gobierno. A eso se agregarían otros 110, que el gobierno actual pretende enviar a sus casas con tobillera electrónica. El gobierno de Macri no sólo produce impunidad, sino que hace campaña por la impunidad.

Hemos logrado que el genocida Etchecolatz vuelva al único lugar del que nunca debió salir: la cárcel. Y seguimos exigiendo, como desde el primer día, que se lo investigue y juzgue por la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López.

También como producto de la lucha popular el genocida Milani está preso, tras haber sido nombrado en 2013 Jefe del Ejército, desoyendo las denuncias de los familiares y sus víctimas apoyadas por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Los socios y cómplices civiles de la dictadura (empresarios, jueces, políticos) permanecen impunes. Lo mismo con los crímenes de la Triple A y otras bandas fascistas. Miles de militares, policías, jueces, fiscales, miembros del aparato de inteligencia, que actuaron bajo la dictadura, siguen en funciones.

Pese a su discurso, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner decidieron convivir con un poder judicial repleto de jueces designados bajo la dictadura y que actuaron como garantes de la impunidad en los juicios a los genocidas. El Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores: los juicios sólo se sustancian con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares.

Una vez más, hoy damos el presente a nuestro compañero Jorge Julio López. Su segunda desaparición en 2006 fue encubierta por el gobierno kirchnerista, que no tomó ninguna medida para investigar a la Bonaerense ni a los servicios de Inteligencia.

A más de 10 años, los responsables políticos y materiales siguen impunes. El primero de ellos es Etchecolatz, cuya domiciliaria apoyó todo el gobierno de Macri. Hace 4 años denunciamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llamó a una mesa de diálogo con el gobierno. Allí exigiremos que se responda qué paso con el compañero y quiénes son los responsables materiales y políticos de su segunda desaparición.

• Aparición con vida ya de Julio López.
• Castigo a los responsables políticos y materiales de su desaparición.

En todos estos años hemos unido las banderas de nuestros 30.000 a las luchas del presente. Nos une la defensa del derecho a luchar. Bajo el gobierno anterior se aprobaron las leyes “antiterroristas”, otra herramienta para perseguir las luchas populares. También tuvimos al represor Berni y al Proyecto X de la Gendarmería para espiar a luchadores y opositores. Por eso tiene absoluta vigencia nuestro reclamo por: Derogación de las leyes antiterroristas!

Los trabajadores de Las Heras, detenidos en el marco de una pueblada, fueron condenados a perpetua en 2013 en un juicio viciado de nulidad y este año se decidirá si la condena sigue firme. Por eso reclamamos: Absolución ya a los trabajadores de Las Heras!

Como contracara, hace unos días se dictó la absolución de todos los policías implicados en la represión y las muertes del Parque Indoamericano.

Bajo el gobierno de Macri son reprimidas las luchas y marchas que enfrentan sus políticas. En muchas de ellas hubo numerosos detenidos y se siguen abriendo nuevas causas.

• Permanecen presas Milagros Sala y sus compañeras desde hace dos años. Su detención se produjo a partir de un acampe y un escrache al actual gobernador jujeño, Gerardo Morales.
• Asimismo, Luis D’Elía fue injustamente condenado por los incidentes y la toma de la Comisaría 24, en 2004, tras el asesinato del “Oso” Cisneros.

Desde su inicio, el gobierno de Macri le declaró la guerra a las movilizaciones obreras populares. Para eso dictó el protocolo antipiquetes. Desde la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, ambos por fuerzas de seguridad al mando de la ministra Patricia Bullrich, el gobierno macrista profundizó su escalada represiva.

Repudiamos el espionaje realizado sobre la familia Maldonado.

A la larga lista de ataques represivos contra todos los sectores del campo popular, y la creciente militarización de las barriadas, se sumaron declaraciones de diversos funcionarios, con la ministra Bullrich a la cabeza, que dejan claro el nuevo paradigma represivo del gobierno de Macri.

Esa lógica represiva se plasmó en el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad junto a los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, para reprimir a las comunidades originarias, en especial al pueblo mapuche. Buscan crear un enemigo interno para criminalizar con las leyes antiterroristas a pueblos originarios, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones políticas y hasta al movimiento de mujeres kurdas.

El gobierno nacional pretende instalar en Misiones una task force, o sea una fuerza especial con la DEA, con el pretexto del narcotráfico y de controlar supuestas “actividades terroristas”. A la vez, así como ya usan la Gendarmería y la Prefectura para la represión interna, ahora tratan también de involucrar a las Fuerzas Armadas en esa misma función.

• Libertad y no extradición de Facundo Jones Huala!
• Basta de persecución a los pueblos originarios!
• Devolución de sus tierras ancestrales!
• No a la task force de Macri!
• No a la utilización de las Fuerzas Armadas para la represión interna!

Con la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel nuestro pueblo salió masivamente a las calles, mostrando una vez más su firme decisión de repudiar y no intimidarse ante la represión.

• Las marchas por Santiago sufrieron operativos de persecución de manifestantes y detenciones indiscriminadas, con apertura de causas penales.
• En agosto de 2017 fue baleada y salvó milagrosamente su vida la dirigente social Julia Rosales y los responsables políticos y materiales siguen impunes.
• En diciembre el gobierno reprimió la marcha contra la OMC.
• Al otro día, reprimió a los movimientos sociales que protestaban en el centro porteño.

En las históricas jornadas de diciembre contra la reforma previsional, la represión contra cientos de miles de personas incluyó gases tóxicos y luego una feroz persecución y cacería. El uso de balas de goma y piedras por las fuerzas de seguridad dejó numerosos heridos y tres manifestantes perdieron un ojo. Hubo decenas de detenidos y procesados.

Aún están presos Pablo Giusto, Diego Parodi y José Carrizo, por acusaciones excarcelables. También fueron reprimidos trabajadores de prensa y de los medios alternativos.

Las acusaciones contra César Arakaki, Dimas Ponce y Sebastián Romero apuntan a demonizar a las organizaciones y manifestantes que se movilizaron contra la reforma previsional. La prisión preventiva, que la Cámara de Apelaciones quiere imponer a Ponce y Arakaki, y la negativa de la Cámara de Casación Penal de oír a los defensores de Romero pretenden sostener la teoría de que hubo “un plan”. El único plan que existió el 18D fue el del gobierno y las fuerzas represivas para desalojar la Plaza y consumar el robo a los jubilados.

• Exigimos el cierre de las causas de Ponce, Arakaki, Romero y todos los detenidos del 14 y 18 de diciembre.

A tono con Macri, los gobernadores cómplices también reprimen y persiguen a los que luchan:

• Reprimieron con balas a las comunidades wichí y qom en Formosa.
• Reprimieron a los estatales y los mineros de Río Turbio en Santa Cruz.
• A los obreros del ingenio La Esperanza en Jujuy, y a los del ingenio El Tabacal en Salta.

Esta ofensiva autoritaria contra los derechos y libertades democráticas, inédita en los últimos 35 años, buscó incluso criminalizar la acción de diputados opositores cuando se votó la reforma previsional.

Las causas judiciales iniciadas contra manifestantes a partir de setiembre de 2017 muestran la irrupción de una nueva lógica en materia represiva. También fueron detenidos y siguen presos los acusados por el Memorándum con Irán.

Repudiamos al fiscal general Germán Moldes, que pide endurecer la ley para que los manifestantes detenidos en las marchas no sean excarcelados. Denunciamos que el juez Sergio Torres encarcela, demoniza y persigue a manifestantes como “violentos” para justificar la represión.

• Violencia es responder con palos y gases a los reclamos sociales.
• Violencia es obligarnos a convivir nuevamente con los genocidas.
• Violencia es saquear los bolsillos de los jubilados y de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo.
• Violencia es la reforma laboral, que busca arrasar con derechos históricos.
• Violencia son los despidos y las paritarias a la baja.
• Violencia es recortar los planes sociales.
• Violencia es aumentar la deuda externa y cumplir las órdenes del FMI.
• Violencia es amenazar con multas o quite de personerías a sindicatos, organizaciones políticas y sociales, avasallando el derecho a la protesta.
• Violencia es meter fuerzas represivas en universidades, colegios secundarios y hospitales.
• Violencia son las muertes por abortos clandestinos y los femicidios.
• Violencia es el gatillo fácil, la doctrina Chocobar y llamar “detalle” a un asesinato policial por la espalda, como dijo la ministra Bullrich.

Ante todo esto decimos:

• No a la criminalización de la protesta.
• Libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos.
• Cierre de las causas a todos los luchadores y anulación de las condenas.
• No a los protocolos represivos.

De la mano de este avance de la represión a la protesta social, también se profundizó, de manera inédita en los gobiernos constitucionales, la represión a los sectores populares y en los barrios. El gobierno instala la “doctrina Chocobar”, y el propio Macri abrazó al policía que fusiló por la espalda a Juan Pablo Kukoc, diciendo “Usted es un héroe”. Así dio a los agentes de las fuerzas de seguridad la orden explícita de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender.

El gobierno pretende imponer de hecho que, cada vez que un uniformado mate a una persona, será indefectiblemente un “enfrentamiento”, con presunción de legalidad de su accionar. Es decir, vigencia de la pena de muerte sumarísima y extrajudicial, por vía del arma reglamentaria. Así ocurre con el asesinato de Facundo en Tucumán, de tan sólo 12 años.

A esto se suma un incremento masivo de la militarización de los barrios populares, con detenciones arbitrarias y razzias sistemáticas en las calles y medios de transporte.

Con casi 800 asesinatos por gatillo fácil o tortura en lugares de detención en sus primeros dos años de gobierno, es decir, más de un asesinato estatal por día, Cambiemos es el gobierno que más ha matado en los barrios y las cárceles desde diciembre de 1983.

• No al gatillo fácil y la “doctrina Chocobar”.
• No a la militarización de los barrios.
• No a la baja de la edad de imputabilidad.
• No a la criminalización de la juventud y la pobreza.

Desde esta Plaza reivindicamos con emoción el paro internacional y la histórica movilización del 8 de Marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que con las jóvenes al frente sacudió a nuestro país y al mundo entero.

Las mujeres y las disidencias sexuales reclamamos la igualdad en todos los planos, el derecho al aborto, la aparición con vida de las niñas y mujeres desaparecidas en gobiernos constitucionales y el fin del infame negocio de la trata que funciona al amparo del Estado. Por eso decimos:

• Ni una menos. Vivas nos queremos.
• Basta de violencia machista, femicidios y travesticidios.
• Equidad salarial para las mujeres.
• Educación Sexual Integral para decidir.
• Anticonceptivos para no abortar.
• Aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
• Que el Congreso apruebe la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto!

Al mejor estilo Trump, Macri dictó el xenófobo DNU 70 / 2017 para criminalizar a los migrantes, recortar sus derechos, agravar el acoso creando la Policía Migratoria y la cárcel para migrantes, buscando enfrentar a pobres contra pobres. Ayer ese DNU 70 fue declarado inconstitucional y seguimos exigiendo al Congreso su derogación definitiva.

Desde esta Plaza repudiamos la política de entrega y ajuste de Macri, que descarga la crisis sobre el pueblo trabajador. Para esto cuenta con la ayuda de gobernadores cómplices y dirigentes sindicales traidores.

Si el gobierno anterior les pagó al FMI y al Club de París e indemnizó a Repsol, Macri devaluó un 50%, pactó con los fondos buitre, eliminó las retenciones a las mineras y agroexportadoras, y protege a las corporaciones.

Llegamos a este 24 de Marzo con la presencia del G20, la OMC y el FMI en nuestro país. El gobierno de Macri y Cambiemos profundiza la dependencia, la entrega, la extranjerización de la tierra, el endeudamiento externo y la fuga de capitales.

Durante su gobierno ya hay más de 200 mil despidos, suspensiones y un millón y medio de nuevos pobres. Con 13 millones de personas en la pobreza y casi 3 millones en la indigencia, resultan obscenos los casos de los Panamá Papers, el Correo, Avianca, las offshore, Triaca y otros escándalos de corrupción. Además el gobierno impone tarifazos, inflación y bajos salarios. Por eso decimos:

• No a los despidos y tarifazos.
• Paritarias libres y sin techo.
• No al pago de la deuda externa.

Por todo eso la bronca popular crece día a día. Así se expresa en las canchas y recitales de toda la Argentina, donde se extiende el hit del verano, el cantito contra Mauricio Macri!

La resistencia obrera y popular se extiende. Los trabajadores, desocupados, jubilados, mujeres, jóvenes y demás sectores populares nos organizamos y defendemos nuestros derechos. Desde esta Plaza de Mayo, en una jornada nacional de lucha, reafirmamos todo nuestro apoyo a los miles de trabajadores y trabajadoras que hoy están enfrentando los despidos, los bajos salarios y el ajuste:

Saludamos a los compañeros y compañeras del INTI, del Hospital Posadas, del CONICET, FANAZUL, Molinos Río de la Plata, a las y los docentes, estatales y municipales. A los trabajadores azucareros de Salta y Jujuy. A los mineros de Río Turbio. A todos y cada uno de quienes, en todo el país, resisten y luchan por sus derechos. Una vez más reafirmamos:

• No al ajuste, la entrega y la represión de Macri y sus cómplices
• No a la tregua. Vamos con la lucha obrera y popular!

Repudiamos el asesinato de Marielle Franco, militante negra, hija de la favela, lesbiana, feminista y concejal del PSOL, opositora a la militarización de Río de Janeiro que decretó el gobierno de Temer. Su asesinato se suma a una serie de dirigentes populares asesinados en Brasil en los últimos tiempos. ¡Compañera Marielle, presente!

Repudiamos la masacre y ocupación turca en la zona kurda de Afrin, al norte de Siria. El genocidio del pueblo kurdo tiene de cómplices a Rusia, EE.UU. y el dictador sirio Al Assad, que además bombardea a la población civil de Gouta. Rendimos homenaje a la médica argentina Alina Sánchez, que cumplía tareas humanitarias en Afrin y murió allí hace pocos días luchando contra el fascismo. ¡Compañera Alina Sánchez, presente!

Reclamamos la inmediata libertad de la joven palestina Ahed Tamimi, condenada a prisión por el gobierno de Israel, que a sus 12 años abofeteó a un soldado sionista que pretendía entrar a su casa.

Saludamos la pueblada del pueblo hermano de Perú, que terminó de hacer caer al presidente Kuchinski, el indultador del genocida Fujimori.

Hoy a 42 años del golpe genocida seguimos luchando. Cada conquista obtenida nos da más fuerza para seguir.

• Así hicimos retroceder a la dictadura.
• Así rompimos la impunidad que buscaron con leyes e indultos.
• Así enfrentamos a un gobierno ajustador tras otro.
• Así llevamos a juicio y condena a más de 850 represores.
• Así recuperamos a 127 nietos.

Por eso hoy estamos aquí y en las plazas de todo el país.

Compañeras y compañeros: ante nuestros 30.000 queridos compañeros y compañeras detenidos desaparecidos nos comprometemos a seguir diciendo ¡presentes! en cada lucha hasta lograr que sus sueños se hagan realidad, en una Argentina liberada de la opresión y la explotación.

En ese camino, estuvimos, estamos y estaremos en esta Plaza y en todas las plazas del país, cada 24 de Marzo y toda vez que haga falta.

• Por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
• ¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes!
• ¡Ahora y siempre!

Así nos contaba nuestra compañera Vilma Ripoll la imponente marcha unitaria realizada el sábado 6 de enero en Mar del Plata para repudiar la prisión domiciliaria otorgada por la justicia al asesino y torturador Miguel Osvaldo Etchecolatz. Como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, desde el MST y el CADHU participamos junto a Vilma de la movilización en la que confluimos con otros organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y sectores kirchneristas, sindicatos, centros de estudiantes y muchísima gente concurrió en forma independiente. Con una atinada frase, Norita Cortiñas resumió certeramente el sentimiento mayoritario: “¡Si Etchecolatz quiere estar cerca de su casa, que lo lleven al penal de Batán!”

A su vez el domingo 7, a iniciativa de HIJOS Mar del Plata, realizamos otra masiva marcha, “siluetazo” y escrache a la casa de Etchecolatz, en el barrio Peralta Ramos. En este caso, en la cabecera unitaria nos representó el compañero Gustavo Giménez. Como bien decía la bandera principal del EMVJ, “la única casa para un genocida es la cárcel”.

Este sentimiento democrático tan arraigado en nuestro pueblo, que no quiere genocidas impunes ni libres en las calles de la Argentina, resurge una y otra vez a cada paso. Así lo vimos también en mayo pasado, cuando la Corte Suprema de la Nación concedió el “2×1” a un genocida y la imponente manifestación de repudio obligó en 24 horas al Congreso a votar una ley para prohibir dicho beneficio.

Pero esta batalla contra la impunidad del genocidio cometido por la dictadura militar que asoló nuestro país entre 1976 y 1983 no es sólo en defensa de los derechos humanos de ayer, sino que está íntimamente ligada a la defensa de los derechos económicos y democráticos de hoy. Es que el gobierno de Mauricio Macri, la justicia y todo el régimen político burgués intentan ningunear la represión estatal de ayer con un objetivo presente: fortalecer a todo el aparato represivo y de control social con tal de imponer, como sea, las actuales reformas antiobreras, antipopulares y antinacionales.

Marcha en la ciudad de Mar del Plata en protesta al arresto domiciliario de Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex-policía argentino, genocida condenado y represor.
07.01.2018
Foto Maxi Failla

Tres caras de una misma moneda

La estrategia del gobierno macrista y sus cómplices se expresa en tres aspectos simultáneos pero diferenciados:

1. Uno de ellos es esta línea que venimos describiendo más arriba, de negar el terrorismo de Estado y los 30.000 desaparecidos, reflotar la nefasta “teoría de los dos demonios” y considerar que los genocidas no son asesinos, secuestradores, torturadores y apropiadores de bebés sino pobres abuelitos desvalidos y enfermos, dignos de pasar sus últimos días en sus casas.
2. El segundo aspecto, más directo y cotidiano, es el endurecimiento generalizado de las medidas represivas, cuyos puntos más altos fueron los asesinatos de los jóvenes Santiago Maldonado por la Gendarmería y Rafael Nahuel por la Prefectura. Palos y gases a mansalva contra las movilizaciones sociales, detenciones arbitrarias y sin condena, presos políticos, policías que atropellan a jubilados o disparan balas de goma directo a la cara de los manifestantes, entre otros hechos, confirman esta mano dura funcional al plan de ajuste, tarifazos y pérdida de derechos históricos. El objetivo es impedir y amedrentar toda forma de resistencia a las medidas del gobierno, que, tal como la ley de reforma previsional, son apoyadas por el PJ (y sus votos en el Congreso) y por la burocracia traidora de la CGT. Unos y otros son verdaderos partícipes necesarios, cómplices del plan del PRO-Cambiemos.
3. El tercer componente de la estrategia autoritaria oficial es menos directo, pero no por ello menos importante. A no dudarlo, estamos frente al gobierno que cuenta con la mayor protección de los grandes medios de comunicación desde el inicio de la democracia. Macri no necesita hacer muchas cadenas nacionales porque los principales diarios, teles y radios replican minuto tras minuto su relato reaccionario, sea la demonización de los mapuches o la campaña macartista contra la izquierda. Este pensamiento único comunicacional e inédito hoy imperante machaca sobre la llamada opinión pública, manipulando la realidad al servicio del gobierno y del plan económico capitalista.

Si el gobierno nacional y los gobernadores ordenan reprimir todos y cada uno de los reclamos sociales; si se envía a genocidas como Etchecolatz a sus casas; si se asciende a gendarmes como Emmanuel Echazú, único imputado en la causa por la muerte de Maldonado, todo apunta a una misma finalidad: hacer pasar sí o sí la reforma laboral esclavista, los tarifazos, las paritarias a la baja, el endeudamiento externo y demás componentes del paquetazo antipopular macrista.

Represión social, impunidad de genocidas y blindaje mediático constituyen, entonces, las tres patas de un verdadero “Triángulo de las Bermudas”, en donde pretenden hacer desaparecer no sólo los derechos económicos sino también los derechos constitucionales más elementales: el derecho de huelga, de reunión, de expresión, de manifestación, de peticionar a las autoridades, entre otros.

Así como para este gobierno y sus socios ajuste y represión van de la mano, inexorablemente de la mano debe ir nuestra resistencia y nuestra lucha tanto para defender los derechos sociales como para defender las libertades democráticas hoy avasalladas. La movilización unitaria convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para este jueves 11 a las 17 horas, de Congreso a Plaza de Mayo, es una nueva oportunidad para reafirmar estas convicciones en las calles. Desde el MST y el CADHU allí estaremos y convocamos al pueblo trabajador y a la juventud a concurrir masivamente.

Pablo Vasco

CADHU / MST