“Coincidimos Chubut” o “Arriba Chubut”, es la –nueva- nominación del espacio político que junta al peronismo provincial en sus distintas versiones, del kirchnerismo al arcionismo y los distintos referentes locales territoriales. Juntos, vienen gobernando y cogobernando en la provincia, administrando beneficios propios, ampliando la pobreza para el pueblo trabajador y conservando los privilegios de los mismos sectores poderosos de siempre, del petróleo, el aluminio (energía envasada) y los que concentran la propiedad de la tierra. En lo que va del siglo XXI esta trenza política es la artífice de la profundización del viejo modelo extractivista, que siempre mira para afuera y perpetúa la dependencia mientras saquea recursos estratégicos y persigue la meta de instalar la megaminería metalífera. Para este programa político han contado con el apoyo y complicidad de la UCR y del PRO, sin olvidar al aparato judicial que hace las suyas legalizando el saqueo y el mal gobierno y persiguiendo a lxs que luchan y resisten este curso.

Luego de disputas tácticas en el plano de la política energética entre referentes del PJ cordillerano, impulsores de la ley de “renta hídrica”, y el lugarteniente peronista de la corporación Aluar en Madryn, Ricardo Sastre, actual vicegobernador de la provincia que vetó esta misma ley de “renta hídrica” unos meses atrás, ahora arreglan cuentas y, con la banda de candidato al ejecutivo provincial, el gobernador Mariano Arcioni envía un nuevo proyecto legislativo con el pomposo nombre de “Soberanía energética”. Proyecto de unidad que recibe el apoyo entusiasta del senador kirchnerista, Oscar Parrilli, invitado en estos días a Esquel por el Sindicato de Luz y Fuerza para sazonar alianzas y proyectos comunes.

La soberanía energética que necesitamos

Hoy Chubut presenta un escenario energético de fuertes contrastes y, en ello, una enorme dosis de injusticia social y territorial. Por un lado, se cuenta con abundante energía producida con enormes represamientos de los ríos Futaleufú, Chubut y otros. Energía eólica, más reciente y en franco ascenso, además del yacimiento hidrocarburífero más importante del país, proveniente de la cuenca del Golfo San Jorge. Como pone de relieve ese proyecto legislativo referido, es una producción energética 10 veces mayor a la que consume la provincia. Pero nada de esa riqueza provincial atiende las necesidades humanas elementales de la escasa población provincial de apenas 600 mil habitantes. Por el contrario, vía interconectado eléctrico patagónico y las exportaciones energéticas, aluminio incluido, todo se va, nada queda, sólo migajas. El 85% del territorio se abastece de generadores térmicos, sí, motores a gasoil que funcionan día y noche y que no garantizan este derecho básico a las poblaciones que se pasan enormes temporadas a oscuras, cuando lo más común es que éstos se rompan y no sean reparados. Con motores que se funden, y generan la peor ecuación ambiental. Eso es parte del Chubut profundo. El resto de las ciudades de la provincia en esta materia está en manos de “cooperativas eléctricas” y otros servicios, que, atomizadas con recurrentes déficits financieros, asaltan a la población con tarifas altísimas y que cada vez generan mayor repudio social, como resulta visible en la rebelión de usuarios estafados en Comodoro Rivadavia. Pero no es un dato de Comodoro Rivadavia, lo mismo es en Trelew, en Esquel, etc. Cooperativas, concesionarias municipales de este servicio público básico, que no son más que empresas en manos de aparatos partidarios y burocracias enquistadas en el sindicato de Luz y Fuerza, sin ninguna democracia y control social y que lucran con poblaciones cautivas y tarifas de estafa.

Rechazamos el proyecto legislativo denominado Soberanía Energética del nefasto gobierno de Arcioni

Absolutamente nada bueno puede venir del gobierno de Mariano Arcioni, socio de la alianza gobernante “Frente de Todos” y su política de ajuste antipopular y servil “pagador” del fraudulento endeudamiento externo. Con una serie de formulaciones claramente demagógicas, el Proyecto Soberanía Energética alude a una transición energética y nuevos paradigmas, a un rol del Estado como precursor de la equidad social y territorial, el control y la participación ciudadana sobre los recursos electro-energéticos, presentes y futuros. Nada de eso vine sucediendo, y no por designio natural, es la política de los sectores dominantes. La hidroeléctrica Futaleufú es el paradigma, produce el 7% de la energía eléctrica del país. Fue construida por el Estado en los años 70, promesa de desarrollo provincial y regional, hoy es una privatizada más, en lógica de enclave extractivista y en manos de los dueños de Aluar (del emporio de Madanes Quintanilla), completamente disociada de los desarrollos regionales.

Este proyecto se inscribe en la misma lógica. ¿Qué propone el proyecto gubernamental? Más de lo mismo, en el más común de los elencos de las políticas públicas neo-liberales: a) un mercado mayorista regional de Chubut, y b) una Empresa Provincial de energía Chubut, una Sociedad Anónima. De ella la mayoría accionaria será inicialmente del Estado (51% acciones clase A), el 34% (acciones clase C) se venderán en oferta pública a privados, la Bolsa de Comercio de Bs. As.; y el 15% (clase B) será destinado a instituciones como municipios, comunas, entes autárquicos del Estado, o serán convertidas en acciones clase C. En nuestro país, ya sabemos como termina esto: con la enajenación completa y en las antípodas de la soberanía sobre nuestros bienes comunes y recursos, con un acuerdo legislativo de 2/3. Según el proyecto, las acciones de capital social (clase A), también pueden ser transformadas en acciones clase C. Fin de la historia, el rumbo es claro, enajenación y despojo económico y territorial. Lo dicen ellos: fortalecer la seguridad jurídica a las inversiones electro-energéticas y facilitar el acceso a financiamiento de inversiones “atrayendo capitales para el aprovechamiento pleno de los potenciales productivos con los que cuenta nuestro extenso territorio”. Lo subrayamos porque así lo expresan, energía eléctrica proveniente de fuentes hídricas, eólicas, mareomotriz, fotovoltaico, señala el mismo proyecto: “geotermia y sus vectores energéticos, sus potenciales combinaciones o nuevas fuentes que se desarrollen en el futuro con afectación directa al uso del suelo, mar y recursos naturales, renovables o no”.

Sin olvidar que, ante la proximidad de la caducidad de los contratos de concesión/privatización de represas hidroeléctricas de los años 90, el proyecto sólo habla de “renegociar” concesiones, y no de recuperar recursos para el Estado.

Desde el MST – FIT Unidad, lo decimos del modo más franco, no le creemos nada, y ya se hacen oír las voces críticas a este proyecto de parte de las organizaciones populares en la provincia. Nada de lo que promueva el gobierno de las patronales y corporaciones extractivistas en Chubut, como lo es el de Arcioni, puede ser de beneficio alguno para el pueblo trabajador, y mucho menos de resguardo de la sostenibilidad ambiental.
Con la zanahoria de la resolución de las asimetrías regionales, la equidad social y ofrecer “tarifas de energía eléctricas asequibles para el conjunto de los ciudadanos”, este gobierno y sus socios vienen con el garrote de profundizar el saqueo de bienes comunes, mercantilizados como recursos energéticos.

Lo que sí hace falta es una empresa de energía 100% estatal con control obrero y de usuarios y sus organizaciones sociales y gremiales, con el fin de proveer energía suficiente para atender las necesidades vitales de las mayorías. Para un desarrollo social que provea en el orden regional e integrado nacionalmente, prácticas y pautas productivas y distributivas, democráticas y sustentables ambientalmente. Para una industrialización que provea lo necesario para la vida, no para la acumulación de capital en manos privadas, sino bienes de uso. Finalmente, hoy más que nunca, cambio climático de por medio, en clave de transición energética hacia energías limpias renovables. Programa que sólo puede llevarse adelante con un pueblo movilizado y un gobierno de los y las que nunca han gobernado, un gobierno de la clase obrera y el pueblo.

Chubut. Se lanzaron las listas MST – PO del FIT-Unidad

En el marco de las elecciones provinciales de Chubut que se realizarán el próximo 30 de Julio, la izquierda anuncia el acuerdo del MST y el PO para presentar listas del FIT Unidad en las candidaturas a gobernador, vice y diputados provinciales. Y a intendentes y concejales en los municipios de la provincia.

Así, una provincia más en el país contará con la participación del frente de izquierda. Emilse Saavedra, dirigente del MST, será quien encabece la lista como candidata a gobernadora acompañada en la fórmula por Julieta Rusconi del PO. El FIT-Unidad viene de participar en las elecciones municipales de Trelew y ahora presentará candidaturas municipales en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trevelin, Lago Puelo, El Maitén y otros municipios de la provincia.

El gobierno no es víctima, es responsable. El gobierno centró su explicación en que fue un boicot. El ministro de Economía, Sergio Massa (gran amigo de las privatizadas), presentó una denuncia judicial para que se investigue a los responsables del supuesto incendio intencional. Lo que realmente hay que investigar y denunciar es la responsabilidad política de los actuales y anteriores gobiernos de mantener el sistema de privatizaciones tanto en las generadoras como en las distribuidoras de energía, que se llenaron los bolsillos con subsidios del Estado y no invirtieron un peso en infraestructura ni en mantenimiento, cobrando tarifas altísimas para un mal servicio. El apagón dejó expuesta la vulnerabilidad de un sistema de transporte eléctrico jaqueado por un problema estructural que no es nuevo: las privatizadas, la negligencia política y la crisis climática.

Tarifazos, privatizadas y apagones, el cóctel del ajuste. El FMI le impuso al gobierno el recorte de subsidios, que alimenta el descontrol inflacionario e impacta en los hogares populares. Al tarifazo de febrero, que alcanzó el 36%, ahora se suman los del mes de abril y junio que en promedio llegarían al 60%. Luego del último apagón eléctrico -que afectó a 200 mil usuarios en el mes de febrero- el Gobierno multó por $1.000 millones a Edesur, pero acababa de perdonarle una deuda 66 veces mayor. A los vecinos que se movilizan por la falta de servicio se les responde con palos y represión, a las empresas que estafan al pueblo, se las rescata.

Crisis energética, crisis climática. Las olas de calor empiezan a ser recurrentes en nuestro país. La deforestación del bosque y monte nativo, los incendios en los Esteros del Iberá y en el Delta, la desprotección sobre los principales ecosistemas que son aliados para mitigar la crisis climática, los humedales y la orientación petro dependiente irracional alimentan nuevos récords de temperatura y sequía. Producto de la matriz energética a base de hidrocarburos y el aumento de CO2 en la atmósfera, el capitalismo ha convertido nuestro planeta en un gran invernadero. Científicos en todo el planeta alertan sobre la necesidad urgente de reducir los gases de efecto invernadero, dejar el petróleo donde está e iniciar una transición energética, porque la vida como la conocemos está cuestionada. Sin embargo, el presidente enfatizó en su discurso que el gobierno se pone como objetivo romper nuevos récords de producción de gas y petróleo, ya sea con las offshore, por Vaca Muerta o vía la apertura del gasoducto Néstor Kirchner. A esta orientación criminal hay que sumarle la falsa transición verde en el sector minero con el litio

Las privatizadas vs los privados de energía. La única salida es la estatización de la energía, el agua, el transporte y los residuos. Con la misma fuerza que defendemos la educación pública como un derecho social, tenemos que pelear para que los servicios públicos dejen de estar bajo la lógica de lo privado. El carácter público de los servicios nos garantiza mayor eficiencia, menor costo y acceso para todos. Al privado solo le interesa la ganancia, por ende al sector social y geográfico que no le es rentable, no le garantiza el servicio o le suministra un servicio precario, esto lo vimos durante la pandemia donde el agua, el internet o el transporte no llegaba a las villas y barriadas populares.

La eficiencia solo es posible con nacionalización y participación social. El modelo Milei de privatizadas ya fracasó, las ganancias no pueden estar por encima de la salud y el acceso digno para todos. Por eso es clave que la recuperación de los servicios públicos sea con participación y control de usuarios y trabajadores, única garantía para tener un servicio universal, económico y de calidad. No nos confundamos con las falsas nacionalizaciones que llevó adelante el PJ como fueron las AFJP, YPF y Aerolíneas Argentinas. Decimos que los servicios tienen que ser 100% estatales, sin capitales privados, sin trampas con Sociedades Anónimas, sin indemnización a quienes amasaron fortunas brindando el peor servicio y siempre con control popular. Que se estatice un servicio pero bajo la órbita de la clase política patronal argentina es sinónimo de negocio, corrupción, enriquecimiento y mercantilización.

El futuro colapso ya llegó, hay que dar vuelta todo. El gobierno actúa en consecuencia de la clase social que representa. Sabe que la única manera de encarar la transición energética es sobre la base de atacar los intereses del poder económico concentrado, es decir, bajo un proyecto anticapitalista. Para empezar hay que expropiar las principales corporaciones de gas, petróleo y carbón. La producción de estos insumos no puede estar en manos de contaminadores, ni corporaciones que se organizan por su ganancia. Hay que diversificar la matriz energética nacional, invirtiendo y dándole lugar a la producción de energías limpias. Los vectores solar, eólico y mareomotriz, aparte de tener un potencial ilimitado de abastecimiento, demandarían una gran cantidad de mano de obra. Esto debe ser acompañado por una planificación democrática de la producción sobre la base de las necesidades sociales reales y no bajo la anarquía de producción que genera la ganancia, ni la distorsión de consumo como efecto de la publicidad. Ninguna de estas iniciativas tiene limitantes técnicas que las impidan, su aplicación para la transición energética dependen únicamente de la voluntad política de los que gobiernan.

Lo que el ministro omitió es que en nuestro país sobran los recursos energéticos y si ahora muchos argentinos no van a poder pagar las tarifas se debe al modelo de privatizaciones y desguace del Estado emprendido por los militares, completado por Menem y mantenido por todos los gobiernos, incluidas las administraciones K. Nuestro país supo tener auto abastecimiento energético, que se perdió en los anteriores gobiernos de Cristina. Un importante desarrollo fruto de una herencia que comenzó con la YPF estatal y monopólica, que impulsó el nacionalista general Mosconi, despedido de sus funciones por los gobiernos de la década infame.

Las excusas del menemismo y de los liberales para sostener este modelo privatista se basaron en la enorme corrupción que impedía un funcionamiento adecuado de los servicios estatales. En realidad, de un modelo de negocios entre los gobernantes y funcionarios de turno y las empresas contratistas, que sigue funcionando convenientemente en el negocio de las empresas que trabajan en la obra pública. Las privatizaciones agravaron esa crisis desguazando empresas públicas que llevaron décadas construir, dejando sólo en pie aquellos retazos de alta rentabilidad, destruyendo un enorme capital social.

El kirchnerismo pese a su discurso nacional y popular no tocó ese modelo, como no tocó ninguno de los resortes esenciales del “capitalismo eficiente” del que tanto habla Cristina. Cambiaron algunos socios empresarios del modelo, pero la decadencia en la prestación de servicios, la falta de inversión, la corrupción, sobre precios, cometas de todo tipo y tarifas carísimas que paga el conjunto de la población, son las que nos han llevado a esta nueva crisis. El macrismo de paso dio una nueva vuelta de tuerca provocando tarifazos históricos impagables y poniendo al frente del ministerio nada más y nada menos que uno de los empresarios de la Shell, Juan José Aranguren. El lobo cuidando las ovejas.

Ya mencionamos los negocios que involucran a Royón, la nueva Secretaria de Energía, y al clan Vila-Manzano. Si buscamos otro ejemplo actual, el escándalo de la demora en la construcción del gasoducto para trasladar el gas extraído del yacimiento de Vaca Muerta, sobre el cual incluso al día de hoy existen dudas de cómo va a ser financiado, muestra como una licitación es desechada (la de Macri) para armar otra (que denunció el ex ministro Kulfas), más conveniente al sector empresario cercano al gobierno de turno. Según INFOBAE “el gasoducto Néstor Kirchner en 36 pulgadas costará por lo menos 100 dólares por pulgada metro, diez veces más caro en dólares por pulgada metro que las obras de los años ‘90 y que las expansiones de 2005” (…) “entre seis y siete veces más caro que la oferta de Odebrecht para las ampliaciones 2006-2008. Entre dos y tres veces más caro que el precio final de las ampliaciones 2006-2008. Y si tomamos solo la parte de servicios de construcción, los números son escandalosamente más altos”. (3)

La Argentina tiene multiplicidad de recursos energéticos para producir energía barata y abundante, tanto para la satisfacción de las necesidades de su población como para ser la base de un fuerte desarrollo productivo. En épocas de crisis energética internacional también pueden quedar buenos saldos exportables que doten al país de las divisas que necesita. Pero para aprovechar esas ventajas comparativas hay que romper con este modelo energético al servicio de las enormes ganancias de las empresas privatizadas.

Es necesario reestatizar todas las empresas que intervienen en la producción y distribución de la energía, empezando por nacionalizar completamente YPF, actualmente una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal, que opera como cualquier empresa capitalista al servicio de las necesidades del “mercado”. La reestatización de las empresas dedicadas a la energía permitiría una planificación central de los enormes recursos del país.

En un informe de la OCDE se señala que, pese a la ola de privatizaciones a nivel mundial, empresas con algún grado de participación estatal explicaban el 62% de la generación de energía electica del mundo en 2016 y que entre las 50 mayores generadoras del mundo hay empresas 100% controladas por el Estado en países como EEUU (Tennessee Valley), Canadá (Hydro-Quebec), México (México Federal), Indonesia (PT PLN Persero) y Sudáfrica (Esko Holdings).(4)

A la vez su funcionamiento debe ser completamente distinto a la vieja corruptela y negociados de las anteriores “empresas públicas”. Deben estar administradas y dirigidas por sus trabajadores, que son los que realmente tienen interés en que la empresa se desarrolle y los que las han hecho crecer con su esfuerzo. También deben tener un control de la sociedad, de sus usuarios, los que deben intervenir en su control y conducción, junto a los trabajadores, con cargos elegibles y revocables.

En estas manos, las de los que producen todos los días la riqueza del país, en combinación con el enorme capital técnico y científico que poseemos, se podrá además diseñar una verdadera transición energética hacia energías limpias, que tanto demanda nuestro planeta en emergencia climática y ecológica.

Un nuevo modelo energético, que como parte de un plan económico alternativo que rompiendo con el FMI, diseñe un programa que deje atrás la matriz extractivista y dependiente de nuestro desarrollo actual, poniendo nuestros enormes recursos humanos y naturales al servicio del conjunto de la población trabajadora, arrebatándole el depredador negocio a los monopolios capitalistas que se enriquecen con nuestro trabajo y recursos nacionales.

Art. de Carlos Pagni “El problema de Massa: como no tocar el mono” publicado en La Nación el 08/08/2022.
Datos del art. de Alcadio Oña “La crisis económica corre rápido y Sergio Massa no tiene piloto”, publicado en Clarín del 06/08/2022.
Art. de Hernán Dobry “Dudas sobre el futuro del gasoducto de Vaca Muerta”, publicado en INFOBAE el 09/08/2022.
Art. de Germán Pinazo “Es necesario estatizar los servicios públicos” publicado en la web de Fetera el 19/04/2021.

Escribe: Camila Vallejos

EDESUR vs los intendentes o el modelo vs los usuarios. Superar la falsa antinomia

Para quienes vivimos en el conurbano bonaerense se hizo costumbre convivir con la falta de servicios esenciales. Tener agua corriente, cloacas o asfalto es un lujo que pocos ostentan. Y la luz, merece un párrafo aparte. El medidor no perdona y las tarifas son onerosas, pero la calidad del servicio es alevosamente deficiente.

Estas últimas semanas los vecinos y vecinas sufrimos numerosos apagones durante largas horas e incluso durante varios días. La falta del suministro eléctrico no sólo echa a perder los alimentos y nos aísla tecnológicamente hablando, sino que en muchos casos impide el acceso al agua potable, que siendo éste un derecho esencial se suma a la ya grave crisis sanitaria, y en los barrios más vulnerables, donde el uso de gas natural es un sueño, impide la calefacción en estos días tan fríos. La realidad es que, en el AMBA, los cortes de luz y las duraciones de éstos son superiores que hace 20 años atrás (1). ¡Una locura!

Los reclamos no tardaron en llegar, pues la situación es como mínimo escandalosa y la bronca aumenta. En muchos casos fue peor, la energía volvió a 380V y quemó electrodomésticos de cientos de familias. Ante esto, los intendentes e intendentas de varios municipios tuvieron que tomar posición. Ésta es la génesis de la tensión entre la distribuidora y las distintas administraciones municipales, y la subsecuente reunión ante el Ente Nacional Regulador (2).

Por su parte, la empresa que distribuye el servicio en 12 municipios del conurbano y en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, hizo pública la suma de $3.000 millones adeudados desde 2011 por el consumo eléctrico en asentamientos precarios (3). Desde la década de los ‘90, dicho consumo, fue asumido por los distintos gobiernos provinciales. Pero desde el año 2018, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se trasladó a los intendentes la responsabilidad ante la misma.

EDESUR, a su vez, afirma que los constantes apagones actuales se deben a un “estrés extraordinario” en la demanda, ya que los usuarios utilizan electricidad que en tiempos normales no. ¡Esto es falso! Durante el mes de mayo la misma cayó un 7,6% con respecto al mismo período en 2019. El mayor consumo del servicio eléctrico proviene del sector industrial, comercial, y en último lugar el residencial. Es cierto que éste último aumentó un 6,5%, pero el sector comercial cayó un 12,3% y el industrial cayó un 23,4% (4).

Por otro lado, los municipios dicen estar preocupados por la mala calidad del servicio y pretenden suspender la concesión a EDESUR. Los más osados hablan incluso de estatización. Sin embargo, la tensión no quedó sólo en un entredicho, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, avanzó por la vía penal denunciando a la empresa por incumplimiento de contrato en la construcción de una subestación. El municipio le habría cedido en el año 2015 un predio municipal, pero la obra nunca se llevó a cabo. La distribuidora afirma que “no hay incumplimiento de contrato” indicando que al ser una obra que llevaría años, se “repotenció la subestación Transradio, desde donde se tendieron cables de media tensión para Esteban Echeverría”.

Durante estos últimos días, los cruces continuaron y el tono de los mismos aumentó. En este sentido es necesario preguntarnos por dónde hace falta avanzar. El gobierno estaría analizando convocar a una licitación internacional para que un nuevo grupo inversor se haga cargo a partir del 2022 de la compañía. Se trata de una salida pro mercado que se aleja con creces de la expropiación que algunos intendentes se atrevieron a proponer. Nuestra posición es categórica, estatizar EDESUR es un paso de vital importancia para recuperar la tan mencionada soberanía, pero quedarnos en esa medida es quedarnos a medio camino. Momentos como el que estamos viviendo ponen de relieve discusiones más de fondo y la necesidad de repensar el modelo energético de la Argentina. Los problemas estructurales están a la vista pero debemos desenmarañar el enjambre de negocios, sobreprecios, desinversiones y cifras fabulosas que hay detrás, para comprender de qué estamos hablando. ¡Veamos!

La era de las privatizaciones

El menemismo marcó a fuego el rumbo de la Argentina toda. Enmarcada en el auge del “fin de la historia” y obnubilada por el espejismo de la «mano invisible» que ordena el mercado, comenzó la desregulación por parte del Estado y las privatizaciones. Veníamos de una terrible crisis económica y con compromisos de pago de deuda exorbitantes. Por lo que, la venta de empresas hasta entonces estatales, fué la orientación de felpudo que permitió en un primer momento equilibrar la balanza de pagos.

El destino de todos los servicios públicos fue el mismo. El sector energético, por supuesto, no fue la excepción. Mediante una serie de decretos, principalmente entre 1992 y 1993 (5), se dividió en tres subsectores distintos: primeramente el relacionado con la exploración y generación de energía, bajo reglas de “libre competencia”, otro subsector de transporte y por último aquel encargado de la distribución a los consumidores. Estos dos últimos fueron cedidos como servicios públicos a empresas privadas monopólicas por razones “naturales”, es decir sin otros competidores. Se realizó bajo el supuesto de la flexibilidad, tanto de los contratos como de las normas regulatorias, para que no “entorpecieran” el funcionamiento privado, y a 95 años. ¡Si, noventa y cinco!

Este nuevo marco permitió que durante toda la década de los ’90 estas empresas gozaran sistemática e ilícitamente de un aumento tarifario exponencial, cuyos capitales fueron fugados al exterior (6). Además, al igual que en otras industrias, permitió la concentración y el control de todo el sector por apenas un puñado de empresarios.

Parches a la herencia

El período abierto en 2001 por el “Argentinazo” puso en crisis todo el sistema económico y político. La sanción de la Ley Nº 25.561 de Emergencia Económica posibilitó, entre otras cosas, el congelamiento de las tarifas. Lo que fue una medida excepcional se convirtió, durante el kirchnerismo, en la norma. El rol de los subsidios tuvo un papel protagónico durante los mandatos de Néstor y Cristina, porque permitió mantener las tarifas a bajo precio, cubriendo la diferencia con dinero del Tesoro. Se calcula que entre 2003 y 2015 la Argentina gastó casi u$s150.000 millones en subsidios a la energí­a y combustibles (7).

Pero no hubo ningún cambio estructural, ninguna modificación en la matriz productiva. Se amagó con avanzar en la estatización de distintos servicios públicos, pero esa iniciativa del gobierno fue cajoneada por él mismo, quedando en el mero relato. No se hizo nada tampoco para evitar el ingreso a la crisis energética, y no se puso más que parches para paliarla después. Porque lo cierto es que desde la era de las privatizaciones todo el sector fue movido por la sed de jugosas ganancias. Así es que los combustibles fósiles que representaban en los ‘90 el 50% de la producción, pasaron a representar más del 60% dado que implicaba un menor costo para las empresas (8). Por eso, a partir de 2004 los yacimientos de gas comenzaron a agotar sus recursos, lo que implicó que tuviéramos que importarlo y subieran exponencialmente los precios. Dicho sea de paso, las subas sí impactan más temprano que tarde en nuestro bolsillo.

La expropiación del 51% del capital accionario de YPF da cuenta de un paso correcto, pero insuficiente en materia energética (9). Lo cierto es que el modelo mixto, conservando la estructura de “sociedad anónima”, hizo que prevaleciera el carácter de empresa capitalista, movida por intereses privados. A su vez, no logró revertir el descenso de la producción petrolera y gasífera, de hecho continuó acentuándose. De igual forma, el gobierno se jactaba de avanzar en la soberanía energética con recursos propios, dado que el plan preveía que un 68% de la financiación se realizaría con las propias utilidades y flujos de caja de la empresa, el 20% sería mediante financiación nacional, y sólo el 12% provisto por socios internacionales. Sin embargo meses después, en 2013, se llevó a cabo el acuerdo secreto para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta con Chevron. Aduciendo que éste era un costo inevitable puesto que YPF no contaba con el dinero suficiente para realizar las inversiones.

Poca energía en política energética

Habiendo hecho un recorrido de carácter histórico podemos entender el porqué de la actual situación. El sector está en manos, casi en su totalidad, de tres firmas: Pampa Energía, Grupo DESA y SADESA. Los empresarios detrás de éstas no sólo tienen nombre y apellido, también un nutrido prontuario sazonado con algunos escándalos, “Nicky” Caputo, Marcelo Mindlin, Rogelio Pagano, entre otros.

Las mencionadas firmas tienen acciones en todos los subsectores de la industria de la energía eléctrica. Bajémoslo a tierra:

• Pampa Energía participa en el 12% de la generación, en el 26,3% de la transmisión y en el 20% de la distribución con acciones en EDENOR (10).
• El grupo DESA, por su parte, concentra el 62% de la energía distribuida en la provincia de Buenos Aires con acciones en EDELAP, EDEN, EDES y EDEA (11).
• Por último SADESA controla el 15% de la generación, teniendo en sus manos, entre otras, la Central Puerto (principal central eléctrica del país) y posee el 35% del paquete accionario del flamante EDESUR, que comparte con ENEL, (accionista mayoritario, de capitales italianos) (12).

Si desgranamos sector por sector podemos ver la magnitud del negocio millonario, monopolizado en pocas manos, que fija precios y sobreprecios, que tiene deudas exorbitantes y que en definitiva, nos estafa a nosotros, los consumidores.

Según el Ministerio de Desarrollo Productivo hoy por hoy con nuestra factura, cubrimos apenas el 58% del costo de producción de energía (13). El resto, por supuesto, lo disimula el Estado con aportes del Tesoro. La Argentina, el tercer mercado eléctrico de América Latina, sólo por detrás de Brasil y México, tiene un costo de producción muy por encima del promedio. Este último varía entre 20 y 55 dólares MWh (Megawatt por hora), mientras que aquí durante el gobierno de Macri llegó a los 71 dólares (14), mientras que actualmente se mantiene por encima de los 60 dólares (15). Ahora bien, debemos preguntarnos cómo se fija ese precio.

Una razón de la suba es, como mencionamos anteriormente, el agotamiento de las reservas de gas. Con el afán de abaratar gastos a corto plazo se explotaron los yacimientos de energías no renovables liquidándolos en poco tiempo. Otra razón son las inversiones. Es sabido que los negociados, las licitaciones acordadas con cifras fabulosas, muy por encima del valor real, no discrimina administraciones ni colores políticos. Todos los gobiernos fueron cómplices e inclusive promovieron este fraude. Como saldo, millones desembocan en sus bolsillos. Ya sea con nuestras facturas o indirectamente vía el Estado, los que pagamos somos los mismos de siempre.

El segundo eslabón de la cadena: transporte. Una de las principales empresas es Transener que transporta más del 65% de la energía eléctrica del país, sobre la cual los principales accionistas son Pampa Energía con Marcelo Mindlin como principal socio (16). Recordemos que durante la década “K” las tarifas fueron congeladas por un largo período y, con esto como pretexto, las empresas no invirtieron ni un peso en el sector. En cambio, durante el gobierno de Macri, las tarifas aumentaron un 3000%. En el período 2016-2018 la empresa ganó 1.241,5 millones de dólares (17). ¿Y las inversiones? Si te he visto no me acuerdo. Numerosos apagones se dan por fallas en las líneas de alta tensión que transmiten la energía. Éstas no se expanden ni acondicionan por falta de interés, porque las sumas millonarias van directo a las cuentas de Mindlin y compañía, a quienes dicho sea de paso, se les condonan deudas por el mal servicio prestado. Como vemos, el concepto de “rentabilidad” abyecto es mal consejero.

Y el último eslabón, con el que tenemos contacto, son las distribuidoras: EDESUR, EDENOR, EDELAP, etc. El engaño se cierra, redondo, en este punto. La falta de inversión de éstas, ya es tristemente célebre entre los vecinos que la padecemos con frecuencia y a oscuras. Los transformadores que antes abastecían a un grupo numeroso de familias siguen siendo los mismos. En este sentido, no sólo entra en juego el deterioro de éstos por el paso de los años, sino que los dispositivos electrónicos hogareños, y por ende la demanda, han crecido en número notablemente. Hoy, un aire acondicionado representa lo que una casa entera 20 años atrás. Por esta razón ante una sobrecarga, para evitar que los transformadores se fundan, nos quedamos sin luz. Eso sucede en el mejor de los casos, porque muchas veces se funden finalmente, se prenden fuego o explotan.

Pero no termina aún, dichas empresas tienen grandes deudas con CAMMESA, empresa “sin fines de lucro” que es la autoridad en este mercado. Ésta última es la que ordena qué central es despachada, por qué línea se transporta esa energía y cuánta potencia precisa la red en cada momento de la demanda. En otras palabras, las firmas distribuidoras no pagan la energía recibida que luego distribuyen. Desde el inicio de la cuarentena, y con el pretexto de que la cobrabilidad (18) disminuyó, EDESUR sólo pagó el 20% de su factura, debe $9.138 millones. Hay otras firmas que no pagaron ni un peso, pero EDESUR y EDENOR, en cantidad de dinero, lideran el ranking (19).

Todo es cuestión de energía

Llegados a este punto, podemos concluir que licitar el servicio de EDESUR es tan sólo quitarle los negocios a una firma para cederlos a otra. Por su parte, su estatización es apenas un primer paso, necesario, en lo que hace falta. Como hemos ido dilucidando a lo largo del presente artículo, el problema nace desde el inicio de la cadena de producción. Al igual que el problema, de carácter integral, es imperioso avanzar en una reforma de iguales características. Para evitar una crisis energética más que anunciada y el eventual colapso.

• Por esto es necesario poner el conocimiento, la tecnología, la capacidad productiva de conjunto al servicio de llevar adelante un plan energético que no tenga como parámetro la rentabilidad de unos pocos, sino concibiendo a la energía como un bien social y un derecho humano.
• Hace falta estatizar, sin indemnización, todo el sistema energético con control de los trabajadores y usuarios. Volcando los recursos a la reconversión hacia las energías renovables sustituyendo los hidrocarburos y desechando las termoeléctricas, las represas hidroeléctricas y las centrales nucleares que contaminan y atentan contra la salud.
• Como medida urgente, auditar las tarifas cobradas ajustando los valores a aquellos que puedan ser pagados por las grandes mayorías.
• Es imperioso indemnizar, por parte de las empresas, a los usuarios damnificados que en muchos casos hemos perdido bienes personales por el pésimo servicio eléctrico.
• Abrir los libros contables de todas las empresas y poner en pie una Comisión Investigadora independiente. Que devuelvan con su patrimonio, cada centavo adquirido por sobreprecio, por licitaciones fraudulentas, por números dibujados o impuestos impagos. En otras palabras, que paguen con todo el peso de la ley el fraude y la corrupción.

Estas son algunas medidas que proponemos desde el MST en el FIT-Unidad como puente a una sociedad donde no prevalezca la sed de ganancia por sobre los derechos de las mayorías, donde todo sea decidido democráticamente de abajo hacia arriba. Peleamos por una vida de calidad para nosotros y para las futuras generaciones, es un derecho por el cual vale la pena luchar. Organicemos la energía por un mundo donde nuestras vidas valgan.

1. Lapeña, J. (2020). Los problemas del sector eléctrico que los gobiernos no han resuelto. Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi». Recuperado de http://web.iae.org.ar/recomendados/los-problemas-del-sector-electrico-que-los-gobiernos-no-han-resuelto/#.Xxp3iNJKjcc
2. La reunión se llevó a cabo durante la tarde del miércoles 15, para “abordar conjuntamente una solución a la problemática de cortes en el servicio eléctrico”. Estuvieron presentes el interventor del organismo Federico Basualdo, con el subsecretario de Energía del gobierno de la provincia, Gastón Ghioni, las intendentas Mayra Mendoza de Quilmes y Marisa Fassi de Cañuelas, los intendentes Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, Mariano Cascallares de Almirante Brown, Nicolás Mantegazza de San Vicente, Andrés Watson de Florencio Varela, Gastón Granados de Ezeiza, el intendente interino de Avellaneda, Alejo Chornobrof, el secretario de Planificación Estratégica y Medio Ambiente de Presidente Perón, Hernán Santana, el coordinador General de Alumbrado Público, Electromecánica y Obras Eléctricas de Berazategui, Sergio Faccenda, y los presidentes de la Comuna 4, Ignacio Álvarez, y de la Comuna 8, Miguel Eviner.
3. Edesur exige $3000 millones en concepto de la tarifa social. La deuda corresponde a los 12 municipios donde se presta el servicio: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente.
4. Departamento técnico, Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” (2020). Informe de tendencias energéticas | Junio 2020. Recuperado de http://web.iae.org.ar/documentos-iae/informe-de-tendencias-energeticas-junio-2020/#.Xxpej9JKjcc
5. La Ley nº 23.696 de Reforma del Estado y la Ley nº 23.697 de Emergencia Económica sirvieron de base para la Ley nº 24.065 de reestructuración de todo el sector energético.

• A través de los decretos 714/1992, 1323/1992 y 1507/1992 se llevó a cabo la constitución, se convalidaron actos licitatorios y adjudican acciones de las sociedades Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR S.A.) y la Empresa Distribuidora Sur S.A.(EDESUR S.A.).
• Decreto  1192/1992 del 10 de julio de 1992, se constituyó la sociedad Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.
• Mediante los decretoS 1795/1992 y 2449/1992, se constituye y adjudican un porcentaje del paquete accionario de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Plata (Bs. As.) EDELAP S.A.
• A través de los decretos 2743/1992, 2943/1992 y 1343/1993 se dispuso la constitución y la venta de acciones de la Cia. de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión TRANSENER S.A.

6. De Dicco, R. (2006). Encrucijada del sector eléctrico. Le Monde Diplomatique. Recuperado de https://www.eldiplo.org/088-la-guerra-antiterrorista-potencia-el-terrorismo/encrucijada-del-sector-electrico/
7. Instituto Argentino de Energí­a «General Mosconi» (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) publicado por el diario BAE. (Buscar)
8. Jensen, S., Zamora, A. y Rimancus, P. (2019). Evolución de la matriz energética. Estrucplan. Recuperado de https://estrucplan.com.ar/evolucion-de-la-matriz-electrica-argentina/
9. Ley 26.741: Declárase de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Créase el Consejo Federal de Hidrocarburos. Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. Sancionada el 3 de mayo de 2012.
10. Pampa Energía (2020). Perfil de la compañía. Recuperado de https://ri.pampaenergia.com/compania/perfil-de-la-compania/
11. DESA (2020). Distribuidoras. Recuperado de https://desasa.com.ar/
12. Ente Nacional Regulador de la Electricidad (2018). Informe anual. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeanual2018_final.pdf
13. Ente Nacional Regulador de la Electricidad (2020). Tarifa social. Recuperado de  https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur
14. Ministerio de Energía y Minería (2016). Precio mayorista de la energía eléctrica. Recuperado de https://www.minem.gob.ar/servicios/archivos/6886/AS_14817236511.pdf
15. Ministerio de hacienda, Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico (2019). Resolución 14/2019. Recuperado de https://portalweb.cammesa.com/memnet1/revistas/estacional/res_srryme_14_2019.html
16. Transener (2020). Estructura de la compañía. Recuperado de http://www.transener.com.ar/home-inversores/estructuradelacompania-inversores/
17. Fraschina, S. (2019). Las empresas de energía aumentaron en promedio sus ingresos en 995% en los últimos tres años. Observatorio de políticas públicas Universidad Nacional de Avellaneda. Recuperado de https://gallery.mailchimp.com/219db79b15bd598643ad6537b/files/768f249e-8e97-472d-bbe7-80827a25a8d0/Infografi_a_Sector_Energe_tico.pdf
18. El índice de cobrabilidad mensual (cantidad de facturas pagadas) se ubicó a fines de mayo en el 66%.
19. Krakowiak, F. (2020). La deuda de las distribuidoras con CAMMESA llega a $100.000 millones. Econo journal. Recuperado de  https://econojournal.com.ar/2020/06/la-deuda-de-las-distribuidoras-con-cammesa-llega-a-100-000-millones/

El 24 de junio la Corte Suprema de EEUU determinó que la demanda por más de u$s1600 millones se lleve adelante en los tribunales de Nueva York y no en nuestro país, lo que preanuncia un fallo desfavorable, que se suma a otros anteriores del CIADI. Por otro lado el apagón el 16 de junio mostró el fracaso de la política energética de las últimas décadas. ¿Qué hacer frente a los tribunales internacionales? ¿Qué política energética necesitamos? Este artículo es un aporte para responder a esas preguntas.

El juicio lo lleva adelante el estudio de abogados británicoBurford Capital que compró los derechos de litigar contra el Estado Argentino al Grupo Eskenazi: compró la demanda por 15 millones en 2015, reclama más de u$s1600 millones y con la expectativa de una sentencia favorable ya logró vender partes por 235 millones de dólares, negocio redondo que muestra cómo actúan estos «buitres». Reclama que durante la reestatización de YPF no se le hizo al grupo Eskenazi una oferta por el 25% de las acciones que tenía en la compañía tal como se le hizo a Repsol, a quien a pesar de los discursos épicos, el kirchnerismo le terminó pagando u$s 5800 millones.

A esto se suma el fallo del CIADI (organismo dependiente del Banco Mundial) que obligó a pagar u$s 320 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas. En total, de 2003 a la actualidad, por fallos del CIADI o de tribunales extranjeros, Argentina lleva pagados u$s 17000 millones (6 mil bajo el kirchnerismo y el resto durante el gobierno de Macri) y quedan aún pendientes litigios por u$s 4500 millones. Esto sucede porque todas las privatizaciones de la década del 90 y los acuerdos de inversiones posteriores dispusieron que las posibles controversias se resolvieran en tribunales de EEUU o el CIADI. Es decir, se renunció a cualquier tipo de soberanía en favor de instituciones imperialistas que no es difícil saber de antemano a quién van a favorecer.

Una primera conclusión, entonces, es que sin romper con el CIADI y desconocer los tribunales extranjeros no hay posibilidad de tener una política soberana que nos permita decidir sobre la propiedad y utilización de nuestro patrimonio de acuerdo a nuestras necesidades.

YPF: privatización menemista y continuidad kirchnerista

Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue la principal empresa del Estado argentino entre 1922 y 1992 y puntal del desarrollo económico, social e industrial de nuestro país al ser el principal productor de energía y al mismo tiempo generar alrededor de su industria pueblos enteros, infraestructura, caminos, rutas, etc. Argentina fue uno de los pocos países en el mundo que se deshizo de su petrolera estatal cediendo a capitales extranjeros el control de una actividad estratégica. La privatización llevada adelante por Carlos Menem entre 1992 y 1998 cuando la española Repsol adquirió la casi totalidad del paquete accionario. No está de más recordar que Néstor y Cristina, además del lobby en favor de la privatización, pusieron a disposición el avión de la provincia para que los senadores santacruceños llegaran a tiempo a la votación.

La petrolera española Repsol sobreexplotó los yacimientos descubiertos por la empresa estatal sin realizar nuevas exploraciones. Así, la caída de las reservas entre 1998 y 2011 fue del 54% en petróleo y del 97% en gas. Junto a la entrega de YPF fueron privatizados entre distintas empresas el transporte y la comercialización de la energía.

La recuperación que no fue

La llegada a YPF del grupo Eskenazi en 2007 fue presentada por el kirchnerismo como un proceso de «argentinización» de la empresa. Eskenazi, de grandes relaciones con Néstor Kirchner que ya le había obsequiado el Banco de Santa Cruz, se hizo del 15% de acciones sin poner un solo dólar. La cesión de su porcentaje se hizo a cuenta de pagos que hacía con el reparto de dividendos de la compañía, que siguió sin invertir en nuevas exploraciones, perdiendo las reservas existentes. En el 2011 Eskenazi compró un 10% más de acciones, quedándose con el 25% que es la fuente de la demanda contra el Estado argentino.

La recuperación de parte de YPF en 2012 fue anunciada como una medida épica de soberanía que permitiría «lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos» para «garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo… y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones» (art. 1º ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF). En su momento señalamos que era una reestatización trucha por varios motivos. 1) Sólo se expropiaba el 51% de las acciones dejando en manos privadas el resto. 2) YPF solo explota el 30% del petróleo en el país y se continuaba así, con el 70% en manos privadas, lo que en realidad significaba que el Estado sólo controlaría apenas la mitad de ese 30%. 3) Lejos de volver a transformar a YPF en Sociedad del Estado se mantenía como Sociedad Anónima, lo que iba a significar que seguiría actuando como una empresa capitalista más y sin los controles que rigen para las empresas estatales.

La Vaca de la leche de oro

El tiempo confirmó lo que dijimos en su momento. En lugar de ser una palanca para el desarrollo nacional y encabezar la necesaria transformación energética YPF, continuó actuando como una empresa capitalista al servicio de la obtención de ganancias. A pocos meses de la recuperación, se evidenció el verdadero objetivo: la firma de un acuerdo secreto con la norteamericana Chevrón, condenada en Ecuador por crímenes ambientales. Ese acuerdo secreto para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta a través del fracking, avanzó contra derechos ambientales y territoriales de las comunidades al tiempo que dio garantía de ganancias extraordinarias y libre disponibilidad de divisas a la empresa norteamericana; y nuevamente dispuso tribunales norteamericanos en caso de controversias. Todo muy lejos de la soberanía declamada.

Hoy tanto el macrismo como el kirchnerismo vuelven a poner Vaca Muerta como la llave del futuro del país, mostrando que tampoco hay grieta en la política energética. El propio programa del FDT plantea «Generar un régimen especial de inversiones en petróleo y gas, particularmente en Vaca Muerta, dando previsibilidad e incentivos a la actividad privada.» Es decir, seguir poniendo en manos privadas el futuro territorial, energético y ambiental del país con beneficios impositivos y laborales.

Soberanía, democracia energética y gobierno de trabajadorxs

A 7 años de la «estatización», las naftas no paran de aumentar y la crisis energética continúa al punto que los cortes de luz ya son cotidianos en varias zonas del país y además sufrimos un tremendo apagón nacional el 16 de junio. La política energética implementada en las últimas décadas mostró su total fracaso para los sectores populares al tiempo que significó fabulosas ganancias para las empresas privadas, ya sea en forma de subsidios estatales o de tarifazos. De lo que se trata es de debatir otra política energética, que defina la energía como un bien social imprescindible y por lo tanto un derecho, no una mercancía más puesta al servicio de generar ganancias. Puesto así, es necesario estatizar todo el sistema energético, desde la generación, el transporte y la comercialización con el control y gestión democrática de lxs trabajadorxs y usuarixs. Y emprender una reconversión urgente hacia energías limpias y renovables como la eólica, solar, mareomotriz o geotérmica.

La clase trabajadora tiene la tarea de encabezar esta pelea para construir fuerza social que permita terminar con el robo de las privatizadas (las mismas empresas que precarizan el trabajo, despiden y ahora reclaman una nueva reforma esclavista). Para eso, la izquierda y los sectores del sindicalismo combativo debemos levantar un programa que junto a la estatización de las empresas energéticas con control obrero y social plantee una transición eco- socialista sin repetir argumentos de la burguesía que extorsiona, a partir de la necesidad de trabajo, para seguir reproduciendo el extractivismo con fracking, megaminería, o mega represas. No van a ser los partidos patronales quienes encabecen esa pelea, aunque se pinten de progresistas. Sus programas, su historia y su rol como gerenciadores de las corporaciones capitalistas lo confirman. La izquierda es la única que puede construir una fuerza política que en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores y el pueblo ponga los bienes comunes al servicio de las necesidades sociales y ambientales mayoritarias y no de las ganancias capitalistas.

Emilio Poliak

Ripoll agregó: «No es el clima ni algo inesperado. Es la falta de presupuesto para educación e infraestructura. Urge una partida de emergencia para garantizar calefacción en las escuelas. Vidal es responsable, la plata debe destinarse a gas y estufas, no a subsidiar colegios privados ni al FMI. Y reestatizar las empresas de energía bajo control social para resolver este drama recurrente».

Este jueves en la legislatura bonaerense, Vilma Ripoll (FIT-MST) presentó dos proyectos (ver aquí) para reestatizar EDELAP e interpelar a la gobernadora Vidal.