Escribe: Gerardo Uceda

Luego de la postergación de abril y mayo en busca de dibujar la inflación en un dígito, el gobierno se decidió a aplicar una serie de aumentos para junio que impactarán ferozmente en el bolsillo de la gente.

Primero fueron los combustibles, que aumentaron entre el 3,4% y el 11% en el caso del gasoil. La justificación: que las petroleras deben recuperar márgenes de ganancia. Luego vino la decisión de la Cámara, contra el fallo de la Jueza Libertatori, de autorizar el aumento del Subte que lo lleva de $125 a $574 y a $650 y a $757 en agosto. Con el argumento de que éste sería el valor de la tarifa sin subsidios. También habrá aumentos en los alquileres, las prepagas, cable y telefonía celular en estos casos producto de la desregulación de la economía según la norma del liberfacho.

Pero ninguno de ellos se compara en monto e impacto social con los tarifazos que vendrán en la luz y el gas. Así como que las tarifas peguen tremendo salto es un objetivo del gobierno, a Milei le preocupa también el impacto en la medición de la inflación de junio, ya que tiraría abajo el único “logro” que Milei puede mostrar luego de 6 meses de gobierno: haber bajado la inflación a un dígito (8,8 en abril y un poco menos en mayo) producto de la masiva caída del consumo y la recesión.

Los aumentos en números concretos

Si hablamos de la luz en la provincia de Bs. As., el propio subsecretario de Energía de la Provincia dijo que el aumento será de hasta el 80% y en caso del gas puede llegar hasta el 604%. Ahora bien, la quita de subsidios no impacta en todos los sectores sociales en la misma proporción, debido a que hasta ahora, lo sectores de menores ingresos declarados tenían una tarifa más subsidiada.

Las tarifas están diferenciadas en niveles de ingresos N1 (altos) N2 (bajos) y N3 medios. Al quitarles los subsidios entonces, el impacto es muchísimo mayor en los sectores de bajos ingresos (N2) donde el aumento es sideral. Por ejemplo, hasta mayo por 150 kWh por mes una familia humilde pagaba $9.186 y con el aumento pasará a pagar $14.675, es decir, casi el 80% de aumento. Mientras que para los sectores de ingresos medios y altos las subas serán algo menores, pero partiendo de una base más alta por los mismos 150 kWh/mes.

En el caso del gas la cosa es aún peor, ya que nuevamente el sector N2 de bajos ingresos, será el más impactado. Siempre hablando de la provincia de Bs. As. (donde vive el 40% de los argentinos) una familia humilde pasará de pagar $4.896 a pagar $39.661 o
$49.000 (es decir, un 604% de aumento) si es de Metrogas, cuando un plan Potenciar trabajo cobró en junio $78.000. Mientras que los usuarios de ingresos medios N3 tendrán una suba del 367% y los N1 (altos) un 299%, es decir, nadie se escapa de la guadaña del recorte del gasto.

Lo peor de todo, es que el gobierno ya explicó que, estos aumentos sólo corresponden a la eliminación de subsidios en lo que se denomina el primer segmento de la energía, es decir el de la generación, y seguirá postergando los otros dos segmentos para los próximos meses. De manera que estos no serán los últimos aumentos que tendremos que soportar, ni mucho menos.

Con diferencias en el análisis de los datos, todas las consultoras, incluida “Chequeado” coinciden en la magnitud enorme de los tarifazos y que los mismos tienen como principal perjudicado a los más pobres, como sucede con la totalidad del ajuste que lleva adelante Milei y los suyos.
Encima como dijimos, éste de junio no será el último aumento, el gobierno aplicará una indexación periódica de las tarifas de agua, luz y gas con un combinado de inflación, los precios mayoristas y los aumentos de salarios.

Los falsos argumentos del gobierno

Para justificar los recortes de los subsidios que el gobierno quiere utilizar para pagarle la deuda externa al FMI y otros usureros internacionales, el gobierno y sus voceros acuden a todo tipo de argumentaciones, algunas con ciertos elementos de realidad y la mayoría directamente falsas.

Una primera cuestión que utiliza es que las tarifas estaban atrasadas o pisadas y que no reflejaban el costo real del servicio. Lo cual es muy discutible, ya que ninguna de las empresas mostró en forma transparente y pública cuál es el verdadero valor de las tarifas. Lo que sí se sabe en términos fácticos es que con estos aumentos, según un estudio de la UADE, pagaremos la tarifa eléctrica más cara de los últimos 30 años. Lo cual ha generado todo tipo de reacción de los vecinos como los de Pinamar, que salieron en masiva protesta por tarifas de hasta 1 millón de pesos.

Otro argumento de una verdad a medias es que antes se subsidiaba a los ricos de Puerto Madero, lo cual es una verdad muy a medias, ya que, si bien el diseño del esquema subsidiario por parte del gobierno pejotista era un desastre, la totalidad del monto de los subsidios era recibido por las empresas de servicios, en su amplia mayoría privatizadas. Y que lo que percibían les permitía acumular ganancias exorbitantes que están reflejadas en sus balances anuales públicos y que nunca invirtieron un peso en obras de infraestructura a largo plazo, lo que llevó sistemáticamente a cortes del servicio de luz en los veranos o roturas de caños de agua en las ciudades de todo el país, etc.

También los miembros del gobierno utilizan como una muletilla que las empresas deben recuperar la rentabilidad perdida. Argumento falaz por dónde se lo mire ya que, como dijimos sus balances nunca fueron en rojo, sino todo lo contrario y nunca presentaron una justificación seria y consistente del costo de la prestación de servicios. El ejemplo palmario es el del Subte elevaron el costo del boleto de $125 a $540 sin dar ningún tipo de explicación. Ni hablar del costo de los combustibles donde YPF presentó un balance público en el que reconoce ganancias del primer trimestre de 2024 del 829% cuando la inflación fue muchísimo menor. De modo que, si las empresas venían teniendo ganancias, sin hacer más que las inversiones mínimas imprescindibles, lo que ahora están llevando a cabo, con ganancias que cuadruplican la inflación, es ni más ni menos que un robo, que hoy pagaremos directamente de nuestro bolsillo, como les gusta decir a los libertarios. Eso sí, avalados por el Estado del cual reniegan Milei y sus ministros.

Las consecuencias de los tarifazos

Es claro que los aumentos, como dicen los vecinos de Pinamar, son impagables y que llevan a que la gente no pueda directamente usar el servicio, como pasó en el Chaco que con un pasaje a $710 en una provincia donde los empleados públicos tienen de los sueldos más bajos del país, los chicos ya ni pueden ir a la escuela en colectivo, teniendo que caminar kilómetros para llegar.

Desde una perspectiva más global, vemos que el impacto de los aumentos en las tarifas será tan significativo que muchos ya están hablando de una nueva “pobreza energética”, esto es que las familias más pobres tendrán que pagar más del 35% de sus ingresos en los servicios básicos de luz, gas y agua, ya que ninguna factura de luz a partir de junio (ni hablar de la indexación mensual que seguirá) será inferior a los $20.000 y apenas se consuma un poco más subirán rápidamente a $40.000 o $50.000.

El panorama como siempre es muchísimo más sombrío para los sectores más pobres de la sociedad o directamente marginales para el invierno que recién empieza, por ejemplo, ya que sus viviendas suelen ser menos aisladas, con mayores filtraciones por lo que el costo de calefacción es mayor en el caso del gas, peor aún para la electricidad donde los electrodomésticos o estufas de este sector son mucho menos eficientes desde el punto de vista de ahorro energético. Pero esto ni a Caputo ni al presidente les importa un rábano.

La salida: reestatizar con control social

Está claro que el modelo del kirchnerismo de falsas reestatizaciones como YPF o aerolíneas manejadas por el Estado capitalista en el cual estaban enquistados o el de los negociados de sus ministros con los corruptos privados que costara la vida a las víctimas de Once mientras los empresarios se llenaban de plata sin invertir un peso, no va más.

Pero tampoco es ninguna solución la liberación de las tarifas y eliminación de subsidios, como hace este gobierno, permitiendo que los privados pongan el valor del servicio a lo que se les antoje y que el 100% tengamos que pagarlo nosotros. En primer lugar porque se tratan de servicios básicos elementales que incluso están en la Constitución, en segundo lugar, porque no hay competencia ni libre mercado en ellos (nadie puede optar por una u otra compañía de agua o gas o luz para hablar en sus términos de libertad de mercado), sino que somos cautivos de una prestadora única a la que el Estado le garantiza que nosotros le paguemos el servicio al precio que impongan, y si no nos cortan el mismo (así sea una persona “electrodependiente” como fue denunciado hace pocos días). Y tercero y principal, porque el 80-90% de la inversión de todas estas empresas, hoy privatizadas y amparadas por Milei, se hizo con dinero público, con plata que pusimos durante generaciones los argentinos con nuestro trabajo e impuestos fue Menem quien les entregó toda esa millonaria inversión a los privados y eso hasta el día de hoy no se ha corregido, de modo tal que estos servicios son nuestros, del pueblo, los privados no son más que usurpadores de empresas que nos pertenecen, hoy protegidos y mimados por este gobierno como si se tratasen de una empresa privada cualquiera. Quedó demostrado con los ferrocarriles, los subtes, con los cortes de luz de cada verano, que estos empresarios parásitos no han invertido ni una mísera parte de sus ganancias en nuevas redes, tendidos, maquinarias y tecnología acorde a los años transcurridos desde que se hicieran cargo de las empresas. Por eso, reconocerles el derecho a que pongan ellos las tarifas que quieran para engrosar sus ganancias no sólo es un desatino sino burla al conjunto del pueblo.

Decimos con claridad que no hay salida por ninguna de estas dos vías aplicadas hasta hoy. La única manera de conseguir que tengamos tarifas accesibles para cada bolsillo, con un servicio de calidad, que garantice un nivel de inversiones adecuado no sólo para mantener el servicio sino para ir actualizándolo según los niveles de exigencia y necesidades de la época, es a través de una reestatización de todas las empresas hoy en poder de los privados, sin ninguna compensación o pago, ya que sobran los motivos contractuales para dar de baja las concesiones sin pago (no cumplieron ninguna de las cláusulas de inversión pactadas en los contratos). Pero una vez estatizadas no podemos entregárselas a los amigos del Gobierno como hizo el kirchnerismo con La Cámpora en Aerolíneas. Lo que tenemos que hacer es ponerlas a trabajar bajo el control de los trabajadores y los usuarios, en un régimen totalmente distinto de administración, donde seamos el pueblo, los trabajadores, técnicos y profesionales de esas empresas los que decidamos qué tarifas pueden pagar los distintos sectores de la sociedad, si tenemos que subsidiar a los más necesitados y recargar sobre los que estén mejor. También si tenemos que invertir en nuevas redes, tendidos de cables u obras de infraestructura mayores para conseguir la energía. Debemos ser nosotros, no un puñado de empresarios a los que sólo les interesa cobrar las boletas y girarlas al exterior o a sus cuentas privadas, ni mucho menos dejar esto en manos de políticos burgueses entongados siempre con los empresarios, los que decidamos cuánto de las ganancias que genere el sistema lo invertimos en la forma tradicional de energía o lo utilizamos para la reconversión en energías más limpias y amigables con el planeta.

Es imperioso que comencemos ya con la transformación energética, virando de los combustibles fósiles que hoy mueven el 100% del consumo de gas y gran parte de la electricidad, también generada a través de centrales termoeléctricas a gas, por nuevas formas de energía como la eólica, la energía cinética o de las olas del mar, la investigación en mejores formas de energía solar, etc.

Obviamente, ningún capitalista actual, buscando desesperadamente rapiñar algo de ganancia en un mundo en donde la tasa de ganancia cae año tras año, hará esto, no invertirán un peso en investigación, ni siquiera lo hacen en infraestructura. Solo desde la izquierda tenemos esta propuesta de fondo, que permitiría recuperar las empresas para que sean puestas al servicio del conjunto del pueblo, donde tengamos buenos servicios de transporte, luz, gas y agua a precios razonables y pagables por cualquier salario. Lo contrario es lo que vivimos hasta hoy, o peor aún son los tarifazos que nos propone Milei que le paguemos a sus amigos empresarios de las privatizadas para que ellos sean cada día más ricos y nosotros más pobres.

Escribe: Nicolás Zuttión

En el mes en el que las altas temperaturas se comienzan a despedir, así como el verano, una nueva ola de calor azotó al país. Como consecuencia, se agravó la sequía que deja en terreno fangoso a la economía local, producto de la mala cosecha que se espera. En paralelo, las sensaciones térmicas que alcanzaron los 40°, siendo récord para un mes como marzo, dejaron a la vista de todos las consecuencias del cambio climático que se acelera. Pero, además, mostraron otra cara decadente del capitalismo argentino: el sistema energético en manos de las privatizadas.

Edesur y Edenor, de manera intermitente o de forma permanente por varios días, fueron la pesadilla de sus usuarios. Entre 100.000 y 150.000 personas se vieron afectadas por los cortes recurrentes de servicio, derivados de la desinversión de las privatizadas en infraestructura, que se vio colapsada en medio del calor infernal. Mientras tano Sergio Massa, la Secretaria de Energía, Flavia Royón, y el titular del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), Walter Martello, principales responsables por los cargos de gobierno que ocupan, nada hicieron para impedir que esta tortura continue. Así fue que las privatizadas, herencia neoliberal del menemismo, que mantuvieron todos los gobiernos hasta el momento, no dieron respuesta alguna.

En este artículo nos proponemos hacer un repaso de cómo llegamos hasta acá, la magnitud de la crisis energética y la consecuencia de las privatizaciones, ver la forma de actuar del Frente de Todos ante lo que ocurre hoy día, que sólo ha avanzado con una intervención testimonial (por parte de Jorge Ferraresi), y también analizar las propuestas de la oposición de derecha. Como último objetivo esbozaremos una propuesta para terminar con el mal de estas empresas privadas: la reestatización de las mismas bajo control de trabajadores, técnicos especializados y usuarios.

Breve repaso de las privatizaciones

A pocos días de un nuevo 24 de marzo no es en vano recordar que la última dictadura, que llevó a cabo el genocidio de Estado, fue también la que sentó las bases del neoliberalismo en Argentina. En ese marco, las empresas públicas fueron el principal foco que atacaron. El sector eléctrico, como se sabe, también fue víctima de esta maniobra.
El mecanismo para terminar con las empresas estatales, era hacerlas tomar deudas millonarias para desfinanciarlas y así provocar el colapso de los servicios prestados. Aquí el problema no era su carácter estatal, sino las administraciones gubernamentales que jugaban a vaciar las empresas, garantizando a futuro un negocio a los privados que luego vendrían a hacerse de las mismas por precios irrisorios. De esa forma durante los ´80 y ´90, con este mecanismo, alentado principalmente por organismos como el FMI y el Banco Mundial, se crea el consenso privatizador.

La estocada final se da en 1992. Para esa fecha, con las empresas totalmente quebradas, producto del gran endeudamiento y vaciamiento que mencionamos, se abren las licitaciones para privatizarlas. Esto se hizo con una característica particular en el campo de la industria eléctrica, que fue separar por completo los diferentes procesos: generación (producción de energía), transporte (vinculación de la producción con el consumo), y distribución (abastecimiento a los usuarios). En el caso particular de la empresa SEGBA, encargada de la distribución eléctrica en AMBA, el Gobierno cobró U$S 1.294 millones, mientras el Estado absorbió deudas por U$S 1480 millones. Una venta a pérdida, sólo entendible en los marcos de una de las tantas estafas de los gobiernos menemistas.
Es de esta manera que entran a jugar las actualmente conocidas: Edesur, Edenor y Edelap. Empresas que, contrariamente a la descentralización que promovía la reforma privatista en el sector, eran en gran medida de los mismos capitales extranjeros que también se hicieron de las empresas de generación y transporte de energía, generando una concentración en manos privadas de un servicio esencial.

Con subsidios y tarifazos, las privatizadas engordan sus bolsillos Desde los ´90 a esta parte, todos los gobiernos han mantenido el paradigma menemista: los servicios públicos como mercancía. Ya no se ven más los mismos como un derecho a garantizar, sino como un nicho para extraer ganancias. Es así que Edesur y Edenor, entre otras, durante los años que llevan de concesión, han tenido balances positivos de forma permanente.
Con tarifas garantizadas a precio dólar, algo firmado en la reforma privatista, han asegurado sus ganancias por la vía de los subsidios estatales o por la vía de los tarifazos. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, específicamente durante 2005 y 2015, Edesur y Edenor, se hicieron de parte de los subsidios que alcanzaron la cifra de 162 mil millones de dólares. Y, luego, durante el mandato de Mauricio Macri, como advertimos en otra nota anterior sobre el tema, las distribuidoras mencionadas aumentaron las tarifas, durante 2015 y 2017, cinco veces.

Y este es un mecanismo que no termina. Bajo el mandato de Alberto Fernández, por exigencia del FMI para alcanzar la meta del déficit fiscal del 1,9% durante este 2023, los subsidios en las tarifas tienen que ser extirpados. Sin embargo, este hecho para nada afecta a Edenor y Edesur, ya que, otra vez, se abre una ola de aumentos (en febrero alcanzó un 36%) para un servicio pésimo, producto de la desfinanciación empresarial.
Edesur y Edenor: privatizadas en la picota Comencemos por Edenor , hoy propiedad de los amigos del superministro Sergio Massa, es la que cuenta con más blindaje. Aunque responsable en parte significativa de los cortes de luz en diferentes partes del AMBA, la empresa de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, cumpliendo con la desinversión característica de las privatizadas, esta vez no ha sido siquiera penada con las multas irrisorias que suelen promover desde el ENRE. Sin embargo, desde que la empresa está en manos de quienes saben financiar las campañas del jefe del Frente Renovador, han visto multiplicar por dos el valor de las acciones que en 2021 compraron por US$ 100.000 millones.

La situación de Edesur, quien se encuentra en el foco de discusión por estos días, es la muestra cabal de que el modelo de las privatizadas no va más. Los italianos dueños del holding ENEL, dueño mayoritario de Edesur como de otras empresas en los diferentes rubros del negocio de la energía eléctrica, está en retirada del país y Latinoamérica. Ya ha vendido más del 75,7% del paquete accionario de la empresa de generación térmica Enel Central Costanera y el 41,2% de las acciones de la empresa de generación térmica Central Dock Sud. Se apronta ahora a hacer lo mismo con Edesur. A pesar de esta política de vaciamiento y retirada, el gobierno no le ha quitado la prestación del servicio público. Mientras, a costa de un servicio deplorable, la distribuidora eléctrica, según la Comisión Nacional de Valores (CNV), facturó $ 18,5 millones diarios en 2022.

Y, el colmo de los colmos, es que a estas empresas, a principio de año, el Estado les condonó una nueva deuda que tenían con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa). Por disposición de la Secretaría de Energía, aquella manejada por Royón, se dictaminó que: «En el caso de Edesur, la deuda al 31 de agosto era de $113.838 millones que bajaron a $66.366 sin los intereses. Una vez condonado parte del capital quedó en $47.225 millones que también abonará en cuotas y con plazo de gracia incluido».

Toda esta multiplicidad de estafas, con corrupción mediante, es lo que deja en claro, como lo han expresado los cortes de calle de los vecinos, que este modelo de las privatizadas necesita ser enviado al museo de las antigüedades.

La actuación del gobierno ante los cortes y las propuestas de la oposición

El Frente de Todos, ante los diferentes episodios de cortes que se han dado, no ha hecho nada que traiga una solución al problema. Desde que asumió hasta el momento, no ha efectuado, replicando el comportamiento de los gobiernos antecesores, fiscalización alguna al cumplimiento del servicio e inversiones por parte de estas empresas. A tal punto que han llegado a justificar cortes de luz, como el que sucedió en febrero, por presuntos atentados al gobierno. Este delirio, que fue esgrimido por Alberto Fernández en su momento, sólo esconde la connivencia con un sistema en decadencia.

Entre febrero y enero, a Edesur sólo le han aplicado multas que ni siquiera llegan a los $4.000 millones, cifra irrisoria al lado de la deuda que se le condonó y más aún si se tiene en cuenta todo el daño que le está ocasionando a los usuarios electrodependientes y a los que sufrieron pérdida de alimentos, medicamentos y roturas de artefactos.

La última decisión, que fue anunciada por Massa el lunes 20 de marzo, no cambia para nada la ecuación. Por 180 días el ENRE decidió la intervención de la empresa, con Jorge Ferraresi, actual intendente de Avellaneda, como el responsable de la tarea. La función de esta intervención será: «(…) fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de obras para mejorar el servicio». Pareciera un chiste, pero el ente regulador designa a alguien para la tarea que los funcionarios actuales no hacen y es su función, sin modificar un ápice la base del problema.

Desde el otro lado de la falsa grieta y los liberfachos, no hay mucha diferencia en lo propuesto para resolver la cuestión. Falsamente argumentan que el nudo central se encuentra en las tarifas «pisadas» y eso es lo que genera la escasa inversión empresarial. Y, de este modo, alientan un tarifazo superior al que se está llevando a cabo. Algo falso por donde se lo mire. Como demostramos, las empresas han tenido ganancias y las mismas han sido garantizadas por la vía de los subsidios o los aumentos que también ya mencionamos.

Bullrich, Larreta, Milei y compañía, al igual que el Frente de Todos, con distinta tonalidad discursiva, no hacen más que el mismo trabajo, resguardar el esquema menemista y privilegiar la ganancia empresarial antes que garantizar un derecho, como es contar con energía eléctrica.

Reestatizar con control social, lo demás es verso

Todas las propuestas mencionadas por el arco político pro patronal, no dan solución alguna al problema. Más bien forman parte del péndulo por el que ha pasado el sistema de las privatizadas, manteniendo un servicio decadente para los usuarios.
Ante la estafa de quienes advierten pérdidas de estas empresas, queda claro que si se exige la apertura de los libros contables van a quedar demostradas las cuantiosas ganancias, como los espurios negociados que han mantenido con los diversos gobiernos. Por eso, como lo han manifestado diversos vecinos en los piquetes en reclamo de la reactivación del sistema, la única salida ante la desinver-sión a la vista de todos es la nacionalización y estatización de las privatizadas, sin indemnización alguna. Medida que, además, se tiene que tomar en todo el sistema eléctrico de conjunto: en la generación, traslado y distribución. Todo el arco de la industria tiene que pasar a manos del Estado.
Pero, aclaramos, lejos de ser una estatización manejada por burócratas de cualquier gobierno, creemos que el manejo de la empresa tiene que ser ejercido por parte de los trabajadores, técnicos especializados y los mismos usuarios. Sólo por medio de gestiones de este tipo, democráticas y participativas, es que se van a poder evitar vaciamientos como en tiempos anteriores y asegurar las inversiones necesarias para establecer un servicio de calidad.

Contra el discurso posibilista de que no se puede avanzar en este sentido, exigimos políticas de soberanía energética. El falso argumento de estos sectores es que si avanzamos en el sentido propuesto, perderemos, seguramente, un juicio millonario en el CIADI. Claro, es así, por eso además de nacionalizar hay que romper con los tratados bilaterales que tienen a ese organismo como árbitro internacional. Si alguien tiene una deuda son las empresas como Edesur y Edenor que han estafado a los usuarios de manera recurrente.

Es con todas estas medidas que sostenemos desde el MST en el FIT-Unidad que la estatización es la salida al problema y la única garantía de establecer un modelo distinto, que privilegie las necesidades de la población y de un desarrollo productivo soberano anticapitalista, sin intromisión de organismos como el FMI, priorizando la garantía del servicio de luz como un derecho y no como un negocio.

Escribe: Gustavo Giménez

Pese al alivio de unos días frescos que este loco y desequilibrado clima nos regaló, además del récord en la térmica que sufrimos en medio de febrero se batieron otros récords, esta vez de abuso y de bronca.

El del abuso de una empresa privatizada, a la que le importa poco que toneladas de comida y medicinas se hayan arruinado en las heladeras sin luz de los barrios populares, que miles de enfermos y ancianos, sin aire ni ventilador, no hayan podido bajar de sus departamentos en pisos altos, ni que no hubiera agua suficiente para beber y asearse. Y mientras los vecinos reclamaban, en el medio del corte, se da un nuevo aumento de tarifas. Edesur, junto a la otra distribuidora Edenor vienen reclamando aumentos del 260% para sus servicios.

El accionar de la policía de Larreta y de su licenciado ministro, amigote de los jueces de Lago Escondido, Marcelo D’ Alessandro, fue reprimir, golpear, perseguir con motos y meter presos a los vecinos, cuyo delito era protestar por tener, en medio de una fuerte ola de calor, el servicio eléctrico interrumpido, sin respuestas claras o solución del problema por parte de la empresa.

Finalmente los máximos responsables del desastre, los funcionarios y dirigentes del gobierno del Frente de Todos, protestaron contra la empresa cuya concesión sostienen hace años a pesar de un largo historial de incumplimientos, cortes y falta de inversiones. también protestaron contra la represión de Larreta. Protestaron… como si no tuvieran nada que ver.

Eso sí, después amenazaron con expropiarla, con comprarla a valor del mercado, con intervenirla, con terminar el abuso de la privatización menemista… para después retroceder en chancletas. Porque si desplazas a la empresa “te podés comer un juicio en el CIADI (1)” y te sale más caro, “porque si la intervenís tenés que hacerte cargo de la conducción operativa y no conviene”. En definitiva, de todas las “posibilidades abiertas” como anunciaba en tono adusto y amenazante la vocera presidencial Gabriela Cerrutti, se terminó en una módica multa de $ 1.000 millones y la devolución del importe de la última factura para los vecinos afectados, un mecanismo de reclamo y un monitoreo técnico a la empresa.

Esta fue la última decisión del superministro y presidenciable Sergio Massa, la Secr. de Energía Flavia Royón y el titular del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), el massista Walter Martello. Muy cara para los usuarios, muy barata para una empresa que no invierte, exige aumentos de tarifas y miente supuestas pérdidas mientras el gobierno le acaba de condonar $ 66.613 millones, el 58% de la deuda que tenía con la transportadora mayorista Cammesa, de un total de $ 113.838 millones.

Además, la empresa controlante de Edesur, la multinacional italiana de la energía Enel, acaba de vender otras compañías de generación eléctrica que posee en el país: el paquete accionario del 75,7% de la empresa de generación térmica Enel Central Costanera y el 41,2% de las acciones de la empresa de generación térmica Central Dock Sud, por un total de U$S 102 millones. Como parte de venta de sus activos en el país, a raíz de una reconfiguración de los negocios mundiales de la empresa transnacional, incluye la venta de Edesur, las líneas de transmisión CTM y TESA, la transportadora de energía de Yacyretá (Yacylec) y la cesión de su concesión de la hidroeléctrica El Chocón, cuyo contrato se vence en 2024, cuando debería regresar a la órbita estatal.

Edesur reabre el debate: qué hacer con las privatizadas

Desde la derecha liberal, de JxC o Milei, la solución es muy clara. No sólo hay que mantener las privatizaciones actuales, sino que hay que reprivatizar las concesiones ferroviarias, Aysa, el Correo Argentino o Aerolíneas Argentinas y cerrar directamente todas las empresas públicas deficitarias. Hay que lanzar fuertes aumentos de tarifas, al estilo de los mega tarifazos de los primeros años de Macri, eliminar todo tipo de subsidios estatales, y en todo caso subsidiar una demanda acotada, de sectores muy pobres o discapacitados, que expresamente lo soliciten. En resumidas cuentas, no van a hacer falta cortes de energía, Ud. mismo va a bajar la palanca de la luz porque no la va a poder pagar.

Dentro de tanto cinismo empresarial, durante el último corte en CABA. Larreta criticó al gobierno nacional por no controlar las inversiones que debía realizar Edesur. Un discurso electoralero, teniendo en cuenta la bronca de los vecinos, ocultando que el gobierno de Macri nunca controló nada, puso de ministro a Aranguren, un CEO de Shell, lo que es como poner al lobo a cuidar las gallinas, y, de paso, le dió una manito a su amigo empresario, el macrista Nicolás Caputo, quien es nombrado como uno de los posibles oferentes para hacerse cargo de la empresa.

Los responsables de Enel argumentan falta de regulaciones, tarifas retrasadas y cuantiosas pérdidas para justificar su decisión de no invertir e irse del país. Los analistas independientes señalan, en cambio, que los negocios regulados con el Estado nunca le dan pérdidas a las privatizadas. Las concesiones de Menem fueron por 90 años, restan 60 de concesión. Según un estudio de la UNA(2) las tarifas de electricidad entre 2015 y 2019 crecieron 7 veces en relación a los precios minoristas, sólo “entre 2015 y 2017 las tarifas de estas distribuidoras eléctricas (Edenor y Edesur) crecieron al menos más de 5 veces en dólares”. El retraso tarifario con respecto a la inflación del actual gobierno, fue a su vez, compensado con fuertes subsidios.

Un ejemplo del negocio que representa la distribución eléctrica en el AMBA se expresó con claridad con la compra de Edenor por parte de un grupo empresario amigo de Massa. Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, compraron la distribuidora eléctrica del norte de la Ciudad y el conurbano por apenas U$S 100 millones a inicios de 2021, hoy la acción ya vale dos veces y media el valor que tenía a la venta en esa fecha.

Tarifazos para cumplir con el FMI

Del lado del Frente de Todos existió cierto tironeo entre los sectores cristinistas, sin cambiar el esquema de privatizaciones menemistas que, salvo algunas excepciones, mantuvieron durante sus tres gobiernos. Preferían una política de sostener con subsidios –que pagamos todos con nuestros impuestos- a empresarios amigos o con los que se pudieran armar buenos negocios. Tenían discusiones con el ex ministro Guzmán, que, atento a los pedidos del Fondo, pretendía ajustes tarifarios para cumplir con las metas del FMI. Las diferencias fueron liquidadas en el acuerdo con Massa, que ya largó aumentos de tarifas, superiores incluso a las que el ex ministro reclamaba.

Así que ahora, en la meta de reducir subsidios para achicar y llegar a la meta de déficit fiscal del 1,9% del PBI, que para este año exige el acuerdo con el Fondo Monetario, las tarifas van a seguir subiendo. Se calcula que, en el 2022 con el enorme incremento de la energía por la crisis internacional y la guerra, estos aumentos produjeron que los subsidios energéticos sólo se incrementaran en un 8% y que el total de las subvenciones estatales bajaran un 0,4%. Si tenemos en cuenta que durante el periodo final del último gobierno de Cristina lo invertido en estos subsidios estribaba en un 4% del PBI, podemos ver la magnitud de los recortes y aumentos tarifarios en curso(3).

Esta reducción del déficit fiscal se ha convertido en la receta mágica para ordenar nuestra economía y pagar la deuda. Según Milei y los liberales de JxC el déficit es el responsable de la inflación, de que los empresarios no inviertan, de todos los males. Para Massa también. Rubinstein habla incluso de lograr superávit primario como en las épocas de Néstor Kirchner. O sea, más achique de las prestaciones sociales, partidas para jubilaciones, asignaciones, planes sociales, sueldos estatales, salud y educación públicas, obras de infraestructura o viviendas populares, como exige el Fondo. Máximo, en medio de la campaña electoral, cuestiona algunos recortes, pero no deja de sostener a Massa que los aplica.

Si para muestra basta un botón, son muy interesantes las declaraciones de un economista top del imperio yanqui como es Jeffrey Sachs, quien, a pesar de exculpar las políticas del FMI de las crisis que atraviesan nuestros países y echarle la culpa a las agencias internacionales calificadoras de riesgo, afirma: “creo que la paradoja de Argentina es que si tomás las estadísticas fiscales de Argentina y las comparas con las estadísticas fiscales de los Estados Unidos o de un país europeo típico, no dirías que Argentina tiene algo inusual en el déficit presupuestario, en la deuda, en el nivel de recaudación de impuestos sobre el PBI o en la tasa del gasto público. Argentina se vería completamente normal. Pero luego ves que la Argentina tiene una inflación del 100% mientras que con los mismos datos fiscales estos otros países tienen una inflación del 5%.” (4)

Más allá de nuestras diferencias con este defensor de la economía capitalista, sus afirmaciones en torno a la magnitud del déficit fiscal de nuestro país enfrentan todas las argumentaciones de los economistas de la derecha liberal, desde los liberales como Milei o Melcomían, hasta Massa o Rubinstein. La crisis que atraviesa la economía y sus empresas públicas son responsabilidad de los que manejan las finanzas internacionales y han endeudado espuriamente al país, el FMI, los fondos buitres y también, como parte del sistema, las calificadoras de riesgo a las que Sachs le echa unilateralmente la culpa.

Un modelo totalmente distinto. Nacionalizar sin pago y con control social Edesur y todas las privatizadas

La crisis energética que atraviesa nuestro país, con un territorio riquísimo en recursos naturales y fuentes de energía, es una paradoja similar a que tenemos un país lleno de comida y millones que comen mal y muchos chicos desnutridos. Esa paradoja se llama capitalismo. Un capitalismo que no tiene nada de “eficiente”, como le gustaría a Cristina y sí mucho de salvaje como es su verdadera naturaleza, en la búsqueda de maximizar sus ganancias a cualquier costo.

Un capitalismo que exige, por ejemplo, sostener una matriz extractiva, con poco agregado de valor industrial, para someter al país como en épocas de la colonia
Por eso junto al avance de una economía orientada a la exportación de soja y otros cultivos con poco valor agregado, ahora el modelo de desarrollo es reforzar esa matriz con la exportación de energía, sea utilizando los recursos de Vaca Muerta, como aprovechando la enorme reserva de litio que posee el país.

La privatización de las empresas públicas: servicios malos y caros

Con un fuerte impulso en la dictadura militar y luego en la década menemista, se fue cambiando por exigencias del imperialismo a una matriz semi cerrada de nuestra economía, en la cual existía un desarrollo industrial de sustitución de importaciones, por otra al servicio de la penetración del capital imperialista con todo tipo de desregulaciones comerciales y financieras.

En ese marco, las viejas empresas públicas que, como YPF, habían contribuido al desarrollo del país, se convirtieron en un botín de guerra. Con la excusa de la desinversión, de la que eran objeto en muchos casos, y los malos servicios, producto de una corruptela constante entre los funcionarios a cargo y los empresarios que negociaban con el Estado. Así se produjo un desguace completo de un patrimonio que llevo décadas construir y que fue producto del esfuerzo de varias generaciones.

Vendidas por papelitos devaluados de la fraudulenta deuda externa argentina, perdimos el control de la petrolera estatal YPF, de los Ferrocarriles, de Aerolíneas, de la Flota Naval y astilleros, de la empresa de Telecomunicaciones, del resto de las generadoras y distribuidoras de Energía, del Correo, etc.

Las empresas que intervinieron en las privatizaciones hicieron grandes negocios, cerraron las ramas que no les producían fuertes ganancias y despidieron personal. Se impuso una nueva matriz en el manejo de las empresas públicas que se mantiene hasta el día de hoy.
Las consecuencias de este modelo privatista fueron que los capitales multinacionales exprimieran a las empresas como un limón y, cuando les extrajeron todo el jugo posible, las malvendieron o el Estado volvió a recuperar el control de algunas de ellas. Muchas veces ante la falta total de inversiones mínimas necesarias para su mantenimiento. Luego, en varios casos, se pagaron indemnizaciones leoninas a las privatizadas para que abandonen su negocio, cuando en realidad debían de ser expropiadas sin pago e incluso incautar todos sus bienes posibles, por los grandes incumplimientos que incurrieron.

La resistencia de los trabajadores y el pueblo, logró en algunos casos frenar la voracidad privatista, como fue la lucha de los trabajadores el Astillero Rio Santiago o de los trabajadores ferroviarios y los familiares de las víctimas de la Masacre de Once, contra Cinigliaro y los funcionarios kirchneristas.

La reestatización trucha de YPF

Un ejemplo claro de la política del PJ, que De la Rúa continuó y el kirchnerismo después, fue el caso de la “renacionalización” de YPF. La privatización menemista provocó el desguace de una empresa que controlaba el 90% de la producción de crudo y gas en el país. Oscar Parrilli fue el miembro informante de la bancada del PJ, un acto que hasta el día de hoy reivindica el kirchnerismo con la excusa del traspaso a las provincias de las regalías petroleras.

La española Repsol agotó la mayoría de la capacidad de los pozos que YPF había explorado durante años e invirtió poca cosa. El país perdió además su autoabastecimiento energético. Cristina en el 2012 compró el 51% de sus acciones, manteniendo su estructura como Sociedad Anónima, con mayoría accionaria estatal. Tendría que haberla expropiado sin pagar un peso, ya que Repsol incumplió todas sus obligaciones. El gobierno pagó U$S 6.000 millones a la empresa española y queda un juicio pendiente ante los tribunales de Nueva York por otros U$S 3.000 millones.

Como la operación se realizó con títulos públicos valuados por debajo de su valor nominal, la Argentina debió entregar a Repsol más documentos públicos para cubrir los montos acordados con los que la operación subió hasta U$S 10.000 millones. Pero, además, dos accionistas minoritarios, Eton y el grupo Petersen de la Argentina, disconformes con la operación, vendieron sus acciones al fondo buitre Burdford Capital y ahora el país afronta una demanda por otros U$S 8.500 millones.(5)
Esto sin hablar del desguace ferroviario, en un país en que el transporte de carga se hace en camiones con un gasto mucho mayor.

Cambiar el modelo

En este marco, las diferencias entre el modelo aplicado por el kirchnerismo y el PJ y el sostenido por la derecha liberal, son de matices. Los primeros sostienen un modelo privatista esgrimiendo un discurso nac&pop que se da de patas contra el verdadero negocio.

Desde el MST en el FITU reclamamos la inmediata apertura de los libros contables de todas las empresas privatizadas para demostrar que donde lo aducen perdidas en realidad existen fuertes ganancias y negociados. Como salida de fondo plantemos la nacionalización sin pago de todas las empresas de energía y todas las privatizadas y la incautación de todos los activos que posean en el país para cubrir lo que se robaron, y además el desconocimiento del CIADI como tribunal arbitral.

Esta reestatización debe hacerse con control social, con el control de sus trabajadores y usuarios, para de esta manera evitar que funcionarios corruptos vuelvan a vaciarlas en complicidad con empresas amigas, como hicieron en el pasado. Negamos por completo el discurso que sostiene que no tenemos conocimientos técnicos para sostenerlas y desarrollarlas. En el país sobran trabajadores, técnicos, ingenieros y desarrolladores con los conocimientos necesarios.

Por último, este modelo de empresas públicas debe realizarse en el marco de un modelo económico distinto que, privilegiando las necesidades de la población y de un desarrollo productivo soberano anticapitalista, rompa con el FMI y los buitres internacionales y genere una matriz productiva distinta, que cuide el desarrollo ambiental y el bienestar de la población y no las necesidades de ganancias fáciles de las multinacionales.

1. CIADI. Tribunal internacional para dirimir diferencias en los contratos entre los Estados y las empresas privadas, que opera como un brazo de las multinacionales a las que favorece con sus fallos.
2. Fuente: “Es necesario estatizar los servicios públicos”, escrito por Germán Pinazo, web de FeTERA , 19/04/2021.
3. Fuente: “Una Edesur bajo gestión estatal: ¿sueño o pesadilla política para el kirchnerismo?”, IProfesional, 20/02/2023.
4. Programa Brotes Verdes, conducido por Alejandro Bercovich, 14/02/2023.
5. Datos de “Edesur ve en su posible estatización la luz verde para hacer un nuevo juicio ante el Ciadi”, Perfil 18/02/2023.

Escribe: Carlos Maradona

En 1992, el gobierno del PJ encabezado por Carlos Menem privatizó YPF y muchas otras empresas del Estado. Se inició así un camino de liquidación de las empresas públicas y entrega a las multinacionales. Con la reforma constitucional de 1994, hija del Pacto de Olivos PJ-UCR, la propiedad nacional de los hidrocarburos pasó a las provincias en un desguace funcional a la privatización.

En 1999, bajo el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, encabezado por Fernando De la Rúa, la corporación española REPSOL compró el 85% del paquete accionario de YPF, valuada en aquel momento en 15.000 millones de dólares.

A fines de 2006, bajo el gobierno peronista de Néstor Kirchner, con la aprobación de la llamada «ley corta» se convalidó la provincialización del petróleo y el gas, a la vez que se otorgaron exenciones impositivas inéditas a la actividad petrolera.

En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aprobó la llamada «argentinización» de YPF: el Estado recompró acciones hasta el 51%, pero sin reestatizarla y conservando la estructura de sociedad anónima cuya propiedad comparte con el Grupo Petersen-Eskenazi, la española REPSOL y otros accionistas privados. Además, se firmó el acuerdo secreto YPF-Chevron para explotar el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

Todas estas medidas fueron siempre anunciadas púbicamente por los sucesivos gobiernos como pasos importantes para lograr el «abastecimiento de hidrocarburos», para «garantizar el desarrollo económico y sustentable de las distintas provincias y regiones del país», y otras veces con el pomposo título de «alcanzar la soberanía energética».

No sólo ninguno de estos objetivos se alcanzó, sino que nos alejamos de ellos y el derrotero de YPF fue de mal en peor. En realidad verdadera soberanía energética nunca hubo porque YPF manejaba menos de la mitad de toda la actividad petrolera del país, o sea que «estatal» era apenas la cuarta parte.

Hoy la empresa está valuada en apenas 1.500 millones de dólares, es decir 13.500 millones de dólares menos que hace 22 años y arrastra una deuda brutal que ya se había refinanciado en 2020. Entramos ahora en semanas claves, en donde el gobierno intentará volver a reestructurarla, con fecha máxima para el 4 de febrero, después de que un importante grupo de inversores rechazara la propuesta de Guillermo Nielsen, presidente de YPF desde que asumió Alberto Fernández. Nielsen tuvo que renunciar y asumió ese cargo Pablo González, un hombre directo del kirchnerismo y sin trayectoria en el área energética.

Mientras tanto, desde agosto de 2020 a la fecha se viene produciendo un aumento permanente de los precios de los combustibles que llegó al 34%. Sólo en enero de este año 2021 hubo tres subas de precios, afectando brutalmente el bolsillo de la población. Encima, se anuncia un nuevo tarifazo para el 12 de marzo.

Sigue la entrega

La crisis de YPF es una expresión de la crisis global del capitalismo y su refracción en la Argentina. Detrás del famoso 51% de las acciones en manos del Estado, la petrolera está tironeada por las empresas multinacionales que han gozado de todo tipo de beneficios impositivos, libertad absoluta para girar sus ganancias al exterior a simple declaración jurada sin control estatal y avances significativos en reformas laborales para atacar derechos históricos de los trabajadores petroleros. El llamado «Acuerdo para la sustentabilidad y el empleo», aprobado para Vaca Muerta entre el gobierno y la burocracia sindical que encabeza Guillermo Pereyra es otra muestra brutal de este retroceso.

Todas las concesiones a las petroleras privadas extranjeras y nacionales no sólo no aseguraron un incremento de las inversiones ni alcanzar la soberanía energética, sino que la crisis actual puede obligarnos a tener que importar más gas en el próximo invierno con un impacto importante en las tarifas. La crisis actual de YPF confirma el fracaso de la entrega de una empresa estratégica y vital para el pueblo argentino a las grandes petroleras multinacionales, que sólo se ordenan por aumentar sus ganancias mientras destruyen el medio ambiente.

Vaca Muerta ha sido un centro recurrente de la agenda política de todos los partidos capitalistas, sin ninguna grieta. La impulsó el gobierno de CFK, Macri continuó y desarrolló esos planes y ahora Alberto Fernández los mantiene. Pero Vaca Muerta esconde destrucción ambiental, saqueo imperialista, precarización laboral, militarización y represión. Allí utilizan el sistema de fractura hidraúlica denominado fracking: una brutal contaminación de las napas de agua para extraer más rápido el petróleo y el gas enquistados en las rocas. Para liberar los hidrocarburos se inyectan millones de litros de agua mezclados con numerosos químicos, entre los cuales ocho tienen efectos cancerígenos comprobados.

Ahora, el gobierno del Frente de Todos, muy lejos de defender la soberanía nacional y con la excusa de evitar el default, sale al mercado a rifar la empresa energética más estratégica de nuestro país.

Desde la izquierda tenemos otra propuesta

Todos estos años han demostrado el fracaso absoluto de las políticas de privatizaciones o de sociedades mixtas con 51% en manos del Estado. No hay pactos ni negociaciones posibles con las multinacionales, que solamente cuidan su propio bolsillo mientras saquean y contaminan. Sin soberanía energética, seguimos presos de tarifazos y constantes aumentos parciales y vivimos amenazados de una disparada brutal de los precios de los combustibles.

Los socialistas proponemos recuperar YPF para los trabajadores y el pueblo. Necesitamos un petrolera 100% estatal, a través de su reestatización. Queremos una empresa estatal única, nacionalizando toda la cadena de producción y comercialización del petróleo y el gas y poniéndolos bajo control social. No podemos seguir dejando recursos fundamentales para nuestras vidas en manos de empresas imperialistas cuya razón de ser es la rapiña. Proponemos un plan energético nacional con control social que garantice gas natural y luz a todos los hogares del país.

A la vez, proponemos anular los tarifazos y parar ya mismo esta cadena de aumentos que viene de años. Precios congelados para los combustibles, la luz y el gas en los hogares e impuestos crecientes a las petroleras, anulando la rebaja de las retenciones a sus exportaciones que les concedió este gobierno.

Volvemos a decir una vez más No al fracking. Obligar a las empresas que lo utilizan a que reparen los daños ocasionados, garantizando el empleo e igual salario a sus trabajadores. Es necesario también construir una nueva matriz energética, para producir de forma planificada, que no contamine y sea ecosocialista: un circuito que asegure energía como derecho social y desarrolle energías limpias y renovables.

Surgirán voces que nos van a decir que esto no es fácil de hacer. ¡Seguro! ¡Nada fácil! No subestimamos a las corporaciones ni a los grandes poderes. Pero hay que decidirse a enfrentarlos. Nuestras vidas y las de las futuras generaciones dependen de que avancemos en ese camino.

El reciente anuncio referido a que la explotación de las líneas de colectivos urbanos en Tucumán podría constituirse en una sociedad entre el Estado y las empresas concesionarias pareciera a primera vista una forma de regularizar de una vez por todas la prestación del servicio público de pasajeros. Nada más alejado de la realidad. En realidad se trata de un nuevo salvataje a los grupos empresariales dueños de las mismas.

Muy pocos tucumanos saben que originalmente las empresas de colectivos urbanos fueron del Estado así como los ferrocarriles que a nivel nacional que dejaron de ser empresas inglesas en la década de 1940.

Sin embargo luego se convirtieron en un gran negocio para las empresas privadas de propietarios de colectivos que obtienen enormes ganancias no solo por la venta de pasajes y abonos, sino fundamentalmente porque son subsidiadas por el Estado.-

Unos pocos empresarios (no más de diez) son dueños de la gran mayoría de las empresas que actualmente usufructúan el servicio de colectivos en la provincia, y solamente en el año 2018 recibieron aproximadamente 1500 millones de pesos en concepto de subsidios y compensaciones, además de las compensaciones provinciales y de los subsidios al Gasoil.-

No obstante estas “contribuciones” escandalosas el servicio que prestan es malo o muy malo y de esto pueden dar fe los mismos usuarios que lo sufren todos los días.-

Y como si fuera poco se atrasan en el pago de sueldos y aguinaldo al personal, no se lo pagan o terminan difiriéndolo en cuotas con el argumento de que la pandemia les ha generado pérdidas. Luego en connivencia con la burocracia de UTA se convocan o amenazan paros  produciendo un grave problema social, que en realidad en vez de ser en defensa de los derechos de los trabajadores ante la falta de pago, son “aprietes” para que el gobierno amplíe los subsidios a las Empresas Privadas.-

 En este contexto una sociedad entre el Estado y las empresas no es más que una especie de salvataje al empresariado como el que hizo en una época el antiguo Banco de la Provincia de Tucumán con los industriales azucareros, con créditos millonarios que sabía de antemano que no iban a ser devueltos.

Desde el MST queremos proponer lo opuesto:

1) Nada de salvataje a los Empresarios del Transporte.

2) Ni un peso más a las empresas que todos estos años recibieron millones y prestaron un pésimo servicio.

3) Por la estatización del servicio urbano de pasajeros, con control y administración de trabajadores y usuarios.

Angel Paliza

]]> https://mst.org.ar/2020/07/30/legislatura-de-cordoba-la-izquierda-propone-estatizar-el-transporte-urbano-e-interurbano/ Thu, 30 Jul 2020 11:39:49 +0000 https://mst.org.ar/?p=25263 La legisladora por el MST en el FIT Unidad, Luciana Echevarría, presentó ayer un proyecto en la legislatura provincial para poner el servicio de transporte público de pasajeros en manos del Estado provincial, controlado por sus trabajadores y usuarios: “Los empresarios del transporte usan la pandemia como excusa para justificar el desastre en el que se encuentra el servicio hoy, pero lo cierto es que el problema es crónico y siempre que ellos aducen pérdidas las terminamos pagando los usuarios con aumento de la tarifa.”

Luciana expuso la situación que vivimos miles de Cordobeses: “Ya llevamos más de 100 días sin transporte interurbano y semanas sin colectivos urbanos. Desde los gobiernos, en lugar de exigirle a las empresas que cumplan con sus obligaciones y respeten los pliegos, las avalan y ayudan a atacar a los trabajadores, profundizando el conflicto. El intendente de la ciudad Martín Llaryora les echa la culpa a los trabajadores, pero lo cierto es que los cordobeses somos rehenes de las empresas y su sed de ganancia. Todos los meses las empresas embolsan 600 millones de pesos en subsidios estatales y se niegan a abrir los libros contables para demostrar su supuesta crisis. Proponemos estatizar bajo control social el transporte para terminar con este curro donde un puñado de empresarios se enriquece a costa de la plata del Estado y los usuarios.”

 “La movilidad es un derecho y como tal debe estar orientada por las necesidades sociales y no por la ganancia empresaria. Nuestra propuesta es una verdadera alternativa a años de desmanejos, crisis y pésimo servicio y tiene como objetivo garantizar los derechos de las mayorías trabajadoras y no del empresariado”, concluyó Echevarría.

Link para descargar el proyecto: https://mst.us8.list-manage.com/track/click?u=31c2b27d0b62aee30b6b36f06&id=d83cdc22bc&e=ce718300ad

De forma ilegal e inconsulta, Kicillof anunció el uso $455 millones mensuales del IOMA, obra social de docentes y estatales, para salvar a las clínicas y sanatorios privados. Otro rescate a las patronales con nuestra plata, cuando es necesario declarar de utilidad pública al sector.

Escriben: Orlando Restivo y Francisco Torres

Junto a su ministro de Salud Gollán y el titular de IOMA, Kicillof presentó esta medida como una supuesta «Propuesta de sustentabilidad del Sistema Sanatorial» cuando se trata de darles a las privadas millonarios «préstamos» en 12 cuotas, sin interés ni fecha de devolución.

Décadas de desinversión y presupuestos de salud al 5% o 6% del total de recursos provinciales, cuando la CICOP reclama un piso de más del 10% para salud pública, llevaron al abandono de los hospitales bonaerenses y en el país. Por eso, profesionales y trabajadores de la salud están entre los mayores contagios por COVID-19 en Argentina y el mundo.

Se arriesga la vida frente a la falta de recursos y elementos de cuidado y seguridad, por lo que se protesta y moviliza reclamando lo necesario. Y por lograr un Sistema Único de Salud estatal, reclamo que se va imponiendo. Con cinismo, Gollán y Kicillof hacen su anuncio como si se tratara de ponerlo en práctica, cuando es lo opuesto: Salvan a las privadas con plata de trabajadores y afiliados a la obra social de docentes y estatales.

«Es un paso histórico en la articulación entre el sistema privado y público», dijo Kicillof al anunciar el acuerdo entre IOMA y FECLIBA, la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires; y ACLIBA, Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta complejidad privados. Entidades que representan a las clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico médico, laboratorios de análisis clínicos, instituciones psiquiátricas y geriátricos privados.

Basta de currar con la salud del pueblo trabajador

Contrariando la supuesta preocupación por la salud pública, los convenios con IOMA suelen ser fuente de millonarios negociados de capitalistas privados, con mafias que lucran con la salud, la obra social y el Estado. Así, pasan los gobiernos pero se repiten las denuncias por consultas no realizadas y facturadas, por la provisión de medicamentos y tratamientos no realizados o sobrefacturados, lo mismo con la entrega de prótesis, implantes, atención especializada o internaciones.

Precisamente, días después de anunciar el salvataje a las privadas, IOMA denunció a la AMP, Agremiación Médica Platense, por una defraudación millonaria, acusando a 12 médicos por facturas truchas. Se trata de facturación por prestaciones no realizadas y se denuncia también a la AMP por no controlar. Es que el convenio obliga a la Agremiación a verificar la documentación mensual de sus agremiados, ya que la AMP factura por el total de prestaciones y se benefician con la defraudación.

También se investiga por facturaciones y fraudes en 2019. Es que solo en marzo, los auditores vieron irregularidades por $8 millones y facturación por prácticas no realizadas, falsificando incluso firmas de afiliados o una mayor complejidad de lo necesario para incrementar costos y beneficios. Como hay guerra de mafias, la AMP lo desmintió y denuncia una «maniobra extorsiva» de IOMA. La salud en medio…

El curro con la salud lleva décadas. El acuerdo de Kicillof, Gollán y las patronales lo avala y profundiza, ya que legitiman el verso de las privadas al decir que las clínicas podrían quebrar por la caída de las prestaciones. En vez de auditar, pedir que abran sus libros y control social por parte de sus trabajadores y usuarios, Kicillof las rescata con plata de docentes y estatales. Al salvar a las privadas, hace lo mismo que Alberto Fernández en el país.

Avalan así a clínicas y sanatorios que, desde que empezó la pandemia, han declarado que caería su tasa de ganancias. A través de FECLIBA, la federación patronal, hablan de una caída en la facturación del 70%, entre Piso, Terapia Intensiva y demás servicios de un sanatorio, estudios ambulatorios y consultas.

Pero esto no coincide con el gobierno, que afirma que la facturación privada habría caído un 45%. Más allá de estas fuertes discrepancias, empresarios y gobierno acuerdan en que habría una caída por la demanda en la pande-mia, ante la falta de concurrencia y baja en las prestaciones.

Ilegal desvío de fondos del IOMA a la salud privada

Amparados en ese supuesto, Kiciloff y Gollán esbozaron un plan de salvataje a clínicas y sanatorios, el que sustentan con los fondos de IOMA. Una apropiación ilegal que viola la misma ley que este gobierno modificó al asumir para que sus fondos vuelvan a ser intangibles.

Pero este plan consiste en darle $410 millones por mes al sistema privado a tasa cero, a devolver en 12 cómodas cuotas. Fondo que dispone de $390 millones para las internaciones y $20 millones para servicios de imágenes dentro de FECLIBA-ACLIBA. Pero lo que nadie sabe es cuándo se pagarán esas cuotas, ya que el convenio estipula que sería «cuando termine la cuarentena». Y peor aún, como los sanatorios recibirán más de un mes de ayuda, les extenderán los plazos y cuotas.

El convenio propone además el llamado Plan de Sustentabilidad con un aumento del 7% del nomenclador (el precio de las prestaciones que brindan los sanatorios) a partir de marzo 2020. Esto representa una suba del 20% con relación al año pasado y un ingreso extra de $45 millones por mes. Eso se suma a los otros $410 millones, con lo que estamos ya en $455 millones mensuales para salvar a las clínicas. Si hay 190 establecimientos, implica dar cuando menos de 2,5 a 3 millones mensuales por clínica.

Además, crean un módulo especial COVID para el cobro de honorarios por el uso de camas. Las privadas dicen reunir 1.500 camas de UTI (de alta complejidad) pero no están ocupadas hoy, mientras que en los hospitales los servicios de terapia intensiva están explotando. En síntesis, las clínicas aducen caída del 70% y reciben millones, pero ¿en realidad pierden con la pandemia? Veamos.

En el sistema privado, la facturación se hace a través de las obras sociales y prepagas. De acuerdo al nomenclador (precios establecidos), éstas le pagan al sanatorio todo lo que el prestador usa para la prestación. Pero la clínica no invierte prácticamente nada. Excepto en tres rubros que son una pequeña parte del gasto global sanatorial: la recolección de residuos patogénicos, el lavado de ropa de cama más la provisión de oxígeno y la masa salarial. Los sueldos miserables que la patronal acuerda con la burocracia de Daer (titular de ATSA y la CGT), disminuyen mucho este costo.

El resto está sometido al precio del mercado, pero si se usan mucho es porque se factura mucho, es decir, hay muchas prestaciones. Los sueldos en cambio son costos fijos. Los demás son variables. ¿Cómo podría perder ganancias un sistema que tiene bajo costo propio y si tuviera menor demanda por COVID, también gasta poco…?

Las prepagas a su vez tienen asegurada su ganancia porque siguen conservando sus afiliados, cobran cuotas excesivas y no brindan prestaciones COVID. Entre 2002 y 2020 esas cuotas aumentaron 4.700%1, pero los salarios mucho menos. ¿No tendrían ellas que financiar el costo de las supuestas «pérdidas»…? Y si gastan menos es que la gente demanda menos. Negocio redondo.

Por un sistema único de salud, estatal

En este marco podemos agregar que quienes aportamos al IOMA no sabemos la real situación de sus fondos, prestaciones, ingresos y gastos. Por lo que exigimos una auditoria social por parte de trabajadores y profesionales, electos democráticamente para investigar y que paguen quienes malversaron fondos. Esto implica exigir a Kicillof que dé marcha atrás con el salvataje privado.

Como dice la CICOP, la situación abre la oportunidad de ir por una salida de fondo, opuesta a la del gobierno. Fortalecer el Sistema Público de Salud con la estatización de todas las clínicas y sanatorios en un sistema único, estatal e integrado, bajo administración y control social.

En ese camino, las obras sociales deberán ser absorbidas e integradas también como parte de ese único sistema estatal, de calidad. Junto a un fuerte aumento del Presupuesto para garantizar que toda la población tenga acceso a la mejor atención y con trabajadores de la salud cuidados integralmente.

]]> https://mst.org.ar/2020/06/25/nacionalizar-latam-con-control-de-sus-trabajadorxs/ Thu, 25 Jun 2020 12:55:03 +0000 https://mst.org.ar/?p=24380 Para defender las fuentes de trabajo

La empresa LATAM, una de las principales compañías aéreas de América Latina hizo pública su decisión de dejar de operar vuelos de cabotaje en nuestro país, lo que significa el cierre de 12 destinos y el despido de más de 1700 trabajadorxs. El día 17 de junio, presentó ante el Ministerio de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis por el que busca, encima, abonar el 50% de las indemnizaciones correspondientes.

Escriben: Aeronáuticxs del MST

LATAM opera en nuestro país desde el año 2005, cuando desembarcó de la mano del gobierno de Néstor Kirchner. Entonces aún era LAN Airlines, empresa de capitales chilenos y cuyo mayor accionista era el actual asesino del pueblo chileno: Sebastián Piñera. En 2010 se fusionó con la brasilera TAM para dar origen a LATAM, transformándose en la principal operadora aeronáutica de nuestro continente.

En nuestro país, la empresa opera 12 destinos internos y 4 internacionales, y llegó a controlar casi el 30% del mercado aeronáutico nacional.

En los últimos años, a partir del desembarco de las compañías low-cost, sus operaciones se fueron reduciendo. Vale aclarar que LATAM nunca se opuso a la «revolución de los aviones» impulsada por el macrismo, sino que apoyó con entusiasmo su gobierno, lo que tuvo su expresión en el nombramiento como vice jefe del gabinete macrista de Gustavo Lopetegui, quien fue durante casi diez años CEO de LAN argentina.

Miserables

LATAM es una de las empresas que con mayor desparpajo demostró lo que significa la voracidad capitalista: a pesar de haber obtenido durante los últimos tres años ganancias record; en plena pandemia despidió a más de 4 mil trabajadorxs de sus filiales chilena, colombiana, ecuatoriana y peruana. Muchxs de ellxs habiendo aceptado reducciones salariales.

En nuestro país, descontó compulsivamente la mitad del salario a sus trabajadorxs, y ahora toma la decisión de dejar sin empleo a más de 1700 familias en medio de la Pandemia.
Mientras, sus accionistas se reparten dividendos por 57 millones de dólares y reciben compensaciones multimillonarias de los Estados, como el ATP en Argentina, el millonario y cuestionado salvataje del gobierno de Piñera, y otro tanto en Brasil.

Pero nada es suficiente para la sed de ganancias de estos empresarios. Las posibles dificultades para seguir avanzando sobre los derechos de sus trabajadorxs llevan a la trasnacional a suspender las operaciones de su filial argentina.

Las razones de LATAM

En un documento de 60 páginas presentado ante el Ministerio de Trabajo, la compañía deja en claro sus razones: imposibilidad de aplicar políticas de ajuste y flexibilización sobre sus trabajadorxs.

La mayor parte del documento enumera los objetivos que LATAM se impuso en los últimos años y que no pudo lograr: fusionar tareas, ampliar horarios, comprimir turnos, reducir francos y feriados, cerrar dependencias, etc. Todo con el objetivo obvio de reducir drásticamente el personal. Medidas que contaron con la resistencia de lxs trabajadorxs.

En palabras de la empresa «Cada iniciativa asociada a estos objetivos [aumento de productividad, competitividad, y eficiencia] fue consistentemente resistida.»

Aunque la empresa pudo avanzar en algunos: cierre de call centers, de oficinas comerciales, de bases en Bahía Blanca y San Juan, tercerización de sectores, etc. Y en el último año, la implementación del Interchange.

Pero nada es suficiente. La Pandemia de COVID-19 fue la excusa perfecta para avanzar en su agenda, comenzando por la reducción del salario a sus trabajadorxs, apelando a aprietes y extorsiones. Al no contar con las garantías necesarias para seguir avanzando en su agenda precarizadora, se van.

Un caso testigo

Lo dicho muestra que se trata de una extorsión lisa y llana por parte de una trasnacional que exige, para operar en el país, avanzar sobre los derechos y conquistas de sus trabajadorxs.
Significa, que estamos ante un verdadero «caso testigo», ya que como el conjunto de la patronal argentina, se prepara para descargar la crisis en los hombros de lxs trabajadores. Ya vemos despidos, suspensiones, reducciones salariales, pérdidas de derechos y conquistas, etc. Y se preparan para profundizar esto en la Argentina pos-pandemia.

De ahí la importancia de la respuesta a esta situación. Hasta ahora, el gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Trabajo, ha dejado correr a la empresa. Como decíamos en un artículo anterior:
«El Gobierno Nacional, que había prometido ‘mano dura para con el empresariado que incumpla’, sin revisar siquiera los libros contables, y muy lejos del ‘les toca ganar menos’, aplicó el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), dándole subsidios millonarios. Así, mientras millones de personas buscan con que subsistir la cuarentena, la CEO de la compañía cobra subsidio ATP. Así de indignante y ridículo como se lee.

A pesar de que el Ministerio de Trabajo finalmente publicó un dictamen dándole a la compañía tres días para pagar el monto salarial descontado, al día de hoy la empresa no ha cumplido y sigue sin recibir ningún tipo de sanciones.»

Para colmo, en medio de un conflicto ya declarado, y pese a la advertencia de algunos sindicatos, se le permitió retirar del país varias aeronaves, que con la excusa de un servicio técnico fueron trasladadas a Chile en lo que constituyó un comienzo claro de vaciamiento. Por eso exigimos en su momento: «para evitar el vaciamiento de la empresa: que toda su estructura, incluida flota de aviones y cuentas bancarias se declaren de utilidad social.»

No se dieron pasos en ese sentido. Lo que sabemos a través de la prensa es que el gobierno intenta convencerlos de que no se vayan. Vale preguntarse bajo qué condiciones, puesto que ya han declarado sus exigencias para continuar operando y aun así hablan de una «decisión tomada».

Nacionalizar LATAM con control de lxs trabajadorxs

Ante esta situación, para lxs aeronáuticxs del MST la única forma de mantener los empleos de las 1700 familias es la nacionalización de LATAM, tomando el Estado nacional posesión inmediata de sus bienes, cuentas bancarias, rutas y absorbiendo al conjunto del personal, integrándolxs al sistema aerocomercial público.

Se trata hoy de la única posibilidad de mantener las fuentes laborales. Es hora de que el gobierno deje de utilizar el dinero de la ANSESS para rescatar a los grandes empresarios que han estafado al país y que tome la decisión política de «rescatar» a lxs trabajadorxs.

Es necesario poner en pie una campaña nacional por la estatización de LATAM y el mantenimiento de la fuente laboral de las 1700 familias.

Organizarse desde abajo

Desde el anuncio mismo de la empresa lxs trabajadores comenzamos a organizarnos a través de asambleas virtuales. Transformando la angustia en fuerza, mostramos la disposición a movilizarnos para enfrentar este atropello. Lamentablemente hasta ahora no fue esa la política de los sindicatos. Muchos de ellos ni siquiera han hecho declaraciones, y otros en lugar de comenzar a organizar la lucha unificada que necesitamos se borran, generan temor, no informan sobre los pasos que dan y mantienen en la incertidumbre al conjunto de lxs trabajadores.

Si algo se demostró en estos noventa días, es que no hay ninguna negociación favorable para lxs trabajadorxs apoyada en la pasividad y la inacción. Sólo la participación de todxs y la lucha unificada puede darle a este conflicto una salida favorable para lxs trabajadorxs.

Los pasos de la extorsión

Reducción salarial unilateral: A tan solo tres días de declarada la emergencia sanitaria, y aun sin haberse declarado la cuarentena, la CEO de la compañía manifestó la ‘necesidad’ de reducir salarios en un 50% como única vía posible de supervivencia para la filial. Considerando que hablamos de una multinacional líder en la región con balances millonarios a sus espaldas, y que en plena pandemia repartió 57 millones de dólares en dividendos para sus accionistas, solicitar ‘cesiones voluntarias’ de salario al personal ya resultaba –de por sí- insultante.
Por si fuera poco, lejos de la imagen catastrofista que presenta en público, en plena cuarentena la empresa continuó volando, tanto para cumplir vuelos de repatriación como para realizar vuelos de carga. Vale aclarar que los vuelos de carga son la principal fuente de ingresos de la compañía y que no sólo se mantienen, a razón de dos a tres vuelos diarios, sino que durante la cuarentena el precio del kilo de carga se multiplicó por cuatro, pasando de un dólar a cuatro dólares por kilo.
Sin llegar a un acuerdo con los sindicatos, la empresa se escudó en el artículo 223 bis de la LCT, y procedió unilateralmente a la suspensión del personal, concretando efectivamente la pretendida reducción salarial, incluyendo al personal que continuó trabajando, o que tenía licencias previas.
El Gobierno Nacional, que había prometido ‘mano dura para con el empresariado que incumpla’, sin revisar siquiera los libros contables, y muy lejos del ‘les toca ganar menos’, aplicó el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), dándole subsidios millonarios. Así, mientras millones de personas buscan con que subsistir la cuarentena, la CEO de la compañía cobra subsidio ATP. Así de indignante y ridículo como se lee.
A pesar de que el Ministerio de Trabajo finalmente publicó un dictamen dándole a la compañía tres días para pagar el monto salarial descontado, al día de hoy la empresa no ha cumplido y sigue sin recibir ningún tipo de sanciones.

Negativa a negociar: Uno de los ‘caballitos de batalla’ de la compañía, es que se vio obligada a esto ante la negativa de los sindicatos a negociar. La realidad es que LATAM nunca estuvo dispuesta a negociar, porque su objetivo fue en todo momento forzar al gobierno y a los sindicatos a aceptar su plan de reestructuración.
Por eso, durante las seis audiencias realizadas mandó siempre segunda y tercera línea a negociar y jamás se movió de su exigencia original de reducción salarial de 50% y reestructuración. Es decir, LATAM nunca intentó una negociación, sino imponer su decisión. Según informan los sindicatos, todas las propuestas presentadas por ellos fueron rechazadas de plano por la compañía (vale aclarar que dichas propuestas son desconocidas por los trabajadorxs y nunca fueron consultadas).

Extorsión a lxs trabajadorxs: Mientras se negaba a negociar con los sindicatos, la empresa utilizó la angustia y la incertidumbre generada por la pandemia para extorsionar a través de reuniones virtuales, contactos individuales y negociaciones por fuera de convenio, instando a lxs trabajadores a firmar ‘acuerdos individuales’ para la reducción salarial.

División de lxs trabajadorxs: Lo anterior fue acompañado por una campaña sistemática que buscó (y en algunos casos logró) dividir a lxs trabajadorxs para aceptar los planteos de la compañía. Apelando a sentimentalismos y apoyada obviamente en la situación angustia e incertidumbre que mencionábamos, la empresa lanzó una operación de marketing que buscaba responsabilizar por el futuro de la compañía a lxs trabajadorxs que se negaban a firmar los acuerdos individuales y por supuesto a los sindicatos. Esta campaña tuvo éxito sobre todo en el sector de vuelo, logrando que un sector muy importante de tripulantes se sintiera parte de una supuesta ‘familia aeronáutica’, que en última instancia redunda en un apoyo a los planes empresariales en lugar de la defensa de sus derechos como trabajadorxs. Lamentablemente, esa actitud que debilita la lucha contra los planes de la empresa no va a evitar que una parte importante de ellxs, sino todxs, pierdan el empleo o vean reducidas sus condiciones de trabajo, como ya sucedió con los más de cuatro mil despidos realizados por el holding en varias de las filiales del continente. En fin, una familia en la que lxs únicos que se salvan son los padres y madres.

Plan de reestructuración: Lo que hay detrás de toda esta extorsión es, como señalábamos al comienzo, un plan de reestructuración de la filial argentina de la compañía, que implica obviamente reducción de personal, mayor precarización/flexibilización y ajuste sobre lxs trabajadorxs. En boca de sus propios voceros, la necesidad de un ‘redimensionamiento del tamaño de la empresa’, de ‘rediseñar las formas de trabajar’, de ‘adecuarse a la nueva normalidad’ teniendo que ‘dejar ir’ a quienes no se adapten. En limpio: achique de filiales, ofertas de retiros voluntarios, licencias sin goce de sueldo, desguace de Convenios Colectivos, despidos. Iniciativas que, por cierto, LATAM logró implementar en otras filiales de la región y que en nuestro país viene intentando desde hace años con el cierre de call centers, de oficinas comerciales, de bases en Bahía Blanca y San Juan, tercerización de sectores, etc.

Garantizar el empleo y las condiciones laborales

La lucha de lxs trabajadorxs de LATAM se enmarca, evidentemente en una situación en la que las grandes patronales, en nuestro país y en el mundo, buscan descargar la crisis sobre nuestras espaldas.
Lxs aeronáuticxs del MST consideramos que no es posible aceptar que empresas como LATAM, que acumularon fortunas durante años gracias a nuestro trabajo; que en plena crisis y mientras ajustan a sus trabajadorxs se reparten ganancias millonarias; que a pesar de sus cuantiosos recursos cuentan con apoyo financiero de los Estados, y que cuando les va bien no socializan sus ganancias, nos hagan pagar su ‘crisis’ a nosotrxs.
No aceptamos el chantaje de que para mantener las fuentes de trabajo haya que ceder nuestros convenios y conquistas.
Por eso planteamos, en primer lugar que se abran los libros contables de la empresa. Así podríamos saber cuál es el estado real de las cuentas de la empresa, su recaudación y el destino de los fondos.
Exigimos que el Estado actué de manera inmediata, en primer lugar para evitar el vaciamiento de la empresa: que toda su estructura, incluida flota de aviones y cuentas bancarias se declaren de utilidad social. Y si LATAM insiste en su política y chantaje, que se nacionalice la empresa, incorporando todas sus rutas, infraestructura y personal al sistema aerocomercial estatal junto con Aerolíneas Argentinas, bajo control de sus trabajadorxs y garantizando por supuesto el salario y los beneficios de sus empleadxs.

Unidad y democracia sindical para ganar

Apenas enterados de la noticia, lxs trabajadorxs pudimos transformar nuestra bronca y angustia en organización y lucha: en la noche del miércoles realizamos una masiva asamblea del sector de tráfico, que duplicó en número las ya de por sí importantes asambleas que veníamos haciendo en plena cuarentena. Muchxs compañerxs que no asisten habitualmente se sumaron y manifestaron la disposición a enfrentar este atropello patronal. A pesar de haber sido invitados, la conducción de nuestro sindicato, no participó.
En la Asamblea resolvimos impulsar una acción el día viernes 19 en el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de instalar nuestro conflicto en la calle y de mostrar nuestra disposición a luchar en defensa de nuestra fuente de trabajo. Mientras la mayoría de lxs compañerxs buscaba la manera de poder movilizarse, lamentablemente sectores de la conducción del sindicato (APA) comenzaron a mostrar su desacuerdo y a través de mensajes privados sembrar dudas para levantar la acción. Sus argumentos eran básicamente que la movilización podía entorpecer las negociaciones, que no contaba con el aval del sindicato, que violaba la cuarentena, etc. Esta actitud es muy peligrosa por tres razones:
En primer lugar, sienta el peligroso precedente de que una acción votada por una asamblea de base pueda ser modificada a través de mensajes privados o de operatorias de algún sector. Este no es un dato menor: en una lucha tan importante como la que afrontamos no hay arma más poderosa que la unidad de todxs lsx trabajadorxs. Y esa unidad sólo puede lograrse si todxs somos partícipes y protagonistas, si todxs decidimos en común los pasos a seguir, si todxs respetamos las decisiones que tomamos en conjunto.
En segundo lugar, levantar la acción significa dejarle las manos libres a la empresa para impulsar acciones en su apoyo, apelando a sectores pro-patronales que buscan instalar que la responsabilidad es de los sindicatos y de lxs trabajadorxs (e incluso del Estado) por ser una traba para las necesidades de la empresa.
Y en tercer lugar, porque la experiencia de estos noventa días demuestra que la negociación por sí sola no alcanza para frenar a una patronal que ha mostrado de sobra su negativa a buscar puntos de acuerdo. La movilización no sólo no va contra la negociación, sino que es la única manera de fortalecerla.
A pesar de que la acción ya había sido votada y que considerábamos equivocado levantarla, lxs aeronáuticxs del MST, convencidxs de que sólo la máxima democracia puede fortalecernos en esta pelea, junto a otrxs compañerxs, decidimos impulsar una nueva asamblea en la noche del jueves. Asamblea que otra vez contó con una participación masiva y que volvió a mostrar la disposición de todxs a defender nuestros derechos.
Para que no quede ninguna duda de que consideramos indispensable la máxima unidad posible para esta lucha, decidimos entre todxs posponer la marcha, para poder convocar una nueva asamblea con la participación de la conducción del sindicato.
Los aeronáuticxs del MST hacemos un llamado entonces a la conducción de APA y el resto de los sindicatos aeronáuticos a buscar la máxima unidad, respetando las decisiones mayoritarias de nuestrxs compañerxs, y haciendo públicas todas las negociaciones para que todxs podamos opinar y decidir.

 Por la defensa de los puestos de trabajo y de las condiciones laborales

 Por la más amplia democracia para decidir. Por la más amplia unidad para luchar

 Apertura de los libros contables de LATAM

 No a la extorsión LATAM. Si no cumple, nacionalización con control de lxs trabajadorxs

Aeronáuticxs de ANCLA/MST
19 de junio 2020

Escribe: Sergio García

Vicentín entre otras cosas, fue socia de la peor dictadura que tuvo el país. Estafadora, fugadora de capitales, agente directo y partícipe del poder político macrista. Monopolio cerealero asociado a la extranjerización. Explotadora, precarizadora con alto número de muertes obreras en su haber. Vía fraudes financieros debe más de 400 millones de dólares a bancos públicos. Un monto similar de deuda impaga a productores, trabajadores y con la AFIP, más deudas privadas. Su deuda total supera los u$s1500 millones. Experta en negocios espurios desde la Bolsa de Comercio de Rosario, deriva facturación a empresas subsidiarias de Uruguay, evade impuestos y realiza subdeclaraciones de importaciones. Posee empresas subsidiarias en Paraguay y España y empresas en provincias con actividades ganaderas, viníferas y algodoneras. Tiene cuentas off shore en Panamá. La historia negra de Vicentín es ejemplo del capitalismo en estado puro.

En «crisis» y «convocatoria de acreedores», no por falta de ingresos sino por fraudes y jugadas financieras, tiene igual números fabulosos. Representa el 9% de la oferta exportable del país, siendo la 4º exportadora en 2018 liquidó más de 8,4 millones de toneladas de granos. En 2019 exportó un volumen todavía mayor y promedia los 10 millones de toneladas. Sus ganancias en miles de millones aumentaron según estudios en más del 90% de 2018 a 2019. Más ganancias como partícipe societario del capital extranjero. Este breve repaso es para contextualizar los motivos para ir contra el poder de Vicentín.

Campañas derechistas y falaces

Tras el anuncio de intervención salieron a velocidad voces políticas, mediáticas y empresarias en defensa de Vicentín. Y se agitó a sectores de la población santafecina para que salga a la calle a manifestar su apoyo al grupo empresario. Estos sectores encabezados por figuras del PRO y periodistas afines, más Lavagna, la UCR, cúpulas agrarias o de la cámara empresaria AEA, reflejan los intereses patronales más concentrados y opositores a cualquier tipo de intervención estatal, así sea muy parcial y limitada, como en este caso.

De ahí vienen las comparaciones ridículas con Venezuela, un modelo que entre otras cosas nada tiene que ver con la izquierda y tiene grandes negocios capitalistas, corporativos y corruptos. Repudiamos todo el andamiaje mediático, político y económico que impulsan quienes defienden un modelo capitalista decadente y corrupto.

Alberto, el capitalista que aclara

La derecha que critica a Fernández habla de supuestas e irreales medidas socialistas. Nada más lejos de la realidad. El propio Fernández salió rápido a explicitar su verdadero proyecto para Vicentín y el sistema productivo; un proyecto capitalista de principio a fin.

Antes que la campaña en su contra ganara más peso, el presidente dio declaraciones que permiten no discutir falsedades. Deberían tomar nota de esto quienes desde las organizaciones afines al gobierno hablan de esta medida como si fuera parte de un cambio de fondo, de soberanía productiva o de un nuevo sistema alimentario. Nada de esto expresa Fernández en su plan; «Rescatamos una empresa en apuros…nadie puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas, esencialmente porque no creo en eso. La medida sobre Vicentín es algo absolutamente excepcional».

En igual sentido el ministro Kulfas bajó el tono y aclaró: «Nos pareció apropiado realizar una intervención puntual y virtuosa que permitiera rescatar la empresa…lo esencial, en cualquier caso, es el rescate. Había que salvar una compañía en crisis cuya caída podía implicar problemas muy graves». Por eso nuestra referente del MST de Santa Fe Jime Sosa expresó en su tuit «rescate de estafadores no».

Saber esto es útil de cara al tratamiento en el Congreso y para disipar dudas en torno a si estamos ante un avance positivo en política productiva y alimentaria. No es así. Hay una acción puntual y parcial sobre una empresa estafadora. No habrá cambios de paradigmas ni un plan alimentario nacional por fuera de las grandes exportadoras, que seguirán teniendo el 90% de las exportaciones y negocios. Es la realidad que el gobierno no va a modificar. Por eso no es casual que sectores empresarios como la UIA y parte de los productores del campo apoyen la intervención, sin ver ningún «socialismo» en esta medida. También sectores internacionales con quien Vicentín tenía deudas han apoyado la intervención, viendo que así podrían cobrar. Mientras, no casualmente, el gobierno negocia un nuevo acuerdo de deuda externa con los bonistas ofreciendo nuevos bonos atados a las exportaciones agrícolas.

De hecho en el proyecto presentado hay rescate. Como correctamente nos dijo un trabajador de Vicentín que integra ANCLA, la agrupación clasista del MST, «La indignación con la empresa era muy grande, así que muchos trabajadores ante el anuncio sienten cierto alivio porque había incertidumbre, pero a la vez piden que todo se investigue a fondo y que paguen los responsables incluso con cárcel». Esa indignación lógica de los trabajadores no está contemplada. Se dice que por ley las expropiaciones se hacen con indemnización, sea pagando o usando parte de la deuda de Vicentín con el Banco Nación. Es decir, con argumentos leguleyos equivocadamente se le pagará de alguna forma. Y además: ¿No se va a investigar toda la deuda y todos los negociados financieros? ¿Y por qué no se toman otros activos del grupo empresario para cobrar toda la deuda en vez de legalizarla? El proyecto no habla de esto y absorbe la deuda fraudulenta. Mientras se hacen estos debates, se nota con creces el carácter del gobierno, que ante semejante fraude al Estado igual busca la manera de sostener intereses capitalistas. Al cerrar esta nota, AF recibirá al CEO de Vicentín. ¿Recule oficial en puerta?

YPF y el nocivo posibilismo

Como parte del debate de expropiación entró en escena el modelo YPF como supuesto ejemplo a seguir. Es así porque se habla de expropiar acciones por un 51% y dejar el resto en manos empresarias, como en su momento se hizo con Repsol. Se propone avanzar a una empresa mixta con escasa mayoría estatal pero negocios compartidos. Recordemos que YPF se mantuvo como S.A. y rápidamente pasó a nuevos acuerdos con Chevrón y otras multinacionales liquidando toda soberanía energética. Ese modelo, audaz en el relato y conservador en los hechos, mostró lo que es; un fracaso absoluto en materia energética. No hubo cambios sustanciales; las multinacionales siguen actuando, seguimos hablando de Vaca Muerta con multinacionales y fracking con impacto negativo ambiental, tenemos dependencia e importamos y pagamos la nafta a precio dolarizado y cada vez más cara. La YPF del PJ es un fraude a la soberanía.

Con el tema Vicentín se juega una lucha política. Como siempre los sectores afines al gobierno y sus alas ligadas a movimientos sociales o progresistas, agitan una supuesta lucha épica contra la derecha. A partir de allí argumentan lo de siempre; «es lo que se puede hacer, no da para más, no hay relación de fuerzas. ¿Qué quieren? Si avanzamos más se nos vienen todos encima. La derecha es fuerte, podemos hasta acá». Todo un andamiaje argumentativo que tan solo es el caparazón justificatorio de un proyecto político capitalista y defensor del gobierno. Argumentos falaces que intentan poner en falsas razones objetivas su nula voluntad subjetiva.

Un proyecto socialista

Los socialistas proponemos avanzar a fondo contra Vicentín. Apelando a la organización democrática y masiva de los aceiteros y trabajadores en general para objetivos de fondo. La política seria ante Vicentín es avanzar a una expropiación total sin ningún tipo de indemnización, estatizando toda su estructura productiva y poniendo a producir la empresa bajo control de sus trabajadores. Investigar todos sus negociados y hacer que paguen todas sus deudas con la banca pública, con productores y con los trabajadores mediante sus activos, cuentas de otras empresas y con los bienes de sus dueños.

A la vez no hay forma de provocar cambios en la política alimentaria con esta medida parcial sobre Vicentín. Tener «un caso testigo» como dicen desde el gobierno, solo sirve para ver más de cerca lo que otras exportadoras seguirán haciendo a su antojo. Hace falta nacionalizar la banca y el comercio exterior, para que todo el flujo de divisas y las exportaciones e importaciones las controle el Estado. Hay que recrear una Junta Nacional de Granos y gran empresa pública y unificar la política alimentaria, alentando la diversificación productiva de acuerdo a nuestras necesidades sociales y no de acuerdo a la ganancia empresaria. Hay que terminar con los puertos privados de empresas exportadoras, quitarles todo privilegio y control comercial. Y avanzar en más expropiaciones y control obrero y social si queremos atacar el hambre, la desocupación y frenar la fuga de divisas. Este proyecto integral y apoyado en la movilización obrera y popular proponemos desde el MST en el FIT Unidad.