No es una catástrofe natural: es una decisión política

La Patagonia vuelve a arder mientras el Estado nacional llega tarde y mal. Poblaciones evacuadas, brigadistas desbordados y territorios arrasados revelan una crisis ambiental estructural.

En La Rioja, hace algunos meses sufrimos incendios y hoy padecemos inundaciones que arruinan pueblos enteros, afectan a familias y dejan caminos y puentes destruidos.

Esta catástrofe no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas que priorizan ajustes presupuestarios, negocios inmobiliarios y modelos productivos extractivistas por sobre la protección del territorio.

El gobernador Ricardo Quintela, mediante Facebook 1, quiso polemizar con Milei por su inacción frente a los incendios en la Patagonia y por su postura sobre el cambio climático.

Reconocer que el cambio climático existe es un paso necesario —si fuera 1990—; hoy es lo mínimo. Solo la extrema derecha anticiencia se anima a negarlo con discursos de barbarie. Pero el verdadero debate empieza cuando se señala qué lo produce y quiénes se benefician de ese modelo.

En La Rioja, el gobernador reconoce la crisis ambiental mientras impulsa el mismo esquema que la profundiza: extractivismo y megaminería al servicio del capitalismo. No se puede denunciar el cambio climático y, al mismo tiempo, promover un modelo económico basado en el saqueo del territorio, el uso intensivo del agua y la destrucción ambiental.

Extractivismo: el gran ausente del discurso

El cambio climático no es un fenómeno abstracto ni inevitable, tiene responsables concretos: el capitalismo y sus formas de explotación de la naturaleza.

La avanzada minera en la provincia forma parte de ese problema. Sin embargo, en el discurso oficial no aparece ni una autocrítica. Se denuncia al gobierno nacional, pero se absuelve al propio gobierno provincial, que presenta la megaminería como salida económica.

Soberanía selectiva y tierras extranjerizadas

Quintela habla de soberanía cuando cuestiona decisiones nacionales, como en el caso del puerto de Ushuaia. Pero esa preocupación no se refleja en nuestra provincia.

La ley establece que ningún departamento o municipio puede superar el 15 % de tierras en manos extranjeras. Sin embargo, en Chilecito y Lamadrid ese límite ya fue superado y, en el caso de Lamadrid, la extranjerización supera el 50 % del territorio, justamente donde más avanza la explotación minera. 2

Esta semana nos enteramos de un nuevo proyecto minero, “Solitario 17” 3, a cargo de la empresa NGEx Minerals, integrante del Grupo Lundin, una multinacional. Qué casualidad, ¿no? De eso, el gobernador no dice una palabra.

Crisis hídrica, minería y el negocio del agua

La crisis del agua es real. Pero el gobierno provincial elige a quién señalar como responsable: el cambio climático y el ciudadano/a.

Con la llegada de Mekorot se avanzó en convenios sin licitación previa, sin consulta popular y con contratación directa de un servicio que podrían haber prestado organismos científicos, universidades y profesionales locales que viven en carne propia la crisis hídrica y sus consecuencias socioambientales.

La visión que se impone es clara: cobrar el agua y responsabilizar al ciudadano por la escasez —dicho por el propio gerente de Aguas Riojanas 4— mientras se oculta que la mayor parte del recurso hídrico se destina a la megaminería y a grandes plantaciones de monocultivo, como el pistacho.

Hablar de cuidado ambiental mientras se mercantiliza el agua y se protege a los grandes consumidores es una contradicción imposible de ocultar. Y, por último, no podemos ignorar que la empresa israelí Mekorot está acusada de realizar un apartheid del agua en Gaza, siendo partícipe necesaria del genocidio que sufre el pueblo palestino. Cualquier beneficio que obtenga de nuestra provincia —dinero, acciones o información— queda ligado a ese crimen.

La pobreza como excusa para el saqueo

Cada vez que se cuestiona la megaminería aparece el mismo argumento: “es la única salida contra la pobreza”. Quintela lo actualizó. Ahora dice que el problema es que el gobierno nacional no envía los fondos coparticipables y que la Nación nos debe.

De vuelta usamos una verdad para decir una mentira. El gobierno nacional se quedó con fondos de La Rioja, sí. Ahora bien, ¿Qué tiene pensado hacer el gobernador con esos fondos? Según sus discursos, dar aumentos salariales. Pero, en realidad, el día que se votó la ley de reparto de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), podrían haber votado el dictamen del FIT-U, donde por ley toda la plata que llegaba a las provincias era para aumentos salariales. No lo hicieron.

Damos un ejemplo más: Quintela gobierna desde 2019. Cuando coincidió con el gobierno de Alberto Fernández, la provincia recibió récords de fondos coparticipables y los salarios no aumentaron. Preguntémosle a los docentes y al personal de salud.

Queda claro que la pobreza no se combate entregando el territorio, contaminando el agua y precarizando el trabajo. Ese discurso solo sirve para justificar negocios para pocos, mientras las comunidades cargan con las consecuencias sociales y ambientales. La megaminería no es una solución, es una profundización del problema.

¿Más hipócrita no había?

Cuando el Estado falla de manera repetida, no estamos frente a un error aislado. Estamos frente a una decisión de gobierno. La ausencia constante ante tragedias previsibles no es desorden ni casualidad: es una decisión. Esto escribió Quintela. Ahora su misma frase aplica para nuestra provincia.

Las inundaciones en Villa Mazán, con promesas de obras hídricas incompletas desde 2015, son el reflejo de un Estado que solo usa la crisis hídrica para inculpar a la población y justificar aumentos en los servicios. Ahora bien, si en vez de regalar nuestros recursos y garantizar ganancias increíbles mediante exenciones tributarias cobráramos esos impuestos y los destináramos a obras hídricas de prevención y acumulación de aguas de lluvia, tendríamos un Estado presente.

No hay salida con extractivismo

Para el extractivismo solo hay grieta discursiva. Desde el gobierno nacional, negacionista y oscurantista, y desde el gobierno provincial, con un discurso verde, ambos aplican el extractivismo, la extranjerización de la tierra y la pérdida de soberanía.
Porque comparten un modelo: el de la reprimarización de la economía. En un mundo cambiante, donde crece la disputa imperialista, tanto Estados Unidos como China pelean por los recursos, y países como el nuestro solo tienen un rol: ser una semicolonia proveedora de bienes a extraer.

Así como enfrentamos al facho de Milei en las calles, con la máxima unidad, como venimos haciendo —y lo haremos contra la reforma laboral y contra el intento de modificar la Ley de Glaciares (ojito cómo votan los diputados de La Rioja)—, tenemos que enfrentar estas falsas soluciones.

No alcanza con señalar a Milei ni con reclamar un Estado nacional presente. La pregunta de fondo es para quién gobierna ese Estado. Desde el MST lo decimos con claridad: no hay salida ambiental ni social con extractivismo ni con capitalismo “progresista”. Defender la vida, el agua y el territorio implica romper con el saqueo y el extractivismo y decidir colectivamente qué modelo de provincia y qué país queremos.

1. Quintela, R. (s. f.). Publicación sobre incendios en la Patagonia y cambio climático [Publicación en Facebook]. Facebook.
   https://www.facebook.com/share/1L2khsqABv/
2. Observatorio de Tierras. (2025). La extranjerización de tierras en La Rioja: situación por departamentos. Observatorio de Tierras. https://observatoriodetierras.blogspot.com/2025/12/la-extranjerizacion-de-tierras-en.html
3. Nueva Rioja. (s. f.). Inician perforaciones mineras en General Lamadrid para evaluar un corredor metalífero de escala mundial. Nueva Rioja. https://nuevarioja.com.ar/sociedad/inician-perforaciones-mineras-en-general-lamadrid-para-evaluar-un-corredor-metalifero-de-escala-mundial.htm
4. Aguas Riojanas. (s. f.). Declaraciones sobre la crisis hídrica [Publicación en Instagram]. Instagram.
   https://www.instagram.com/p/DN3Zauu4jIG/

Francisco Narvaez

Escribe: Jessi Gentile, Red Ecocosociaslista – MST

El litio es el elemento número tres de la tabla periódica, hablamos del metal más liviano, es electropositivo, su función es clave para acumular y almacenar energía en baterías, a diferencia del sol, el viento o el petróleo no es una fuente de energía sino de almacenamiento.

En relación al oro que fue descubierto en el 4000 a.c, el litio es un metal muy joven, descubierto en Suiza en 1800 y en nuestra Puna en 1920, aún no tiene el historial de guerra y conquistas que el oro, sin embargo, hoy le da carga a los dispositivos que son indispensables en nuestra vida, computadoras, celulares, tablets etc.

La batería del celular fue desarrollada en 1980 y en 1991 la empresa Sony la empezó a comercializar porque facilitaba tener una batería de muy bajo peso, pero con mucha capacidad energética, transformando al litio en el rey de la eficiencia.

Su uso habitual era para tratamientos de farmacología, en vidrios, cerámicos, como absorbente de CO2 en los submarinos, pero su uso explosivo fue con la batería.

En la actualidad un celular contiene menos de 1 gr de litio, un auto Tesla 6 kg, equivalente a 17.000 celulares. Este dato se refleja en la demanda y explotación del litio en la Puna. Si se pretendiese transformar todo el parque automotor de un país a batería de litio, estaríamos hablando de la extinción de nuestros salares, del agua y las comunidades que lo habitan.

No es transición energética, es ecocidio extractivista

El litio no se encuentra en esa condición de metal en la naturaleza, a diferencia de lo que ocurre con el oro, la plata o el cobre. El litio se puede obtener de ciertas rocas a través de la megaminería a cielo abierto con lixiviación sulfúrica, y su máxima explotación radica en Australia.

La otra fuente son los salares de altura, como Uyuni en Bolivia, Atacama en Chile o el salar del Hombre Muerto en Catamarca, el de Olaroz en Jujuy y en la Puna salteña.
Los salares son perforados entre 1.000 y 3.000 metros de profundidad hasta llegar a las napas con salmueras (ríos subterráneos) extrayendo con bombas y depositando el agua en enormes piletones de grandes extensiones, como tres mil veces la cancha de River. Durante 18 meses se evapora el agua al sol, es decir se pierde el agua que es de las comunidades y luego precipitan las sales para obtener el cloruro de litio y luego el carbonato de litio.

Argentina, Chile y Bolivia; el verdadero triángulo de las Bermudas 

El ranking de los países con las mayores reservas del mundo lo lidera Bolivia, con 21 millones de toneladas de litio; le siguen Argentina (19 millones); Chile (9,8 millones); Estados Unidos (9,1 millones) y cierra el top cinco Australia (7,3 millones). Hay más litio en Sudamérica que en Australia, aunque en éste último es más fácil extraerlo, es también más más caro, cuesta 9.000 dólares una tonelada y en Sudamérica 3.500. Algunos dirán que la diferencia de costo tiene que ver con el método de extracción ya que en roca se requiere de más tecnología y energía que la evaporación al sol, que es gratis. Aunque hay que agregar que nuestro país es amigable con las corporaciones extranjeras ofreciéndoles un país con regulación cero, con dependencia y carencia de dólares, con mano de obra precarizada y con endeudamiento externo. Además, desde 1994 la Constitución establece que los bienes comunes son de las provincias, (¡como si la hidrogeología conociera de fronteras!) lo que implica dejar a conveniencia de cada élite provincial la «negociación» de nuestros bienes con corporaciones mafiosas que manejan presupuestos más grandes que los PBI del NOA.

En los tres países latinoamericanos.  la exploración y explotación son muy distintas, aunque las consecuencias son las mismas: crisis hídrica en ecosistemas áridos, extinción de los humedales con su respectiva flora y fauna, despojo de comunidades y desocupación.

En Bolivia la explotación la hace el Estado y se asocia con privados para darle valor agregado una vez que obtiene el recurso. En Chile con el legado privatista de minerales y agua, el litio fue declarado estratégico y lo concesiona CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) a dos empresas privadas que extraen el metal hace más de 40 años, pagando el 40% de regalías y obligadas a vender el 25% del litio en el país.

En nuestro país dos empresas están extrayendo litio aunque hay decenas de proyectos en danzas, Sales de Jujuy-Orocobre -Toyota y Livent que está en Catamarca desde los 90. Entre las dos producen unas 35.000 toneladas anuales de las 459.000 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente que se producen en el mundo entero.

Argentina exporta el 100% como commodity a muy bajo valor y bajo el escandaloso código minero menemista, el cual impone que la regalía provincial es del 3% pero al valor de boca de mina, o sea al valor de la salmuera. Es decir, de 380 millones de dólares de recaudación los Estados cipayos se quedan con menos del 3% y los pasivos ambientales, mientras las corporaciones se quedan con las ganancias. A esto se suma el escándalo de corrupción por evasión impositiva de Livent que estaba exportando a 4.000 dólares la tonelada cuando el valor de mercado en ese momento era de 9.000 dólares.

Desde la invasión de Rusia a Ucrania la tonelada de carbonato de litio aumentó a 70.000 dólares y la proyección es que para los próximos 10 años la demanda supere a la oferta. Negocios para el triángulo de impunidad de poder político, judicial y corporativo, despojo para las mayorías sociales.

Entender el colapso y organizar la respuesta 

La ecuación que milita sin grieta la clase política es que la crisis se supera pagando al FMI y aumentando las exportaciones, una fantasía cruel que están pagando con hambre, miseria y desocupación, en un nuevo ciclo de saqueo, las mayorías sociales. La frontera extractivista del modelo primario exportador se sigue expandiendo a costa de destruir humedales, bosques, salares, contaminando y secando ríos, entregando el mar y destruyendo nuestros principales ecosistemas. La inflación camina al 120% cuando termine el año, se acaba de conocer que asciende a 18 millones de pobres la población argentina y que el porcentaje de niñez (menores de 15 años) alcanza la vergonzosa cifra del 54.2%. Con 20 millones de trabajadores ocupados de los cuales el 45,3% está precarizado.

Mientras más exportamos y más divisas entran, más pagamos y más nos empobrecen. La deuda sigue ascendiendo, llegando hoy a $396.540 millones de dólares.
El país está quebrado y es criminal seguir insistiendo con fórmulas caducas que nos han traído hasta este colapso. Rechazamos toda forma de apropiación en manos de esta lógica capitalista, corporativa y de sus gestores políticos. El modelo de producción hay que cambiarlo invirtiendo la ecuación, produciendo en función de lo que necesita la población y no la ganancia privada. No se pueden gestionar los territorios como si estuviéramos en 1880, no tiene precio la cuenca hídrica de los salares, sobre el curso del agua se organizan la vida de las comunidades y los animales. El saqueo está secando todo.

El falso progresismo y la derecha más rancia tienen puntos solidarios cuando se trata de exprimir nuestros territorios a base de contaminación y represión. Son todos negacionistas de la crisis climática pero entusiastas pagadores al FMI.

La transición post fósil no es un debate, es una urgencia evidente, pero tiene que ser sobre la base de la planificación democrática de la economía, con los trabajadores y las comunidades dentro y requiere una perspectiva internacional de complementariedad productiva y colaboración. Cambiando el régimen social de propiedad. Al mismo tiempo terminar con la obsoles-cencia programada que produce dispositivos eléctricos de corta durabilidad, es un patrón de acumulación insostenible. Al consumo fomentado de forma artificial hay que reemplazarlo por el derecho a la información pública real científica, para una re-educación consciente. Para esta perspectiva antisistémica y ecosocialista tenemos que organizarnos y en simultáneo seguir planteando que se aplique el principio precautorio, que establece que toda modalidad productiva que pueda impactar negativamente debe ser suspendida, como así también la ley general de ambiente que nos asiste como razón, incluso legal y de democracia básica. Que promuevan por ejemplo la consulta popular vinculante, para que sean los pueblos los que decidan, como ocurrió en Esquel hace 20 años contra la mega-minería.

Las movilizaciones en rechazo a la explotación petrolera en las costas bonaerenses son contundentes. La fuerza del Atlanticazo inspirado en el triunfo popular del Chubutazo, genera alarmas en los defensores del extractivismo de todo pelaje. Pero en especial nos queremos referir al Gobierno, responsable de la entrega, que desesperado en justificar el ecocidio comenzó una ofensiva sirviéndose de muchos argumentos

La Agencia Paco Urondo publicó el 15 de enero un extracto del libro Geopolítica de la Amazonía de Álvaro García Linera (ex vice de Bolivia y teórico del posibilismo) en donde se justifica el uso extractivo de nuestros bienes comunes. En el mismo, el autor explica por qué terminar con todo extractivismo contaminante es inviable en un mundo capitalista globalizado. Es una verdad en abstracto. Utiliza una máxima con lenguaje marxista para justificar el sometimiento al extractivismo en los países periféricos. Eso es lo concreto. Porque al no proponer cómo llegar a liberarnos del extractivismo mundialmente, por omisión está diciendo que es imposible hacerlo.

El autor a través de un reduccionismo concluye que extractivismo es “extraer materias primas”. Con esta lógica, iguala al imperialismo y a los países dependientes mágicamente. El imperialismo sostiene su hegemonía en la dependencia económica sobre los países más pobres sobre los cuales aplica el extractivismo, los mantiene en una división del trabajo beneficiosa para los imperialistas: que solo generen materias primas de exportación que luego utilizan los países industrializados para exportar al mundo entero, y así América Latina, África y parte de Medio Oriente no tienen capacidad de subsistencia propia ya que necesitan importar gran parte de los productos industrializados y esa relación de intercambio desfavorable profundiza la dependencia. Entonces, extractivismo implica destruir el medio ambiente de los países pobres directamente, empeorando la calidad de vida de millones de personas, además de extraerles las riquezas naturales y someterlos a una dependencia más profunda.

Ahora bien, lo que Linera también elige omitir es que los llamados progresismos tuvieron su oportunidad histórica para modificar “la correlación de las fuerzas geopolíticas del mundo’’. Gobernaron durante una década casi toda América del Sur. Lula en Brasil, Evo en Bolivia, Chávez en Venezuela, los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Mujica en Uruguay. Pero, más allá de las diferencias entre ellos, en vez de aprovechar la conciencia antiimperialista que los llevó al poder y el enorme apoyo social que exigió cambios de fondo, todos estos gobiernos sostuvieron y profundizaron una estructura económica dependiente del imperialismo fomentando la industria hidrocarburífera, agroindustria y la megaminería. En nuestro país, la soja transgénica ingresó de la mano de Felipe Solá y desde los 90 las hectáreas cultivadas con agrotóxicos aumentaron un 1000%, Cristina Kirchner impulsó el acuerdo YPF-Chevron introduciendo el fracking en Neuquén y entre 2003 y 2013 los proyectos mineros activos pasaron de 18 a 614. Es decir, no es que no se pudo, no se quiso. Y tampoco se va a poder nunca si no se quiere.

El capitalismo es extractivista

No hay posibilidad de una transición energética en el marco de este sistema. Quien diga lo contrario niega la etapa histórica que atraviesa el capitalismo. Según un informe de Oxfam, el 1% más rico de la población mundial ha sido responsable de más del doble de las emisiones de carbono que las 3100 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad. De seguir en este camino, será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 °C antes de 2030. Y entonces, el cambio climático será irreversible. Por lo tanto, es irreal pensar que las corporaciones que hoy fomentan el extractivismo más adelante financien una transición energética. Porque les requiere más inversión y menos margen de ganancia. Y es falso también que los gobiernos quieran ir en ese sentido. La única política económica del gobierno de Alberto Fernández es más extractivismo para conseguir los dólares para pagar la deuda trucha que tomó Macri con el FMI y volver al mismo cuento de siempre para entregar todas nuestras riquezas a las multinacionales.

Linera afirma: “Detrás del criticismo extractivista de reciente factura en contra de los gobiernos revolucionarios y progresistas, se halla pues la sombra de la restauración conservadora.” Falso es poco, canallesco es más apropiado. Quienes le dieron continuidad al modelo neoliberal fueron ellos. No es casualidad que la pobreza estructural en Argentina haya aumentado. En 1992 era del 33,2%, y ahora es del 44,2%. ¿De qué distribución de la riqueza hablan?

Sin romper con la acumulación extractivista y resolver los problemas estructurales, los parches de mejora social serán sólo parches y ni siquiera. El 2021 fue récord en exportaciones con 40.000 millones de dólares, sin embargo 7 de cada 10 chicos son pobres en la provincia de Buenos Aires. Los funcionales a la derecha no somos los anti-extractivistas, sino quienes en nombre de un falso progreso, le garantizan riquezas a las corporaciones y atacan aún más esta limitada democracia, impidiendo que las comunidades decidan. Y cuando los pueblos se rebelan contra sus planes, como en Chubut y Mendoza, responden con represión y con nuevos intentos de avanzar en más extractivismo. Así, la derecha festeja las consecuencias prácticas del posibilismo.

¿Cómo superar el extractivismo?

Para reconvertir la producción en base a energías renovables es fundamental planificar democráticamente la economía al servicio de las necesidades sociales. Sobre la base de anular todas las concesiones de explotación offshore, prohibir el fracking, la megaminería, los agrotóxicos, la especulación inmobiliaria. Y luego, para empezar a decidir, hay que tener información clara. Es necesario democratizar la comunicación, eliminando la publicidad engañosa. Garantizando una educación con perspectiva socioambiental en todos los niveles educativos. Financiando proyectos de investigación científica sobre energías limpias y renovables. Y a la par, que el conjunto de la población decida qué, cómo, dónde y cuánto producir.

Hay que recuperar y nacionalizar todo el transporte público con control de sus trabajadores y usuarios, para disminuir la contaminación. Realizar una reforma agraria integral con agroecología para recuperar nuestra soberanía alimentaria, expropiando a los grandes pooles de siembra y que millones de familias se radiquen en el campo. Proponemos modificar la gestión de residuos urbanos, separándolos desde su origen, con plantas de recolección y reciclaje estatales. Utilizar una minería tecnológica para recuperar y reciclar el material ya extraído. Financiar proyectos de energía solar, eólica, biocombustibles con plazos y objetivos concretos. Toda esta inversión estatal es posible si rompemos con el FMI y dejamos de pagar la deuda externa, nacionalizando la banca y el comercio exterior para evitar que lo que se recauda se lo lleven afuera.

Esto solo será posible con gobiernos que tengan la voluntad política para encarar estos desafíos. Pero se demuestra que ni este gobierno y menos la derecha, la tienen. Hasta cajonean la ley de humedales, necesaria para evitar nuevos desastres ecológicos. Por eso, la movilización y la organización son la clave para derrotar sus planes extractivistas. Y a su vez, para ir a la ofensiva y poder aplicar esta agenda necesaria, esa fuerza social movilizada tiene que ir acompañada de una alternativa política que impida que las corporaciones sigan tomando las decisiones y se pueda abrir paso a una democracia del 99%, a una sociedad socialista. Y para eso, creemos que las y los trabajadores juegan un rol clave, ya que son los que dominan la producción social. Por eso, en Chubut fue determinante el paro que realizaron portuarios y marítimos para derrotar la zonificación.

Sigamos la pelea, este próximo 4 de febrero tenemos que ser miles en las calles de todo el país para decir bien fuerte que No es No.

]]> https://mst.org.ar/2021/05/12/si-sos-parte-del-problema-no-sos-la-solucion-plan-de-desarrollo-humano-integral/ Wed, 12 May 2021 21:34:56 +0000 https://mst.org.ar/?p=29750 Escribe: Red Ecosocialista, CABA

Hace pocos días fue novedad la incorporación orgánica de Jóvenes por el Clima, la influencer organización socioambiental, al “Plan de Desarrollo Humano Integral” (anteriormente “Plan General San Martín”). Este plan fue presentado en 2020 por organizaciones de la coalición gobernante como una estrategia para reactivar la maltrecha economía argentina.

Entre sus principales ejes temáticos, proponen crear 270 mil puestos de trabajo registrados y 4 millones de puestos en la economía popular, repoblar el país a través de nuevos emprendimientos industriales y plantean un modelo de transporte polimodal más económico y “amigable” con el ambiente. Además, expresan su intención de mitigar la crisis climática y garantizar vivienda, servicios públicos y un piso de derechos a los sectores más empobrecidos y superpoblados de la urbanidad.

Hasta acá se nos presenta como un pomposo plan soberano, obrero y popular; ahora bien, veamos qué actores son parte de esta formulación. El Vaticano; la CGT con Gerardo Martínez -UOCRA-, reconocido por su activa participación en la última dictadura cívico-eclesiástica-militar y por manejar patotas que apalearon tanto a la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida (Córdoba), que bloqueaba el ingreso de camiones contra la instalación de la mayor planta de Monsanto en Latinoamérica, como a vecinxs y a Gustavo Castro, director de Habitat y Tierra de Lago Pueblo, durante una manifestación de chubutenses contra la megaminería que pretende instalar el gobernador Mariano Arcioni con el apoyo del presidente Alberto Fernandez y por la que anularon recientemente la Iniciativa Popular; Sergio Sasia -Unión Ferroviaria-, socio y sucesor del criminal José Pedraza; Juan Carlos Schmidt de dragado y balizamiento; entre otros dirigentes sindicales, Juan Grabois, representando movimientos sociales y al Ministerio Social y Ambiental del Vaticano, y sus organizaciones satétiles, como la CTEP, el MTE y la UTEP; además del Movimiento Evita.

La ficción del posibilismo

No es ninguna novedad que transitamos, además de una crisis climática globalmente, la peor en términos sanitarios y económicos en nuestro país, como consecuencia de un endeudamiento del 90% sobre el PBI, la falta de reservas del BCRA, una inflación interanual de más del 42%, más de 11% de desempleo, con 6 de cada 10 chicxs pobres y 2 de cada 10 indigentes, mientras un 1% se enriquece cada vez más; lo que resulta en más desigualdad, neo-extractivismos y re-primarización de la economía. Con asistencialismo, salarios y jubilaciones a la baja que impactan sobre los bolsillos populares.
Con esta realidad, en las barriadas y las fábricas, tambalean las expectativas populares de cambio. Nunca llegaron las políticas públicas que hicieran realidad eso de “empezar por lxs últimxs para llegar a todxs”. Y por ende urge debatir cuáles son las mejores estrategias de transición; por un lado, las que nos envían a una continuidad del orden dominante preestablecido con más de lo mismo, o por el contrario las que nos remiten a una transformación estructural y sistémica.

Este gran frente social, sindical, clerical y socioambiental está orientado por la primera tesis1, no son independientes del Estado, están agrupados en el proyecto gobernante y se subordinan al mandato oficialista, más allá de las disputas internas y ministeriales. Por eso inducen a no movilizarse, ni coordinar planes de lucha. Su función, al nuclear a las principales direcciones políticas, es la de contener la conflictividad social en este contexto crítico.

Entonces, es lícito cuestionar si los cambios estructurales van a venir de lxs mismxs actores que nos condujeron a este colapso. Si no es una gran ficción el programa de quienes nos proponen garantizar un plan de vivienda y derechos cuando hace meses atrás, a punta de pistola y gases, desalojaron a las familias en Guernica. Si lxs que proponen generar trabajo son lxs mismxs que avalan despidos. Si la “justicia social” no es otro slogan pobre como el nuevo salario mínimo “vital” móvil que acaba de ratificar la CGT. Si lxs que militan mitigar el cambio climático son lxs que dan luz verde al fracking, la megaminería y el agronegocio; quemando y desmontando la naturaleza del territorio. Si son lxs que proponen un nuevo sistema de transporte pero no invierten en ningún nuevo ramal y nuevamente van a reprivatizar, como lo hizo Cristina Kirchner en el 2009, el Rio Paraná.

Y es lícito preguntarnos si estos cambios se pueden llevar adelante con fuentes de financiamiento que nuevamente salen de los bolsillos de las mayorías sociales con más ajuste. Creemos que no.

Con el FMI ni a la esquina

Asistimos a tiempos de crisis humanitarias, que nos obligan a desobedecer el sentido común, las reglas sistémicas y armar una nueva sociedad confrontando clase contra clase. No hay lugar para el consenso ni la conciliación con lxs que mandan. Nos amenaza este régimen de explotación de todo lo vivo, con su eje en la mercantilización y la ganancia desmedida. No podemos pensar los cambios estructurales sobre este orden imperante.
Por eso, el primer paso para abonar a un piso de soberanía económica, política, alimentaria, energética y más, es auditando y suspendiendo el pago infame al FMI, que dedica sus operaciones a llevar generaciones enteras a la miseria. Las rebeliones en Colombia y Chile son un espejo donde se refleja el destino del pueblo argentino atado al FMI.

Es urgente y necesario. Solo requiere voluntad política para tocar los intereses de los más poderosos, con un permanente impuesto a las grandes fortunas, bancos y a la especulación financiera. Sobran recursos para garantizar vacunas para todxs, salarios y jubilaciones por encima de la canasta familiar.

La única manera de repoblar el campo, garantizando comida saludable, es con una real reconversión productiva, prohibiendo el extractivismo y llevando adelante una verdadera reforma agraria. Solo con un impuesto mínimo del 20% a las grandes cerealeras exportadoras se podría financiar 250 hospitales de alta complejidad, 150 mil viviendas y 600 escuelas. Nacionalizar el comercio exterior y recuperar el Rio Paraná sería un gran paso para ponerle fin a la evasión, el contrabando y a las privatizaciones de los 90.
En fin, de lo que se trata es de invertir la carga del ajuste hacia el 1%, construir movilización consiente y organización revolucionaria. Sin burócratas, ni dirigentes tibios ni papales, sí con los laburantes para de verdad reestructurar las relaciones sociales de la producción afectando el orden de propiedad privada y de poder.

En algo si coincidimos, que para llevar adelante este plan, lo que hace falta es voluntad política, centralización, planificación, transparencia y agregamos democracia directa de lxs trabajadorxs en la toma de decisiones. Todo lo que suponen hacer pero no están haciendo.

1. https://mst.org.ar/2020/08/24/plan-de-desarrollo-humano-integral-insuficiente-y-ficticio/

Escribe: Carlos Carcione

El consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la local Emepa factura anualmente por sus prestaciones más de 200 millones de dólares. Lo hace cobrando peajes de acuerdo a una TRN (Tonelada de Registro Neto) en dólares que desde la firma del contrato en 1995 y hasta 2014 se multiplicó por tres en términos absolutos, pasando de 0,98 a 3,06 dólares por TRN. Según el Ministerio de Transporte, Meoni, transitan anualmente por esa vía 4600 embarcaciones que transportan más del 75% de las exportaciones y el 90% de las importaciones del país.

La promesa de Alberto Fernández de no prorrogar el contrato y hacer una nueva licitación nacional e internacional ratifica la voluntad de mantener bajo control privado y sin vigilancia ninguna por parte del Estado la navegación de carga en los 820 km. que atiende la empresa Hidrovía S.A. entre el Río de la Plata hasta Confluencia en Corrientes.

La estructura del despojo en el comercio internacional

La privatización de uno de los cursos de agua más importantes del mundo como es el Rio Paraná para convertirla en una vía privada para transporte de mercancías, es una condición necesaria del modelo de despojo que sufre el país, aunque no es la única.
La relación del país con el mercado mundial desde el menemismo está marcada, al menos en su sector exportador y sin mencionar en este artículo otros aspectos, por tres pilares: la siembre directa y la sojización de la producción agrícola, con la dependencia de agrotóxicos y semillas genéticamente modificadas. Que han llevado a que el comercio de esta producción se concentre en manos de seis grandes multinacionales de exportación, poniendo también en sus manos el manejo, sin control estatal, de los dólares que ese comercio representa. Esto también requirió la eliminación de los organismos de control estatales, de administración y regulación de la producción y comercialización y fijación de precios de granos y carnes.

Un segundo elemento clave de este modelo es la privatización de los puertos, todos los puertos comerciales del país y en especial los que están sobre el Río Paraná están en manos de las mismas multinacionales que concentran la compra de lo producido y exportan ya sea en granos o en productos industrializados básicos como pellets de harinas o aceites, biocombustibles y otros derivados.

En tercer lugar la eliminación y el desmantelamiento, de la Marina Mercante Nacional, la flota de Bandera que garantizaba el transporte de una parte fundamental de las exportaciones argentinas y que más allá de obligar a la dependencia de buques de bandera extranjera en todo el comercio internacional, provocó entre otros efectos colaterales el casi total desmantelamiento de la industria de los astilleros en el país.
Pero la privatización del río es una necesidad para este esquema porque garantiza la fluidez de los negocios de las corporaciones del agronegocio y del resto de los exportadores e importa-dores. Convierte la soberanía argentina sobre el río en un papel mojado cuando el estado no sabe ni puede controlar más allá de las declaraciones juradas de la empresa que opera la hidrovía, ni cantidad ni características ni volumen de los bienes transportados, además de ser uno de los pocos negocios que se desarrollan en la geografía del país que realizan directamente en dólares, sobre los que el estado no tiene tampoco control. El esquema de despojo se complicaría con el fin de la concesión del Rio Paraná como una simple plataforma de extracción de mercancías.

Extractivismo y destrucción ambiental

Pero no es solo soberanía lo que cede el gobierno de Fernández y Cristina al volver a privatizar la hidrovía una vez vencida la concesión, hay además consecuencias económicas y ambientales graves.

Anualmente circulan por el canal 70.000 millones de dólares del comercio internacional de la Argentina, lo que significa un 60% del total de ese comercio. Pero esto surge de los informes de las corporaciones. Hay estudios que indican que también todos los años el país pierde, sin necesidad de nuevas obras, más de 10.000 millones de dólares (para otros como la ex diputada Alcira Argumedo, sería muy superior a esa cifra) y esto sin contar la evasión y el contrabando, que como está demostrando la investigación sobre la quebrada Vicentin sería también cuantioso. Esto surge si se toma en cuenta los sobrecostos por flete, los pagos por servicios a Montevideo al no estar habilitado el canal Magdalena que desembocaría al Río de la Plata por Argentina y por falta de control pesquero. Además del trafico proveniente de Paraguay y Brasil que circulan libremente por el Paraná hasta Palmira sin pagar peaje ni ser controlado, con producción agrícola y minera, exportada de ese país por las mismas corporaciones que saquean al nuestro.

Desde el punto de vista ambiental, la depredación no es menor que la económica o la de pérdida de soberanía. Como explica en una entrevista reciente para Periodismo de Izquierda la investigadora del CONICET Gisela Rauch, la hidrovía depreda el ambiente en dos sentidos relacionados. Uno específico de la obras que ésta supuestamente requeriría como la profundización de cauce de 33 a 38 metros, para que los buques transoceánicos que, en la actualidad cargan media bodega o el 60% de las mismas, puedan cargar el 100%, esto destruye sin posibilidad de recuperación la biodiversidad del río. Pero, al mismo tiempo, incentiva una ampliación todavía mayor de la frontera agrícola, con su secuela de desmonte, inundaciones, contaminación por agrotóxicos de suelos y aguas y agotamiento irreversible de las ventajas de esos suelos. Y, por otra parte, el costo que asumen las comunidades que viven en esos territorios como enfermedades incurables y destrucción de su hábitat y de sus prácticas productivas.

La defensa del Río, que han empezado a levantar movimientos ambientalistas y la defensa de la soberanía y contra el saqueo económico del país que denuncia otro sector de organizaciones, deben unirse en una sola lucha, que al tiempo que evite una nueva entrega de del Paraná, debata, se organice y pelee para poner en pie un modelo productivo verdaderamente alternativo.

Un proyecto anticapitalista y ecosocialista

Como ocurre con la minería a cielo abierto, con la cementación bestial de las ciudades en detrimento de los espacios verdes y públicos, con la agroindustria asentada en la expansión de la frontera agrícola a base de agrotóxicos, desforestación salvaje y concentración de la tierra, con la matriz energética a base de combustibles fósiles, también sucede con la manipulación y agotamiento de los cursos de agua como el caso de la hidrovía. Estos efectos ambientales son una cara de la moneda del capitalismo imperialista en su versión decadente, senil. La otra es el saqueo económico de los países, la superexplotación de los trabajadores, la opresión y miseria de los pueblos. Por esto un verdadero proyecto alternativo debe ser anticapitalista, ecosocialista.

La lucha por recuperar plenamente la soberanía y el dominio sobre el Río Paraná, parte en primer lugar por rechazar una nueva licitación para reprivatizar la hidrovía, pero debe estar acompañada por la lucha el control y el monopolio estatal del comercio internacional, la recuperación de flota mercante de Bandera y los medios estatales de circulación de bienes como los ferrocarriles y una verdadera reforma agraria al servicio de la producción de alimentos sanos.

En la construcción de este nuevo modelo productivo deben participar democrática y activamente los trabajadores con sus organizaciones, las comunidades que habitan esos territorios y los militantes y organizaciones ambientales.

Escribe: Nadia Burgos

El año de Fernández empezó con una masiva movilización en Mendoza en defensa de la 7722. Los legisladores pretendían modificar la ley que imposibilitaba el desarrollo de megaminería en la provincia. El modelo extractivista tenía una hoja de ruta clara, primero Mendoza y después Chubut. No les fue posible derrotar la movilización popular. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio tenían la licencia de las corporaciones para avanzar, pero no contaban con la licencia social. Una vez más la radicalización de una marea verde con la fuerza de la juventud logró frenar la avanzada extractivista. Así las corporaciones y el gobierno no se dieron por vencidos.

Los intentos de derrotar las legislaciones antimineras vinieron también con la profundización de la represión. Activistas perseguidos, represiones a las movilizaciones y discursos que buscan criminalizar las acciones ambientales no permitieron disminuir las acciones de lucha.

El 14 de octubre frente a empresarios, en el 56 Coloquio de IDEA, Fernández expresó: “Tenemos la posibilidad de desarrollar la minería, que es una actividad que todavía no se ha desarrollado lo suficientemente bien, y que cumpliendo con ciertos estándares sociales se puede desarrollar sin riesgo ambiental. Y ahí tenemos cobre, y ahí tenemos oro, y ahí tenemos plata, y ahí tenemos litio que es la reforma energética del futuro”. Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz son las provincias que están en alerta por estas declaraciones. Así el año de Fernández termina con movilizaciones multitudinarias en Chubut contra la megaminería y con expresiones de solidaridad en todo el país, porque la conclusión es clara, el agua vale más que el oro, el extractivismo no genera trabajo, las poblaciones y los territorios no somos zonas de sacrificio al servicio de las ganancias capitalistas.

Otro ejemplo claro del impulso corporativo es el proyecto de Felipe Solá y las megafactorías de producción de cerdo para China. La creación de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y las movilizaciones de rechazo en todo el país obtuvieron dos victorias contundentes. No permitieron el anuncio de Acuerdo a firmarse con China y lograron frenarlo. Hoy seguimos en estado de alerta porque se estima que se pretende avanzar con esta producción mediante convenios provinciales.

Ante un futuro extractivo: crece la resistencia

Este 2020 estuvo atravesado por crisis económica, social y sanitaria a nivel mundial casi sin precedentes. En nuestro país la pandemia significó un largo periodo de aislamiento, que expresó el carácter esencial que el gobierno le da a una producción que contamina, envenena y mata. Las fumigaciones, la megaminería, el fracking es decir la pata extractivista de la producción nunca se detuvo. Las denuncias de fumigaciones en plena cuarentena se viralizaron en las redes al mismo tiempo que se empezó a difundir el ecocidio que los fuegos intencionales provocan en los humedales. A mediados del año 2014 provincias presentaban focos de incendios y se hacía evidente ante miles que el clima y la sequía no eran los que incendiaron los humedales y los bosques nativos. El agronegocio, la ganadería industrializada y la especulación inmobiliaria representan la cara de la especulación y sed de ganancias de unos pocos. Toda esta orientación fue ampliamente rechazada por asambleas y acciones callejeras. Que se expresaron con fuerza en todo el litoral mediante la creación de las multisectoriales por los humedales y la exigencia de una ley de humedales, que prohíba el extractivismo, que tenga control social y exija un relevamiento de nuestros humedales para su resguardo. Hoy se sigue exigiendo el tratamiento de la ley en el Congreso. El gobierno responde con acciones de disuasión. Votaron recientemente una ley de manejo de fuego que es regresiva a la legislación actual y en comisión de ambiente dieron dictamen unificado para la ley de humedales, quitando la penalización a quienes incendian en un claro guiño al extractivismo. Cuidar nuestros humedales, ríos y territorios no están en la agenda de este gobierno.

Lo que queda en evidencia es que el avance de las fronteras del agronegocio responde a la necesidad de acumular divisas para el pago de una deuda externa ilegal e ilegítima y obtiene el impulso de políticas de estado que se vieron reflejadas en el anuncio del “Plan agroindustrial 2020-2030” .

Este Plan proyecta por 10 años la expansión de un modelo que despoja, concentra la tierra y los modos de producción bajo la premisa de las ganancias y no de las necesidades sociales. La expresión máxima de esta orientación llegó el 9 de octubre al boletín oficial. Ese día quedó aprobado para nuestro país la utilización del primer trigo transgénico. El trigo es de los alimentos base de la dieta argentina y con esta acción Fernández y su gobierno les entrega a las corporaciones como Bioceres-Indear (Grobocopatel) nuestra salud y nuestra soberanía alimentaria. El rechazo fue masivo, no solo de quienes luchamos para recuperar lo que es nuestro, sino también de más de 1000 científicos argentinos, universidades públicas y expresiones internacionales que rechazan de lleno la introducción de ese trigo a sus países mediante las exportaciones.

Como si no alcanzara con el agronegocio, en Loma Campana yacimiento en Vaca Muerta, Fernández anunció el “Plan Gas Argentino 2020-2030”. Este plan busca inversión para profundizar un modelo petrodependiente de fomento a la extracción de gas por el método de la fractura hidráulica, el Fracking. Sobradas son las pruebas científicas que muestran la relación de la crisis climática con economías atadas al petróleo. El calentamiento global y sus consecuencias van de la mano de políticas que profundizan la extracción de gas y petróleo de maneras contaminantes y no favorecen una transición a energías alternativas. De más está alertar los problemas sociales de este tipo de explotación. El despojo de tierras ancestrales a comunidades indígenas y la no participación de las comunidades en la toma de decisiones son algunas de las consecuencias sociales que debemos visibilizar. Toda esta orientación se coronó con la aprobación del aporte extraordinario a las grandes fortunas, la expresión máxima del doble discurso. En un año donde Fernández expresó en reiteradas oportunidades que el acceso al agua es un derecho humano, que podemos producir sin contaminar o sus voceros como Hensel apelaban a una minería sustentable, aprueban un aporte único bajo el discurso de sacarle a los que más tienen para destinar un 25% de lo recaudado a la extracción de gas mediante fracking acentuando un modelo contaminante y saqueador.

Soberanía y ecosocialismo para salir del extractivismo

En las movilizaciones callejeras de este año se vio un cartel que expresa con claridad la orientación política de los partidos del gobierno en nuestro país. “Por más que se vistan de verdes, todos son extractivistas”. La crisis actual exige un cambio de rumbo. El tiempo para la transformación productiva es ahora. Como socialistas advertimos un proceso de ruptura metabólica entre nuestras actividades y la naturaleza. Recuperar un metabolismo social y natural se vuelve una tarea central. En este sentido es necesario romper toda orientación extractiva. El primer paso en este sentido tiene que ser recuperar la más amplia participación democrática de la población y que el control de la producción la tengamos las y los trabajadores para que sean las necesidades sociales las que primen frente a las ganancias capitalistas que representan las necesidades de una minoría. Qué, cómo y dónde producir tiene que ser una decisión de las poblaciones, esta perspectiva ecosocialista es la garantía para que en nuestro país tengamos la soberanía energética, productiva y alimentaria que tanto necesitamos.

Escribe: Leisz Benítez

“Por más verdes que se vistan, todos son extractivistas” expresó uno de los carteles de las históricas movilizaciones en el marco de la Huelga Mundial por Clima del 2019. El movimiento socioambiental irrumpía nuevamente en la agenda mundial con los Friday For Future contra el cambio climático.

En Argentina, se transitaba por las elecciones presidenciales y se veía cómo Macri ingresaba a la terapia intensiva de la política argentina por el chau, chau, adiós que amplias franjas le habían hecho.

Intentando estar del otro lado, se veía a un Alberto Fernández uniendo a sectores del posibilismo, de la denominada Izquierda Popular, junto a lo peor de los sectores empresariales, de la Iglesia y abiertamente extractivistas. Todo para preparar un gran pacto que permita seguir con el plan que el capitalismo tiene para los países de Latinoamérica: extraer todos los recursos posibles a bajo costo en beneficio de los países imperialistas.

Para muestra basta una imagen: los que siguen tomando las decisiones sobre las estrategias productivas del país son viejos conocidos, responsables de verdaderas catástrofes ambientales de los últimos años.

Algunos ejemplos: recientemente trasladado a Neuquén, en la Secretaría de Minería tenemos a Alberto Hensel, lobbista de la Barrick, fanático megaminero y de la modificación de la ley de glaciares. Un personaje conocido por los pueblos contaminados como Jáchal en San Juan. En el Ministerio Nacional de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá. Responsable del ingreso de la soja transgénica al país en los ’90. Es el actual impulsor del acuerdo porcino con China y, por ende, responsable de nuevas pandemias.

A la cabeza del Ministerio de Medioambiente está Juan Cabandié. El exministro que algunos pueden catalogar parte del ala progre pero, la realidad es que, ante el ecocidio de medio país literalmente prendido fuego solo llegó al territorio a posar de brigadista para, luego, publicar fotos en sus redes sociales con el llamado a que “se terminen los incendios intencionales” dejando de lado su responsabilidad, y sin realizar ninguna acción eficaz.

En fin, en la composición del Frente de Todos es mayoritaria y dominante la orientación extractivista. Nada que envidiarle a Cambiemos; sólo un doble discurso que se intenta vestir verde.

De concentración de tierras y agronegocio

Según los datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA), que se publicaron a inicios de este año, la profundización de la concentración de tierras implica que menos del 2% más rico concentra el 36% de la tierra cultivable -unos 57 millones de hectáreas- y que el 55% más pobre, tiene sólo el 2,25% de la tierra, -casi tres millones de hectáreas-. Además, el informe evidencia de que este desplazamiento de control de las tierras se viene aumentando en los últimos 30 años. Lo cual impide cualquier posibilidad de decidir democráticamente qué producir.

Por si esto no fuera suficiente, en un comunicado publicado hace días por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se anunció la financiación y la habilitación de uso de más de un millón de hectáreas que estaban excluidas para uso agrario. Esta medida se enmarca en la puesta en marcha del plan agroindustrial 2020-2030; que tiene como estrategia generar ingreso de dólares para que permitan cumplir con los pagos al FMI. Otra ayuda del gobierno a los grandes del campo es la baja en las retenciones de soja, medida con la que sólo cede ante la especulación de los sojeros. Estos empresarios guardan los granos que son para la exportación esperando aumentos en el precio oficial del dólar y, así, generar más ganancia. Se estima que hoy acumulan tres veces la cantidad de dólares que hay en la reserva del Banco Central Argentino. Es claro que el sector empresarial del campo no la pasa nada mal: concentra la mayor parte de tierras de producción, reciben “ayuditas” del Estado y, si se quejan, se les cede con beneficios, o recules vergonzosos como en el caso Vicentin.

¿Alimentación saludable? Bien, gracias

Continuando con el plan 2020-2030 llegan los transgénicos. Mediante boletín oficial, el gobierno nacional anunció la autorización para el uso del trigo transgénico HB4. Antes de hablar de qué se trata, hagamos un recorrido sobre el uso de este tipo de semillas modificadas genéticamente.
Ingresados al país, de la mano del antes mencionado Solá, transgénicos como la soja RR prometían acabar con el hambre del mundo. 1996 fue el año para “La Revolución Verde”, iniciativa festejada por Menem y empresarios del campo que permitió el ingreso masivo de semillas que resisten a poderosos agrotóxicos, como el comercializado por la multinacional Monsanto, el glifosato Roundup. El herbicida se rocía en avionetas sobre los cultivos para eliminar malezas que puedan entorpecer el crecimiento de la futura cosecha. Las fumigaciones matan mucho más que algún yuyo molesto, contamina aire, acaba con la fauna autóctona y destruye la tierra.

Investigaciones como las de Andrés Carrasco -ex presidente del CONICET y ex director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA- muestran el impacto negativo en la calidad de salud humana que deja el uso de agrotóxicos como el glifosato. La investigación y denuncia de Carrasco y los pueblos fumigados nunca fue escuchada.
El impulso del uso de agrotóxicos no fue sólo mérito del menemismo. En 2012, Cristina Fernández de Kirchner mantuvo reuniones con CEO‘s de la multinacional Monsanto. El objetivo del gobierno “Nacional y popular” era poner en pie una mega planta de producción de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, Córdoba. Desde Nueva York, Cristina anunció la iniciativa y, de paso, elogió el uso de transgénicos y a Monsanto.

Finalmente, el intento de instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas fue truncada por la inmensa lucha que dieron los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.
El uso de los transgénicos se defiende gobierno tras gobierno. Teniendo como consecuencia, una hegemonía casi absoluta en el uso de este tipo de semillas para el monocultivo.
Hoy, a casi 30 años de esa primera soja RR -la promesa biotecnológica- somos el tercer país con más hectáreas con sembrado transgénico del mundo. Sólo nos superan Estados Unidos y Brasil en el ranking. Con este mérito, volvamos a la aprobación del trigo HB4.

Impulsado por el grupo Bioceres -empresa líder en distribución de semillas-, este transgénico es resistente a las sequías y a potentes agrotóxicos. La investigación inicial del trigo transgénico se desarrolló en la Universidad Nacional del Litoral. Gracias al lobby empresarial con los planes de estudios de la educación pública.

El HB4, es capaz de resistir al glifosato y al glufosinato de amonio. Estos herbicidas, pueden usarse en las plantaciones sin que sufra ningún daño la producción.

El dato más alarmante en este punto es que, la luz verde para el trigo HB4 fue prendida por primera vez en el mundo en Argentina. Con expectativas de acrecentar rápidamente la frontera de producción para el ingreso de dólares con el fin de pagar la odiosa deuda externa.

Un caso más que muestra que lo que importa son las ganancias, por sobre la vida y la salud de los pueblos.

¿Ciudad Ecofriendly?

La ciudad de Buenos Aires, la cuna de Cambiemos, la histórica de “oposición” al PJ, no se queda atrás en el tema extractivismo. Con grandes inversiones en publicidad y obras de cartón, Larreta se muestra como un político “eco amigable”. Bicisendas, containers y cartelería verde es parte del paisaje de la ciudad de la furia. Pero la pintura verde se diluye cuando empezamos a indagar las acciones del gobierno porteño. El cemento, el hacinamiento en pequeños departamentos y la falta de espacios verdes son algunos de los sufrimientos que genera el extractivismo urbano.

En CABA hay disponible, la tercera parte de espacio verde que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Plazas cementadas y megaproyectos inmobiliarios son el motivo de esta crisis. “Queremos parques en la ciudad, no negocios”, fue la convocatoria para frenar la ley que proponía Larreta de privatización del complejo Costa Salguero para la construcción de torres de lujo. Las acciones callejeras y los escraches virtuales lograron que la justicia acepte una cautelar para suspender la venta del complejo. De todas maneras, los negociados inmobiliarios siguen al acecho de hacerse de infraestructura valuada en dólares que les permita seguir generando ganancias, en base a especular con el déficit habitacional.

Este tipo de políticas no son nuevas del espacio político de los globos amarillos. Ya con Macri y con el rabino Bergman como ministro de ambiente y desarrollo sustentable la cosa era bastante escandalosa.

La imagen de Bergman vestido de árbol será imborrable. Tampoco nos podemos olvidar del “lo más útil que podemos hacer es rezar, además de trabajar” cuando fue consultado por la baja de presupuesto para prevenir incendios forestales.
Si volvemos a la cuna del macrismo, no podemos olvidar la lucha de trabajadores y usuarios del subte contra el asbesto, un material altamente cancerígeno prohibido en Argentina en el 2001. A pesar de la prohibición, los vagones con asbesto son comprados en el 2011 a Madrid por Macri. Gracias a las denuncias de los trabajadores, se supo que el 30% de las instalaciones de transporte subterráneo contiene material cancerígeno. Con la lucha, lograron que algunas formaciones sean removidas, aunque hoy siguen las condiciones insalubres para los trabajadores y usuarios de ese transporte.
Otras medidas emblemáticas fueron las de las bajas en las retenciones a la soja y a la megaminería. Todas medidas que, de eco friendly, no tienen nada.

Vaca Muerta una vez más

El yacimiento Vaca Muerta, ubicado en Neuquén, es uno de los ejes centrales del extractivismo. Con el título de combatir la crisis energética, el proyecto de producción de gas no convencional es una de las principales hojas de ruta de Alberto Fernández.

Bajo la reciente presentación del Plan Gas que destinará 1.491 millones de dólares para la explotación del yacimiento neuquino mediante el método fracking, el intento de explotar Vaca Muerta como salvataje económico, vuelve a estar en primera escena una vez más.

La insistencia con Vaca Muerta no viene de ahora. Ya en el 2013, Cristina Fernández firmó un acuerdo lleno de secretismos con Chevron. Una vez más, el discurso cantaba en nombre del progreso y la realidad estaba plagada de beneficios a la multinacional extractivista.

Recordemos que está ampliamente demostrado que el proceso de fracking conlleva un gran número de perjuicios ambientales a corto y mediano plazo.

Volviendo al 2020, no podemos olvidar el decreto que habilitó poner nuevamente en funcionamiento a la megaminería, por ser nombrada como actividad esencial en plena cuarentena, mientras que en los barrios se desplegaron fuertes operativos represivos hacia los trabajadores.

No es el fuego

Las aterradoras imágenes sobre los focos de incendios del país realmente son impactantes.
Este año, sin dudas va a quedar para la historia por tener medio país prendido fuego. Catorce provincias afectadas por las quemas intencionales. Los humedales del Delta del Paraná y el bosque nativo en la provincia de Córdoba, son alguno de los lugares que viven un real ecocidio.

Sobre esta situación desesperante las declaraciones y el accionar del gobierno nacional fue casi nulo. La intervención de Cabandié se redujo a hacer algunas declaraciones mientras posaba para las redes sociales. El gobernador de Córdoba Schiaretti y sus funcionarios, de manera provocadora atribuían a la responsabilidad individual la catástrofe. El mismo Máximo Kirchner presentó un proyecto para modificar la ley de incendios y prohibir el uso comercial de las zonas incendiadas. Medida totalmente insuficiente ya que no previene ni sanciona a los responsables materiales del ecocidio, además de ya estar prevista en las leyes vigentes; exponiendo la ignorancia y oportunismo de Máximo.

En contraposición a la casta política se encuentra la solidaridad del pueblo. En defensa de los humedales se vieron masivas jornadas con corte de rutas de los vecinos de Entre Ríos y Santa Fe. Combatiendo las gigantes llamas en las sierras de Córdoba se encontraban nuevamente los vecinos del lugar poniéndose, junto a brigadistas voluntarios, a la cabeza de apagar los focos de incendios. Por el otro lado, diversas organizaciones socioambientales organizamos colectas para enviar a bomberos voluntarios mientras denunciamos la responsabilidad política del desastre en curso.
“Dónde hubo fuego, negocios quedan” dijo nuestra legisladora Luciana Echevarría de Córdoba para denunciar los intereses que escondían las quemas intencionales. El desarrollismo inmobiliario y agroindustrial son los sectores más interesados en utilizar rápidamente las tierras arrasadas por el fuego.

La nueva chanchada de Solá

En la desesperación por conseguir dólares para el FMI y como parte de toda una orientación extractivista llega este mega proyecto que el gobierno quiere cerrar.
Una vez más, con secretismo y de manera inconsulta, aparece de la mano de Felipe Solá el acuerdo porcino con China que promete traer trabajo al país y reactivar la economía. Pero la realidad es que, de cerrarse, pasaríamos a ser el chiquero de China.

Mediante el método feedlot, plantean traer 300 mil chanchas madres para instalarlas en doce mil mega granjas. Todo esto en una primera etapa con la expectativa de llegar a producir 9 millones de toneladas de carne porcina por año. Esta masiva producción se puede transformar rápidamente en cuna de nuevas pandemias ya que actualmente hay brotes de peste porcina africana, enfermedad con potencial pandémico. Es un peligro que China no quiere correr y que explica el porqué de enviar su producción a la Argentina. Con el hacinamiento y el uso de antibióticos que implica el feedlot, mayor maltrato animal, también extenderá la producción de transgénicos para alimentar a los animales, dejando en consecuencia mayor contaminación de agua, suelo y aire.

Frente a esta situación, el rechazo masivo a este acuerdo inconsulto no se hizo esperar. Organizaciones socioambientales y políticas venimos accionando de manera plural y democrática un plan de lucha que tuvo un primer logro: que el acuerdo se posponga hasta noviembre.

El gobierno, al darse ese tiempo, buscó por todas las vías “convencer” de que el proyecto no traería impactos negativos para la población. El objetivo de dividir a la coordinación nacional contra el acuerdo porcino no tuvo éxito ya que, organizaciones socioambientales venimos debatiendo y realizando acciones de lucha para frenar para siempre la decisión de Fernández y Solá.

Como conclusión, podemos decir que el acuerdo con China es el resumen y la consecuencia de cómo actúa el modelo de saqueo y contaminación capitalista en nuestro país.
Siempre como estrategia pagar la fraudulenta deuda externa y beneficiar a las corporaciones a costa de los pueblos. La entrega de tierras para el agronegocio. El mayor uso de transgénicos resistentes a agrotóxicos, los incendios intencionales, millonarios subsidios y baja de impuestos a las grandes exportaciones son parte del entramado sistémico.

Urgente y necesario. Cambiar el modelo

A nivel mundial, con el cambio climático, estamos entrando a un punto de no retorno. En lo político, los gobiernos miran para otro lado y profundizan los planes extractivistas día a día. La educación y el desarrollo tecnológico está en manos de tecnócratas que priorizan los grandes negociados por sobre el beneficio colectivo. Los planes económicos de ajuste y represión son parte también de la fotografía cotidiana.
Contra eso, los pueblos nos organizamos, resistimos. Experiencias históricas como la de la asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que corrió a Monsanto, o la del pueblo mendocino, que frenó la ley 7722 para el ingreso de la megaminería, son ejemplos de que con una gran unidad de acción y con un plan de lucha decidido democráticamente se puede ganar.
Con la Red Ecosocialista activamos cotidianamente en ese camino, con intervenciones callejeras, asambleas y encuentros para concientizar, pero también para sumar más fuerza y poder derrotar todos los planes de contaminación que los gobiernos y empresarios tienen para ofrecernos. Pero también militamos en el MST construyendo una organización política estratégica desde abajo, con la mayor democracia y de manera autofinanciada, para poder decir todo lo que pensamos sin lobby patronal ni de ninguna iglesia.

Gaston Baldomir

No es fake news, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la comercialización de la semilla de trigo transgénica HB4. El anuncio fue festejado por todo el lobby empresarial del agronegocio y los medios de comunicación aliados. La aprobación forma parte de la agenda agroindustrial 2020-2030 anunciada hace semanas atrás por el propio presidente Fernández.

El trigo transgénico es impulsado por el grupo Bioceres, fundada en 2001, mayor distribuidor de semillas transgénicas en el país y  el resto del continente. El centro de investigaciones biotecnologías es financiado por empresario agroindustriales, entre ellos Hugo Sigman (presidente del grupo Grupo Insud, posee una fortuna de más de dos mil millones de dólares, según la revista Forbes), Gustavo Grobocopatel (presidente del grupo agroindustrial “Los Grovo” y según dio a conocer su empresa factura más de mil millones anuales) y Victor Trucco que preside la presidencia Aapresid.

Según fuentes oficiales de la empresa, el desarrollo fue en conjunto con la francesa Florimond Desprez y señalan que se trata de una variedad que «confiere tolerancia a la sequía y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio».

A pesar de que ningún país del mundo ha dado el visto bueno a la importación de trigo transgénico, las expectativas están puestas en que Brasil sea el primero en aceptar la importancia de la semilla y se inicie un acelerado proceso de producción que daría una ganancia enorme a sus proveedores y el tan ansiado “ingreso de dólares” que solicita el gobierno de Fernández.

Las críticas de números científicos, activistas ambientales, organizaciones y sectores políticos de izquierda no tardaron en aparecer. En un entrevista realizada por el medio digital LaVaca[1],el medico e investigador Damián Verzeñassi (ISS-UNR), señaló que “leo esta medida como la consolidación de un rumbo dentro del gobierno actual que sigue la misma línea del gobierno anterior: no hay ninguna grieta…El macrismo no se animó a aprobarla porque económicamente no le cerraba el número: sabía que sólo era una ganancia para Bioceres pero iba en detrimento de la producción del país porque no se la iba a poder vender a nadie. No hay ninguna posibilidad de que este trigo resistente a herbicidas sea autorizado en ningún otro país del mundo que no tenga destino a la dependencia absoluta. ¿Dónde está la soberanía alimentaria de la que hablaron?”.

Experimento a cielo abierto

Existe un dicho español que dice “cuando el río suena, piedras trae” y algo de eso sucedió tras la publicación en Boletín oficial sobre la autorización del trigo transgénico HB4 que es resistente a dos de los peores venenos usados en la industria alimentaria: glifosato y al glufosinato de amonio y por eso se debe su resistencia a la sequía. El ruido es tan abrumante que incluso alertó a sectores afines ideológicamente a los transgénicos. Las investigaciones realizadas por Andres Carrasco[2], fallecido en el año 2014, han demostrado que el glufosinato es aún peor que glifosato. Tras varias pruebas en laboratorio con ratones detalló los efectos letales del pesticida usado en el sembrado de cereales: convulsiones, muerte celular en el cerebro. Afectación a  las crestas neuronales.

Tras darse a conocer esas publicaciones fue fuertemente perseguido por el Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva entre 2007 y 2018. Y en el año 2011 la agencia Wikileaks dio a conocer que la Embajada de Estados Unidos en Argentina lo espiaba por sus investigaciones sobre los efectos del  uso glifosato.

Los hechos concretos de la realidad le han dado la razón al doctor Carrasco por eso la multinacional y contaminante Bayer (segundo productor pesticidas del mundo) dejó de comercializar pesticidas en la Unión Europea por la cantidad de investigaciones que señalaban su peligrosidad para la vida animal y humana. Pero llamativamente aumento sus exportaciones a nuestro país ya que no hay ninguna prohibición.

Es decir, el uso de venenos para conseguir dólares se trata de una política de Estado y no de las legislaciones de un gobierno de turno. Desde el ingreso de la soja transgénica en nuestro país, en 1996, cada gestión gubernamental se ha encargado de profundizar aún más la lógica productiva transgénica. La supuesta grieta política se desvanece en el aire, la hoja de ruta para conseguir divisas extranjeras es una sola: dar garantías a las multinacionales y extender el envenenamiento sobre los pueblos.

Unidad interseccional contra el Estado ecocida

Nuestro país vive uno de las mayores crisis ambientales de la historia moderna. Los incendios de bosques nativos, humedales, montes y parques nacionales ya afectaron a más de 14 provincias y la perdida de flora y fauna ya se ha vuelto algo imposible de estimar. El acuerdo porcino con China sigue siendo un peligro a futuro y por ahora no hay señales de que el gobierno nacional pretenda retroceder. Ambos hechos no son aislados, son síntomas del actual modo de producción capitalista que privilegia las ganancias ante todo.

El panorama avizora un ascenso de la política extractivista en el país y la plena unidad entre las viejas fuerzas políticas para llevarlo adelante y garantizar los negociados a sus amigos empresarios y de ese modo obtener un beneficio. Por eso aún no hay Ley de Humedales y a excepción de la izquierda ninguna otra fuerza política quiere declararlos bienes intangibles. Mientras que por otro lado avanzan con la privatización de espacios públicos como Costa Salguero en CABA donde Larreta sigue garantizándole mayores rentabilidades a los especuladores inmobiliarios.

El extractivismo recargado[3] solamente puede frenarse con la mayor unidad interseccional, debates democráticos entre quienes coincidimos que todo el régimen político argentino es ecocida y que su esencia es garantizar los negociados de las multinacionales. La confluencia en la diferencia se vuelve una necesidad y la mejor posibilidad para conquistar plenos derechos. No podemos esperar nada de los que nos trajeron hasta este estado de situación. Necesitamos poder decidir qué, cómo, con qué se produce, la transacción a la agroecología solamente es posible con reforma agraria, una real soberanía alimentaria implica dejar atrás los venenos y mantener control absoluto sobre todo el sistema productivo. Son ellos o nosotros.

Las y los que bregamos por un mundo ecosocialista estamos dispuestos a poner todo nuestros esfuerzo en ese sentido, incluso ya lo venimos haciendo. Por eso el próximo 11 de Octubre desplegaremos toda nuestra fuerza militante en la enorme jornada Plurinacional por lo territorios y contra el extractivismo. Porque partimos de una clara certeza: no tiempo que perder, no hay planeta B.

[1] https://www.lavaca.org/portada/republica-transgentina-hasta-en-el-pan-aprobaron-el-trigo-transgenico-pero-hay-dudas-sobre-si-lograra-ser-impuesto/

[2] Fue presidente del CONICET  y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA. Su compromiso con lo público lo llevo a investigar los efectos del glifosato en la salud humana y a denunciar su utilización en nuestro país con aval del Estado.

[3] https://as.mst.org.ar/2020/09/30/debates-en-el-movimiento-socioambiental-el-extractivismo-no-recapacita/

Escribe: Enzo Cuña

La tarde del sábado 3, realizamos una exitosa asamblea de lanzamiento de un nuevo y necesario espacio de eco-activismo en La Matanza. Contó con la participación de decenas de personas y una amplia diversidad de ideas. La asamblea contó con la participación de Mariano Rosa, coordinador nacional de la Red Eco-Socialista y docente. Mediante un informe expuso el estado actual de la de la situación socio ambiental, las luchas actuales y nuestras propuestas de un modelo alternativo. Luego se abrieron las intervenciones donde se intercambiaron en forma colectiva distintas ideas, propuestas de acción e interrogantes.

El 1% nos lleva hacia la catástrofe

El lanzamiento de este espacio se enmarca en medio de una crisis socio ambiental generalizada a nivel global. Somos testigos de catástrofes naturales y políticas extractivistas alrededor del mundo cada vez más desastrosas y frecuentes. Todas estas políticas, especialmente en países semicoloniales como el nuestro, comparten un objetivo claro: acumular las tan preciadas divisas.

El cambio climático se vuelve más evidente. Climas cada vez más extremos, olas de calor, sequías, acompañados de desastres naturales, incendios masivos en el Amazonas, Australia, California, entre otros, que evidencian la devastación causado sobre las poblaciones, flora y fauna. El calentamiento global encuentra en ascenso sin vistas de estancarse, debido a la emisión de gases de efecto invernadero, proveniente en un 75% de la quema de combustibles fósiles y el 25% restante de la deforestación. Estos gases constituyen un mecanismo de regulación del clima, dejando entrar a la tierra parte de la radiación del sol, reteniendo una parte de calor sobre la superficie y disipando el resto. Pero, producto de la sobreacumulación de C02, se retiene más calor del necesario, aumentando la por encima del promedio la temperatura estable promedio. Este ascenso se encuentra directamente ligado con el desarrollo del capitalismo en su fase decadente, dado que en los últimos 200 años la temperatura promedio global aumentó más que en los 10 mil años anteriores a varios grados por encima del promedio de estabilidad de 14.5°C consolidado luego de la última glaciación. Para revertirlo necesitamos para 2030 reducir a un 50% las emisiones de gases y en 2040 implicar una sustitución del 100% de energías fósiles por renovables, para eso hay que empezar ahora, en 2020. [1]

En nuestro país, la crisis tiene muchas expresiones. Una de ellas en las quemas intencionales de humedales y bosques nativos. Detrás de estas, se esconden los intereses del desarrollismo inmobiliario y el negocio agro-ganadero que, con la complicidad del gobierno, destruyen los bosques nativos para su beneficio económico. En Córdoba, en los últimos 15 años las quemas alcanzaron un millón de hectáreas, de los 16 millones que abarca el total de la provincia y en lo que va del año se calcula que son 65 mil hectáreas las afectadas por los incendios en la provincia, que hace apenas unas semanas presenció los incendios más grandes de los últimos 12 años. [2]

En este apartado, cabe mencionar también el acuerdo porcino con China para la instalación de mega factorías de cerdos, aumentando la producción en el país exponencialmente, con terribles consecuencias socio ambientales y socio sanitarias. Es preciso señalar que producto de las pésimas condiciones sanitarias en las que se crían los animales condiciones el gobierno chino se vio obligado a sacrificar miles de cerdos debido a una grave epidemia de Gripe Porcina Africana. Dicha enfermedad tiene potencial pandémico y zoonótico, es decir, puede mutar y afectar a la especie humana. Esto explica el secretismo con el que el gobierno llevó a cabo dicho acuerdo.

Por último, esta crisis socio ambiental tiene su expresión además en el Plan 2020-2030 que consiste en expandir la frontera de soja y otras variantes del agronegocio como uno de los motores de desarrollo pos-pandemia. Este Plan en el que las mayorías no tienen voz ni voto si cuenta con la participación directa de las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos del país, bolsas de cereales y todo tipo de instituciones representantes de los grandes intereses del agronegocio.

Este es un fenómeno del cual no estamos asilados en nuestro Municipio, sede de luchas históricas en defensa del medio ambiente que aún siguen sin ser atendidas por las autoridades.

Tal es el caso de lxs Autoconvocados Contra la Contaminación de Sica-Klaukol en Virrey del Pino. Esta empresa multinacional suiza, productora líder de materiales para la construcción, libera a través de sus chimeneas, partículas de sílice y metales pesados que contaminan el aire y el agua. Producto de más de 100 vecinos fallecieron de cáncer, entre otras enfermedades. Además, más de 70 escuelas se encuentran en un radio de contaminación de 10km a la redonda. Análisis confirman que niñxs de entre 0 y 14 años presentan material contaminante en sangre. [3]

El origen del capital de este gigante multinacional es un detalle no menor, ya que evidencia una dinámica global en la división internacional del trabajo. Los países imperialistas que se cuidan de no contaminar sus territorios, mientras utilizan sin cuidado países pobres, semicoloniales, para levar a cabo sus emprendimientos más nocivos en materia socio ambiental.

También cabe mencionar la lucha en defensa de la reserva natural de Laferrere, un pulmón verde en el municipio, que se encuentra muy por debajo de la cantidad de metros cuadrados recomendados por la OMS y el reclamo por el cierre del CEAMSE, con reconversión laboral y remediación ambiental,

Activar ecosocialismo, una necesidad

Al finalizar, la asamblea resolvió un conjunto de medidas de lucha, organización y difusión:

• Movilizar el día lunes a la casa de gobierno de Córdoba en CABA y llevar a cabo una campaña de donaciones para los brigadistas y bomberos voluntarios combatiendo los incendios.
• Poner en pie una Comisión de comunicación y difusión en las redes y en las calles, dando continuidad así a una orientación que venimos llevando adelante, tanto desde la virtualidad (realizando eco-escraches, vídeos para las redes sociales, campañas de fotos) como desde las calles (haciendo pegatinas, pintadas, semaforeadas, movilizaciones)
• Realizar una campaña por Ley de Humedales, contra el acuerdo porcino y sumarnos a la campaña de fotos contra la contaminación de la planta de Klaukol en Virrey del Pino
• Llevar a cabo un nuevo encuentro para profundizar los debates y dar seguimiento a las acciones de lucha

Lo que nos llevó a este punto cercano al no retorno, y en esto somos categóricos, es el capitalismo. Este sistema que prioriza las ganancias del 1%, fomenta el híper-consumo y la sobreproducción demostró ser incompatible con las necesidades de la mayoría social y el medio ambiente.

 Por eso te invitamos a sumarte a la Red Ecosocialista, para construir un modelo productivo alternativo, planificado en función de las necedades sociales, no las ganancias. Sin capitalismo. Algunas de nuestras propuestas son:

• Transición energética hacia limpias y renovables, en base a la expropiación de las industrias hidrocarburíferas bajo control de lxs trabajadores.
• Prohibir el fracking, agronegocio, la megamienría y la cementación urbana.
• Reparto de las horas de trabajo entre toda la mano de obra disponible. Incorporación masiva de tecnología no para reemplazar personas por máquinas, sino para alivianar la carga de trabajo.
• Prohibición de la industria publicitaria capitalista. Reemplazarla por el derecho social a la información pública. Democratización general de los medios masivos de comunicación.
• Activar mecanismo de consulta popular vinculante, para que sean los pueblos los que decidan toda controversia sobre desarrollar o no determinadas industrias que puedan contaminar.
• Distribución de las tierras mediante una Reforma Agraria, para garantizar el derecho a la vivienda y la producción agroecológica de alimentos, sin agrotóxicos ni semillas transgénicas.
• Educación sociambiental integral, ESI “verde”. En todo nivel hace falta incorporar en la formación obligatoria una perspectiva socioambiental científica, opuesta a la culpa individual y toda falsa ideología del capital.

¡Sumáte a la ola verde ambiental!

[1] Ver http://mst.org.ar/2020/09/23/los-incendios-no-dan-tregua-en-cordoba/

[2] Ver http://mst.org.ar/2019/09/25/huelga-mundial-clima-despues-27s-que-como/

[3] Ver http://mst.org.ar/2020/09/10/klaukol-contamina-los-vecinos-luchan/

Una vez más, el 1% más rico dando la nota. Éste 21 de septiembre Oxfam junto al Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo (SEI) publicó un informe en el que detalla que sólo el 1% de la población más rica del mundo produce el doble de las emisiones de carbono que la mitad más pobre de la humanidad (3.100 millones de personas).

El aumento se está dando a pasos acelerados hace décadas, entre 1990 y 2015 fue de un 60%, en los países “en desarrollo” es en gran parte debido a la industrialización de bienes para la exportación. La ostentosa vida del 1% más ricos le ha costado a la humanidad el consumo del 9% del presupuesto global de carbono. El 10% más rico en su conjunto casi un tercio del mismo (el 31%), mientras que el 50% más pobre de la población solo el 4%.

 El estudio prevé que el 2030 será el año del agotamiento de dicho presupuesto, produciendo efectos catastróficos, muchos de los cuales ya comenzamos a asistir en la actualidad y que tienen como principales víctimas a los sectores más empobrecidos de la sociedad.

El 2020 nos ha dado ejemplos de sobra: ciclones mortales en la India y Bangladesh, enormes plagas de langostas que arrasan cosechas en toda África y olas de calor e incendios forestales en Australia y Estados Unidos. Argentina no se queda atrás, hace meses asistimos a un ecocidio sin precedentes debido a las quemas en los humedales del Delta del Paraná.

Doble vara, misma política

Pero este año no solo ha sido escenario de catástrofes y crisis económica, sino también de grandes luchas ambientales en todo el mundo, con la juventud a la cabeza. La ola verde que desde el 2019 está copando las calles con mayor frecuencia ha puesto en la agenda política la cuestión del cambio climático. En algunos países prima el negacionismo y en otros, como el nuestro, los falsos progresismos hacen malabares para dar respuestas ante los reclamos de una Ley de Humedales o en contra del acuerdo porcino con China. Como viene denunciando la Red Ecosocialista, aunque el Frente de Todos se vistan de verde siguen siendo extractivistas.

Una vez más quedó demostrado en la presentación del Plan de Políticas Ambientales de Alberto Fernández y Cabandie. Lejos de tocar los intereses de las grandes corporaciones se trata de la implementación de un Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, un proyecto de Ley de Educación Ambiental, la implementación del Plan Casa Común y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego al ministerio de Ambiente. Políticas vacías que no dan respuesta a los cuestionamientos hacia su gobierno por la profundización del modelo extractivista y contaminante, por el contrario, el presidente responsabilizó a la sociedad en su conjunto por la crisis ambiental. Por su parte, el ministro de medio ambiente dijo que “los incendios son el reflejo más nítido del cambio climático” y sin ningún tipo de autocrítica reprochó que “muchos sectores productivos tendieron a quemar pastizales como práctica habitual”. Se olvida el ministro que estas quemas son producidas, también, con un aval político. La destrucción de estos bienes comunes, fuente de vida de miles de especies que cumplen un rol fundamental en la naturaleza, son permitidos por el gobierno de turno que él mismo conforma.

Alberto Fernández culminó su (doble) discurso dirigiéndose hacia los presentes y recalcando que “con los jóvenes a la cabeza, tienen que ponerse al frente de la demanda por la defensa del medio ambiente”. Una afirmación que carece de sentido si se observa la cotidianeidad. No tienen, si no que ya se pusieron y en ese marco vuelven a convocar a una jornada para este 25S, para repudiar el cambio climático.

El gobierno reniega con ese 1% del mundo que condena el futuro de la especie humana, los llama “pícaros”, pero en vez de apostar por una salida pos-extractivista, al servicio de las necesidades mayoritarias, profundiza el modelo colonial y de reprimarización económica. La prueba es un lobby constante para efectuar la instalación de megafactorías de cerdos que Solá negocia con China.

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