Este domingo 30 de enero, la familia de Luana Ludueña, a nueve días de su suicidio, convoca a una movilización en Pilar. Exigen justicia y que la fiscalía cambie la carátula a homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado. Y citan como antecedente el caso de Sathya, por el cual su progenitor fue sentenciado a prisión perpetua.

De la ilusión de ser bombera a la pesadilla de la violencia sexual

Luana era una joven de 26 años. Integraba el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Pilar, era voluntaria en el centro vacunatorio instalado en el Orfeo y estudiaba Enfermería. Soñaba con pertenecer al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), creado en 2021, cuyo titular en ese entonces era Diego Concha, el Jefe de Defensa Civil y “héroe” favorito del periodismo adepto al gobierno cordobés. Concha le aseguró a Luana: “Quedate tranquila que estás adentro. Yo decido quién se suma”. Después le quiso regalar borcegos, ropa y guantes de la dependencia, buscando demostrar su poder, y quedaron en contacto.

Ante la denuncia, más violencia

Recién después de que Concha fue detenido por violencia de género hacia su ex esposa[1], Luana se animó a acercarse al Polo de la Mujer a pedir contención psicológica. La respuesta del gobierno ante las violencias ejercidas por Concha fue aceptar su renuncia, sin ninguna solidaridad con las víctimas.

En diciembre, Luana logró presentarse ante la justicia para llevar adelante la denuncia, que quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez, y decidió volver al voluntariado en el Orfeo. Pero el 10 de enero se encontró con Conti, otro integrante de la ETAC, que así como antes no le creyó a Luana el abuso ahora la retuvo a la fuerza en su auto y la intimidó por haber denunciado a su superior.

Luana denunció este hecho en Río Segundo y la investigación por amenazas está a cargo del fiscal Peralta Otonello, pero quedó aterrada después de ese apriete.

Fue femicidio: ¡perpetua para Concha!

Toda la vida Luana soñó con ser bombera. La posibilidad de entrar al ETAC era la concreción de su deseo. Ella sola había entrenado a su perro y logrado una homologación ministerial para utilizarlo en salvatajes. Pero denunciar al poder cuesta caro. Al señalar a Concha y por ende “enfrentarse” con sus amigos, familiares y gente de los cuerpos de bomberos de la provincia, su sueño se había vuelto una pesadilla.

El poder político y la justicia sostienen una historia de impunidad que también es femicidio. Los suicidios de víctimas de abuso, ante la inacción y abandono del Estado, existen desde hace mucho: ahora llevan nombres como Sathya y Luana. ¡Exigimos justicia por ellas, Ni una menos, el Estado es responsable!

Reclamamos presupuesto para la real aplicación de la ley anti-violencia, para que haya un acompañamiento integral e interdisciplinario a las víctimas, con profesionales con condiciones dignas de trabajo. Basta de precarizar a las compañeras del Polo de la Mujer. Y en cuanto a la justicia, exigimos los juicios por jurados populares y la elección de jueces y fiscales por votación popular y con mandato revocable.

Te invitamos a acompañar a la familia este domingo 30 por Luana y para ponerle fin a la impunidad.

[1] Por los cargos de agresión con arma, lesiones leves calificadas, amenazas calificadas por arma de fuego y coacción.

Mario se encuentra internado en el Hospital de Quemados de la ciudad de Córdoba y fue imputado por la fiscal Betinna Croppi por homicidio calificado por el vínculo luego de rociar con combustible y prenderse fuego en la vivienda donde se hallaban Laura y su hijo de 14 años que fue rescatado por vecinos.

Los primeros días de enero del 2019 nos conmovía la historia de Daiana Moyano, una joven de 24 años, madre de dos niñas pequeñas, quien fuera abordada por Dario Alejandro Coronel al bajar del colectivo que la había dejado a más de 10 cuadras de su recorrido habitual por el mal estado de las calles de tierra.

Daiana le avisó a su pareja que la espere pero jamás pudieron encontrarse. Tras un intenso rastrillaje, impulsado por su familia y vecinos, encontraron sin vida a Daiana abandonada en un descampado de barrio Ciudad Mi Esperanza, luego de ser abusada y asesinada.

Tras este grave hecho, su mamá, Laura, se sumó incansablemente a movilizaciones, Encuentros de Mujeres, concentraciones y todas las acciones necesarias para impulsar la exigencia de Justicia para Daiana. Horas antes de que entrara en vigencia el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el país, recibieron la noticia de la perpetua para Coronel por el femicidio de su hija en los tribunales cordobeses.

Hoy, el grito de justicia para Laura se hace eco en cada rincón de la provincia, de la misma forma que ella lo exigía para su hija. Con Laura, ya son 9 los femicidios en Córdoba durante el 2020 y su muerte conmueve hasta los huesos. Las exigencias de acompañamiento estatal a las familias atravesadas por los femicidios, la efectiva implementación de la Ley Brisa, como también la habilitación de refugios y asistencia integral para las mujeres y disidencias siguen siendo una deuda con todas y todes.

Maru Acosta

En la audiencia del viernes 18 de septiembre, en los alegatos finales las fiscales pidieron la perpetua ante los cargos de: delitos de homicidio calificado, por ser con alevosía y ensañamiento, y por mediar violencia de género (femicidio), amenazas calificadas, agresión con toda arma y atentado a la autoridad.

Como bien lo venimos expresando y detallando en artículos anteriores, está más que claro que esta condena es un paso importante, pero queda un sin sabor porque no se investigó al entremado de responsables que aún están impunes, incluyendo responsabilidades en el mismo Estado, que dejó sola a Vanesa a la hora de denunciar el abuso de una alumna.

Colegas de la docente expresaron hoy: «Esta persona no actuó sola, él mismo lo dijo en una de las audiencias. Está registrado y grabado lo que dijo, nosotros entendimos enseguida que era así. Fue por encargo. Nadie va a una escuela a donde hay maestros y niños, armado. Nadie clava 13 puñaladas bestiales a una persona porque no le pudiste vender un par de chancletas como es lo que dice una versión. Estaba merodeando la escuela los días anteriores, fue planificado».

La lucha por justicia recién comienza. Hoy sentencian al autor material del crimen de Vanesa, y no pueden quedar impunes las responsabilidades que faltan. Desde Alternativa Docente y el MST seguiremos en las calles acompañando a familiares y docentes hasta lograr la justicia que realmente queremos.

Vanesa Castillo ¡Presente!

Alternativa Docente Santa Fe

En la puerta de tribunales de la Ciudad de Santa Fe, Junto a familiares, amigos y colegas de Vanesa se realizó una concentración desde las 8:30 hs hasta la finalización de los alegatos. Luego al finalizar con un abrazo simbólico se cerró la nueva jornada de lucha por verdad y justicia.

A dos años y siete meses del brutal femicidio con el que le arrebataron la vida a Vanesa Castillo, que conmovió profundamente a la comunidad educativa, llegó la hora del juicio y de una justicia esperada por allegados. Pero la realidad de los hechos es que la justicia mira para otro lado una vez más.

Durante la radio abierta, una de las compañeras  de Vanesa expresó: “Esto no puede quedar así, nadie mata por matar de 13 puñaladas porque sí. El Estado la dejo sola, muchas veces los docentes estamos obligados a hacer cosas que no nos corresponden. Vanesa dejo su vida, esto tiene que dejar una enseñanza un aprendizaje, no podemos agachar la cabeza y adoptar las medidas impuestas.”, más adelante agregó: “Espero que la justicia deje de mirar para otro lado. Que se tomen todos los testimonios que sea para que se siga investigando. Hoy en día nadie nos cuida, y esto se comprobó con la muerte de Vanesa. Justicia”

Queda claro que a Vanesa la mandaron a matar, como bien el mismo imputado lo declaró en el mes de marzo. Ante esto recordemos que la fiscalía rechazó la ampliación de la acusación por el delito de homicidio calificado por precio o promesa remunerativa. Esto devela la complicidad y encubrimiento de la justicia para que se siga investigando para llegar a la verdad y justicia para que paguen todos los responsables, materiales, intelectuales y quienes dejaron sola a Vanesa al realizar la denuncia.

Por otra parte, en los alegatos Cristina Ferraro, expuso la tesis de la Fiscalía precisando que: “la víctima directa de este femicidio fue Vanesa Soledad Castillo, pero debemos ver que representó en nuestra sociedad y que representó para Cano, quien no solo mató a Vanesa sino que, en profunda desconsideración de la condición femenina y como fiel reflejo de la sociedad patriarcal, deliberadamente mató a la madre, a la hija, a la hermana, a la mujer, a la excelente compañera y mujer que Vanesa era”. Claro está que fue femicidio y eso ni la justicia patriarcal puede negarse a afirmarlo.

Desde Alternativa Docente y el Frente 4 de abril estuvimos presentes acompañando la jornada de lucha por verdad y justicia. El caso de Vanesa dejo al desnudó el total abandono y desprotección del Estado ante la vulneración de derechos de las infancias como en casos de abuso sexual infantil y de los trabajadores que intervienen en denuncias como estas. No se actuó en consecuencia a partir de la intervención de la docente. Así lo reflejan las palabras de una de sus compañeras: “Los docentes nos hacemos cargo de todo lo que pasa en la escuela. Ella cargó con la mochila de esta nena y perdió su vida”. Esto pone en discusión la Ley Vanesa que debería dejar de estar cajoneada y ponerse en vigencia lo antes posible.

Sabíamos que esta justicia patriarcal, encubridora de responsables no iba a ir a fondo. Hasta ahora, todo fue posible por la fuerza de su familia y de quienes acompañaron a dar esta pelea, que nació   y se transformó el dolor profundo en lucha inquebrantable. Pero el camino es ir por más y para eso es necesario seguir movilizados ante la permanente vulneración de nuestros derechos por parte del Estado.

Hoy la docencia tiene que segur en pie de lucha y encontrarnos en unidad más que nunca   defendiendo la educación pública, de calidad, laica y gratuita, como seguramente lo hubiera querido Vanesa. Y para lograr la justicia que realmente queremos. No vamos a parar hasta que paguen todos los responsables. Por Vanesa Castillo y por todas, para que no haya ninguna Vanesa más.

Alternativa Docente Santa Fe

]]> https://mst.org.ar/2020/09/17/una-sonrisa-que-es-bandera/ Thu, 17 Sep 2020 10:59:37 +0000 https://mst.org.ar/?p=27674 Paola Acosta tenía 36 años y tres hijos: Agustín, Tomás y Martina. La más chica, Martina, tenía un año y nueve meses cuando Paola logró que -ADN obligado por la Justicia de por medio- Gonzalo Lizarralde tenga que asumir la paternidad.

La noche del 17 de septiembre de 2014 Gonzalo fue al edificio donde vivían Pao y Martina con la excusa de pagarles la primera cuota alimentaria. Esa noche asesinó a Paola, intentó hacer lo mismo con Martina y las tiró en una alcantarilla.

El domingo 21 de septiembre, 80 horas después, fueron encontradas. Martina estaba deshidratada, tenía heridas, una fractura, sepsis e hipotermia. Pero sobrevivió.

Durante los días en que estuvieron desaparecidas, Maru, la hermana de Paola, se puso al frente de la búsqueda y el reclamo a la policía y la justicia para que actúen. “Hay que esperar 48 horas”, “se debe haber ido con algún novio” son algunas de las respuestas que recibió por parte de los funcionarios que debían recibir la denuncia.

Pero Maru no estaba sola. Además de sus familiares y amigos, tenía a sus compañeros y compañeras del MST a su lado: llamando a los medios, presionando al fiscal, cortando las calles frente a la comisaría y la fiscalía, convocando y saliendo a marchar, aportando las pruebas del principal sospechoso, volanteando en las plazas y parques de la ciudad la foto de Pao y Martina para que todo el mundo se entere de su desaparición y salgan a buscarlas. La respuesta de la sociedad fue conmovedora y la solidaridad con la búsqueda se hizo masiva.

Las marchas por Justicia para Paola convocaron a miles de personas en las calles de Córdoba y hasta el edificio de los Tribunales locales. Quienes veían pasar la movilización, se sumaban espontáneamente a acompañar. El dolor era compartido, y la decisión de luchar por Justicia y para que no pase nunca más, también.

Un antes y un después

“Está en nosotras no hacer que esto sea sólo una despedida de Paola, porque están nuestros derechos, nuestras vidas en juego. Esto le podría haber pasado a cualquiera, a nuestra hermana, a nuestra hija, a nuestras madres. Entonces nos tenemos que comprometer a seguir, a seguir esta lucha” dijo Luciana Echevarría a la multitud en la marcha del 22 de septiembre de 2014.

Ese compromiso dio un nuevo impulso a la lucha contra la violencia de género. Lo que históricamente había sido tratado como un asunto privado o de la intimidad, pasó a ser entendido como un problema social. Este cambio fue clave para lo que vino después.

Mientras la Justicia seguía inventando protocolos a la medida de los violentos y garantizando la impunidad, mientras los medios de comunicación hablaban de crímenes pasionales y ante cada desaparición de una mujer hacían foco en su ropa y su vida^[1], se fue gestando algo muy grande que unos meses después estalló en el primer Ni Una Menos.

El 3 de junio de 2015 un nuevo femicidio, el de Chiara Paez en Rufino, desató la indignación y el hartazgo frente a tanta violencia hacia las mujeres. Millones de personas en todo el país salieron a las calles en cientos de ciudades a decir basta y a exigir al Estado que actúe, que prevenga, que dé respuestas y deje de amparar a los violentos y femicidas.

El movimiento fue tan grande que se contagió y extendió a México, Perú, Italia, España y distintos países de todo el mundo.

Las cosas por su nombre

Durante mucho tiempo se habló de crímenes pasionales para hacer referencia a los asesinatos de mujeres en el marco de la violencia de género. Fue una conquista del movimiento feminista el reconocmiento de estos crímenes como femicidios. “Lo que no tiene nombre, no existe” dice Marcela Lagarde y por eso este reconocimiento es tan importante.

Femicidio es un concepto político que hace referencia al asesinato de mujeres por el hecho de serlo. Su reconocimiento como tal es necesario para visibilizar las particularidades de este tipo de homicidios y el sistema estructural de desigualdad y opresión en el que se enmarcan. Son las desigualdades sistémicas propias del patriarcado las que habilitan las violencias hacia las mujeres en los distintos ámbitos de sus vidas y el femicidio es la expresión máxima de esta cadena de violencias.

En Argentina, desde el año 2012 una modificación del Código Penal, realizada a través de la ley 26.791, incorporó como agravante para los homicidios el de la prisión perpetua en casos en los que medie violencia de género. Esa modificación legal fue la respuesta al reclamo del movimiento de mujeres que desde hace años impulsaba el reconocimiento por parte de la justicia del femicidio y la violencia de género.

Sin embargo, en octubre de 2015, el tribunal de la Cámara undécima del crimen de Córdoba, compuesta por Susana Frascaroli, Daniel Ferrer Vieyra y Graciela Bordoy, condenó a Gonzalo Lizarralde a prisión perpetua por el homicidio de Paola Acosta y la tentativa de homicidio de Martina, pero rechazó el agravante por violencia de género.

Los argumentos de la sentencia eran que no medió violencia de género porque “no existió una relación desigual de poder” debido a que Paola Acosta se mostró como “una mujer fuerte, decidida”.

Como consecuencia, este fallo fue citado en sentencias posteriores para negar la aplicación del agravante por violencia de género. Así sucedió con los casos de Irma Rodriguez y Rocío Rodriguez.

Pero dijimos que la lucha por Justicia para Paola marcó un antes y un después. Y así fue también en este aspecto. Porque, aunque ya se había logrado llevar a Lizarralde a juicio con mucha más celeridad de la que era habitual en los tiempos de la justicia y se lo había condenado a prisión perpetua, la lucha siguió. El reconocimiento de la violencia de género por parte de la justicia era necesario por la memoria de Paola, por el presente y futuro de Martina y por todas las mujeres.

Además de seguir las movilizaciones, acompañar a los demás juicios por femicidios que habían dormido durante años y por la presión social comenzaron a activarse, el partido en el que Maru ya militaba desde hace tiempo, el MST, presentó un pedido de Jury de enjuiciamiento contra el Fiscal Oyhanarte -el que no actuó frente a la desaparición de Paola y Martina- y acompañó a la querella de la familia en la apelación de la sentencia que no reconocía la violencia de género.

Dos días después de la presentación del Jury, el Fiscal Oyhanarte se jubiló sin rendir cuentas ni dar explicaciones.

Además, el 9 de marzo de 2017, un día después del primer Paro Internacional de Mujeres que se expresó en Córdoba con una multitudinaria movilización, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia falló en respuesta a la apelación, tuvo que reconocer que este caso era un femicidio y ratificó la condena a perpetua de Lizarralde. Incluso, sentó las bases para que los juicios posteriores a este fallo reconozcan a la violencia de género y apliquen el agravante en las condenas.

Una alquimia de amor y lucha

Hoy en un mural frente al Parque Las Heras en la ciudad de Córdoba brilla la sonrisa de Paola. Y, al igual que la historia de lucha del movimiento de mujeres, resiste frente a los ataques de los hijos sanos de este sistema patriarcal.

A 6 años del brutal femicidio con el que le arrebataron la vida, su sonrisa se hizo bandera, porque la decisión y fortaleza con la que peleó por sus derechos y los de Martina -esa insumisión por la que quisieron castigarla- se hicieron sentir e impulsaron la larga lucha por Justicia para ella y para todas.

Una lucha que desnudó la responsabilidad del Estado para perpetuar la violencia machista, que obligó a instituciones arcaicas como la Justicia a llamar a las cosas por su nombre y reconocer la violencia de género y los femicidios, que demostró la fuerza de la que son capaces la organización colectiva y la movilización. Y todo fue posible por la fuerza de Maru y de quienes la acompañaron a dar esta pelea, que nacieron de una alquimia de amor que transformó el dolor profundo en lucha inquebrantable.

Guadalupe Limbrici

^[1] Un ejemplo emblemático fue la nota de Clarín sobre el caso de Melina Romero: https://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_S1ek3YcD7g.html

Después de dos años y siete meses del hecho, se dio inicio al debate y en los alegatos iniciales, que fueron televisados por el canal público de la provincia de Santa Fe, tanto la fiscalía como la querella solicitaron  la pena máxima para Cano.

Las fiscales Cristina Ferraro y Bárbara Ilera, quienes tuvieron a cargo la investigación de los hechos, solicitaron la pena de prisión perpetua para el acusado por la autoría de los delitos de homicidio calificado (por ser con alevosía y ensañamiento y por mediar violencia de género) amenazas calificadas, agresión con toda arma y atentado a la autoridad.

La fiscal Ferraro expuso: “Demostraremos que Juan Ramón Cano cometió en contra de Vanesa un femicidio de los denominados no íntimos, porque aún cuando no existía un vínculo previo entre ellos él se aprovechó de una víctima mujer, vulnerable, abusando de su pretendida superioridad basada en una relación desigual de poder, que toma sus bases en esta sociedad patriarcal”.

La familia de Castillo es representada por sus abogados querellantes Carolina Walker Torres y Matías Pautasso, quienes recordaron lo sucedido aquel 15 de febrero: “Cano la esperó y cuando Vanesa salió de la escuela se le acercó, intentó venderle unas ojotas pero ella se negó. Después de eso, él violentamente se sube a la moto de ella, que ya estaba en movimiento, la toma del cuello y comienza a apuñalarla. Vanesa pierde el control del vehículo y caen, y aún en el piso Cano continuó apuñalándola. Trece puñaladas le dio, todas por la espalda”.

Tal como lo sostuvo la familia de la docente desde un primer momento, la querella planteó que la denuncia por el abuso sexual a una estudiante que Vanesa realizó en 2017 fue la razón del ataque que terminó con su vida. Dicha hipótesis se reafirmó cuando en una audiencia en marzo Cano, a viva voz, dice que él no se quería comer la perpetua solo porque a él lo habían mandado a “sicariar” a la maestra.

Por esas razones  los abogados querellantes solicitaron la ampliación de la acusación, para sumar a la imputación de “homicidio” la calificación “por ser cometido por precio o promesa remuneratoria”. La fiscalía planteó que durante la investigación penal preparatoria (IPP) “no se lograron reunir los elementos suficientes” para apoyar la versión de la querella, pero no obstante ello no se opuso al planteo. Sí lo hizo el defensor público Javier Casco ya que, a su entender, el momento para realizar dicha ampliación “ya ha precluido”.

El tribunal, compuesto por los jueces Rosana Carrara (presidenta), José Luis García Troiano y Leandro Lazzarini, resolvió no hacer lugar a la ampliación de la acusación, y refirió que los fundamentos se darán a conocer junto a los del juicio, en el plazo de ley. Esto no es inocente, sino que intenta ocultar el entramado de fondo de responsabilidades del Estado en el caso. A su turno, la defensa a cargo de Casco planteó una posible “imputabilidad disminuida” para el imputado.

La sentencia se dará a conocer el día lunes 21 de septiembre y durante el desarrollo del juicio declararán  más de 70 testigos ante el tribunal.

El juicio es televisado por el canal Público 5Rtv: https://www.facebook.com/5RTvSF/

Web: www.5rtv.com.ar

• Lunes 14 de septiembre desde las 8,30 hs: Alegatos de apertura.
• Jueves 17 de septiembre desde las 8,30 hs: Alegatos de cierre
• Lunes 21 de septiembre: Sentencia

El Estado es responsable

El femicidio de Vanesa Castillo conmovió profundamente a la comunidad educativa, a las organizaciones de mujeres y a toda la sociedad en su conjunto. Su caso desnudó el total abandono y desprotección del Estado ante la vulneración de derechos de las infancias como en casos de abuso sexual infantil y de los trabajadores que intervienen en la denuncia. No se actuó en consecuencia a partir de la denuncia de Vanesa, exponiendo su identidad y sin  resguardar la integridad física de la docente.

La negación a la ampliación de la acusación pone en evidencia el encubrimiento de la justicia con las responsabilidades políticas y las negligencias institucionales en el caso.

Ante eso, es que se ha llevado adelante la lucha para que exista una normativa actualizada que proteja las infancias y a los agentes estatales que acompañan a las infancias y adolescentes en las denuncias de vulneración de derechos. Un proyecto de ley que lleva el nombre de la docente y que al día de la fecha solo cuenta con media sanción en diputados.

Desde Alternativa Docente seguiremos acompañando a familiares, amigos y colegas de trabajo en el pedido de justicia y esclarecimiento a fondo. El Estado es responsable: Justicia por Vanesa.

Claudia Montenegro, delegada de la escuela Nº1188

Alternativa Docente Santa Fe

En medio de la extensa cuarentena Jujuy otra vez es noticia por la muerte de otra mujer, víctima de violencia género. Después de 10 días de intensa búsqueda, la joven de 20 años fue encontrada en un tanque de agua en el ex matadero municipal de la ciudad de Abra Pampa. Nicole fue víctima de femicidio, se está investigando las circunstancias y los posibles autores.

El caso es el 7° femicidio en la provincia en lo que va de la cuarentena. Desde Juntas y a la Izquierda-MST Jujuy exigimos justicia, la pronta aclaración del caso para dar con el culpable o los culpables de este aberrante hecho.

Justicia por Nicole y por todas las víctimas de femicidio. El Estado es el responsable de que nos sigan matando. Por esto es necesario que se destine presupuesto real, de forma inmedita para la prevención, para la construcción de casas-refugios para víctimas de violencia de género.

#NiUnaMenos #VivasNosQueremos #JusticiaPorNicole

María Soledad cursaba el último año de la secundaria en el colegio del Carmen y San José en San Fernando del Valle de Catamarca, cuando los entramados de violencia sexual, corrupción y encubrimiento estatal le arrebataron la vida.

La provincia era gobernada por la dinastía de los Saadi, desde la vuelta de la democracia, con décadas de conducción del PJ en la provincia, eran una casta feudal ligada a las cúpulas de la Iglesia que usaba el poder del Estado para garantizar todos sus privilegios. Pero esta lucha vino a desnudar todo el entramado del poder.

El riesgo de ser mujer, joven y pobre

El deseado viaje de egresados es un sueño para el que se esfuerzan en juntar plata  muches adolescentes. Entre elles estaba María Soledad cuando la noche del viernes 7 de septiembre, les egresades organizaron una fiesta en el boliche Le Feu Rouge para recaudar fondos. Ella pidió permiso a sus padres para quedarse en la casa de unas compañeras en la ciudad y regresar el sábado. A la madrugada salió de la fiesta para encontrarse con Luis Tula, un treintañero empleado de Obras Públicas. Poco se sabe que habían hablado de ese encuentro mas que se dirigían a otro local: Clivus. Era el entregador, un ñoqui de la casta para engañar mujeres y llevarlas a las fiestas sexuales del poder político. Cuando el sábado no regresó a la casa, su mamá Ada y su papá Elías comenzaron la búsqueda. Fue abusada, drogada y su cuerpo sin vida hallado el 10 de septiembre de 1990, al costado de la ruta 38 por trabajadores de Vialidad. No era el primer caso, pero la impunidad era moneda corriente. Rápidamente, las jóvenes, las familias y el colegio supieron que sin repercusiones el final sería el mismo. Se rompió el miedo a la casta y las masivas “marchas del silencio” tomaron las calles.

Los hijos del poder

Fueron a lo largo de la investigación surgiendo diferentes nombres ligados a personajes de la política. Luis Tula fué condenado a 9 años por participación necesaria en el delito de violación y Guillermo Luque, hijo de Ángel Luque diputado del PJ y ahijado de Menem, fue condenado a 21 años de prisión por violación seguida de muerte. Sin embargo, otros sospechosos lograron evitar la imputación por el encubrimiento estatal. Entre ellos estaban Pablo y Diego Jallil, hijos del intendente; Miguel Angel Ferreryra, hijo del jefe de policía, y Arnoldo Saadi, primo del gobernador.

El entramado de complicidad alcanzó al conjunto del régimen político. Mientras las denuncias iban: desde los dos patrulleros que se vieron durante la madrugada del 10 en el lugar donde apareció el cuerpo; el accionar del médico forense Hugo David Gimenez que lavó el cuerpo y no recordaba quien realizó las pericias; la complicidad de los magistrados en el Juicio de 1996; tal fué el escándalo que hasta Menem envió a Patti a intervenir, pero para desviar toda hipótesis que afectara al poder, denunciando un crimen pasional para incriminar exclusivamente a Tula.

Después del #NiUnaMenos

El caso de María Soledad fue una demostración de la responsabilidad directa del Estado en la violencia hacia las mujeres. Los cuestionamientos a sus acciones y decisiones privadas tomaron la escena pública. Hoy 30 años después y como protagonistas de una revolución feministas, reconocemos la importancia de la movilización en la calle para lograr Justicia. Sin embargo, queda más que claro que para poder llegar a la verdad nos seguimos enfrentando a la misma complicidad policial y judicial. Con movilización y lucha conquistamos la carátula de femicidio, necesitamos profundizar y fortalecer esta orientación para enfrentar al poder político, la justicia, la policía y la Iglesia, garantes y cómplices de la violencia, hasta que tiremos juntos al patriarcado y al capitalismo.

Jeanette Cisneros

Siempre fuimos dos en el barrio entre medio de unos cuantos pibes más, si ustedes vieran el brillo y la libertad que cargaba en los ojos, jugaba al fútbol mejor que nadie cuando éramos chicos, armábamos mariandita con dos palos como arco. Siempre fue libre, pedía perdón antes que permiso, no le gustaba estar encerrada ni mucho menos encadenada a algún lugar, así fue que crecimos, con una cagada a pedo de vez en cuando de los viejos.

Ella optó por ir a buscar suerte en el Sur como cada tanto salen del pueblo a ver qué les depara el destino, sola, libre, sin miedo. Yo me vine a estudiar y cada tanto jodíamos con que el primero que se asiente tenía que darle trabajo al otro. Hasta ya habían planes que tenía ganas de volver unos meses a su pueblo en el verano, si hubiésemos sabido lo que venía no habría pasado ni un segundo más.

Con todo este dolor, de revuelo quieto, entre medio de silencios ruidosos y gritos mudos me pregunto: Qué se hace?, qué se hace cuando “un alguien” te arranca parte tuya, se lleva puesta la vida de una hermana, madre, hija… qué se hace? qué se hace cuando una madre, su madre, llora y grita de dolor en la punta de la cama con una vela prendida frente a un portarretrato y se echa la culpa de que su hija no está más, tendría que haber estado con ella te dice, por qué a mí?, porque a ella?. Sale linda en esa foto. Te acordas cuando vino? … Qué se hace?

Cómo le explicas que no es culpa de ella, que no fuimos nosotros, fue él, fue “un alguien”. Un alguien que de nombrarlo provoca una punzada de rabia y dolor en el pecho, fue un alguien que antes de llevársela y apagarla le dijo: -Vamos que me tenes que cocinar… Qué se hace?

Qué se hace? cuando sentís que el sistema fue parte, nuevamente, de que una piba no esté más, un sistema que soluciona en vez de prevenir. Qué se hace? Cuando sabes que hubo denuncias de ella hacia “un alguien” que la golpeaba, mucho no hablaba para no cargarnos de problemas decía, y le puso la perimetral a “un alguien”. Un alguien que hasta en los últimos segundos de vida de ella se empecinó en hacerla sufrir.

¿Hasta cuándo esta sociedad rota y vacía va a seguir preguntándose qué se hace? …

Justicia por mi hermana Yanina, justicia por las que fueron. Y justicia, porque ninguna más tiene que ser.

A continuación dejamos el link con el artículo «Femicidio en Comodoro: justicia por Yanina», de Emilse Saavedra:

https://mst.org.ar/2020/09/08/femicidio-en-comodoro-justicia-por-yanina/

Escribe: Emilse Saavedra

Yanina era de General Alvear, Mendoza. Vivía hace 9 años en Comodoro Rivadavia, a donde vino a probar suerte, según comentan sus familiares. Madre de tres niños, uno de ellos vivía aquí con ella en la ciudad. Al momento del femicidio no se encontraba con ella y hasta hoy no sabe qué pasó con su mamá. Ella había logrado que le tomen una denuncia por violencia de género y que se dicte una restricción perimetral, pero nada de esto alcanzó.

¿El Estado dónde está?

Desde el arranque de la cuarentena, hemos alertado que la violencia no cesó y que tener que atravesar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio junto a quienes nos violentan muestra la nula acción del Estado para protegernos. Ya había dado cuenta de esta situación el desborde de la línea 144, que como sabemos, luego no se traduce en políticas que asistan a las víctimas para que dejen de serlo. Es que si no hay refugios de tránsito para salir del domicilio compartido con el violento; si no hay subsidios para garantizar la independencia económica y romper esa coerción que también actúa; si no hay asistencia jurídica y psicológica gratuita en tiempo real para asistirnos; si no hay monitoreo sobre el violento con tobilleras y se responsabiliza a la víctima de alertar ante violaciones a la perimetral pero ni siquiera hay botones antipánico, toda denuncia cae en saco roto. De esta manera, difícilmente pueda alguna mujer liberarse de quien la violenta. Por eso decimos que el Estado es responsable.

Pero no es casual que las instituciones no den respuestas. En 2017 se dictó en la provincia la emergencia en violencia de género con una vigencia de dos años y planteaba, entre otras cosas, la reinserción laboral de las mujeres que sufren violencia, la posibilidad habitacional para alejarse del violento y la construcción de casas refugios, es decir, todo aquello que debe estar garantizado según la ley 26.485. Sin embargo, más allá de la reiterada exigencia de parte de las organizaciones de mujeres, el presupuesto para implementarla nunca llegó. Mientras vivía, el ex gobernador Das Neves, de hecho vetó la emergencia dejando en claro sus prioridades, y el mandato de Arcioni no hace la diferencia, ya que continúa la línea de ignorar nuestro constante reclamo y en la actualidad también ignora la exigencia de implementación de la Ley Micaela, que plantea la obligatoriedad de capacitar con perspectiva de género a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Así llegamos al día de hoy.

Ni una menos, de verdad

En ese marco, nos movilizamos ayer lunes, con la exigencia de justicia. Una amplia convocatoria que recorrió el centro de la ciudad desde la plaza Kompuchewe y tuvo una parada en la Comisaría 1era, donde repudiamos a la policía, que no garantizó que se cumpla la restricción de acercamiento que tenía el femicida, y realizamos un minuto de silencio por Yanina. De la marcha participaron sus amigas y su ex pareja, padre de su niño, quien ante los medios expresó su dolor ante la pérdida que sufrió su hijo y a la vez el hecho de no saber cómo comunicarle lo que había sucedido con su madre.

Desde Juntas y a la Izquierda de Chubut y en articulación con nuestras compañeras de Mendoza nos solidarizamos con su familia y amigxs. Seguimos exigiendo la aplicación efectiva de la ley Micaela en los tres poderes, y planteamos que se extienda a la policía como funcionarios públicos y como institución que tratan directamente la violencia. Proponemos depurar la cúpula policial y que los comisarios sean electos por voto popular, con mandatos revocables y estén bajo control social. Y exigimos una vez más emergencia en violencia de género en Chubut, Mendoza y en todo el país con el correspondiente presupuesto para poder efectivizarla. Plata hay para hacerlo si se deja de pagar la fraudulenta deuda externa. Nuestra provincia, por ejemplo, pagará en Octubre 40 millones de dólares a los bonistas. Con esa plata, más la que se podría recaudar con un impuesto progresivo a las grandes fortunas y con la eliminación de los subsidios a la Iglesia antiderechos, se podría garantizar resolver todas las necesidades sociales, entre las cuales el combate a la violencia de género es una fundamental, para poder decir de verdad Ni Una Menos.

¡Justicia por Yanina!

¡Perpetua para el femicida Luis Gomez!

¡Emergencia en violencia de género ya!

¡El Estado es responsable!

A continuación dejamos el link con el escrito que nos hizo llegar Mariano Montes, hermano de Yanina: “Justicia por mi hermana Yanina, justicia por las que fueron”

https://mst.org.ar/2020/09/08/mariano-montes-justicia-por-mi-hermana-yanina-justicia-por-las-que-fueron/