Escribe: Sergio García

En una nota con la firma de Martín Primo, el Nuevo MAS acusa al FIT Unidad en general y entre otros, a nuestro partido el MST en particular, por las posiciones que, según el autor de la nota, tuvimos en el conflicto policial. Pretende así, con acusaciones infundadas, dar un golpe de efecto acusando sobre un supuesto apoyo nuestro al conflicto policial. Nada más lejos de la realidad.

El artículo en cuestión no nos sorprende. El método de las calumnias, las falsedades y amalgamas es repetido en este grupo sectario, que permanentemente utiliza estos métodos repudiables que son ajenos al sano debate entre fuerzas de izquierda.

Debatir a fondo, polemizar cuando es necesario, confrontar ideas, son cuestiones necesarias y muy útiles en el objetivo de ayudar a los intereses de la clase obrera y la izquierda socialista y anticapitalista. Por eso debatir bien, seriamente, partiendo de los hechos y la realidad es algo esencial. Es el único método revolucionario.

En cambio, mentir, difamar, tergiversar, como hace permanentemente el NMAS, es muy nocivo y en el fondo lo que busca es desviar el debate. En este caso para tapar o esconder un tema central; la asombrosa capitulación del NMAS al régimen capitalista y al aparato de gobierno durante estos últimos días.

Por todo esto, sacando del medio el velo de las falsedades, veamos entonces los hechos y políticas verdaderas, para de ahí sacar conclusiones útiles.

Yendo a la polémica, partamos de decir que no se entiende en base a qué texto o declaración, entre otras cosas insólitas el NMAS dice: «El MST casi a elevado a la yuta al grado de vanguardia del proletariado… La dirección del MST, siguiendo el método pequeñoburgués de tomar lo bueno y rechazar lo malo, deja claramente establecido que apoya las nueve décimas partes del programa de la asonada policial y que solo objeta uno de los puntos. Así lo escriben: «Junto a la suba salarial, democratizar la fuerza y derecho a sindicalizarse, el pliego policial de reclamos incluye el punto 14 contra las «represalias»: sumarios, arrestos, desafectaciones, traslados. [Este punto] Lo rechazamos de plano, ya que implica impunidad para la violencia y demás delitos de la Bonaerense». Es decir, que el 93% del programa policial es progresivo, el único problema de la gesta policial es ese último punto con el cual el MST sí que no transa» (1).

Pocas veces hemos visto farsa semejante para polemizar. Ese método sí que es de una dirección pequeñobuguesa. Cómo decíamos al inicio de esta nota, el mentir, falsear, tergiversar como hace el NMAS, es un método ajeno a la clase obrera, infantil, de pequeña secta. Ese método recorre todo su artículo.

Por eso, para clarificar, le hacemos tan solo unas preguntas: ¿dónde dijo el MST que apoyaba el reclamo policial? En ningún lado. ¿Dónde dijo el MST que apoya el 93% del programa? En ningún lado. ¿Dónde elevamos al grado de vanguardia a la yuta? En ningún lado. ¿En algún lugar dijimos que apoyamos el pedido de sindicalización de La Bonaerense? De nuevo, en ningún lado.

En este último tema el NMAS solo cita nuestra descripción de los hechos, donde escribimos: «Junto a la suba salarial, democratizar la fuerza y derecho a sindicalizarse, el pliego policial de reclamos incluye el punto 14 contra las represalias, sumarios, arrestos, desafectaciones, traslados». Es una descripción de los hechos que planteó la policía, no nuestra propuesta, y cualquier lector puede darse cuenta. Lo mismo cuando el NMAS pretende acusarnos porque escribimos «hay una combinación de elementos». Siempre hay combinaciones, distintos hechos, contradicciones. En todo proceso de la realidad los hay y en toda crisis se reflejan problemas sociales diversos ¿Qué tiene de malo hacer notar eso en el análisis de un hecho social? En nada. Es una simple descripción de una realidad que no implica ningún apoyo a La Bonaerense.

La verdadera posición del MST

Cómo claramente puede verse en todos nuestros artículos a lo largo de tres días y en declaraciones en redes sociales y en la prensa de nuestras y nuestros referentes, la posición del MST fue contra el alzamiento de La Bonaerense, contra la política del gobierno y en forma independiente levantamos propuestas alternativas y de fondo. Además de exigir que el aumento debiera ser para los trabajadores esenciales y no para La Bonaerense.

No vamos a repetir de nuevo todo aquí. Solo para clarificar las falsedades que dice el NMAS vamos a reproducir algunos aspectos de nuestros trabajos de estos días. Donde hemos dicho entre muchas otras cosas lo siguiente:
En nuestro primer artículo dijimos: «Mientras transitamos una crisis sanitaria y económica de gran magnitud, y no hay nuevas medidas para reforzar el sistema sanitario bonaerense, ni aumentar los salarios de su personal ni tampoco para paliar la difícil situación social, el gobernador Kicillof cedió de inmediato al reclamo de la policía. Después del anuncio del Plan Integral de Seguridad[i], al que Alberto piensa destinar casi 40.000 millones de pesos, Kicillof respondió al toque que sí. Sin dudas, como lo indicó Bianco, el aumento salarial era algo ya previsto para reforzar las garantías del aparato represivo… Bianco volvió a destacar el «esfuerzo y compromiso» de la Policía Bonaerense durante la pandemia. Toda esta inversión salarial, en armas, equipamiento e infraestructura que significa el «megaplan» de seguridad que lanzó el gobierno sólo tiene como finalidad fortalecer el mayor aparato represivo del país, con unos 90.000 agentes… Muy lejos está la Policía Bonaerense de ser una solución para los delitos y la inseguridad. Es necesario terminar con ese nicho de corruptos y represores, disolviéndolo». (2)

En una siguiente nota agregamos: «De nuestra parte y como ya hemos dicho en un anterior artículo, La Bonaerense expresa una institución represiva de lo peor, plagada de casos de gatillo fácil, trata, corrupción, negocios mafiosos y otras cuestiones. Anoche uno de sus voceros decía por TV: «estamos orgullosos de la policía Bonaerense». Por supuesto nosotros no. Tenemos muy claro lo que representa esta institución que es bastión de las políticas represivas en la provincia, incluyendo el asesinato de cientos de pibes y el hostigamiento a las luchas obreras y reclamos populares… todo este andamiaje institucional represivo tiene que ser desmantelado y disuelta esta «maldita policía». Que más que nunca hay que avanzar en la investigación del caso Facundo Castro en forma independiente para que haya justicia. Que hay que castigar duramente a todos los efectivos envueltos en casos de gatillo fácil, corrupción, trata, negocios de la droga, desarmaderos y otras mafias cotidianas del accionar de esta policía. La seguridad de las y los bonaerenses no puede estar en estas manos, ni tampoco en manos de Berni de quien pedimos la renuncia desde hace tiempo». (3)

Seguidamente, en nuestra declaración también dijimos: «Además de que se vaya Berni ya mismo, una verdadera política de seguridad requeriría no sólo el combate a la desigualdad social como causa básica del delito, sino la disolución de esta Bonaerense y demás policías para construir un nuevo cuerpo de seguridad democrática totalmente distinto, de carácter preventivo, no represivo y con participación y control social, entre otras medidas de fondo». (4)

Finalmente, y tras el anuncio de Kicillof cediendo a las presiones del levantamiento policial, también dijimos lo siguiente: «Al final llegó la propuesta del gobierno hacia La Bonaerense donde cede en distintas cuestiones a las presiones de los impulsores de la protesta. Rechazamos esta decisión del gobierno… Por estas y otras razones, como la desaparición y muerte de Facundo Castro y la cantidad de casos de gatillo fácil que suceden en la provincia, es que ya hemos dado nuestra visión sobre La Bonaerense en particular y sobre el conflicto en general, con nuestra postura y propuesta de fondo de desmantelar el aparato represivo, disolver esta policía y avanzar a otro modelo preventivo y no represivo, con control social. Sin olvidar que el propio gobierno que hoy le cede a este modelo policial, hasta hace unos días ponía a La Bonaerense como ejemplo y mantiene a Berni como jefe de seguridad en la provincia». (5)

Esta es la posición política del MST que cualquier lector serio puede ver y estudiar. Solo alguien que quiere mentir deliberadamente, como el NMAS, puede pretender encontrar en todo esto un apoyo a La Bonaerense.

La capitulación del Nuevo MAS

Pero detrás de las falsedades, sí hacemos notar un hecho que de verdad es importante: la capitulación completa del NMAS al aparato político y de difusión del gobierno y a todas sus alas de la burocracia sindical y social. El NMAS no pasó la prueba y perdió toda posición independiente, sumándose a una falsa campaña oficialista. Así comenzó a denunciar a través de su referente Castañeira un supuesto golpe, tuiteando: «El planteo de La Bonaerense se vuelve cada vez más golpista». Y en una columna de opinión insiste: «El haber rodeado la quinta presidencial de Olivos da muestras de lo que podría llegar a ser considerada una movilización de tipo golpista»(6).

Sus agrupamientos sindicales sacaron declaraciones tanto o más funcionales al aparto de gobierno. Difundieron los mismos argumentos que todas las alas de la burocracia sindical y piquetera del gobierno, para tapar la responsabilidad de Fernández y Kicillof que, tan solo hasta hace unos días elogiaban, junto a Berni a La Bonaerense, y le entregaban con el mega plan más poder. La corriente Federal de la CGT, las CTA, la UTEP y otros sectores del Frente de Todos hablaron de «golpismo» con un objetivo político claro; ayudar a Fernández, a Kicillof y a Berni, aunque sabían que no había ningún golpe. El NMAS le compró todos esos falsos argumentos y les capítulo a todos juntos.

No se podía no ver algo tan evidente: que para tapar todo el desastre oficialista, sectores del propio gobierno lanzaron durante pocas horas la campaña de que había un «golpe en marcha». Con una actitud muy pequeñoburguesa e impresionista, la dirección del NMAS compró por entero esa campaña y salió a difundir la supuesta «lucha contra el golpe». Tan solo dos horas después ya no había policías en la Quinta de Olivos, Fernández les anticipaba a La Bonaerense el aumento que, finalmente, vino después. No hubo ninguna movilización antigolpista, sencillamente porque no había ningún golpe, solo una movilización marginal a Olivos, que lógicamente había que repudiar, pero sin darle un carácter que no tenía. Lo que siempre hubo fue una fuerte lucha política y social entre el gobierno y parte de su aparato represivo, en la cual había que tener una posición independiente, que el NMAS no tuvo.

En estos días la tarea política de la izquierda era denunciar a La Bonaerense con fuerza y a la derecha política de Juntos Por el Cambio que se intentaba montar en sus reclamos. Pero también criticar fuerte al gobierno sin caer en sus trampas y campañas mediáticas. El NMAS no cumplió con algo tan elemental y cedió a todas las presiones del régimen. Un desastre al cual deberían prestarle mucha atención, en vez de dedicarse a difamar al MST y al FIT Unidad.

(1) ¿Es la yuta el faro que guía a los trabajadores? Martín Primo; 10/09/2020 www.izquierdaweb.com.
(2) Policía: Kicillof dijo sí al aumento, pero sigue el lío. Nicolás Zuttión; 08/09/2020 (www.mst.org.ar)
(3) La nefasta Bonaerense y las prioridades de Kicillof. Guillermo Pacagnini; 09/09/2020 www.mst.org.ar.
(4) Declaración del MST en el FIT Unidad;
09/09/2020; www.mst.org.ar.
(5) Bonaerense: Kicillof les aflojó, ¿y los esenciales? Pablo Vasco; 10/09/2020; www.mst.org.ar.
(6) Libertades democrática sí, golpismo no. Manuela Castañeira; 14/09/2020; www.infosocial.com.ar.

Ante la rebelión de los policías bonaerenses, más sus concentraciones armas en mano y con los móviles en numerosos puntos de la Provincia, muchos sectores políticos, sindicales y sociales afines al gobierno nacional salieron pronunciarse en contra del «golpe» y en «defensa del gobierno democráticamente elegido». Palabras más, palabras menos, el tono predominante fue como si estuviéramos frente al inicio de un levantamiento no sólo salarial sino político, que ponía en cuestión la estabilidad institucional, el «orden constitucional» de esta democracia burguesa tan condicionada.

No podemos negar que un movimiento importante e inusual por parte de los efectivos de la mayor fuerza policial del país, la Bonaerense, que totaliza unos 90.000 efectivos, es un motivo de preocupación. Que la derecha macrista y grandes medios le dieron aire. Y en especial, que las concentraciones de policías ante el domicilio de Kicillof y ante la Quinta de Olivos, estando allí Alberto Fernández, evidenciaron un cierto carácter de desafío.

Pero el eje central de este reclamo policial, más bien empujado por la suboficialidad, a la que luego se plegó el servicio penitenciario bonaerense, eran sus malos salarios y condiciones de servicio: otra expresión más del deterioro generalizado, de la descomposición social que viene afectando al conjunto de la clase trabajadora y el pueblo. Si a eso le sumamos que el jefe de la fuerza, Sergio Berni, tiene sus reflejos disminuidos por estar más abocado a autopromoverse como candidato, el reclamo desbordó los «mandos naturales».

Dicho sea de paso, en el ridículo quedan aquellos oficialistas traga-escuerzos que defendían a Berni porque «tiene calle» y «manejo» de la Bonaerense…

Desde ya, si realmente la movida policial hubiera sido el inicio de un auténtico intento golpista o un levantamiento al estilo de lo que fueron las rebeliones carapintadas del Ejército entre 1987 y 1990 -de las que Berni además participó en Santa Cruz-, que reclamaban la impunidad para los genocidas de la dictadura, sin duda hubiese correspondido que la izquierda y todo otro sector que se considere defensor de los derechos democráticos llamáramos al pueblo trabajador a movilizarse en contra. Así actuó nuestra corriente política en aquel momento, convocando a movilizar, a rodear los cuarteles y a la Plaza de Mayo y las plazas de todo el país como se hizo masivamente. No para apoyar al gobierno de Alfonsín, que luego traicionaría el reclamo popular y les concedería a los carapintadas las leyes de impunidad, sino que llamamos en forma independiente.

Pero no fue así ni por su magnitud ni por sus objetivos declarados, ni tampoco por la respuesta gubernamental. En pocas horas, Fernández y Kicillof «les equiparan los salarios a los que hoy cobra la Federal, con un mínimo mensual de $ 44.000. Les triplican el valor de las horas extras (cores) de $ 40 a 120. Les suben el adicional por uniforme de $ 1.130 a 5.000. Les destinan dos hospitales para su atención exclusiva. Les crean un instituto universitario para ‘profesionalizar’ la fuerza. Y además, como ya lo había anunciado días atrás el gobierno en su ‘plan integral de seguridad’, les compran móviles nuevos y les mejoran el equipamiento. Todo ello será solventado con fondos del punto de coparticipación federal que Alberto Fernández le saca a la CABA para traspasarle a la Provincia»1.

Raro «golpe» es éste, en el cual el gobierno nacional supuestamente amenazado, en vez de disolver a la fuerza «desestabilizadora» y detener a sus jefes, les otorga de inmediato a los alzados prácticamente todos los puntos que demandaban, incluida la no aplicación de sanciones disciplinarias pese al sesgo extorsivo del reclamo policial. Esta vez, en la izquierda sólo el Nuevo MAS cayó en el grosero error de ver un golpe en puerta.

Aparte de alarmistas sin motivos verdaderos, y de inconsecuentes ya que hablaron de golpe pero no movilizaron, en realidad la CGT, CTAs, CCC-CTEP-Barrios de Pie, Patria Grande y compañía buscaron llevar apoyo político al gobierno que viene en desgaste, aceptaron sin chistar las concesiones de éste a los «golpistas» y omitieron la responsabilidad política que Fernández y Kicillof sí tuvieron en alentar y empoderar a la Bonaerense.

Desde el mismo día en que asumió, de palabra y de hecho, Alberto y todo su espacio político vienen fortaleciendo a las policías, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Ese curso autoritario, que se profundizó al darle a los uniformados el control total de la cuarentena, sólo se explica por su necesidad de prepararse para imponer nuevas medidas de ajuste a fin de descargar sobre el pueblo los costos de la crisis capitalista, agravada por la pandemia.

Por caso, el ministro nacional de Defensa, Agustín Rossi, pocos días antes de este conflicto policial se ufanaba: «Las FF.AA. están realizando una acción excelente. En todo el territorio argentino realizamos 90 acciones diarias… en la lucha contra la pandemia. Desde apoyar a las fuerzas de seguridad en el norte de nuestro país hasta el apoyo en el armado de carpas sanitarias en distintos lugares de Salta… Sin dudas, a mi criterio, la acción de las FF.AA. se ha convertido, por extensión en el tiempo y por cobertura geográfica, en el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas»2.

Ni qué hablar de los permanentes elogios de Fernández a todas las fuerzas represivas, llamándolos «héroes», diciendo que «el pueblo les tiene que agradecer», fortaleciendo a la Bonaerense con $ 37.700 millones más de presupuesto y luego la concesión salarial, y de Kicillof avalando todo, y por supuesto de Berni arengándola y encubriéndola por la desaparición y muerte de Facundo, entre tantos otros casos de violencia y corrupción policial.

Si acariciás y alimentás mejor a tus perros de presa cada vez que ladran y muerden, no hacés otra cosa que envalentonarlos para que sean más feroces. Ésa es la (i)responsabilidad política del gobierno del Frente de Todos que corresponde denunciar.

1 Bonaerense: Kicillof les aflojó, ¿y a los estatales?, en www.mst.org.ar (10/9/20).
2 Reportaje de la Agencia Paco Urondo(3/9/20).

Durante esta pandemia se ha agravado un fenómeno que ya existía previamente, el refuerzo de la policía y el aparato represivo por parte de los gobiernos para utilizarlos al servicio del «control social» o directamente para enfrentar las luchas de los trabajadores y los pueblos. Desde EEUU, Colombia, Francia, Bielorrusia hasta Hong Kong, son innumerables las protestas contra la violencia represiva.

El video que muestra cómo dos policías colombianos golpeaban y electrocutaban con sus Tasers al indefenso ingeniero Javier Ordoñez recorrió el mundo. Lo vimos sometido en el suelo no paraba de suplicar: «ya, por favor, ya no más, por favor, no»… mientras los transeúntes, que filmaban el hecho, le pedían sin éxito a los agentes que cesaran con sus tormentos, recorrió el mundo. Ordoñez, acusado de haber violado el confinamiento obligatorio, murió en el hospital debido a estos primeros castigos y a la tremenda golpiza que le dieron en la cárcel a la que había sido trasladado.

La ola de protestas que se desataron en el país
latinoamericano no ha cesado. En los enfrentamientos con la policía se han quemado muchas CAI (1) y móviles policiales y se cuentan hasta ahora trece muertos por la represión desatada contra las manifestaciones. Mientras la alcaldesa «progre» de Bogotá Claudia López llama a la «paz» y el cínico gobierno de Duarte pide perdón, los manifestantes declaran que no van a cesar hasta terminar con el accionar represivo.
El asesinato del colombiano Javier Ordoñez, recordó a millones las escenas del asesinato de George Floyd y, al igual que en el caso del afroamericano, desató una ola muy fuerte de manifestaciones y protestas contra la violencia policial, cuya dinámica termina por cuestionar todo el régimen político que la sostiene, en el que la xenofobia es una parte intrínseca de su funcionamiento. Las víctimas afroamericanas de la represión policial en EEUU casi triplican a las de sus pares blancos.

El giro represivo es un fenómeno que se extiende con distintas características a todo el planeta. Basta recordar la cruenta represión de los «pacos» chilenos, que apuntaban con sus balas a los ojos y dejaron cientos de lisiados, o la brutalidad de la policía hongkonesa para imponer la «Ley de Seguridad» de Xi Jimping, los cientos de chalecos amarillos franceses heridos y detenidos o la actual represión contra el pueblo bielorruso que quiere sacarse de encima al eterno dictador Lukashenko, por solo mencionar algunos ejemplos.

El reforzamiento del aparato policial y represivo responde a la necesidad de los gobiernos tanto de enfrentar la crisis social que ocasionan sus políticas de ajuste capitalista, como es el caso del «gatillo fácil» contra la juventud y los pobres en la Argentina, que como denuncia la CORREPI (2) en sólo cuatro meses de cuarentena se ha cargado 71 víctimas mortales; como de responder a las fuertes luchas que desde antes de declararse la pandemia cruzaban distintos puntos de la geografía mundial y que ahora, con el enorme movimiento «Black Lives Matter» a la cabeza, resurgen con toda fuerza.

La tendencia al bonapartismo es producto de la polarización política

Como los análisis de nuestra LIS han señalado reiteradamente la pandemia ha agudizado una enorme crisis que ya abarcaba a todo el sistema capitalista mundial. Enormes luchas de los trabajadores y los pueblos enfrentaban a los gobiernos y regímenes capitalistas que desesperadamente pretendían responder a la caída de sus ganancias con mayores planes de ajuste, explotación y miseria, cuando la epidemia del coronavirus se extendió por todo el mundo. Ahora esas luchas están floreciendo nuevamente y estamos entrando en una situación prerrevolucionaria.

Una de las características centrales de la nueva situación mundial es que el viejo «centro», las corrientes socialdemócratas o centroizquierdistas y los viejos partidos de derecha «democrática» con los que se alternaban en el poder, no pueden ya contener las luchas, porque ellos han sido y son justamente, los que han aplicado los planes de ajuste neoliberales que enfrentan los pueblos.

Por eso la pelea se desplaza hacia los extremos. A las enormes movilizaciones de la población norteamericana contra la xenofobia, el racismo y la represión, Trump le contrapone «la ley y el orden», o sea, el envío de tropas federales para apaciguar las protestas y el aliento al surgimiento de bandas de ultra derecha. Su gran amigo Bolsonaro mete al ejército en el gobierno, ampara las bandas parapoliciales que mataron a la concejal trotskista de Río de Janeiro Marielle Franco, y su represión tiene como blanco privilegiado a la población negra y pobre de Brasil.

Las distintas formaciones neo estalinistas, como el castro-madurismo, o los que gobiernan China o Rusia, intentan un discurso populista seudo antiimperialista, que contrasta con las políticas ajustadoras de sus pueblos, y son sostenes fundamentales de los regímenes bonapartistas, de dictaduras cada vez más cuestionadas por las masas.

En América Latina, el surgimiento de rasgos totalitarios y represivos no es patrimonio de aquellos gobiernos que levantan ideologías de derecha, se da también entre aquellos que se autotitulan como progres, populares y hasta «socialistas». Allí están los gobiernos de Ortega-Murillo y su masacre y represión contra el pueblo nicaragüense que se levantó en abril de 2018 contra su dictadura. Por no hablar de la represión de Maduro a los trabajadores venezolanos que cuestionan legítimamente sus planes de miseria y privilegios para los amigos del gobierno, o del mega plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires, que Fernández, con Kicillof y Berni anunciaban con bombos y platillos en los días previos al alzamiento policial.

Los pueblos no se amilanan y enfrentan a la represión

A toda acción corresponde una reacción y la agudización de la lucha de clases a nivel mundial, la profundización de la pelea entre la revolución y la contrarrevolución, es lo que está fortaleciendo los extremos del arco político. El reforzamiento del aparato represivo es producto de esta pelea. Contra lo que pueden pensar muchos no es producto de la fortaleza de los regímenes burgueses. Al contrario, demuestra una importante debilidad de los gobiernos, partidos e instituciones que defienden el sistema capitalista, que ya no pueden frenar a los pueblos con sus falsas promesas y mentiras.

No serán los burgueses imperialistas demócratas como Biden o su vice Kamala Harris, que no tiene nada de ultraizquierdista como dice Trump, sino que asumió como fiscal gracias a acuerdos con el sindicato policial de derecha y tiene gran consenso entre los ejecutivos de las empresas tecnológicas, los que enfrenten los giros represivos, todo lo contrario, los dejarán correr con un discurso tramposo.

Son los pueblos movilizados, con la juventud a la vanguardia, los que están mostrando cómo la represión pierde terreno ante la movilización y la lucha. Allí están los jóvenes palestinos que no dejan de pelear pese a los ataques del monstruo sionista, los libaneses contra el gobierno sectario y corrupto, los chilenos, los franceses, los hongkoneses. En estos días, los que encabezan las luchas contra el racismo en EEUU y la juventud colombiana. Contra los derrotistas que ven la noche negra del fascismo a la vuelta de la esquina, los pueblos están mostrando ¡que hay, que sobra disposición para pelear y ganar!

Se revaloriza así el rol de las tareas y consignas democráticas en la pelea contra los gobiernos y regímenes capitalistas. La movilización en unidad de acción con todos los que acepten pelear por el desmantelamiento de estos aparatos represivos, por el juicio y castigo a los responsables de las represiones contra el pueblo, así como las tareas de autodefensa para enfrentarlos y derrotarlos tienen un rol fundamental en la pelea en curso.

Esta pelea revolucionaria de los trabajadores y los pueblos contra el régimen capitalista es la que puede derrotar la presente tendencia hacia el bonapartismo y en ese camino está planteado construir una herramienta revolucionaria que pelee por una sociedad realmente democrática, una democracia de los trabajadores y los pueblos, una democracia socialista.

Escribe: Pablo Vasco

«Tu policía. Como tiene que ser», dice el lema de la Policía Bonaerense. «Al servicio de la comunidad», dice el lema de la Federal…
Nada que ver. Ninguna policía, gendarmería ni fuerza de seguridad son tuyas, ni son como tienen que ser ni tampoco están al servicio de la comunidad. Son todos cuerpos estatales armados, que se presentan bajo la falsa ideología de que te «cuidan» a vos y a toda la ciudadanía, pero su verdadera función, su función principal en este sistema económico-social, es muy otra: cuidar con las armas la propiedad privada de los medios de producción y los privilegios de la burguesía, que es la clase dominante en el capitalismo.

Cada vez que en la sociedad surge alguna lucha o movilización popular, ya sea de índole sindical, ambiental, estudiantil, por el derecho a la vivienda, por cuestiones de género o cualquier otra, cuando intervienen las policías y las fuerzas de seguridad lo hacen siempre, sin excepción, para defender al mismo bando: a los poderosos. Ésa es su naturaleza, su razón de ser: mantener «el orden» establecido, el orden burgués. Jamás reprimen a un empresario, un terrateniente o un gobernador.

Es que todas ellas, así como las fuerzas armadas, el servicio penitenciario y los organismos de inteligencia, forman parte del aparato represivo del Estado al servicio de defender los intereses económicos y políticos de la clase capitalista. Ésta, que es un segmento numéricamente mínimo de la sociedad, sólo puede mantener su poder político y su explotación de la clase trabajadora y el pueblo por la fuerza, mediante su brazo armado policial y militar.

No son trabajadores

Los policías, gendarmes y militares cobran un salario, cumplen un horario y su empleador es el Estado. A menudo, al menos en los rangos más bajos, sus miembros provienen de sectores obreros y populares. En algunas zonas del país, incluso, ingresar a alguna de estas fuerzas es a veces casi la única posibilidad de salida laboral y de lograr alguna mejora social.

Pero nada de esto debe confundir. No juzgamos ni nos referimos a sus integrantes como personas, ni a su origen social ni tampoco al hecho de que el Estado les pague sus sueldos: hablamos de la institución policial. Como tal, su «servicio público» primordial en este sistema consiste en reprimir a los trabajadores y sectores populares cuando salen a luchar y cuestionan de alguna manera los intereses capitalistas.

León Trotsky lo explicaba así: «Aquí, una vez más, es la existencia la que determina la conciencia. El obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero»1.

Son parte de la inseguridad

En 2019 hubo en nuestro país 2.291 homicidios dolosos2, o sea intencionales. Ese mismo año, los casos de gatillo fácil policial y muertes bajo custodia del Estado -en comisarías y cárceles- sumaron unos 4503. Es decir, el aparato represivo es el ejecutor y responsable directo de un 22,5% del total de asesinatos: más de uno de cada cinco.

El hecho brutal más reciente cometido por la Bonaerense, de desaparición forzada seguida de muerte, es el de Facundo Astudillo Castro. Son los puntos más altos de la violencia policial, que por supuesto incluye miles de abusos, golpes, detenciones arbitrarias y torturas, así como operativos de represión a luchas sociales.

A esto hay que sumarle toda otra gama criminal, desde las coimas por tránsito hasta liberar zonas al delito y desde reclutar menores para delinquir hasta robos directos a mano armada. Más grave es la complicidad o connivencia policial con los llamados delitos económicamente organizados: narcotráfico, trata y explotación sexual, juego clandestino, contrabando, tráfico de armas. No hay ningún desarmadero de autos, red de trata de personas ni cocina de cocaína que pueda funcionar sin la intervención mafiosa o el aval policial.

Y ojo, no se trata sólo de suboficiales y oficiales, sino de altos mandos, en especial los de áreas como Drogas Peligrosas y Asuntos Internos. Ejemplos sobran, en CABA y en todo el país. Además, se sabe que desde los penales se organizan salidas de detenidos para robar y compartir el botín con los jefes.
En semejante panorama, ¿de qué «seguridad» policial nos vienen a hablar?

Disolver esta policía

Entonces, si el rol fundamental de esta policía es el control social y la represión a las luchas, y si encima no garantizan la seguridad y son parte del delito, la conclusión obvia es que no alcanza con hacer tal o cual reforma. El problema no es una o dos manzanas podridas, sino el cajón. No es un policía: es toda la institución. Por eso lo que hace falta es una medida mucho más radical: su desmantelamiento y disolución.

· En primer lugar, la seguridad de toda persona debería incluir que el Estado garantice seguridad en el trabajo, en el salario, la vivienda, la educación, la salud, la tercera edad. Seguridad de que va a contar con un plato de comida, un techo digno y demás derechos básicos. Es que dirigentes políticos que no son de izquierda, como el peronista Alberto Fernández o hasta la macrista Florencia Arietto, reconocen que la causa central del delito es la creciente desigualdad social, no la pobreza. Pero luego no atacan ni proponen atacar esas causas con políticas económicas que reduzcan esa brecha, no que la ahonden. Como parte de esas medidas económicas alternativas, un plan de inclusión educativa y laboral para los jóvenes, que les abra verdaderas perspectivas, ayudaría a desalentar muchas conductas delictivas.

· Segundo y en línea con lo anterior, rechazamos de plano el «megaplan» de seguridad para el conurbano bonaerense que lanzaron Fernández y Kicillof con acuerdo de todos los intendentes. Destinar $ 37.000 millones a formar 10.000 agentes bonaerenses más, desplegar 4.000 gendarmes más, construir más cárceles y comprar más armas no va a resolver la inseguridad sino que va a agravar la violencia policial y el gatillo fácil. Lo que sí ayudaría a combatir la inseguridad en los barrios es la autoorganización de los vecinos, que conocen mejor que nadie los nichos de la delincuencia y sus cómplices.

· Y tercero, junto a aplicar un plan económico opuesto al actual, proponemos disolver esta policía y formar un nuevo cuerpo de seguridad comunitaria, democrático, totalmente distinto, con prohibición absoluta de reprimir la protesta social. Ese nuevo cuerpo debe tener un carácter esencialmente preventivo y de disuasión del delito; jefatura civil y mandatos revocables si hay mal desempeño; control de su accionar y de las comisarías por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales; y el derecho de sus agentes a sindicalizarse. En suma, un proyecto íntegra y radicalmente diferente.

Entre otros puntos, el reciente conflicto policial reactualizó el debate sobre la conveniencia o no de su sindicalización. Pero en el caso de esta Bonaerense, por su actual estructura, formación y composición -y lo mismo vale para la Federal y demás fuerzas provinciales- un sindicato jugaría un rol negativo, corporativo y encubridor de la impunidad policial. No olvidemos que el reaccionario punto 14 de su petitorio era poner fin a los sumarios, traslados y arrestos. Y no se referían a las sanciones derivadas del propio reclamo, ya que eso era su punto 1. Por eso el planteo de la sindicalización policial no es adecuado para todo tiempo y lugar.

La tendencia general de las policías, como parte del giro global autoritario de los gobiernos, es a una mayor elitización y dureza represiva (ver nota pág. 12). En ese marco, por ejemplo, ante la rebelión negra y popular en los EE.UU. los sindicatos policiales presionaron para que no se hagan públicos sus prontuarios y así preservar su impunidad. Es más: el mayor sindicato policial yanqui, la Orden Fraternal de Policía (FOP, según sus siglas en inglés), por unanimidad apoya públicamente la reelección del represor racista e imperialista Trump.

No descartamos que en otras circunstancias políticas concretas, extraordinarias, la consigna de sindicalización pueda contribuir a dividir y debilitar el aparato represivo. Pero no es éste el caso. Por eso hoy nuestra propuesta clara hacia la Bonaerense y demás policías, repetimos, es su disolución y su reemplazo por una fuerza nueva y cualitativamente distinta.

1 ¿Y ahora? Problemas vitales del proletariado alemán, 1932.
a3 Informe Correpi 2019.

]]> https://mst.org.ar/2020/08/06/sin-militarizacion-con-control-social-una-respuesta-socialista-ante-la-inseguridad/ Thu, 06 Aug 2020 13:55:32 +0000 https://mst.org.ar/?p=25548 Como problema real, aunque amplificado por políticos y periodistas opositores, la falta de seguridad es tema cotidiano. Sus causas clave. El rol de la policía. Nuestras propuestas.

Escribe: Pablo Vasco

No es sólo que “los medios visibilizan los delitos”, como arguye la ministra Frederic. Hay barrios que son tierra de nadie, con pequeños negocios que sufrieron dos, tres o más robos en la cuarentena. En Quilmes, le roban a un jubilado y éste termina asesinando a uno de los chorros, tirado en el suelo y desarmado. En Almirante Brown, se llevan el auto de una mujer con su hijo adentro. En Casanova, un grupo de vecinos apaleó a un ladrón. En Rosario, un fiscal tuvo que renunciar por cobrar coimas a empresarios del juego y está implicado el fiscal general. En José C. Paz, el intendente peronista encubre la venta de falopa. En San Isidro, un fiscal, su secretario y abogados amigos van presos por quedarse con droga decomisada. En Azul, el comisario de Drogas Ilícitas fue detenido por armar causas falsas por narcotráfico…

Noticias así son de cada día, confirmando que la falta de seguridad existe y que la policía, la justicia y el poder político son parte de ella. El propio Estado capitalista produce inseguridad: mientras la Bonaerense desaparece a Facundo, el jefe K de esa fuerza, Sergio Berni, se pasea ametralladora en mano y se candidatea con videos estilo Rambo. Por supuesto, repudiamos que a cualquier persona honesta que vive de su trabajo un lumpen desclasado le afane, a menudo con violencia, lo que tanto cuesta ganar.

La mano dura ya fracasó

Primero vamos a desmentir algunas falacias típicas del punitivismo, así venga de exponentes como la macrista Patricia Bullrich, de Berni o de quien sea:

“Si se ponen penas más duras, antes de salir a robar lo van a pensar mejor”. Falso. En 2004, con Néstor Kirchner, se votaron las leyes Blumberg. En 2016, con Macri, se endureció la ley de ejecución penal. Y la tasa de encarcelamiento crece sin pausa(1). Pero la criminalidad no baja. Es que el castigo penal no disuade y además llega tarde, cuando el delito ya se cometió.

“Los inmigrantes traen inseguridad, porque vienen al país a delinquir”. Además de xenófobo, falso. Según los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación(2), el índice de delictividad de los extranjeros es el mismo que el de los argentinos nativos.

“Los delincuentes no respetan los derechos humanos de las víctimas”. Falso. Sólo el Estado tiene la obligación, la capacidad y la responsabilidad indelegable de proteger los derechos humanos(3). Por ende, únicamente el Estado los puede violar.

“Los chorros entran a prisión por una puerta y salen por la otra”. Falso. Según el último informe de la SNEEP(4), el 45% de los detenidos en cárceles federales aún está bajo proceso y sin condena firme, o sea es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Otras fuentes estiman que es más del 50%.

“Ahora hay más inseguridad porque el gobierno nacional liberó a miles de delincuentes por la pandemia”. Doblemente falso. Primero, la orden la da el Poder Judicial. Segundo, “desde marzo hasta junio, sólo 500 presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) consiguieron que se les otorgue la prisión domiciliaria por ser población de riesgo”(5).

Desde ya, no queremos que quede impune ningún delito real: deben ser juzgados en juicios con garantías y castigados como corresponde. Pero con la cuestión de la inseguridad pasa lo mismo que en tantos otros ámbitos de la vida: de nada sirve atacar los efectos si a la vez no se combaten las causas que los producen. Si no, es totalmente inútil por no decir absurdo.

Cuatro causas de fondo

1. La desigualdad social, no la pobreza
Los expertos de todo el mundo coinciden en que la razón número uno del delito es el aumento de la brecha social: se concentran cada vez más riquezas en un polo minoritario de la sociedad, mientras que en el otro polo, mayoritario, se extienden la pobreza y la miseria. Según los últimos datos del INDEC, en la Argentina el 10% más pobre de la población ocupada posee apenas el 1,3% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentra el 28,9%6. Para la amplia mayoría, la posibilidad de mejora social se terminó hace rato.

2. La exclusión y marginalidad juvenil
Los jóvenes que no acceden a la educación ni a un trabajo remunerado, los ni ni, son un fenómeno mundial y creciente del capitalismo. Según la OIT, “la franja poblacional de 15 a 24 años que cumple con estos requisitos pasó de 259 millones jóvenes en 2016 a 267 millones en 2019”7. Y la pandemia agudiza esto. Como más de la mitad son mujeres, muchas de las cuales cuidan a sus hijas e hijos u otros familiares, son sobre todo varones los que terminan reclutados por las mafias como mano de obra barata. A poco de asumir Alberto, que prometía un ambicioso plan de pasantías juveniles, los varones ni ni de 18 a 25 años eran casi 600.0008.

3. El modelo: la impunidad del poder
Como lo hemos planteado en una nota anterior: “El tercer componente de la inseguridad es el pésimo ejemplo que viene del poder político y económico, con su corrupción e impunidad. Si los funcionarios de gobierno y grandes empresarios coimean, curran fondos públicos y siguen piolas; si además no se puede estudiar ni laburar de nada, y si encima no hay perspectivas de mejorar a futuro, se completa fácilmente el combo social que empuja a delinquir”9. En plena pandemia, el gobierno de Alberto compró alimentos con sobreprecios y el de Larreta hizo lo mismo con barbijos. Si altos funcionarios políticos roban plata pública destinada a comida y salud, es evidente que el modelo ético que habilitan hacia abajo es el todo vale.

4. La policía es parte integrante del problema
Es equivocado suponer que más policía o más gendarmería significa más seguridad. Primero, porque cuando reprimen las luchas causan heridos y a veces muertos, y con el gatillo fácil y los asesinatos en comisarías o cárceles matan a razón de una persona por día, en general jóvenes y pobres. Y segundo, porque son las mismas fuerzas corruptas que coimean, liberan zonas y pactan negocios con los narcos, desarmaderos y proxenetas. Esos delitos económicamente organizados prosperan gracias al amparo del Estado. A veces la cana hasta obliga a los pibes a robar para ella. Y lo mismo el sistema penitenciario, que en vez de ayudar a la reinserción social alienta más delito y violencia.

Seis propuestas socialistas

1. Un plan urgente de inclusión juvenil
Como primera medida de emergencia proponemos aplicar un plan de shock de reinserción social para la juventud, con becas de terminalidad escolar y programas de primer empleo sin precarización, con salarios y condiciones dignas. Esta política permitiría rescatar de la marginalidad a cientos de miles de pibes e implicaría un rápido y genuino desaliento a la variante de caer en conductas delictivas.

2. Otro modelo económico-social
Si la causa central del delito es la brecha social, hacen falta planes opuestos a los ajustes capitalistas. Por caso, gravar con altos impuestos a las grandes fortunas, corporaciones y bancos, y no pagar esa estafa llamada deuda externa a los fondos buitres y al FMI. A esos grandes delincuentes de guante blanco, que fugan y evaden, hay que atacarlos en donde más les duele: el bolsillo. Por cierto, toda esa plata se debe volcar a revertir la desigualdad social.

3. Anular todos los privilegios políticos
Como ejemplo de ética pública desde el poder hacia la sociedad, hay que terminar con los privilegios de los funcionarios políticos, del presidente al último concejal: rebajar sus sueldos a lo que gana un/a trabajador/a, obligatoriedad por ley de educar a sus hijxs en la escuela pública y atenderse en el hospital público. También revocar sus cargos si incumplen sus deberes y embargar sus bienes hasta restituir lo robado si malversan fondos públicos.

4. Impulsar la autoorganización vecinal
Nadie mejor que los mismos vecinos y vecinas para saber qué tipos de delito proliferan en sus barrios, en dónde están, cómo prevenirlos y combatir a sus responsables. Por eso proponemos la organización comunitaria para implementar medidas de prevención y autodefensa: sistemas de alarmas y cámaras, grupos de whatsapp, rondines de control y otras. En algunos barrios ya se está haciendo, incluso con pasacalles de alerta a los delincuentes.

5. Democratización real del sistema judicial
La reforma de Alberto no incluye ni una sola medida para el fin que promete: una justicia independiente del poder político. La única forma de lograrla es anular los Consejos de la Magistratura, en donde el poder pacta y canjea las designaciones, y democratizar todo el funcionamiento por una doble vía: 1) elegir los jueces y fiscales por voto universal, con mandatos limitados y revocables; y 2) disponer los juicios por jurados populares para todo delito con pena mayor a los tres años de prisión. Sólo así la justicia no dependerá del poder político, sino de la intervención social.

6. Disolver la policía y demás aparatos represivos
No van las reformas, sino un cambio de raíz: a esta policía, tal como a las fuerzas de seguridad y militares, hay que disolverlas. No traen ninguna “seguridad”, ni “cuidan las fronteras” ni “defienden a la patria”: como brazo armado de la burguesía que son, su rol fundamental es reprimir a la clase trabajadora, a la juventud y al pueblo todo para defender la sacrosanta propiedad privada capitalista. En el marco de una nueva sociedad, entonces, habrá que construir nuevas estructuras de vigilancia y seguridad, distintas por completo, de carácter esencialmente preventivo y no represivo, democrático y con participación social.

Durante el período de transición, y con esa disolución como eje programático, se pueden levantar otros reclamos parciales adecuados a la situación: desfinanciar a la policía y su equipamiento represivo; depurar a todo jefe y agente involucrado en hechos de represión social, corrupción u otros delitos; prohibir por ley la represión a la protesta social; control vecinal y de los organismos de derechos humanos con derecho a revocatoria de los comisarios; disolución de la AFI10 y demás organismos de inteligencia. Con certeza estas medidas ayudarían a debilitar el accionar represivo, pero sin omitir la necesidad de disolver todo ese aparato.

La política revolucionaria hacia la policía

Por su naturaleza, por su marca de origen, la policía es una de las fuerzas represivas del Estado. En ese sentido, “el obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero”, decía Trotsky(11). Esto no niega que las corrientes revolucionarias, como parte de la lucha por el poder obrero y popular, debamos tener una política hacia la policía, las fuerzas armadas y de seguridad, en el camino de debilitarlas, dividirlas, neutralizarlas y derrotarlas. Ya hace un siglo la Tercera Internacional dirigida por Lenin y Trotsky, entre las 21 condiciones que les exigía a los partidos comunistas para poder integrarla, establecía la condición Nº 4: “la necesidad absoluta de desarrollar una propaganda y una agitación sistemática y perseverante entre las tropas”, ya que “negarse a ello sería una traición a las exigencias del deber revolucionario, y por consecuencia incompatible con la afiliación a la Tercera Internacional”(12).

Pero esa orientación general no significa repetir las mismas consignas para todo tiempo y lugar. Precisamente, para ser transicional en el sentido leninista y trotskista, debe partir de tomar en cuenta las circunstancias concretas. Con la agudización de la crisis capitalista, por ejemplo, hoy todos los gobiernos burgueses tienden a acentuar sus rasgos autoritarios y represivos. Compran armas modernas, elitizan lo más posible a sus cuerpos militares y policiales, y montan brigadas especiales antidisturbios y “antiterroristas”. Se preparan para una perspectiva de nuevas rebeliones, insurrecciones y revoluciones. Así, por ahora no vemos en la policía grietas salariales notorias ni otras contradicciones significativas que nos permitan incidir con la consigna de sindicalización de los agentes u otras similares.

Aunque esa consigna puede ser útil ante huelgas policiales por salario o en un contexto de convulsión social, ya que busca quebrar el verticalismo orgánico, no la consideramos adecuada en la situación actual. En general, sólo cuando surgen procesos de ascenso revolucionario y giro a izquierda de masas, que repercuten y hasta abren crisis dentro de las fuerzas de seguridad y armadas, es posible intervenir con este tipo de consignas.

De todos modos, en caso de rebeliones y agudos enfrentamientos sociales, el mejor argumento para “convencer” a la policía de no reprimir al pueblo trabajador es una sólida autodefensa y armamento de éste. Tal es la tarea decisiva e insustituible que el partido revolucionario debe proponerles a la vanguardia y a las masas en lucha para asegurar la toma del poder cuando llegue el momento.

Ahora bien; no es que los gobiernos derechistas se estén tornando más represivos y, en cambio, sus pares populistas no. Cuando en 2008 Macri creó la Policía Metropolitana, y aun sabiendo que pondría de jefe al Fino Palacios, a diferencia de nuestro bloque legislativo, que se opuso, el kirchnerismo votó a favor junto con el PRO. Hoy roces entre Frederic y Berni existen, pero comparten estrategia. Con distintos discursos, todas las alas burguesas coinciden en reforzar el rol policial y militar para disciplinamiento y control social. Por eso los unifica Alberto, que llama a “dar vuelta la página” de la dictadura genocida, elogia una y otra vez a las FF.AA., les aumenta el salario y las equipa, ordena ciberpatrullar las redes y despliega cada vez más policías y gendarmes en las calles y los barrios populares. Como se viene ajuste y resistencia social, lo que preparan es represión. Y a eso habrá que resistir y responder.

Otro debate picante: la tenencia y uso de armas

A partir de cierta “normalización” delictiva tras la relativa calma al inicio de la cuarentena, resurgió en algunos medios la polémica sobre el uso particular de armas frente al delito. Desde ya, hay sectores de derecha, fundamentalistas de la mano dura, que promueven la vertiente civil del gatillo fácil policial: carta blanca para matar chorros como sea.

Ya en la nota principal señalamos nuestra propuesta de autoorganización vecinal en los barrios para cumplir tareas de prevención, disuasión de la delincuencia y repeler sus eventuales ataques. Como es obvio, para que tal autodefensa comunitaria sea efectiva, debe incorporar entre sus herramientas la facultad de utilizar armas.

Pero también algunas voces, en nombre de “evitar una escalada de violencia” u otros slogans de tinte pacifista, sostienen que el acceso, entrenamiento y uso de armas de fuego es una potestad exclusiva y excluyente de los cuerpos armados del Estado: ejército, policía, gendarmería, prefectura y demás. Intenciones aparte, es un error total.

Primero, porque consagra el monopolio de la fuerza en manos del aparato armado de la clase capitalista para sostener a sangre y fuego este sistema de explotación y opresión. Segundo, porque implica desarmar al pueblo trabajador para poder defenderse de dicha represión y también de la delincuencia, sea individual u organizada.

Por ambas razones, desde el socialismo revolucionario sostenemos el pleno derecho democrático a la tenencia y al uso de armas por parte de la clase obrera, la juventud y los sectores populares. La policía y demás fuerzas represivas no nos “cuidan”: nos reprimen. La única garantía de seguridad y defensa está en nuestras propias manos.

1. 46.000 detenidos con Néstor, 52.000 con Cristina, 70.000 con Macri, 92.000 con Alberto.
2. En la web ppn.gov.ar
3. Son los derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna.
4. Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
5. Página 12, 31/7/20.
6. Evolución de la distribución del ingreso, primer trimestre de 2020.
7. Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020.
8. Clarín, 5/11/19.
9. Jubilado mata chorro… ¿Y después?, en la web mst.org.ar, 23/7/20.
10. Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE.
11. La lucha contra el fascismo en Alemania, 1932.
12. Resolución sobre las 21 condiciones, II Congreso de la Internacional, Moscú 1920.