Durante la movilización, hablamos con Cintia, querellante y hermana de Lucas.

Estamos con Cintia, hermana de Lucas Verón, el joven asesinado por la policía bonaerense en González Catán. Cintia, contanos un poquito cómo viene estando la causa hasta ahora, cómo fue avanzando en estos últimos tres meses desde el asesinato de Lucas

Buenas tardes, la causa sigue lenta, pero sigue. Justamente hoy marchamos porque mañana se cumplen tres meses del asesinato de Lucas y vinimos hoy, como mañana es fin de semana, para que alguien nos atienda. Sabemos que salió de sorteo la causa, pero no sabemos la fecha todavía. Necesitamos la fecha del juicio urgente, nosotros queremos que paguen por lo que le hicieron a mi hermano y todavía está en la nada. Nos meten la excusa de que como estamos en pandemia y está el tema del COVID tenemos que esperar. Nos enteramos estos días también que Cintia Duarte, la pareja del policía que asesinó a mi hermano, está en la comisaría de González Catán, donde encubrieron el hecho, donde ella misma trabajaba. Venimos a pedir una respuesta por eso también. Sentimos que nos están faltando el respeto, sentimos que nos están haciendo una burla, está a 40 cuadras de nuestra casa, está como en su casa porque es policía, cuenta con todos los privilegios y nosotros queremos que no tenga ninguno.

Hoy cuando llegamos nos encontramos con que había un fuerte operativo policial y también por parte del poder judicial informaron que se iban a iniciar causas por las pintadas que se realizaron acá y también en el barrio. ¿Qué pensás de estos hechos?

Sí, yo llegué y me encontré con esa noticia, no sabía nada. Que no se podía pintar la cara ni el nombre de mi hermano en la pared ni el piso ni en ningún lado. La verdad que es una vergüenza, nos sentimos peor. No entiendo por qué hacen esto, nos estaban esperando un montón de policías, con armas. Se pensaron que nosotros somos delincuentes, que venimos a hacer lío. Lo único que queremos es una respuesta, queremos justicia. También nos dijeron que, si pintábamos la cara de mi hermano en las paredes, o el nombre, ellos tenían el derecho de salir y reprimirnos. Estaban todos escondidos adentro en la fiscalía. La verdad es un desastre, se piensan que porque son policías pueden hacer lo que quieren cuando no es así. No nos van a callar. Nosotros vamos a seguir pintando la cara de Lucas en todos lados y Lucas va está presente en todos lados.

¿Ahora cuáles son los pasos a seguir para la familia y amigos junto con los abogados?

Ahora tenemos que esperar a que nos manden la fecha, se comprometieron. También los fiscales se comprometieron en ir al barrio a hacer la reconstrucción del hecho. Lo vamos a esperar con ansías para que ellos mismos lo vean. No sé qué más necesitan, nos piden pruebas y ya está todo dicho. A mi hermano lo mataron y fueron Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, no entiendo que más pruebas quieren.

¿Querés agregar algo más?

Quiero que no pase más esto, porque nosotros no venimos a hacer lío, venimos a buscar una respuesta. No nos pueden hacer esto, no pueden prohibir pintar la cara de Lucas y, es más, armarnos una causa a nosotros o a la persona que pinte la carita de mi hermano. Es una vergüenza, no lo vamos a permitir. La policía bonaerense me da mucha vergüenza y asco. Los odio porque mataron a mi hermano, desaparecieron a Facundo y a tantos chicos más, tantos casos más. Acompaño a todos en el sentimiento y les agradezco a ustedes por estar siempre.

Participamos del mismo casi 400 luchadorxes de todo el país, desde la querida Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), ex presxs políticxs y ex detenidxs-desaparecidxs, familiares de víctimas de gatillo fácil y violencia policial hasta jóvenes militantes de partidos políticos de izquierda y agrupaciones sociales. Entre otrxs, destacamos a Sergio Maldonado, hermano de Santiago; Leandro Aparicio, abogado de Cristina Castro, mamá de Facundo; Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga; Claudia Espinoza, hermana de Luis, asesinado en Tucumán; y una larga lista representativa de tantas luchas por justicia y contra la impunidad de ayer y de hoy. Nuestra delegación al plenario estuvo compuesta por referentes del CADHU, el MST, Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive”.

A lo largo de decenas de intervenciones se narraron casos que nos conmovieron a todxs, propuestas de acciones y campañas, reflexiones políticas. Al cierre votamos por unanimidad el texto consensuado que ofició de presentación (ver abajo), así como en el acompañamiento a las tomas de tierras de Guernica y otras en el interior, bajo amenaza de inminente desalojo; y preparar una Semana antirrepresiva nacional con marchas y acciones del 5 al 9 de octubre, todo ello a concretar a través de los espacios de coordinación antirrepresiva ya existentes en cada lugar, como el EMVJ y la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada. Fue, sin duda alguna, un primer paso prometedor de una mayor y necesaria unidad antirrepresiva.

Pablo Vasco

Documento del Plenario

Desde la cuarentena que dictó el gobierno con su DNU 297 hubo110 muertes a manos de las fuerzas de seguridad y tres desapariciones seguidas de muerte. En paralelo al ajuste, estas duras cifras confirman que el accionar represivo recrudece en todo el país. La política de los gobiernos fue dejar en manos de las fuerzas de seguridad el control integral de la pandemia mediante represión. La violencia policial, la impunidad y el encubrimiento, lejos de cesar se agravan.

El asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la represión policial y abusos sexuales a una familia qom en Chaco, la desaparición forzada y muerte de Facundo Astudillo Castro, el despliegue represivo sobre niñes y adolescentes, entre muchos otros casos, dan cuenta del reforzamiento de ese aparato.

La “maldita policía” Bonaerense, fuerza responsable del asesinato de Maxi y Darío, la segunda desaparición de Jorge Julio López y hace poco de Facundo Castro, entre tantos otros pibes, muestra la impunidad y el encubrimiento político hacia ella y la necesidad de este plenario. En el caso de Facundo todas las pruebas señalan que es otro crimen cometido por la Bonaerense. El accionar de la jueza y el fiscal siguió un camino de desvío e impunidad. Y luego, la ratificación de Berni como ministro de Seguridad bonaerense reafirma el camino del gobierno del Frente de Todos de empoderamiento, represión, encubrimiento e impunidad de las fuerzas represivas. Por eso decimos: Fuera Berni. Justicia por Facundo y por todas las víctimas. Castigo a los culpables directos y a los encubridores. El Estado y los gobiernos son responsables.

Represión a luchas obreras. En un cuadro de grave crisis social y económica, producto del ajuste por el pago de la deuda externa y el FMI, y de las continuas luchas de la clase trabajadora ante despidos y suspensiones, pérdida de salario, condiciones de salud por COVID, etc; también se refuerza una salida represiva. En Córdoba, la policía de Schiaretti entró al barrio Estación Ferreyra disparando balas de goma; la marcha de los choferes de UTA que reclamaban salarios adeudados fue duramente reprimida y también los municipales de Jesús María que reclamaban por salario y condiciones laborales. En el Frigorífico Penta, la feroz represión a los obreros garantizó el vaciamiento y los despidos. Entre otras luchas, también se reprime a les jóvenes repartidores en varios lugares del país.

Gatillo fácil. Bajo el gobierno de Macri creció la cifra de asesinatos por las fuerzas represivas, mientras Patricia Bullrich alentaba la doctrina Chocobar. Aun con otro discurso, bajo el nuevo gobierno de Alberto Fernández esos asesinatos continúan. Desde marzo se registraron 113 muertes: más de 44 casos de gatillo fácil, 52 muertes en cárceles y comisarías; femicidios y tres desapariciones forzadas. Esta situación expresa que la doctrina Chocobar es de hecho una política de Estado. Berni es responsable directo de la política de empoderar y encubrir a la Bonaerense así como Bullrich lo hacía con la Gendarmería.

Con el agravamiento de la crisis económica, los efectos del acuerdo con los buitres y de la negociación con el FMI seguramente habrá nuevas luchas obreras y populares. Empoderar a la policía y gendarmería al darles el control total de la cuarentena, buscar reconciliar al pueblo con las FF.AA. mediante “operativos humanitarios” y otorgarles más presupuesto a todas esas fuerzas son medidas preparatorias porque, como siempre, el ajuste no cierra sin represión. Ante esta avanzada, es necesario organizarnos contra las políticas represivas y la criminalización de la protesta social y por la defensa irrestricta de los DD.HH.

Derecho a la vivienda. En Guernica, más de 2.500 familias luchan por el derecho a la vivienda. El viernes 11, a la noche, la Bonaerense ejecutó un violento desalojo contra 300 familias que estaban en terrenos en Ciudad Evita, La Matanza, causando 15 detenidos y decenas de heridos. Esto ocurrió apenas al otro día en que el gobierno les concedió a esa misma policía todos sus reclamos, desde un aumento salarial y el punto 14 de su pliego para lograr impunidad, lo que rechazamos. Este gravísimo hecho se da luego de que los gobiernos nacional y bonaerense hicieran campaña para justificar la represión a las tomas de terrenos. La lucha por la tierra y la vivienda es hoy una de las principales demandas populares, que ante la inflación y el desempleo en medio de la pandemia no pueden pagar un alquiler y se ven empujados a ocupar terrenos ociosos para tener un techo. Por eso apoyamos el derecho a la vivienda y repudiamos la criminalización de esa y de todas las luchas sociales.

Ni Una Menos. En lo que va del año ya van 206 femicidios y con la cuarentena crecieron las denuncias por violencia de género. El gobierno se limitó a anunciar un “plan bianual”, con un magro subsidio de $ 16.875 por seis meses a las mujeres y disidencias que sufren violencia machista, totalmente insuficiente para lograr autonomía. Además el plan desecha las casas-refugio, cuando el “quedate en casa” es insostenible para quienes conviven con el violento. A su vez, la policía no es ninguna garantía de control de las perimetrales y por eso muchas mujeres fueron desaparecidas y asesinadas en la vía pública o en sus hogares. Se calcula que una de cada cinco asesinadas había hecho denuncias ante el Estado y que uno de cada cinco femicidios lo comete un agente o ex agente policial o de “seguridad”. Por eso decimos: Ni Una Menos, basta de violencia de género.

Asimismo, siguen el hostigamiento y crímenes de odio hacia las diversidades sexuales y de género, a menudo por parte de la policía y en especial contra el colectivo travesti-trans. Pese a los derechos conquistados por la comunidad LGBTI+ con su lucha, la violencia institucional y de las iglesias continúa. Por eso decimos: basta de crímenes de odio y de violencia institucional y religiosa.

Mientras el 51% de les niñes y adolescentes está en la pobreza, el sistema de protección y promoción integral de derechos y sus organismos de control sufren precarización, vaciamiento presupuestario y de políticas públicas. Ante la falta de acceso a derechos, el despliegue de las fuerzas punitivas del Estado ha incrementado su accionar sobre la población de niñes y adolescentes pobres.

Desde la cuarentena crecen las denuncias por las violencias que aplican las fuerzas de seguridad en todo el país. Lo confirman los asesinatos de Lucas Verón, Valentino Correa, Franco Maranguello y otros. Y la muerte de jóvenes bajo custodia del Estado desnuda el abandono estructural de los gobiernos en cuanto a política social para les adolescentes y la violencia estatal por omisión.

Ante este fortalecimiento represivo hacemos este plenario nacional como un paso para unir los reclamos de les familiares y amigues de las víctimas de gatillo fácil. Por juicio y castigo a los responsables de la desaparición y muerte de Facundo. Contra la criminalización de la pobreza. Por el derecho a la vivienda. Apoyo a las tomas de tierras, luchas ambientales, de los pueblos originarios y demás luchas. No al Plan Centinela. Por los derechos de toda persona privada de libertad. Fuera Berni. El Estado y los gobiernos son responsables. Ni Una Menos. Infancias libres de violencia. Basta de crímenes de odio y de criminalizar a la comunidad travesti-trans. Continuidad de los juicios a los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura. Restitución de la identidad de les nietes apropiades. Por la defensa de los derechos humanos, gobierne quien gobierne.

Otras intervenciones y saludos al plenario: Marcela y Graciela Ledo (Madres de Plaza de Mayo, La Rioja), Sueco Lordkipanidse (EMCF), María Laura Bretal (ex presa política), Sandra Gómez, Maru Acosta (hermana de Paola, víctima de femicidio, Juntas y a la Izquierda), Romina del Pla (Suteba Matanza), Beto Olivares (Casa de la Memoria, Rosario), Pablo Arroyo (Salta), Julio (HIJOS La Plata), Liliana Martín (Movimiento Plurinacional de Mujeres, Capilla del Monte), Pablo Paolini (CADHU), May (Colectivo contra el gatillo fácil de La Plata), Nahuel Orellana (Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive”, Guernica), Osvaldo Barros (AEDD); Maine García, Carla Lacorte y Matías Aufieri (Ceprodh), Alejandrina Barry (PTS), Cintia Frencia (PO Córdoba), María Salvarezza, Erika Avalos, Sebastián Godoy, Eduardo Penello y Claudia Ferrero (APEL), Virginia (mamá de Cristina), Pablo Vasco (MST en el FIT Unidad), Cintia (hermana de Lucas Verón), Fede Casas (UJS), Laura Marrone y Nico Núñez (IS), Yanina Zarzozo (mamá de Camila, masacre de Monte), familia de Ignacio Seijas, Esther Cohen, Germán Campos (Rosario), Jonathan Gómez (MST, EMVJ La Pampa), Julio Cortez (Actuemos), Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Luis Puente (EMVJ Pergamino), Cecilia (Ni Una Menos), Salvador (Espacio de Géneros FPDS), Bocha Rego (papá de Bochita, víctima), Mayra (Agrup. 1969), Keili González (Libre Diversidad), Alejandro (Mar del Plata), Lautaro Palma (ATEN Zapala), Pabla (Correpi), Fabián Domínguez (Colectivo de DDHH Pilar), Julia Lara (mamá de Agustín), Lautaro Tocchi (Córdoba), Susana Ancarola (MULCS), Marga Pinto (CMM), Eliana (Correpi Mendoza), Ernesto Aldana (Nuevo MAS) y Sheila (LSR).

En la denuncia, que se encuentra en la Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno, Turno Seis, la legisladora pidió que a partir de las declaraciones de Miguel Robles (ex  subsecretario de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de la Nación y ex director del Poder Judicial de Córdoba), quien declaró que muchos policías llevan en los móviles armas truchas para plantar en este tipo de situaciones para así poder culpar a la víctima y simular un enfrentamiento[i], se dé inicio a una investigación penal ante la posible comisión de hechos delictivos, por parte de integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba.

De acuerdo al escrito presentado por Echevarría estas prácticas asumen diversas modalidades: desde amenazas contra ciudadanos que deciden enfrentar sus atropellos (véase el caso del ex-jefe de la Policía y el periodista Dante Leguizamón), pasando por la manipulación arbitraria de las actas y procedimientos, hasta la alteración maliciosa de la “escena del crimen”, llegando a extremos de montar “enfrentamientos” inexistentes con las víctimas de sus abusos.

Estas prácticas se ven una y otra en distintos casos de gatillo fácil, como el de Güere Pellico, y más recientemente el asesinato de Valentino Blas Correa, el adolescente que murió en manos de la policía el 6 de agosto, y al que le plantaron un revólver viejo para simular un enfrentamiento.

Este caso en particular se agrava cada día más, con el reciente descubrimiento que dos de los policías implicados en su asesinato tienen antecedentes penales: Lucas Gómez por encubrimiento del violador serial de La Calera en el 2018, y Javier Alarcón por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves calificadas en el 2013 en Río Tercero. Aun así, este último fue promovido a cabo primero, y ambos policías seguían patrullando las calles y portando armas.

“Esto da cuenta de un nivel de premeditación y organización que pone en evidencia la existencia de una asociación ilícita en el seno de la Policía, cuyo fin último es garantizar la impunidad en los casos de abuso policial y gatillo fácil. Y esto no puede ocurrir sin el amparo del poder político y judicial que los protege. Por eso es urgente desmantelar al aparato policial y democratizar a la institución judicial. Pero sobre todo avanzar en el juicio y castigo a los responsables políticos de la muerte de Blas y de todos los pibes asesinados por gatillo fácil, que son Mosquera y el gobernador Schiaretti”, explicó la Legisladora.

Candela Gambuli

[i]https://ar.radiocut.fm/audiocut/una-mirada-compleja-sobre-asesinato-blas-correa-y-policia-cordoba-por-dante-leguizamon/

Dos tipos de yutas: el que dispara y el que calla

Primero, en ese operativo participaron cuatro miembros de la fuerza: Lucas Gómez, Javier Alarcón, Wanda Esquivel y Yamila Martínez. Los primeros dos dispararon, las últimas simplemente los observaron y después participaron del encubrimiento. Pero, ¿por qué los policías estaban armados en lo que era un simple control? ¿Y qué hacía allí Gómez, quien está esperando un juicio por encubrir al violador serial de La Calera desde 2017?

Pero esto no para de enturbiarse. A partir de los registros de la radio policial, se reveló un “comienzo de persecución”, que en realidad no fue más que los canas dando una vuelta a la manzana en los móviles, y también la orden de comunicarse por la “línea baja” (por celular, para así no dejar rastros públicos). Luego, mágicamente aparece el subcomisario Sergio Alejandro González, que les da un revólver viejo que más tarde plantaron en la escena del crimen, para continuar con la historia de la supuesta persecución. Por suerte, una llamada “anónima” alertó que un Fiat Argo había tirado algo a un descampado y los policías “encontraron” el arma, todo muy casual y para nada sospechoso. [1]

Finalmente, el lugar se llenó de policías que no hicieron más que contaminar la escena del crimen y dificultar la investigación. Es poco probable que de la nada se hayan juntado tantos policías sin que un superior se haya enterado.

Estas prácticas no le pertenecen solamente a la policía cordobesa, sino que son moneda corriente dentro de toda la institución policial, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Este caso en particular se mediatizó principalmente por la extracción de clase de Blas, por ser un pibe de clase media y estar en una zona céntrica, pero en los barrios ese tipo de hechos pasan en el día a día y no son publicados en ningún medio masivo. Desde que comenzó el aislamiento obligatorio, no son pocas las denuncias de violencia y abuso de la fuerza en los barrios más vulnerables de la ciudad, al igual que este no es tampoco el primer caso de gatillo fácil desde marzo[2]. Pero la verdad es que las vidas de lxs pibxs de barrio son desechables para los medios y para el gobierno cordobés.

Una investigación propia

Lo más llamativo y escandaloso es que el fiscal Mana haya designado a la propia policía para investigar un caso de gatillo fácil. Más allá que la fiscalía declare que se ha recuperado material valioso para la investigación, ya sabemos que el encubrimiento no es una “excepción” como dijo el ministro de Seguridad provincial Mosquera[3], sino que es una práctica común dentro de la fuerza policial desde hace años. Es necesaria una comisión investigadora independiente que investigue no sólo este caso, sino cada denuncia de gatillo fácil y violencia policial, que haya justicia para todxs y no para unxs pocxs. No pueden pretender que quien nos asesina se auto-investigue y auto-inculpe, y que sea quien se encargue de encontrar pruebas para los pocos casos que llegan a juicio.

Y principalmente, es necesario el desmantelamiento del aparato represivo, la depuración de aquellxs denunciados por represión y corrupción, que ya no se pueda reprimir la protesta social y que seamos nosotrxs, lxs vecinxs, quienes nos autoorganicemos y además tengamos un control social sobre las comisarías. Todo esto como transición hacia la disolución completa del aparato represivo.

Pero es clave también atacar las causas de la inseguridad: generar programas de inclusión, asegurarnos que todx pibx pueda acceder a la educación, a salud, a un laburo que le permita vivir, a poder desarrollarse plenamente.

¡Justicia por Blas y por todxs lxs pibxs asesinadxs por la Policía!

Candela Gambuli

[1]https://www.lavoz.com.ar/sucesos/revolver-que-le-plantaron-a-blas-salio-del-baul-de-un-movil-policial

[2]http://www.correpi.org/2020/gatillo-facil-y-las-mentiras-de-siempre/

[3]https://www.lavoz.com.ar/politica/blas-otra-interpelacion-de-gestion-para-schiaretti

Por eso, el asesinato de Valentino que conmociona a Córdoba es producto de un accionar sistemático por parte de esta fuerza que es consecuencia de la política de mano dura y control social que se ha implementado durante todos los gobiernos desde la vuelta de los gobiernos constitucionales. En cuarentena este accionar delictivo por parte de las fuerzas policiales dio un salto.

A las detenciones ilegales, hostigamiento en los barrios populares y casos de gatillo fácil, se le suma la política represiva que el gobierno provincial y municipal llevan adelante contra los trabajadores que se movilizan por sus derechos como sucedió recientemente con los compañeros de la UTA, municipales de Jesús María. El accionar represivo también se expresó contra familias que ocupan tierras para hacer efectivo el derecho a la vivienda que Schiaretti les viene negando.

La política represiva al servicio de imponer la continuidad de un ajuste contra el pueblo, tiene en el poder judicial un complemento. Por eso, desde la fiscalía a cargo de José Bringas se acusó falsamente a nuestra compañera Cintia Frencia, y a la banca del FIT de estar involucrado con las amenazas al vice intendente Daniel Passerini. Sin dudas, una operación de Estado contra la lucha del pueblo trabajador.

La política de mano dura en la provincia también se aprecia a nivel nacional, por funcionarios como Berni, responsable de la desaparición de Facundo Castro que continúa con políticas dignas de Bullrich, tiene el objetivo de implementar un mayor control social en el marco de una crisis económica que golpea al pueblo trabajador. Mientras el gobierno nacional cierra un acuerdo con los especuladores que va a destinar miles de millones de dólares para pagar una deuda ilegal y fraudulenta, crece el desempleo, la pobreza, se rebajan salarios.

En este marco se pretende fortalecer las fuerzas represivas, lo que tiene consecuencias brutales en casos como el de Valentino, o la desaparición forzada de personas, como el caso Facundo.

Quienes luchamos en contra de la impunidad y la violencia policial, contra la represión de ayer y de hoy tenemos la responsabilidad de dar una respuesta de conjunto, con la más amplia unidad de acción contra esta política y salir a las calles. Los organismos de derechos humanos cooptados deben romper sus compromisos políticos con el gobierno nacional y provincial impulsores de la represión, y luchar por la exigencia de justicia por las víctimas de la violencia policial /estatal y contra su impunidad. Hacemos el más amplio llamado a unificar fuerzas y discutir los pasos a seguir en contra de la represión estatal, como se viene haciendo con la coordinación por la marcha contra el gatillo fácil que se realizara el próximo 27/8. En esa perspectiva, convocamos a una reunión virtual a realizarse el próximo jueves 13 de Agosto a las 19:30 horas, solicitar link de conexión.

Frente de Izquierda Unidad Córdoba

Basta de gatillo fácil y justicia por Lucas, asesinado por policías, eran las consignas que llevaban los carteles y remeras de los familiares y amigos del joven asesinado en la noche del 10 de julio, cuando salió a comprar a un kiosco junto a un amigo en pleno festejo de su cumpleaños. Durante la importante jornada que se encontró en las puertas del Poder Judicial, la familia de “El Chino” reafirmó la exigencia de cárcel a los policías, Ezequiel Benitez y Cintia Duarte -responsables materiales del asesinato del joven- y se presentó una acción penal contra el fiscal Tahtagian, responsable de intentar desviar la investigación, encubriendo a los efectivos policiales.

La PBA y el fiscal no son los únicos responsables

Frente a la violencia policial y a los casos de gatillo fácil, no se pudo dejar de pedir por la aparición con vida de Facundo Castro, joven desaparecido por la misma policía que mató a Lucas. Tampoco el relacionar como la policía se ve envalentonada desde el inicio de la cuarentena, hecho que venimos denunciando.

Una vez más decimos que este accionar de las fuerzas represivas no son de “un policía malo, de una fruta podrida”, sino que es la consecuencia de la arenga que viene realizando el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, y que bien aplaude el intendente Fernando Espinoza. Es por eso que para frenar todo este accionar abusivo y para lograr justicia por Lucas y por todos los pibes víctimas de la represión policial se debe incluir la exigencia de castigo a los responsables políticos que hoy están haciendo oídos sordos ante el reclamo de las familias y las organizaciones.

Depurar a las fuerzas represivas y crear la comisión de investigación independiente, que esté integrada por familiares y por organismos de DDHH es imprescindible para llegar a la verdad y justicia. El encubrimiento del fiscal Tahtagian mostró cómo la justicia y la policía actúan en conjunto para evitar llegar a la verdad.

Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad, seguiremos levantando la bandera antirrepresiva. Justicia por Lucas Verón y todas las víctimas de gatillo fácil. Por la aparición con vida de Facundo Castro y fuera Berni, Kicillof y el gobierno nacional también es responsable.

]]> https://mst.org.ar/2020/08/07/justicia-por-blas/ Fri, 07 Aug 2020 18:09:30 +0000 https://mst.org.ar/?p=25623 Un pibe de 17 años salió con sus amigos y fue fusilado por la espalda por la policía de Córdoba. Se llamaba Blas Valentino Correa y su nombre se sumó a la trágica lista de víctimas del gatillo fácil.

Fue Gatillo fácil

«No es un caso de gatillo fácil. Gatillo fácil es cuando el personal policial tiene alguna motivación para actuar, ya sea repeliendo alguna acción de la víctima o por algún ilícito que esta pudiera haber cometido» declaró a la prensa Alejandro Pérez Moreno, el abogado penalista que representa a los padres de Valentino Blas Correas.

En primer lugar, resulta necesario aclarar que el gatillo fácil no es una figura penal, no está tipificado como delito por ninguna Ley. Gatillo fácil es, ante todo, una categoría política mediática, que se utiliza para denunciar el abuso de las fuerzas represivas del Estado cuando asesinan injustificadamente, en la mayoría de los casos a pibes jóvenes y pobres. Es una de las expresiones más crudas de la violencia institucional y de la discriminación a los sectores populares.

A Valentino Blas Correa la policía lo fusiló por la espalda. No hay ninguna razón que justifique semejante atrocidad, como tampoco la hay cuando fusilan a los pibes pobres en los barrios. Por eso, así como para la policía de Córdoba no hubo diferencias a la hora de disparar, tampoco tiene que haber diferencias a la hora de denunciar que estamos ante un caso de gatillo fácil y salimos a exigir justicia y castigo a los responsables.

El discurso del abogado Pérez Moreno es justificatorio del asesinato de los pibes pobres de los barrios populares y es profundamente clasista, porque pretende diferenciar a Blas por pertenecer a otro sector social. Quizá por esa misma razón este caso tiene la repercusión mediática y social que está teniendo. Pero queremos ser muy claros al respecto: si la policía fusila por la espalda a un pibe de un barrio marginal en un caso de robo o en cualquier circunstancia, también es un asesinato completamente injustificado que amerita todo nuestro repudio y exigencias de justicia.

No es un policía, es toda la institución

Javier Alarcón y Lucas Gómez, los policías que fusilaron a Blas por la espalda, son parte de una institución que tiene en su haber una larga lista de hechos delictivos que salieron a la luz: desde numerosos caso de gatillo fácil, amenazas a periodistas[1], manipulación de evidencias en escenas del crimen que debían resguardarse[2] hasta armas que misteriosamente desaparecen de la Central de policía[3].

Es la misma policía que, según datos de CORREPI, en 20 años del PJ en la provincia, asesinó a casi 400 personas, y sólo en 2019 a más de 20. La mayoría de las víctimas eran menores de 25 años.

Tan comprometida está la policía de Córdoba con este accionar corrupto que la madrugada del 6 de agosto, cuando asesinaron a Blas, intentaron plantar un arma para simular que hubo un tiroteo. Es decir, hay policías que andan con armas no declaradas, listos para plantarlas en caso de considerarlo necesario[4].

Queda claro que más policía no es sinónimo de “seguridad” como nos quieren hacer creer desde el discurso oficial. En primer lugar, porque la policía es parte del delito organizado, y en segundo lugar porque es falso que para resolver el problema de la inseguridad hay que atacar sus efectos, lo que hay que hacer es apuntar a las causas que la provocan. Hay que desarrollar políticas que apunten a revertir la desigualdad social, terminar con los privilegios de los funcionarios políticos, implementar un shock de reinserción social para la juventud y democratizar la justicia: elegir a los jueces y fiscales por voto universal, con mandatos limitados y revocables, para que la justicia no dependa del poder político, sino de la intervención social. Y a la policía corrupta y asesina, hay que disolverla. ¿De qué manera? Desfinanciando a la policía y su equipamiento represivo; depurando a todo jefe y agente involucrado en hechos de represión social, corrupción u otros delitos; prohibiendo por ley la represión a la protesta social; impulsando el control vecinal y de los organismos de derechos humanos con derecho a revocatoria de los comisarios; disolviendo la AFI y demás organismos de inteligencia.

Los dos policías que asesinaron a Blas fueron imputados por homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego. Tienen que ser juzgados y condenados. Pero para que de verdad no vuelva a suceder, hay que denunciar también a los responsables políticos y autores ideológicos: el gobernador de la provincia Juan Schiaretti y el Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, que alientan y toleran las prácticas de abuso por parte de las fuerzas represivas hacia los pibes de sectores populares, reproduciendo discursos y prácticas estigmatizantes y discriminatorias desde el poder político, y que se la pasaron estos meses usando a la pandemia como excusa para dar más poder a las fuerzas de seguridad. Se lo advertimos: ni el aislamiento ni el distanciamiento social son Estado de Sitio. Este gravísimo hecho también es consecuencia de más de 20 años de políticas de Estado del PJ cordobés, de hostigamiento, persecución, represión y asesinato a los sectores más jóvenes y pobres de la población.

Guadalupe Limbrici – Córdoba

[1] https://www.lavoz.com.ar/politica/confirman-condena-al-excomisario-suarez-por-amenazas-al-periodista-dante-leguizamon

[2] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/tras-fallo-de-nueva-cordoba-no-se-planea-rever-formacion-policial

[3] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/armas-la-historia-del-secreto-mas-guardado-en-jefatura

[4] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/caso-blas-correas-investigan-si-arma-hallada-fue-plantada-tras-disparos-de-policias

Las crónicas de la mañana nos trajeron la noticia, primero con el funesto título de “confuso episodio” y luego con los reflejos típicos de la prensa canalla comenzó a tomar cuerpo un titular un poco más claro y evidente haciendo referencia a “un posible caso de gatillo fácil”, aunque todavía insinuando la posibilidad un tiroteo. Las horas trajeron la confirmación de lo que desgraciadamente ya varios presumíamos; un nuevo asesinato de la policía de Córdoba

Valentino Blas Correa tenía 17 años apenas cuando fue asesinado por las balas policiales en la madrugada de hoy, jueves 6 de agosto.

El hecho comenzó pasada la medianoche en inmediaciones de la planta transmisora de Telefé Córdoba, en la zona sur de la Capital, cuando la Policía observó a un Fiat Argo que se había dado a la fuga, según la versión que brindó el comisario.

Los jóvenes que viajaban en el rodado le informaron a la Policía que en esa zona dos asaltantes, a bordo de una motocicleta, intentaron robarles al patear el vidrio del auto, y que por esa razón iban a gran velocidad.

No obstante, el comisario dijo que, por ahora, “son versiones” que se están manejando en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Mana.

Tras la supuesta fuga, la Policía divisó el auto en la plaza De las Américas, donde se produjo “un tiroteo”. Al parecer allí los uniformados abrieron fuego. Alrededor de las  9am ya estaba casi confirmado que sólo hubo disparos del lado de la policía durante la supuesta persecución.

En declaraciones a los medios el padrastro del joven denunció: «Ocurrió a la una, no dejaron a la madre que se acercara», lo que me comentan los que iban con él es que lo mataron adentro del vehículo. Cuando nosotros llegamos había 50 policías.

«Sorprendentemente en dos horas el cuerpo no estaba más. No hay consigna, no está cortada la calle”. Aquí está la madre que no sabe qué pasó con su hijo. Nadie le dio una explicación. “Realmente es vergonzoso. En mi experiencia profesional nunca vi algo semejante y tan inhumano», agregó el abogado de la familia, Báez.

Para completar el cuadro y sumar bronca al dolor los compañeros del joven denunciaron que una vez herido intentaron llevarlo a un hospital y en la Clínica privada Aconcagua se negaron a atenderlo y que la policía los intercepto cuando intentaban llegar a otro hospital.

Inmediatamente se fueron conociendo estos datos en las redes sociales estalló la indignación de personalidades y referentes, como la Legisladora del MST Luciana Echevarría, que expresó el enérgico reclamo de inmediato esclarecimiento y justicia en su cuenta de Twitter.

 A la hora de escribir estas líneas los medios confirman la imputación de y detención de dos policías ante la abrumadora evidencia de un nuevo crimen de la policía de Schiaretti.  Mas que nunca debemos recordar que si la policía actúa así es por qué se cree impune y sabe protegida por el gobierno. Es urgente depurar y desmantelar el aparato represivo para realmente no tener ni un pibe menos ¡Justicia por Blas Correa

Raúl Gómez

]]> https://mst.org.ar/2020/07/14/chascomus-gatillo-facil-la-otra-pandemia/ Tue, 14 Jul 2020 15:43:48 +0000 https://mst.org.ar/?p=24772 En medio de la cuarentena que atraviesa el país y sobre todo el AMBA, hay otra pandemia que sigue creciendo y no se detiene y es la represión estatal que se sigue descargando sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. La represión a trabajadores despedides, a vecines que se quedan sin luz y sin servicios en distintos barrios del conurbano y La Plata, a les migrantes sigue siendo, incluso en estos tiempos, la moneda corriente. Y esa es una de las caras de las fuerzas represivas estatales, la otra son los casos de violencia y abuso de las fuerzas. Mientras el país está conmovido y movilizado por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, en la que la participación de la policía bonaerense es innegable, al punto de que fue apartada de la investigación, dos nuevos casos se suman: el de Lucas Nahuel Verón, de 18 años, asesinado en La Matanza luego de ir al kiosco y ser perseguido por la policía que, como siempre, dijo que pensaron que se trataba de un robo (cabe aclarar que luego de asesinar a Lucas el móvil policial huyó del lugar pero si se dedicó a apretar al amigo de Lucas y a testigos para fraguar la escena del supuesto robo), y el caso de Raúl Ricardo Dávila el viernes 10 de julio, un joven de 22 años que se encontraba detenido en un calabozo de la Comisaría de Chascomús por una cuestión menor, una discusión con el padre de su novia y al que la policía decidió retener por “resistencia a la autoridad” y su calabozo fue incendiado causándole quemaduras en más del 50% del cuerpo las que finalmente le causarían la muerte.

Estos recientes y terribles casos se suman a la desaparición seguida de muerte de Luis Espinoza y más de 12 casos de “Gatillo Fácil” en todo el país y como decíamos se da en el marco de la cuarentena obligatoria y el espaldarazo a las fuerzas represivas provinciales y federales, el control de circulación puesto en sus manos al igual que barrios enteros que son cercados y controlados por policías y gendarmería. En nuestra provincia, al mando de Axel Kiciloff, basta de muestra el botón de Berni, a quien le gusta salir en los medios posando armas en mano al frente de cualquier operativo en su rol de macho alfa y con un gran curriculum como represor, infiltrado en los conflictos y otras linduras.

Desde el MST denunciamos y repudiamos estas muertes que sigue poniendo el pueblo trabajador y nos movilizamos por ello. Exigimos que se desvincule inmediatamente a todos los implicados para que sean juzgados y condenados junto con los responsables políticos.

Y además creemos que hay que desmantelar todo el aparato represivo, y hacer una gran reforma que incluya también al sistema judicial, proponemos la elección popular de comisarios y jueces, con mandatos revocables y control de las fuerzas de seguridad por los organismos de DDHH.

Por Juan Bonato

Los primeros titulares, eran categóricos: “Un policía mató a un delincuente que quiso robarle la moto”[1], “Un policía abatió a un delincuente en la ruta 226”[2], “Ladrón recibió tres tiros y fue arrollado por un auto”[3] y las notas se referían a Brandon como “sujeto con antecedentes penales” o “malviviente abatido”.

Como es habitual, en los casos de violencia institucional o gatillo fácil, se intenta desprestigiar a la víctima, construyendo un relato que justifique el accionar policial al estilo Chocobar o disfrazándolo de legítima defensa. De esta manera,  el camino hacia la justicia se torna un arduo proceso para las familias trabajadoras.

El lunes 13, participamos junto a varias agrupaciones sociales y de DDHH de una nutrida manifestación en reclamo de justicia en la puerta de Tribunales de Mar del Plata, en la que sobresalían cientos de jóvenes, muchos de ellos amigos y amigas de Brandon. La multitud se encolumnó luego en una marcha que recorrió el centro de la ciudad hacia el palacio municipal.

Pudimos conversar con Romina, su madre, quien destacó que el joven no tenía antecedentes penales, trabajaba en una panadería, con uno de sus hermanos, por lo que se levantaba todos los días a las 4 de la madrugada. Nos comentó además, que el fiscal de la causa, Alejandro Pellegrinelli  les sugirió que no contrataran abogados, que confiaran en él para llevar adelante el proceso judicial. Romina expresó que no se sintió escuchada por la justicia, que en todo momento intentó desestimar su denuncia de gatillo fácil.

Hasta el momento no se han tomado otras declaraciones testimoniales ni hay informes de las cámaras de seguridad del lugar, pero es evidente que la manera en que fue ejecutado el joven hablan como mínimo de un exceso en la legítima defensa. Este caso, junto a los recientemente sucedidos en Bahia Blanca o La Matanza, nos confirma que no son hechos aislados, sino que es una metodología común de la policía bonaerense y del resto del país, la criminalización y asesinato impune de jóvenes de clases populares, por portación de ropa o de cara. Esta violencia ejercida desde el Estado tiene responsables políticos que deben responder por las acciones de sus subordinados, y en la provincia de Buenos Aires, son el Ministro de Seguridad Sergio Berni y el Gobernador Axel Kicillof.

Es imprescindible para el esclarecimiento de los  casos en los que hay implicados agentes de las fuerzas represivas,  la actuación de comisiones investigadoras conformadas por organizaciones sociales y de DDHH, independientes de las fuerzas represivas y del Estado.

Por eso desde el MST nos solidarizamos con la familia y amigxs de Brandon, nos ponemos a su disposición para acompañarlxs en su búsqueda de justicia y gritamos junto a ellxs

¡Basta de gatillo fácil! ¡Ni un pibx menos! ¡El Estado es responsable!

Sonia Magasinik

[1]Diario  223 05/07/2020

[2] Diario Punto Noticias 05/07/2020

[3] Diario Crónica 06/07/2020