Escribe: Nicolás Zuttión

En 2021 volvió a la plana mayor de la política tras entrar a la Cámara Baja del Congreso como diputada por la Capital Federal en representación de la Libertad Avanza. Ahora, su rol es otro. Postulada como vicepresidenta del estridente Javier Milei, Victoria Villarruel pasó a hacer más visible su militancia reaccionaria de culto a la última dictadura genocida. Una demostración de que el liberfacho que encabeza el proyecto no propone nada nuevo. La hoja de ruta que en el plano económico tiene como potencial continuidad la triple M de Martínez de Hoz, Menem y Mauricio Macri, en el plano político planea una reedición de lo más rancio de la casta.

Todo el clima que propiciaron los resultados de las PASO envalentonó a este sector político, que piensa tener el “aval social” para voltear de un santiamén años de lucha en materia de DDHH. En este artículo queremos desandar el currículum político de Villarruel, quien la semana pasada buscó victimizar a los genocidas del último terrorismo de Estado.

Una hija de la familia militar, que se ubica a la derecha de los dos demonios

La abogada nacida el 13 de abril de 1975, es hija de un jerarca militar, que supo ser dirigido por Aldo Rico en Malvinas, Eduardo Marcelo Villarruel y nieta del contralmirante Laurio Hedelvio Destéfani, quien tuvo contacto con el español Manuel Aznar Acedo, ex miembro de la falange española.

Como puede verse, siempre estuvo permeada de un ambiente que le provocó la vocación reaccionaria. Tras su formación profesional, durante 2008, en Estados Unidos, tomó un curso de “lucha contra el terrorismo” en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, una institución que depende de la Universidad de Defensa Nacional, que se encarga de educar a los altos mandos militares del país del norte.

Con esta impronta, la candidata a vice de Milei y defensora también del pañuelo celeste, sumó además en sus palmares ser la titular del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). Una institución que, como lo indican en su propio sitio web oficial, busca: “cambiar la situación de las víctimas del terrorismo. La parcialidad, inequidad y desamparo en que los gobiernos han dejado a las víctimas inocentes del conflicto armado y su táctica terrorista, incurre en la responsabilidad internacional del Estado argentino, que se encuentra inocultablemente comprometido a nivel internacional, regional y local, al no respetar los tratados vigentes de derechos humanos y proteger la impunidad de los perpetradores”. Más explícito imposible.

A la derecha de la teoría que supieron acuñar los radicales, Victoria Villarruel, además de aprobar y defender la represión estatal de aquellos años, busca colocar en el lugar de víctimas a todas las partes del aparato represivo, empresarios, burócratas sindicales y cualquier elemento más que haya apoyado el régimen dictatorial, muertos en enfrentamientos con militantes de las organizaciones guerrilleras. Algo para nada sorprendente de quien organizaba las visitas al genocida Jorge Rafael Videla y busca lograr el cometido que aliados de ella no pudieron conquistar, como el ex funcionario macrista: Darío Lopérfido.

Desde el aparato del CELTYV y con este veneno reaccionario, que tiene trabajo a nivel internacional -se conoce el acercamiento con los integrantes del partido franquista VOX, centralmente con Santiago Abascal-, es que Villarruel montó el acto, admitido por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, para poner en cuestión la cifra de los 30.000 detenidos-desaparecidos y volver a discutir que las víctimas que existieron en los ‘70 fueron las del “terrorismo guerrillero”. Un revisionismo histórico para lograr un retroceso en leyes y jurisprudencia que, en materia de derechos democráticos, busca arrebatar las conquistas de los sobrevivientes de la última dictadura y organismos de DDHH en la tarea incansable de exigir memoria, verdad y justicia.

Con la casta empresarial, siempre

Como la dictadura lo hizo, el centro que dirige Villarruel tiene un plan explícito: volver al país terreno para incrementar las ganancias del poder económico concentrado. Hace poco, en una investigación periodística, se demostró que el CELTYV fue fundado y es integrado por abogados con nexos profundos del empresariado argentino y extranjero que tuvo una fiesta con la dictadura, donde se estableció el actual modelo económico rentístico y de especulación financiera.

Entre los personajes más destacados se encuentran:

Jorge Luis Pérez Alati: uno de los socios del poderoso estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM). Perez Alati comanda su bufete con sedes en Buenos Aires, Santiago de Chile, Uruguay y Nueva York, que figura siempre en el top 10 de los estudios más influyentes del país y que además recaudaba fuerte para las campañas de Mauricio Macri.

Máximo Fonrouge: socio del poderoso estudio Cassagne, que entre sus clientes tiene al propio Mauricio Macri en el caso Correo y con el que además armaban los pliegos de las licitaciones PPP durante su gobierno.

Alejandro Fargosi: hombre de Juntos por el Cambio, representó al PRO en el Consejo de la Magistratura. Fue abogado en Argentina del fondo buitre Burford, el que compró el juicio contra el país por la expropiación de YPF.

Enrique Francisco Maschwitz: el escribano a cargo de anotar el CELTYV. Es el histórico escribano de La Nación.

Estos, sin duda alguna, son los verdaderos lobistas del plan de dolarización y contrarrevolución económica que Milei y Villarruel quieren imponer en caso de ganar. Son quienes quieren volver a reeditar otra expropiación desde arriba hacia abajo, buscando liquidar a los trabajadores y sectores populares.

Ni un paso atrás, en las calles se enfrenta a Villarruel

Que estos elementos quieran volver a funcionar en nuestro país, no es ninguna novedad. La polarización social y política que se da en el mundo entero, y desembarcó en nuestro país seguro vuelva a estos personajes parte del paisaje cotidiano.
Es tarea de primer orden que tenemos desde la izquierda desenmascararlos y ponerle punto final a todos los reaccionarios como Villarruel. Pero, como lo dejamos explícito en otro artículo de este número de nuestro periódico, la confrontación, centralmente, tiene que darse en las calles.
Desde el MST en el FIT-Unidad te invitamos a que te sumes a esta orientación. A dar la batalla contra los liberfachos.

1. Negacionismo y negocios: abogados, corporaciones y operadores de la City, los poderosos nombres detrás de Villarruel. El Destape (10-09-2023)

Escribe: Gustavo Giménez

Las excusas de los militares de aquellos años señalaban que el golpe militar era una necesidad para poder derrotar a la subversión armada y ordenar el rumbo del país que el desastre del gobierno de Isabel ya no podía encaminar.

Lo cierto es que cuando los militares tomaron el poder, ese fatídico 24 de marzo, la guerrilla estaba derrotada en el terreno militar. El Operativo Independencia, desarrollado por el gobierno de Isabelita, había aplastado al aparato guerrillero en Tucumán y el debilitado PRT/ERP había sufrido un golpe decisivo al fracasar su copamiento al cuartel de Monte Chingolo.

Había otra «subversión» a la que la burguesía argentina y los militares le temían más. Por eso hablaban de la «guerrilla fabril». Eran las luchas de la clase trabajadora argentina, que con altos y bajos no habían cesado desde el Cordobazo en 1969. Al calor de ellas surgía una nueva vanguardia que no respondía a las órdenes de la burocracia sindical cegetista, sino que se referenciaba en la izquierda peronista y en partidos de la izquierda clasista, entre ellos nuestro antecesor, el PST.

El imperialismo necesitaba transformar de raíz el modelo económico argentino. Siguiendo las tendencias de la economía mundial capitalista que marcaban el comienzo del fin del «estado de bienestar» en los países centrales, era fundamental aplicar una nueva receta liberal, que bajara sustancialmente los salarios, disminuyera el «gasto social» del Estado, y cambiara una economía semicerrada, que con una importante y «poco competitiva» industria de sustitución de importaciones impedía el ingreso de las mercancías de las metrópolis.

Tenían que abrir la economía del país, fomentando un modelo agro exportador de productos primarios y permitiendo la entrada, casi sin contrales, de los capitales especulativos, para extraer mayores cuotas de plusvalía como el imperialismo y las trasnacionales exigían.

Al servicio de esa tarea tomaron el poder los militares. El gobierno peronista había fracasado en frenar las luchas y pese a la creación de las asesinas bandas de la Triple A, o a golpes importantes como el que le propinó a la lucha de Villa Constitución, no pudo impedir que estallara el movimiento obrero cuando el ministro Rodrigo, en junio de 1975, pretendió bajarle el sueldo a la mitad. Cayó Rodrigo, el «brujo» López Rega, todo el gabinete. El gobierno de Isabel entró en tiempo de descuento y la burguesía empezó a preparar el recambio.

El golpe contó entonces con sólidos apoyos burgueses, empezando por el Secretario de Estado yanqui, Henry Kissinger, y los sectores más ligados al imperialismo, la Sociedad Rural y los agroexportadores, los sectores financieros y las industrias multinacionales, entre otros. Lo dejaron correr desde los principales dirigentes de la UCR, muchos dirigentes del PJ y la primera línea de la CGT. La curia eclesiástica tampoco faltó a la cita.
La decadencia y el desgaste del gobierno peronista fue también creando un apoyo social en una parte importante de la clase media, ganada por el discurso del «orden» y la «paz social» con que asumieron los militares.

Las características del golpe

A la madrugada del 24 es detenida la presidenta Isabel Martínez de Perón y desde ese momento los militares lanzan proclamas por las cuales se prorroga el estado de sitio, se suspende la Constitución Nacional, se elimina el parlamento, el Poder Ejecutivo electo, se ponen los jueces en comisión, se proscribe a distintas organizaciones de izquierda, entre ellas al PST, se suspende el accionar del resto de los partidos políticos, de los sindicatos, se suspende el derecho a huelga, y se amenaza de muerte a toda persona que impida el accionar de las fuerzas armadas o policiales contra la subversión.

Todo esto con un fuerte despliegue «operacional» de las fuerzas militares y policiales, que produjeron cientos de detenciones en pocas horas, de varios dirigentes políticos y también de activistas obreros en las puertas de las fábricas. Esos fueron sus primeras medidas, pero no se conocía aún el plan genocida que los militares iban a desplegar.

La ferocidad del «Proceso de Reorganización Nacional», de la Junta Militar encabezada por Videla por el ejército, Massera por la marina y Agosti por la aeronáutica y de las Juntas que le sucedieron después, fue un hecho nuevo en la historia del país.

Necesitaban derrotar con métodos de guerra civil a la vanguardia de los trabajadores y sectores populares que intentaran oponérseles. Por ello, el método de la desaparición forzada, los 30.000 desaparecidos y los más de 600 campos de concentración a lo largo y ancho del país, la tortura sistemática de los detenidos, los fusilados «en ocasión de fuga» sin derecho a juicio ni defensa, los vuelos de la muerte y los cuerpos arrojados vivos desde esos aviones al Rio de la Plata, o los miles de compañeros que pasaron por las cárceles a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional), el millón y medio de exiliados, los niños apropiados, los robos a las casas y pertenencias de los desaparecidos. En definitiva, el terror, el horror, al servicio de quebrar la resistencia de la clase obrera, del pueblo y todos los que aspiran a defender sus derechos.

Pero el plan diseñado por el ministro de Economía, el liberal José Alfredo Martínez de Hoz, iba por más: «En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, (…), elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial…» (carta de Rodolfo Walsh a la dictadura militar).

El desgaste de Videla y el comienzo de la resistencia

Al principio, la existencia de un dólar subvaluado, que favorecía las importaciones, con el que los grandes empresarios y especuladores ganaron fortunas con la especulación financiera, permitió a un sector de la clase media viajar al exterior e ingresar productos suntuarios en cantidad, en lo que se llamó la época de la «plata dulce». Pero poco a poco, las consecuencias de este plan de saqueo se hicieron sentir colapsando la economía. Esto provocó la renuncia de Martínez de Hoz y el traspaso del gobierno de la Junta presidida por Videla al general Viola en 1981.

Las consecuencias de este desfalco y endeudamiento externo fue que la deuda creció de los 7.800 millones de dólares que dejó Isabelita a 45.000 millones al final de la dictadura. Una parte importante de esta deuda pública fue deuda empresaria privada por 17.000 millones de dólares, que Domingo Cavallo estatizó para beneficio de unas pocas grandes empresas, entre ellas las del grupo Macri, Alpargatas, Banco Francés, Bco. Galicia, Bunge y Born, Grafa, Molinos, Loma Negra, Pérez Companc, Ledesma, Acindar, etc.

Ya en 1977 empiezan a producirse una serie de conflictos obreros y aparecen las Madres de Plaza de Mayo dando vueltas a la plaza todos los jueves. En el marco de una extendida resistencia de los trabajadores, que, si bien no realizan acciones de huelga, realizan lo que se llamó trabajo a desgano, o quites de colaboración, muy extendidos. Una forma defensiva de pelear. El 27 de abril de 1979 se realiza el primer intento de paro general llamado por «los 25», en el que los militantes del PST participamos activamente.

El general Viola y su Junta de no pudieron sostenerse. Aunque intentó algunas «moderadas» correcciones al plan anterior, tomando medidas para achicar la fuga de divisas y favorecer a los exportadores, no pudo contener la deuda externa que creció en poco tiempo un 31% y se produjo una fuerte recesión que achicó el PBI un 9% por dos años consecutivos.

Un golpe interno para saldar esta situación llevó a Galtieri y una nueva junta militar al gobierno. Sumado al deterioro económico, la dictadura atravesaba por un importante rechazo social y político. Esto se expresó con claridad en el paro general con movilización llamado por la CGT para el 30 de marzo de 1982.

La Guerra de Malvinas

El desgaste del gobierno militar, lleva a Galtieri y a los comandantes a realizar una acción desesperada. Especulando que las excelentes relaciones que tenían con el imperialismo yanqui podían servir para una eventual negociación, la Junta ocupa el territorio de las Islas Malvinas, desplazando luego de un breve combate a la administración y pequeña guarnición británica.

El tiro le sale por la culata. Por un lado, se desata una ola de entusiasmo anti imperialista de nuestro pueblo ante la recuperación de las islas y por el otro, se obtiene como respuesta del imperio británico, con todo el apoyo yanqui, el despliegue de una flota de invasión dispuesta a recuperar el enclave colonial a cualquier costo.

Los comandantes no querían esa guerra, y a su vez no pudieron zafar de ella. No hicieron nada por ganarla y mandaron a morir a cientos de soldaditos muy jóvenes. La derrota, luego de semejante traición, marcó su final, ya que una inmensa movilización de protesta exigiendo su renuncia llenó las calles de Buenos Aires y otros puntos del país.

Cayó Galtieri, se disolvió la Junta, la crisis militar fue tan grande que en pocos días hubo cinco presidentes. Hasta que, con la colaboración inestimable del PJ, la UCR, la burocracia sindical y la Iglesia, entre otros, se le proporcionó un paracaídas al presidente de la última Junta Militar, Reynaldo Bignone, para preparar una salida electoral acordada…

No era para menos, el final de la dictadura lo provocó una gran revolución democrática de nuestro pueblo, que terminó con el régimen militar, sumió a las FFAA en un gran desprestigio, que las liquidó como factor de poder y eventual recambio en las profundas crisis que como la del 2001, sacudieron nuestro país. Una crisis que dura hasta nuestros días y que ningún gobierno capitalista ha podido resolver…

Gastón Baldomir

Las prácticas de memoria en nuestro país surgieron como una respuesta ante las atrocidades que desde las instituciones del Estado se llevaron a cabo contra las disidencias políticas organizadas durante la última dictadura cívico-militar-clerical. La lucha permanente a través de la movilización y por justicia ha logrado que muchos responsables fueran juzgados por crímenes de lesa humanidad.

Pero desde hace años varios responsables vienen gozando de privilegios de libertad o cárcel domiciliaria. Recientemente la Cámara Federal de Casación Penal II haya dictaminó la libertad condicional para Eduardo «Curro» Ramos, ex policía de Santa Fe y autor de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. La lucha organizada fue la que logro que se lo condene por homicidio, secuestro, tortura, abuso y violación en el año 2010.

La institución judicial siempre fue funcional a los genocidas, mucho de sus actuales miembros ingresaron durante los años de la dictadura. Por eso no sorprende que durante varios años el genocida de Ramos haya gozado de innumerables privilegios como estar detenido en el Cuartel de Bomberos durante tres años y no en una cárcel común. Además, es un disparate total que digan que “su reinserción  social va ser favorable” a sabiendas de que durante el último juicio reafirmo y justifico sus crímenes, amenazo a familiares y víctimas durante los juicios y nunca mostro un mínimo sentimiento de culpabilidad.

Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad llamamos a todas las organizaciones a redoblar la lucha y la unidad contra los crímenes de estado y realizar una serie de actividades callejeras para frenar el fallo judicial. En el actual contexto donde los sectores de la derecha quieren retomar la iniciativa, el accionar de la casta judicial es una clara provocación que merece el repudio y una enorme movilización.

Nuestra lucha sigue

Desde hace años hemos venido señalado que los crímenes contra nuestros 30.000 compañeres detenides, asesinades o desaparecides no se trataban de meros excesos de algunos miembros. El terrorismo de Estado fue una práctica sistemática para destruir cualquier resistencia al plan económico neoliberal y de endeudamiento, de destrucción de derechos laborales y democráticos. Fue el intento de disciplinamiento más sangriento de nuestra historia contemporánea, por todo eso no puede haber olvido ni perdón.

Hoy nuestra lucha es contra la impunidad de los crímenes del ayer y por desmantelar todas las fuerzas represivas responsables de la violencia sobre les que luchan, las juventudes y sobre todes aquelles que ponen en cuestionamiento el discurso y las políticas de las clases dominantes y sus partidos políticos afines.

Las fuerzas represivas jamás serán “humanizadas” su lógica es defender los intereses del estado burgués. Sus “excesos” son el síntoma de una institución que destila violencia orgánica contra algunos cuerpos específicos. Un ejemplo claro es que durante los primeros 100 días de cuarentena la CORREPI publicó más de 60 reportes de todo tipo de violencia de las fuerzas represivas, entre ellas 25 muertes en lugares de detención y 20 por gatillo fácil, ya sean estatales o municipales.

La lógica de mano dura del protofacista de Berni es la que garantiza impunidad y anima a las bases policiales a ejecutar crímenes como el de Facundo Castro. Contra toda esa institución luchamos y seguiremos luchando. Erradicar las fuerzas represivas de Estado y la actual tendencia a la militarización[1] es el mejor homenaje que le podemos hacer a los 30.000 y todes les desparecidos, asesinades por gatillo fácil, torturades en democracia.

[1] Para más información https://mst.org.ar/2020/08/06/sin-militarizacion-con-control-social-una-respuesta-socialista-ante-la-inseguridad/

Lo histórico del fallo es que por primera vez se condenó como partícipes necesarios de secuestro y torturas a los gerentes Pedro Muller (gerente de Manufactura) y a Héctor Sibila (jefe de seguridad de la planta Pacheco) a 12 años de cárcel junto al General Santiago Omar Riveros (Comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo) a quien se agregaron 15 años a la colección de condenas a prisión perpetua que cumple este genocida.

Solo Muller habló en el juicio. En su descargo provocador dijo que había llegado a la Argentina en el año 1949,  que trabajó en talleres mecánicos y que nunca se metió en política. Y que así fué como hizo carrera en la multinacional.

Las empresas Ford, Tensa, Astarsa, Dálmine Siderca (actual Tenaris), Del Carlo, Ingenio Ledesma, Acindar, Sevel-Fiat, Mercedes Benz, Lozadur, Gillete y una interminable lista de patronales,  entregaban a la dictadura las listas de delegades, militantes, activistas y trabajadores que no transaban, que enfrentaban la superexplotación durante el gobierno de Isabel Perón y la que vino con el golpe de estado de 1976, y lo hacían con la colaboración de la burocracia sindical de los Rodríguez (SMATA), los Triacca( plásticos), los Martínez (UOCRA y buchón del Batallón 601) y un largo inventario.

En la lectura de la sentencia del juicio hubo un cuarto intermedio de casi dos horas,  en el que junto con Vilma Ripoll, Ana Urruti y una delegación del MST de Tigre, y junto a la compañera Tilbe Arkan del PST de Turquía,  acompañamos y abrazamos a los compañeros Sánchez, Avalos, Portillo, Troiani; a los que llegaron al juicio, compartimos anécdotas, vivencias de los años de plomo, el recuerdo de los que no aparecieron, de los que aparecieron pero no llegaron al juicio, junto a un amplio arco de organizaciones políticas y organismos de derechos humanos. No nos importaba ni la lluvia ni la insensibilidad de la justicia que nos hizo esperar en la calle.

A las 12 hs empezó la lectura del veredicto con dos salas repletas, con mucha tensión y los dientes y puños apretados. La calificación de delito de lesa humanidad, las condenas y el juramento de seguirlos como a los nazis a los autores materiales, a los entregadores, a los cómplices y a las empresas, hizo explotar las salas y entre abrazos y lágrimas, con el recuerdo de los compañeros caídos, sabíamos que habíamos dado un paso histórico. Las patronales de las grandes empresas capitalistas no fueron solo cómplices, ellos fueron partícipes del genocidio, del asesinato, secuestro y torturas de miles de compañeras y compañeros. Empezamos por la Ford, pero ahora sigue Mercedes Benz y otras multinacionales.

Y por eso esta lucha no se termina. Sigue contra los militares genocidas, contra las empresas, contra la burocracia sindical y contra todos los que secuestraron y asesinaron a nuestres compañeres.

Sergio Katz

Norita Cortiñas habla en el acto. El MST, presente

Este martes 5 de febrero, en el acto para que se revoque la domiciliaria al genocida realizado en La Plata, participaron Francisco Torres, dirigente del MST en Izquierda al Frente y Juan Bonatto por el CADHU -Centro de Abogados por los DDHH-, frente al Tribunal Oral Federal 1.

Torres señaló: “Acompañamos a vecinos del bosque Peralta Ramos, a Norita Cortiñas, la Comisión Provincial por la Memoria, la Multisectorial y otros organismos, en la presentación por la causa 2955/2009 conocida como Circuito Camps, para exigir el cese de la ‘prisión’ domiciliaria de Etchecolatz. Su única ‘casa’ debe ser la cárcel común, perpetua y efectiva. Es un escándalo que violara este supuesto encierro, al ir a caminar por Mar del Plata. Además de disfrutar el verano en su pileta y jardín, como denuncian los vecinos. Suficiente para anular este lamentable privilegio otorgado por una justicia y gobierno macrista que pretenden ‘reconciliarnos’ con estos genocidas”.

Bonatto agregó: “Este asesino fue el responsable de la Dirección de Investigaciones de la Bonaerense, probado autor de miles de crímenes atroces en la dictadura y el principal sospechado por la segunda desaparición forzada de Julio López. Una justicia cómplice lo premia con el beneficio de la domiciliaria, igual que a cientos de genocidas. Esta acción, junto a las marchas, escraches y movilización unitaria deben continuar para que estos asesinos vuelvan a su lugar: la cárcel común. Y como dijo Norita, si quiere estar en Mar del Plata, hay una cárcel que es la de Batán. No más domiciliarias y beneficios a los genocidas del Proceso y sus cómplices”.

Casi a fin de año recibimos con indignación la noticia de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 decidió concederle la prisión domiciliaria al represor de la dictadura, condenado a prisión perpetua, Miguel Etchecolatz. Días después, éste violó impunemente la domiciliaria saliendo en una camioneta sin identificación.
La justicia del sistema, en consonancia con el discurso del Poder Ejecutivo Nacional, pretende garantizar la impunidad de estos personajes nefastos de la historia de nuestro país: secuestradores, torturadores, asesinos y apropiadores de bebés. Sin vergüenza, la diputada Elisa Carrió pidió “justicia para esos militares que con 80 años se están muriendo en la cárcel”…
Recientemente, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, al que vimos defender a capa y espada la reforma previsional que saquea a los jubilados, pidió la “reconciliación” con los genocidas de la última dictadura militar.
Pero pese a estas declaraciones, más las de otros funcionarios macristas y las campañas a favor de la “teoría de los dos demonios” que replican los grandes medios adictos a Cambiemos, el pueblo no compra. Sabe que esa “reconciliación” es funcional a la impunidad del terrorismo de Estado de ayer y a la represión de hoy. Por eso recibieron a Etchecolatz en Mar del Plata con grandes marchas y escraches de los que fuimos parte junto con otros organismos de derechos humanos y organizaciones populares.
Como contracara de esa política, el gobierno nacional y los gobernadores reprimen con violencia al pueblo trabajador cada vez que gana las calles contra las reformas o decretos que pretenden imponer en beneficio de los bancos y corporaciones. Y mientras Macri permite que las Fuerzas Armadas, cuyo comandante en jefe es él, organicen homenajes a militares muertos por ataques guerrilleros, promueve la detención de luchadores en manifestaciones populares sin ningún tipo de pruebas. Repudiable por donde se lo mire.

El ajuste no pasa sin represión

Los jueces adictos al poder de turno obedecen gustosos. Mantienen detenidos a funcionarios y allegados al gobierno anterior, sin el más mínimo respeto por el debido proceso judicial. No respetan tampoco la presunción de inocencia, dictan prisiones preventivas sin ningún fundamento legal y por su mera discrecionalidad. Como si estuviéramos bajo la Inquisición medieval, desde el Poder Ejecutivo les marcan a dedo a los jueces quién será la próxima víctima a la que se le anularán todas las garantías y principios constitucionales y se la privará de su libertad.
También persiguen y mantienen injustamente privados de su libertad a compañeras y compañeros que son detenidos por el mero hecho de manifestarse, de ejercer su derecho a reclamar. El objetivo evidente es intentar disciplinar a un pueblo trabajador que da pelea para que no le quiten conquistas que tanto costó conseguir. Por eso en la Argentina de Macri hoy hay presos por luchar y también presos políticos (ver recuadro).
Entretanto, el blindaje mediático del que goza el gobierno macrista intenta desviar la atención. El ensañamiento con Sebastián Romero tuvo como finalidad sacar del centro de la escena la represión policial, que tanto en la jornada del 14 de diciembre como en la del 18 fue escandalosa. La cacería humana ejecutada por las fuerzas de “seguridad” fue la reacción del disgusto que le causó al gobierno la masividad de las movilizaciones contra la reforma previsional. Dicha actuación nos dejó postales que recorrieron el mundo y que quedarán en la conciencia popular entre las peores de la historia. Caras de felicidad de policías, atropellos con sus motocicletas a manifestantes, palizas a jubilados indefensos. El derecho a réplica en los medios, salvo excepciones, bien gracias.
Hoy celebramos la excarcelación, por falta de pruebas, de los militantes César Arakaki y Fernando Dimas Ponce (PO), que se habían presentado a la justicia y quedaron detenidos. Como aún siguen procesados, seguimos exigiendo su absolución definitiva. Desde el EMVJ también reclamamos la inmediata liberación de los cinco compañeros detenidos en la jornada del 14 de diciembre y de las demás presas y presos políticos.
No nos cansamos de repetir: para enfrentar esta ofensiva antidemocrática, autoritaria y regresiva en materia de derechos humanos hace falta la más amplia unidad de acción, respetando las diferencias pero anteponiendo los puntos de acuerdo. Este año será de mucha tensión social y política y el pueblo dio una muestra de que le sobran fuerzas para afrontar lo que se viene y defender todos sus derechos.

Libertad a lxs 17 presxs por luchar y presos políticos

Facundo Jones Huala, el lonko mapuche a riesgo de ser extraditado a Chile.
Esteban Rossano, Pablo Giusto, Diego Parodi, Juan Valotta y Sebastián Giancarelli, por la jornada del 14 de diciembre contra la reforma previsional.
Milagro Sala, Mirta Guerrero, Gladis Díaz, María Graciela López, Mirtha Aizama, Alberto Cardozo y Javier Nieva, de la agrupación Tupac Amaru, por el acampe en la plaza de Jujuy capital.
Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Yussuf Khalil y Carlos Zannini, acusados de “encubrimiento del atentado a la AMIA”.

Oscar Charrutti,
CADHU-MST

P. V.

Contanos cómo se llegó a estas sentencias

Hace más de 3 años que la Justicia Federal dio luz verde para que fueran juzgados los 34 imputados. A pesar que como siempre marcamos desde el MST, hicieron todo lo posible para dilatarlo, para enlentecer y trabar la causa. Así fue que durante el proceso 6 murieron, y le dieron tiempo (seguramente también información) a Otilio Romano, uno de los jueces condenados a perpetua, a fugarse y refugiarse en Chile. Pero fue la lucha tenaz de los familiares, los organismos y partidos, que semana tras semana durante todos estos años empujamos para que la causa no se durmiera, los que logramos forzar a los jueces de hoy a condenarlos.

Y como viviste la jornada de este miércoles?

Ya sin margen para más dilaciones, todo el país estaba esperando la sentencia. Así a las 12 se escucharon los últimos testimonios y los últimos argumentos de los acusados. Fue muy fuerte para todos nosotros, que desde hace 41 años esperábamos una condena ejemplar, mi madre murió antes de ver condenados a los asesinos y cómplices de la muerte de mi hermano. Las más de 1.000 personas que abarrotábamos la sala y la explanada de los Tribunales, gritamos y festejamos con rabia y lágrimas contenidas la condena a cadena perpetua de Otilio Romano, Guillermo Petra Recabarren, Luis Miret y Rolando Carrizo, los 4 jueces que fueron símbolo de estos juicios, luego como corolario, vinieron el resto de las sentencias. Todos nos fuimos con la firme convicción que la movilización popular puede lograr que sigamos juzgando a todos los cómplices civiles y políticos de la dictadura, para que nunca más en el país ningún genocidio quede impune. Como siempre dijimos y hoy se cumple una parte importante: A donde vayan los iremos a buscar.

La candidata a diputada provincial por el MST-Izquierda al Frente dijo durante su intervención al final de la marcha «el 2×1 es claramente una contraofensiva del gobierno nacional, impulsado en conjunto con la iglesia y la justicia una política de reconciliación para avanzar con la represión a las protestas sociales que se han venido gestado estos últimos meses», finalizó con sus propuestas: «Exigimos la anulación inmediata del fallo Muiña y la destitución de los miembros de la Corte que lo aprobaron, desde las calles les decimos que no avanzarán, porque no olvidamos, no perdonamos, no reconciliamos».

CONTACTO: 

María José González 380- 154611698

Leonel Acosta 380-154219932

La candidata dijo al respecto «el 2×1, con el cual buscan dejar libre a los genocidas que fueron condenados por todo el pueblo argentino con lucha y movilización, es vergonzoso, una cachetada a los derechos humanos. Está amparado por el gobierno de Macri y la cúpula de la Iglesia, claramente la intención es justificar el terrorismo de Estado de ayer para avalar la represión de hoy al movimiento juvenil, de mujeres y de los trabajadores que salimos a enfrentar el ajuste. Invitamos a todos los vecinos a participar dejándonos su firma para demostrarles que a estos asesinos no los queremos ni en las calles ni en su casa, los queremos en la cárcel».

Contacto:

María José González 380-154611698

Leonel Acosta 380-154219932