El Ministerio Público de la Acusación solicita que Nahuel Morandini y Roque Villegas vayan a juicio y cambiaron la audiencia para el jueves 05/02 a las 16hs en Bustamante 85 – San Salvador de Jujuy

En el día de hoy, 02/02, fuimos notificados de que el MPA solicita la elevación a juicio en la causa donde Nahuel y Roque fueron imputados por un chiste en las redes sociales. Imputación por la cual los mantuvieron presos 53 días en cárcel común, sometiéndolos a torturas por compartir una humorada sobre Gerardo Morales. Nuevamente el Ministerio Público de la Acusación intenta seguir adelante con una de las causas más escandalosas y arbitrarias en la historia de la justicia jujeña, dando claras señales de trabajar directamente para el ex gobernador. Una vez más queda expuesta la falta de independencia del poder judicial y sus alfiles.

Cuando por fin la justicia se disponía a tratar los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa de Nahuel hace dos años, el MPA, respondiendo a las presiones de Morales, solicita la elevación a juicio de la causa. Por esta razón, en la audiencia reprogramada para el 5 de febrero a las 16:00hs, no se tratará solo el pedido de nuestra defensa, sino también el pedido del fiscal para elevar la causa a juicio.

Recordemos que instituciones dependientes del gobierno de Sadir se presentaron como querellantes, y están siendo convocadas a la audiencia, como el Consejo Provincial de la Mujer y las defensorías de niños, niñas y adolescentes.

Apelamos al acompañamiento de todas las organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas para exigir el cierre de esta causa escandalosa que atenta contra la libertad de expresión.

Así como logramos la libertad de Nahuel y Roque gracias al acompañamiento y el apoyo de todxs, buscaremos que cese la persecución judicial y de este calvario que nos impone Morales, quien sigue comportándose como dueño de nuestras vidas. Nos vemos el jueves 5 de febrero a las 16hs en Bustamante 85.

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Desde el MST en el Frente de Izquierda – Unidad nos solidarizamos con Nahuel Morandini y Roque Villegas. Hay que ponerle un límite a las bravuconadas de Gerardo Morales y su justicia adicta. Convocamos a toda la comunidad a acompañarlos a ellos y sus familia en la próxima audiencia el próximo Jueves.

Juan Russo

Parafraseando una vieja canción se paso del “éxtasis a la agonía” y los jujeños pasamos en 40 días de tener casi ningún caso a más de 1.200 contagiados y más de 40 de muertes con un sistema de salud casi colapsado.

Cuando el gobierno de Morales preparaba su novedosa normalidad y abría cada día más actividades y llegó a anunciar el regreso a clases, por los actos de la policía y la falta de control, se desencadenó una ola de contagios hasta el día de hoy imparable.

Como es habitual en el gobierno jujeño, ante el desborde no da soluciones, opta por volver siempre a cuarentena estricta fase 1, siendo esta la tercera vez que la provincia está en esta fase, dándole más poder a la policía para hacer “cumplirla”. El gran inconveniente es que Morales no saca conclusiones de las veces anteriores, es decir, a los trabajadores jujeños se los manda a la casa, pero no se les da ninguna ayuda económica y a los que le dice que estén en la primera línea (salud) que salgan a trabajar, no les dan los elementos de seguridad con lo cual se enferman con facilidad y en gran cantidad.

Solo para graficar, los datos a nivel nacional indican que el personal de salud es el 17,8 % en relación a los infectados, mientras en Jujuy asciende a casi el 35%. Y la tasa de mortalidad que a nivel nacional es del 2%, en nuestra provincia es más del 4%.

Menos mal que el gobierno se preparó 3 meses para enfrentar los contagios con insumos y equipamiento invirtiendo 500 millones para esto. Claramente otra de las mentiras de Morales.

LEDESMA Y EXXAR: ganan los mismos de siempre

Mientras el gobierno, a los pequeños comercios y trabajadores informales les pedía protocolos innumerables para poder trabajar, están los que siempre se benefician sin cumplir ninguna norma: el Ingenio Ledesma, las mineras y los supermercados.

Al día de hoy en la minera EXXAR (LITIO) se reportan 248 casos de trabajadores enfermos demostrando claramente que la patronal no invierte un peso en la salud, ni respeta los protocolos para evitar que los mismos se contagien, mientras que por otro lado se llevan centenares de millones de ganancia por año.

Ledesma es otro caso donde la patronal factura cientos de millones por año y donde la inversión en salud es 0, hasta la jornada de ayer se sabía que había más de 70 casos de trabajadores en la planta azucarera. A esto se suma que los trabajadores de más de 60 años nunca le dieron licencia por riesgo y a los que separaron por tener síntomas los fueron reemplazando por personal precarizado.

Hoy se realizo una asamblea de los trabajadores de Supermercados Comodín donde al haber contagiados empiezan a exigir elementos de bioseguridad, esta realidad se repite en otros supermercados.

Hace falta una cuarentena con derechos garantizados

Como se ve el gobierno de Morales no solo no tiene una política sanitaria seria hacia el pueblo jujeño, sino que además desde el COE avala que las grandes patronales sigan haciendo grandes ganancias a costa de la vida de los trabajadores.

Desde el MST en el FIT Unidad creemos que el gobierno debe tomar medidas concretas para resolver las necesidades de los trabajadores tales como subsidios de $40000 a todo el que no pueda realizar sus actividades.

Los trabajadores de sanidad deben ser provistos de todos los elementos de seguridad para poder atender a los enfermos por covid 19 como corresponde además incrementarles el salario ya que los mismos ni siquiera pudieron discutir paritarias por las decisiones unilaterales por parte del gobierno.

Por último, las grandes empresas de Jujuy deben proveer de los elementos que garanticen la bioseguridad a sus trabajadores cuando realizan sus tareas. Además, hay que aplicarles fuertes multas por el incumplimiento de las mismas y por la responsabilidad que tienen en los múltiples contagios de los trabajadores.

Leonardo Rivero

Los medios locales resaltaban el supuesto rápido accionar del gobierno provincial para impedir la propagación del coronavirus. Incluso fueron noticias los procedimientos y sanciones que el gobierno de Morales aplicaba a quienes no respetaban la cuarentena. O los anuncios de hospitales de campaña, para la atención de posibles casos de COVID, en distintas localidades.

Así, más allá de algún caso denominado “importado”, Jujuy no anunciaba casos, por lo que Morales fue liberando paulatinamente actividades recreativas y comerciales. Trabajadores públicos fueron regresando a sus lugares de trabajo y hasta se anunció un plan de retorno a las aulas que fue puesto en cuestión por el ministro Trotta y las bases docentes locales, más allá del aval de la burocracia sindical.

Se terminó la mentira

Ante una pandemia que complicaba cada vez más al AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, Jujuy se mostraba ante el país como un ejemplo sobre las medidas y cuidados. Y hasta se inició con el plan de retorno a las escuelas, que denominaron “apoyo escolar”, arrancando por las localidades del interior. Así hicieron volver a los establecimientos a docentes y estudiantes de lugares muy alejados, que ahora no pueden volver ya que deben quedarse al menos 20 días en esas escuelas rurales.

Pero desmintiendo los anuncios de cada uno de los informes del gobernador Morales, toda esta tranquilidad que teníamos los jujeños era muy precaria, ya que, como vinimos alertando desde la izquierda, algún descuido o algún mal comportamiento podía desencadenar una serie de contagios en la provincia.

Fue exactamente lo que sucedió. Y vino del sector que era el destinado a controlar que esto no suceda. Un jefe policial fue el primer caso que derivó en 51 casos confirmados al día de hoy, la mitad de ellos personal que tuvo contacto estrecho con el oficial mencionado.

No está de más aclarar que dicho jefe policial cruzaba a Bolivia para comprar hojas de coca para comercializarla en distintas ciudades de la provincia ya que, al estar cerrada la frontera, esto convirtió en un gran negocio la venta de la coca traída por quien debería controlarla. Con eso salieron a la luz dos cosas, por un lado toda la fragilidad que verdaderamente tenía la provincia en las llamadas “primeras líneas”, tanto de seguridad como hospitalarias, puesto que ninguna cuenta con los insumos de protección para atender a los sintomáticos. Como así también la corrupción y negocios turbios e ilegales de los jefes policiales en medio de la pandemia.

Ahora salen a la luz los malestares dentro de las fuerzas policiales hacia el ministro de Seguridad, ya que son enviados a cumplir funciones sin ningún tipo de protección. De docentes que quedaron varados en distintas localidades a las que fueron enviados tempranamente, al igual que a menores y estudiantes, exponiéndoles también a sufrir contagios.

La provincia entró en un malestar general ya que el gobierno descargó siempre la responsabilidad sobre la población, no asumiendo su responsabilidad y errores propios. Graves falencias y falta de controles al interior de la fuerza policial detonaron en los casos que hoy están siendo noticia en la provincia. Y que llevaron a Morales, cuando estaba definiendo ingresar a la Fase 5, tuvo que reconocer el fracaso y anunciar el regreso a la Fase 1.

Propuestas socialistas para hacer frente a la pandemia

Desde el MST en el FIT Unidad venimos planteando la necesidad de extender los testeos a todo el personal de salud, a la fuerza policial, a todo el entorno próximo de los infectados, a sectores de la población y barrios de distintas localidades. Además de mayores insumos y elementos de protección para el personal de salud, que es el más expuesto.

Exigimos además la conformación de una Comisión Investigadora independiente para ir a fondo en la investigación hacia las cúpulas policiales y hasta los ministros de Seguridad, de Salud y de Gobierno para encontrar y castigar a los responsables y verdaderas causales sobre esta propagación del virus en la población. Además de ir a fondo en depurar las fuerzas de seguridad, investigar, castigar y separar a oficiales y efectivos que desataron repudiables represiones a sectores juveniles y populares, con la excusa de la cuarentena en Jujuy.

Debe atenderse y asistirse con todo lo necesario a docentes y estudiantes, confinados en escuelas rurales por la irresponsabilidad de Morales e Isolda Calsina, ministra de Educación que debería renunciar por exponer a trabajadores de la educación y familias, solo buscando un titular mediático para hacer notar al gobierno Jujuy ante el país.

Ante el brote de COVID y para hacer posible el quedarse en casa, es necesario también garantizar un subsidio universal de $40 mil para todas las familias que lo demanden. Lejos del discurso oficial, es claro que la responsabilidad no es de la gente, sino del gobierno y las patronales que priorizan sus ganancias y producción capitalista por sobre nuestras vidas. Necesitamos una verdadera política sanitaria, económica y social para afrontar esta pandemia.

Leonardo Rivero y Diego Rivero

En Jujuy la situación abierta por el desarrollo del Covid -19 se vive bajo un ambiente incertidumbre y persecución luego de declarado el aislamiento social y “obligatorio”. Y digo incertidumbre por que los trabajadores se sienten en un camino de ida, vale decir, que no se sabe dónde terminarán por las medidas insuficientes anunciadas por el gobierno nacional. Pero en la Jujuy de Morales esta incertidumbre se acentúa más porque las medidas económicas son totalmente inexistentes, y porque el ”quedate en casa” lleva los trabajadores, que viven el día, a más pobreza y hambre. Según datos oficiales son 300 mil los jujeños que están bajo la línea de pobreza y casi 50 mil en la indigencia, para todos estos trabajadores los anuncios son la nada misma. Si a esto le sumamos que 8 de cada 10 jóvenes que pueden trabajar lo hacen de manera precarizada y no registrada, y 100 mil jujeños más trabajan de manera esporádica, vemos que la situación es más que desesperante y no empezó con la pandemia.

Esta es la realidad del pueblo jujeño, que al frente del combate contra el coronavirus tiene al gobernador Morales, que culpa a la población desde el primer día que se conocieron los primeros casos de la enfermedad. Un gobernador que sale a armar hospitales de campaña sin recordar que gobierna hace más de 4 años y destinó insuficientes recursos para la salud pública. El mismo que hace años impone paritarias de miseria por decreto a los trabajadores de la salud, que ahora denomina héroes. Esos héroes y sus familias cenan mate cocido luego de una larga jornada de trabajo, por responsabilidad de este gobierno.

El paladín del Estado de sitio

En sus conferencias de prensa, donde en la mayoría reta a la población por no cumplir sus dictados al pie de la letra, Morales muestra su mejor faceta a la hora de gobernar de gobernar: el autoritarismo.

Un autoritarismo que pide a gritos el Estado de sitio al gobierno nacional, el mismo que da súper poderes a la policía en los barrios, que luego que se conozca nacionalmente los “bailes” a los jóvenes o el encierro en corralitos a cielo abierto por incumplir el aislamiento, tuvieron desde el gobierno que salir a decir que había sido decisión de la policía de ese lugar. Ese mismo en donde los periodistas no pueden preguntar lo indebido por que se enoja. El mismo que ahora decidió por decreto cobrar mil pesos in situ al que detenga en la calle sin “justificativo”.

Un autoritarismo selectivo donde la policía no es tan vehemente con los jueces y empresarios que llegan de viaje y deben por norma cumplir la cuarentena, el que no tomas medidas contra las cadenas de supermercados ante la remarcación de precios salvaje y constante, que golpea a los trabajadores cada día. Como tampoco hace nada contra las patronales como del Ingenio Ledesma que hace ir a sus trabajadores sin garantizarles insumos de seguridad y salubridad y niega las licencias a los trabajadores que les corresponde.

Desde el MST no avalamos ninguna salida que se asiente en medidas represivas porque no van a resolver por la fuerza, como dice Fernández, un problema de salud pública y de inversión presupuestaria.

Se tienen que prohibir por ley los despidos y suspensiones, y los recortes salariales. Si no hay anuncios económicos como subsidios por parte del gobierno de la provincia para los sectores informales de trabajadores, difícilmente estos mismos puedan aguantar, como dice Morales, en sus casas.

Y si el gobierno considera héroes a los trabajadores de la salud, debería dar un aumento de verdad, y tener paritarias libres y sin techo. Un aumento que esté por encima de la canasta familiar, con clausula gatillo y  que además contemple a todos los trabajadores de la administración pública y de la docencia que son los que van a poner de nuevo en funcionamiento la provincia cuando la cuarentena pase.

Por último creemos que se están pagando las consecuencias de desfinanciar todo el sistema de salud y de tratar de priorizar a las clínicas privadas como parte de una lógica meramente capitalista. Ante esta crisis sanitaria queda demostrado la necesidad de que se pase todo el sistema de salud a manos del Estado con el control de los trabajadores, esta medida es necesaria para dar soluciones, en lo inmediato, pero también es una medida de fondo, una medida socialista, que pone a la salud de la población, como prioridad.

Leo Rivero

]]> https://mst.org.ar/2019/02/07/medida-xenofoba-en-jujuy-cele-fierro-a-morales-solo-le-falta-impulsar-muro-trump/ Thu, 07 Feb 2019 19:52:15 +0000 https://mst.org.ar/?p=16913 Ante el cobro a extranjeros en la salud pública en Jujuy, la precandidata presidencial Cele Fierro (MST) hoy se indignó: “Al gobernador macrista Gerardo Morales sólo le falta impulsar un muro fronterizo como Trump. Aplica bajos salarios y despidos, permite la explotación laboral infantil, persigue a opositores, obstaculiza el aborto no punible a una niña violada y embarazada, y ahora encima dispone esta medida xenófoba. Es una vergüenza. En realidad, Morales podría concursar con buenas chances en el campeonato de los peores anti-derechos.”

Cele Fierro agregó: “La salud pública es un derecho humano básico, por lo que su acceso debe ser universal y gratuito por definición. La atención de salud a extranjeros representa sólo el 5% del total. Además es falso que, aun si están en tránsito, no paguen impuestos: un pasaje, un hotel o un almuerzo pagan IVA. Quienes no pagan impuestos son las corporaciones y los bancos, que gozan de exenciones fiscales, giran sus ganancias al exterior y encima fugan capitales.”

Gerardo Morales, dirigente de la UCR y gobernador de Jujuy por Cambiemos, conspicuo hombre de Macri toma esta medida de carácter discriminatorio sin ignorar el dato mencionado. Lo hace alimentando un supuesto “nacionalismo” que no es más que xenofobia y argumentando que los hospitales de Jujuy no cuentan con el presupuesto necesario para cubrir la “enorme demanda” que generaría la asistencia de los trabajadores hermanos de la República de Bolivia.

Para colmo de males, diputados de Cambiemos presentaron un proyecto para este cobro discriminatorio en todo el país.

Amplio rechazo

Desde amplios sectores de la sociedad surgió el rechazo a esta medida que por otra parte viola el principio de la Constitución nacional de que nuestro país es un espacio abierto a la comunidad internacional y por tanto establece que los ciudadanos de todo el mundo pueden atender su salud y estudiar en Argentina.

La explicación de que la decisión fue tomada por razones presupuestarias no constituye de ninguna manera una justificación para esta medida discriminatoria y xenofóbica. Dicha medida está en sintonía con la ideología que un reducido sector de ultraderecha de la sociedad sostiene y que cada vez está más separado de las necesidades del conjunto de la población pero que se envalentonó el año pasado con el triunfo electoral de Macri y que hoy, luego de los golpes recibidos a su plan de ajuste, tras las enormes movilizaciones de diciembre de 2017 y la reciente del 21F, ha perdido espacio en la opinión pública y pretende retomarlo con acciones como estas y otras. Este sector hoy arrinconado con el debate por la legalización del aborto también es el mismo que plantea que en los hospitales de Argentina se atienden demasiados “extranjeros”. A tal punto que el propio Marcos Peña amenaza con impulsar una ley que regule la asistencia en los hospitales para los extranjeros no residentes.

Morales y Macri: se ríen de los pobres

Las organizaciones sociales, políticas y de DDHH y varias de izquierda hemos rechazado de plano esta medida y cualquiera que apunte en la misma dirección. La CICOP – sindicato de profesionales de la salud de la Pcia. de Bs As – también ha expresado su más firme rechazo a dicha medida. Pero no solo esta medida es discriminatoria y xenofóbica, sino que además apunta a un aspecto del plan de ajuste macrista y su correlato en las provincias, que es restringir los servicios de salud a la población dejando los servicios gratuitos y universales para “los pobres” limitado a una prestación básica y de baja calidad. Tal es la estrategia de la CUS (Cobertura Universal de Salud) que va de la mano de la liquidación de la salud pública gratuita, universal y de calidad que es el principio que han defendido desde hace décadas los trabajadores de la salud de todo el país y que defienden hoy frente a los ataques al sistema de salud que implementa el gobierno nacional y los gobernadores. Por otra parte, no solo los extranjeros no residentes son discriminados para su atención sanitaria ya que varios municipios del conurbano bonaerense establecen aranceles en la atención de la salud en los hospitales para quienes no son vecinos del municipio y en algunos casos directamente se niega la misma a estas personas.

El verso del gasto en salud

El argumento de la falta de presupuesto es tan pobre como falaz. Según los especialistas y la investigación hecha por Clarín, solo el 6% de la atención en los hospitales de la Argentina está dirigido a extranjeros no residentes. Es evidente que el estado no ahorrará mucho presupuesto eliminando de la atención sanitaria a los extranjeros.

Pero los hospitales de nuestro país, y los de Jujuy no son la excepción, están castigados por un ahogamiento presupuestario que lleva décadas pero que se ha profundizado cualitativamente con los presupuestos de salud enviados por los gobernadores para ser votados por sus diputados y por el gobierno nacional de Macri. Los profesionales y trabajadores de la salud además de cobrar sueldos paupérrimos, soportar despidos como hoy el Hospital Posadas y trabajar bajo la precarización laboral y en pésimas condiciones de trabajo, tenemos que resistir y hacer malabarismos para sostener la asistencia de la salud de la población porque los presupuestos para la salud en los hospitales son cada vez más bajos. Con salas de terapia neonatal que se vacían en el conurbano bonaerense por falta de médicos neonatólogos y otras especialidades que no atienden en las guardias por falta de profesionales no parece ser la “enorme cantidad de extranjeros” el problema fundamental del sistema de salud en la argentina.

Por tanto desde Alternativa Salud/ ANCLA repudiamos esta medida y proponemos a todas la organizaciones políticas de izquierda u otras, sociales y de DDHH movilizarnos para luchar contra la discriminación en los hospitales pero además junto con la CICOP y el resto de los sindicatos que integran la FeSProSa (federación de sindicatos de profesionales de todo el país) iniciar acciones para lograr que se aumente significativamente el presupuesto de salud en las provincias y en Nación y que se reinstalen todos los programas que cayeron por falta de presupuesto, se declare la emergencia sanitaria en todo el país y se abran las paritarias libres y sin techo de todos los gremios de salud del país que discutan un salario digno para los profesionales y trabajadores hospitalarios, la desprecarización laboral  y las mejoras en las condiciones de trabajo de los mismos, para que se pueda dotar de recursos humanos a todos los hospitales y se pueda atender dignamente la salud de los argentinos y también de los extranjeros.

Orlando Restivo

Dirigente de CICOP e integrante de Alternativa Salud (ANCLA/MST)

Cuando ganar la calle es delito

El juicio que se desarrollo en los últimos días estaba centrado en criminalizar una acción de escrache llevada a cabo en el 2009. En esa oportunidad, Gerardo Morales, señor feudal Jujeño de Cambiemos, y Leandro Despouy, Auditor General de la Nación, brindaban una charla sobre una investigación de dicho organismo respecto a la construcción de viviendas en la provincia.

Ni bolsos de dólares, ni corrupciones, ni manejo indebido de los fondos públicos, no. Lo primero por lo que se la juzga es por un escrache, mejor dicho por “instigar” un escrache del que la condenada ni siquiera participó.

La condena es contra Sala, el mensaje es para todos y todas. Mientras los gobiernos están habilitados para reprimir, violentar y ajustar, los que hagan escraches y protesten serán criminalizados, porque reclamar es delito.

Pero eso no es todo, no es casual que del festival de hechos de corrupción, despilfarro de los bienes públicos y corruptelas de todo tipo donde están involucrados funcionarios de todas las líneas del gobierno anterior (y también muchos del actual) la única presa sea Milagro Sala (y Jose Lopez con monjitas compinches). Esta presa por piquetera, por “india”, porque construyo su poder sobre la base de la movilización de los sectores más empobrecidos de Jujuy, porque a partir de ese “poder” se atrevió a intentar ganarse un lugar en la política generalmente reservada para gente “bien” como Gerardo Morales, Mauricio Macri u otros prohombres del poder local. En ese punto está la clave y no en otro lugar. Detrás de esta condena hay años de odio de clase acumulado y la posibilidad de demonizar, a partir de la imagen deformada que proyecta Sala, las luchas de miles de trabajadores, desocupados, pueblos originarios y demás sectores desposeídos de nuestro país.

Es por eso que la rechazamos sin miramientos, exigimos la inmediata libertad para Milagro Sala y repudiamos la campaña mediático-judicial contra los luchadores sociales en general.

Una mano lava la otra y las dos…

La justicia jujeña tiene poco de independiente, poco tiempo después de asumir el gobierno, Morales impulso la reforma del Tribunal Superior de Justicia, que paso de 5 miembros (4 ligados al PJ y 1 a la UCR) a 9 miembros incorporando reconocidos adherentes a su partido, para garantizarse el control casi absoluto de esta institución que lejos de ser “ciega” es profundamente parcial, clasista y partidaria.

Y cuando hablamos de clasista nos referimos por ejemplo a que es la misma institución que dilata y dilata el juicio que involucra a Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, por su participación en los crímenes de la dictadura, mientras que en tiempo record condena el lanzamiento de huevos.

Por otra parte, todos los fondos a los que accedió la Tupac, fueron entregados a través de dependencias públicas, mediante programas nacionales, provinciales y hasta municipales (recordemos que el municipio de San Salvador lo gobernaba la UCR). Es decir, por lo menos de De Vido hacia los representantes municipales, los funcionarios eran consientes y estaban al tanto de los recursos que se entregaban. Que Sala sea la única detenida ¿no habla de un pacto entre el PJ y la UCR-Cambiemos para usarla de chivo expiatorio?

Los hijos del sistema ponen el grito en el cielo mientras esconden la mugre debajo de la alfombra, que no te confundan los discursos republicanos y pseudo honestos, ellos son los responsables de la sangría de nuestro pueblo, ellos son los que construyen instituciones que se cuidan las espaldas a sí mismas, construyendo un entramado que solo apunta a resguardar sus intereses de clase.

El régimen político, los principios y independencia política

Como es de público conocimiento, tenemos múltiples diferencias con Milagro Sala y no lo ocultamos inclusive ahora. Creemos que muchas de esas diferencias explican el porqué una organización que parecía un verdadero ejército popular, se redujo drásticamente en pocos meses. Sin dudas la represión y la persecución hacen mella, pero no se puede ocultar que una organización popular que se fue adaptando a la “ventajas” de pertenecer al partido de gobierno y puso al clientelismo y la verticalidad burocrática como forma fundamental de funcionamiento, abandonando su ligazón con sectores del movimiento obrero organizado y ligándose a un proyecto político que ofrecía grandes discursos populares a la par que grandes medidas capitalistas, terminaría flaqueando cuando esas fuentes de “poder” se agotaran.

El mismo régimen político que ahora cambio de manos y la juzga, trabajo por la vía de la institucionalización y la prebenda  para  desactivar las potencialidades transformadoras de los inicios de la Tupac. Lo mismo intentó el kirchnerismo con los organismos de derechos humanos, los sindicatos, las agrupaciones sociales y muchos partidos que se auto denominan de izquierda. La política de cooptación fue una constante y con grandes resultados, desde esa perspectiva claro está.

Por todos estos motivos muchos veces “pegamos juntos pero marchamos separados” con la Tupac Amaru, porque compartiendo muchos reclamos particulares, entendíamos y hoy lo entendemos más que nunca, que la independencia política y la organización consiente y cada día más solida de los trabajadores y los pueblos es la única garantía de trasformación social. Ese mismo criterio es el que nos permite hoy, reafirmando nuestros principios, exigir su liberación al tiempo que exigimos que una comisión investigadora independiente, con participación de las organizaciones sociales investigue todos los casos de corrupción, coimas, despilfarro de los recursos públicos y estafas contra el estado, empezando por los funcionarios y dirigentes de altos rangos del gobierno pasado y del actual, principales responsables del capitalismo mafioso en el que vivimos.

No son los jueces puestos a dedo por Morales los que van a lograr justicia, no son las podridas instituciones al servicio del capital las que reafirmaran los valores anti corrupción que tan bonito suenan a los oídos de algunos sectores, incluso de la propia izquierda.

Para terminar con las corruptelas hay que democratizar cada día más la sociedad no criminalizarla. Todos los balances y presupuestos tienen que ser públicos, el destino de los fondos y la decisión sobre las obras deben ser colectivas y no solo de los fondos públicos, también de las empresas privadas.

Construyamos una izquierda que vaya al frente

Los posicionamientos sobre el caso de Milagro Sala son muy variados y en muchos casos oportunistas. Sectores del Kirchnerismo siguen planteando su liberación mientras los pesos pesados guardan un silencio cómplice. El resto del espectro de los partidos tradicionales sigue con entusiasmo el circo judicial y le gustaría que se extienda a otras y otros referentes sociales y el gobierno parece decidido a utilizar a fondo el escenario montado, para posar como “anti corrupción” mientras al propio presidente le florecen las compañías Off shore y otras perlitas.

Desde el MST no dudamos un segundo, volvemos a reclamar la liberación de Sala al tiempo que le transmitimos a los trabajadores y trabajadoras, jóvenes, desocupados y demás sectores populares, que es necesario poner en pie una alternativa política que sea capaz de desarrollar estas y otras propuestas de transformación social, una izquierda que no se encierre en si misma sino que sea capaz de superar las falsas divisiones impuestas por el régimen político, los debates fundamentales no se dan entre “honestos y corruptos” sino entre ajustadores y ajustados, entre los patrones y sus instituciones y los trabajadores y las herramientas que podamos construir o recuperar. Por eso te invitamos a que seas parte del MST y que juntos hagamos cada día más fuerte Izquierda al Frente por el socialismo, por la libertad de Milagro Sala y todos los presos políticos y la unidad para enfrentar el ajuste del gobierno.

Martín Carcione.

]]> https://mst.org.ar/2016/12/28/condena-milagro-sala-es-venganza-politica-disciplinar-protesta-popular/ Wed, 28 Dec 2016 22:14:43 +0000 http://mst.org.ar/?p=6161 “Es una condena injusta, por venganza política, de una justicia claramente sometida a Gerardo Morales. Aparte de cercenar el derecho a defensa, la condenan en base a un único ‘testigo’, empleado del poder, con mentiras y por ‘instigar’ un supuesto escrache en el que además ella no estuvo. En las otras causas por corrupción debe seguir la investigación, pero Sala tiene derecho a estar libre mientras dure el proceso.”
“Tenemos profundas diferencias políticas y metodológicas con Sala, pero desde que fue detenida exigimos su libertad porque con el castigo a su persona el gobierno macrista busca disciplinar toda protesta popular. A la vez, penar con ‘trabajos comunitarios’ a una dirigente social es una provocación burda.”