El proyecto “unificado” del PJ consiste en otorgar facultades a Macri y Marcos Peña, su jefe de gabinete, para poder reasignar partidas del Presupuesto nacional, agilizar compras y redirigir esa plata a los comedores y merenderos. Mientras, movimientos como el MST Teresa Vive salen a luchar por trabajo genuino, aumento en los planes sociales y mejoras en los alimentos. La CGT, en cambio, en vez de llamar a paro y movilización, envió una “carta” a Macri pidiendo formar un comité de crisis.

Aspirina ante el cáncer del hambre y la desnutrición

El proyecto del PJ y los K plantea prorrogar hasta el 2022 el Decreto 108/2002 de Duhalde para ampliar las partidas en un 50%. Esto implica $ 8.000 millones más para la compra y entrega de alimentos. Un paliativo, que no resuelve nada.

Es que si distribuimos esos $8.000 millones entre los tres millones de indigentes, se sumaría por mes al gasto alimenticio apenas $ 220 por persona indigente, apenas siete pesos más por día. Además, según la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura), hay cinco millones con inseguridad alimentaria grave, o sea problemas de salud por desnutrición o consumir menos de lo necesario. Ni hablar de los 14 millones de pobres. Esta ley es menos que una aspirina para el cáncer de la desnutrición y el hambre de millones.

Además, ese decreto de Duhalde, luego del Argentinazo fue sucesivamente prorrogado hasta que, en 2016, se estiró la emergencia al 31 de diciembre de este año (Ley 27.345). De ahí que la Rosada hable de «jugada electoralista». Porque están vigentes ese decreto y las leyes que lo sustentan, como la 27.345 que legalizó la llamada “economía popular” a pedir de los “Cayetanos” (CTEP, CCC y Barrios de Pie). La votaron todos menos la izquierda, porque incluía tregua social: no luchar.

Macri termina su mandato con 14.175.000 pobres, en una población urbana de 40,5 millones. El 50% de lxs pibes es pobre. Y eso se agudiza en el conurbano bonaerense, en donde supera el 64%. Pero este crimen social no lo pudo hacer solo: tuvo banca del PJ que en el Congreso le votó todo.

No es la comida, sino el sistema que la produce

Además, las leyes y decretos de emergencia alimentaria son de gobiernos del PJ. Y no resuelven el hambre porque, como repite el proyecto actual, “el derecho humano a una alimentación adecuada” se asume “dentro de cada Presupuesto que apruebe el Congreso”. Y ahí está el problema: en 40 años, con una pobreza promedio del 30%, los Presupuestos han sido de ajuste, para pagar la deuda externa y no la deuda con el pueblo.

La disputa electoral entre macrismo y PJ elude el debate de fondo. El problema es la forma capitalista de producir, distribuir, comercializar y fijar patrones de consumo. El capitalismo mercantiliza todo y considera al alimento una mercancía, o sea un bien de mercado y no social. Por eso no lo garantiza para toda la población. Esta apropiación privada de un bien social como la comida explica por qué nuestro país genera alimentos para 300 millones de personas, pero hoy hay seis millones que pasan hambre.

El Estado debería intervenir, pero Cambiemos, como antes la UCR y el PJ, se alternan en su rol de gerentes de las corporaciones alimenticias para garantizar que sus ganancias ordenen el circuito de producción, comercialización y consumo de comida.

Además, esa lógica de maximizar el lucro incita a consumir calorías para vender más, aumentando los azúcares, grasas saturadas, harinas, cereales refinados y aditivos. Hasta proliferan “falsos alimentos”, con sustancias de relleno más baratas pero de bajo valor nutritivo. Por todo eso se sufre desnutrición y obesidad a la vez, que la OMS denuncia como tendencia mundial. Así no va más.

Nuestra propuesta: alimento como derecho social

Proponemos cambiar de raíz el modelo de producción y venta, con una reeducación del consumo social de comida.

Emergencia alimentaria que garantice un shock de acceso a la alimentación nutricionalmente necesaria para la población, sobre todo la niñez. La comida se debe garantizar como derecho social, de forma accesible, suficiente, sana y variada.

Eliminar el IVA de toda la canasta familiar. Precios máximos con control social. Aplicar la Ley de Abastecimiento al que incumpla. Aumento de salarios, jubilaciones, asignaciones y planes sociales: que nadie cobre menos de $ 40 mil.

Producción y comercialización estatal de alimentos a precios de costo y entrega gratis donde hay necesidad, bajo control sanitario de trabajadores y organizaciones socio-ambientales. Planificación democrática del sistema alimentario por las mayorías y el Estado, en base a las necesidades sociales.

Expropiar empresas, pooles y grandes cadenas de producción y comercialización de comida. Reforma agraria, recolonizar el campo, la tierra para el que la trabaja. Nacionalizar el comercio exterior y la banca.

Modelo de agricultura agroecológica de proximidad, a gran escala. Abolir el maltrato animal en la actual industria. Prohibir el agronegocio, los transgénicos, el glifosato y toda depredación, en un intercambio ecosocialista con la naturaleza.

Investigación científica para mejorar la alimentación, la salud y relación con la naturaleza. Combatir la comida chatarra. Que se deba etiquetar lo que comemos y señalar toda condición negativa para nuestra salud.

Circuitos de venta cortos, sin intermediación capitalista, con intervención estatal entre productores y consumidores. Mercados públicos para una distribución de proximidad. Red de transporte público, estatal y con control social.

Prohibir toda publicidad que estimule el consumo artificial de comida. Reeducar el consumo, generar una cultura alimentaria saludable y suficiente, a través de la escuela y el reemplazo de la publicidad distorsiva por la información pública en beneficio de la mayoría.

El ministro de Educación preguntó de dónde van a salir los recursos. Se lo decimos: del no pago de la deuda externa, de impuestos a las corporaciones y de eliminar los subsidios a las privatizadas. Los socialistas del MST no vemos ningún impedimento para garantizar el acceso a la comida necesaria y sana para toda la población, junto con erradicar la pobreza. Lo que falta es voluntad política, que ni Macri ni el PJ tienen.

Francisco Torres

Sus demandas son elementales reclamos democráticos y humanitarios para mejorar las condiciones inhumanas en que son detenidos. Entre ellas que cesen las detenciones administrativas, un arbitrario régimen impuesto en las épocas de la ocupación británica antes de la Segunda Guerra Mundial, por el cual un detenido puede estar preso indefinidamente, sin derecho a defensa en un tribunal y a un abogado, hasta que el estado israelí lo disponga. Existen 750 presos en esta condición, y ha habido presos que han soportado hasta 8 años este atropello a la más elemental garantía democrática de defensa.

Entre las demandas, realizadas por el dirigente palestino preso Marwan Barghouti al Servicio Penitenciario Israelí, algunas de las cuales fueron presentadas también ante la Cruz Roja, antes de iniciar la huelga de hambre, figuran además derechos retirados en al año 2011, tales como: que los presos puedan recibir dos visitas al mes (actualmente solo reciben una), que se coloquen cabinas públicas de teléfono en todos los pabellones, incluidos los de los presos sometidos a mayores condenas, que se coloquen televisores con canales satelitales en las galerías y se permita la formación académica de los presos, abolida desde esa fecha.

La huelga de hambre lanzada es una de las más importantes realizadas en muchos años, tanto por la cantidad de presos que involucra como por la cantidad de centros de detención que abarca: las prisiones de Gilboa, Jadarim y Neguev en Israel y también el presidio de Ofra en Cisjordania (datos de Clarín 17/04/2017).

La medida que fue impulsada por Al Fatah (fracción palestina que dirige los territorios ocupados de Cisjordania), también es apoyada por la dirección del Hamas (dirige la franja de Gaza), una porción de cuyos presos ya se han plegado a la medida. A los que debemos sumar también a integrantes del FPLP (Frente Popular de Liberación de Palestina). Titulada “Huelga por la libertad y la dignidad” comenzó el 17 de abril al cumplirse un nuevo aniversario del declarado  “Día Nacional de Solidaridad con de los Presos Palestinos” y en el cual marcharon por las calles de Cisjordania y Gaza miles de compatriotas.  Son 800.000 los palestinos que han pasado por las cárceles sionistas, que representan un 40% de los hombres y un quinto de la población.

Entre los que realizan la protesta, en los distintos centros de detención, hay 73 mujeres, 1.700 enfermos de los cuales 23 están en estado terminal y 300 menores de edad. Entre los presos hay también 13 diputados del Consejo Legislativo.

El israelí, es un sistema carcelario largamente criticado por todas las organizaciones de derechos humanos del mundo, ya que permite la tortura en los interrogatorios (1), pasar largos años sin derecho a defensa en juicio, visitas familiares muy limitadas y la aprensión de los detenidos muy lejos de sus poblaciones originales dentro del Estado de Israel, lo cual impide a sus familias visitarlos con regularidad y viola las convenciones internacionales que condenan esta práctica.

Los funcionarios  luego de declarar que las demandas de los huelguistas eran inaceptables, mandaron, por orden del Ministro de Salud Pública, Gilad Erdan, a montar hospitales militares de campaña para alimentar por la fuerza a los presos en huelga de hambre, práctica que los médicos de los hospitales públicos se niegan a realizar.

Es importante señalar también que el número de presos palestinos se incrementó notablemente luego de la llamada “Intifada de los cuchillos” que se realizó en el año 2015. Levantamiento en el cual las fuerzas de ocupación israelí detuvieron a 10.000 personas.

Marwan Barghouti, quién dirige esta medida de protesta, es un dirigente de Al Fatah, que estuvo entre los referentes de la Segunda Intifada (2000-2005), lleva 15 años preso, condenado a  cadena perpetua. Pese a sus años en prisión aparece como la figura palestina más prestigiada en la Cisjordania y candidato a suceder a Mahamud Abbas de 82 años, como presidente de la Autoridad Nacional Palestina. En declaraciones del lunes 16/04 al New York Times declaró que la huelga tiene como objetivo “poner fin a los abusos en los centros penintenciarios” y además señaló, entre otras cosas que, «Israel ha establecido un apartheid judicial que garantiza la impunidad para los israelíes que han cometido delitos contra los palestinos y que criminaliza la presencia de la resistencia palestina”.

Una nueva protesta contra el enclave fascista

Muchos analistas sostienen que la protesta recientemente iniciada puede ser el detonante de protestas mayores, tanto en el incremento de los presos huelguistas, como de su repercusión en las movilizaciones en las calles, al cumplirse 50 años de la ocupación israelí de los territorios palestinos usurpados la guerra de 1967.

Es que la palabra apartheid utilizada por Barghouti, es la que más se aproxima al régimen racista que aplica el Estado de Israel contra los palestinos. Lejos ha quedado esa propuesta de la ONU y del imperialismo de crear dos estados. Propuesta que inicialmente Trump abandonó, para luego volver al libreto original, en su campaña electoral. Lo cierto es que la lógica de la ocupación del territorio palestino por parte de los que dirigen ese verdadero enclave contra los pueblos de Medio Oriente que es el Estado de Israel, es la degradación, exterminio y expulsión de la población palestina.

Por eso fue un grave error la aceptación del legendario Yasser Arafat y de Al Fatah de la propuesta imperialista de los dos estados. En la práctica lo único que se logró es que el gendarme fascista que dirige Israel ganara tiempo y territorios, profundizando la instalación de las ilegales colonias israelíes en la Cisjordania y convirtiendo a la Franja de Gaza en una cárcel a cielo abierto.

Por muchos años anteriores a la creación del Estado de Israel, árabes y judíos convivieron pacíficamente en esos territorios pertenecientes al pueblo palestino. No hay forma de lograr una paz duradera para la región al servicio del desarrollo independiente de los pueblos, si no es destruyendo ese engendró fascista que es el enclave colonial llamado Estado de Israel y fundando una Palestina libre, laica y no racista.

Mientras peleamos por esa salida de fondo, ahora hace falta la mayor unidad de todos los que coincidan en apoyar las demandas democráticas de los presos palestinos. ¡Más que nunca debemos bregar por la más amplia y grande solidaridad para que triunfe la huelga de hambre!

Gustavo Giménez

(1) Según Aljazzera son 72 los palestinos que han muerto en estos interrogatorios en base a la tortura.

La guerra electoralista de K y anti-K embarra la cancha y amenaza ser el eje distraccionista que elude el debate de fondo. Pero como arranque de este artículo queríamos ubicar a nuestros lectores en la magnitud social del infanticidio en curso. Los datos “duros” de la estadística señalan:
En la Argentina, mueren ocho niños de menos de 5 años por día a raíz de enfermedades ligadas con la desnutrición
Según los datos del Centro de Lucha contra el Hambre, de la UBA, en el país hay 2.100.000 personas que no tienen garantizado el acceso a la comida
En total existen alrededor de 350 mil familias con problemas graves de alimentación cuyo impacto sanitario sobre los niños es de naturaleza infanticida
Estos datos de fuentes inobjetables – Red Solidaria y la UBA- están presentando como muestra, un categórico balance no solamente de esta década, sino de sucesivos gobiernos radicales y peronistas –aliancistas mediante- que colocaron a nuestro país en el ranking mundial del hambre. Es la “proeza” del país semicolonial que nos está dejando la partidocracia tradicional. Es clave reorganizar todo.

Capitanich, Alicia K, Manzur: culpables son todos… y todas

Hace pocos días un juez imputó a estos ministros por el delito de “abandono de persona” -entre otras causas- ante el caso del nene de 7 años muerto por hambre en Chaco, Néstor Femenía. Capitanich que se ganó ser “tendencia” en twitter con la etiqueta #CapitanichAsesino , arrancó explicando que el de Néstor era “un caso aislado, excepcional”. Alicia K como responsable del área social y Manzur –ministro de salud- también están imputados. Culpables son todos, efectivamente. Estos personajes, como explicamos en otro artículo de este mismo quincenario, son insensibles a la realidad cotidiana de la mayoría de la gente. En especial, de los sectores más pobres. Con sus sueldos millonarios y fortunas multiplicadas por 3, 4 o 25 veces –como en el caso de Manzur- poco tienen que ver con el día a día de las 350 mil familias que no logran garantizarse el derecho a comer. El estado ausente fue dominante como rasgo político en la década del 90, pero también ahora en situaciones masivas como ésta. Tienen que ir presos por “infanticidas”. Pero además, hay que tomar una medida estructural: todos los funcionarios tienen que vivir como “la gente”: salario equivalente al de una directora de escuela y obligación de usar lo público. Esta casta de privilegiados tiene que dejar de decidir el presente y el futuro del 99 % de la población, mientras viven como señores feudales en una burbuja de ventajas materiales.

Sí, se puede. La comida como derecho social

Frente a este cuadro de situación la clave es preguntarse ¿es inevitable en nuestro país que se mueran chicos por hambre? La respuesta la tiene que dar la política. Desde nuestra posición en la izquierda somos categóricos y concretos: no hay ningún escollo para garantizar el acceso a la comida necesaria y sana para toda la población. Lo que ocurre son varias cosas:
Bajo el capitalismo que mercantiliza todo, la comida es un bien de cambio, es un valor de mercado, una mercancía. Por lo tanto, no es accesible para todos.
El estado que podría intervenir para garantizar la compensación de esa inequidad –incluso en los marcos del capitalismo o una transición pos-capitalista- hoy actúa como gerente político de las corporaciones alimentarias que comercian en toda la cadena productiva con este insumo básico –desde Monsanto hasta Carrefour o Jumbo- priorizando la ganancia empresaria.
Entonces ¿hay otra orientación posible? Nosotros decimos lo siguiente:
Declarar la emergencia alimentaria en todo el país y garantizar un plan shock de acceso básico a la alimentación nutricionalmente necesaria para toda la población –en especial los niños
Reorganizar todo el sistema alimentario en base a una planificación diseñada con intervención democrática de la mayoría social y el estado que implique una reforma agraria, recolonización del campo, prohibición del agronegocio –transgénicos y glifosato incluidos- y la implementación de un modelo basado en la orientación de la “agricultura agroecológica de proximidad”.
Comercialización estatal de alimentos básicos a precios de costo –o gratuitos para los casos de necesidad social- con control sanitario basado en el contralor de organizaciones socioambientales y de trabajadores
Evidentemente, este programa es solamente posible de concreción, en base a la movilización social de una mayoritaria y activa masa crítica y una herramienta política que desde la izquierda se proponga gobernar. En particular el MST- Nueva Izquierda integra a su plataforma de propuestas esta perspectiva que asume el derecho a la alimentación como un valor humano básico.

Mariano Rosa

“Fracasó el gobierno municipal, el provincial y el nacional”

Javier Sánchez, dirigente del MST de Bariloche, declaró que “la crisis socioeconómica y de gobernabilidad que vive hoy nuestra ciudad, es el producto del fracaso de la gestión que encabeza el actual intendente Goye, con responsabilidades también de los gobiernos provincial y nacional. Los saqueos del 19 y 20 de diciembre del 2012, más allá de quienes los hayan promovido, fueron una expresión de que en Bariloche existen y conviven dos realidades bien diferentes: la ciudad turística y hermosa a la que todos queremos y disfrutamos, con el otro Bariloche de pobreza y desamparo en el que viven miles de familias en los barrios más humildes.”

“El senador Picheto y el gobernador Wereltilneck por orden de la presidenta de la Nación, le exigen la renuncia al intendente. Con el mismo dedo con el que lo pusieron de candidato, ahora quieren desalojarlo. Le trasladan al pueblo de Bariloche la crisis y divisiones del Frente para la Victoria y la interna del kirchnerismo. Y se pelean para ver quien lo reemplaza, y que esa persona sea un fiel ejecutor de los planes del gobierno nacional. Desde el MST sostenemos que el fracaso de Goye, es también el fracaso del gobierno provincial y nacional, y del propio Concejo Deliberante de Bariloche. Es el fracaso de todos los que se amontonaron en forma oportunista, bajo la bandera del FpV, para acceder a cargos y prebendas, y hoy abandonan el barco, para volver a presentarse mañana. Por eso exigimos que se convoque a elecciones inmediatas, no solo para elegir un nuevo intendente, sino también para elegir la totalidad de los concejales de nuestra ciudad. Y en esa elección, desde el MST vamos a proponer un modelo distinto de ciudad. Una ciudad más justa, más igualitaria, donde se jerarquice la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la alimentación de nuestro pueblo. Estamos ante la oportunidad de generar verdaderos cambios, y por eso convocamos a fortalecer una alternativa política donde podamos confluir en la más amplia unidad, todos los sectores que venimos luchando, enfrentando el saqueo de nuestros recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua y el medio ambiente, la juventud que en el 2012 tomó las calles de la ciudad luchando por el boleto y en defensa de la educación, las mujeres que pelean  por sus derechos, a las organizaciones sociales, culturales y a los trabajadores. Para cambiar Bariloche y terminar con los fracasos de todos los que vienen gobernando, sean del PJ, el FpV o la UCR”, concluyó Javier Sánchez.