Escribe: Pablo Vasco

Cuando se opusieron al matrimonio igualitario, la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) y sus aliados usaron como símbolo el color naranja. Para resignificarlo, la Campaña Federal por la Separación Estado/Iglesia eligió ese color para su pañuelo, que se popularizó. Dicha Campaña, más la Campaña Nacional por un Estado Laico y otros 50 colectivos hemos creado un ámbito unitario y plural para activar por la laicidad estatal: OLA, Organizaciones Laicistas Argentinas.

De OLA somos parte decenas de agrupaciones laicistas, de derechos humanos, políticas, feministas, LGBTI+, de víctimas de abuso clerical, de pueblos originarios e incluso religiosas(1). Como señala la declaración fundacional: «Activistas de diversas organizaciones que defendemos los derechos humanos hemos decidido aunar esfuerzos en un frente para trabajar por la laicidad en nuestro país… El hecho de que personas con diversas posturas políticas y cosmovisiones podamos confluir en bregar por la laicidad real del Estado argentino reafirma que éste es un objetivo transversal».

Siempre para atrás

Como socialistas respetamos la libertad de cultos, aunque sin compartirlos ya que defendemos el ateísmo y el pensamiento científico. A la vez, rechazamos la retrógrada injerencia clerical en la vida pública.

A su rol oscurantista hacia los derechos de género, la Iglesia y sus socios le suman su intromisión en otros ámbitos. Un ejemplo es el Consejo Económico y Social que formó el gobierno, donde invocando la paz social defienden la conciliación de clases en favor del empresariado. Es que a las cúpulas religiosas, para justificar su «caridad», que incluye la tercerización de servicios sociales que debería brindar el Estado, les conviene que el sistema capitalista siga fabricando pobres. Además, en plena segunda ola de la pandemia, la Conferencia Episcopal Argentina rechazó la suspensión de clases presenciales, y ACIERA, la principal corporación evangélica, reclamó considerar esenciales las actividades en los templos…

A su vez, el vínculo pedofilia/Iglesia es orgánico. En marzo, el Tribunal Oral 2 de San Martín absolvió al cura Carlos José del delito de abuso sexual infantil agravado. En Catamarca, empezó el postergado juicio al cura Juan de Dios Gutiérrez por abuso sexual con acceso carnal contra una menor. Y el Juzgado de Garantías 6 de La Plata acaba de beneficiar con prisión domiciliaria al cura Raúl Sidders, procesado por abuso sexual agravado contra menores. Es que en una institución misógina, jerárquica, dogmática y represora de la sexualidad el abuso, el encubrimiento y la impunidad son estructurales(2).

Un programa de lucha

El programa que consensuamos en OLA es integral y correcto. Como plantea la declaración: «Lo inadmisible es que la ICAR -o cualquier otra institución religiosa- aprovechen su posición de privilegio dentro del Estado y utilicen fondos públicos para hacer lobby político, tener injerencia en la educación(3), la salud, la asistencia social, las fuerzas armadas y de seguridad e imponer su dogma y el derecho canónico, base de la teocracia vaticana».

Por eso, «en base a la unidad en la diversidad, desde OLA nos comprometemos a trabajar con un fuerte compromiso laicista para erradicar los privilegios de las instituciones religiosas a costa del Estado, y así todas, todos y todes podremos disfrutar de un país igualitario». En las próximas semanas definiremos acciones conjuntas, en el camino de lograr la total separación de Iglesia y Estado.

Por la total separación de la ICAR y el Estado.
Por un Estado realmente laico.

No a los privilegios económicos
. Anulación de todo subsidio, prestación, asignación, remuneración, renta, beca, bien, beneficio o ventaja de cualquier índole a instituciones religiosas, sus clérigos y a la educación religiosa.
. Supresión de privilegios fiscales exclusivos por su condición religiosa en desmedro y discriminación de otras entidades de la sociedad civil.
. Eliminación de los privilegios a la ICAR en los servicios de comunicación audiovisual (Ley 26.522).
. Revisión de los inmuebles públicos cedidos a instituciones religiosas a título gratuito, con cargo o con permisos de uso y explotación.

No a los privilegios jurídicos

. Reforma del Código Civil y Comercial para dejar de considerar persona jurídica pública a la Iglesia (art. 146 inciso c, Ley 26.994). Derogación de la Ley 24.483, que les reconoce personería jurídica civil a las congregaciones religiosas y seculares.
. Derogación del Decreto-ley 17.032 de concordato con el Vaticano, que le reconoce jurisdicción propia a la Iglesia.
. Cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Las personas que realizan apostasía tienen derecho a ser eliminadas de todo registro eclesiástico.
. Juicio, condena y cárcel común a los clérigos que cometieron delitos contra la infancia.

No al encubrimiento institucional

. Apertura de los archivos de la Iglesia relativos al período del terrorismo de Estado.
. Control del cumplimiento de la Ley 26.743 de Identidad de Género en los establecimientos e instituciones religiosas.
. Derogación del art. 2 de la Constitución Nacional, reforma del preámbulo y los art. 19 y 93 que excluyen la diversidad de creencias y convicciones religiosas o seculares. Reforma de las constituciones provinciales y de CABA en igual sentido.

No a la injerencia religiosa en el Estado

. Educación pública y formación docente laicas. Aplicación efectiva de la ESI (Ley 26.150) en todo el sistema educativo y reforma del art. 5 para eliminar las arbitrariedades de los colegios confesionales.
. Eliminación de las capellanías en hospitales públicos y toda otra repartición estatal nacional, provincial y municipal.
. Retiro de todo símbolo religioso de los establecimientos públicos, por su carácter discriminatorio (dictámenes INADI 068/11, 448/13, 569/14 y 493/15). Secularización de los feriados religiosos.
. Anulación del obispado castrense (Dto.-ley 12.958/57) y las capellanías de la Policía Federal (Dto.-ley 6.581/58), Servicio Penitenciario (Ley 20.416), Prefectura (Dto. 6.242/71) y Gendarmería (Dto. 1.669/01).
. Disolución de toda repartición estatal en base al vínculo Estado-Iglesia: Dto. 155/75 (estructura funcional del vicariato castrense), Dto. 2.770/84 (funciones de la Secretaría de Defensa relativas a dicho vicariato), Dto. 376/86 y Dto. 488/92 (Dirección General de Culto Católico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto), entre otras.
. Exclusión de la curia del ceremonial y protocolo oficial. No participación de funcionarixs públicxs en tal carácter en actos religiosos.

1 Campaña Federal por la Separación Estado/Iglesia, Campaña Nacional por un Estado Laico, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Encuentro Federal de Abogades Laicistas, Centro de Abogades por los Derechos Humanos (CADHU) – MST en el FIT Unidad, Iglesias Sin Abusos (ISA), Identidad Marrón, Observatorio de Igualdad Religiosa (OIR), Campaña Feminista por un Estado Laico, No en mi nombre – Apostasía Colectiva, Encuentro Federal de Abogades Laicistas, Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), Asociación Internacional del Libre Pensamiento (AILP), Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), No Matarás, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Fundación Mujeres x Mujeres, Abogadxs por los derechos sexuales (Abosex), Mujeres Trans Argentina (MTA), Regional LGBTIQ Interior Provincia de Bs. As., Bunker (Colón, Entre Ríos), Movimiento Cultural Patagónico (Río Negro), Asociación Mundo Igualitario (AMI, Mar del Plata); Mesa por la Igualdad, Colectiva Feminista La Revuelta y Confederación Mapuche (Neuquén), Mesa Provincial Permanente por los Derechos LGBTI+ (Santa Cruz), Ateos y Ateas de Mar del Plata, Convivencia en Diversidad (Tandil, PBA), Fundación NOA Diversa (Jujuy), Red Contra la Violencia en el Valle del Conlara (San Luis), Diversidad Santa Cruz, Coord. Asociación DDHH San Oscar Romero (Isla Maciel), Mujeres Trans Argentina (MTA), Identidad Jujuy, Asociación Civil 20 de Septiembre (Mendoza), Fundación NOA Diversa (Jujuy), Frente Diverso (Ayacucho, PBA), Fundación Damas de Hierro, Madres y Familiares por la Diversidad, y Putos Peronistas (Jujuy) y se siguen sumando…
2 Por eso hay que prohibir por ley a los curas estar a solas con niñes en lugares cerrados.
3 En Tucumán aún se dicta religión en las escuelas públicas y en San Juan la formación docente
está a cargo exclusivo de la «Escuela de la Familia», instituto estatal dependiente de la Universidad Católica.

Por Milagros Valiente

El médico generalista Miguel Ángel Marchisio fue imputado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple”, ocurridos a finales de 2019 en el Centro de Atención Municipal (CAM) donde trabajaba. La investigación comenzó en marzo de 2020, luego de que familiares de las adolescentes radicaran las denuncias, ambos en el mismo establecimiento (CAM) de San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias, Santa Fe.

Fue denunciado en marzo de este año por dos hechos de abuso sexual a dos pacientes de 16 años: uno habría ocurrido en el mes de diciembre de 2019 y el otro un mes antes, en noviembre.

Actualmente el médico se encuentra en prisión preventiva. Los vecinos defienden su supuesta inocencia justificando que se trata de “un hombre de bien, un padre de familia”, sin embargo hasta sus propios abogados habrían reconocido en la última audiencia que uno de los abusos ocurrió, aunque no estaban de acuerdo con la calificación legal del hecho, es decir solo una cuestión técnica.

En contra de la detención del médico abusador por su supuesto estado de salud, vemos como los sectores más reaccionarios de las iglesias reclaman por su prisión domiciliaria. El día domingo se realizó una convocatoria pidiendo por el estado de salud del abusador, en una entrevista el párroco que convocó la marcha dijo: “Tuvimos la dictadura militar, terrible, los que la sufrimos en carne propia sabemos cómo fue, y esta es la dictadura del feminismo, de los que están a favor del aborto”. Así vemos una vez más como estos sectores reaccionarios además de defender abusadores, que no es novedad, también atentan contra el feminismo, comparándolo con la última dictadura genocida militar.

Recordemos entonces cómo la misma institución que fue cómplice de los vuelos de la muerte, la desaparición forzada de personas y del apoyo económico y político a los milicos, por sentido común, su comparación genera contradicciones.

Entre los dichos del clérigo se encuentran “Lo que escribieron detrás del Cristo, en la pared de la Parroquia (se refiere a una pintada que dice “Marchisio abusador, Iglesia cómplice”) movió a muchos a respaldar mi gestión, mi tarea, a apoyarme en esta lucha contra una dictadura” -haciendo referencia al feminismo.

Los dichos de estos sectores retrógradas y reaccionarios, no nos sorprenden para nada, entendemos que no se tratan de unos comentarios aislados e inocentes de un cura, sino que hablamos de toda la institución que a lo largo de la historia se encargó de obstaculizar derechos, defender genocidas, perseguir a las mujeres y disidencias sexuales y podríamos seguir…

Desde juntas y a la izquierda y el MST en el FIT Unidad nos solidarizamos con las víctimas de abuso. Repudiamos los dichos del cura que lo único que hacen es generar odio hacia un movimiento que no para de crecer, la gran ola verde que rodeó el congreso exigiendo el derecho al aborto legal seguro y gratuito, el  mismo movimiento que para el mundo cada 8 de marzo.  Una ola que no lo van a poder frenar.

Si hay algo que nos recuerda a lo más oscuro de nuestra historia como la dictadura genocida son los abusos, la tortura y la negación de derechos. Justamente eso es lo que promueven desde las cúpulas del clero, defender abusadores, ocultar los abusos dentro de la misma institución, negar derechos de las mujeres, disidencias y de las infancias, obligando a niñas a parir y a miles de mujeres a abortar en condiciones inhumanas de manera clandestina.

Por eso, desde nuestro feminismo rabiosamente anticlerical sostenemos más que nunca la separación definitiva de la iglesia del estado, que éste deje de financiar a esta institución nefasta y a sus colegios católicos, que además se oponen a la educación sexual integral con perspectiva de género y disidencia sexual.

Sabemos que la salida es fortalecer el feminismo disidente anticlerical y anticapitalista, por eso te invitamos a fortalecer la gran ola verde desde la izquierda revolucionaria de juntas y a la izquierda.

]]> https://mst.org.ar/2020/08/24/la-plata-sacerdote-sidders-abuso-e-impunidad-religiosa/ Mon, 24 Aug 2020 22:21:22 +0000 https://mst.org.ar/?p=26367 Por: Atziri Cruz

Una serie de denuncias por abuso sexual fueron presentadas en contra del cura Raúl Anatolly Sidders por la abogada platense, Pía Garralda, como representante de una mujer de 27 años que habría sufrido abuso cuando era menor de edad y estudiante del Colegio San Vicente de Paul. Después de dicho acontecimiento fue trasladado a Misiones como estrategia por parte de la iglesia para encubrir sus aberrantes crímenes sexuales. 

El arzobispado de La Plata, Victor Fernandez, emitió un comunicado en el que informó que dicho cura fue apartado del contacto con niñes en Misiones; también comentó que fue reprendido por generar discursos discriminatorios y estigmatizantes  dirigidos a grupos feministas en televisión abierta. El arzobispado, en la declaración pública expresó estar a disposición para colaborar con la Justicia en todo lo que esta necesite. 

Mientras tanto, en las declaraciones presentadas se señala que el accionar de Sidders implicaba emitir juicios de valor ofensivos y denigrantes contra mujeres, homosexuales y personas de sectores sociales bajos; la abogada señaló que de este modo se muestra a la luz una situación que ocurría desde hace años.

Un dato curioso es que Sidders está esperando su nombramiento como futuro capellán del escuadrón XIII de Gendarmería Nacional en Puerto Iguazú, casi una premiación a su permanente defensa a dictadores y la doctrina de la mano dura.

Desde el MST hemos generado propuestas en diferentes legislaturas para prohibir por ley a los curas permanecer a solas con menores, para no dejar a criterio de las autoridades eclesiásticas estos apartamientos recién después de conocerse las denuncias; en camino a terminar con los privilegios económicos y legales de los que goza la iglesia.   

Queremos desarrollar los debates que atraviesan la construcción del sistema educativo, en este orden:

• Un recorrido sobre la necesaria secularización de la enseñanza
• Docencia: ¿apostolado, profesión o trabajadoras de la educación?
• Recursos: la dicotomía principalidad y subsidiaridad. Educación: ¿Estatal o privada?
• ¿Federalismo educativo o nacionalizar? Gobierno de la educación: ¿Quién decide?

Volveremos a utilizar la aplicación Hangouts Meet que debes bajar e instalar en tu celular (–> aquí) para conectarte. El sábado a las 15:45hs te haremos llegar el link para que te conectes a la reunión. Si usas una computadora o notebook no es necesario que descargues nada. Solo debes tener abierto WhatsApp Web 15 minutos antes del inicio del Encuentro-Taller para recibir el link, ¡y listo!

Aquí puedes DESCARGAR los TEXTOS 1 y los TEXTOS 2 para el estudio de los ejes propuestos, en dos archivos PDF. Debes clickear en los enlaces o botones para bajarlo.

5º Encuentro Nacional Educativo – Textos 1

5º Encuentro Nacional Educativo – Textos 2

Para participar del 5º Encuentro, inscribite vía WhatsApp:

Provincia Bs. Aires: 11 3494-2439

La Matanza: 11 3916-2500

La Plata: 221 498-4722

Ciudad, CABA: 11 6483-0123

Córdoba: 351 256-6726

Santa Fe: 341 315-2757

Neuquén: 299 463-2918

Santa Cruz: 296 648-8043

San Juan: 264 471-1392

Mendoza: 261 500-5474

Santiago del Estero: 385 403-0680

Salta: 387 539-2966

Chubut: 297 508-8049

Catamarca: 383 451-4015

Tucumán: 381 588-0978

Entre Ríos: 343 425-1998

Jujuy: 388 509-2390

La Pampa: 295 429-7600

Alternativa Docente, ANCLA

Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática

MST en el Frente de Izquierda-Unidad

Como era una deuda, el ministro de Salud Ginés González García restableció el protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que Macri había derogado. Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva, dijo tener ahora la herramienta para garantizar el acceso a ese derecho en todo el país, junto al plan nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Y planteó: «Por supuesto, que se pueda aprobar la ley [de aborto], pero hoy el objetivo es consolidar servicios que brinden acceso a la práctica de ILE conforme a los estándares nacionales, con la normativa que tenemos y con calidad médica».

Isla vuelve al cargo que ocupó de 2005 a 2007. En ese período se aprobó la Ley 26.150 de ESI, que se reglamentó dos años después. La aplicación efectiva de esa ley, según informó meses atrás el Ministerio de Educación, sigue pendiente. La mayoría de los colegios que la dan, lo hacen con un enfoque biologicista. Y sólo una minoría de escuelas aborda la prevención del abuso sexual y del embarazo no deseado y el aborto. Tucumán, por ejemplo, es el colmo del atraso: la escuela pública no sólo niega la ESI, sino que imparte religión.

Una primera medida elemental debe ser anular los subsidios del Estado a todo colegio religioso o privado que no dicte ESI como debe ser: con un criterio integral, científico, moderno y sin dogmas.

Por la legalización del aborto

En 2017, el programa nacional de ESI se incluyó en el plan nacional de Prevención del ENIA, creado ese año mediante la Resolución 322/17. Sería una acción intersectorial coordinada por la SENNAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) en la que participan los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. El programa se destina sobre todo en las provincias del noreste y noroeste. Pero las cifras de ENIA no bajaron. Al revés: en el norte, durante 2019, subieron con respecto a 2017.

En el país, cada año unas 3.000 menores de 10 a 14 años son niñas-madres. Las provincias con mayor índice de embarazo y parto infantil son Tucumán, Salta, Misiones y Santiago del Estero. Se estima que más del 80% de esos embarazos son producto de abusos sexuales, en su mayoría cometidos en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos: una aberración.

¿Más prevención del ENIA? Muy bien. ¿Más ESI? Fenómeno. ¿Protocolo de ILE? Mejor aún. Pero ninguno de esos dispositivos sustituye la mayor de las necesidades para mujeres menores y mayores de edad: la legalización del derecho al aborto.

No a un proyecto verde-celeste

La ministra nacional de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta dijo la semana pasada en un reportaje: «La despenalización no alcanza, porque el aborto es un problema de salud pública y despenalizar no garantiza el acceso a la salud»(1).

Es así. Como lo venimos sosteniendo desde siempre y lo sostiene la marea verde, despenalizar no evita las 200 muertes anuales por aborto séptico y por eso hay que legalizar el aborto para que se pueda realizar en forma gratuita y segura en el sistema público de salud. Pero la presión de los antiderechos existe. La Iglesia Católica y los evangelistas siguen su campaña contra la ley de aborto. Y AF viaja a Roma en febrero a reunirse con el Papa…

El problema es que un sector de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto está dispuesto a aceptar lo que haga el presidente. Es decir, aceptan cambios que desnaturalizan la esencia del proyecto de ley de aborto de la propia Campaña, que en junio de 2018 logramos que Diputados aprobara.

Y lo último que adelantó Alberto Fernández acerca del proyecto que él va a enviar al Congreso es francamente un desastre: «Tenemos que terminar con la lógica del Boca-River, del que dice que el pañuelo verde es progresista y el celeste es un retrógrado… En el próximo proyecto tenemos que garantizarle a todos, todo. Tenemos que garantizarle a la mujer que quiera abortar, la posibilidad de abortar, y tenemos que garantizar a la mujer que quiere tenerlo, que pueda tenerlo»(2).

Primero, presidente, claro que el pañuelo verde es progresista y el celeste es retrógrado: el verde acepta derechos, no impone, mientras que el celeste impone el embarazo y el parto forzados, a veces hasta en casos de violación. Segundo, no es una cuestión de todos sino de todas y todes porque estamos hablando de derechos de las mujeres y demás personas con capacidad de gestar. Pero tercero y principal: ¿cómo es esto de que sería un proyecto de ley verde-celeste? ¿O acaso acá el derecho a parir no está garantizado ya por la Constitución y las leyes? ¡Lo que todavía en el siglo XXI en la Argentina sigue siendo ilegal es el derecho a decidir, el derecho al aborto!

Defendamos el proyecto de la Campaña

El proyecto de ley de IVE de la Campaña es colectivo, recoge lo mejor de lo legislado en otros países, es el que reclama la marea verde y es la base de la ley que ya se aprobó en Diputados. Si AF de verdad quiere reconocer ese derecho, que lo presente sin recortes, sin límites, gratuito, libre y seguro.

Basta de posturas capituladoras. Vayamos por la legalización e impulsemos un gran pañuelazo federal el 19F. Desde Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST seguiremos movilizades y luchando hasta que sea ley.

Andrea Lanzette

1 La Nación, 15/1/20.
2 Radio Continental, 31/12/19.

Días atrás se publicó la 2ª encuesta nacional del Conicet sobre creencias religiosas. Respecto de la anterior, de 2008, quienes se reconocen católicos bajaron del 76.5 al 63%. Sólo una de cada cuatro personas católicas va a misa de vez en cuando. Y en una suerte de «polarización» crecieron el ateísmo, del 11 al 19% (y casi un 25% en la juventud), y el evangelismo, del 9 al 15%.

Además, se duplicó al 79% quienes aceptan el derecho al aborto: 27% para todos los casos y 52% para los no punibles. Los sectores evangelistas son los más antiderechos. A su vez, más del 61% de la población acepta que un matrimonio igualitario puede adoptar niñes, mientras que sólo un 24% cree que la mujer debe quedarse en el hogar a cuidar a sus hijes.

Otro dato clave de la encuesta es que mientras en 2008 el 41.7% pensaba que «el Estado no debe financiar a las confesiones religiosas», en 2019 esa convicción subió casi al 60%. Es decir, hoy seis de cada diez personas se oponen a que con la plata que aportamos todes el Estado siga bancando las instituciones confesionales.

Basta de intromisión antiderechos

Apenas se conoció la resolución del secretario de Salud sobre el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la Iglesia Católica y sus pares evangélicos salieron con los tapones de punta. Entre otros, saltaron el arzobispo platense Víctor «Tucho» Fernández, el vocero del Papa, y la diputada electa Dina Rezinovsky, macrista y evangélica. Esa presión, más la de otros celestes como el senador Pinedo y la ministra Stanley llevaron al decreto derogatorio de Macri y a la renuncia de Rubinstein.

Otro ejemplo de esa injerencia retrógrada fue cuando el dirigente peronista y católico Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano, sugirió que el Papa «va a entender» una posible ley de aborto. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) lo cruzó diciendo que nadie habla por el Papa y ratificando su cruzada anti-aborto.

Basta de curas pedófilos

En estos días, la dura condena a 42 y 45 años de cárcel a dos curas del Instituto Próvolo de Mendoza por abusar sexualmente de niñes con sordera confirma la complicidad de la Iglesia con los abusadores. El Vaticano no los penaliza mediante su proceso canónico, sino que los protege: «No hemos podido proceder en el proceso canónico porque nunca tuvimos más información que la de los medios, ya que las autoridades judiciales argentinas no nos dieron acceso a las actas y pruebas del proceso civil». Pero la justicia mendocina lo refutó: «Está muy mal lo que dicen. Primero, hablan de justicia civil y dictamos una condena penal. Segundo, deberían mostrar los pedidos de información. Tercero, dijeron que no van a iniciar el proceso hasta que haya sentencia firme. Ahí está el secreto: sentencia firme en dónde; puede ser en la Corte provincial, en la nacional o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son unos hipócritas». Y el abogado de las víctimas agregó: «Son cómplices ocultando pruebas que están obligados a dar. Estamos cansados de su cinismo»(1).

Insistimos: como en una institución toda de varones, jerárquica y misógina como la Iglesia Católica las conductas de pedofilia son un hábito estructural, hay que prohibir por ley a los curas estar a solas con niñes en lugares cerrados.

Basta de cobrar del Estado

Al revés de lo que prometió el jefe de gabinete macrista Peña, de reducir los subsidios para los sueldos y jubilaciones del clero, se aumentan: los 181 millones de pesos que la Iglesia recibió en 2019 pasan a 241 millones en 2020. Esa plata va a pagar los sueldos y jubilaciones de 153 obispos y arzobispos, 640 curas y las becas de 1.200 seminaristas. ¿Por qué le seguimos pagando la jubilación al dinosaurio Aguer, que propuso «excomulgar al presidente que legalice el aborto»? ¡Que se vayan a trabajar!

Pero el principal monto que la Iglesia Católica recibe del Estado es en subsidios a sus colegios, igual que los de las demás religiones. La cifra total supera los 60.000 millones de pesos por año, que pagan las provincias. Son rápidos para pedir plata, pero todos incumplen la Ley de Educación Sexual Integral. ¡Quien quiera un colegio religioso, que se lo pague!

Además, ¿cómo es que un profesorado estatal como el Instituto de Formación Superior de Aguilares, Tucumán, los curas les impidan rendir finales a docentes por faltar a una misa de egresados? ¿Cómo es que en esa provincia aún sigan dando religión católica como materia en la escuela pública, que se supone es laica?

Hay que anular todos estos subsidios derogando las leyes que los otorgan(2), las exenciones fiscales y demás privilegios de la Iglesia Católica. También hay que reformar el Código Civil para que deje de ser considerada como persona jurídica pública, anular el Concordato Argentina-Vaticano (Ley 17.032) que antepone el derecho canónico a la legislación nacional y revertir la cesión gratuita de inmuebles. En fin: ¡Iglesia y Estado, asuntos separados!

Pablo Vasco

1 En la web totalnews.com.ar, 26/11/19.
2 Leyes 21.540, 21.950, 22.162, 22.430, 22.950 y 24.483, casi todas de dictaduras militares.

El 8 de agosto de 2018, con más de un millón de mujeres movilizadas ante el Congreso, un puñado de senadores dinosaurios votó en contra de la ley de aborto y nos negó el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Algunas corrientes hablaron de derrota, otras afirmamos que la marea verde hizo historia y nada será como antes.

A su vez, con la fuerza de nuestra lucha venimos denunciando el incumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para los casos de aborto no punible (ANP), desde las instituciones de salud hasta los gobiernos provinciales. Hay varias provincias que no adhirieron al protocolo nacional de 2015 y algunas como Mendoza ni siquiera cuentan con una guía oficial.

La fallida actualización 2019 del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE dictada por la Secretaría de Salud tenía dos mejoras: 1) mientras que el ex ministro Ginés González García sólo publicó el anterior protocolo en la web ministerial, al ser publicado éste en el Boletín Oficial tenía más peso para presionar a las provincias; 2) sus cambios recogen los avances que las feministas pusimos en agenda durante estos dos años:

• Causal por la salud integral. Refuerza la definición de la OMS e incluye un apartado que explica su alcance. Desde la Ley de Salud Mental, define salud como «un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de todas las personas».
• Consentimiento en la niñez. Las pibas somos sujetos de derecho, y sumando los cambios al Código Civil expresa: «Entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando ésta no implique un riesgo grave para su salud o su vida», lo que acompaña con un formulario oficial.
• Plazos. En base al considerando 25 del fallo FAL de la Corte Suprema, expresa: «El plazo entre la solicitud de la práctica y su realización no debería ser mayor a 10 días corridos». El protocolo de 2015 no establecía plazos.
• Objeción de conciencia. En un apartado aclara la imposibilidad de alegarla en forma institucional, porque nunca puede ir en detrimento del derecho humano de acceso a la salud y además sólo se puede alegar sobre la interrupción y no sobre el acompañamiento a la salud integral.
• Misoprostol y mifepristona. El protocolo 2019 aclara que incorporar esa combinación medicamentosa aumenta la eficacia y disminuye los efectos secundarios. Es una presión positiva para que la ANMAT apruebe la mifepristona, cuya producción, igual que la del misoprostol, debería ser pública (estatal).

Pero en fin, por presiones anti-derechos Macri lo derogó, Rubinstein renunció y hemos presentado un amparo.

¿Qué será el proyecto?

La otra noticia importante fue que AF presentará su proyecto de ley de aborto. Aun cuando su decisión refleja la presión de la marea verde, surgen al menos tres preguntas. La primera es por qué ningunea al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, presentado por octava vez este año, que es fruto del debate colectivo y apoyan más de 700 organizaciones y activistas independientes. Si es para darle fuerza política porque viene del Poder Ejecutivo, podría ser. Pero entonces, AF debió haber hecho suyo el de la Campaña, que es integral y correcto.

Y ahí viene la segunda pregunta: ¿qué tiene de distinto el proyecto de AF? ¿No será que incluye alguna limitación sobre plazos, requisitos, objeción de conciencia u otras? No lo sabemos porque aún no se conoce, pero es preocupante porque AF todo el tiempo habló de «despenalizar y después legalizar». Sería inaceptable cualquier restricción, porque puede implicar riesgo de vida y de salud para las mujeres, niñas y demás personas con capacidad de gestar. La Campaña, que sacó un ambiguo comunicado de festejo, le solicitó una reunión a AF para hablar del tema: debería pedirle explicaciones públicas sobre el nuevo texto y aclararle que no vamos a retroceder ni una coma. Esa propuesta vamos a llevar a la próxima plenaria nacional de la Campaña, el 7 y 8D en CABA.

La tercera pregunta es si AF resistirá las presiones del Papa, la Iglesia y los evangélicos, ya que según trascendió hubo una caldeada reunión en su departamento en donde se decidió demorar el proyecto. Veremos si es así.

Ante las dudas que se abren, no caben excusas posibilistas sobre si habría votos suficientes para aprobar la ley de aborto en Diputados y no los habría en el Senado. Tanto el macrismo como el Frente de Todos metieron celestes en sus listas. Pero cuando hay orden política, los números cambian. Así hizo Alfonsín cuando se aprobó la ley de divorcio y así hicieron Néstor y Cristina cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Si hay decisión política y movilización, todo es posible. Por eso, así como no aceptamos la «objeción de conciencia» para negar la ILE, no aceptamos la «libertad de conciencia» en el Congreso: el aborto es un tema de salud pública, como reconoció el propio AF, y por eso hay que legalizarlo sí o sí.

El movimiento feminista enfrenta el desafío de seguir alerta, organizándonos en asambleas y espacios colectivos para sostener con firmeza la lucha por nuestros derechos. Ninguna agrupación o sector puede negar los años de construcción colectiva, que crecieron en participación, reivindicaciones y luchas desde el Ni Una Menos, con la marea verde juvenil que ganó consenso social y que se expresa en cada oportunidad. Nuestra única garantía de victoria sigue siendo la movilización en las calles.

Protocolo de ILE: Cele Fierro y Ripoll presentaron amparo

El 26N, Cele Fierro y Vilma Ripoll presentaron un amparo colectivo contra el Decreto 785/19 que derogó la Resolución 3158/19 de Salud con el protocolo de ILE. El amparo, que patrocinaron nuestras abogadas Mariana Chiacchio y Claudia Leaños Parada (CADHU), recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la jueza Rita Ailán. Cele declaró: «El decreto macrista es una nueva acción antiderechos, que perjudica a las mujeres, niñas y demás personas gestantes. Como parte de nuestra lucha por el aborto legal, pedimos que la justicia declare inconstitucional al decreto para que así vuelva a tener vigencia el protocolo, que mejora el de 2015. No queremos más injerencia oficial ni clerical reaccionaria sobre nuestros cuerpos, sino el elemental derecho democrático a decidir».

Jeanette Cisneros

Nadia Burgos

Este viernes, la referente feminista y precandidata presidencial Cele Fierro (MST), debatirá sobre la película «Spotlight» a las 17hs en La Plata (calle 45 N° 843 e/11 y 12): «A seis años de que Bergoglio es Papa, protege la red de pedofilia más grande del mundo. El aniversario llega junto a la condena del cardenal Pell, ex mano derecha de Francisco; y la protección en el Vaticano del obispo salteño Zanchetta, otro abusador. Hay que terminar con la pedofilia y el encubrimiento en la Iglesia».

Cele Fierro agregó: «En La Plata están las denuncias en el Próvolo, sobre el cura Lorenzo y otras que se encubren. Hay que prohibir por ley a los curas estar a solas con menores, abrir los archivos de la Iglesia, abolir el secreto pontificio, formar una comisión investigadora con las víctimas de abuso y anular todo subsidio a la educación religiosa».

De pedófilos y encubridores

El nuevo libro, que es un trabajo colectivo de compañeres de Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST, aparece pocos días después de la cumbre vaticana por los abusos sexuales en la Iglesia y el encubrimiento institucional que han provocado una crisis inédita en esa milenaria institución.

Como cierre de la fracasada cumbre, el Papa planteó ocho puntos: proteger a los menores, no encubrir abusadores, purificar a los curas, formar bien a los seminaristas, aplicar las normas, acompañar a las víctimas, proteger el ámbito digital y combatir el turismo sexual. O sea, puras generalidades. En cambio, nosotres proponemos cinco medidas concretas:

1. Abolir el secreto pontificio y abrir todos los archivos de la Iglesia (no sólo los de Pío XII y el nazismo).
2. Anular su status de persona jurídica pública, que antepone el derecho canónico a la legislación nacional.
3. Formar una comisión investigadora independiente, que incluya a las víctimas de abuso.
4. Anular todos los subsidios a la educación religiosa.
5. Prohibir por ley a los curas estar a solas con menores.

La Iglesia es una institución dogmática, jerárquica y sólo de varones, cuya sexualidad además está reprimida. Por eso es habitual que el abuso de poder termine en prácticas de abuso sexual infantil. Nuestro proyecto, que en estos días vamos a presentar en el Congreso, es el único que asegura una protección efectiva contra los curas pedófilos.

Pablo Vasco

Proyecto de Ley
Prohibición a los curas de estar a solas con menores en ámbitos cerrados

Art. 1. Queda prohibida en todo el territorio nacional la permanencia de clérigos católicos o de otros cultos a solas con menores de edad en ámbitos cerrados públicos o privados.
Art. 2. Toda reunión entre clérigos y menores en ámbitos cerrados debe contar con la presencia obligatoria de al menos una persona adulta y laica.
Art. 3. Todo clérigo que viole el art. 1 es pasible de la sanción prevista en el art. 128, párrafo 4, del Código Penal de la Nación (prisión de un mes a tres años).
Art. 4. Toda persona responsable de la institución o inmueble donde se viole el art. 1 es pasible de la mitad de la sanción antedicha.
Art. 5. Un ejemplar de la presente ley se debe colocar, en lugar visible y en forma permanente, en la entrada de toda iglesia, parroquia, basílica, capilla, catedral, seminario, colegio, librería u otra entidad de carácter religioso.