Ante la reunión del gobernador con intendentes bonaerenses por el paquetazo impositivo, la dirigente de izquierda, Vilma Ripoll (MST en el FIT Unidad), señaló: “Al llamar a nueva sesión, Kicillof pidió que le ofrezcan alternativas si no se acuerda con votar su impuestazo. Le propongo tres medidas para no ajustar a trabajadores y sectores medios”.

Ripoll agregó: “Como alertamos, con la escala de Kicillof la mayoría pagará una suba del 50% a 75% en el Inmobiliario Urbano. Se habla de 2,5 millones de afectados. Para que paguen los que más tienen y poder aumentar salarios, jubilaciones y presupuestos sociales, hay que poner un impuesto especial al sector concentrado, con control social sobre la evasión. Un urgente revalúo fiscal de tierras y propiedades y una reforma agraria que termine con la concentración en pocas familias como los Bullrich, Bunge y Borg, Pueyrredón, Anchorena, Fortabat, Werthein, Pereyra Iraola, Miguens y otras que son las ‘dueñas’ de algo más del 32% del total de la provincia”.

Ante el paquetazo impositivo bonaerense, la dirigente de izquierda, Vilma Ripoll (MST-FIT Unidad) señaló: “Aunque el gobernador se enoje, si el 38% de aumento de Vidal en diciembre de 2018 era un impuestazo, el 54,6% promedio de Kicillof, también. Desmintiendo el relato, con la tablita de Kicillof, la inmensa mayoría de bonaerenses pagará el inmobiliario con un aumento del 50% al 75%. Es ajuste para hacer ‘caja’ y pagar la usuraria deuda externa de Vidal, que Kicillof critica, pero piensa ‘honrar’ sin auditar”.

Ripoll agregó: “Hace un año, el kirchnerismo votó contra el 38%. Pero hoy piden 55%. Con dirigentes de la CTA, ATE, docentes y la CCC movilizamos, ante una votación que fue de madrugada. Lamentablemente hoy avalan al PJ. En los incisos c y d del Art. 6º, hay subas del 35%, 50% y 75%, pero sobre viviendas con un valor real, inferior o por encima de los $2 millones, lo que afecta a la mayoría de trabajadores y sectores medios. Para aumentar salarios, jubilaciones y presupuestos sociales, hay que poner un impuesto especial al sector concentrado. Con alta carga impositiva y un revalúo fiscal de tierras, bienes y propiedades para que realmente paguen los que más tienen. Y un control social sobre la evasión de terratenientes, corporaciones y banqueros”.

La canasta de “fin de año” del gobernador Kicillof llegó con sorpresas para millones de contribuyentes bonaerenses. El primer paquete impositivo de la era Kicillof ingresó al Senado, nada menos que el 24 de diciembre, con 150 páginas y 108 artículos repletos de datos, porcentajes y sobre todo, importantes subas para todas y todos.

Al presentarlo, el gobierno reconoce un aumento impositivo promedio del 54,6% (la inflación valuada por privados) que deberemos pagar las y los bonaerenses desde enero de 2020. Lo que a su vez marcará la referencia para el aumento del ABL y demás tasas municipales que agregarán después los intendentes.

Claro que este 54,6% no lo toman para aumentar el mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias para que no se afecte a los salarios. Tampoco ofertaron ese 54,6% como pauta para aumentar los salarios y jubilaciones a los gremios docentes, en la reunión que Kicillof llamó de urgencia para intentar atenuar el efecto negativo que tenía el paquetazo impositivo. Mientras esperan ser convocados estatales, judiciales, profesionales de la salud y una suba similar parar los planes y presupuestos sociales.

Como se armó revuelto con ese aumento anunciado, salieron con “aclaraciones” y datos de imposible comprobación ya que el gobierno no muestra la verdadera estructura productiva, de propiedad y tributaria de la mayor provincia argentina. Es que, más allá del barniz de progresividad, este paquetazo impositivo no altera el esquema de recaudación bonaerense.

Porque lo real son las cifras expresadas en las “escalas de alícuotas a los efectos del pago del impuesto Inmobiliario Urbano” (edificado y baldío) del artículo 6º. Y las “escalas de alícuotas a los efectos del pago del impuesto Inmobiliario Rural”, tanto para tierra como para “edificios y mejoras en zona rural” del Artículo 10º, además de los siguientes que especifican los alcances de la carga impositiva.

El apuro de enviarlo en las fiestas era tenerlo promulgado y cobrar desde el 1º de enero. Por eso Kicillof quería otra ley exprés, como la que aprobaron por unanimidad de ambas cámaras, con el voto de la tropa de Vidal y Juntos por el Cambio.

El objetivo es simple, hacer “caja”. Primero hacerse de recursos, para luego renegociar la abultada y usuraria deuda que contrajo Vidal con los acreedores externos y después definir cómo se gasta lo que quede. Con este paquetazo Kicillof se enfrenta a una disyuntiva de hierro al definir hacia qué sectores se gobierna, como venimos denunciando. Lo dijimos y alertamos, Vidal fue la peor de todas… las gobernaciones bonaerenses. Y levantamos propuestas para otra política, con medidas de fondo.

Pero las medidas presentadas por Kicillof no lo son. Sus dos leyes principales buscan hacer “caja”, en una suerte de macrismo de “buenos modales”. Así lo reconoce el titular de ARBA, Girard, al afirmar que este paquetazo es algo más de lo mismo, con una pátina de progresividad: «Esto es una ley que se trata todos los años, no es que llegó Kicillof y se le ocurrió mandar una ley para aumentar impuestos. Esto se discute todos los años junto con el presupuesto», dijo en Radio 10.

¿Progresividad o impuestazo bonaerense para pagar la deuda?

Al gobierno se le complicó la suba en gravámenes como el Inmobiliario Urbano y Rural, Ingresos Brutos, Sellos y otros. La sesión se cayó dos veces por la “oposición” del macrismo a un aumento del 75% a las propiedades de mayor valuación. La supuesta progresividad para que “paguen los que más tienen” podría quedar en palabras si el PJ y el macrismo pactan un tope del 50% a 55% en las subas. Por ahora, la sesión quedó trabada.

Ante los titulares de “impuestazo”, el gobierno de Kicillof salió a decir que no veían dónde estaba el impuestazo. Según el Jefe de Gabinete, se trataría de «un aumento por debajo de la inflación, donde la gran mayoría de los contribuyentes pagan el 15% y un puñado de grandes contribuyentes y propietarios pagan el 75%». Pero esto se desmiente al ver la escala de alícuotas del Art. 6º del Inmobiliario Urbano y del Art. 10º del Rural, que son un calco de la última ley tributaria de Vidal.

Porcentajes a pagar, según el valor fiscal de un tercio del valor real

Si se tiene en cuenta que la diferencia entre la valuación fiscal es de un tercio del valor real de la vivienda en el mercado, como afirmó Bianco en A24, esto implica que pagarían ese 15% muy escasas viviendas, las que tengan un valor real por abajo de $900 mil. Y pagarían un 35% de aumento (inc. b) las viviendas con un valor real por debajo de $1,5 millones.

Es decir, todos valores muy por abajo del costo de una vivienda económica. Si vemos los informes de “Reporte Inmobiliario” de noviembre [1], el valor de construcción de una vivienda económica es de $2,2 millones para un inmueble pequeño, de 51 mts². Y de $3 millones para una vivienda de 78 mts² (tipo PROCREAR, sin contar el terreno).

Por lo tanto y desmintiendo el relato oficial, con la tablita de Kicillof, va a pagar el Inmobiliario Urbano con un aumento del 50% a 75% la inmensa mayoría de bonaerense con vivienda. Una vergüenza recaudatoria y ajuste, con el único objetivo de pagar la usuraria deuda de Vidal, que Kicillof tanto critica, pero se dispone a pagar sin más.

¿Cómo es esto? En los incisos c y d del Art. 6º se habla de franjas con subas del 35%, del 50% o del 75% del Inmobiliario Urbano para viviendas con un valor inferior o por encima de los 2 millones de pesos. Esto, de acuerdo a lo informado por el Jefe de Gabinete al afirmar que la relación entre el valor fiscal y el real de una vivienda es de un tercio. Pero si tomáramos el cálculo hecho en 2018 en la Provincia respecto a que el valor fiscal equivale al 40% del valor real, entonces el aumento del 75% se aplicará a viviendas de más de $1,7 millones (El Cronista, 05/11/2018).

Realidad que desmiente incluso al ministro de Economía, Pablo López, cuando habla de las viviendas que no pagarían. Ya que, por el Art. 7º, no pagarían impuesto ninguna vivienda que tenga un valor de real de apenas $800 mil. Algo que no existe en los valores del mercado formal.

Sobre el Inmobiliario Rural, según el Art. 10 inc. c) pagarían un 55% más de impuesto aquellas tierras libres de mejoras, con un valor de $816 mil hasta $3 millones. Y de ahí en más, pagarían 75% de suba. Según el gobierno, serían solo 200 grandes propietarios, pero esa supuesta línea de “progresividad” es muy delgada ya que las subas se aplican con ese tope máximo de solo $3 millones, que es bastante bajo. Por eso reclamamos un fuerte y real criterio de progresividad o segmentación en los impuestos.

Otro punto que tampoco muestra “progresividad” es el impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (a la herencia) que se actualizará el resto de los impuestos. Cuando este “derecho” se debiera revisar hasta anular, porque constituye la base de la apropiación concentrada en poquísimas manos.

Ajuste y votos por cargos…

Al no tener un tratamiento parlamentario previo, no pueden votar este paquetazo sin una mayoría especial, ya que al ser un debate sobre tablas requiere los dos tercios. Por eso el PJ apeló al acuerdo previo hecho con Vidal. No sería más que una “devolución de favores” de parte de la ex gobernadora, hacia el PJ y Frente de Todos.

Se cayó la sesión en el Senado bonaerense

Porque a lo largo de su mandato le votaron las leyes, presupuestos de ajuste siguiendo al FMI y un histórico endeudamiento. Es decir, la tierra arrasada de la que habla Kicillof y que denunciamos por años desde el MST, junto a Vilma Ripoll, Cele Fierro , Guillermo Pacagnini y Andrea Lanzette en la provincia, tiene de responsable también al Frente de Todos.

Así lo señalamos. Y hoy lo reconoce Teresa García, la ministra de Gobierno de Kicillof, cuando pide a la oposición que acompañe como les prometió Vidal, aclarando que «la ex gobernadora, cuando estuvo al frente de la provincia, contó con el acompañamiento del peronismo, no solo en materia de presupuesto, para la ley impositiva, sino para el endeudamiento, que fue escandaloso» (Télam 27/12). Y explicó el porqué de la urgencia con el paquetazo impositivo: “Esos servicios de la deuda hay que honrarlos los tres primeros meses de 2020 y el Estado tiene que tener con qué afrontarlos”. Más claro, imposible.

Como el macrismo tiene mayoría en el Senado, por si no alcanzan los llamados a la “responsabilidad”, se sumó a la negociación el reparto de cargos en el Banco Provincia y otras reparticiones y empresas estatales. Así la tropa macrista pide 4 cargos en el Banco Provincia. El PJ ofrece 2 y podrían cerrar en 3 cargos en la conducción del BAPRO, la entidad que maneja los recursos financieros de la Provincia. Recordemos que, entre otros cargos a cambio de votos y quórum, el kirchnerismo había logrado un cargo en el directorio del Bapro para Juliana Di Tullio, a cambio de dar quórum para tratar el Presupuesto y el mega endeudamiento de Vidal.

Ministros de Kicillof «explicando» el paquetazo impositivo

A su vez se negocian cargos en la Contaduría, la Tesorería (tesorero y subtesorero de la provincia) y el directorio de empresas estatales como Aubasa, IOMA y el Grupo Bapro. Se trataría de, al menos, unos 20 cargos de jerarquía a cambio de levantar las manos a favor del ajuste. Por eso repudiamos la pose macrista de supuesta “defensa” de los sectores medios, más allá que dilate la votación de la Ley Impositiva 2020. Están dispuestos a vender sus votos por cargos. Y comparten con el PJ la implementación de paquetazos impositivos como hicieron en sus cuatro años.

Impuestos realmente progresivos y medidas necesarias

Volviendo al proyecto, en el texto que presenta el paquetazo, el gobierno reconoce que “las medidas enunciadas no son suficientes para cubrir en su totalidad las necesidades presupuestarias que enfrenta la Provincia”. Con más razón entonces insistimos en medidas de fondo y no parches que no resuelven la crisis. Se requiere una reforma radical de los ingresos e impuestos provinciales.

El gobierno denuncia que, con el modelo “neoliberal” de Vidal, “pocos sectores (concentrados y minoritarios) se han enriquecido como consecuencia del plan económico aplicado durante los últimos cuatro años”. Pero no es sobre ellos que hace recaer la carga tributaria, ya que no aplican a ese sector concentrado un impuesto especial como hace falta. Con alta carga impositiva, a partir de un necesario y urgente revalúo fiscal de tierras, bienes y propiedades.

Es que el último revalúo fiscal sobre el Inmobiliario Rural fue en 2012, cuando el dólar valía de 4 a 6 pesos. Scioli congeló todo revalúo rural en 2015 y Vidal en 2017. El próximo sería recién en 2022, pese a que el Jefe de Gabinete, Bianco, consultado por Maxi Montenegro en A24 reconoció que “hay una subvaluación muy fuerte de las propiedades en la Provincia”. Aunque no toman ninguna medida al respecto, cuando es imprescindible y urgente un revalúo para aplicar una justicia distributiva y hacer que paguen los que más tienen.

El discurso contra los “dueños del campo” se derrumba cuando Kicillof mantiene el módico esquema de ingresos del inmobiliario, en particular rural. Ya que se recauda casi lo mismo por el inmobiliario ($29.525 millones, acumulado de este año) que por el impuesto automotor ($28.645 millones) [2]. Esto desnuda la escandalosa valuación fiscal sobre las grandes propiedades rurales, con tierras cuya rentabilidad está entre las más altas del planeta.

A su vez, como hay una elevada evasión fiscal, es necesario instrumentar un firme control sobre la evasión de los pooles sojeros, terratenientes, grandes corporaciones y banqueros. A partir de comisiones de control social, integradas por trabajadores, organizaciones gremiales y sectores populares que no estén comprometidos y deban informar de forma transparente la situación impositiva y las reales ganancias de los “dueños de la provincia”.

Prorrogan el Presupuesto de Vidal, también para pagar

Otro aspecto relacionado con este paquetazo es la decisión de Kicillof de patear el tratamiento del Presupuesto 2020 para después de marzo o abril. Lamentablemente, no se trata de una “materia” escolar que nos llevamos a marzo, sino de patear la definición de cómo y en qué se van a gastar los cientos de miles de millones que entran a la Provincia. Por la ley de Emergencia, Kicillof tendrá hasta el 15 de abril para tratar el Presupuesto. Con esto prorrogan por casi cuatro el ajuste presupuestario de Vidal, que tanto padecimos y enfrentamos.

¿Por qué tratar en marzo/abril el Presupuesto si ya tienen la “Emergencia” y apuran el paquetazo impositivo? Porque todas las decisiones de Kicillof, al igual que Alberto Fernández, están ordenadas -como reconocen sin vueltas los ministros de Kicillof-, en poder “llevar adelante las negociaciones y hacer sostenible la deuda en el mediano y largo plazo».

En la ley de Emergencia votada, Kicillof pidió carta libre para volver a endeudarse y quedó autorizado a tomar hasta $ 66.000 millones de deuda en el primer cuatrimestre. Otro calco del mega endeudamiento de Vidal, Macri y el FMI.

Esa disyuntiva está entonces entre pagar la usuraria deuda externa o pagar a docentes, estatales, profesionales de la salud, judiciales, jubilaciones provinciales y demás sectores, así como aumentar los presupuestos sociales que Vidal llevó a sus niveles más bajos en décadas.

Para atender esa gran deuda social, los fondos deben salir de una reforma tributaria donde efectivamente paguen los que más tienen. Pero también de suspender los pagos de la usuraria deuda contraída por Vidal, ya que pagar o “renegociar” es ajuste. Hay que implementar una exhaustiva auditoria social y usar esos recursos para cumplir con la enorme deuda social.

Además, eliminar los $29.000 millones en subsidios que van a la Iglesia y la enseñanza privada; recuperar los recursos naturales y privatizadas para el patrimonio provincial y ponerlos a funcionar bajo control de trabajadores y el pueblo. Además, terminar con las dietas y privilegios de legisladores, gobernantes y jueces. Así habrá recursos para una Buenos Aires en marcha, pero al servicio del pueblo que vive de su trabajo.

Francisco Torres

Dirigente del MST e integrante de la Mesa Bonaerense

del Frente de Izquierda – Unidad

REFERENCIAS:

[1] Costos construcción viviendas tipo PROCREAR https://www.reporteinmobiliario.com/nuke/article3765-costos-construccion-viviendas-tipo-procrear.html

[2] ARBA. Ver Recaudación Serie Anual: https://www.arba.gov.ar/Apartados/EstadisticasInformes.asp

El diputado Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) refutó hoy a los diputados del PRO que acusan a la oposición de no ofrecer opciones para financiar el subte: “Es falso que no haya otra alternativa que el impuestazo a las naftas, peajes y patentes: yo propon
go anular las millonarias exenciones fiscales a sectores empresarios. Así habría plata de sobra para el subte.”

Bodart agregó: “De los tres proyectos en debate, el del PRO es privatista y el consensuado también porque deja que decida Macri. Por eso mañana sostendremos nuestro proyecto para reestatizar el subte bajo el control de sus usuarios y trabajadores.”

La campaña incluye la presentación de un proyecto de ley para modificar varios puntos de la Ley Tarifaria y el Código Fiscal vigentes sobre ABL e Impuesto Inmobiliario, así como asambleas de vecinos en las 15 Comunas porteñas. Las reuniones comenzarán la semana próxima en las comunas 4 y 10.

Este mediodía, ante la Legislatura porteña, los diputados Alejandro Bodart, Marcelo Parrilli y Julio Raffo (Proyecto Sur) encabezaron una protesta contra los «tarifazos» dispuestos por los gobiernos nacional y porteño. Participaron unos 500 manifestantes, que llevaban boletas gigantes de ABL, servicios, boletos de subte y pancartas contra “el pacto PRO-K”.

Parrilli denunció: «Así como pactan los presupuestos y los tarifazos contra el pueblo, el PRO y los K pretenden repartirse cargos institucionales que nos corresponden». Bodart anticipó: «Si perjudican a Proyecto Sur en la Auditoría, Mauricio Macri no va a tener una jura tranquila. Hay que terminar con el maltrato de los dos gobiernos».

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Mañana a las 14 hs, frente a la Legislatura porteña, los diputados Alejandro Bodart y Marcelo Parrilli (MST en Proyecto Sur) encabezarán un “boletazo” de protesta contra los recientes aumentos de ABL y de varios servicios. Los manifestantes llevarán boletas gigantes de ABL, luz, agua y gas, y pancartas contra “el pacto PRO-K”.

Bodart denunció: «El impuestazo de ABL es la versión porteña del tarifazo nacional. El PRO y los K pactan ajustes contra el pueblo y se reparten cargos políticos entre ellos. Hay que terminar con el maltrato de los dos gobiernos.»

El diputado porteño Marcelo Parrilli (MST en Proyecto Sur) anticipó su voto negativo al Presupuesto 2012, la Ley Tarifaria y el Código Fiscal que hoy debate la Legislatura: «Es un verdadero impuestazo confiscatorio, que no debe votar ningún bloque opositor. Aparte de no considerar la difícil situación de muchos jubilados y vecinos, al aumento se le suma un mecanismo de actualización que puede elevar el impuesto hasta en un 2.000 por ciento en cinco años.»

Parrilli aprovechó para incluir en sus críticas al gobierno nacional: «Al tarifazo de Cristina se le suma ahora este impuestazo de Macri, con lo cual se profundiza el maltrato de ambos gobiernos hacia los vecinos.»