Para empezar digamos que nuestro país, con sus 148 impuestos, recién está en el lugar N° 13 del ranking de la OCDE 2022 de lo que aportan las empresas al PBI con el 29,1% mientras que países como Francia (46,7%) Alemania (42,2%), España (38,8%), Reino Unido (33,5%) o Italia (43,5%) y hasta el propio EEUU -tan grato a Milei- y China están por encima nuestro. Además estos países tienen una competitividad empresaria muy superior a la nuestra. De esto se puede inferir rápidamente que el pago de impuestos por parte de las empresas al Estado Nacional, no sólo es relativamente baja en nuestro país, sino que además no tiene relación directa con la competitividad y productividad de las mismas (sino con un sinnúmero de factores que están por fuera del alcance de esta nota).
Segundo aspecto, tampoco es cierto que con sus «impuestos a las ganancias» sean los que más aportan al PBI (menos si de grandes empresas estamos hablando, ya que la mayor parte la aportan las empresas menores). Si bien hay como dicen cerca de 148 impuestos, el 83% del ingreso está concentrado en alrededor de 9 impuestos, del cual el principal es el IVA (el más regresivo de los impuestos ya que lo paga por igual la gran corporación como el desocupado en cada compra) siendo el 7% de PBI, segundo viene Ganancias con el 5,7% (pero recordar que de esto hasta hoy, con la cuarta categoría vigente, el 2,5% lo pagan los trabajadores), y el de Ingresos Brutos (4% del PIB que lo pagan la mayor parte las PYMEs y hasta los monotributistas menores). También son importantes los ingresos de la seguridad social (de la cual nuevamente los capitalistas solo pagan el 3% mientras que los trabajadores pagamos el 2,1%). Y todo esto sin nombrar los pagos de impuestos que hacemos los millones de argentinos al pagar la luz, el gas, el transporte, la nafta, entre otros. De modo que si de verdad quisiéramos discriminar lo que pagan los empresarios nos quedaríamos en que ellos no terminarían pagando ni siquiera el 20% de los impuestos tal como dice la OCDE, mientras que los 46 millones restantes sostenemos el 80% del gasto.

Por último, para no extendernos más, digamos que en la práctica los ricos casi no tributan. Ya que según un estudio aparecido en EEUU, los capitalistas no pagan ni por la mitad de lo que realmente ganan. En él se señala que del movimiento total económico que no tributa impuestos el 35% viene de actividades delictivas (tráfico de drogas, armas y personas), pero la mayor parte de la evasión (62%) nace del comercio fraudulento entre empresas y bancos. Y esto no sólo es en nuestro alicaído país, es una constante en el mundo capitalista actual. Es decir que los capitalistas evaden el grueso de lo que ganan, ya sea por maniobras de subfacturación, lavado, fuga a paraísos fiscales (Argentina está entre las 3 naciones con más empresas en paraísos fiscales, un escándalo) o directamente recibiendo subsidios. Mal que le pese a Milei, sólo el 3% de la evasión de impuestos es por parte de la casta política, de modo que con su eslogan de sacar la plata de ella no solucionaría prácticamente nada, lo que sucede es que Milei no se atreve a tocar a la verdadera y podrida casta de este país y el mundo que son sus protegidos, los grandes empresarios y corporaciones.

La reforma que proponemos

Digamos que tenemos un acuerdo con el resto de los analistas económicos en que la estructura impositiva argentina es un desastre y hay que cambiarla, pero por completo, eso sí. Nosotros opinamos que no se arregla creando uno que otro impuesto coyuntural como el del cheque (que vino para quedarse), menos aún el impuesto al sueldo (al que proponemos derogar por completo, como decimos en el otro artículo de esta página).
Desde el MST en el FIT-Unidad proponemos una verdadera Reforma Tributaria, simplificadamente que tenga como eje que paguen más los que más tienen, así de simple, con impuestos progresivos y altos a las grandes ganancias y fortunas.
Que también grave la renta financiera especulativa (adiós al festival de bonos, dólares financieros, etc.) para acabar con la especulación y la falta de inversión productiva (uno de los principales problemas de la baja productividad y competitividad empresarial argentina).

Una reforma que incluya también impuestos progresivos a las propiedades ociosas o desocupadas (hay miles de ejemplos de edificios enteros con cientos de departamentos a nombre de un solo dueño o propietario que hoy pagan los mismos impuestos que el que tiene un departamentito extra). Así se acabaría con el déficit de alquileres y habitacional general.

Un impuesto progresivo a la renta de la tierra, es impensado que el metro cuadrado de las tierras más fértiles del mundo (la pampa húmeda Argentina) paguen 10 veces menos y a veces mucho menos que un departamento en Villa Soldati. Es por esa razón que cientos de capitales del mundo vienen a invertir en nuestra tierra porque pagan infinitamente menos por la tierra que en Europa o los EEUU.

Obviamente a esta reforma hay que acompañarla con la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para evitar la fuga de capitales y las maniobras de evasión que, como vimos justifican el 62% de la pérdida de ingresos que reciben los estados y que deben justificar también los más de 350 mil millones de dólares que se calcula que tienen los capitalistas argentinos en bienes en el exterior. Esos mismos capitalistas que se quejan que pagan mucho de impuesto.

Por último, no queremos dejar de señalar, aunque no sea el objeto de esta nota, que la principal fuga o desangre que nosotros evitaríamos es el pago de la fraudulenta deuda externa, por lo que a las medidas de reforma tributaria expuesta agregaríamos la suspensión de todo pago de interés y capital de la deuda externa.

La decisión de Alberto y Kicillof de ceder a la maldita Bonaerense, abrió otro debate al anunciar que le pagarían a la mayor yuta del país, redistribuyendo fondos coparticipables que llegaban al gobierno de Larreta. La movida tuvo el respaldo de 20 gobernadores, incluído Kicillof. No de Córdoba, ni de la derecha en Mendoza, Jujuy y Corrientes, además Larreta.

Alberto le sacó a CABA el 1,18% de coparticipación de los recursos de Nación, luego que Macri en 2016 elevara ese índice del 1,4% al 3,75%. Porcentaje que después Macri redujo al 3,5%. Ahora la Ciudad pasa del 3,5% al 2,32% de coparticipación. Unos $30 a $35 mil millones anuales. Cuando el macrismo lo aumentó a favor de un gobierno porteño del palo, también fue por decreto y no consultó ni a la Corte ni al Congreso, como dice ahora Larreta.

Para entender la disputa por 1.18% de la llamada coparticipación «federal», es importante ver las aristas de la política tributaria argentina. La coparticipación es la forma o acuerdo al que pudo llegar la burguesía, en sus distintas alas de un capitalismo semicolonial en crisis, para repartir lo que se recaudan.

Entonces, antes de ver cómo se reparte, de dónde sale y en qué se gasta, debemos saber que la coparticipación es un mecanismo de recaudación y distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad. Tuvo cambios, pero toma rango constitucional en 1994, con el pacto Menem-Alfonsín que aseguró la reelección menemista a cambio de repartir dos senadores por provincia para el PJ y uno a la UCR. Desde entonces no se pudo hacer una ley que la modifique porque necesita la mayoría absoluta del Senado y las legislaturas provinciales. Un acuerdo prácticamente unánime, que no puede alcanzar una burguesía que no logra estabilizar el país por décadas.

Coparticipación: Un sistema injusto y desigual

Más allá del tironeo por la caja entre Alberto, Kicillof y Larreta, la coparticipación es injusta. Y más aun, el sistema impositivo. Para entender el esquema tributario, debemos ver los cambios en 1988 con la Ley 23.548, al disponer una distribución primaria de recursos del 42,3% para la Nación, el 56,7% para las provincias y un 1% para los ATN, Adelantos del Tesoro Nacional, que el poder central maneja según su antojo.
Con Menem y el PJ vendrán pactos donde la Nación se queda con un 15% del total de recursos antes de esa distribución primaria, para darlos discrecionalmente. Y en 1991, por el imperialista Plan Brady de reformas del Estado, Menem completó la política de la dictadura, al transferir a las provincias la educación, salud y transporte público ferroviario que aún quedaban a cargo de la Nación. Y lo hizo sin los fondos.

Encima, no todos los impuestos se coparticipan. Solo el IVA, Ganancias y a los Combustibles. Los aranceles o retenciones por importación y exportación los cobra solo Nación o el impuesto al cheque, muy distorsivo. Mientras las provincias recaudan Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos, más las regalías petroleras y mineras.

Aquí saltan dos problemas: por un lado, el grueso de los impuestos los pagamos trabajadores, sectores populares y más humildes. Por otro, el destino de esa plata no está puesto en priorizar, el sistema de salud, educación o transporte ni aumentar salarios, jubilaciones, planes y presupuestos sociales. Sí en pagar la usuraria y eterna deuda externa, dar millonarios subsidios a las privatizadas, bancar los privilegios de la casta política y financiar la corrupción estructural capitalista.

Derogar todo e ir a otro esquema tributario, con control social
Además, la distribución de la coparticipación entre las provincias es desigual. El caso más evidente es el bonaerense, que concentra el 38% de la población, pero recibe el 19.9% del total coparticipable. Los distintos gobiernos, lejos de resolverlo, direccionaron recursos para beneficiar o perjudicar a cada distrito, según el color político y las disputas al interior de los bloques patronales. Así fue cuando Cristina se negó a aumentar la coparticipación bonaerense al estar enfrentada con Scioli. Y Kicillof, como su ministro de Economía, llevó a la provincia al nivel histórico más bajo.

Macri lo intentó modificar a favor de Vidal, pero el resto de los gobernadores protestó y derivó fondos por otras vías. También benefició a Larreta dándole más coparticipación con la excusa de transferirle la Federal. Ahora Alberto hace lo suyo con Kicillof.

Como salida a este sistema discrecional e injusto y para evitar las permanentes disputas interdistritales burguesas-patronales, proponemos volver a nacionalizar los sistemas de educación, salud y transporte ferroviario, como parte de una mayor centralización fiscal.

Anular todos los DNU y Pactos Fiscales, y derogar también toda normativa y ley de coparticipación burguesa de impuestos públicos y una reforma tributaria donde pague los que más tienen. Para hacer una planificación única y nacional de los recursos y gastos, democráticamente centralizada, con control y decisión social sobre cómo y a dónde se distribuye la plata del Estado nacional.

Por razones de espacio no haremos aquí la historia del complicado sistema fiscal argentino, que está signado desde su origen no sólo por el carácter capitalista dependiente de nuestra economía sino también por la puja Nación-provincias. Pero entender el esquema tributario actual requiere al menos un vistazo a los importantes cambios ocurridos desde 1988.

En ese año, la Ley 23.548 dispuso un régimen transitorio de coparticipación de los impuestos nacionales, que centralmente son al Valor Agregado (IVA), a las Ganancias y a los Combustibles: el 42,3% lo retiene la Nación, el 56,7% se distribuye entre todas las provincias(1) y el 1% restante va como aportes al Tesoro nacional para «situaciones de emergencia» (los famosos ATN, que la Rosada siempre repartió a tal o cual gobernación políticamente afín). Los derechos de importación y exportación, llamados aranceles o retenciones, los cobra la Nación. Y las provincias recaudan los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor, de Sellos y regalías petroleras y mineras.

Pero en julio de 1989 asumió la presidencia del país Carlos Saúl Menem, privatizador y entreguista de marca mayor. A partir de 1990, la Ley transitoria 23.548 se complementó y modificó por sucesivas leyes, DNU, decretos y pactos fiscales de coparticipación, siempre discrecionales.

En 1991, obedeciendo la imposición imperialista del Plan Brady, y como parte de su reforma neoliberal del Estado, Menem transfirió a las provincias los servicios de salud, educación y transporte públicos que estaban a cargo de la Nación. El efecto negativo de la descentralización menemista fue doble: por un lado, provocó la fragmentación y desguace de todos esos sistemas, cuya necesaria unidad no recuperó ninguno de los gobiernos posteriores; al mismo tiempo, causó mayores problemas de financiamiento al no transferir a las provincias los fondos suficientes para sostener los servicios que les delegó el Estado nacional.

En 1992, entre muchas otras empresas públicas, YPF y Gas del Estado fueron privatizadas. Y la reforma constitucional de 1994 incluyó la provincialización de los hidrocarburos, que al igual que el Pacto Federal Minero de 1993 facilitó el saqueo y la entrega de esos recursos no renovables a las corporaciones. Según esa misma reforma, a fin de 1996 se debía fijar la ley definitiva de coparticipación, pero como el Senado no hizo el proyecto, ese desequilibrio fiscal se mantiene.

La injusticia del sistema actual

Con pocas variaciones de año a año, la composición de la recaudación de la AFIP confirma la certeza de todos los especialistas: que el sistema fiscal argentino tiene una orientación muy regresiva. O sea que acá tributamos más los que menos tenemos, cuando el principio ordenador debería ser exactamente al revés: que quien más tiene, más pague.
Según el informe anual 2019 de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal del propio Ministerio de Hacienda de la Nación, de cada 10 pesos que recauda la AFIP para el erario público, 3 pesos provienen del IVA (que mayormente recae sobre el pueblo trabajador), 2,40 pesos vienen de la seguridad social (1,6 peso es la contribución patronal y 80 centavos es el aporte del trabajador/a), 2,20 pesos vienen del Impuesto a las Ganancias (que incluye el impuesto al salario(2), 1 peso sale de las retenciones (exportaciones e importaciones), 70 centavos vienen del impuesto al cheque (que es distorsivo), 30 centavos aporta el Impuesto a los Combustibles y apenas unos miserables 6 centavos el Impuesto a los Bienes Personales, o sea a la riqueza (ver diagrama).

No hace falta ser un economista graduado en Harvard para darse cuenta que, tal como lo confirman todos los datos oficiales, es mucho más lo que tributa un impuesto al consumo, el más regresivo de todos, como es el caso del IVA(3), que la magra suma que tributan las fortunas y bienes suntuarios (propiedades, títulos y bonos, autos y motos de lujo, yates, aeronaves y demás patrimonio en el país y en el exterior). Dicho de otro modo, al presupuesto del Estado argentino lo venimos sosteniendo más la clase trabajadora y los sectores medios con nuestro esfuerzo cotidiano que las corporaciones, los bancos, los grandes empresarios y demás sectores privilegiados, de mayor capacidad contributiva. Es en este contexto de inequidad fiscal histórica que se producen los actuales roces por la coparticipación federal.

A este esquema impositivo tan injusto corresponde agregarle que en nuestro país se exime de impuestos a sectores patronales y clericales(4), a la vez que existen niveles muy altos de elusión y de evasión, que algunos estiman en hasta el 40% de lo que correspondería pagar. Sin embargo, en este último punto hay una «sutil» diferencia. Porque cuando vos vas al chino o al supermercado a comprar un paquete de fideos o una lata de tomates, no podés evadir ni eludir que en el precio total no te desglosen el IVA y te lo cobren. En cambio los que sí eluden, evaden y joden al fisco (y por ende a todo el pueblo) son las corporaciones extractivistas que pagan menos retenciones por exportar, los bancos y las grandes empresas que pagan menos Impuesto a las Ganancias, y los millonarios que pagan menos Impuesto a los Bienes Personales y a los productos suntuarios.

Lo que hizo Alberto…

En el programa de C5N con el Gato Sylvestre a un mes de gobierno, Alberto Fernández repitió su discurso: «El ajuste no lo pueden y no lo van a pagar los débiles, los sectores más vulnerables». Su frase esconde una doble trampa: no dice que el ajuste lo van a pagar los poderosos y además entre los «débiles» y «vulnerables» no incluye a la gran mayoría de trabajadores, jubilados ni beneficiarios de planes sociales.

Con respecto a los impuestos, todas las medidas que tomó son regresivas:
Con la excusa de que desfinanciaba a las provincias, derogó la anulación del IVA a productos de la canasta básica.
Con la excusa de la «solidaridad social», dispuso un impuesto del 30% sobre el dólar, perjudicando a trabajadores y sectores medios que ahorran o viajan al exterior.
En cuanto a las retenciones al campo, como lo reconocen medios de prensa afines al gobierno, «sólo actualizó el monto de las retenciones al mismo nivel que el dispuesto inicialmente por Macri»(5).
Y con ninguna excusa, les bajó las retenciones a las corporaciones petroleras del 12 al 8% y también a la renta financiera. Y a los bancos, que se la llevaron y se la siguen llevando con pala, ni siquiera los afectó.
Por más que los funcionarios, periodistas amigos y demás propagandistas del gobierno albertista se esfuercen en demostrar que sus medidas son «progresivas» y apuntan a la «redistribución social», lo cierto es lo contrario.

Pablo Vasco

1 En base a porcentajes fijos, en vez de parámetros objetivos: cantidad de población, servicios y funciones a cargo de la Nación o de la provincia, compensación de las desigualdades.
2 En enero de 2020, una trabajadora o un trabajador soltero y sin cargas de familia que gane $ 66.580 de sueldo bruto ya paga Ganancias. Se estima que dicho impuesto actualmente afecta a unx de cada cinco trabajadorxs.
3 Los impuestos más injustos son los que gravan el consumo, ya que las personas de bajos ingresos que consumen todo su salario para vivir pagan impuesto sobre todos sus ingresos; mientras que las personas de altos ingresos, y que por lo tanto tienen capacidad de ahorro, tributan sólo sobre una parte de su ingreso que es el que consumen.
4 Es lo que en economía se denomina gasto fiscal: o sea, lo que el Estado deja de recaudar y esos sectores se ahorran de pagar. Los datos sobre los montos de gasto fiscal son casi un «secreto de Estado» y no se informan en las estadísticas oficiales, como es obligación.
5 Aumentos de impuestos: ¿quiénes deben pagar el desastre macrista?, nota de Alfredo Zaiat en Página 12 del 12/1/20.

Por ejemplo, en los Estados Unidos el impuesto a la renta (Ganancias) aporta más de la mitad del total de los ingresos del gobierno federal. En Canadá el IVA es del 5%, mientras que el impuesto a la renta va del 15 al 33%. En Francia, el IVA es del 5,5% para los alimentos, gas, luz e higiene femenina y del 2,1% para los medicamentos…

Como parte de un nuevo modelo económico, entonces, que incluya no pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior y reestatizar las empresas privatizadas de servicios bajo control social, hace falta llevar adelante una profunda reforma en materia fiscal. Es preciso revertir la desigualdad actual e imponer una verdadera progresividad tributaria a fin de que paguen más los que más tienen y más ganan. Nuestra propuesta concreta de reforma se basa en los siguientes puntos clave:
Coparticipación. Para evitar la disputa interdistrital permanente(1) y a la vez recuperar la necesaria unidad de las políticas públicas en los sistemas de educación y de salud, ambos servicios deben volver a la órbita del Estado nacional, como parte de una mayor centralización fiscal.

IVA. Anularlo para todos los productos que componen la canasta familiar. Esta simple medida nos permitiría bajar de inmediato sus respectivos precios en un 21% o un 10,5% según el caso. ¡Esto sí que sería «poner plata en el bolsillo de la gente»!
Junto con eso, para ayudar a combatir la inflación, control social de los costos reales a las grandes empresas formadoras de precios.

Ganancias. Anular en forma definitiva el impuesto al salario y establecer una escala de tasas fuertemente diferenciadas, en especial para gravar las utilidades de los bancos, los grandes grupos económicos y las multinacionales.

Para combatir la elusión y la evasión, apertura de los libros contables de dichas empresas bajo el control de sus trabajadorxs y derogación del secreto bancario (Comunicación «A» 6624 del BCRA y art. 39 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras).

Retenciones. Aumentarlas de manera sustancial para las exportaciones de las petroleras y mineras, como medida transitoria mientras se avanza en renacionalizar esos bienes comunes bajo control social. Prohibir la megaminería y el fracking.

En el campo, como parte de una reforma agraria que ponga fin al latifundio y recupere el monopolio estatal del comercio exterior, ampliar la actual segmentación: retenciones muy superiores para las agroexportadoras y, en cambio, nulas para los pequeños productores. Prohibir los agrotóxicos.

Renta financiera. Gravar fuertemente todas estas operaciones no productivas -como el reparto de dividendos empresarios, los plazos fijos de alto monto y la compraventa de acciones, bonos y/o títulos públicos-, que hoy en su mayoría siguen exentas de impuestos.
Juego. Elevar las tasas para todas las modalidades (loterías, apuestas deportivas, casinos -de mesa y/o máquinas tragamonedas- y bingos) y reestatizar bajo control social los juegos de azar, hipódromos y similares privatizados, en el camino de su progresiva reducción a cero.

Riqueza. Aumentar la segmentación de las alícuotas vigentes del Impuesto a los Bienes Personales y gravar con un fuerte y creciente impuesto especial a las grandes fortunas, máxime si se trata de propiedades y demás bienes en el exterior.

Inmobiliario. Unificar la titularidad y diferenciar mucho más la escala de alícuotas: tasa cero para la vivienda única y, en cambio, elevada proporcionalmente para los multipropietarios, grandes inmuebles urbanos y rurales, countries e inmuebles de lujo.
A su vez, ante el déficit habitacional, para ampliar la oferta de alquileres, bajar su precio y combatir la especulación inmobiliaria, duplicar la tasa del ABL de toda vivienda -excepto la propia- que permanezca ociosa por más de un año.

Seguridad social. Derogar todas las rebajas y detracciones concedidas sobre las contribuciones patronales y retrotraer los porcentajes a sus valores originales. Para evitar las maniobras, control de la ANSeS y el INSSJP (PAMI) por lxs jubiladxs y trabajadorxs.

Exenciones. Anular todas las de rango nacional, provincial y/o municipal que benefician a la Iglesia Católica y a los demás cultos religiosos, incluidas sus instituciones educativas (¡hasta una universidad privada de las más caras, como la UCA, no paga ABL!).

Derogar todas las exenciones otorgadas a empresas de software, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y varios otros regímenes especiales de privilegio fiscal.

Por supuesto, aparte de qué sectores sociales los pagan, el otro factor decisivo de los impuestos es a qué objetivos el Estado destina los fondos recaudados. En ese sentido, por supuesto, rechazamos que el eje del presupuesto del Estado se destine a pagar a los bonistas extranjeros y la fraudulenta deuda externa en lugar de cumplir con la tan postergada «deuda interna» de las necesidades sociales.

P. V.

1 Hoy en la Corte Suprema de la Nación hay más de 60 causas judiciales en trámite por divergencias en la distribución de la coparticipación federal.

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