Escribe: Ana Paredes Landman, trabajadora de la educación y concejala electa del MST en el FIT Unidad (La Matanza)

Como todos sabemos, este lunes 3 por la madrugada, lamentablemente, Daniel Barrientos, compañero de la 620 fue asesinado en el Barrio Vernazza, en Virrey del Pino en el marco de un robo a mano armada arriba del colectivo a poco tiempo de jubilarse. En medio de la bronca y la impotencia, pararon todas las líneas del distrito (y algunas de otros distritos) y hubo un importante corte en Ruta 3 y Gral. Paz reclamando justicia y soluciones. En ese corte, se hizo presente Berni, en una actitud prepotente con el objetivo de levantar el corte y sin soluciones bajo el brazo y resultó agredido. Ese día, en los barrios, en las escuelas, en los lugares de trabajo, todos estuvimos del lado de los choferes, menos los responsables políticos de esta situación, quienes lanzaron una campaña de denuncias y acusaciones contra los choferes, poniendo incluso en duda las circunstancias en que fue asesinado el compañero Daniel. Detuvieron con un exagerado operativo a dos choferes, cual delincuentes y los liberaron por el paro y la presión popular. Los asesinos de Daniel siguen libres, ya que solo detuvieron a dos, uno que podría haber estado implicado y a otro, que los propios choferes denuncian que es un perejil. Hubo razzias y un show montado para mostrar que están haciendo algo, quisieron instalar que “les tiraron un muerto” para no hablar del problema de fondo. Por eso, Berni debería renunciar. Mientras tanto, por aquí, por el conurbano, las cosas no cambiaron.

Lo que no se hizo

Hace 5 años, asesinaron en la misma zona y circunstancias parecidas a Leandro Alcaraz, también de la 620, cuando el PRO gobernaba en nación y provincia; y en 2020, asesinaron a Pablo Flores. En 2018, Vidal impulsó una Ley para obligar a las empresas a instalar cámaras en los colectivos, que tardó 2 años en reglamentarse. Junto con el ministro Ritondo, reunidos con la UTA y las empresas del transporte, se ofrecieron créditos que los empresarios rechazaron, y el Estado les terminó girando más subsidios: De 150 A 190 millones por mes. Esto es un acumulado de 2500 millones, ya que el peronismo le dio continuidad a esa medida. Pero, ¿cumplieron? En dichos del propio Kicillof, hay solo un 20% de coches con cámaras (20.000 unidades), de las cuales sólo 60 transmiten al centro de operaciones ya que el resto no tiene tecnología 4G. Por esa razón, recién en enero de 2023, se intimó a las empresas a que cumplan, aunque no se les retiraron los subsidios. Por eso, no nos dejemos engañar, ni el peronismo ni el macrismo se la jugaron por los choferes ni por los usuarios.

Además, esas empresas que tienden a ser monopólicas, que son millonarias y reciben subsidios del Estado no solo por las cámaras sino también por las tarifas y por otras vías, no cumplieron con otros reclamos como la instalación de cabinas blindadas. El Estado no ilumina zonas oscuras, no desmaleza, en el caso de La Matanza y otros distritos del conurbano, hay zonas donde ni siquiera se cuenta con asfalto. Dejan a choferes y usuarios expuestos. Y, por si fuera poco, acaban de definir que el aumento en el boleto del transporte será mensual e indexado a la inflación. Ojalá fuera el salario de los choferes aumentado mensualmente según la inflación, y el de todos los usuarios, laburantes que viajan de una punta a la otra del AMBA para intentar llevar el pan a la mesa. Es decir: las empresas se enriquecen, el Estado las subsidia, los choferes tienen malas condiciones de trabajo y los usuarios tienen un transporte caro y que día a día se degrada porque no hay inversión. Algo no cierra.

Hoy el transporte está al servicio de la ganancia empresaria. Pero al ser un servicio esencial, no debería tener un objetivo de lucro sino estar al servicio de las necesidades de quienes lo necesitan para transportarse día a día, protegiendo a los choferes y a usuarios. Pero para eso, debería ser público y con control de los propios trabajadores y usuarios, que somos quienes estamos interesados realmente por un mejor servicio y conocemos cuales son los problemas. Quienes hoy tienen en sus manos las decisiones, jamás se suben a un colectivo ni viven en nuestros barrios.

¿Cómo se resuelve la inseguridad?

Nadie puede negar que la inseguridad es un tema que nos interpela y nos preocupa cotidianamente, y que creció y endureció sus modalidades en los últimos años. No está en discusión que existe. El gran debate es cómo la resolvemos.

Kicillof y Berni, por ejemplo, salen a pedir gendarmería, elogiando el operativo centinela de 2014 que llenó de gendarmería los barrios del conurbano, y están poniendo destacamentos policiales en las entradas a los barrios del tercer y segundo cordón. Sabemos que hay compañeros que creen que más presencia de las fuerzas soluciona el problema. Pero hay que ser honestos, la verdad es que esos operativos ya se han hecho y no solucionaron, sino que agravaron el problema, porque en vez de desarmar los bunkers del narcotráfico, la trata, los desarmaderos, el gatillo fácil y la venta ilegal de armas, coexistieron con esos negocios y hasta se benefician económicamente de ellos. La policía es parte del problema. Liberan zonas, arman causas, hacen la vista gorda. Como institución del Estado, son parte del delito organizado. Por eso, más policía no es la solución.

La inseguridad crece a la par del desempleo, de la pobreza estructural, de la falta de oportunidades para los jóvenes y adultos. Hace algunas generaciones, quien era cabeza de hogar, trabajaba toda su vida en una fabrica en blanco, accedía a comprar una casa, un auto, mandar a los chicos a la escuela y a la universidad. Con título secundario se podía acceder a un trabajo digno y en blanco. Todo eso cambió desde la dictadura y los 90 con el menemismo para acá. Se destruyó el desarrollo industrial del país. Creció la brecha entre los que mas tienen y los que menos tenemos. Se puso en jaque el proyecto de vida de las nuevas generaciones. En las escuelas, se pelea por que los chicos no dejen la escuela, sobre todo en la secundaria. Y tenemos que pensar ¿Por qué sucede eso? Probablemente, porque, aunque tengas título secundario, el trabajo que se consigue es precario y temporal, porque la casa propia es una utopía, porque el acceso, permanencia y egreso de la universidad es dificultoso para los pobres. Lo que tenemos para ofrecer a los jóvenes es frustrante. En ese marco, hay un sector, que viene de generaciones y generaciones de desempleo y vulneración de derechos, que termina de soldaditos de narcos, trabajando en los negociados ilegales y protagonizando hechos como el asesinato a Daniel. Quienes lo mataron deben ir presos. Pero tenemos que saber que ningún pibe nace chorro, el sistema influye para que terminen así. Por eso, además de exigir justicia, medidas de protección y un mejor transporte, para que no pase más, también tenemos que exigir medidas de fondo. Industrialización del país para generar trabajo digno, mayor presupuesto para educación, salud, vivienda son algunas de ellas. En vez de tomar medidas de fondo, tanto el peronismo, el macrismo y Milei que son los principales candidatos para las elecciones, están de acuerdo en seguir dándole nuestros recursos al FMI en vez de destinarlos a los problemas de los trabajadores.

¿La UTA para quién juega?

En medio de este nivel de conflictividad, donde los trabajadores estamos expuestos a la inseguridad, que se nos licua el salario con la inflación y que nuestras condiciones laborales empeoran, también es importante ver qué pasa con quienes deberían defendernos. La conducción actual del sindicato, de Fernández, demostró en reiteradas oportunidades que no están con los reclamos de los trabajadores. El reclamo de las cabinas, por ejemplo, hace mucho tiempo que lo abandonaron. Tampoco convocan a asambleas en los lugares de trabajo para escuchar los reclamos y actuar en consecuencia, sino que se sientan a negociar en mesa chica con los gobiernos, cosas que por lo general ni consultan ni informan a los trabajadores. Siempre intentan que los reclamos no sean públicos, o contenerlos puertas adentro. Por ejemplo, cuando mataron a Daniel solo convocaron a un paro en la zona oeste, cuando sabemos que esta problemática es de toda la provincia y a nivel nacional. Muchos de ellos, los dirigentes de la UTA hace mucho tiempo no se suben a un colectivo si es que alguna vez lo hicieron, y tienen privilegios.
Mucho se habló de la interna de la UTA, pero es una interna ajena a los intereses de los trabajadores porque el sector de Bustunduy es aliado a los empresarios de DOTA. Ninguna confianza podemos tener en quienes pretenden estar de ambos lados del mostrador. Por eso, es importante valorar el esfuerzo de todos los compañeros que se movilizaron en estos días, que expresaron su bronca y sus reclamos. El próximo paso, para lograr imponer cambios y soluciones reales, será la postulación de delegados independientes y combativos en las líneas y pelear por una UTA democrática y para luchar que represente a los trabajadores y no al gobierno ni a los empresarios. En ese camino, es fundamental poner en pie una agrupación obrera que pelee por estos objetivos en el sector.

¿Cómo pelear por soluciones?

Para muchos compañeros, el sindicato o la política son malas palabras. No los juzgamos, porque sabemos que la burocracia sindical es justamente odiada y los gobiernos de diferentes colores no solucionan los problemas de los trabajadores. Pero es importante entrar en este debate, ya que los sindicatos son una conquista obrera que hay que defender y recuperar, sacando a la burocracia sindical que está atornillada al sillón. La política es una herramienta de transformación siempre y cuando la hagamos los trabajadores en defensa de nuestros propios intereses y los de nuestra clase. Eso creemos desde la izquierda del MST en el Frente de Izquierda Unidad. Somos trabajadores ocupados y desocupados, jóvenes, vecinos que hacemos política de manera independiente a los gobiernos de turno y luchamos para que las decisiones e incluso el gobierno este en manos de los trabajadores.

Por eso, a diferencia del peronismo, el macrismo y Milei que son empresarios, nosotros somos trabajadores, en vez de enriquecernos, nos autofinanciamos y nuestros objetivos no son individuales sino colectivos y nos organizamos democráticamente. Acompañamos el reclamo de los choferes por justicia y por mejores condiciones laborales. Y los invitamos a organizarse sindicalmente, en la línea junto a nuestros compañeros por una gran campaña por las cabinas, por delegados independientes y construir una nueva agrupación combativa en el transporte; y también a organizarse políticamente con trabajadores de otros sectores, para que no sean los mismos de siempre los que tomen las decisiones por nosotros. Por justicia para Daniel Barrientos. Para que se vayan Berni y los empresarios parásitos, que viven del Estado. Por medidas de seguridad, salario y mejores condiciones laborales. Para lucha por políticas públicas a favor del trabajo, la salud, educación y vivienda. Para terminar con la complicidad policial y estatal con los narcos. Por Cuerpos de Delegados y una UTA al servicio de los trabajadores.

Voces de los trabajadores

La mejor forma de conocer la realidad de los choferes de La Matanza es contada por sus propios protagonistas. A continuación algunos testimonios de choferes sobre lo sucedido.

Mati, Línea 96 – Ideal San Justo

“Trabajo en la empresa 96 de La Matanza hace 11 años. Lo que venimos reclamando ya hace varios años es el tema de independizar el manejo de los pasajeros, instalando cabinas blindadas y modernizando los coches.

Los choferes salimos expuestos desde las 00hs a las 00hs nuevamente, desprotegidos. Somos uno solo manejando a la deriva de cualquiera que se suba, te apunte con un arma y se adueñe de tu vida. Es lamentable lo que viene pasando en La Matanza y cada vez se agrava más porque cada vez nos tienen menos en cuenta a los trabajadores y a los estudiantes. Estamos solos, abandonados, olvidados. Trabajar como chofer, ver como se agrava la situación cada vez más, como crece la inseguridad, la verdad es que te da miedo. Se trabaja con miedo. Eso te genera enfermedades, te genera estrés, te genera daños psicológicos, te daña la salud mental y física. Es lamentable.

En hora pico se viaja muy, muy mal. Trabajar así y que la gente viaje así es feo. El recibo de sueldo nos lo tocan, pero un buen servicio te dicen que no se puede. Al trabajador siempre se le está metiendo la mano en el bolsillo y no se lo compensa por ningún lado.
No hay iluminación en los barrios, y así pasan las cosas que pasan. En la misma ruta 3 con la neblina en invierno no se ve nada, se producen accidentes.
Yo vivo cerca del km. 29 y a la noche es una boca de lobo. No la arreglan porque se tiran responsabilidades unos a otros y la plata se va para otro lado. La cosa cada vez se agrava más, la gente se está cansando… o ya está cansada”.

José, chofer de La Almafuerte

“Soy José, tengo 41 años, trabajo en la empresa Almafuerte hace 17. Cuando murió el compañero Daniel yo me encontraba trabajando yendo hacia Liniers cuando empezaron a caer todos los mensajes. Me cayó como un balde de agua fría. Sentí mucho miedo en ese momento. Incertidumbre de que salís sin saber si vas a volver. Fue todo muy rápido, se decidió parar la línea hasta que UTA decreto el paro de zona oeste cuando tendría que haber sido un paro nacional. Los compañeros de Almafuerte se plantaron contra los delegados, contra el gremio, contra todo. Estamos cansados de vivir así, con miedo. Salimos y no sabemos si volvemos. El gremio es un desastre. No tenemos representante gremial porque es un empresario mas, tiene pensamiento de empresario. Piensa en el bolsillo de el y el bolsillo de los que lo rodean. No actuó de ninguna manera, se mantuvo distante del problema… y tirando comunicados no hacemos nada”.

Gerardo, Línea 96, Ideal San Justo

“Tengo 53 años, soy chofer de la 96 y hace 25 años que estoy trabajando en la línea. La verdad que en 25 años no se vieron grandes cambios, solamente parches cuando hubo inseguridad, un trabajador que le cortan los dedos o lo matan. Yo pienso que lo que tiene que haber son cambios grandes. Las cabinas serían lo fundamental. A mi me ha pasado varias veces que me han pegado, me han sacudido, me han tirado cachetadas, me han escupido, me han revoleado con vaso. Las cámaras de seguridad también serían un factor fundamental no sólo para el chófer sino para el pasajero también (…) Con respecto de los dirigentes de la UTA, nunca dijeron nada. Yo hable con mis delegados, le hemos dicho que queremos las cabinas, que por qué no luchan por las cabinas y no te contestan, no saben qué decirte porque es obvio que nuestro gremio no quiere que las cabinas se instalen. Cuando yo recién entré, no estaban las puertas automáticas. Fueron un gran cambio positivo, salvan vidas. Pero en realidad a las puertas automáticas las pusieron los empresarios, invirtieron, por los juicios que le hacían los pasajeros. Fue un gran logro pero ¿por qué?, porque le tocaba los intereses al empresario del transporte, al seguro y tenían que poner de su bolsillo. Entonces, ¿Cuándo les tocan los intereses a ellos sí y cuando nos lastiman a nosotros no?

Esa es la bronca que nos da a los trabajadores, que no invierten en nosotros ni en el servicio hacia el pasajero, sino que siempre piensan en ellos. Yo creo que el gobierno tiene que mirar ese foco e intervenir.

Perdimos muchos compañeros, muchos. Yo perdí tres compañeros de mi línea. [Hugo Encina] era compañero nuestro, de la línea 96. En González Catán lo apuñaló un pasajero. Imagínate si estuvieran las cabinas…se salvaba”.

Entrevistó: M.R.

También denunció el circo y la represión: “Encima, la policía de Larreta reprimió salvajemente a choferes que salieron a reclamar justicia y seguridad. Es repudiable también el intento de show del ministro Sergio Berni que recibió piñas en vivo, reflejando el hartazgo de los trabajadores de toda la casta política y empresarial. Berni se tiene que ir ya. También el ministro de Transporte porque hace años que los choferes reclaman las cabinas de protección en los colectivos. Pero la variable de ajuste de patrones y gobiernos son siempre las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores. Que inviertan los millones que reciben en subsidios en esas cabinas, en iluminar las zonas de riesgo, alarmas en red y una seguridad preventiva, apoyada en la autoorganización vecinal ¡Justicia por Daniel Barrientos y castigo a los responsables!”, concluyó Bodart.

Desde temprano, Ana Paredes Landman, trabajadora de la educación y concejala electa de La Matanza (MST-FIT Unidad), acompañó la protesta denunciando que este crimen no es un hecho aislado ni el primero. Pero al otro día, Alak, ministro de Justicia de Kicillof, denunció en la justicia federal a trabajadores que expresaron ese hartazgo.

Se escandaliza por “la gravedad institucional” y denuncia “delitos de atentado contra la autoridad, lesiones e intimidación pública”. Pero, como dijo Bodart, el ministro de Kicillof quiere castigar a los agresores de Berni antes que condenar a los asesinos de Daniel y poner “mano dura” contra los que no garantizan seguridad laboral a los choferes: la patronal y el gobierno. La casta se protege, cararrotas.

Si volcamos en un simple cuadro el detalle de esas “ocho claves”, basta con una rápida mirada para constatar que el verdadero objetivo del megaplan no es combatir la inseguridad, como anunció el presidente, sino que en lo fundamental es represivo. Salvo que considere, como Patricia Bullrich, Sergio Berni o el ingeniero Blumberg, que la solución esencial frente al problema de la falta de seguridad es la mano dura: saturar el Gran Buenos Aires con más policías, más gendarmes, más armas y más cárceles de las que ya hay.

Con excepción del rubro 8, los centros de aislamiento para el coronavirus, que además por su propia definición no deberían estar bajo el control policial sino del Ministerio de Salud y sus agentes sanitarios, todo el megaplan está destinado a fortalecer la represión policial y carcelaria.

Con respecto a los puntos 3 y 4, si bien es cierto que del total de 48.565 personas detenidas en la Provincia de Buenos Aires 5.471 hoy lo están en comisarías, lo cual es totalmente ilegal, la solución no es abrir más penales para trasladarles allí sino liberar a quienes están en prisión preventiva por delitos menores y sin condena, o sea que para la justicia son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Según los informes oficiales[1], en esa injusta situación se encuentra la mitad de las y los detenidos. Se ve que Alberto prevé seguir elevando la tasa de encarcelamiento, que en nuestro país viene creciendo desde el 2001 en adelante.

En cuanto a los puntos 1, 2 y 6, significan un fortalecimiento directo del aparato represivo. En concreto, desplegar 10.000 policías y 4.000 gendarmes más implica duplicar el número ya existente en el GBA. Con semejante nivel de militarización, dicha región se iría a unos mil efectivos armados cada cien mil habitantes, casi el triple de los 300 que es el standard promedio que plantea la ONU.

Por cierto, todavía no terminó el tironeo entre los intendentes y la Provincia por el control de la formación y la distribución de esos nuevos policías. Pero el eje del problema no es ése, sino creer que más cana puede ser sinónimo de seguridad cuando más bien es lo contrario. La ministra Frederic y el propio Alberto al lanzar este plan reiteraron lo que ya es sabido en el mundo antero: que la causa básica de la delictividad es la desigualdad social. No obstante, su respuesta se limita a más represión.

Si los 37.700 millones de pesos -o 500 millones de dólares- que por ahora cuesta este plan de “seguridad” el Estado en cambio los volcara a construir viviendas populares de 51 metros cuadrados en terrenos fiscales, a un costo promedio de 25.000 dólares[2] cada una equivaldrían como mínimo a 20.000 nuevas unidades. Esta solución social no sólo permitiría garantizar un techo digno para unas 80.000 personas, sino que, a razón de 2,5 empleos por cada unidad dado el efecto multiplicador de la construcción, crearía 50.000 nuevos puestos de trabajo mediante autoconstrucción o cooperativas.

Como conclusión, la disyuntiva es bastante simple. El gobierno que no construye vivienda considera delito a las tomas de terrenos por gente que carece de techo. Por esa razón, entre otras expresiones del descontento popular que viene creciendo, prepara medidas represivas. Nuestra propuesta, por supuesto, es exactamente la contraria.

Pablo Vasco

[1] SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

[2] El diario La Nación (1º/9/20) estima el actual costo promedio de construcción por metro cuadrado en 467 dólares, en edificio. Si consideramos que la masividad de un plan público y la construcción en planta baja son dos factores que abaratan, estimar un costo de 25.000 dólares por unidad es incluso superior a lo real.

Escribe: Leiza Benitez/Repartidora Rappi

Los repartidores estamos siendo atacados por todos lados: la crisis económica y las medidas de ajuste nos golpean igual que todos los trabajadores, la falta de políticas de inclusión, y la inseguridad en aumento constante, nos lleva a que en cada pedido podemos perder todo, y nos jugamos hasta la vida. Ante los robos, vemos cómo la policía aparece sólo cuando vienen las cámaras y actúan como cómplices de los delitos organizados. A las apps tampoco les interesamos mucho, si rechazamos un pedido por ser zona insegura o sospecha de fraude, nos sancionan, pero si nos llegan a robar se esconden en el soporte lavándose las manos.

A este panorama, los repartidores se vienen autoconvocando contra la inseguridad en distintos lugares del país. La semana pasada, participamos de la caravana que recorrió el centro de San Justo y Ramos Mejía, en La Matanza. En esa oportunidad se habló de seguir y recorrer más lugares.

Para esta semana, la convocatoria fue concentrar el martes 18 en Haedo dónde fuimos en caravana a Morón para cortar distintos puntos del centro del mismo, llegando a las puertas de la Municipalidad.

Los compañeros repartidores y precarizados de otros sectores de Dar Vuelta Todo, nos sumamos activamente, con carteles que llevamos en nuestras mochilas, volantes y nuestro periódico impreso para debatir con los compañeros de trabajo y vecinos, nuestras propuestas frente a la inseguridad y las problemáticas que hoy nos afectan al conjunto de los trabajadores.

¿Más policía, es más seguridad? ¿Qué medidas son necesarias? 

Tal como lo venimos diciendo, el reclamo por más seguridad es legítimo y lo vamos a acompañar. Trabajadores de todos los rubros nos vemos afectados con esta situación que no es nueva. Y eso, nos indigna. Por eso queremos dejar clara nuestra postura para aportar al debate: más policía no es más seguridad.[i]

Tal como lo dijimos en la movilización y como venimos charlamos con compañeros, tenemos propuestas alternativas para que podamos trabajar sin correr el riesgo de perder todo.

Aquí nuestra propuesta para más seguridad:

• Ya ponemos la bici o moto, pagamos la mochila, la ropa, la nafta y cuando nos roban, encima nos sancionan, es una locura. Para que nuestros riesgos estén cubiertos: ART, con seguro contra robos, accidentes y muerte a cargo de los empresarios de las apps, con asistencia económica en caso de enfermedad. No olvidemos que, en los últimos meses, 8 compañeros murieron atropellados. Queremos justicia por ellos, y que se acabe con el sistema de puntos.
• No creemos que la salida sea cerrar zonas o rechazar entregas a determinados barrios. Eso sólo estigmatiza a los barrios más vulnerables, dónde muchas veces, nosotros mismos vivimos en ellos. Pero como tampoco queremos exponernos, proponemos que se activen “Corredores Seguros”, con calles iluminadas, desmalezamiento, pavimento y otras medidas de seguridad preventivas, con presupuesto a cargo del poder local, y no con medidas represivas.
• Varios compañeros levantan la propuesta de “más policía”, queremos debatir con esta posición. Más policía no significa más seguridad. Es la misma policía corrupta la que muchas veces arregla con el narcotráfico, la trata y liberan zonas para los robos a cambio de comisiones. Son un peligro. En lo que va de la cuarentena las «fuerzas de seguridad» del Estado asesinaron a 92 personas. La mayoría, jóvenes. Además, reprimieron a trabajadores que luchaban por sus derechos como nosotros. No están para cuidarnos.
• Necesitamos seguir organizándonos y luchando para que se tomen medidas integrales para frenar la inseguridad y también para conquistar más derechos. Debemos poner en pie una Coordinadora Zona Oeste, con repartidores de todas las apps, sin dejar afuera a nadie. Con asambleas por lugares o paradas para balancear las acciones que venimos realizando y decidir democráticamente cómo seguirla para ganar.

Desde Dar Vuelta Todo, Colectivo de precarizadxs e informales, te invitamos a que te organices con nosotros. En todo el país estamos realizando brigadas de concientización, asambleas y distintas acciones.

En Oeste y La Matanza, este domingo 23 a las 15hs. Realizamos una reunión abierta online, para seguir debatiendo que hacer y cómo nos organizamos por todos nuestros derechos.

[i] https://mst.org.ar/2020/08/17/debate-entre-repartidores-como-combatir-la-inseguridad/

En primer lugar debemos partir de que el reclamo contra la inseguridad es genuino, no podemos seguir en la misma situación de completo abandono por parte de las empresas y el Estado. Trabajar horas en las calles y en un segundo perder nuestras herramientas de trabajo o la recaudación del día es algo que nos enoja a todxs. Peor cuando las herramientas de trabajo que tenemos las adquirimos con nuestro propio esfuerzo. Las aplicaciones generan millones con nuestro trabajo y no son capaces de proveernos de las bicicletas o motocicletas, ni el casco, ni el internet que gastamos día a día, incluso las mochilas tenemos que comprar nosotrxs y tampoco contamos con un seguro contra robos o accidentes.

Al mismo tiempo, desde nuestra agrupación queremos aclarar dos cosas, que para nosotrxs son cuestión de principios y no podemos confundirnos en ese sentido.

1-¡La policía no nos cuida! 2-¡Ningún pibe nace ladrón!

La mano dura fracasó. Las veces que se militarizó o se encargó el cuidado de las calles y la sociedad a la policía sólo sirvió para reprimir, criminalizar y perseguir a los jóvenes de los barrios pobres y a los trabajadores que se organizan y luchan. Sólo en la cuarentena la policía y gendarmería mató y desapareció a casi 100 jóvenes, la mitad en la Provincia de Buenos Aires. Nosotrxs no olvidamos a Facundo Castro y no creemos que la policía que lo desapareció pueda cuidarnos. La tarea de la policía es proteger la propiedad privada de los empresarios y banqueros, nuestras vidas no valen para ellos.

Además, es sabido que la policía, los jueces y los fiscales están implicados en el narcotráfico (como Mario Ishi el intendente de José  C Paz), lavado de dinero, cobro de coimas y son ellos mismos quienes liberan las “zonas peligrosas” para que actúen los delincuentes.

Nadie roba por placer, no existe un “gen de chorro”, como muchas veces quisieron hacernos creer los fascistas. Incluso, los más criminalizados somos los jóvenes pobres y migrantes, así que cuidado con crear un arma de doble filo para los miles de repartidores migrantes que trabajamos en las calles argentinas.

El aumento de la inseguridad y los robos se explica porque aumentó la desigualdad social; sólo en la cuarentena hubo más de 740.000 despidos y el trabajo ambulante es perseguido por la policía. Sin justificar ni defender ladrones nos preguntamos ¿Qué opción brinda el estado a los jóvenes sin opción de trabajo y estudio? Ninguna. Muchos son usados por la misma policía como carne de cañon para el delito organizado.

En complicidad de la burocracia sindical y el gobierno, los empresarios rebajaron los salarios en un 20 y hasta 30%, despidieron a miles y al mismo tiempo aumentan los alquileres, servicios y la comida. El subsidio de 10.000 pesos o los planes sociales de 8.500 pesos lejos están de cubrir la canasta familiar que ronda los 45.000 pesos. No nos hablen de que “el que quiere puede”, porque cuando la regla es el desempleo y los despidos masivos no hay muchas opciones de trabajo. Las únicas empresas que siguen tomando trabajadores son las aplicaciones de delivery en las que trabajamos, pero sabemos que a medida que aumentan los repartidores disminuye la oferta de trabajo para la gran masa de repartidores.

Esa situación de miseria creciente y crisis económica es la que posibilita el “todos contra todos”, una guerra entre pobres que no nos lleva a ninguna parte. Mientras los verdaderos ladrones siguen generando miles de millones a costa de nuestro trabajo y explotación.

Insistimos, no queremos defender la delincuencia, nos parece correcto reclamar mayor seguridad, pero no es exigiendo más policía. El camino es otro.

¿Qué exigimos para combatir la inseguridad?

Como medidas urgentes debemos reclamar a las patronales que se hagan cargo de nuestros elementos de trabajo, además tienen que garantizar, seguros contra robos y accidentes. Los estados provinciales y municipales tienen que asegurar corredores en condiciones, iluminación de las calles, desmalezamiento, limpieza de los sitios baldíos. Necesitamos impulsar una serie de medidas preventivas pero nunca represivas, desarrollar nuevos mecanismos con la auto-organización vecinal que garanticen el delivery, sin estigmatizar ni penalizar ningún barrio, ni zona. Todas esas medidas tienen que ser parte de un paquete de exigencias que también de respuesta al problema de raíz, la desigualdad social.

1- Generación de trabajo para todxs, con salario igual al costo de vida. Nadie se queda sin trabajar. Esto es posible con un Plan de Obras Públicas y Shock Industrial: permitiría construir las escuelas, viviendas y hospitales que necesitamos al mismo tiempo que genera millones de puestos de trabajo.

2-Inclusión educativa. Garantizar la educación pública gratuita, de calidad y universal, con las herramientas tecnológicas necesarias para cursar de manera virtual. Que nadie quede fuera por pobre o migrante.

3-Impuesto a las grandes riquezas. El 1% se apropia de toda  la riqueza que generamos lxs trabajadores, es urgente implementar fuertes impuestos a las grandes fortunas. También suspender el pago de la deuda externa que es un robo descomunal que estamos pagando los trabajadores. Estas dos medidas nos permite financiar lo anterior.

4-Desmantelar el aparato represivo, la policía, militares y gendarmes son instituciones que debemos disolverlas porque no nos cuidan. Fuera Berni, principal promovedor de la mano dura contra la juventud y los trabajadores. También hay que elegir jueces y comisarios por voto popular, con revocabilidad de mandato para evitar la corrupción.

5-Combate sin tregua al narcotráfico, redes de trata y otras actividades criminales que operan en complicidad estatal y policial. Caiga quien caiga.

Esas son sólo algunas medidas que debemos implementar para combatir la inseguridad. Cualquier otra cosa como exigir más policía sólo va a empeorar la situación. Aquellos argumentos como “esto no es política” sólo es funcional a los empresarios y el Estado, responsables de la situación que estamos viviendo. ¡Exigir más policías es una posición política y Dar Vuelta Todo la combate!

No tenemos acuerdo con los compas de ATR (PO) que hacen seguidismo a la política de exigir seguridad sin reclamar medidas de fondo ni explican la raíz del aumento de robos y asaltos. Tampoco compartimos la posición de lxs compañerxs de la RED (PTS) que en las protestas por más seguridad sólo ven a una derecha organizada, subestimando a los trabajadores. La derecha no está en su mejor momento y la inseguridad es un problema real, por ende, las agrupaciones de trabajadores de reparto debemos dar una respuesta clasista y combativa al conflicto.

Invitamos a todxs lxs trabajadores a sumarse a dar esta pelea con Dar Vuelta Todo, estamos impulsando una gran campaña nacional por la concientización de todos nuestros derechos, además de la inseguridad los repartidores hoy sufrimos por otras irregularidades como la super explotación a la que nos someten las aplicaciones con tarifas congeladas desde hace dos años. Recomendamos a lxs compañerxs que lean estos dos artículos que ayudan a debatir nuestras problemáticas:

Lxs precarizadxs nos preguntamos

https://mst.org.ar/2020/08/06/sin-militarizacion-con-control-social-una-respuesta-socialista-ante-la-inseguridad/

Repartidores agrupados en DAR VUELTA TODO

]]> https://mst.org.ar/2020/08/06/sin-militarizacion-con-control-social-una-respuesta-socialista-ante-la-inseguridad/ Thu, 06 Aug 2020 13:55:32 +0000 https://mst.org.ar/?p=25548 Como problema real, aunque amplificado por políticos y periodistas opositores, la falta de seguridad es tema cotidiano. Sus causas clave. El rol de la policía. Nuestras propuestas.

Escribe: Pablo Vasco

No es sólo que “los medios visibilizan los delitos”, como arguye la ministra Frederic. Hay barrios que son tierra de nadie, con pequeños negocios que sufrieron dos, tres o más robos en la cuarentena. En Quilmes, le roban a un jubilado y éste termina asesinando a uno de los chorros, tirado en el suelo y desarmado. En Almirante Brown, se llevan el auto de una mujer con su hijo adentro. En Casanova, un grupo de vecinos apaleó a un ladrón. En Rosario, un fiscal tuvo que renunciar por cobrar coimas a empresarios del juego y está implicado el fiscal general. En José C. Paz, el intendente peronista encubre la venta de falopa. En San Isidro, un fiscal, su secretario y abogados amigos van presos por quedarse con droga decomisada. En Azul, el comisario de Drogas Ilícitas fue detenido por armar causas falsas por narcotráfico…

Noticias así son de cada día, confirmando que la falta de seguridad existe y que la policía, la justicia y el poder político son parte de ella. El propio Estado capitalista produce inseguridad: mientras la Bonaerense desaparece a Facundo, el jefe K de esa fuerza, Sergio Berni, se pasea ametralladora en mano y se candidatea con videos estilo Rambo. Por supuesto, repudiamos que a cualquier persona honesta que vive de su trabajo un lumpen desclasado le afane, a menudo con violencia, lo que tanto cuesta ganar.

La mano dura ya fracasó

Primero vamos a desmentir algunas falacias típicas del punitivismo, así venga de exponentes como la macrista Patricia Bullrich, de Berni o de quien sea:

“Si se ponen penas más duras, antes de salir a robar lo van a pensar mejor”. Falso. En 2004, con Néstor Kirchner, se votaron las leyes Blumberg. En 2016, con Macri, se endureció la ley de ejecución penal. Y la tasa de encarcelamiento crece sin pausa(1). Pero la criminalidad no baja. Es que el castigo penal no disuade y además llega tarde, cuando el delito ya se cometió.

“Los inmigrantes traen inseguridad, porque vienen al país a delinquir”. Además de xenófobo, falso. Según los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación(2), el índice de delictividad de los extranjeros es el mismo que el de los argentinos nativos.

“Los delincuentes no respetan los derechos humanos de las víctimas”. Falso. Sólo el Estado tiene la obligación, la capacidad y la responsabilidad indelegable de proteger los derechos humanos(3). Por ende, únicamente el Estado los puede violar.

“Los chorros entran a prisión por una puerta y salen por la otra”. Falso. Según el último informe de la SNEEP(4), el 45% de los detenidos en cárceles federales aún está bajo proceso y sin condena firme, o sea es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Otras fuentes estiman que es más del 50%.

“Ahora hay más inseguridad porque el gobierno nacional liberó a miles de delincuentes por la pandemia”. Doblemente falso. Primero, la orden la da el Poder Judicial. Segundo, “desde marzo hasta junio, sólo 500 presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) consiguieron que se les otorgue la prisión domiciliaria por ser población de riesgo”(5).

Desde ya, no queremos que quede impune ningún delito real: deben ser juzgados en juicios con garantías y castigados como corresponde. Pero con la cuestión de la inseguridad pasa lo mismo que en tantos otros ámbitos de la vida: de nada sirve atacar los efectos si a la vez no se combaten las causas que los producen. Si no, es totalmente inútil por no decir absurdo.

Cuatro causas de fondo

1. La desigualdad social, no la pobreza
Los expertos de todo el mundo coinciden en que la razón número uno del delito es el aumento de la brecha social: se concentran cada vez más riquezas en un polo minoritario de la sociedad, mientras que en el otro polo, mayoritario, se extienden la pobreza y la miseria. Según los últimos datos del INDEC, en la Argentina el 10% más pobre de la población ocupada posee apenas el 1,3% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentra el 28,9%6. Para la amplia mayoría, la posibilidad de mejora social se terminó hace rato.

2. La exclusión y marginalidad juvenil
Los jóvenes que no acceden a la educación ni a un trabajo remunerado, los ni ni, son un fenómeno mundial y creciente del capitalismo. Según la OIT, “la franja poblacional de 15 a 24 años que cumple con estos requisitos pasó de 259 millones jóvenes en 2016 a 267 millones en 2019”7. Y la pandemia agudiza esto. Como más de la mitad son mujeres, muchas de las cuales cuidan a sus hijas e hijos u otros familiares, son sobre todo varones los que terminan reclutados por las mafias como mano de obra barata. A poco de asumir Alberto, que prometía un ambicioso plan de pasantías juveniles, los varones ni ni de 18 a 25 años eran casi 600.0008.

3. El modelo: la impunidad del poder
Como lo hemos planteado en una nota anterior: “El tercer componente de la inseguridad es el pésimo ejemplo que viene del poder político y económico, con su corrupción e impunidad. Si los funcionarios de gobierno y grandes empresarios coimean, curran fondos públicos y siguen piolas; si además no se puede estudiar ni laburar de nada, y si encima no hay perspectivas de mejorar a futuro, se completa fácilmente el combo social que empuja a delinquir”9. En plena pandemia, el gobierno de Alberto compró alimentos con sobreprecios y el de Larreta hizo lo mismo con barbijos. Si altos funcionarios políticos roban plata pública destinada a comida y salud, es evidente que el modelo ético que habilitan hacia abajo es el todo vale.

4. La policía es parte integrante del problema
Es equivocado suponer que más policía o más gendarmería significa más seguridad. Primero, porque cuando reprimen las luchas causan heridos y a veces muertos, y con el gatillo fácil y los asesinatos en comisarías o cárceles matan a razón de una persona por día, en general jóvenes y pobres. Y segundo, porque son las mismas fuerzas corruptas que coimean, liberan zonas y pactan negocios con los narcos, desarmaderos y proxenetas. Esos delitos económicamente organizados prosperan gracias al amparo del Estado. A veces la cana hasta obliga a los pibes a robar para ella. Y lo mismo el sistema penitenciario, que en vez de ayudar a la reinserción social alienta más delito y violencia.

Seis propuestas socialistas

1. Un plan urgente de inclusión juvenil
Como primera medida de emergencia proponemos aplicar un plan de shock de reinserción social para la juventud, con becas de terminalidad escolar y programas de primer empleo sin precarización, con salarios y condiciones dignas. Esta política permitiría rescatar de la marginalidad a cientos de miles de pibes e implicaría un rápido y genuino desaliento a la variante de caer en conductas delictivas.

2. Otro modelo económico-social
Si la causa central del delito es la brecha social, hacen falta planes opuestos a los ajustes capitalistas. Por caso, gravar con altos impuestos a las grandes fortunas, corporaciones y bancos, y no pagar esa estafa llamada deuda externa a los fondos buitres y al FMI. A esos grandes delincuentes de guante blanco, que fugan y evaden, hay que atacarlos en donde más les duele: el bolsillo. Por cierto, toda esa plata se debe volcar a revertir la desigualdad social.

3. Anular todos los privilegios políticos
Como ejemplo de ética pública desde el poder hacia la sociedad, hay que terminar con los privilegios de los funcionarios políticos, del presidente al último concejal: rebajar sus sueldos a lo que gana un/a trabajador/a, obligatoriedad por ley de educar a sus hijxs en la escuela pública y atenderse en el hospital público. También revocar sus cargos si incumplen sus deberes y embargar sus bienes hasta restituir lo robado si malversan fondos públicos.

4. Impulsar la autoorganización vecinal
Nadie mejor que los mismos vecinos y vecinas para saber qué tipos de delito proliferan en sus barrios, en dónde están, cómo prevenirlos y combatir a sus responsables. Por eso proponemos la organización comunitaria para implementar medidas de prevención y autodefensa: sistemas de alarmas y cámaras, grupos de whatsapp, rondines de control y otras. En algunos barrios ya se está haciendo, incluso con pasacalles de alerta a los delincuentes.

5. Democratización real del sistema judicial
La reforma de Alberto no incluye ni una sola medida para el fin que promete: una justicia independiente del poder político. La única forma de lograrla es anular los Consejos de la Magistratura, en donde el poder pacta y canjea las designaciones, y democratizar todo el funcionamiento por una doble vía: 1) elegir los jueces y fiscales por voto universal, con mandatos limitados y revocables; y 2) disponer los juicios por jurados populares para todo delito con pena mayor a los tres años de prisión. Sólo así la justicia no dependerá del poder político, sino de la intervención social.

6. Disolver la policía y demás aparatos represivos
No van las reformas, sino un cambio de raíz: a esta policía, tal como a las fuerzas de seguridad y militares, hay que disolverlas. No traen ninguna “seguridad”, ni “cuidan las fronteras” ni “defienden a la patria”: como brazo armado de la burguesía que son, su rol fundamental es reprimir a la clase trabajadora, a la juventud y al pueblo todo para defender la sacrosanta propiedad privada capitalista. En el marco de una nueva sociedad, entonces, habrá que construir nuevas estructuras de vigilancia y seguridad, distintas por completo, de carácter esencialmente preventivo y no represivo, democrático y con participación social.

Durante el período de transición, y con esa disolución como eje programático, se pueden levantar otros reclamos parciales adecuados a la situación: desfinanciar a la policía y su equipamiento represivo; depurar a todo jefe y agente involucrado en hechos de represión social, corrupción u otros delitos; prohibir por ley la represión a la protesta social; control vecinal y de los organismos de derechos humanos con derecho a revocatoria de los comisarios; disolución de la AFI10 y demás organismos de inteligencia. Con certeza estas medidas ayudarían a debilitar el accionar represivo, pero sin omitir la necesidad de disolver todo ese aparato.

La política revolucionaria hacia la policía

Por su naturaleza, por su marca de origen, la policía es una de las fuerzas represivas del Estado. En ese sentido, “el obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero”, decía Trotsky(11). Esto no niega que las corrientes revolucionarias, como parte de la lucha por el poder obrero y popular, debamos tener una política hacia la policía, las fuerzas armadas y de seguridad, en el camino de debilitarlas, dividirlas, neutralizarlas y derrotarlas. Ya hace un siglo la Tercera Internacional dirigida por Lenin y Trotsky, entre las 21 condiciones que les exigía a los partidos comunistas para poder integrarla, establecía la condición Nº 4: “la necesidad absoluta de desarrollar una propaganda y una agitación sistemática y perseverante entre las tropas”, ya que “negarse a ello sería una traición a las exigencias del deber revolucionario, y por consecuencia incompatible con la afiliación a la Tercera Internacional”(12).

Pero esa orientación general no significa repetir las mismas consignas para todo tiempo y lugar. Precisamente, para ser transicional en el sentido leninista y trotskista, debe partir de tomar en cuenta las circunstancias concretas. Con la agudización de la crisis capitalista, por ejemplo, hoy todos los gobiernos burgueses tienden a acentuar sus rasgos autoritarios y represivos. Compran armas modernas, elitizan lo más posible a sus cuerpos militares y policiales, y montan brigadas especiales antidisturbios y “antiterroristas”. Se preparan para una perspectiva de nuevas rebeliones, insurrecciones y revoluciones. Así, por ahora no vemos en la policía grietas salariales notorias ni otras contradicciones significativas que nos permitan incidir con la consigna de sindicalización de los agentes u otras similares.

Aunque esa consigna puede ser útil ante huelgas policiales por salario o en un contexto de convulsión social, ya que busca quebrar el verticalismo orgánico, no la consideramos adecuada en la situación actual. En general, sólo cuando surgen procesos de ascenso revolucionario y giro a izquierda de masas, que repercuten y hasta abren crisis dentro de las fuerzas de seguridad y armadas, es posible intervenir con este tipo de consignas.

De todos modos, en caso de rebeliones y agudos enfrentamientos sociales, el mejor argumento para “convencer” a la policía de no reprimir al pueblo trabajador es una sólida autodefensa y armamento de éste. Tal es la tarea decisiva e insustituible que el partido revolucionario debe proponerles a la vanguardia y a las masas en lucha para asegurar la toma del poder cuando llegue el momento.

Ahora bien; no es que los gobiernos derechistas se estén tornando más represivos y, en cambio, sus pares populistas no. Cuando en 2008 Macri creó la Policía Metropolitana, y aun sabiendo que pondría de jefe al Fino Palacios, a diferencia de nuestro bloque legislativo, que se opuso, el kirchnerismo votó a favor junto con el PRO. Hoy roces entre Frederic y Berni existen, pero comparten estrategia. Con distintos discursos, todas las alas burguesas coinciden en reforzar el rol policial y militar para disciplinamiento y control social. Por eso los unifica Alberto, que llama a “dar vuelta la página” de la dictadura genocida, elogia una y otra vez a las FF.AA., les aumenta el salario y las equipa, ordena ciberpatrullar las redes y despliega cada vez más policías y gendarmes en las calles y los barrios populares. Como se viene ajuste y resistencia social, lo que preparan es represión. Y a eso habrá que resistir y responder.

Otro debate picante: la tenencia y uso de armas

A partir de cierta “normalización” delictiva tras la relativa calma al inicio de la cuarentena, resurgió en algunos medios la polémica sobre el uso particular de armas frente al delito. Desde ya, hay sectores de derecha, fundamentalistas de la mano dura, que promueven la vertiente civil del gatillo fácil policial: carta blanca para matar chorros como sea.

Ya en la nota principal señalamos nuestra propuesta de autoorganización vecinal en los barrios para cumplir tareas de prevención, disuasión de la delincuencia y repeler sus eventuales ataques. Como es obvio, para que tal autodefensa comunitaria sea efectiva, debe incorporar entre sus herramientas la facultad de utilizar armas.

Pero también algunas voces, en nombre de “evitar una escalada de violencia” u otros slogans de tinte pacifista, sostienen que el acceso, entrenamiento y uso de armas de fuego es una potestad exclusiva y excluyente de los cuerpos armados del Estado: ejército, policía, gendarmería, prefectura y demás. Intenciones aparte, es un error total.

Primero, porque consagra el monopolio de la fuerza en manos del aparato armado de la clase capitalista para sostener a sangre y fuego este sistema de explotación y opresión. Segundo, porque implica desarmar al pueblo trabajador para poder defenderse de dicha represión y también de la delincuencia, sea individual u organizada.

Por ambas razones, desde el socialismo revolucionario sostenemos el pleno derecho democrático a la tenencia y al uso de armas por parte de la clase obrera, la juventud y los sectores populares. La policía y demás fuerzas represivas no nos “cuidan”: nos reprimen. La única garantía de seguridad y defensa está en nuestras propias manos.

1. 46.000 detenidos con Néstor, 52.000 con Cristina, 70.000 con Macri, 92.000 con Alberto.
2. En la web ppn.gov.ar
3. Son los derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna.
4. Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
5. Página 12, 31/7/20.
6. Evolución de la distribución del ingreso, primer trimestre de 2020.
7. Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020.
8. Clarín, 5/11/19.
9. Jubilado mata chorro… ¿Y después?, en la web mst.org.ar, 23/7/20.
10. Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE.
11. La lucha contra el fascismo en Alemania, 1932.
12. Resolución sobre las 21 condiciones, II Congreso de la Internacional, Moscú 1920.

Ripoll agregó: “Pretender combatir el narcotráfico, los desarmaderos, la trata o la corrupción policial con celulares y tablets oculta el problema de fondo. Si la gente no quiere ir a la comisaría a denunciar es porque hay complicidad con el delito. Una App no permite el control social que proponemos sobre la policía y la justicia. Más que marketing 2.0 hay que depurar la policía, ir por los jueces y políticos corruptos que saben y son parte del delito organizado. Y que sean ley la revocatoria de mandato y la elección de comisarios, jueces y fiscales por el voto popular”.

Si se mediatiza, existe

No hay estadística que pueda probar la relación causal de incidencia significativa entre el delito juvenil y la inseguridad global. Poner el zoom en los jóvenes, pobres en particular, permite distraer el debate de fondo que hace a la inseguridad: las mafias capitalistas que lucran al amparo societal de jueces, fiscales y jefes policiales, garantes territoriales de zonas liberadas. Estigmatizar a la juventud simplifica y encubre las razones estructurales, esenciales al capitalismo y sus múltiples nichos de negocios. Lo que se silencia de forma cuidadosa en el debate mediático, en su despliegue ideológico sistemático, son los datos de los menores víctimas del gatillo fácil policial. Un joven acribillado por día es la cifra espantosa. De eso, claro, en los medios no se habla, entonces, para una franja social, no existe. Desde la izquierda tenemos la responsabilidad de desenmascarar todas estas operaciones políticas de confusionismo social.

Desmantelar las mafias capitalistas del delito organizado

Como toda falsa ideología burguesa, capitalista, en el tema inseguridad, se suele estereotipar a la izquierda con la falta de propuestas sobre el tema. Falso de toda falsedad. En nuestro enfoque hay dos aristas para encarar. Por un lado, las medidas de inclusión social masiva de la juventud pobre, que no estudia ni trabaja, que el sistema margina y que después las mafias utilizan como fuente de reclutamiento de mano de obra barata para sus negocios delictivos. Esto supone, en lugar de recortar el presupuesto en educación, ampliarlo, aumentarlo. Destinar todo lo necesario para becas de reinserción escolar y formación laboral, equivalente al salario mínimo. Esto lo planteamos, implementar el shock, no gradualmente. En simultáneo hay que desmantelar el sistema político-policial-judicial de protección del delito. Para eso, revocabilidad de todos los funcionarios, salario igual a una directora de escuela, rendición anual de cuentas y cárcel y responsabilidad patrimonial ante delitos de corrupción. Además depurar todas las cúpulas policiales y habilitar la elección del comisario por los vecinos. Y en el mismo sentido establecer la elección popular de jueces y fiscales, además de terminar con el carácter vitalicio de esos cargos. Así de verdad empezaríamos a atacar la inseguridad hija del capitalismo.

M.R.

Si realmente quieren pelear contra el delito, le aconsejamos al gobernador empezar por sus funcionarios, amigos y jefes policiales. Como ya quedó demostrado, son el primer eslabón de la cadena delictiva, protegen a los desarmaderos, a las redes de trata, a los kioscos de droga y obligan a los jóvenes a robar para ellos.

Las políticas de mano dura fracasaron estrepitosamente, el problema no se soluciona con más policías, sino combatiendo la tremenda desigualdad social que mantiene a miles de jóvenes viviendo hacinados, sin futuro y sin posibilidades de estudio ni trabajo”.

Echevarría agregó: “Desde la izquierda tenemos propuestas para combatir la inseguridad. Necesitamos cambios estructurales que ataquen de raíz el problema. La solución debe partir de aplicar profundas medidas de inclusión social, de una reforma estructural de la justicia para que los vecinos podamos votar a los jueces y de una fuerte depuración de la policía que expulse a los corruptos de la fuerza e incluya el control social”.

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