Nuestra propuesta es que el próximo encuentro sea en CABA, no sólo porque hace 26 años que el Encuentro no se realiza en la capital federal, sino porque además es el lugar que permite mayor masividad y es el corazón político del país para llevar allí nuestros reclamos de género. Pero también contra el ajuste y al saqueo del FMI y las corporaciones extractivistas.

Nada mejor que CABA, donde están las oficinas del FMI y las corporaciones, para llevar todas las luchas contra la deuda, el extractivismo y la contaminación.
Nada mejor que CABA para marchar ante la Corte Suprema por una reforma judicial integral, con perspectiva de género, por la elección de los jueces, juezas y fiscales por voto popular, y el fin de los privilegios.

Nada mejor que CABA para exigirles al Congreso y a la Casa Rosada presupuesto para combatir la violencia de género, aplicar la IVE, la ESI, la ley de identidad de género.

Nada mejor que CABA para desfilar ante la Catedral para exigir la separación de la Iglesia y el Estado.

Llevemos esta propuesta de próxima sede del Encuentro Pluri a todos los talleres. Que esta necesidad se haga grito y decidamos todes organizar un nuevo encuentro masivo, pluri, disidente, y al servicio de todas estas peleas en el corazón político del país. Vayamos a CABA en 2023, para seguir enfrentando este ajuste, levantando una salida por izquierda y un programa para no ser nosotras y nosotres les que paguemos la crisis. Sumate a dar esta pelea juntes.

Sábado 8 a las 17.30 h, a la charla debate con Cele Fierro en NAVE D “Coraza” (Av. Presidente Raúl R. Alfonsín, Ruta 3, km 1)
Domingo 9 a las 12 h participa del Laicazo en la Catedral (Rivadavia 740). Homenaje a Mahsa Amini. Iglesias y Estado, asuntos separados.
Y a la tarde, marcha con nosotras, nosotres.

Como era una deuda, el ministro de Salud Ginés González García restableció el protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que Macri había derogado. Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva, dijo tener ahora la herramienta para garantizar el acceso a ese derecho en todo el país, junto al plan nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Y planteó: «Por supuesto, que se pueda aprobar la ley [de aborto], pero hoy el objetivo es consolidar servicios que brinden acceso a la práctica de ILE conforme a los estándares nacionales, con la normativa que tenemos y con calidad médica».

Isla vuelve al cargo que ocupó de 2005 a 2007. En ese período se aprobó la Ley 26.150 de ESI, que se reglamentó dos años después. La aplicación efectiva de esa ley, según informó meses atrás el Ministerio de Educación, sigue pendiente. La mayoría de los colegios que la dan, lo hacen con un enfoque biologicista. Y sólo una minoría de escuelas aborda la prevención del abuso sexual y del embarazo no deseado y el aborto. Tucumán, por ejemplo, es el colmo del atraso: la escuela pública no sólo niega la ESI, sino que imparte religión.

Una primera medida elemental debe ser anular los subsidios del Estado a todo colegio religioso o privado que no dicte ESI como debe ser: con un criterio integral, científico, moderno y sin dogmas.

Por la legalización del aborto

En 2017, el programa nacional de ESI se incluyó en el plan nacional de Prevención del ENIA, creado ese año mediante la Resolución 322/17. Sería una acción intersectorial coordinada por la SENNAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) en la que participan los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. El programa se destina sobre todo en las provincias del noreste y noroeste. Pero las cifras de ENIA no bajaron. Al revés: en el norte, durante 2019, subieron con respecto a 2017.

En el país, cada año unas 3.000 menores de 10 a 14 años son niñas-madres. Las provincias con mayor índice de embarazo y parto infantil son Tucumán, Salta, Misiones y Santiago del Estero. Se estima que más del 80% de esos embarazos son producto de abusos sexuales, en su mayoría cometidos en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos: una aberración.

¿Más prevención del ENIA? Muy bien. ¿Más ESI? Fenómeno. ¿Protocolo de ILE? Mejor aún. Pero ninguno de esos dispositivos sustituye la mayor de las necesidades para mujeres menores y mayores de edad: la legalización del derecho al aborto.

No a un proyecto verde-celeste

La ministra nacional de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta dijo la semana pasada en un reportaje: «La despenalización no alcanza, porque el aborto es un problema de salud pública y despenalizar no garantiza el acceso a la salud»(1).

Es así. Como lo venimos sosteniendo desde siempre y lo sostiene la marea verde, despenalizar no evita las 200 muertes anuales por aborto séptico y por eso hay que legalizar el aborto para que se pueda realizar en forma gratuita y segura en el sistema público de salud. Pero la presión de los antiderechos existe. La Iglesia Católica y los evangelistas siguen su campaña contra la ley de aborto. Y AF viaja a Roma en febrero a reunirse con el Papa…

El problema es que un sector de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto está dispuesto a aceptar lo que haga el presidente. Es decir, aceptan cambios que desnaturalizan la esencia del proyecto de ley de aborto de la propia Campaña, que en junio de 2018 logramos que Diputados aprobara.

Y lo último que adelantó Alberto Fernández acerca del proyecto que él va a enviar al Congreso es francamente un desastre: «Tenemos que terminar con la lógica del Boca-River, del que dice que el pañuelo verde es progresista y el celeste es un retrógrado… En el próximo proyecto tenemos que garantizarle a todos, todo. Tenemos que garantizarle a la mujer que quiera abortar, la posibilidad de abortar, y tenemos que garantizar a la mujer que quiere tenerlo, que pueda tenerlo»(2).

Primero, presidente, claro que el pañuelo verde es progresista y el celeste es retrógrado: el verde acepta derechos, no impone, mientras que el celeste impone el embarazo y el parto forzados, a veces hasta en casos de violación. Segundo, no es una cuestión de todos sino de todas y todes porque estamos hablando de derechos de las mujeres y demás personas con capacidad de gestar. Pero tercero y principal: ¿cómo es esto de que sería un proyecto de ley verde-celeste? ¿O acaso acá el derecho a parir no está garantizado ya por la Constitución y las leyes? ¡Lo que todavía en el siglo XXI en la Argentina sigue siendo ilegal es el derecho a decidir, el derecho al aborto!

Defendamos el proyecto de la Campaña

El proyecto de ley de IVE de la Campaña es colectivo, recoge lo mejor de lo legislado en otros países, es el que reclama la marea verde y es la base de la ley que ya se aprobó en Diputados. Si AF de verdad quiere reconocer ese derecho, que lo presente sin recortes, sin límites, gratuito, libre y seguro.

Basta de posturas capituladoras. Vayamos por la legalización e impulsemos un gran pañuelazo federal el 19F. Desde Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST seguiremos movilizades y luchando hasta que sea ley.

Andrea Lanzette

1 La Nación, 15/1/20.
2 Radio Continental, 31/12/19.

En un contraste notorio, el 10 de diciembre la Plaza de Mayo estuvo llena de pañuelos verdes, como se ven a diario en las calles de todo el país, pero en su discurso inicial Alberto Fernández, cediendo a la presión clerical, silenció por completo el tema aborto.

Al asumir su cargo, por cadena nacional el nuevo presidente prometió: “En estos próximos cuatro años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres”. Lógicamente, al empezar su mandato tuvo que referirse a las demandas de la ola feminista y disidente que sigue firme.

Pero en todo su discurso AF no dijo ni una sola palabra sobre el principal derecho que venimos reclamando con la marea verde: el aborto legal, seguro y gratuito. Esta omisión tan evidente causó decepción en muches activistas de sus propias bases. Antes de ir a ese debate, veamos otros temas de nuestra agenda.

Ni Una Menos, nuevo ministerio y protocolo

AF también dijo: “Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la república. El Estado debe reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación”.

La situación en violencia de género es terrible. Los femicidios siguen a un promedio de uno cada 32 horas, con 259 casos en 2018. Además, por día se registran 263 denuncias de violencia física de género. En cuanto a violaciones, en 2018 se registraron 4.266 víctimas y en 2019 hubo un 9% más de denuncias que el año pasado. Son datos del Observatorio de la Mujer, a los que hay que sumar los casos no denunciados. Es decir, las políticas institucionales no están dando respuesta.

AF creó el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y nombró allí a Elizabeth Gómez Alcorta, quien reconoció que la nueva cartera es “una conquista de la calle”. Veremos si hay avances concretos o sólo es doble discurso. Porque no basta crear un área y nombrar a una ministra feminista: la clave es si se asignan o no los fondos necesarios para cumplir la ley anti-violencia: sin plata es letra muerta. Esto se verá al rehacer el Presupuesto nacional 2020.

En sus primeras declaraciones, junto a prometer una “gestión abierta”, Gómez Alcorta reiteró una ambigüedad: las “políticas transversales”. Es obvio que desde Salud, Educación y Desarrollo Social también hay que aplicar políticas de género, pero eso no diluye la necesidad urgente de un presupuesto suficiente para la tarea concreta y específica del nuevo Ministerio, que es implementar la ley 26.485 anti-violencia y todos sus dispositivos: casas-refugio, asistencia jurídica e integral gratuita, subsidios de reinserción habitacional y laboral, campañas masivas, etc. Si no, no habrá Ni Una Menos.

En Salud, cartera en la que asumió Ginés González García, que fue uno de quienes en el Congreso expuso a favor de la ley de aborto, no podía menos que reinstaurar el protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que Macri había derogado. Pero todes sabemos que ese protocolo no obliga a las provincias y por eso hay que legalizar el aborto.
En cuanto a alivianar el trabajo doméstico femenino no remunerado, tema que AF mencionó, lo que hace falta no es convenios con el sector privado sino un plan estatal nacional para abrir cientos de guarderías, jardines infantiles y geriátricos de calidad.

Y otra gran deuda es la aplicación efectiva de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Según informó días atrás el propio Ministerio de Educación, la mayoría de los colegios da un enfoque biologicista y sólo una minoría aborda la prevención del abuso sexual y del embarazo no deseado y el aborto1. Una primera medida elemental debería ser anular los subsidios del Estado a todo colegio religioso que no dé ESI como debe ser: con criterio integral, científico, moderno y sin dogmas.

La Campaña,en un cruce de caminos

El 7 y 8D, en CABA, con unas 150 compañeras de las regionales de casi todo el país, se realizó la plenaria nacional de la Campaña por el Derecho al Aborto para debatir el nuevo contexto político, la estrategia para lograr la ley de IVE y temas de organización.
Por más que en su texto de balance la Campaña se diga “ni oficialista ni opositora”, la mayoría de su conducción (comisión de articulación) y de la comisión que hace lobby en el Congreso (cabildeo) se referencia políticamente en el nuevo gobierno. Esto no sería un problema en sí mismo: el problema es que tienden a ceder a las presiones oficiales, que incluyen las de la Iglesia Católica y otros sectores antiderechos. El activismo más joven de la Campaña comparte nuestros alertas y resiste esa tendencia, pero la conducción impone un equivocado rumbo conciliador.

La Iglesia no sólo integra el “pacto social” del gobierno para frenar los reclamos sociales, sino que incide en los temas de género y está presionando abiertamente contra la ley de aborto. Ante el anuncio de AF de que presentará un proyecto de ley, lo que abrió expectativas, ¿qué debe hacer la Campaña? ¿Esperar los tiempos oficiales, como planteó la conducción, lo que implica dejar correr la presión celeste y que así el proyecto de AF sea un retroceso, o reclamarle que presente el proyecto de la Campaña, como propuso en la plenaria nuestra delegación?

Según la conducción, nuestra propuesta “no es posible”, es “abstracta” y “hay que esperar a ver qué dice su proyecto”. En nombre de “lo posible”, algunas hasta plantearon “apoyar cualquier proyecto que AF presente”, aunque incluya la objeción de conciencia y otros retrocesos.

Es un error grave. Primero, porque el proyecto de IVE de la Campaña es colectivo, recoge lo mejor de lo legislado en otros países, es el que la marea verde apoya y es la base de la ley que ya se aprobó en Diputados. Si AF realmente quiere reconocer ese derecho, que lo presente sin recortes. Además, dos hechos confirman que la presión celeste sigue. Uno es el silencio de radio de AF en su discurso. El otro es la reciente declaración de su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, íntimo amigo del Papa: “Vamos a tener la posibilidad de ir trabajando progresivamente el tema sin perder de vista lo que el presidente ha dispuesto de orientar el aborto como una cuestión de salud pública y después a buscar la despenalización pero queremos que sea con tiempo y con diálogo”2. ¿Tiempo y diálogo para qué? ¿Para despenalizar, que no evita las muertes? ¡Otra vez corren el arco para atrás!

La postura capituladora de la dirección de la Campaña, más sus maniobras burocráticas contra las comisiones y redes que hacen críticas (como la de prensa y la colectiva de disidencias), generan mucho malestar. Así como impulsaremos el pañuelazo federal del 19F, desde Juntas y a la Izquierda-MST seguiremos batallando para democratizar las decisiones y reafirmar la razón de ser de la Campaña: que sea ley nuestro proyecto.

¡Basta de muertes por aborto clandestino!

La semana pasada en La Plata, murió una joven mujer por aborto clandestino: V.V.G., madre de dos hijes, que estaba vinculada a nuestro Movimiento Teresa Vive del barrio Los Hornos. Junto a seguir acompañando a sus familiares, el jueves 12D con Cele Fierro participamos del pañuelazo que convocó la regional platense de la Campaña ante el municipio. El mismo día también estuvimos en la protesta ante la Casa de la Provincia, en CABA.

Según el dato oficial, cada año se realizan en el país al menos 354.627 abortos inseguros: 29.000 por mes, 985 por día, 41 por hora. Y cada año mueren unas 200 mujeres, en su mayoría jóvenes y pobres. No va más. El derecho al aborto debe ser ley. Para dar esa pelea, sumate a Juntas y al MST. Organizades podemos hacerlo posible.

Andrea Lanzette

1. Clarín, 5/12/19. Hay más educación sexual en el aula pero aun se prioriza el enfoque biológico.
2. Página 12, 15/12. Santiago Cafiero sobre la legalización del aborto: «Es una cuestión de salud pública»

El 8 de agosto de 2018, con más de un millón de mujeres movilizadas ante el Congreso, un puñado de senadores dinosaurios votó en contra de la ley de aborto y nos negó el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Algunas corrientes hablaron de derrota, otras afirmamos que la marea verde hizo historia y nada será como antes.

A su vez, con la fuerza de nuestra lucha venimos denunciando el incumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para los casos de aborto no punible (ANP), desde las instituciones de salud hasta los gobiernos provinciales. Hay varias provincias que no adhirieron al protocolo nacional de 2015 y algunas como Mendoza ni siquiera cuentan con una guía oficial.

La fallida actualización 2019 del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE dictada por la Secretaría de Salud tenía dos mejoras: 1) mientras que el ex ministro Ginés González García sólo publicó el anterior protocolo en la web ministerial, al ser publicado éste en el Boletín Oficial tenía más peso para presionar a las provincias; 2) sus cambios recogen los avances que las feministas pusimos en agenda durante estos dos años:

• Causal por la salud integral. Refuerza la definición de la OMS e incluye un apartado que explica su alcance. Desde la Ley de Salud Mental, define salud como «un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de todas las personas».
• Consentimiento en la niñez. Las pibas somos sujetos de derecho, y sumando los cambios al Código Civil expresa: «Entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando ésta no implique un riesgo grave para su salud o su vida», lo que acompaña con un formulario oficial.
• Plazos. En base al considerando 25 del fallo FAL de la Corte Suprema, expresa: «El plazo entre la solicitud de la práctica y su realización no debería ser mayor a 10 días corridos». El protocolo de 2015 no establecía plazos.
• Objeción de conciencia. En un apartado aclara la imposibilidad de alegarla en forma institucional, porque nunca puede ir en detrimento del derecho humano de acceso a la salud y además sólo se puede alegar sobre la interrupción y no sobre el acompañamiento a la salud integral.
• Misoprostol y mifepristona. El protocolo 2019 aclara que incorporar esa combinación medicamentosa aumenta la eficacia y disminuye los efectos secundarios. Es una presión positiva para que la ANMAT apruebe la mifepristona, cuya producción, igual que la del misoprostol, debería ser pública (estatal).

Pero en fin, por presiones anti-derechos Macri lo derogó, Rubinstein renunció y hemos presentado un amparo.

¿Qué será el proyecto?

La otra noticia importante fue que AF presentará su proyecto de ley de aborto. Aun cuando su decisión refleja la presión de la marea verde, surgen al menos tres preguntas. La primera es por qué ningunea al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, presentado por octava vez este año, que es fruto del debate colectivo y apoyan más de 700 organizaciones y activistas independientes. Si es para darle fuerza política porque viene del Poder Ejecutivo, podría ser. Pero entonces, AF debió haber hecho suyo el de la Campaña, que es integral y correcto.

Y ahí viene la segunda pregunta: ¿qué tiene de distinto el proyecto de AF? ¿No será que incluye alguna limitación sobre plazos, requisitos, objeción de conciencia u otras? No lo sabemos porque aún no se conoce, pero es preocupante porque AF todo el tiempo habló de «despenalizar y después legalizar». Sería inaceptable cualquier restricción, porque puede implicar riesgo de vida y de salud para las mujeres, niñas y demás personas con capacidad de gestar. La Campaña, que sacó un ambiguo comunicado de festejo, le solicitó una reunión a AF para hablar del tema: debería pedirle explicaciones públicas sobre el nuevo texto y aclararle que no vamos a retroceder ni una coma. Esa propuesta vamos a llevar a la próxima plenaria nacional de la Campaña, el 7 y 8D en CABA.

La tercera pregunta es si AF resistirá las presiones del Papa, la Iglesia y los evangélicos, ya que según trascendió hubo una caldeada reunión en su departamento en donde se decidió demorar el proyecto. Veremos si es así.

Ante las dudas que se abren, no caben excusas posibilistas sobre si habría votos suficientes para aprobar la ley de aborto en Diputados y no los habría en el Senado. Tanto el macrismo como el Frente de Todos metieron celestes en sus listas. Pero cuando hay orden política, los números cambian. Así hizo Alfonsín cuando se aprobó la ley de divorcio y así hicieron Néstor y Cristina cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Si hay decisión política y movilización, todo es posible. Por eso, así como no aceptamos la «objeción de conciencia» para negar la ILE, no aceptamos la «libertad de conciencia» en el Congreso: el aborto es un tema de salud pública, como reconoció el propio AF, y por eso hay que legalizarlo sí o sí.

El movimiento feminista enfrenta el desafío de seguir alerta, organizándonos en asambleas y espacios colectivos para sostener con firmeza la lucha por nuestros derechos. Ninguna agrupación o sector puede negar los años de construcción colectiva, que crecieron en participación, reivindicaciones y luchas desde el Ni Una Menos, con la marea verde juvenil que ganó consenso social y que se expresa en cada oportunidad. Nuestra única garantía de victoria sigue siendo la movilización en las calles.

Protocolo de ILE: Cele Fierro y Ripoll presentaron amparo

El 26N, Cele Fierro y Vilma Ripoll presentaron un amparo colectivo contra el Decreto 785/19 que derogó la Resolución 3158/19 de Salud con el protocolo de ILE. El amparo, que patrocinaron nuestras abogadas Mariana Chiacchio y Claudia Leaños Parada (CADHU), recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la jueza Rita Ailán. Cele declaró: «El decreto macrista es una nueva acción antiderechos, que perjudica a las mujeres, niñas y demás personas gestantes. Como parte de nuestra lucha por el aborto legal, pedimos que la justicia declare inconstitucional al decreto para que así vuelva a tener vigencia el protocolo, que mejora el de 2015. No queremos más injerencia oficial ni clerical reaccionaria sobre nuestros cuerpos, sino el elemental derecho democrático a decidir».

Jeanette Cisneros