Trabajadorxs esenciales para la comunidad, pero no para el gobierno: Lxs trabajadorxs de la salud vienen denunciando la falta de personal y elementos de bio-seguridad. Ayer, domingo 9 de agosto, la comunidad nuevamente manifestó el apoyo a sus reclamos con una importante caravana y bocinazo por la ciudad. Ya antes de la pandemia, el personal de salud era insuficiente. Una expresión clara es la enorme dificultad que existe desde hace mucho tiempo para conseguir turnos para la atención por profesionales que provienen de otras localidades del país. Situación que se agrava por dificultades en las residencias y porque parte del personal no tiene  contrato y son empleados como monotributistas. Es decir, a lxs trabajadorxs esenciales lxs tienen precarizadxs. Además crecen los contagios entre ellxs, lo que reduce aún más el personal y en muchos casos ni siquiera tienen cobertura social. Nada de esto ha cambiado en estos casi 4 meses, producto de la falta de inversión en la salud pública, como viene sucediendo en todo el país. Por esto, exigimos  la inmediata contratación en condiciones de estabilidad de todxs lxs profesionales necesarixs y que se dé respuesta urgente a los reclamos laborales y salariales de quienes arriesgan sus vidas y se colocan en la primera línea.

El sistema de salud en tensión: Así lo expresó el Ministerio de Salud de la Nación y refleja la realidad que se vive en la capital de la provincia. Hasta hace una semana mucha gente debía recurrir a laboratorios privados para realizarse los testeos ante  la falta de testeos por parte del Estado. En los últimos días, frente a la escalada de casos tuvieron que colocar un centro de hisopados en una carpa a la que sólo se puede asistir si se tienen al menos dos síntomas de la enfermedad. Lo más preocupante es la situación del hospital que se encuentra desbordado y que  ya no cuenta con el espacio para colocar a las personas que deben recurrir a la terapia intensiva. Es por esto que recurren a carpas e incluso a la adecuación de  algunas habitaciones dentro del hospital de manera improvisada. Volvemos a preguntarnos: ¿qué hizo el gobierno en todos estos meses? Es necesario de manera imperiosa declarar de utilidad pública los sanatorios y laboratorios privados. Además de invertir de manera inmediata en el hospital regional y colocarlo en las condiciones que necesita el pueblo.

Ante la crisis, que decidan las bases: Si bien se han gestado asambleas de profesionales auto-convocados, las decisiones siguen pasando por pocas personas. que no son precisamente quienes están día a día enfrentando la pandemia. Se la pasan de reunión en reunión, pero están alejadxs de la realidad que atraviesan lxs trabajadores. Es necesario apoyar y defender las instancias de debate de quienes ponen en juego sus vidas, sin que sean perseguidxs por el gobierno, desde lxs médicxs y enfermerxs hasta lxs choferes. Sólo con la unidad de lxs trabajdores podemos salir de esta compleja situación. Basta de decisiones unilaterales e inconsultas. Es necesario conformar ya un comité de crisis con la participación de lxs trabajadorxs de la salud.

El gobierno y la responsabilidad ciudadana: A tono con el discurso de Alberto Fernández, los gobiernos de la  provincia y del municipio también le echan la culpa a la gente, responsabilizándola porque se habría relajado. Como si fuera responsabilidad del pueblo hacer los testeos o invertir en salud.  Intentan desligarse de la culpa de todo el desastre imponiendo multas, como si recaudar dinero fuese a aplanar la curva de contagios. Rechazamos de plano este lavado de cara. Fue el gobierno quien tardó días en retroceder de fase. Fue el gobierno quien se preocupó más es mantener los  negocios capitalistas como el casino o la megaminería. Fue el gobierno quien no controló como debía el ingreso y salida de lxs ciudadanos de las localidades de la provincia. Es cierto que es necesaria la responsabilidad individual y social para evitar los contagios, pero no es cierto que toda la culpa la tenga un pequeño grupo de personas que no han respetado la cuarentena. El gran responsable es el gobierno y su inoperancia para responder a esta crisis.

La única manera de mejorar la situación es replanteando todo desde abajo. Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad insistimos en que es necesario un sistema único de salud, incorporar todo el personal necesario en condiciones de estabilidad y seguridad laboral, garantizar la libre organización de todxs lxs trabajadores y realizar testeos masivos.  Hay dinero para llevar a cabo todas estas medidas. En lugar de ampliar el presupuesto para las represas hidroeléctricas (pasó de U$ 4.118,3 millones a U$12.139 millones) y seguir garantizando las ganancias de las corporaciones hay que volcar esos fondos para salvar nuestras vidas.

Javier Martínez

]]> https://mst.org.ar/2020/07/27/unpa-un-cuatrimestre-con-pocas-soluciones/ Mon, 27 Jul 2020 19:53:26 +0000 https://mst.org.ar/?p=25179 Como en todo el país, la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) no ha sido la excepción a los problemas que ha atravesado el estudiantado con respecto al acceso a la educación. Estudiantes sin recursos básicos como computadora o internet, problemas de conectividad, becas sin pagarse, falta de docentes para algunas materias e incluso un débil sistema informático que tuvo varias complicaciones. Obviamente el sector docente y no docente tampoco han sido inmunes, la virtualización forzada y la falta de recursos marcaron unas clases muy difíciles de dar, y una adaptación virtual a la cual no todxs lograron incorporarse. Si bien aún no tenemos un número concreto de cuánta ha sido la deserción podemos asegurar que fue bastante, especialmente entre los estudiantes ingresantes.

Las respuestas de las autoridades nunca llegaron a suplir las demandas inmediatas del estudiantado, y esto tiene un motivo: desde el inicio de la pandemia a duras penas han sesionado los consejos de unidad y superior.  Desde el  rectorado apenas una sola vez llamaron a una reunión con todas las agrupaciones cuando estaba por cerrar el cuatrimestre. Las autoridades de las unidades académicas hicieron algo parecido, con reuniones informativas para anunciar qué medidas se habían tomado, y escuchar las preocupaciones del estudiantado que luego no solucionarían. Para el siguiente cuatrimestre nos encontraremos con el mismo escenario si no hacemos algo por cambiar las relaciones de fuerza.

La última sesión del Consejo Superior: burocracia y más burocracia

El 16 de Julio se realizó una escandalosa sesión extraordinaria del Consejo Superior. La misma tuvo varias trabas burocráticas para no tratar el tema que más preocupa y enoja al estudiantado en general: el rectorado determinó que sólo podrán rendir finales quienes estén a 7 materias de recibirse. El cierre del temario del CS antes de notificar cuál sería el criterio para poder rendir, las reuniones a última hora con algunas agrupaciones, la no apertura del chat durante la sesión y la “imposibilidad” de llevar el debate en el Consejo por cuestiones “reglamentarias” despertaron la bronca e indignación del estudiantado en general.  A pesar de las maniobras que emplearon las autoridades, como reunirse un día antes de la sesión con algunas agrupaciones para no presentar ni leer ninguna nota en la sesión, desde nuestra agrupación fuimos claros: Nada podía impedir hacernos escuchar en la sesión. EMEL (JS + independientes) de Caleta Olivia y la Juventud Socialista  de Río Gallegos leímos nuestra posición y propuesta frente a las arbitrariedades de las autoridades. Luego de 2 horas de debate el resultado de la votación fue lamentable: ganó la negativa de tratar el tema en dicha sesión. Esto causó más bronca, y en conjunto con otras agrupaciones decidimos realizar una asamblea para organizar al estudiantado de todas las unidades académicas y decidir medidas para llevar a cabo y conseguir que todxs podamos rendir.

Asamblea para debatir y democratizar la UNPA

Si bien lo que hoy despierta el enojo en muchxs estudiantes es la situación de los finales, no debemos olvidar que aún hay compañerxs que no pueden acceder a la educación. Son muchos los temas a tratar, y se avecina un segundo cuatrimestre donde nada parece ir a cambiar. Es por esto que nuestras 2 propuestas más importantes para defender el derecho a estudiar son las siguientes:

–Exigir la conformación de un comité de crisis: Un consejo superior que se niega a tratar cuestiones tan importantes y donde el claustro estudiantil es minoría  demuestra no ser el espacio democrático que necesitamos para una crisis como la actual, sumado a que en plena pandemia este organismo de gobierno no ha estado a la altura de las decisiones que hacían falta para garantizar el derecho a la educación. Esto se refleja en las acciones llevadas por la universidad que no han logrado solucionar los problemas del estudiantado. Necesitamos pelear para que el claustro de alumnos deje de ser una minoría sin poder de decisión real. En concreto necesitamos ampliar la pluralidad de voces y la participación en la toma de decisiones.

–Que la UNPA se posicione por la exigencia de un mayor presupuesto universitario, dejando de pagar la deuda ilegítima y subsidios a empresas privadas, y cobrando un impuesto a las grandes fortunas: La falta de respuesta de parte de la universidad, no sólo se traduce en las decisiones unilaterales de las autoridades sino también en la repetida respuesta que nos han dado en las pocas reuniones que logramos llevar a cabo: “no hay presupuesto para eso”. La limitación de las mesas de finales se debe fundamentalmente a la falta de recursos humanos y tecnológicos. Es decir, aun consiguiendo las condiciones irrestrictas para rendir finales, no podrán rendir compañerxs que no tienen acceso a computadoras o internet. Sin estas cuestiones centrales es imposible asegurar el acceso a la educación de todxs.

A la asamblea asistieron aproximadamente 82 personas, y participaron agrupaciones de todas las sedes por primera vez en una asamblea, lo que entendemos un avance en la organización estudiantil. Para la misma desarrollamos una invitación en conjunto con quienes realizamos la convocatoria donde expresábamos el repudio a la burocracia de las autoridades y la necesidad de un comité de crisis, además de  la lucha por conquistar un mayor presupuesto universitario. Las mociones más importantes que fueron aprobadas por la asamblea fueron las siguientes:

-Repudiar los manejos arbitrarios y burocráticos de las autoridades para con el estudiantado.

-Extensión de las regularidades de todas las materias por un año.

-Reuniones y asambleas periódicas previas a las sesiones de los consejos. La próxima se realizará el 4 de Agosto.

-Realizar una junta de firmas para exigir mesas irrestrictas.

Algunos debates con la UJS-PO

Esperábamos que las agrupaciones oficialistas se opongan a estas mociones pero lo que  nos tomó por sorpresa fue la negativa de lxs compañerxs de la UJS-PO. En primer lugar porque habíamos llegado con puntos de acuerdo que se expresaron en la convocatoria. En segundo lugar porque consideramos que en una asamblea de tamaña importancia tomar posición sobre el presupuesto universitario era crucial. Bajo el argumento de que desviaría la discusión del tema de los finales, que no podemos suplantar al órgano de co-gobierno y que debemos respetar lo hecho por la reforma del 18, en sus intervenciones plantearon su apoyo al co-gobierno que viene resolviendo medidas a contramano de nuestras necesidades. En plena votación de nuestra moción de exigir la creación de un comité de crisis, decidieron plantear una contramoción: Representatividad estudiantil en la comisión de salud. Analicemos: Luego de una sesión en la que el Consejo Superior nunca respondió efectivamente a nuestras necesidades y donde además el claustro estudiantil es una minoría, piden la incorporación estudiantil en un comité que no puede dar respuestas a la falta de dispositivos inteligentes o becas o que permita que participemos de forma resolutiva frente a los  criterios necesarios  para poder rendir, o sea nada que resuelva las urgencias del estudiantado. Cabe destacar que el claustro alumnxs ya tiene representatividad -muy floja- en ese comité. Es decir, contramocionaron no cambiar nada.

Con respecto al presupuesto universitario decidieron pasarlo a un cuarto intermedio para que sea tratado en una asamblea o reunión de comisión directiva a futuro. Su argumento fue que el tema debía tener más debate y que era poco clara la moción (todas las mociones que pasaban a cuarto intermedio eran por este motivo). En realidad lo que sucedió fue que algunas agrupaciones e independientes no lograban -o no querían- ver la relación entre la cuestión de los finales y el presupuesto universitario. Algo que ya habíamos explicado durante el debate. En definitiva, para lxs camaradas de la UJS-PO exigir un mayor presupuesto universitario no debe ser tratado en una asamblea con semejante convocatoria ni tiene relación con los exámenes finales y el segundo cuatrimestre. Debemos ser claros y firmes en esta cuestión: si no peleamos por un mayor presupuesto universitario en todos los ámbitos es imposible asegurar el acceso a la educación de todo el estudiantado.  Entendemos que no querer tratar esta cuestión en una asamblea que había convocado a tantos estudiantes  de todas las Unidades Académicas es un error grave. Llamamos a reflexionar al respecto.

¿Cómo seguirla?

La única manera de defender el acceso a la educación pública es organizándonos y luchando por nuestros reclamos. El segundo cuatrimestre tiene pinta de no cambiar en nada y no queremos seguir con reuniones meramente informativas. Queremos ser partícipes de las decisiones. Si no establecemos nexos con los demás claustros seguiremos en el lodo. Invitamos a todxs lxs que estén cansadxs de ver cómo pisotean al estudiantado a organizarse con nosotrxs. No venimos con propuestas imposibles de realizar como quieren hacer creer otras agrupaciones. No hablamos de cosas poco serias o de otro mundo. Hablamos de necesidades urgentes que podemos conseguir si nos organizamos y luchamos en unidad. Así se logró que el rectorado flexibilizara -aunque muy poco- los requisitos para poder rendir finales. Asi también frenamos en diferentes oportunidades, como lo hicieron Incluso nuestrxs compañerxs de Caleta, el aumento en el precio del menú universitario.  Si el estudiantado se organiza y pelea en unidad podemos conseguir nuestros objetivos.

Javier Martínez y Martín Saavedra

La especialidad de Alicia: lavarse las manos

Más de 100 días en cuarentena y muy pocos casos en Santa Cruz parecían demostrar que el gobierno tenía todo bajo control, a tal punto de estar en la fase 5 de distanciamiento social. Los casos positivos venían siendo de gente que llegaba de afuera de la provincia. Sin embargo, un “descuido” provocó que a trabajadores  llegados de otras provincias que portaban el virus no se les hicieran los testeos correspondientes hasta que presentaron síntomas. Esto provocó la ola de contagios actual y la incertidumbre que atravesamos. El gobierno tardó varios días en retroceder de fase y cuando lo hizo a través de un discurso grabado de la gobernadora descargó la responsabilidad en el pueblo de Río Gallegos por “haberse relajado”. No fue la “sociedad civil” la que se relajó en los controles, ni la que se negó a hacer testeos, ni la que habilitó el funcionamiento el casino. El relajamiento fue del gobierno y en ese marco es que puede haber habido alguna responsabilidad individual.

Las (no) medidas del gobierno

Ante la complicada situación que atravesamos el gobierno no ha preparado nuestro sistema de salud para contener la pandemia. Apenas se incorporaron 28 respiradores en toda la provincia, siguen faltando insumos y EPP para  lxs trabajadorxs de la salud, que tampoco han recibido en su totalidad el bono de $5 mil y empiezan a sufrir los contagios. Crecen las denuncias de trabajadorxs a lxs que no les realizan testeos ni permiten quedarse a resguardo en sus hogares y de vecinxs a quienes niegan la posibilidad de realizarse tests a pesar de haber tenido contacto estrecho con casos positivos. También hay denuncias de  quienes han mandado a hacer cuarentena en hoteles con falta de calefacción y no les llevan comida ni agua. Es tan dramática la situación para muchxs, que ante la falta de respuesta del Estado deciden realizarse los tests en un laboratorio bioquímico privado con un costo de $8.500. Según su personal, testean cerca de 60 personas por día, lo que equivale a $510.000 diarios.

Las medidas que hacen falta

Es necesario replantear  todo. Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad planteamos que es necesario volver a Fase 1 pero con medidas de contención social que garanticen salarios e ingresos que permitan vivir dignamente mientras dure la cuarentena y la reincorporación de los cientos de despedidos que se produjeron estos meses en YCRT, municipalidades y otros sectores. Hay dinero para hacerlo si se le aplican impuestos a las grandes corporaciones de la provincia que siguen amasando fortunas como las mineras. Además es necesario  declarar de utilidad pública toda la infraestructura sanitaria para implementar un sistema único de salud, la realización de testeos masivos y  garantizar las condiciones laborales y salariales de todo el  personal  de salud.

Javier Martínez

El primer brote surgió luego de 33 días sin casos a partir de cuatro  trabajadores de la empresa Movistar que llegaron desde Buenos Aires para instalar una antena,  a los cuales no se les realizó el control correspondiente. Unos días después se repitió lo mismo con un chofer proveniente de Ushuaia ya infectado. En ninguno de estos episodios hubo control al ingresar, sino sólo cuando presentaron síntomas.

La repuesta del gobierno fue desligarse de toda responsabilidad. El intendente Pablo Grasso declaró que  «Por la irresponsabilidad de unas personas se complicó todo» y el gobierno provincial se esfuerza por intentar demostrar que no hay circulación comunitaria. Así justifican la decisión de no retroceder de fase, cuando evidentemente es lo que hace falta. Como estábamos en la fase 5, alguna medida tuvieron que tomar para buscar contener el avance de la propagación: cerrar bares y pubs hasta el 30 julio, reducir personal administrativo, aumentar controles y hacer un llamado a la “conciencia social”. Pero el casino del amigo Cristóbal López no se cierra. Tampoco se realizan testeos masivos, sino sólo a quienes presentan síntomas

Hay que tener en cuenta además  el contexto en el que se da esta situación: Estamos atravesando un clima muy adverso con temperaturas muy bajas, lo que produce el congelamiento de cañerías y varias casas se quedan sin agua. Además, hay barrios que suelen quedarse sin gas por problemas con la distribuidora, o que siguen calentando sus hogares con carbón,  leña u otros medios, lo que ha producido muertes por incendios y por intoxicación con monóxido de carbono. ¿Cómo esperan los gobernantes que unx se quede en su casa con estos problemas? El Estado es responsable de estas muertes que con un buen servicio podrían haberse evitado. A esto debemos sumar la situación precaria de lxs trabajadorxs, donde 1 de cada 4 sobreviven con sueldos por debajo de la canasta básica, y no pueden darse el lujo de quedarse encerrados ante la pasividad del gobierno.

Mientras el gobierno se niega a asumir el cambio de situación la preocupación social aumenta porque todos sabemos que el sistema de salud provincial no está preparado para afrontar una eventual crisis sanitaria. En todos estos meses apenas se incorporaron 28 respiradores en toda la provincia. En Río Gallegos se sumaron sólo 6 teniendo en la actualidad 6 respiradores pediátricos, 19 adultos y 3 de transporte. Además lxs trabajadorxs de la salud denuncian la falta de provisión por parte de Estado de EPP e insumos y que el bono de $5 mil no ha llegado a todo el personal. Cuando más necesaria son la protección y el reconocimiento laboral y salarial de quienes se encuentran en la primera línea el gobierno, como de costumbre, les da la espalda.

Es necesario replantear  todo antes que la ola de contagios nos lleve a una situación límite que no podremos superar con facilidad. Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad planteamos declarar de utilidad pública toda la infraestructura sanitaria para implementar sistema único de salud, la realización de testeos masivos, garantizar las condiciones laborales y salariales de todo el  personal  de salud y retroceder de fase con todos los derechos y servicios asegurados por el Estado.

Javier Martínez

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