Escribe: Jeanette Cisneros, Juntas y a la Izquierda-MST

Allá por 2015, la bronca crecía por abajo al hacerse visibles decenas de femicidios. Vimos el rol de la policía cómplice y la justicia encubridora de los violentos, el gobierno ausente y los grandes medios revictimizando a las víctimas. Nuestras propias estadísticas mostraban que en aquel momento había un femicidio por día. Hubo muchas promesas y luego Alberto Fernández creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero el drama sigue hoy, con 130 víctimas en lo que va de este año(1).

Durante el aislamiento por la pandemia el abuso sexual fue el delito que más creció, alcanzando unas 60 denuncias por día(2).
En lo que va de este año, ya hubo 322 denuncias por abusos sexuales a las infancias(3).
Durante el año pasado, la línea telefónica 144 recibió 113 mil llamados, de ellos sólo se derivaron 25 mil y hay datos sobre cuántos casos tuvieron solución.

En la “post” pandemia y con el plan económico del FMI, la precariedad de nuestras vidas y, por lo tanto, la violencia van en aumento. La dependencia económica y el aislamiento profundizaron el abuso psicológico y físico, fortaleciendo el círculo de la violencia. Según Economía Feminista, al analizar la Encuesta Permanente de Hogares se confirma que aumentó la feminización de la pobreza, ya que las mujeres representamos el 70% de esa escalofriante estadística y encabezamos las cifras de desocupación y subempleo(4).
Además, es notoria la violencia ejercida desde la impunidad del poder político, como el senador tucumano José Alperovich o el funcionario cordobés Diego Concha e incluso en instituciones deportivas, como el futbolista Sebastián Villa.

Desde 2015, en el 8 de Marzo hemos realizado un paro nacional y tres paros internacionales, denunciando al Estado y exigiendo respuestas para evitar todas esas muertes. También hicimos marchas en los 3J y otras fechas. Y, como lo mostraron la reciente Marcha Federal y los acampes de los movimientos sociales en todo el país, la miseria tiene cara de mujer e infancias, pero la resistencia también.

Movilizadas desde hace años en las calles porque vivas y libres nos queremos, logramos conquistar muchas leyes: la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Identidad de Género, la ley para prevenir y erradicar la violencia de género, la Ley de Interrupción voluntaria del Embarazo, la ley de inclusión laboral trans, la ley de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género, la Ley Micaela de formación en perspectiva de género para todo el personal estatal… Un largo camino de lucha feminista nos permitió llegar hasta acá. ¿Pero se cumplen en forma efectiva todos esos derechos? ¿Quiénes, cómo y con qué presupuesto aplican esas leyes? ¿Cómo está el movimiento de mujeres para exigir respuestas y lograr soluciones?

El Ministerio unicornio

Un unicornio es una ilusión, hermoso pero irreal. Este gobierno del Frente de Todos se pintó de color violeta, quiso apropiarse de la marea verde, y prometiendo que el Estado se haría responsable, creó un ministerio nuevo. Lógicamente, abrió expectativas. Pero veamos cómo funciona:

Durante 2020, uno de los momentos más difíciles para las mujeres y disidencias, subejecutó (o sea aplicó menos fondos de los pocos que tenía) y reorientó partidas, mientras su única estrategia ante la violencia de género fue errónea: el barbijo rojo.
En 2021 ejecutó en total 17 mil millones de pesos, que significan apenas 67 pesos por mujer por mes, de lo cual en su gran mayoría son sueldos: una verdadera miseria(5).
De las denuncias recibidas a la línea 144 derivó sólo la cuarta parte, pero no hay certezas de cuántas resolvió.

El Programa Acompañar, que sería el mayor gasto, sólo alcanza para alquilar una pieza por seis meses. ¿Esa es toda la “autonomía” que le proponen a las mujeres víctimas de violencia machista?

Durante toda la pandemia no implementó ni una sola política pública específica para las travestis y personas trans, más afectadas por la crisis, sino que se limitó a administrar unos 5.000 planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social.
Y ahora pretende reducir la desigualdad de género en las tareas domésticas del cuidado con algunos días más de licencia laboral.

En estos días, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta realiza una suerte de maratón nacional en vistas a la campaña electoral 2023, pero de su boca no se escuchan propuestas que cambien materialmente nuestras vidas. Sólo se concentra en su “batalla cultural”, que vemos en Twitter, pero está lejos de escuchar y resolver las demandas concretas de las mujeres y las disidencias de los sectores populares.

Desde ya, repudiamos la propuesta reaccionaria de Milei de disolver dicho Ministerio. Nuestra propuesta es la opuesta: fortalecer su presupuesto y dotarlo de una gestión activa que deje atrás tanto relato al cohete y coordine acciones efectivas con las organizaciones feministas y sociales, que somos quienes conocemos de cerca los problemas reales.

La deuda es con nosotras y nosotres

Si somos protagonistas de las luchas por nuestros derechos, tenemos que ser protagonistas de las decisiones que se tomen, y el gobierno debe aportar los fondos necesarios para encarar y resolver una problemática que es urgente. Nuestras vidas valen más que su acuerdo con el FMI para legitimar una deuda fraudulenta e ilegítima.
Un plan serio e integral para enfrentar la violencia de género debería incluir la aplicación efectiva de la ESI como herramienta de prevención; la apertura de al menos una casa-refugio cada 30.000 habitantes (como recomienda la ONU) y programas de reinserción habitacional y laboral para cortar la dependencia económica aliada de la violencia machista; la compra de tobilleras electrónicas para el monitoreo de los violentos y las perimetrales, y la detención preventiva inmediata del violento en casos de riesgo grave y equipos interdisciplinarios permanentes para decidir rápidamente los pasos a seguir.
El tema justicia merece un párrafo aparte, porque conocemos su actitud patriarcal y de clase. Frente a la abstracta propuesta kirchnerista de una “reforma judicial feminista”, que no se sabe en qué consiste, la forma de incluir la voz popular y de las mujeres es elegir los jueces y fiscales por voto universal y los juicios por jurados con vecinos y vecinas sorteados del padrón electoral. Lo demás es chamuyo inútil.

Desde el primer 3J gritamos Ni una menos y luego Vivas y libres nos queremos. Nos enfrentamos a los violentos, a la policía, a la justicia y al gobierno versero. En contextos de crisis cómo este, somos nosotras quienes estamos en la primera línea de lucha: desocupadas, enfermeras, docentes y demás trabajadoras por salario y trabajo genuino. Ponemos nuestros cuerpos contra el saqueo extractivista y contaminante. Por justicia y reparación para las infancias víctimas de abusos sexuales. Por separar Iglesia y Estado, para que dejen de encubrir curas pedófilos y bancar los sueldos y los colegios religiosos de los antiderechos de siempre.

Con estas banderas, entre otras, nos preparamos con fuerza para viajar al 35º Encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, del 8 al 10 de octubre en San Luis. Sumate a nosotras y nosotres en todo el país para unir nuestros reclamos, en la perspectiva de tirar al patriarcado junto con el capital.

1. http://observatorioluciaperez.org/
2. https://www.lanacion.com.ar/seguridad/crecio-la-violencia-de-genero-y-cada-dia-60-mujeres-son-victimas-de-abusos-nid21092021/
3. https://www.lanacion.com.py/pais/2022/05/04/reportan-622-denuncias-por-abuso-en-ninos-y-adolescentes-en-solo-tres-meses/
4. https://ecofeminita.com/recuperacion-economica-como-estan-las-mujeres/
5. https://www.baenegocios.com/economia/Como-se-uso-el-presupuesto-del-Ministerio-de-las-Mujeres-en-2021-20220109-0001.html

Este domingo 30 de enero, la familia de Luana Ludueña, a nueve días de su suicidio, convoca a una movilización en Pilar. Exigen justicia y que la fiscalía cambie la carátula a homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado. Y citan como antecedente el caso de Sathya, por el cual su progenitor fue sentenciado a prisión perpetua.

De la ilusión de ser bombera a la pesadilla de la violencia sexual

Luana era una joven de 26 años. Integraba el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Pilar, era voluntaria en el centro vacunatorio instalado en el Orfeo y estudiaba Enfermería. Soñaba con pertenecer al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), creado en 2021, cuyo titular en ese entonces era Diego Concha, el Jefe de Defensa Civil y “héroe” favorito del periodismo adepto al gobierno cordobés. Concha le aseguró a Luana: “Quedate tranquila que estás adentro. Yo decido quién se suma”. Después le quiso regalar borcegos, ropa y guantes de la dependencia, buscando demostrar su poder, y quedaron en contacto.

Ante la denuncia, más violencia

Recién después de que Concha fue detenido por violencia de género hacia su ex esposa[1], Luana se animó a acercarse al Polo de la Mujer a pedir contención psicológica. La respuesta del gobierno ante las violencias ejercidas por Concha fue aceptar su renuncia, sin ninguna solidaridad con las víctimas.

En diciembre, Luana logró presentarse ante la justicia para llevar adelante la denuncia, que quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez, y decidió volver al voluntariado en el Orfeo. Pero el 10 de enero se encontró con Conti, otro integrante de la ETAC, que así como antes no le creyó a Luana el abuso ahora la retuvo a la fuerza en su auto y la intimidó por haber denunciado a su superior.

Luana denunció este hecho en Río Segundo y la investigación por amenazas está a cargo del fiscal Peralta Otonello, pero quedó aterrada después de ese apriete.

Fue femicidio: ¡perpetua para Concha!

Toda la vida Luana soñó con ser bombera. La posibilidad de entrar al ETAC era la concreción de su deseo. Ella sola había entrenado a su perro y logrado una homologación ministerial para utilizarlo en salvatajes. Pero denunciar al poder cuesta caro. Al señalar a Concha y por ende “enfrentarse” con sus amigos, familiares y gente de los cuerpos de bomberos de la provincia, su sueño se había vuelto una pesadilla.

El poder político y la justicia sostienen una historia de impunidad que también es femicidio. Los suicidios de víctimas de abuso, ante la inacción y abandono del Estado, existen desde hace mucho: ahora llevan nombres como Sathya y Luana. ¡Exigimos justicia por ellas, Ni una menos, el Estado es responsable!

Reclamamos presupuesto para la real aplicación de la ley anti-violencia, para que haya un acompañamiento integral e interdisciplinario a las víctimas, con profesionales con condiciones dignas de trabajo. Basta de precarizar a las compañeras del Polo de la Mujer. Y en cuanto a la justicia, exigimos los juicios por jurados populares y la elección de jueces y fiscales por votación popular y con mandato revocable.

Te invitamos a acompañar a la familia este domingo 30 por Luana y para ponerle fin a la impunidad.

[1] Por los cargos de agresión con arma, lesiones leves calificadas, amenazas calificadas por arma de fuego y coacción.

Escribe: Jeanette Cisneros

A veces más frontal, a veces menos, la cuarta ola feminista cuestiona a las instituciones, su rol social y quiénes ejercen el poder. Decimos «el Estado es responsable» porque sabemos que la justicia, la policía, el gobierno, la Iglesia, el sistema de educación y salud, ejercen y reproducen la desigualdad y la violencia de género.

La derecha liberal y conservadora saben que la propiedad privada capitalista va asociada al modelo familiar tradicional, monogámico, heterosexual y patriarcal. Por eso buena parte de su ofensiva política y religiosa antiderechos se basa en «defender» ese estereotipo caduco contra todo avance feminista. Lo vimos cuando se debatió el matrimonio igualitario, en la campaña anti-ESI «con mis hijos no te metas», en su cruzada medieval contra lo que llaman ideología de género y en los recientes intentos de frenar la ley de aborto por vía judicial.

Por su parte, y camuflando a sus propios dinosaurios, el peronismo gobernante tiene una política distinta frente a la ola feminista y disidente: trata de aplacarla, desviarla y hacer utilización política de ella. Mejor dicho, hace uso y abuso. Porque mientras a diario habla de género y se pinta de verde aborto, de violeta feminista y de arcoíris diverso, el gobierno incumple con sus promesas, desfinancia políticas públicas de género y hasta apela a la culpa individual para negar su propia responsabilidad. Del dicho al hecho…

En ese mucho trecho, perdemos

Para responder a la ola feminista y asimilarla al orden institucional, Alberto Fernández creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y lo puso en manos de Elizabeth Gómez Alcorta, referente de Mala Junta y con discurso «de género». No obstante, el ministerio tiende más a la gestualidad que a las soluciones concretas:
.Femicidios. La Ley 26.485 anti-violencia sigue sin cumplirse como se debe, ya que en la mayoría de las provincias no hay patrocinio jurídico gratuito ni casas-refugio suficientes. «Según el propio gobierno, durante 2020 recibió 108.403 denuncias, con casi 300 llamados por día, de los que 29.706 tuvieron alguna intervención del Estado. En resumen, sólo el 27% de las víctimas obtuvo una respuesta y tampoco se informa cuántas de esas situaciones fueron realmente resueltas»(1). El principal programa es el Plan Acompañar: un subsidio de apenas
$ 21.000 y por sólo seis meses, con el cual ninguna mujer víctima de violencia puede lograr una verdadera autonomía.

.Diversidad. En mayo se lanzó el Plan Nacional de Igualdad 2021-2023, con 15 acciones. Pero de esas quince, «3 ‘articulan’ o crean oficinas, 3 dan cursos, 5 no existen o no tienen decreto, una dibuja un mapa, otra escribe un proyecto, otra tunea ‘de género’ el presupuesto y otra es el cupo laboral trans que se aplica a cuentagotas, a dedo y para la tribuna»(2).

.Presupuesto. Esa trampa de tunear lo ya existente pero sin ningún cambio estructural ya se había visto en el Presupuesto nacional 2021. La cacareada perspectiva de género «se limita a ponerle esa linda etiqueta a 29 programas o políticas públicas ya existentes. Pero la crudeza de la brecha de género no se puede tapar con una pincelada violeta»(3).
El verso se ve también en la ejecución de esos fondos. Pasados ya seis meses, el Ministerio de Mujeres sólo ejecutó un 24,7%: la mitad de lo asignado. O sea, ponen poca plata y encima no la aplican. Según la propia Oficina de Presupuesto del Congreso, «los programas destinados a la salud sexual y reproductiva tuvieron un recorte, en este primer semestre, de poco más de $ 370 millones (-6,9%) de su crédito inicial, mientras que aquellos que apuntan a prevenir la violencia de género sufrieron una poda de casi $ 473 millones (-7,5%)»(4).

Avancemos juntas y a la izquierda

No hay casi ninguna lucha social en donde las mujeres no juguemos un papel destacado. Y lo hacemos codo a codo con nuestros compañeros varones. Desde las conductoras de colectivos que exigen el cupo femenino en el transporte, las trabajadoras de la salud pública y privada por sus salarios y condiciones de trabajo, las empleadas de Garbarino contra el cierre, las desocupadas, en todos lados y a pesar de todo.

Frente a esas luchas y demandas, la derecha las combate o las niega y el gobierno del Frente de Todos busca neutralizarlas y hacer uso político para su campaña. A diferencia de unos y otros, las feministas socialistas del MST en el FIT Unidad somos consecuentes en defender cada derecho y en proponer un programa de fondo para combatir y derrotar la opresión, la explotación y la violencia estructural de este capitalismo patriarcal.
En las calles siempre y ahora en las elecciones, te invitamos a ser parte de esta construcción colectiva para dar vuelta todo.

1- Violencia machista. 3J. Ministerio de cartón vs lucha y exigencias en www.mst.org.ar, 26/05/2021.
2- Más verso de género. «Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023» en Periodismo de Izquierda, 13/05/2021.
3- Otra vez doble discurso. ¿Presupuesto 2021 «con perspectiva de género»? en Periodismo de Izquierda, 30/09/2020.
4- Una bandera del Gobierno: fuerte subejecución y reducción en partidas destinadas a las políticas de género en La Nación, 05/07/2021

Escribe: Jeanette Cisneros

Allá por 2017, en el tercer 3J, reclamábamos: «Contra la violencia patriarcal y la violencia del Estado, basta de represión y criminalización; Trabajo digno para todas, basta de ajuste, exclusión y endeudamiento. Basta de femicidios y travesticidios. ¡Ni Una Menos!»
Sobre los responsables, decíamos: «a nuestra marea, el Estado le responde con represión. A nuestras demandas, con manipulaciones. Quieren convertir la lucha de las mujeres en adorno cosmético de una política excluyente antes que en efectivas estrategias de cuidado de la vida. El Estado participa del pacto de complicidad machista que incluye al femicida, pero también a los agentes judiciales machistas que no creen en la palabra de la víctima, los medios de comunicación que solo nos reconocen como víctimas para su show del horror, los políticos que nos usan de excusa para quitar derechos. No sólo las demandas del 3 de junio siguen sin cumplirse. Peor: el ritmo de los femicidios y travesticidios se aceleró, no tenemos un solo día que no esté marcado por el duelo. Y también empeoraron nuestras condiciones de vida: nos sustrajeron derechos y múltiples amenazas se ciernen sobre nosotras y sobre todes» (1).

Esas denuncias al gobierno de Macri mantienen vigencia hoy. Con la organización y la marea de lucha logramos que el Estado reconozca al femicidio como un crimen de odio, que el aborto sea legal y que se decretara el cupo laboral trans. Pero con el nuevo gobierno y su creación del Ministerio de Mujeres, la realidad no cambió. Es más: con la pandemia se agravó.

Situación de la violencia y los «planes»

En lo que va de este 2021, el informe actualizado del Observatorio Lucía Pérez registra 121 femicidios(2): ¡uno cada 22 horas!
En la situación de pandemia, las mujeres y disidencias constatamos que el confinamiento en los hogares con violentos profundiza los riesgos para las víctimas. Pero la ministra Gómez Alcorta salió a anunciar la campaña de los barbijos rojos para «facilitar» la denuncia fuera del hogar. De nuevo puso la responsabilidad en las víctimas.

Los datos son peores. Según el propio gobierno, durante 2020 recibió 108.403 denuncias, con casi 300 llamados por día, de los que 29.706 tuvieron alguna intervención del Estado(3). En resumen, sólo el 27% de las víctimas obtuvo una respuesta y tampoco se informa cuántas de esas situaciones fueron realmente resueltas.

El problema de la violencia patriarcal no se soluciona con relato. El ministerio habla con lenguaje feminista, lo hizo al presentar el Presupuesto 2021 «con perspectiva de género»(4) y lo reiteró con el «plan nacional de igualdad en la diversidad»(5). Crea mesas de diálogo, burocracias y planes, pero poco y nada se concreta.

Quienes corren riesgo, necesitan salir de manera urgente. Pero la ministra desechó abrir más casas-refugio y dispuso el programa Acompañar para «lograr autonomía». Con un subsidio de $ 21.000 y por sólo seis meses, con dificultades para ser asignado y al que no pueden acceder trabajadoras, beneficiarias de planes sociales, pensionadas y jubiladas, ¿a quién «acompaña» así el gobierno y de qué «autonomía» nos habla?

Mujeres trabajadoras y tareas del cuidado

Las tareas «femeninas» del cuidado, gratuitas, sigue siendo el rubro que más aporta a la economía: el 15,9% del Producto Bruto Interno. En promedio, implica 3,5 horas de trabajo diario a la mujer frente a media hora del varón. Y reproduce la desigualdad a la que nos enfrentamos las mujeres en el mundo laboral.

Al hacernos «especialistas» de estas tareas en el hogar, la mayoría de las ofertas laborales para nuestro género son en tareas consideradas como extensión social del cuidado: enfermeras, docentes, trabajadoras de casas particulares, empleadas de limpieza, asistentes en geriátricos, etc. Además, para las mujeres y disidencias el Estado y los capitalistas sostienen mayores niveles de desempleo, informalidad, precarización, pluriempleo y media salarial inferior a la del varón. A eso se suman las violencias de maltrato y acoso laboral machista. Toda esa estructura laboral capitalista requiere una revolución de clase y también de género.

Para paliar esas condiciones de doble explotación y opresión, exigimos medidas urgentes. A los miles y miles de trabajadoras de casas particulares que por la cuarentena se quedaron sin ingresos se les debería asignar ya mismo un IFE de $ 40.000. A las enfermeras, las más expuestas frente al virus, otorgarles el debido reconocimiento profesional y aumento salarial. Lo mismo a las docentes, que a diario atajan la pobreza y la crisis social de las infancias, se ven obligadas a costear las condiciones para la virtualidad, y en CABA y otras provincias son forzadas a trabajar en una presencialidad de hecho criminal.

Como medidas más a mediano plazo, para alivianar las tareas de cuidado en el hogar es necesario que el Estado cree más jardines de primera infancia, comedores comunitarios, lavaderos públicos y establecimientos geriátricos, todo ello de calidad y en todo el país, lo que además permitiría dar empleo. Es dudoso que el proyecto de ley de cuidados que prepara el gobierno incluya estas propuestas.

En los preparativos del 8M y del 3J se plasmó la división del movimiento feminista. Las agrupaciones afines al gobierno realzan los bonitos discursos, disimulan el ajuste presupuestario y se niegan a movilizar aun con distanciamiento social. Las Mala Junta/Vamos (a cargo del Ministerio de Mujeres), Patria Grande, La Cámpora, Nuevo Encuentro, la CTEP y las CTA están en falta con el movimiento de mujeres. Frenar la movilización les deja más espacio a las instituciones y prácticas patriarcales.

¿Y la Campaña por el Derecho al Aborto?

El sábado 29 de mayo se realiza un encuentro nacional virtual de la Campaña, el primero desde que conquistamos la ley hace ya cinco meses.

Por desgracia, la estrategia del feminismo reformista también se reproduce en este ámbito de unidad. Buscan despolitizar este espacio de activismo y convertirnos en asesores de «mapeos», casi lo único a lo que se dedicó en materia de género el gobierno desde que asumió: hacer listados y relevamientos.

Desde el gobierno y su alianza con celestes como Manzur dilatan la reglamentación de la ley, sabiendo que los sectores antiderechos utilizan todo resquicio para intentar impedir el acceso a la IVE, la ILE y los MAC(6), derechos que hemos ganado. La Articulación que dirige la Campaña propone que, en tres minutos, cada regional presente su «mapa» para hacer derivaciones rápidas y eficaces. O sea, se limitan a un rol de asistencia y a aceptar lo establecido en vez de exigir que la ley se cumpla sin obstáculos, como los que surgieron en varias provincias y municipios. Y hablan de «refundar» la Campaña de modo presencial cuando termine la restricción.

La Campaña nació y creció como herramienta de lucha, no como auxiliar del gobierno de turno. Para de verdad lograr Ni Una Menos y todos nuestros derechos tenemos que seguir organizadas y movilizadas. Te invitamos entonces a sumarte a nuestro partido para continuar en ese camino.

1 https://mst.org.ar/2017/06/04/3j-importante-marcha-seguimos-ni/
2 http://observatorioluciaperez.org/
3 https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/informacion-estadistica
4 https://periodismodeizquierda.com/otra-vez-doble-discurso-presupuesto-2021-con-perspectiva-de-genero/
5 https://periodismodeizquierda.com/mas-verso-de-genero-plan-nacional-de-igualdad-en-la-diversidad-2021-2023/
6 Interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo (antes, abortos no punibles) y métodos anticonceptivos.

Escribe: Jeanette Cisneros

A lo largo de la historia, las tareas de cuidado fueron variando con el tipo de familia y organización social. Lo que no cambió es que esas tareas, en su gran mayoría, siempre las hacemos las mujeres. Somos las responsables del cuidado en muchos sentidos: criar a las nuevas generaciones, mantener bien alimentado a todo el núcleo familiar, preservar su salud, limpiar la casa, lavar
la ropa y un largo etcétera.

El último informe oficial al respecto es de septiembre de 2020: «el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (TDCNR) representa un 15,9% del PIB y es el sector de mayor aporte en toda la
economía, seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13%). En total, se calcula que se trata de un aporte de $ 4.001.047 millones de pesos, valor que resulta de monetizar la gran cantidad de
tareas domésticas que se realizan en todos los hogares, todos los días»1. De todas esas labores, el 75% lo hacemos mujeres.
Esta realidad impacta a nivel laboral.

Que el principal aporte a la economía sea gratuito y casi sin cobertura social perjudica el reconocimiento salarial, profesional y social de las trabajadoras que hacemos esas mismas tareas pero en relación de dependencia, ya que son vistas como una extensión de las tareas de cuidado. Y lo mismo en cuanto al trabajo en casas particulares (antes servicio doméstico), el más precarizado: sobre 1,4 millón en total, el 98,3% son mujeres y casi la mitad son jefas de hogar(2).

En lo salarial se repite la desigualdad: nuestros ingresos promedio son un 27% menores al considerarse complementarios al del principal sostén del hogar (PSH), que se supone varón. En realidad,
«del total de hogares argentinos, el 36% tiene una mujer como PSH, pero existen fuertes heterogeneidades: en el 10% más rico de la población, solo 1 de cada 4 hogares tiene una mujer como PSH; en cambio, en el 10% de ingresos más bajos, ellas encabezan el 55% de los hogares»3. A más pobreza, más carga sobre la mujer.

De brujas quemadas a enfermeras desvalorizadas

A medida que se sucedieron los distintos sistemas económico-sociales, las tareas de cuidado fueron teniendo su lugar en el ámbito público.
Por ejemplo, en el mundo medieval, el surgimiento de la medicina moderna se da en medio de la persecución, cacería y quema de «curanderas». La atención de salud eran consultas a matronas y curanderas del pueblo, con saberes sobre herboristería y otros, que pasaban a sus hijas y nietas. La Iglesia empezó a atender la salud de los reyes y nobles, para luego ampliarla a la burguesía a partir de mercantilizar la medicina.

Al comienzo lo hacían monjes, que en los monasterios accedían a algo de educación, ya que sabían poco de medicina porque por décadas habían destruido libros de otras culturas y se prohibía estudiar el cuerpo humano. La atención al inicio era más un acto de fe que de ciencia, con rezos, confesión a «pecadores» por entender la enfermedad como castigo divino, y realizar sangrías, entre otras prácticas que solían agravar las dolencias. Los partos siguieron más tiempo a cargo de matronas y parteras, hasta que al surgir los hospitales se inicia la hospitalización obligatoria del parto.
Ya en el capitalismo, la enfermería surge como brazo de cuidado de los ejércitos. Las guerras y Estados beneficiados por la gratuidad de las tareas de cuidado asignan a las mujeres el dedicar su vida a atender a los enfermos, heridos y necesitados. Tal fue el caso de Florence Nightingale: habiendo recibido «un llamado de Dios para hacer el bien», con el lema del cuidado y la entrega, intervino en la Guerra de Crimea y a partir de su experiencia creó la primera escuela laica de enfermería, en Londres, en 1860.

Los vestigios de la antigua persecución y genocidio de mujeres que se dedicaban a tareas de cuidado en la salud, su desprestigio y la mercantilización de la medicina son las bases del modelo médico-hegemónico mercantilista, patologizante, farmacologizante, que fragmenta los cuerpos en especialidades y desvaloriza la enfermería. Hoy ese modelo está en clara decadencia frente al proceso saludenfermedad- atención centrado en el/la paciente, su familia y la comunidad, con una visión holística, integral, y por ende con un equipo interdisciplinario de salud.
La enfermería es una profesión muy feminizada y por eso aún hoy sigue luchando contra el escaso reconocimiento profesional, salarial y laboral.

De la docencia y otras «vocaciones» La docencia como tal surge aquí hacia fines del siglo XIX. Según el emblema de la educación argentina, Sarmiento, las maestras debían cobrar la mitad porque eran mujeres ociosas que iban a ser felices de salir de sus hogares(4) y el «contrato de señoritas» les prohibía fumar, casarse y acercarse a cualquier hombre que no fuera un familiar…
El desarrollo local de esta profesión culminó con las escuelas normales y la formación orientada a la sociedad capitalista y patriarcal, para también cuidar y contener a les niñes durante el proceso de enseñanza. Formar parte del desarrollo histórico de les estudiantes y a la vez ser tutoras/es durante buena parte de la jornada laboral de sus padres y madres es también un rol feminizado.
Así lo expresa la proporción decreciente entre docentes mujeres y varones a medida que la educación adquiere un rol más formador que cuidador.

Enfermería, docencia, casas particulares, en este tipo de tareas de cuidado trabajamos las mujeres fuera del hogar, con la precarización y desvalorización de las mismas como moneda corriente. Y si nos reclamamos nuestros derechos, aparecen los reproches por «falta de vocación», «abandonar a los pacientes» o «tomar a los alumnos de rehenes». Rechazar esas categorías, y comprender que son tareas sociales que merecen salarios y condiciones laborales dignas o de las cuales debería hacerse cargo el Estado(5), nos va a permitir afrontar mejores las presiones que enfrentamos.
En la división sexual del trabajo que impone este sistema, la inclusión de las mujeres y disidencias se produce adaptando e invisibilizando el valor de las tareas de cuidado, crianza, limpieza, lo que nos encierra en las llamadas paredes de cristal, que no se ven pero dificultan el cambio de labor. En los empleos también se reproduce el techo de cristal, que establece qué cargos podemos ocupar o no. Un ejemplo es el de las enfermeras porteñas, ya que el gobierno con su modelo médico-hegemónico aún vigente las considera empleadas administrativas y no parte de la carrera profesional de salud. A su vez, la desigualdad de género también se expresa en que gremios de mayoría femenina tienen al frente a dirigentes varones.

Ni explotación de clase ni opresión de género

Las mujeres de la clase trabajadora sufrimos en nuestros cuerpos el peso del patriarcado capitalista, que asimismo incluye las lacras del acoso laboral y sexual, en general por parte de los jefes o
capataces. Para enfrentar todo esto no alcanza con un Ministerio de Mujeres que hace muchos discursos, pero se limita a regular algún magro subsidio social.
Las enfermeras que exigen su reconocimiento salarial y profesional junto al equipo de salud, las docentes que salen a la lucha, las conductoras de colectivos que cortan los accesos junto a sus compañeros choferes, las desocupadas que se movilizan por trabajo digno y comida para los comedores, todas las trabajadoras, en sus empleos o en su hogar, con unidad y movilización, somos las que podemos transformar este presente y abrir el futuro.
A todas ellas las invitamos a sumarse a nuestras agrupaciones sindicales y a nuestro partido para combatir a este sistema capitalista y patriarcal, padre de la explotación, la opresión y todas las violencias.

Escribe: Jeanette Cisneros

La Ley 27.610 es una conquista de alcance histórico. Décadas de lucha, dos años de movilización permanente, debates que cruzaron toda la sociedad y un eco que traspasa fronteras. Masiva y combativa, nuestra batalla es parte de la cuarta ola feminista internacional, que sigue viva más allá de la pandemia.

El gobierno intentó apropiarse políticamente de nuestro triunfo, buscando canalizar hacia el presidente, su gabinete y sus diputades y senadores la simpatía por la aprobación. Además, lo utilizó para tapar que cuando se votaba nuestra ley en Diputados, hacía aprobar el recorte jubilatorio en el Senado y viceversa.

Ganamos y ellos perdieron, empezando por el Papa Bergoglio, su Iglesia Católica y sus socios evangélicos. Ni sus escraches “pro-vida”, ni sus ofensivos carteles ni su lobby parlamentario lograron frenarnos. Tampoco pudieron los legisladores celestes, incluido Mayans, el jefe del bloque oficialista en el Senado. Los derrotamos.

Pero Alberto les cedió a los antiderechos e impuso sucesivos recortes a la ley. A diferencia del proyecto de la Campaña, primero mantuvo la penalización después de la semana 14 e incluyó la objeción de conciencia. Luego la elevó a objeción institucional como concesión a las clínicas privadas y obras sociales. Y por último, al promulgar la ley, vetó el carácter de integral en la definición de salud, lo que obstaculiza los abortos no punibles.

Más allá de esas limitaciones, nuestro avance y la derrota celeste nos fortalecen para las peleas que siguen.

Marea verde y pulseada en otras costas

Un primer ejemplo del alcance de nuestro logro es Corea del Sur. En 2019, luego de la primera media sanción aquí, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que desde 1953 prohibía el aborto. Y en octubre pasado se aprobó una ley para garantizar la IVE hasta la semana 14, derecho que rige a partir del 1º de enero.

Otro país mucho más cercano donde la pelea sigue es Chile. Nuestras compañeras del Movimiento Anticapitalista señalan: “Luego de que las pibas ganaran en las calles la legalización del aborto, hoy se discute en la Cámara de Diputados un proyecto de ley ingresado en 2018 que despenalizaría el aborto en cualquier causal hasta las 14 semanas de gestación. Este proyecto no garantiza el acceso a un aborto seguro y gratuito en la salud pública, sino que es sólo una modificación al Código Penal que elimina el castigo para las mujeres, que seguirán abortando en la clandestinidad sin garantías ni derechos… No basta con despenalizar: debe ser el Estado el que garantice el acceso a anticonceptivos; la educación sexual en el respeto, el consentimiento y el placer, los derechos; el fin de la violencia obstétrica y una salud de calidad que resguarde a quienes sí quieren ser madres. En resumen, todos los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. Seguimos en la lucha por un aborto libre, seguro y gratuito”.

Estas son sólo dos muestras de una pulseada permanente, porque si bien la ola feminista persiste -aunque atenuada por la pandemia- en todos lados los políticos y religiosos antiderechos se organizan para que no se avance o incluso se retroceda allí donde el aborto ya es legal. Por ejemplo, en Honduras el Congreso unicameral acaba de “blindar” el artículo 67 de su Constitución, que prohíbe el aborto en toda circunstancia.

Aplicar la ley: otra batalla

De la ley a la realidad siempre hay distancia. Pasa con la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y con el protocolo nacional de aplicación de la ILE, entre tantas otras normas que reconocen derechos. En base a esta experiencia, alertamos que la objeción de conciencia institucional le abriría la puerta a nuevas negativas.

Y no tardó en pasar. El primer caso surgió en San Juan: el Hospital Rawson garantiza la IVE, pero el otro hospital público de la capital, el Marcial Quiroga, no: según su directora, hay objeción de conciencia institucional. Esa objeción es ilegal, porque el artículo 11 de la ley sólo la autoriza a clínicas privadas y obras sociales. Enseguida, tanto en San Juan como en la Casa de esa provincia en CABA hicimos escraches para exigir que se cumpla la ley. El lunes 18 la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir hizo una primera reunión con agrupaciones feministas, de la que participamos, se acordó hacer un petitorio amplio para exigir una reunión al ministro de Salud. En medio, tuvo que renunciar la directora celeste del Quiroga. Pero asumió otro objetor. Por eso seguimos reclamando que se tome personal que garantice el derecho al aborto, tal como lo establece la ley. A su vez, los antiderechos de Abogados por la Vida y Ola Celeste siguen presionando en contra. Es decir, la pelea sigue abierta.

Según las informaciones, además de San Juan habría problemas de implementación de la ley en provincias como Corrientes, Formosa, Chaco, Tucumán y Santa Cruz. Otras, como Santa Fe, Catamarca y Córdoba, esperarían la guía nacional de aplicación.
En concreto, debemos estar alertas a que todo hospital o establecimiento de salud pública cuente con personal que realice el aborto. Y que toda obra social y clínica privada en donde haya objeción institucional garantice la derivación sin ninguna dilación y cubra el costo total de la práctica.

Por otra parte, el Estado debe garantizar en tiempo y forma la provisión suficiente de misoprostol y mifepristona. Por eso es clave avanzar en su producción pública en Santa Fe y los demás laboratorios estatales, lo que además abarataría mucho los costos.

Organizate con Juntas y el MST

Al promulgar la ley, Alberto se decía “feliz de estar poniéndole fin al patriarcado”. Por empezar, que lo diga él es ya toda una jactancia machirula. Pero vamos a lo principal: el patriarcado y el capitalismo son parte de un mismo sistema que somete a mujeres y disidencias a la opresión y a toda la clase trabajadora a la explotación, todo en beneficio de una minoría privilegiada.

Cada institución de este Estado capitalista y patriarcal sostiene ese orden injusto, a menudo con violencia, y cuanta más crisis hay, más nos retacean el acceso a derechos conquistados. La familia, el gobierno, la policía, la justicia, la escuela, las iglesias, el sistema de salud y los grandes medios producen y reproducen ese statu quo. Por eso las decisiones las toman los dinosaurios del Senado que limitaron nuestra ley. Por eso el Estado financia a la Iglesia Católica para que los dogmas del Vaticano pesen más que la ESI y promuevan la “paz social”. Por eso el presidente borra con el codo años de historia de lucha para presentar su proyecto, negociar con los celestes y querer adjudicarse nuestros triunfos.

Te invitamos a acercarte a las asambleas abiertas que estamos organizando como espacios democráticos para construir un feminismo revolucionario. Queremos debatir y resolver juntas y juntes qué batallas vamos a dar, por qué y cómo. Queremos empezar a preparar las marchas y el Paro Internacional de Mujeres del 8 de Marzo. Organizarse es la única manera de vencer a los antiderechos, dar vuelta todo y abrir paso al socialismo.

En 2018, cuando la Iglesia atacaba con su ofensiva «pro-vida», recibía respuestas de la Campaña por el Derecho al Aborto e incluso escraches cuando perseguían a alumnes con pañuelo en los colegios religiosos. Hoy la avanzada antiderechos no encuentra similar respuesta y además prevén acciones para todo el fin de semana.

La Conferencia Episcopal Argentina acusó al gobierno de padecer una «febril obsesión por instaurar el aborto». Intentan mostrarse como voceros de los problemas sociales sin resolver, pero son hipócritas que nada dijeron del mísero IFE, ni de las ATP a las empresas ni de la ola de despidos.
Hubo también una repudiable serie de carteles verdes para tergiversar nuestro reclamo: #Aborto legal para que nadie se entere y te siga violando, decían. Y el colmo fue el padre Pepe, que reporteado por Feinman dijo pavadas: «Si hay aborto, no hay Navidad en Argentina, no festejemos nada. La verdad es que el niño Jesús no hubiese nacido».

En este tramo final, los celestes plantean movilizarse el 26 a Luján, el 27 por el día de la Sagrada Familia y el 28 misa y ayuno por el día de los Santos Inocentes…

Senado tramposo

La media sanción en Diputados fue un triunfo de la marea verde. Pero es preciso analizar las posturas del gobierno y la Campaña en los momentos de definiciones. Cuando Alberto presentó su proyecto, más limitado que la media sanción de 2018, alertamos sobre esa maniobra: si se aceptaba sin chistar y no se defendía a rajatabla el proyecto de la Campaña, iban a avanzar los antiderechos.

Así pasó. Por desgracia las comisiones de articulación y cabildeo de la Campaña le cedieron al gobierno con la excusa de «la ley posible». No cuestionaron a fondo la objeción de conciencia individual ni la penalización. Por eso Diputados incluyó en la ley otra limitación más: la objeción institucional, por la que clínicas privadas y obras sociales pueden negar el aborto.

Ahora los números en el Senado son inciertos. Y la Campaña se limita a preparar algún afiche, pero sigue confiando en las gestiones institucionales por arriba. Por eso está pasando lo que alertamos el viernes 18, apenas dictaminó el Senado: el gobierno, «a riesgo de nuevas concesiones, negocia con los celestes que incluyó en sus propias listas».

De los 41 senadores del interbloque oficialista, 15 están en contra de la ley, empezando por el jefe de bloque José Mayans. El entrerriano Edgardo Kueider (FdT) y el rionegrino Alberto Weretilneck firmaron el dictamen en disidencia parcial: proponen modificar la media sanción limitando los abortos hasta la semana 22 y quitar de las causales la salud integral, dejando sólo violación o riesgo de vida. Su planteo podría sumar dos senadoras indecisas, mientras Cambiemos presiona para volver la ley a Diputados y así dejar al gobierno en falsa escuadra por no garantizar los votos.

El 29, a las calles para que sea ley

Esta situación pone en riesgo la ley. Los dinosaurios de las listas del Frente de Todos y del macrismo están decididos a negarnos el derecho a decidir. El gobierno tiene mayoría propia en el Senado, pero no tiene la voluntad política. Y el macrismo apunta a no darle aire al gobierno, a la vez que dejarnos sin ley.

Si los celestes se envalentonan para seguir a la ofensiva, es porque la Campaña fue dejando de lado los espacios y métodos de lucha construidos en años. Ni asambleas virtuales, ni respuestas públicas a los antiderechos ni la calle como principal herramienta de lucha. Así, se generaliza la desinformación, se intenta marginar a quienes desde la izquierda planteamos diferencias y ni siquiera se convocan las radios abiertas, como lo hicimos por decenas en 2018. Es decir, se debilita la pelea.

Desde Juntas y a la Izquierda y el MST, en cambio, nos organizamos para el 29 copar de verde Congreso y todas las plazas del país. Hay que movilizar con todo para frenar las maniobras del Senado y luego seguir de cerca la reglamentación. En ese camino, te invitamos a fortalecer nuestro feminismo socialista revolucionario, consecuente, que no baja ninguna bandera, para defender el aborto legal sin trampas y hasta que tiremos al patriarcado junto con el capital.

Escribe: Jeanette Cisneros

En inglés se habla de mansplaining cuando los hombres nos explican a las mujeres qué debemos opinar. Eso es lo que de alguna manera hace Alberto Fernández con su proyecto de aborto.

Algunas compañeras se entusiasmaron al ver, en una rápida mirada, que el proyecto presidencial parecía similar al texto de la ley que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en 2018. Pero las buenas relaciones gobierno-Vaticano y las reuniones de Massa con los celestes alertaban sobre la influencia de los antiderechos en el texto oficial.

Pero nuestra lucha arranca de un piso más alto. Por eso no nos conforma un proyecto que intentan mostrarnos como “el único posible”. Cuando la marea verde tomó fuerza, decenas de miles de jóvenes en todo el país asumimos la pelea por la ESI, la ILE y el aborto legal. Ocupamos las calles, hicimos vigilias multitudinarias, dimos batalla contra los fundamentalismos de los dinosaurios político-religiosos y ganamos consenso social. Ahora podemos lograr nuestro proyecto, no por la rosca parlamentaria sino por la fuerza de la movilización.

Entonces, es urgente leer bien cada artículo y comparar ambos proyectos para prever qué trampas y limitaciones trae el texto de Fernández, tanto en su debate en el Congreso como en su posterior aplicación (ver cuadro).

Rechazar la objeción de conciencia

No lo decimos “las troskas”, sino la Organización Mundial de la Salud: para evitar las muertes o secuelas permanentes por el aborto clandestino hay que garantizar el acceso a la salud integral. Y eso incluye la necesaria legalización. La principal trampa del proyecto de Alberto es que incorpora en el artículo 10 la famosa objeción de conciencia del o la profesional de la salud que debe realizar la práctica del aborto.

Dos debates surgen de ese artículo. Por un lado, quienes defendemos la perspectiva de derechos entendemos lo obvio: todo profesional de la salud, como toda persona, debe cumplir con las leyes que reconocen derechos. Más aún quienes trabajan en el Estado, cuyos sueldos salen de nuestros impuestos. Si por su conciencia o su religión esa o ese profesional objeta algún derecho, que se dedique a otra cosa. Por eso el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto rechaza la objeción de conciencia.

¿Pero cómo -dicen les defensores del gobierno-, acaso la ley con media sanción que logramos no reconocía la objeción? Ahí está el segundo debate. Sí la reconocía, porque la incluyeron en las comisiones parlamentarias, pero en el mismo artículo, a renglón seguido, la limitaba al establecer que “queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”.

Como el proyecto oficial no dispone ninguna obligación explícita a los hospitales o clínicas de contar con al menos un/a profesional para garantizar el aborto, de hecho habilita la objeción de conciencia institucional. Es decir, permite que todos los y las profesionales se puedan declarar objetores, como ha ocurrido y ocurre en varias instituciones de salud ante la práctica de la ILE, sobre todo en el interior del país, en donde tienen más peso la Iglesia, los evangélicos y demás sectores antiderechos.

Como bien dice el comunicado de la Campaña que compara ambos proyectos, “tenemos algunas observaciones y diferencias respecto de la mención de la Objeción de Conciencia (OC) del personal médico que está a cargo de prestar este servicio o de proveer la práctica. Nuestro proyecto no contempla la OC por el uso violatorio a los derechos de las mujeres y personas gestantes del que ha hecho abuso el personal médico antiderechos. La experiencia indica que es la puerta de entrada del incumplimiento de la ley, y la obstrucción del acceso, como ocurre actualmente con la provisión de las ILE en nuestro país y de las IVE en los países en donde está permitida en su legislación, generando demoras, malos tratos, morbilidad, mortalidad materna y trasladando la carga de trabajo a quienes sí garantizan el derecho trabajando a conciencia” (subrayado nuestro).

Otros obstáculos

El riesgo empeora con el plazo de 10 días del proyecto oficial en vez de los 5 días que establece nuestro proyecto. La objeción de conciencia y la demora restringen claramente el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos con el peso de la burocracia estatal y el vaciamiento de la salud pública, que bien conocemos quienes la utilizamos.

Encima, el proyecto de Alberto no obliga a dar información laica a quien desea interrumpir su embarazo ni incluye el derecho al aborto entre los contenidos que debe dictar la ESI.
Otro problema que el gobierno busca invisibilizar cuando dice que respeta la tradición de la Campaña es la penalización. Su proyecto permite penalizar a quien aborta después de la semana 14, salvo que su embarazo no deseado “fuere resultado de una violación” o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”, o sea los casos ya vigentes de aborto no punible. Para nosotres, en cambio, ninguna mujer u otra persona gestante pueden sufrir algún castigo por ejercer su derecho a no ser una incubadora forzada. Por eso el proyecto de la Campaña propone eliminar esa penalización.

Por último pero no menos importante, mientras nuestro proyecto plantea el concepto de salud integral de la OMS1, el texto oficial no lo define.

Confianza en nosotres, no en las instituciones

Como dijimos al inicio, la fuerza de la marea verde es el camino. Después de postergar durante diez meses, el presidente presentó el proyecto sobre la hora. Ahora deberá pedir la extensión de las sesiones ordinarias.

Junto a estas maniobras, Massa suspendió esta semana la reunión con la Campaña con la excusa de que faltaba definir cuál de las cuatro comisiones que deben dictaminar sobre los proyectos encabezaría la plenaria. Pero el martes 24 se juntó con quienes presiden esas comisiones y sólo invitaron a legisladores celestes “para dialogar”. Según parece habrá 60 expositores/as, mitad y mitad, durante un mes. A su vez, el sábado 28 la Iglesia y demás celestes llamar a una marcha en repudio al tratamiento legislativo…

Por parte de la Campaña está convocada para ese mismo día, ¡por fin!, una plenaria nacional. Allí plantearemos la necesidad de rechazar la objeción de conciencia oficial y de convocar a la marea verde a tomar las calles, pero no a 10 cuadras como se hizo cuando debatió el Senado sino frente al Congreso. Para que el gobierno, y también quienes le son funcionales, sepan que tenemos voz y fuerza propias para que se apruebe el único proyecto sin trampas: el nuestro.

1. “Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Después de la demorada presentación del proyecto de Alberto Fernández, era urgente volver a teñir nuestras calles de verde. Explicar que fue nuestra presión en las calles lo que lo llevó a no seguir dilatando y, a la vez, señalar que incluye varias trabas por la silenciosa presión de la Iglesia. Por ejemplo, la objeción de conciencia personal, la penalización para quien aborta después del plazo de 14 semanas y la no certeza de que las obras sociales y prepagas deban cubrir el 100% del costo de la práctica. Es más: el proyecto oficial, al no disponer que toda institución de salud deba contar al menos con un/a profesional que garantice la práctica del aborto se abre de hecho la puerta a la objeción institucional.

Es por eso que seguimos reclamando al Congreso que, más allá del proyecto del gobierno, debata y apruebe el proyecto de la Campaña.

La concentración y el pañuelazo en Congreso, que fueron parte de una jornada verde que abarcó el país entero, demostraron que la energía de la marea verde volvió para quedarse.

Cientos de compañeras nos dispusimos a radicalizar esta lucha en las calles y desde Juntas y a la Izquierda y el MST volvimos a ser firmes protagonistas de nuestra lucha histórica por el derecho a decidir. Nuestras compañeras Cele Fierro y Vilma Ripoll estuvieron al frente de nuestra nutrida y combativa columna.

Profundizar este camino ahora se vuelve crucial, no sólo para vencer la segura presión celeste católica y evangélica, sino también para condicionar el debate parlamentario e impedir que tanto en Diputados como en el Senado las y los dinosaurios que el PRO y el Frente de Todos llevaron en sus listas metan más obstáculos en la ley. Que sepan que vamos a profundizar la lucha para que en nuestro país, de una vez por todas, el aborto sea realmente libre, legal, seguro y gratuito.

Jeanette Cisneros

Escribe: Jeanette Cisneros

Con el flamante anuncio de la presentación del proyecto presidencial, la polémica sobre el debate de la ley de aborto se empieza a recalentar dentro y fuera del parlamento.
Los sectores “pro-vida” han formado una mesa de enlace y organizaron una caravana a la Quinta de Olivos a fines de octubre y una movida ante el Congreso la semana pasada. Han publicado carteles con consignas anti-aborto y también apareció otro de “peronistas por la vida”. Y fueron recibidos por Sergio Massa el mismo día en que por fin recibió, tras dos postergaciones, a representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

A su vez, desde la comisión de articulación nacional de la Campaña se vienen organizando acciones virtuales y alguna que otra iniciativa sorpresiva en diferentes puntos del país. Pero todo muy a la retranca, en una actitud de espera totalmente funcional a la dilación del gobierno y sin la masividad que requieren las circunstancias.

En varias regionales de la Campaña, la bronca de las activistas por la demora oficial desbordó a la articulación y así salieron pañuelazos, caravanas y otras acciones más participativas. Si queremos que el Congreso trate y apruebe nuestro proyecto es urgente relanzar la marea verde y recuperar las calles.

Maniobras que favorecen a los celestes

La secretaria legal y técnica Vilma Ibarra afirmó públicamente que trabajarían “junto a la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y los movimientos de mujeres”. Sin embargo, las actitudes oficiales de los últimos meses muestran lo opuesto:

A pesar de sus reiterados amagues, el presidente postergó durante once meses la presentación de su proyecto de ley. Aunque la pandemia no detiene las muertes y complicaciones por aborto clandestino, no es una de sus prioridades.
Ya hace meses señaló que junto al proyecto de aborto presentaría otro de “apoyo a la maternidad”: una clara concesión a la Iglesia Católica y los evangélicos, a quienes además incluyó en sus listas de diputados y senadores del Frente de Todos.

El Ministerio de Salud justificó la demora al mentir que el sistema público estaba “colapsado” por el coronavirus, sabiendo que los servicios de atención son distintos y que legalizar el aborto reduciría los costos y las camas de internación.

En el Senado, su presidenta Cristina Fernández de Kirchner se negó a entrevistarse con las compañeras de la Campaña y se limitó a responder que ella “ya había hablado” al respecto con la ministra de Mujeres, Eli Gómez Alcorta.

Y Massa, titular de la cámara baja, y aunque el proyecto de ley de la Campaña tiene estado parlamentario desde hace meses, en la reunión confirmó que su hoja de ruta para tratar el tema es esperar el proyecto del Ejecutivo.

¿Qué “consensos” trae el proyecto de Alberto?

El lunes 9, por boca de Vilma Ibarra y luego de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, finalmente el gobierno confirmó que Alberto va a presentar su proyecto antes de que termine noviembre. Él decidirá en qué cámara lo ingresa y sería incluido en el período de sesiones extraordinarias del Congreso. Después de tantas vueltas, es evidente que la presión de nuestras acciones callejeras en todo el país por ¡Aborto legal ya! lo obligó a definir una fecha. Pero los interrogantes siguen en pie.

En primer lugar, Ibarra ratificó que el proyecto oficial iría de la mano con otro, la ley de “los mil días”, para alentar el rol maternal. Este programa ya existe en San Juan y consiste en una limitada asistencia alimentaria y sanitaria para la madre y su bebé por tres años.

Asimismo, Ibarra afirmó que en el proyecto de ley de Alberto “no hay sorpresas, son los consensos históricos que existen”. ¿Pero de qué consensos históricos habla? ¿O acaso no dijo él mismo hace pocas semanas que no quería “volver a dividir” a los argentinos?

En el movimiento feminista y disidente ya hemos construido un enorme consenso histórico durante 15 años, en base a un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que acompañamos más de 500 organizaciones populares, que respaldan miles y miles de activistas de la marea verde, que ganó un amplio consenso social y que en 2018 conquistó la media sanción. Si el gobierno se refiere a ese consenso histórico, debería aprobar ya mismo el proyecto presentado por la Campaña.

Pero la idea de consenso resulta más que dudosa y peligrosa en un gobierno que consensuó llevar pañuelos celestes en sus listas; que consensúa con el FMI un nuevo ajuste; que consensuó con la derecha no expropiar Vicentín ni aprobar el impuesto a los ricos; que consensúa con los empresarios, la burocracia sindical y la Iglesia una “paz social” antiobrera, que consensuó con las sojeras y mineras bajarles las retenciones, y que consensuó con la justicia desalojar a las familias de Guernica a palazos y topadoras.

Si Alberto presenta otro proyecto sobre aborto es porque es distinto al de la Campaña. Por eso hacemos el alerta de que en nombre de algún “consenso” pretendan imponernos un proyecto verde-celeste, es decir con limitaciones a la edad de autonomía de las niñas y jóvenes, a la cantidad de semanas para acceder al aborto e incluso que podría aceptar la objeción de conciencia institucional por presión de la Iglesia y las clínicas privadas. No podemos permitirlo: el aborto debe ser legal este año y con nuestro proyecto, el de la Campaña.

Plenaria nacional ya, para recuperar las calles

Las novedades acerca del tratamiento parlamentario del aborto legal merecen analizarse, debatirse y replantear la estrategia de lucha para lograr la ley. A lo largo y ancho del país hemos venido desarrollando pañuelazos, intervenciones sorpresivas y hasta caravanas, que nos permitieron volver a la escena pública y presionar al gobierno. En todas esas acciones, desde Juntas y a la Izquierda y el MST tuvimos una participación destacada.

En este contexto, es necesario poner fin al freno y a las permanentes trabas por parte de la articulación nacional de la Campaña, que dejó correr todas las maniobras oficiales. Con un escenario político diferente al que tuvimos en 2018, ya no va más que las decisiones las tome un pequeño núcleo y sin consultar. Hay bronca en las activistas más jóvenes y también en muchas de las compañeras históricas frente a otras integrantes que son funcionarias del gobierno o actúan como tales. Tenemos el desafío de mantener la independencia política de la Campaña, exigiendo al gobierno la aprobación de nuestro proyecto.

Es urgente realizar una plenaria nacional de la Campaña, sin esperar hasta la última semana del mes. La movilización en las calles sigue siendo nuestra principal herramienta de presión, decisiva para asumir con fuerza la lucha hasta lograr que nuestro derecho a decidir sea ley.