En diciembre de 2025, catorce años después del brutal cuádruple femicidio perpetrado contra Susana De Barttole, Micaela Galle Santos, Bárbara Santos y Marisol Pereyra, por el que en 2014 se condenó a Javier Quiroga como único responsable, esas mismas declaraciones fueron analizadas desde otra perspectiva y sirvieron de base para la condena de Patricia por supuesto falso testimonio.

La sentencia detalla criterios forzados que son utilizados para considerar las variaciones en los relatos como “falso testimonio” e incorpora de manera reveladora y criminalizante la participación política de Patricia en movilizaciones feministas, abordando su militancia como un factor de sospecha y desplazando el juicio del terreno de los hechos al de la identidad política.

Cuando la militancia y la identidad política entran en escena

Uno de los aspectos más controvertidos de la sentencia que condena a Patricia Godoy por supuesto falso testimonio es la mención explícita a su participación en las marchas de los “pañuelos verdes”, símbolo del movimiento feminista y de la lucha por los derechos de las mujeres y disidencias y contra la violencia de género en Argentina y otros países.

En su parte pertinente el fallo dice:

“(….) las pericias psicológica y social agregadas que analizaran a GODOY dieron cuenta del antecedente del fallecimiento de su hija a los 19 años de edad y la mención en sus entrevistas de que había sido víctima de un femicidio en el año 2011, es decir, de un suceso que implicó violencia basada en el género (contra la mujer) (….) Si bien, no existen elementos probatorios que en forma directa conecten ambos sucesos. En efecto la pericia psicológica sólo menciona el dato como antecedente y deja en claro que Godoy no tiene patologías psiquiátricas previas ni presenta alteraciones psíquicas y su juicio es crítico, lo que le permite diferenciar lo conveniente de lo inconveniente y lo permitido socialmente de aquello que no lo está. Lo cierto es que, dicha circunstancia de vida y personal que le tocó atravesar a Godoy la colocó en una posición de cercanía (identificable) con relación a los familiares de víctimas que tuvieron que transitar similares pérdidas a raíz de acciones delictivas. De hecho, el testigo mencionó que su cuñada (Godoy) participaba de las marchas de los pañuelos verdes. Precisamente, las marchas de los pañuelos verdes son el símbolo de las luchas feministas, y un ejemplo del reclamo social contra la violencia de género que padecen las mujeres. Es dable recordar que tal como surge de las declaraciones testimoniales recibidas en el Juicio, inicialmente la investigación estuvo orientada a la verificación de un móvil de violencia de género, siendo Osvaldo Martínez, el principal sospechoso por haber sido pareja de Bárbara Santos. Por lo tanto, existen elementos suficientes para inferir que la situación de vulnerabilidad que implicó la pérdida de su joven hija pudiera motivar en GODOY la aparición de un sesgo favorable respecto de quienes compartían similares situaciones de vida (…)“ (TOC 4 de La Plata; 29/12/25; causa 5714; pag.52/53).

Esa referencia aparece en el cuerpo de la sentencia, aunque no existe una relación directa, necesaria o jurídicamente relevante con el objeto del proceso, que se limitaba al análisis de la veracidad de un testimonio. La inclusión de este dato biográfico y político plantea una cuestión central: ¿Por qué se considera la militancia feminista de una testigo como un elemento incriminatorio en una sentencia penal?

Desde el punto de vista jurídico, la posición ideológica, social o política de una testigo no constituye, por sí misma, un indicio de falsedad ni refuerza ni debilita la credibilidad de su testimonio. Al destacar la participación de Patricia en manifestaciones identificadas con los pañuelos verdes, la sentencia introduce un elemento ajeno al fondo de la causa y desplaza el foco de análisis hacia el terreno de la identidad y la militancia.

La sentencia afirma explícitamente que dicha militancia habría influido en el contenido del testimonio. En un contexto social profundamente polarizado, de avance de políticas con posicionamientos de tipo antiderechos hacia las mujeres y disidencias, la asociación entre feminismo y sospecha, puede operar como un marcador implícito de desconfianza construyendo así un estereotipo negativo, por tanto fomentando la discriminación y los prejuicios, abonando al sexismo y la misoginia, justificando además un decisorio que es forzado , desigual e injusto, sobre todo cuando se dirige a una mujer que declara en una causa penal de gran repercusión.

“(…) Existen elementos que permiten inferir que ese posicionamiento/sesgo pudo haber motivado a GODOY a faltar a la verdad de sus percepciones reales (…)” (TOC 4 de La Plata; 29/12/25; causa 5714; pag.52). Este fragmento da cuenta que los jueces sostienen su decisión sobre una (y única) motivación que es política ideológica, motivación que tampoco pueden acreditar, en especial cuando la pericia psicológica no arroja dicho resultado, lo que demuestra si la existencia de un posicionamiento ideológico sexista, que permite cuestionar públicamente determinadas identidades políticas, como la de «feminista», al mismo tiempo que otras características, asociadas a los mandatos a las masculinidades hegemónicas, permanecen invisibilizadas y fuera de toda sospecha.

El caso de Patricia Godoy plantea entonces dudas sobre el criterio forzado, sexista y discriminante utilizado para la interpretación de sus declaraciones, ello a pesar de que los jueces se esfuerzan en explicar lo contrario: “(…) No hay en el razonamiento precedentemente expuesto, empleo de prejuicios ni estereotipos de género que justifiquen tal conclusión, es decir, no se ha realizado ninguna afirmación o negación que responda a ideas preconcebidas sobre el rol de la mujer o que se refieran a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por mujeres (…)” (TOC 4 de La Plata; 29/12/25; causa 5714; pág. 53).

Aunque, en el mismo decisorio utilizan argumentos tales como: “(…) se trata de un barrio por demás peligroso, con muchos robos. Raro es suponer que en ese horario una mujer como Godoy, camine sola por la calle (…)” (TOC 4 de La Plata; 29/12/25; causa 5714; pág. 37).

Además, se plantea un debate sobre el sistema judicial y la exposición, criminalización y revictimización de una mujer identificada con un movimiento social que, históricamente, cuestiona las estructuras del propio sistema penal. Un sistema judicial que es patriarcal y machista, que criminaliza a la pobreza y las identidades feminizadas y disidentes, un poder judicial profundamente antidemocrático, cuyos magistrados son designados por acuerdos políticos e ideológicos, sin formación adecuada en género y derechos humanos, que además son vitalicios en sus funciones, prácticamente inamovibles y con todo tipo de privilegios.

Próximos pasos

A corto plazo, la principal medida jurídica que evalúa la defensa es la solicitud de prisión domiciliaria para Patricia Godoy. Se trata de una medida inmediata y necesaria dadas las condiciones actuales de su detención. Aun así, es importante dejar claro el sentido de este movimiento. El objetivo final es la libertad plena de Patricia, lo que implicaría la revisión de su condena y el reconocimiento de las irregularidades que marcaron el proceso. Pero lo que se necesita con urgencia es que salga de la cárcel y esté en su casa, con las mínimas condiciones de dignidad y cuidado.

La solicitud de prisión domiciliaria no implica una admisión de culpa ni un retroceso político o jurídico. Se trata de una medida de emergencia, un recurso paliativo frente a una situación extrema. Es una respuesta provisional para contener daños mientras la discusión de fondo, sobre el proceso y la condena, sigue abierta.

La solidaridad como herramienta de justicia

La situación de Patricia Godoy no debe considerarse definitiva y la solidaridad no se limita al análisis de la sentencia. Acompañar el caso, movilizar, difundir información y mantener el apoyo público no son gestos secundarios, sino condiciones indispensables para que decisiones de este tipo no se consoliden bajo el manto del silencio institucional.

La solidaridad con Patricia y su familia reafirma la necesidad de ejercer una vigilancia social activa frente a un sistema penal que muestra supuesto rigor ejemplar en algunos casos y una tolerancia sistemática en otros, especialmente cuando las víctimas son mujeres y los asesinos quedan impunes.

Visibilizar esta asimetría no es sólo un gesto de apoyo individual, sino que forma parte del debate sobre la justicia y es un posicionamiento ético frente a un Estado que, con alarmante selectividad, decide qué vidas merecen protección y qué voces deben ser silenciadas.

Por eso tenemos que seguir movilizadas exigiendo la libertad para Patricia y que se haga justicia, como así también desde el movimiento feminista tenemos la responsabilidad histórica de retomar las calles, volver a ser marea, abandonar la institucionalización y la parálisis en la que se ven inmersos ciertos sectores, con la certeza que los derechos se conquistan y se defienden en las calles, porque nunca nadie nos regaló nada. El gobierno de Milei es la expresión máxima a nivel local de estas posiciones reaccionarias y anti derechos fogueadas desde el Estado, la gravedad de esta situación y el retroceso al que nos quieren llevar, no solo a las mujeres y las disidencias sino también a toda la clase trabajadora, exige que nos organicemos, que lo enfrentemos en unidad y en las calles, hasta derrotarlo.

Marisol, la víctima a la que la justicia decidió ignorar

Marisol, hija única de Patricia Godoy, fue asesinada en octubre de 2011, apenas un mes antes del cuádruple feminicidio de La Loma. Desde entonces, su caso permanece en el olvido institucional. No hubo celeridad, no hubo presión, no hubo el mismo ímpetu punitivo que el sistema judicial demostraría años más tarde al condenar a su madre por supuesto falso testimonio.

Catorce años después, el asesino de Marisol sigue en libertad. Se conoce su identidad, pero eso nunca fue suficiente para que la justicia actuara con la rapidez y determinación que cabría esperar (en un mundo mínimamente justo) cuando asesinan a una mujer. El contraste es brutal ya que, mientras para Marisol hubo silencio, para Patricia hubo todo el peso del Estado.

La impunidad no es una excepción trágica, sino parte de un patrón estructural en el que el sistema penal fracasa de manera reiterada a la hora de proteger a las mujeres y castigar a sus asesinos, mientras despliega todo su poder disciplinario sobre aquellas que, directa o indirectamente, resultan incómodas. Un sistema que persigue a los testigos, pero tolera a los femicidas.

El mismo Estado que fue incapaz o no mostró interés, en investigar con diligencia el asesinato de Marisol, fue ágil y minucioso al señalar supuestas contradicciones en las declaraciones de su madre. Cada palabra de Patricia fue examinada con lupa y cada variación fue interpretada como prueba de mala fe. Para la hija asesinada no hubo lupa, rigor ni justicia.

Desde nuestro partido el MST creemos que la justicia debe experimentar una profunda reforma para empezar a hablar de erradicación del machismo en este ámbito: los jueces, fiscales y comisarios deben ser elegidos por voto popular, con perspectiva de género y derechos humanos, con mandatos limitados y revocables si incumplen; junto a ello universalizar los juicios por jurados como garantía de tener un sistema judicial independiente, que le rinda cuentas al pueblo y no al poder de turno.

Marcela Gottschald

El 28 de diciembre se realizarán las elecciones de Junta Interna y cuerpo de delegades en el Ministerio de desarrollo de la comunidad. ¡Que la inocencia te valga! ¡Si! No es una broma.

Después de un año y medio de pandemia dónde les trabajadores sufrimos un ajuste, crisis económica y social, dónde la conducción de ATE provincia CD solo llevó adelante un par de plenarios virtuales en el 2020. La misma Verde que no movilizó mientras discutió y aplaudió paritarias de miseria a espaldas de les trabajadores. La misma Verde que en 2021 se dispuso a llamar paritarias sectoriales para discutir de la mano del gobierno cambios de régimen horario sin rechazar ni movilizar a todes, dejando fuera de las mismas a la representación de las juntas internas, como en el caso de Desarrollo de la comunidad, por ser de la oposición. Todo este accionar de la burocracia de ATE no es extraño ya que se olvidó de la autonomía del gobierno echando mano a la teoría del posibilismo, dejando correr el ajuste, embarcando a les trabajadores de nuestro gremio en una situación sin salida, siendo parte como el resto de los sindicatos del ajuste que el FMI está pidiendo en el Estado.

En ese marco nuestro gremio ATE, llama a «normalizar» juntas internas. En el caso de Desarrollo de la Comunidad, nos argumentaron que estaba el decreto de presecialidad, que tenían acuerdos con la gestión, y que en marzo estaría enfretando la pandemia.
Desde la Junta Interna impugnamos ésta decisión en primer lugar porque les trabajadores de planta permanente seguimos en la virtualidad y la mayoría está sin tarea desde marzo del 2020. Ello no permite realizar elecciones de cuerpo de delegades en los sectores, por obvios motivos, quedan-do en nuestras manos la mejor conformación de una lista de las compañeras y compañeros que durante toda la pandemia nos organizamos y defendimos nuestras condiciones y salarios.

Vamos a dar continuidad a la pelea que dimos en el comité de emergencia dónde los funcionarios nos vienen diciendo que el edificio no está en condiciones para que regresemos a las tareas. También venimos denunciando que se está trabajando con nuevo personal precarizado.

Desde Alternativa Estatal, somos parte de la junta interna combativa, dimos deba-tes importantes sobre el rol que debíamos tener como oposición en la unidad de todes los sectores estatales en medio de la pandemia. Planteamos salir a la calle para defender nuestras condiciones de trabajo, protocolos, salario acorde a la canasta familiar, impulsando la unidad con el PSC cómo herramienta para unificar las luchas durante la pandemia y ante el abandono de nuestro gremio de las calles y la lucha. Hoy somos parte de una lista «unidad en la diversidad para la lucha», con compañeras de la Marrón, Verde y Blanca, independientes, de la Comisión de Género, ocupando la Secretaria Gremial para Junta Interna. Creemos que hay una gran oportunidad para luchar por otro modelo sindical, de verdadera representación democrática, al servicio de les trabajadores, que enfrente al gobierno y luche contra el ajuste que nos quieren hacer pagar de la mano del FMI y por todos nuestros derechos.

Escribe: Sandra Escobar, Alternativa Astillero (ANCLA)

El Astillero Río Santiago nace el 22 de mayo de 1948 como Fábrica Estratégica del Estado para el desarrollo de la flota mercante y defensa soberana nacional. En sus primeras tres décadas, el Astillero vivió su mayor auge, fue impulsor de las demás industrias nacionales llegando a tener 5.000 trabajadores propios y 3.000 tercerizados. Así es que el Astillero tiene en su haber 78 construcciones navales y metalmecánicas emblemáticas. Desde sus orígenes estuvo íntimamente intervenida por las políticas del estado y, a mediados de los años 60 empezaron los vaivenes políticos, lo cual generó en los obreros navales una conciencia de pertenencia, organización y lucha por mantener la planta naval pujante, como en sus comienzos, y sus derechos laborales bajo el Convenio Colectivo de Trabajo del ´75 aún vigente. En las épocas oscuras del tercer gobierno de Perón con la Triple A, el Astillero no estuvo exento de los ataques contra el movimiento obrero. Ello pegó un salto durante la Dictadura Cívico Militar habiendo sufrido la desaparición de 47 trabajadores navales. Pero estos terribles sucesos de nuestra historia no lograron desmoralizar el espíritu de lucha y, a comienzos de la democracia estaban haciéndose oír por recomposición salarial frente a los magros sueldos, retrasos en los pagos y la elevada hiperinflación alfonsinista, entre tantos reclamos más.

Las políticas neoliberales de los 90, tiempos de Menem y Duhalde, desmantelan ELMA, privatizan YPF y desfinancian a la Marina, fundamentales clientes de ARS. Esta coyuntura con falta de perspectiva laboral, de incumplimiento de pago de haberes, aguinaldo y deudas anteriores fue determinante para que los trabajadores navales se organicen e inicien una pelea heroica triunfante en defensa de la fábrica. Los trabajadores derrotaron la amenaza de privatización e impidieron el cierre, con mandatos de asambleas generales y un proceso ejemplar de democracia sindical. Claro que los decretos privatistas quedaron en pie y aún no fueron derogados. Si bien se impidió el cierre, ese gobierno dejó a la empresa en un estado de paralización total productiva y vaciamiento sin precedentes. Con salarios paupérrimos y un permanente desgaste psicológico en los trabajadores, muchos de ellos han aceptado el retiro voluntario, o «despidos encubiertos», reduciendo así la planta laboral a 1.100 trabajadores. La única «solución» que trajo el menemismo-duhaldismo fue la provincialización de ARS, la colocación del predio naval bajo el régimen aduanero y la concesión del mismo (23 hectáreas) para su explotación por el Ente de Administración y Explotación Zona Franca La Plata. El decreto 1332/95 tuvo la intención de transformarnos en un taller de reparación y en un depósito fiscal para el Puerto La Plata. También, con la resistencia en las calles de los trabajadores, se lograron recuperar 18 hectáreas y sus edificios patrimoniales bajo el decreto 193/06. Pero la exclusión total del régimen aduanero sigue sin concretarse.

Durante los doce años de gobiernos kirchneristas, fueron contados los nuevos contratos constructivos: dos buques productores para Venezuela (paralizadas), dos lanchas de instrucción para cadetes (avanzando a cuentagotas por falta de provisiones), una compuerta para Puerto Belgrano (terminada) y el techado del Estadio Único de La Plata (terminado), entre otras obras de menor envergadura.

El intento de dinamitar el ARS por parte del gobierno de Macri y Vidal, vulnerando nuestro CCT y paralizando todas las obras en curso, también se resistió en las calles. Enfrentando una feroz represión y tomando la fábrica y el Ministerio de Economía de la Provincia logramos frenar el avance neoliberal. Aquí la conducción actual del ATE Ensenada jugó un papel muy poco democrático y representativo, llegando a firmar actas sin el consenso de los trabajadores, negociando el cese de la lucha por la devolución de sus propias dietas sindicales. Ello tuvo un costo: si bien conservaron la conducción del sindicato (gracias a los votos de los otros organismos estatales) perdieron las elecciones dentro de la fábrica.

Nuevo intento de entrega

Hoy desde el gobierno de Kicillof, a través del presidente de la empresa Pedro Wasiejko (de la CTA de los Trabajadores) quieren imponer un nuevo plan privatista, disfrazado a través de un cambio de figura jurídica: conformar una Sociedad Anónima, abriendo la puerta a los capitales privados.

Este plan cuenta en los hechos con el apoyo funcional de la dirigencia de ATE Ensenada, la conducción gremial en la fábrica, que propone una «Sociedad de Estado».

Todos argumentan que no se puede sostener la «ineficiencia» de la fábrica, quienes dicen radicar en las largas y lentas gestiones burocráticas por estar bajo la normativa Administrativa de la Provincia, y que esta nueva figura sería la solución a todos nuestros problemas de eficiencia. Lo que no dicen en su escueto balance es que ni el gobierno de Vidal ni el actual de Axel Kicillof se hizo cargo de la devolución de los 23 millones de dólares de las obras en curso, «Eva Perón» y «Juana Azurduy», ya provistos por Venezuela, fondos que fueron desviados durante la gestión del Gobernador Scioli hacia la obra Techado del Estadio Único de La Plata. Primera solución indispensable para reactivar las construcciones que siguen durmiendo de mayor carga productiva. Como, también, esconden las implicancias que conllevan estas sociedades del Estado (Ley 20.705), quienes se rigen bajo la normativa de ley de Sociedades Anónimas (Ley 19.550), dando lugar a la posibilidad de concurso, o quiebra, por parte del Estado si la empresa no generase ingresos propios y así rifarla, concesionarla o liquidarla. Tampoco dicen que los Convenios Colectivos de Trabajo pueden no ser respetados y regirse por la Ley de Contrato de Trabajo, en el cual perderíamos nuestros derechos laborales y nuestra estabilidad como trabajadores estatales, conquistados por la historia de lucha de nuestra fábrica, o que justifiquen que sobra mano de obra. Y aclaración: este nuevo plan privatista, no viene acompañado por una extensa lista de inminentes nuevos contratos de trabajo listos para la firma, que, aunque más no sea, nos dé una perspectiva laboral a mediano plazo.

Hay otra salida

Ningún gobierno retomó las decisiones políticas necesarias para que el Astillero vuelva a cumplir su razón social «Construir nuestra propia flota mercante y de defensa soberana». Porque todos los gobiernos fueron y son fieles servidores al programa político y económico que mantiene a la Argentina sumisa como país dependiente, endeudado y al servicio de los intereses del FMI, Multinacionales, Club de Paris y acreedores de toda índole. Por lo tanto, el Astillero continúa resistiendo a todos los renovados intentos privatistas y de cierre, luchando por la reactivación real.

Demandamos la inmediata reactivación de las obras para PDVSA y la restitución de los USD 23 millones provistos por ésta última, ignorada por la gestión de Vidal y ahora por Kicillof. Hay que derogar las leyes y decretos privatizadores e impulsar la salida de Zona Franca.

Nos están chantajeando al proponer poner en serio riesgo nuestros derechos y estabilidad laboral como condición para invertir y reactivar el ARS. Hace falta la decisión política de invertir y generar nuevos contratos de trabajo sacando el dinero de las grandes transnacionales que transportan nuestros cereales. Hay que activar la ley que fue vetada por el macrismo, para financiar la actividad naval con impuestos al alquiler de fletes que realizan empresas extranjeras. Y construir barcos para patrullar nuestro mar, depredado por las multinacionales, así como renovar y reparar la flota de la actividad pesquera.
Ni sociedad anónima ni sociedad de estado. Por un ARS 100% estatal, con sus planes de producción desarrollados y controlados por sus trabajadores y técnicos, junto a la comunidad.

La Cancillería anunció la postergación de la firma del polémico acuerdo pandémico hasta noviembre. Sin embargo, esto no significó una disipación de las fuerzas que ya se expresaron en las calles en agosto y septiembre, en las principales ciudades del país. Ya se está organizando una nueva jornada nacional el 25 de septiembre, en el marco de la huelga mundial climática.

La jornada platense de este domingo 20 consistirá en un pic nic debate, con distanciamiento social, anticipándonos a la la acción mundial por la crisis climática y ecológica del 25S.

Para más información comunicate con nosotres al 221-3032663

Hay que recordar la Cancillería argentina pretende suscribir con el gobierno chino un tratado de entendimiento para la radicación de factorías de cerdos. Estas granjas industriales pretenden ser desmanteladas del territorio mandarín tras la grave epidemia de la Gripe Porcina Africana de 2019. Esta enfermedad tiene potencial pandémico y zoonótico, o sea, puede mutar y afectar a la especie humana.

Tras la gripe aviar, el ébola y el reciente COVID-19, el acento se pone en el modelo de producción capitalista, que destruye el equilibrio ecológico, propicia la mutación de virus por el hacinamiento industrial de animales y degenera las estructuras sanitarias públicas, con las cuales se les hace frente.

Sin dudas, esta es una asamblea necesaria, para organizar la lucha, para reclamar futuro.

Este 25A salimos a las calles junto con un gran colectivo de agrupaciones socioambientales, visibilizando el rechazo al acuerdo de implantación de factorías porcinas chinas; la exigencia de un freno inmediato al desmonte y las quemas en los humedales, bosques y montes nativos; el rechazo al pacto entre el Gobierno del Frente de Todos y el Complejo Agroindustrial Argentino.

Fotos de Eliana Redigonda y Diego Humano

En La Plata nos sumamos a la convocatoria de más de veinte ciudades del país a marchar para seguir defendiendo lo obvio, para defender a nuestros territorios de la destrucción ambiental. Tuvimos el agrado de conversar y compartir nuestros proyectos con varies vecines autoconvocades de distintas regiones de la ciudad, también compartimos nuestro petitorio en el que le reclamamos al Estado Nacional que se cumpla la Ley Nacional de Ambiente, que se respete el derecho a la información pública y a la decisión mediante una consulta popular, porque NADIE nos preguntó si queríamos quemar nuestros humedales, o ser el criadero de nuevas pandemias con el acuerdo con China.

Desde la Red Ecosocialista, el MST y el Frente de Izquierda Unidad(*) sostenemos nuestro rechazo a la política de un Gobierno que ha utilizado la pandemia como excusa para desarrollar un brutal ajuste a las condiciones de vida del pueblo trabajador, comprometiendo los recursos, los bienes naturales y la salud de millones como garantía de pago de una deuda que ya sabemos que es fraudulenta e ilegítima.

Exigimos:
No al acuerdo porcino con China ni con nadie.
Participación ciudadana en la toma de decisiones.
Transición urgente a un modelo agroecológico, soberano y sostenible.
Frenar los desmontes, las quemas y el avance de la frontera agropecuaria.
Para conocer a fondo nuestras propuestas y debatir la salida colectiva, te invitamos este Sábado 29 de agosto a las 17hs al Encuentro Nacional Ecosocialista. Es importante que todes nos organicemos contra este sistema que lo destruye todo, el momento es ahora, ¡no vamos a darle ni un día más de nuestro futuro a lxs capitalistas!

*. Leé más en: https://mst.org.ar/2020/08/24/el-fit-unidad-se-suma-a-la-jornada-ambiental/

Una serie de denuncias por abuso sexual fueron presentadas en contra del cura Raúl Anatolly Sidders por la abogada platense, Pía Garralda, como representante de una mujer de 27 años que habría sufrido abuso cuando era menor de edad y estudiante del Colegio San Vicente de Paul. Después de dicho acontecimiento fue trasladado a Misiones como estrategia por parte de la iglesia para encubrir sus aberrantes crímenes sexuales. 

El arzobispado de La Plata, Victor Fernandez, emitió un comunicado en el que informó que dicho cura fue apartado del contacto con niñes en Misiones; también comentó que fue reprendido por generar discursos discriminatorios y estigmatizantes  dirigidos a grupos feministas en televisión abierta. El arzobispado, en la declaración pública expresó estar a disposición para colaborar con la Justicia en todo lo que esta necesite. 

Mientras tanto, en las declaraciones presentadas se señala que el accionar de Sidders implicaba emitir juicios de valor ofensivos y denigrantes contra mujeres, homosexuales y personas de sectores sociales bajos; la abogada señaló que de este modo se muestra a la luz una situación que ocurría desde hace años.

Un dato curioso es que Sidders está esperando su nombramiento como futuro capellán del escuadrón XIII de Gendarmería Nacional en Puerto Iguazú, casi una premiación a su permanente defensa a dictadores y la doctrina de la mano dura.

Desde el MST hemos generado propuestas en diferentes legislaturas para prohibir por ley a los curas permanecer a solas con menores, para no dejar a criterio de las autoridades eclesiásticas estos apartamientos recién después de conocerse las denuncias; en camino a terminar con los privilegios económicos y legales de los que goza la iglesia.   

El domingo 26 de julio se cumplieron tres años de la desaparición forzada de Johana Ramallo, se cumplieron también, tres años de una más de las nefastas demostraciones de un Estado y una Justicia patriarcal que en lugar de ser actores en garantizar derechos, lo son en garantizar la vulneración de los mismos.
Johana fue vista por última vez en la zona de calles 1 y 63 de la ciudad de La Plata, lugar en el que era prostituida, y donde siguen operando, los mismos cafishios vinculados a redes de trata de personas, con complicidad de la comisaría Novena. Desde el inicio de su desaparición, por distintos indicios y testimonios, la sospecha de Marta, su mamá, que fue hostigada por la policía constantemente, y muchas de las organizaciones del Movimiento de Mujeres y Disidencias; era que se trataba de un caso de desaparición forzada con fines de trata pero pese a esto la Justicia, a cargo de Betina Lacky de la Fiscalía 2 sostuvo por meses la carátula de “averiguación de paradero” por lo que no dio intervención , tampoco, a la PROTEX, que es la procaduría que investiga los casos de Trata. Todo esto fue una pérdida de tiempo muy valioso en el objetivo de lograr su aparición con vida.
Pero esta “inoperancia” o inacción no es inusual y responde a la intervención de conceptos
establecidos por el capitalismo patriarcal; Johana no desapareció en el centro de la ciudad,
Johana, en su tremenda vulneración, ejercía la prostitución, Johana no fue asistida antes, ni en el marco de los delitos cometidos contra su persona porque Johana ,como las más de 3228 mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en las redes de Trata , no son consideradas personas por el Estado ni por su justicia patriarcalizada, si no, que son víctimas de la mercantilización de sus vidas.
El cuerpo de Johana apareció en agosto del 2018 en Palo Blanco pero fue recién en abril del 2019 que se confirmó que los restos encontrados eran de ella, todo esto para aplacar el descontento que quienes llevamos la lucha por su aparición manifestaríamos porque es su familia y el Movimiento de Mujeres y Disidencias el nunca cayó y el que hoy vuelve a gritar”.

Johana Ramallo, Presente. Ahora y Siempre.

Conocé todas nuestras propuestas para desmantelar las redes de trata y la complicidad estatal en https://mst.org.ar/2020/07/30/trata-de-personas-la-esclavitud-moderna/

Esta semana se agudizo con todo la crisis de IOMA y desde la Asamblea de Prestadores la veíamos venir, desde hace 8 semanas venimos llevando adelante una dura pelea por el pago de salarios adeudados, aumento salarial y contra las condiciones de precarización agudizadas por la pandemia.

El mismo día en que Kicillof, Golland y Homero Giles anunciaron con bombos y platillos el salvataje con 400 millones para las clínicas privadas, realizamos  un repudio y denuncia en las propia Gobernación.

Esta decisión del gobierno desnuda las políticas funcionales al beneficio del sector empresarial, en general y específicamente en Salud, a costa de los derechos de trabajadores/as y afiliado/as.

Nuestra lucha se mantuvo activa en gobernación, y con todo tipo de medidas para ser escuchadas y atendidas. De esta manera se logró que el propio Homero Giles nos atienda, reconociendo así a la ASAMBLEA DE PRESTADORES/AS como el órgano de organización y de lucha de Acompañantes terapéuticas y Cuidadoras. Que viene fortaleciéndose y creciendo sumando incluso a compañeras del interior. Se comprometió a pagar en 30 días y a un aumento del 7% sin fecha, más promesas y mentiras.

En dicha reunión percibimos la tensión del director de IOMA, quien nos trató con el desdén y la soberbia típica de una clase que desprecia a quienes trabajamos. Giles utilizo la siguiente frase al ser consultado por el destino de 400 millones, dijo que “la decisión es de IOMA, y nadie más tiene injerencia, porque es la plata de IOMA y como se usa es decisión del  directorio …” otra de sus mentiras, ya que los fondos de IOMA son el dinero de casi tres millones de trabajadore/as de la Provincia, y las decisiones sobre el destino y objetivo de esos fondos, debe ser de las y los trabajadores mismos.

También explico por qué deciden salvar estas “estructuras”, como las nombro, y expreso que desde el comienzo de la pandemia, las clínicas perdieron un 20% de facturación, o sea, nada de pensar en los salarios de las cuidadoras y ATs., para este gobierno lo que importan son las pérdidas de las pobres empresas.

A partir del conflicto con la Agremiación Medica, donde las y los afiliados quedaron sin de atención médica, teniendo que pagar fortuna para ser atendidos/as en partos, operaciones, etc. y en pleno contexto de pandemia. Hoy se concentraron cientos de personas en las puertas de la obra social y gobernación.

Los Sindicatos ausentes y cómplices

Una vez más los sindicatos dejan solos/as a la/os trabajadores, manteniéndose al margen de la disputa como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad, y desde ya que la tienen, por complicidad directa como UPCN y otros por inacción total como ATE/CTA. Ante este vacío la reacción fue espontánea y entremezclo intereses de un sector médico corporativo con afiliados sueltos, cuando lo que hace falta es la organización del reclamo y la lucha sobre la base de intereses propios de las y los trabajadores, o sea de clase e independiente.

Debemos realizar un planteo claro y es que el gobierno debe garantizar el derecho a la salud, la atención gratuita, las prestaciones, y las practicas, internaciones, insumos, medicamentos etc., de toda la población. Y para eso, debemos luchar por la conformación de un sistema único de Salud estatal  y bajo el control de las y los trabajadores.

La lucha sigue

Desde la Asamblea vamos a seguir luchando para que Homero Giles cumpla con el compromiso de pago, por aumento salarial digno y no el miserable 7% y sin fecha, para lograr el pago a 30 días de nuestro sueldo y sobre todo por conseguir condiciones laborales dignas, ya que si bien somos consideradas esenciales de salud, somos la expresión de la más profunda precarización. También creemos que tanto trabajadore/as como afliliado/as debemos unificarnos en una lucha común, para que se acabe el vaciamiento y la desidia que gobierno tras gobierno vienen aplicando en IOMA, con ajuste y recorte de prestaciones sistemáticos, Por un IOMA al servicio y bajo control de les trabajadores

Pago ya de todos los salarios adeudados

Aumento digno

Pago mensual de salario

Bono de Salud de 5000 para todes los esenciales del sector

Basta de presurización y pases a planta.

Majo Ron

La Plata

Los 12 casos confirmados de choferes infectados en la línea 202 que une La Plata y Berisso, demuestran que los protocolos sanitarios y de prevención no se cumplen en el transporte. Al conocerse estos casos, la empresa salió a la ofensiva contra los choferes, haciendo circular rumores contra ellos, diciendo que eran los responsables de no cuidarse y propagar el contagio. Incluso planteó una denuncia penal contra algunos.

No es de extrañar esta reacción de una patronal como la de Osmar Corbelli, titular de la empresa Unión Platense que nuclea a varias líneas de la ciudad y la región. Un verdadero monopolio. Es tristemente conocido entre laburantes del sector, al ser Corbelli la familia que viene haciendo negociados con todos los gobiernos.

Son los que despiden trabajadores y cuando los laburantes se organizan por reclamos esenciales como pedir baños y una reducción de la jornada laboral que era de 16 horas al día -el recordado conflicto de la Línea Este, en acuerdo con el gobierno y la burocracia de la UTA, mandó a reprimir a los choferes y a encarcelar injustamente a cuatro de ellos. Por quienes luchamos incansablemente y sigue pendiente el desprocesamiento y su plena libertad.

Para intentar lavarse la cara, esta patronal suspendió los recorridos de la 202 hasta nuevo aviso. Pero al día de hoy siguen sin cumplir las normativas de bioseguridad en ninguna de sus líneas. Y esta situación es similar en todo el transporte de La Plata y la región.

Hoy los choferes deben circular en unidades que no tienen garantizado el aislamiento completo de la cabina, apenas una especie de cortina hasta la mitad del espacio. No les brindan sanitizantes ni alcohol en gel a quienes conducen y trabajan, mientras que las unidades solo se higienizan y desinfectan una o dos veces al día, al principio y final de la jornada. Cuando pasan por cada colectivo muchísima gente que puede estar contagiada y no saberlo.

Esto denuncia uno de los choferes, quien además nos agrega: “Al principio vinieron y se sacaron fotos mostrando como que respetaban los protocolos. Y la municipalidad apareció un par de veces a hacer controles, pero enseguida algún arreglo hubo porque se dejó de controlar todo. Nos hacen subir hasta 30 pasajeros al micro y nos dicen que no controlemos nada. Encima las líneas están estalladas porque la frecuencia es de sábado o domingo, sobre 70 y tantos coches que debería haber en la calle, apenas hay unos 30 o 40 circulando. Y la orden que recibimos es que suban hasta completar el coche”.

Y no solo esto sino que nos agrega: “No limpian el coche en cada recorrido, en los baños no hay elementos de limpieza y son un desastre en sus instalaciones más que defectuosas y contaminantes. Tampoco tenemos lugar de descanso y, encima, las empresas se acoplaron a los ATP que da el gobierno, pero nos desdoblan los pagos de sueldos. Y seguramente pase lo mismo con los aguinaldos”.

Aviso de la patronal de la Unión Platense

La 202 o Plata Bus: Nuestras vidas y empleos, no sus ganancias

Claramente estamos ante una patronal que demuestra que la vida de los trabajadores no le importa absolutamente nada, y refuerza eso con el ajuste salarial, en las condiciones de trabajo y en el deficiente servicio que prestan hacia la gente de los barrios que utiliza las unidades.

Esta situación de desprecio por los trabajadores y el pueblo no es exclusiva de Corbelli y Cía. También se puede ver en la empresa Plata Bus, que ha decidido no renovar los contratos de alrededor de 140 choferes en las distintas cabeceras, según nos denuncia uno de los choferes afectados por esta situación.

Plata Bus: Protesta de choferes ante los despidos

“Estos son despidos encubiertos –nos comenta-, aprovecharon la excusa de la pandemia y dejaron un montón de compañeros en la calle, sin perspectivas y diciendo que no pueden pagar los salarios porque están afectados por la crisis, pero ellos cobraron los subsidios y la crisis la pagamos nosotros. Y tampoco es nuevo esto, antes de la cuarentena ya nos jodían con los viáticos, que nos pagaban menos de la mitad de lo que nos correspondía y también pasaba con los aportes previsionales. Cuando vas a averiguar para jubilarte o ver cuánto tenés aportado, resulta que la empresa nunca puso su parte y la UTA, bien gracias… Nunca vinieron al conflicto en Plata Bus ni se pusieron en contacto con los trabajadores  y despedidos”.

Ante esto, desde ANCLA – Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática y el MST, exigimos a la patronal de Plata Bus y al gobierno de Kicillof que intervenga ya que, supuestamente, los despidos están prohibidos. Se abran los libros contables y se reincorpore a todos los choferes despedidos, restableciendo su salario y que la empresa realice los aportes previsionales y de la obra social correspondientes. Y que la UTA acompañe y organice una acción de solidaridad para lograr que en Plata Bus estén todos adentro.

Lamentable estado de los baños en la línea 202

En el caso de la Unión Platense, exigimos que la empresa cumpla todos los protocolos sanitarios, que incorpore nuevas unidades para garantizar el transporte con la higiene adecuada de los coches. Que se incorporen más trabajadores para contar con todos los choferes que sea necesario para cubrir los recorridos. Junto con la entrega de todos los elementos de bioseguridad necesarios y un control de trabajadores y usuarios sobre su efectiva provisión y uso.

Pero también reclamamos al gobierno municipal de Garro, al provincial de Kicillof y al de Alberto Fernández que se hagan las inspecciones necesarias para ver y hacer cumplir todas las disposiciones y normas vigentes.

Baños para el contagio en la línea 202

Para evitar los contagios, mantener el servicio de calidad y seguro, garantizar empleos, salarios y condiciones de trabajo, habrá que aplicar también las sanciones necesarias sobre toda empresa que no cumpla. Y si no lo hacen, que las mismas pasen a manos del Estado, controladas por sus trabajadores y usuarios. Para terminar así con el lucro y la ganancia desenfrenada de los empresarios del transporte a los que poco y nada les importan las vidas de usuarios y laburantes.

Juan Bonatto, ANCLA

Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática

MST en el Frente de Izquierda Unidad