Sin gobierno legítimo

Ya pasaron dos meses y medio desde las elecciones del 21D de las que JxCat, ERC y CUP salieron en condiciones de conformar Govern y todavía no alcanzaron un acuerdo de investidura.
En el medio del “tira y afloje” entre los partidos mayoritarios del independentismo, Carles Puigdemont dio un paso al costado desde el exilio. El actual postulado por el Parlament es Jordi Sánchez (ex presidente de la ANC) a quien el Tribunal Supremo ya le denegó el permiso para salir de la cárcel, asistir al pleno y ser investido.
Entre la ofensiva antidemocrática de Madrid y las dilaciones de los dirigentes, se está prolongando un lamentable espectáculo político que causa cada vez más dudas e indignación. Lo concreto es que todavía es incierta la conformación del ejecutivo y se barajan distintos escenarios que van desde sostener la postulación de Jordi Sánchez a cambiarla por otra o incluso realizar nuevas elecciones.
La pelea por los nombres es el telón de fondo de la trama fundamental: sí se mantiene como objetivo presente implementar la República o sólo se trata de recuperar la autonomía. En este terreno, el más claro es el pueblo movilizado que sigue exigiendo la implementación de pasos hacia la República y el inicio del proceso constituyente, al igual que algunos agrupamientos políticos como la CUP.
El pueblo catalán puso todo lo que hay que poner en las movilizaciones masivas, huelgas, cortes de ruta y, fundamentalmente, realizando el referéndum del 1O que forzó la declaración de independencia, inmediatamente suspendida por Puigdemont. Luego le ganó al 155 en su propio terreno, las ilegítimas elecciones del 21D, dándole a los partidos independentistas el derecho a conformar gobierno. Los que hacen peligrar los triunfos obtenidos por el pueblo son los dirigentes de JxCat y ERC.
Un párrafo aparte merece En Comú-Podem, que mantiene su equivocada política de poner un signo igual entre el 155 y el independentismo.

Aire para M. Rajoy y el régimen

El PP fue aplastado en Cataluña y se encuentra en un mal momento político en el Estado español. Sus socios de Ciudadanos les están ganando terreno, son cuestionados por movilizaciones masivas de pensionados y mujeres y crecen las voces contra sus medidas antidemocráticas.
Sí aún en estas condiciones se permiten hacer un balance positivo de la aplicación del 155, amenazan con sostenerlo y avanzar, se debe al terreno que le ceden los dirigentes de los partidos independentistas mayoritarios, más allá de los discursos en oposición. Los frenos al proceso le dan aire a Mariano Rajoy.
Por eso el gobierno afirma que a cuatro meses de la intervención encabezada por Soraya Sánchez de Santamaría “Se ha recuperado la neutralidad institucional y se ha puesto la Generalitat al servicio de todos los catalanes”, “detenido el desvío de dinero público hacia la causa de la independencia” y la situación se ha “normalizado”.
Festejan el recorte de libertades democráticas, la persecución a los que piensan distinto, el intervencionismo, los encarcelamientos, las causas judiciales y la censura política y cultural. Aunque hoy tienen como objetivo principal a los catalanes, es una política para todo el Estado español, ejecutada por Rajoy con las herramientas de la reaccionaria constitución del ´78, avalada por la monarquía y el PSOE.

Trampa de recambio

Ante los desastres de Rajoy, está creciendo Ciudadanos como variante de recambio dentro del régimen. Es un grave error depositar confianza en ellos ya que son un sostén del gobierno, aunque ahora se diferencien por motivos electorales.
Las caras de Albert Rivera e Inés Arrimadas, que no están directamente vinculadas a la corrupción ni a los resabios del franquismo, son la máscara joven de una política tan (o más) reaccionaria y de derecha que la del PP.

Presos políticos, educación y República

La continuidad del reclamo por la libertad de los presos políticos y contra las causas del 155, la marcha del domingo pasado y las futuras acciones planificadas tienen que sacudir al derrotismo y a las barreras que intentan imponer los dirigentes.
En tal sentido, le damos mucha importancia a apoyar el llamado a marchar el próximo sábado 17 de marzo junto a la comunidad educativa, en defensa del sistema catalán bajo el lema “La escuela no tiene miedo”. De ninguna manera se puede permitir que el Estado español destruya las conquistas educativas y avance sobre el idioma catalán como pretende hacerlo.
Con relación al gobierno, se impone escuchar el reclamo popular de conformarlo ya mismo. Se necesita un gobierno estrechamente comprometido con el mandato del referéndum por la autodeterminación, con un programa claro y contundente de avance hacia la República, sin esperar que las decisiones las tomen La Moncloa y el Tribunal Supremo que, invariablemente, estarán orientadas a derrotar el proceso.
Es clave la unidad de acción, fortalecer los CDR y ampliar la base social en defensa de la autodeterminación ¿Qué implica esto? En primer lugar tener como norte lograr el apoyo de la clase obrera. Al mismo tiempo, apelar a la solidaridad de los pueblos oprimidos del Estado español, explicando pacientemente que el ataque a Cataluña es la punta de lanza de una recentralización más general en Madrid, que implicará más limitaciones a las autonomías económicas, políticas, sociales y culturales.
La mayoría del pueblo catalán movilizado ya dio sobradas muestras de su valiente decisión por la independencia. Por lo cual, tiene todo el derecho a protagonizar un debate democrático y decidir cómo se debe constituir la nueva República en el terreno político, económico y social.
Las reivindicaciones democráticas y las sociales no son contrapuestas. No puede ser que el pago de la deuda externa y las ordenes de la UE para ajustar y garantizar las ganancias de los burgueses determinen las pensiones y salarios bajos, el paro, la precariedad laboral, la carestía de la vida y la vivienda, la desigualdad de género y las limitaciones de todo tipo a los jóvenes e inmigrantes.
Desde Portal Anticapitalista seguimos apoyando e impulsando la movilización y la autodeterminación catalana. Lo hacemos en el camino de una salida de fondo que sólo puede lograrse derrotando al capitalismo y con un gobierno de los trabajadores y el pueblo. Para lo cual, estamos convencidos, hace falta construir una nueva herramienta política de izquierda, revolucionaria y socialista.

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En Cataluña, la Generalitat aplica el programa de inmersión lingüística desde la cursada 1983-1984, a partir de la iniciativa y organización de los padres y maestros que se unieron para reclamar una escuela pública en la que la lengua vehicular fuera el catalán. También se habla castellano, para que se manejen como mínimo esos dos idiomas. Estas medidas contaron con consultas y un amplio apoyo social y de distintos partidos políticos.
Más allá de las necesidades sociales concretas, estaba el telón de fondo de la prohibición del franquismo, e incluso anterior, de hablar catalán. En ese momento, los que querían hablar su idioma tenían que acudir a la enseñanza privada.
No se puede abstraer este debate, que puede encararse desde distintos ángulos, sin considerar la situación concreta de Cataluña intervenida por Rajoy y Soraya Sáenz Santamaría. Desde el gobierno el PP intenta aprovechar la intervención y la falta de gobierno electo para avanzar sobre distintos aspectos de la vida económica, social y cultural catalana.
Los rechazos, ya comenzaron. El portavoz del sindicato USTEC, Ramon Font, la central mayoritaria entre los docentes de Cataluña, llamó al PP a «estudiar qué pasó en las Islas Baleares», en referencia a la huelga indefinida de docentes que provocó la «marcha atrás» de medidas similares. Según Font, no descartan movilizaciones, huelgas e incluso desobediencia llegado el momento.
Tenemos que enfrentar este ataque movilizados y unificadamente, ya que se trata de una ofensiva del Estado español en su carácter de opresor del pueblo catalán.

Manel Pere Lecha