Escribe: Leonel Acosta

Fue Guillermo Kane, legislador bonaerense del Partido Obrero, quien durante la Audiencia presentó el proyecto de ley diciendo: «Un tema central que queremos colocar en la agenda es el de los agrotóxicos y el glifosato (…) el avance enorme de la producción sojera hace que crezca más rápidamente el ritmo del cáncer y enfermedades respiratorias en el campo que en la ciudad (…) el impacto directo del glifosato y los otros agrotóxicos llevan a este salto (…) nosotros con el ingeniero Stebani elaboramos un proyecto presentado que plantea un límite tajante al uso en zonas pobladas y cómo avanzamos a que dejen de usarse directamente los agrotóxicos como el glifosato»1.

El proyecto del que habló Kane fue presentado originalmente en el año 20182 y la única modificación, tras cuatro años, es la incorporación de un nuevo artículo «transicional» que analizaremos más abajo.

¿Reforma o prohibición?

El articulado cuenta con más de 3140 palabras y 51 artículos, pero jamás se mencionan los términos agrotóxico, agroecología, transgénico o glifosato. Esencialmente propone la regulación, no la prohibición del uso de agrotóxicos, aumentando las zonas de restricción de fumigaciones aéreas y terrestres, estableciendo multas al incumplimiento y creando un órgano de control con mayoría del poder político de turno.

Según los fundamentos se busca la protección de la salud humana y los ecosistemas «… optimizando el manejo y utilización de agroquímicos y plaguicidas tratando de evitar la contaminación…»; el «… uso racional de agroquímicos, fertilizantes y otros plaguicidas, tendiente a minimizar los riesgos y los efectos ya comprobados, de los mismos sobre la salud…»; «Regulando y ordenando la aplicación de estos productos, estableciendo zonas de restricción …». (todas las negritas son nuestras).

La equivocada política se vale de mitos del agronegocio para justificarse. Por ejemplo afirma que el daño producido por los agrotóxicos se debería, entre otras, a la «incorrecta aplicación», revalidando el mito de las BPA o Buenas Prácticas Agrarias que le restan responsabilidad a la industria química. Asimismo, repite el mito de la superioridad de los agrotóxicos, afirmando que es «…ineludible su aplicación por parte del productor agropecuario, en tanto son susceptibles de incrementar la producción…».

Lo que llama poderosamente la atención es que el PO cierra su nota sobre la marcha contra Monsanto-Bayer-Syngenta de este año, con la consigna «Basta de agronegocios contaminantes, transgénicos y agrotóxicos»3. Incluso firmaron el documento político de la concentración en el Congreso, donde claramente se expresa: «Queremos la prohibición de todos los agrotóxicos cuyo carácter dañino ya ha sido demostrado, y financiamiento estatal para el desarrollo de prácticas alternativas. Rechazamos este modelo del agronegocio que se basa en tres pilares: sus transgénicos y la siembra directa, la propiedad concentrada de la tierra, y el agua, tierra, aires y alimentos envenenados».

¿Por qué el PO pide por el fin de los agrotóxicos en las marchas y en su web pero no lo hace en la legislatura? ¿Será incoherencia u oportunismo?

Arriba decíamos que la única incorporación al proyecto presentado en 2018 se corresponde a un artículo de «transición», como calificó Kane. Se trata del Artículo 8° que reza «El ejecutivo (…) Promoverá progresivamente el uso de otras formas de agricultura y restricciones progresivas hasta terminar completamente con el uso de productos agrícolas tóxicos…». Por sí mismo el planteo de regular y no prohibir los agrotóxicos es equivocado. Pero PO no abandona allí su posición reformista, sino que delega confianza en el gobierno capitalista para avanzar en el «uso de otras formas de agricultura» y en «restricciones progresivas» a los agrotóxicos, todo ello en un indeterminado futuro.

Drácula cuidando el banco de sangre

Esta ¿ingenua? confianza de PO en el gobierno se eleva a la ridícula potencia cuando el Artículo 4° propone la creación de una «Comisión de Control de la Utilización de Agroquímicos y Plaguicidas» como autoridad de aplicación. Si la ley entrara en vigencia mañana, la composición sería de dos representantes del poder ejecutivo, veintidós por las universidades -a sabiendas que éstas se encuentran dirigidas por una casta privilegiada y vinculada a negocios público/privados- y ocho por los bloques de la Legislatura -de los cuáles seis son de partidos tradicionales-. A su vez, se propone la participación de vecinos de las localidades afectadas y de organizaciones ambientalistas, sin indicar cantidad ni criterios. La ambigüedad de PO deja en manos del gobierno la reglamentación de la participación popular.

No se puede reformar el agronegocio

Hace unos años el PO pasó a ser conocido como la izquierda que defendía la megaminería bajo control obrero4. Aquella penosa posición y éste equivocado proyecto se conectan por el razonamiento productivista de izquierda que ve a los avances tecnológicos del capitalismo como neutrales, cuyo carácter -productivo o destructivo- se lo asignaría la clase social que los dirige. Lo que no tiene en cuenta el PO es que el capitalismo en su fase decadente desarrolla fuerzas destructivas para mantener el régimen de propiedad e impide el desarrollo de las fuerzas productivas (impide la agroecología, las energías limpias y hasta la liberación de patentes). Por lo tanto, una sociedad que aspire a superar al capitalismo debe desmantelar el extractivismo, como matriz de producción innecesaria socialmente y abrir paso una planificada democráticamente en base a las necesidades. Este rumbo implica reemplazar la propiedad y democracia capitalistas por un régimen social de la clase trabajadora y sectores oprimidos.

Una actitud ecosocialista en el parlamento

Ante la catástrofe ecológica actual es necesario un cambio de raíz que demanda la fuerza histórica de una revolución triunfante. El quiebre que necesitamos no se decretará en ninguna legislatura, sino en las calles. Hasta ese momento, la tarea de lxs (eco) socialistas en el parlamento es multiplicar la influencia de las ideas anticapitalistas y revolucionarias, educando en la desconfianza a todas las instituciones de este sistema, desenmascarando su carácter reaccionario. Dos ejemplos de este accionar son el proyecto de ley presentado por nuestra diputada Luciana Echevarría5 que, entre otras medidas, prohíbe agrotóxicos y transgénicos. Y nuestra propuesta de creación de la Comisión de Control de Políticas Ambientales6 depositando nuestra confianza únicamente en el pueblo trabajador organizado, jamás en el Estado capitalista.

Ojalá esta polémica sirva para profundizar el debate en el movimiento socioambiental y para el abandono de las posiciones productivistas en la izquierda.
Para conocer más acerca del ecosocialismo y nuestra estrategia ante la crisis ecológica y climática, te invitamos a sumarte al 1° Foro Socioambiental Internacional el 10 y 11 de septiembre.

1 Discurso completo en el canal de YouTube de Periodismo de Izquierda.
2 Expediente 3330/18-19 de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
3 21M: movilización internacional contra Monsanto. Prensaobrera.com 19-05-22
4 «Polémica en la izquierda. Desechar el productivismo», 05/10/2016 en www.mst.org.ar
5 Emergencia ambiental -Proyecto de Ley N° 31.045 en www.lucianaechevarria.com.ar
6 Proyecto de Ley N° 31.551 en www.lucianaechevarria.com.ar

Escribe: Leonel Acosta

Peter Kalmus, quien pasara a ser reconocido en redes sociales como “el científico detenido de la NASA”, fue arrestado tras participar de una protesta climática afuera de un banco estadounidence.

En nuestro país, y al ritmo del Atlanticazo, más de 500 científicas y científicos del sistema público declararon su rechazo al proyecto de explotación petrolera offshore en las costas de Mar del Plata, en respuesta a un texto suscripto por un grupo de académicos a favor de la iniciativa.

Hace pocos días la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país, fue garante de un polémico encuentro/pacto entre el referente social Juan Grabois y el rey de la soja, Gustavo Grobocopatel, donde se impulsaba un supuesto diálogo entre el agronegocio y la agroecología.

De manera más reciente, la apertura de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad, con la participación de referentes de Jóvenes por el Clima y Eco House, se funda en el supuesto de que las comunidades rechazan la megaminería por ignorancia, invitando a la “ciencia” y a integrantes coptados de las universidades a despejar las dudas, a favor de las mineras.

Cada escena pincela a la perfección la cinchada librada al interior del mundo científico y universitario, una contienda entre los profetas del extractivismo capitalista y quienes hacen ciencia/protesta en un desesperado intento para que ésta recupere la cordura.
Queremos compartir con ustedes algunos datos, debates y propuestas acerca de lo que denominamos la pedagogía del extractivismo.

Universidad, terreno de disputa

Partimos de afirmar que la Universidad, como institución icónica del conocimiento científico, no es ni ha sido jamás neutral. En su vientre se estrangulan mutuamente intereses contrapuestos desde su origen en el siglo XI.
La palabra Universidad proviene de la expresión universitas scholarium “la colectividad de los estudiantes”.

Por fuera de todo estatismo y poder clerical, que rápidamente se disputaron el control de ésta, la Universidad surgió autónoma como asociación libre de estudiantes que contrataban maestros para su instrucción.
Las Cruzadas anti-ciencia del feudalismo reflejaron la sangrienta respuesta de un modo de producción dominado por una clase social parasitaria e improductiva que expoliaba a la gleba con el sudor campesino, oscurecía las universidades y obstaculizaba el conocimiento científico.

Con la modernidad, la clase capitalista desarrollará las fuerzas productivas que se encontraban aprisionadas. Las universidades se revitalizarán al calor de la mayor demanda de cuadros técnicos en las industrias. Pero la irracional e infinita reproducción del capital empujará a las técnicas rápidamente al campo de la reacción, desarrollando fuerzas destructivas. La guerra se convertirá en el reseteo del régimen de acumulación dominado por los monopolios, tragando países enteros.
Dominará en las ciencias la visión utilitarista de la naturaleza, derivada de la ruptura del metabolismo social humanidad-naturaleza, reemplazado por actual mercantilización de todo lo vivo.
En el capitalismo, los dueños de la tecnología y de la ciencia están dispuestos a negarle vacunas a todo un continente antes que liberar las patentes; a incendiar hasta la última gota de petróleo antes que desarrollar las energías limpias y la agroecología a gran escala. La ganancia del 1% se ha convertido en el mayor obstáculo para la liberación de la ciencia y la supervivencia de la humanidad-naturaleza.

Dictadores, obispos y presidentes buscarán a lo largo de la historia cercenar la autonomía de la Universidad, subordinando el conocimiento científico al proyecto de “desarrollo” de la clase dominante, hoy en día, el imperialismo y sus lacayos nativos.

Privatización y extractivismo

En nuestro país y el mundo, la década de los 90 se escribió en los manuales como el boom neoliberal.
En Argentina Menem privatizó gran parte de las empresas estatales y pretendió hacer lo propio con las universidades públicas por medio del arancelamiento. Sin embargo, la tenaz resistencia estudiantil impidió parcial o totalmente su implementación en la mayoría de las Casas de Estudio.

Lamentablemente, los posgrados rentados, el recorte de contenido, la acreditación supervisada con criterio de mercado y el ingreso de la inversión privada en la extensión e investigación universitarias no corrieron la misma suerte. Penetró el extractivismo en los grupos de investigación y laboratorios integrados por personal científico formado y rentado con fondos públicos.

La democracia secuestrada por la casta

El gobierno universitario, siglos después, sigue constituido por una casta privilegiada y estamentos como en el medioevo. El voto ponderado y la antidemocrática representación del claustro estudiantil están al servicio de perpetuar privilegios de casta en el funcionariado. Así, por ejemplo, el actual presidente de la UNLP cobra en euros el equivalente a dos millones de pesos mensuales, o el rector de la UNLaR cobra más que el presidente del país.

Esta democracia de casta no funcionaría sin la complicidad de las fuerzas estudiantiles del capitalismo, muchas de estas de estrecha relación orgánica con el ecologismo popular y el falso progresismo.

Universidad S.A.

Gira alrededor de las universidades una legitimidad social, como supuestas usinas del conocimiento imparcial, que es requerido por las corporaciones ecocidas muy escasas en reputación.
Pero no entra en juego sólo este capital social; las universidades también ofrecen una baja inversión en mano de obra para los capitalistas, ya que mucha de la mano científica es asalariada con fondos públicos y otras con becas que representan migajas para los capitalistas.

Presentamos esta breve enumeración a fin de ilustrar concretamente la relación entre la Universidad y la orientación ecocida de gobiernos y corporaciones en nuestro país:

En el año 2007 explotó un laboratorio de biodiesel montado en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) por la empresa DE SMET SAIC, con el saldo de seis víctimas fatales.
La Universidad del Litoral y el CONICET son responsables del desarrollo del Trigo Transgénico HB4, preparado para resistir el glufosinato de amonio, agrotóxico más letal que el glifosato.

La Universidad Nacional de Tucumán es la responsable de elaborar los informes de impacto ambiental, sorprendentemente favorables, a Xstrata Copper Minera Alumbrera, la megaminera enferma y reprime al pueblo de Andalgalá en Catamarca.
A través de los fondos YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), millones de pesos provenientes de la megaminería son transferidos a las universidades públicas de Argentina.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) anunció en 2021 la construcción de una planta modelo de celdas de litio en asociación con YPF.
También en 2021, la UNLP suscribió un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense para la tala de 200 hectáreas de la Reserva Internacional de Biósfera Pereyra Iraola, para la obtención de mil toneladas de madera.
La UNLP anunció en 2022 que dirigirá la obra de extensión de la Autopista Buenos Aires-La Plata, atravesando áreas naturales protegidas.

El FMI en las aulas y en la cordillera

La convalidación del Frente de Todos a la estafa macrista con el FMI tiene consecuencias nefastas en el derecho a la educación. El proyecto de Ley para el Presupuesto educativo 2022 representa un recorte de 34 mil millones respecto al 2021. A las universidades les van a faltar 75 mil millones para cumplir con los compromisos formales, sin contemplar inflación y tarifas.

El recorte presupuestario en curso impulsa a las universidades a asociarse con corporaciones para generar recursos propios.

R-Evolucionar

Lo dijimos arriba y lo repetimos ahora: ni la Universidad ni la Ciencia son neutrales. Mientras existan las clases sociales, serán terreno de pelea. Y mientras respiremos, vamos a luchar.
Así como existen proyectos que lo alientan, también hay equipos de profesionales que investigan cómo mitigar los efectos del extractivismo.
Cada vez somos más quienes impugnamos la justificación “científica” del agronegocio, el fracking, la megaminería, la especulación inmobiliaria y la industrialización animal, que nos enferman el cuerpo, alienan nuestro trabajo y fracturan nuestro vínculo con los ecosistemas.
Lxs ecosocialistas del MST en el Frente de Izquierda Unidad defendemos un conocimiento científico insurrecto, anticolonialista, de los pueblos y para los pueblos.
Queremos levantar en todas las universidades del país una fuerte corriente estudiantil y de jóvenes científiques, ecosocialista y revolucionaria, para recuperar la capacidad soberana del conocimiento y ponerlo al servicio de una transición ecológica y climática con perspectiva clasista, en perspectiva de la toma del poder en Argentina, Latinoamérica y todo el mundo.
Al servicio de esta imprescindible tarea ponemos el Encuentro Socioambiental Mundial “No hay Planeta B” que impulsamos con la Liga Internacional Socialista para finales de mayo, con la participación de los cinco continentes y más de veinte países.
Te invitamos a militar con nosotres.

Escribe: Leonel Acosta

Las denuncias por abusos sexuales cometidos por curas y obispos se multiplicaron en las últimas décadas. La ola feminista mundial ha generado un clima más propicio, de desnaturalización de las violencias clericales y empoderamiento de sus víctimas.

Por el ascendente repudio social, el Papa Francisco viró su tradicional política de encubrimiento de las denuncias, deslegitimación de las víctimas y reubicación de los abusadores, hacia anuncios de reformas más significativas y recibir a algunas víctimas. Analicemos los puntos más polémicos del reciente instructivo vaticano.

Evitar el escándalo, no los abusos

Lo primero a aclarar es que el Vademécum ordena instrucciones para el tratamiento interno de los casos de abusos sexuales, pero ni este texto ni otros anuncios complementarios plantean medidas tendientes a prevenir y desmantelar la pederastia clerical.

En nuestro libro Iglesia y Estado asuntos separados (2019), definimos dos poderosas razones que determinan dicha perversión clerical: el carácter corporativo y de autopreservación -institución cerrada, dogmática, de disciplina verticalista-, y su organización basada en la misoginia y la represión sexual, de «la fe, la culpa y la confesión, que relega a las mujeres, integrada sólo por varones solteros y a quienes encima les exige total castidad».

Así, con la misoginia y la autoconservación como pilares, el Vaticano y la Iglesia Católica no buscan ni podrían buscar la protección real de la niñez y adolescencia. Como saben que los abusos sexuales se seguirán cometiendo, buscan, por sobre todo, su propia protección institucional.

¿Sacramento o complicidad?

En el punto 14 del Vademécum se lee: «Debe señalarse que un informe de un delito grave recibido en confesión está bajo el vínculo más estricto del sello sacramental». Más adelante, sigue: «Un confesor que se entera de un delictum gravius durante la celebración del sacramento debe tratar de convencer al penitente de dar a conocer esa información por otros medios».

¿Qué dice el derecho canónico, o sea la normativa de la Iglesia, sobre el secreto sacerdotal? «El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo»(2).

De esta manera, el Vaticano demuestra que está dispuesto a guardar el «secreto» sobre los abusos sexuales, y otras aberraciones, aun a riesgo de probables nuevas violencias contra las víctimas y del entorpecimiento de las investigaciones judiciales.

Como si fuera poco, el Estado argentino reconoce este despotismo clerical al permitirle ignorar las órdenes judiciales. A partir de un Concordato(3) firmado en 1966 por el dictador Onganía con el Vaticano, el Estado le reconoce a la Iglesia Católica la jurisdicción sobre sus asuntos, o sea autoridad para anteponer sus leyes a las del Estado argentino. Obviamente, esto es una traba para la justicia estatal.

En 2017, el macrismo pretendió legalizar esta impunidad con su proyecto de ley de libertad religiosa(4). En su artículo 16 planteaba: «los ministros de culto están exentos de la obligación de declarar sobre hechos respecto de los cuales deban guardar secreto ministerial de acuerdo a lo que dispongan las normas de la propia entidad, y no podrán ser relevados de dicho secreto por ninguna autoridad administrativa o judicial».

Ese reaccionario Concordato obstaculiza que jueces y fiscales obliguen a las autoridades religiosas a testificar, prestar colaboración y brindar pruebas, lo que motivó un pedido de inconstitucionalidad en 2019(5).

Un manual para evitar la justicia terrenal

Otros puntos del flamante Vademécum papal desnudan su intención de evitar que las denuncias lleguen a las instituciones estatales, alentando a los clérigos a ampararse en pactos que les garanticen impunidad. El punto 47 plantea: «las acusaciones, procesos y decisiones relativas a los delitos mencionados… están sujetos al secreto del cargo… es posible evaluar si uno está obligado por el secreto o no, siempre teniendo en cuenta el respeto por el buen nombre de los demás mencionados». El punto 48 dice: «la eventual obligación… de comunicar a las autoridades civiles la noticia de delito recibida… obsérvense siempre y en cualquier caso las eventuales convenciones -concordatos, acuerdos y compromisos- estipulados por la Sede Apostólica con las naciones».

También plantea, en su punto 51, la posibilidad de exponer a lxs niñxs víctimas a entrevistas, sin explicitar garantías de protección y asumiendo como propias funciones indelegables del Poder Judicial. Esta pretensión absurda ya recibió una primera denuncia en Santa Fe(6) por usurpación de funciones y despertó el legítimo rechazo de las víctimas de abuso clerical.
Por otra parte, el punto 54 impide solicitarle al acusado declaraciones bajo juramento. En el punto 58, a fin de evitar «la difusión del escándalo», se sugiere la famosa reubicación de curas abusadores, clara táctica de descompresión y protección del victimario. Y en un acto de provocación, en el punto 73 reconoce la existencia de un «archivo secreto de la Curia», en donde guardan bajo siete llaves tales actuaciones, negadas tantas veces a las víctimas, a los organismos de derechos humanos y a la justicia.
Para coronar las instrucciones de impunidad, el Vademécum de Francisco contempla la figura de inimputable para los abusadores, la prescripción de los delitos y establece sanciones de bajo calibre, donde la dimisión o la baja son las penas más severas(7). En ningún caso se obliga a denunciar el delito ante la justicia ordinaria, lo que representa una continua exposición a las víctimas por seguir libres sus agresores y con impunidad para seguir actuando contra ellas y/o potenciales nuevas víctimas.

Contra la impunidad clerical, laicismo militante

La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, en una reciente carta pública, denuncia con acierto a la Curia: «Ya han tomado partido y es por los delincuentes. Lo hicieron así con los curas Ilarraz, Moya, Escobar Gaviria, en Entre Ríos, y hasta César Grassi a varios años de su condena conserva el estado clerical. Siguen siendo curas, son delincuentes que son parte de la institución eclesiástica. Y es así porque tienen el aval del mismo Papa Francisco».(8)

¿Se puede confiar en la Curia para investigar los aberrantes abusos sexuales que ha encubierto durante décadas? Claro que no. Tampoco hay que permitirles que interroguen a las víctimas, mucho menos a lxs niñxs. Hay que prohibirle por ley a todo cura que esté a solas con menores de edad en espacios cerrados, como lo propuso en su momento Alejandro Bodart y como lo plantea el proyecto de nuestra diputada cordobesa Luciana Echevarría.

En igual sentido, es preciso derogar el Concordato y también el privilegio inaceptable que significa en el Código Civil la calificación de persona jurídica pública a la Iglesia. También aplicar sin excepción la Ley de Educación Sexual Integral para enseñar desde la niñez a prevenir los abusos sexuales, así como anular los subsidios públicos a toda la enseñanza religiosa, transmisora de prejuicios medievales contra las mujeres y las disidencias sexo-genéricas. Por fin, la apertura de todos los archivos de la Iglesia y el Vaticano aportaría datos para poner fin a la impunidad y lograr el necesario juicio y castigo a los abusadores pedófilos.

Esto lo enmarcamos en la pelea por separar Iglesia y Estado, que debe ser laico. Y camino al socialismo: una sociedad de iguales cuyo paraíso no sea una promesa para después de la muerte ni una herramienta para manipular conciencias y difundir la conciliación de clases en nombre de la «paz social», todo en manos de perversos que hablan del hambre rodeados de oro.

1 https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_en.html
2 https://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P3E.HTM
3 vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19661010_santa-sede-rep-argent_sp.html
y http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18799/norma.htm
4 https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2017/PDF2017/TP2017/0010-PE-2017.pdf
5 https://www.telam.com.ar/notas/201906/364029-fiscalia-salta-iglesia-abuso-eclesiastico.html
6 https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/victimas-abusos-eclesiasticos-todo-el-pais-le-responden-al-arzobispado-santa-fe-n2598443.html
7 vatican.va/resources/resources_norme_sp.html
8 https://m.unosantafe.com.ar/santa-fe/victimas-abusos-eclesiasticos-todo-el-pais-le-responden-al-arzobispado-santa-fe-n2598443.html

Lo dejamos todo en la campaña

La mejor recompensa es saber que dimos todo de nosotrxs en la campaña. Y así fue. Pero también la recompensa son los miles de votos que nos permitieron sortear las proscriptivas PASO y seguir la pelea contra los candidatos del ajuste en las calles y en las elecciones de octubre.
Desplegamos una campaña apoyada en la juventud estudiantil y trabajadora, la más castigada por la precarización y los recortes de las políticas sociales. Una campaña 100% a pulmón, en la que recorrimos ciudades como Aimogasta, Chamical, Chepes, Olta y Chilecito, llegando a miles con nuestras propuestas.

El Lord Voldemort de la política, Carlos Menem.

Sin lugar a dudas, nuestra impugnación a la precandidatura de Carlos Menem generó un terremoto político. Muchos saludaron el “coraje” de haber atacado a un contrabandista de armas que pretendía hacerse de los fueros para evitar la prisión; pero otros salieron a respaldarlo, probablemente para legitimar el modelo neoliberal vigente, y del cual Menem fue su gerente más osado. Algunos dirigentes macristas pretendieron arrogarse nuestra impugnación, cuando ellos tienen las manos tan sucias de corrupción como Menem, con más de 70 funcionarios imputados en su gabinete presidencial. Otros dirigentes de ese mismo espacio, del PC y el kirchnerismo, salieron a respaldar la precandidatura de la impunidad; mientras nosotrxs aguardamos el fallo de la Corte Suprema, seguimos desarrollando una campaña para desmenemizar la política, porque luchar contra Menem es luchar por nuestro futuro.

Leo Acosta

Con un positivo debut en las elecciones provinciales, Izquierda al Frente confirmó que presentará la alianza para dar batalla en las PASO del próximo 13 de agosto.

Conferencia de prensa: Miércoles 14 de junio 8:00hs en el Juzgado Federal (Joaquín V. González N°85)

Con miras a las PASO 2017, aún están frescos los números de las elecciones provinciales del pasado 4 de Junio, donde el PJ salió primero en un contexto en el que el voto castigo fue dirigido tanto a los candidatos de Cristina del FPV como también de Cambiemos que quedó en tercer lugar.

El dato notorio en la izquierda es que Izquierda al Frente, conformado por el MST y el Nuevo MAS -en ese caso encabezado por las compañeras María José González y María Paula Abarca- se ganó un reconocido lugar en las elecciones del pasado 4J, por la fuerte disputa que dio frente a los candidatos de los partidos hegemónicos. Casi el 2% de los votantes eligieron a Izquierda al Frente, colocándonos como la primera fuerza de la izquierda socialista y unitaria en la provincia.

Este positivo saldo servirá de impulso para enfrentar un doble desafío. En primer lugar, intentar superar las PASO del 13 de agosto, logrando así que por primera vez llegue a disputar en las elecciones generales de octubre. En segundo lugar, apoyarnos en estos resultados como una herramienta para construir nuestro frente no sólo en las elecciones sino también en las luchas, para pararle la mano al ajuste de Macri, los peronistas y los radicales. Esta es sin duda nuestra tarea estratégica más importante.

Para encararlo, nuestro espacio hace un amplio llamado a lxs votantes que nos apoyaron hace pocos días, y que vienen reclamando más unidad y una renovación que le permita a la izquierda ser una alternativa real de poder contra los partidos tradicionales, unidad que el FIT viene rechazando desde el sectarismo que lo caracteriza, pero llamando también a aquellos que apoyaron a los partidos “progresistas” y cuya política electoralista demostró la falta de acciones de fondo para poner de pie y en marcha un nuevo plan para los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Así como el 4J, ahora en agosto ¡abrí PASO a Izquierda al Frente!

MESA PROVINCIAL DE IZQUIERDA AL FRENTE.

Contacto:

María José González 0380-154611698

Leonel Acosta 0380-154219932

María Paula Abarca 0380-154919907