La iniciativa surge frente a las propuestas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que buscan debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental, habilitando el avance de actividades extractivas sobre zonas glaciares y periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce.

En el caso de Santa Cruz, la vigencia plena de la Ley de Glaciares resulta vital, dado que los glaciares y ríos constituyen la única fuente de agua para casi 400.000 santacruceños. En un territorio árido, donde ya se registran graves problemas de acceso al agua en calidad y cantidad, especialmente en la zona norte y centro de la provincia, cualquier retroceso normativo profundizaría impactos sobre la salud, el ambiente, la producción y el empleo.

Al respecto, Alejandro Schweitzer, referente de la Red Ecosocialista del MST-FITU dentro del Frente Sindical, señaló:

“Sin agua no hay trabajo, no hay producción ni hay futuro. Modificar la Ley de Glaciares para beneficiar a las mineras es condenar a Santa Cruz a más saqueo y dependencia. Nuestra provincia fue pionera en la defensa de los glaciares, con una ley propia anterior a la nacional, y hoy debe volver a estar del lado de la vida y de los trabajadores”.

Desde el Frente Sindical remarcaron que la flexibilización de las normas ambientales no genera desarrollo genuino ni empleo sostenible, sino que profundiza la degradación ambiental y la pérdida de soberanía, dejando pasivos sociales y ecológicos irreversibles.

En ese marco, las organizaciones solicitan que el Gobierno Provincial:

Exprese públicamente su respaldo a la Ley Nacional de Glaciares sin modificaciones.

Ratifique el compromiso con la Ley Provincial N.º 3123, también sin cambios.

Se pronuncie contra cualquier intento de reforma regresiva.

Insté a los representantes de Santa Cruz en el Congreso Nacional a defender esta posición.

“El agua es un bien común, no una mercancía. Defender los glaciares es defender la vida, el trabajo y el futuro de Santa Cruz”, concluyeron.

Frente Sindical Provincial de Santa Cruz
Organizaciones sindicales y ambientales

Limita el inventario de glaciares a aquellos mayores a una hectárea (la ley actual contempla a todos sin importar su dimensión). Esto convierte en “explotables” zonas antes protegidas.

Deja fuera de protección zonas del ambiente periglaciar, de importancia por su rol en la regulación hídrica.

Impone la necesidad de realizar un estudio de significancia hídrica para los glaciares de escombros, requisito que no menciona la ley.

Esta ofensiva capitalista de las corporaciones para bajar los costos y ganar rentabilidad corre en el mismo sentido que la Ley de semillas, que pretende patentar el uso de un elemento de la naturaleza y la recategorización de bosques, aprobada entre gallos y medianoche en la provincia de Buenos Aires y cuestionada, gracias a la movilización social, en Córdoba.

Agua sí, Barrick no

La actual Ley de glaciares fue fruto de la movilización social y el impacto político logrado. Hace falta una campaña unitaria nacional para enfrentar el avance de esta fuerte ofensiva extractivista. Esa ley se logró aprobar con una amplia campaña de movilización social. De hecho, se revirtió el “veto Barrick” a la primera versión aprobada de ese marco legal. El macrismo en la actualidad, como gestor directo de las megamineras, se propone habilitar cuarenta proyectos de esa modalidad destructiva en el corredor andino. Nuestra posición a escala nacional es categórica: en defensa de la actual Ley de Glaciares, por su cumplimiento pleno. En defensa del agua y la vida. Y con una estrategia: prohibir en todo el país esta industria de saqueo y contaminación. Convocamos al conjunto de las organizaciones sociales, ambientales, estudiantiles y políticas, a desplegar una intensa y amplísima unidad en la acción en defensa de ese programa básico, elemental, inmediato. La Red Ecosocialista, nuestro colectivo nacional socioambiental y el MST, en cada una de las regiones donde actúan, se juegan por esa perspectiva a fondo.

Carla Simioni, Red Ecosocialista / CABA