Es indignante ver ahora como esta justicia de clase, dedica meses, recursos y personal a perseguir a un trabajador que peleaba por sus derechos. incluso a nivel internacional, persiguiendo a quien reclama. Pero la misma justicia no gasta ni un peso ni un segundo en investigar, perseguir y encarcelar a quienes se roban el país mediante fraudes financieros, estatización de deudas privadas, corrupción de grandes corporaciones privadas junto a funcionarios del Estado. O al mismo Macri, responsable político y económico junto a su gabinete de una entrega brutal que incluyó una enorme fuga de capitales y la elevación de la pobreza por encima del 40%.

Para ellos no hay persecución ni castigo, como tampoco lo hay para los responsables policiales involucrados en la trata, el narcotráfico, el gatillo fácil o la represión social. Incluso causas contra muchos genocidas continúan sin condenan. Una justicia privilegiada y designada por el poder político cierra los ojos ante los graves fraudes y delitos contra el país y quiere aparentar que hace justicia utilizando el aparato estatal contra Romero y muchos otros luchadores sociales perseguidos.

Rechazamos esta injusta detención y exigimos su inmediata libertad. También pedimos su desprocesamiento. A la vez que nos ponemos a disposición de sus compañeros y familiares, para impulsar las acciones unitarias que sean necesarias para reclamar que haya justicia.

MST en el FIT Unidad

Franquismo y Pacto de la Moncloa: continuidades, negocios e impunidad

Como parte entonces de esa iniciativa internacional, el MST de Argentina en Anticapitalistas en Red, organizó un Conversatorio con la participación del obrero catalán y militante republicano, Marc Muñoz y Alejandro Bodart, secretario general del MST y coordinación de Anticapitalistas en Red. Muñoz, de paso por Argentina como querellante en las causas por los crímenes del franquismo, desarrolló su visión sobre la conexión entre “los crímenes de la dictadura y la impunidad del Régimen del 78”. Por eso, destacó la solidaridad internacional y la lucha por una Cataluña independiente y socialista. Por su parte, Bodart desarrolló un análisis que ubicó la crisis capitalista internacional del 2008 como punto de partida del proceso de los Indignados y la reactivación de las banderas de la independencia. También, explicó la conexión histórica entra la lucha del pueblo catalán por su autodeterminación y las tareas pendientes que dejó la revolución española y la guerra civil del fascismo triunfante. Al final, hubo un intenso intercambio de ideas con la participación de la militancia juvenil y obrera presente que sirvió para reafirmar el compromiso internacionalista de la organización argentina comprometiéndose a continuar apoyando la causa por la autodeterminación de todas las nacionalidades oprimidas del mundo.

Autodeterminación, democracia real y socialismo: un solo programa, una sola lucha

La brutalidad represiva del régimen españolista contra el pueblo catalán se explica por una razón muy simple: si se impone el derecho democrático a decidir de los catalanes y triunfan con el método de la movilización, la dinámica que se abre deriva inevitablemente en más demandas sociales y políticas. En concreto, el motor del proceso es la juventud, la clase obrera y los sectores medios que no soportan más la opresión nacional que les impone la monarquía y el centralismo españolista. Si el pueblo catalán triunfara, se dinamizaría la misma lucha en el País Vasco y otras regiones, también sometidas de forma autoritaria por el Régimen del 78. Esa dinámica colocaría en agenda más causas democráticas (por ejemplo, los privilegios de la casta enriquecida y corrupta), como así también, demandas sociales contra la precarización, el paro, la salud pública y otros derechos básicos. Todos esos reclamos son incompatibles con la España burguesa, con la Europa de los bancos y la Troika, y por lo tanto el cuestionamiento ya incluiría los pilares clave del sistema capitalista. Nuestro planteo entonces, consiste en apoyar las demandas democráticas de todos los pueblos oprimidos, y a la vez unir como en el caso de España, esas demandas a las luchas sociales de toda la clase obrera de la península que enfrenta a los mismos verdugos de clase. Por eso, nuestro propósito estratégico es contribuir a una salida de fondo para esos pueblos heroicos: unir toda la península en una Federación Libre y Democrática de Repúblicas Socialistas. Sin reyes, sin castas, sin banqueros, sin capitalistas. En definitiva: una salida para el 99 %.

Mariano Rosa

El proceso para decidir si se produce o no la extradición de Puigdemont sigue su camino sobre el otro delito marcado en la euroorden, la malversación de caudales públicos. El plazo máximo para la definición llega a los 60 días.
Sí Puigdemont fuera extraditado por malversación, el Tribunal Supremo de Madrid sólo podría juzgarlo por ese mismo delito, sin poder imputar la rebelión. Así las eventuales penas pasarían de hasta 30 años de cárcel hasta entre 5 y 8 años.
Por supuesto, llegarán las respuestas del poder central. Cabe recordar que, en el mes de diciembre, Llarena retiró la primera euroorden sobre Puigdemont, Comín, Ponsati, Serret y Puig que estaban en Bruselas, para evitar que las autoridades judiciales belgas redujeran la posibilidad de juzgarlos en forma “homogénea” por rebelión, sí fueran extraditados a España por prevaricación.
Hay trascendidos que indican la posibilidad que Llarena acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La presentación de la cuestión prejudicial ante el tribunal supone la paralización del procedimiento hasta que haya una respuesta desde Luxemburgo. Esto se plantea cuando un juez o tribunal estima que para continuar con un asunto necesita que el TJUE le aclare el alcance de una norma comunitaria, en este caso la que en 2002 puso en marcha las euroórdenes. De brazos cruzados no se van a quedar porque están dispuestos a ir hasta el final, en lo político, en lo judicial y en la represión.
Un tiro por la culata
Más allá de cómo respondan desde España, la decisión que tomaron en Alemania tiene una gran importancia porque le dio la espalda a la principal argumentación de Llarena en las causas contra los independentistas catalanes: “rebelión y violencia”. Es la figura fundamental que les aplican a: Oriol Junqueras (vicepresidente), Carme Forcadell (presidenta del Parlamento), Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raúl Romeva y Dolors Bassa (ex consellers), Jordi Sánchez (ex presidente de la ANC y diputado de JxCat) y a Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural). También se les imputa a Toni Comín, Clara Ponsati y Marta Rovira, que actualmente están exiliados en Bélgica, Gran Bretaña y Suiza respectivamente.
Por otro lado, la justicia belga dejó en libertad sin fianza a Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig (consellers), aunque no pueden salir del país. Y en Escocia, Clara Ponsati (conseller) también se encuentra en libertad.
Los procesos son largos y complicados, los márgenes de maniobra de los regímenes democráticos burgueses son amplios y los gobiernos de la Unión Europea nefastos. Igualmente, los dictámenes recientes son positivos, implican un mandoble político a la mandíbula del presidente Rajoy y los suyos que ya habían anunciado una vinculación estrecha con Europa, sin inconvenientes para castigar a los “fugados”. También es un golpe para PP, PSOE y Ciudadanos cuyas figuras hacen campaña por el castigo a los independentistas.
Las causas a los independentistas son totalmente inventadas, a partir de un funcionamiento en tándem apenas disimulado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El argumento de la violencia es falso y el de malversación también lo es. Los verdaderos violentos, golpistas y antidemocráticos no son ni el pueblo catalán, ni los CDR, ni los independentistas; son el gobierno del PP y sus socios Cs y PSOE, con las porras de la Guardia Civil, las arbitrariedades del Juez Llarena y el aval del Rey.

Más los lazos que las togas

A partir de estas buenas noticias, hay quienes emiten loas a las “justicias avanzadas” europeas. No es nuestro caso. Lo sucedido sí demuestra que la justicia española es arbitraria, vengativa y no tiene independencia. También que el régimen nacido de la Constitución del ¨78 está agotado. Sin embargo, no implica depositar confianza en las leyes, ni en los gobiernos de otros países europeos que le dan la espalda a la autodeterminación catalana y castigan a los pueblos que se rebelan.
Sí hay pasos adelante se deben fundamentalmente a que el pueblo catalán sigue de pie, movilizado y peleando. A que se extiende el reclamo por la libertad de los presos políticos y achica los márgenes para ignorar que el Estado español recorta libertades y pretende avasallar al que opina distinto. El mérito más grande por lo sucedido no está simbolizado en las togas de los jueces sino en los lazos de los miles y miles de catalanes movilizados y en aquellos que aún sin ser independentistas rechazan el 155 y sus consecuencias. Es necesaria la unidad de acción de todos los trabajadores y los pueblos oprimidos, sean de donde sean.
El 1-O está vivo en la voluntad por la autodeterminación catalana. Para que la libertad de todos los presos políticos y la anulación de las causas se haga realidad, para que los exiliados puedan regresar sin ser perseguidos, es necesario continuar y profundizar la movilización. Es necesario hacer del 15 de abril un nuevo hito de movilización masiva, en Cataluña e internacional, en el camino de la huelga general y el plan de lucha que hace falta.

Manel Pere Lecha – Portal Anticapitalista

Luego, en una columna de varias cuadras, la movilización se dirigió a La Model, prisión de hombres y de internamiento de disidentes políticos durante la dictadura de Franco. La metáfora de la movilización era clara, de las instituciones a la cárcel.
Durante las cuadras que duró la movilización y entonada a viva voz junto con la consigna de libertad presos políticos, los miles de manifestantes cantaron “la escuela catalana no se toca”, para hacerle sentir al Estado español que no podrán avanzar contra la lengua de la nación catalana. Otra de las consignas más cantadas fue “unidad, unidad.”
Al llegar a la Model, el momento más emotivo de la noche se vivió cuando Oriol Sànchez, hijo de Jordi Sànchez, leyó una carta escrita por su padre desde Soto del Real. Lo mismo hizo el sobrino de Jordi Cuixart. En tanto que Jordi Pairó, miembro del secretariado nacional de la ANC, fue quien leyó el manifiesto ‘Cuatro meses de frío’.

Desde Portal Anticapitalista participamos de esta nueva acción por la Libertad de los presos políticos y llamamos a seguir movilizados cada vez con más fuerza y unidad.

Casi a fin de año recibimos con indignación la noticia de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 decidió concederle la prisión domiciliaria al represor de la dictadura, condenado a prisión perpetua, Miguel Etchecolatz. Días después, éste violó impunemente la domiciliaria saliendo en una camioneta sin identificación.
La justicia del sistema, en consonancia con el discurso del Poder Ejecutivo Nacional, pretende garantizar la impunidad de estos personajes nefastos de la historia de nuestro país: secuestradores, torturadores, asesinos y apropiadores de bebés. Sin vergüenza, la diputada Elisa Carrió pidió “justicia para esos militares que con 80 años se están muriendo en la cárcel”…
Recientemente, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, al que vimos defender a capa y espada la reforma previsional que saquea a los jubilados, pidió la “reconciliación” con los genocidas de la última dictadura militar.
Pero pese a estas declaraciones, más las de otros funcionarios macristas y las campañas a favor de la “teoría de los dos demonios” que replican los grandes medios adictos a Cambiemos, el pueblo no compra. Sabe que esa “reconciliación” es funcional a la impunidad del terrorismo de Estado de ayer y a la represión de hoy. Por eso recibieron a Etchecolatz en Mar del Plata con grandes marchas y escraches de los que fuimos parte junto con otros organismos de derechos humanos y organizaciones populares.
Como contracara de esa política, el gobierno nacional y los gobernadores reprimen con violencia al pueblo trabajador cada vez que gana las calles contra las reformas o decretos que pretenden imponer en beneficio de los bancos y corporaciones. Y mientras Macri permite que las Fuerzas Armadas, cuyo comandante en jefe es él, organicen homenajes a militares muertos por ataques guerrilleros, promueve la detención de luchadores en manifestaciones populares sin ningún tipo de pruebas. Repudiable por donde se lo mire.

El ajuste no pasa sin represión

Los jueces adictos al poder de turno obedecen gustosos. Mantienen detenidos a funcionarios y allegados al gobierno anterior, sin el más mínimo respeto por el debido proceso judicial. No respetan tampoco la presunción de inocencia, dictan prisiones preventivas sin ningún fundamento legal y por su mera discrecionalidad. Como si estuviéramos bajo la Inquisición medieval, desde el Poder Ejecutivo les marcan a dedo a los jueces quién será la próxima víctima a la que se le anularán todas las garantías y principios constitucionales y se la privará de su libertad.
También persiguen y mantienen injustamente privados de su libertad a compañeras y compañeros que son detenidos por el mero hecho de manifestarse, de ejercer su derecho a reclamar. El objetivo evidente es intentar disciplinar a un pueblo trabajador que da pelea para que no le quiten conquistas que tanto costó conseguir. Por eso en la Argentina de Macri hoy hay presos por luchar y también presos políticos (ver recuadro).
Entretanto, el blindaje mediático del que goza el gobierno macrista intenta desviar la atención. El ensañamiento con Sebastián Romero tuvo como finalidad sacar del centro de la escena la represión policial, que tanto en la jornada del 14 de diciembre como en la del 18 fue escandalosa. La cacería humana ejecutada por las fuerzas de “seguridad” fue la reacción del disgusto que le causó al gobierno la masividad de las movilizaciones contra la reforma previsional. Dicha actuación nos dejó postales que recorrieron el mundo y que quedarán en la conciencia popular entre las peores de la historia. Caras de felicidad de policías, atropellos con sus motocicletas a manifestantes, palizas a jubilados indefensos. El derecho a réplica en los medios, salvo excepciones, bien gracias.
Hoy celebramos la excarcelación, por falta de pruebas, de los militantes César Arakaki y Fernando Dimas Ponce (PO), que se habían presentado a la justicia y quedaron detenidos. Como aún siguen procesados, seguimos exigiendo su absolución definitiva. Desde el EMVJ también reclamamos la inmediata liberación de los cinco compañeros detenidos en la jornada del 14 de diciembre y de las demás presas y presos políticos.
No nos cansamos de repetir: para enfrentar esta ofensiva antidemocrática, autoritaria y regresiva en materia de derechos humanos hace falta la más amplia unidad de acción, respetando las diferencias pero anteponiendo los puntos de acuerdo. Este año será de mucha tensión social y política y el pueblo dio una muestra de que le sobran fuerzas para afrontar lo que se viene y defender todos sus derechos.

Libertad a lxs 17 presxs por luchar y presos políticos

Facundo Jones Huala, el lonko mapuche a riesgo de ser extraditado a Chile.
Esteban Rossano, Pablo Giusto, Diego Parodi, Juan Valotta y Sebastián Giancarelli, por la jornada del 14 de diciembre contra la reforma previsional.
Milagro Sala, Mirta Guerrero, Gladis Díaz, María Graciela López, Mirtha Aizama, Alberto Cardozo y Javier Nieva, de la agrupación Tupac Amaru, por el acampe en la plaza de Jujuy capital.
Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Yussuf Khalil y Carlos Zannini, acusados de “encubrimiento del atentado a la AMIA”.

Oscar Charrutti,
CADHU-MST

El petitorio que ya cuenta con cientos de firmas, dice lo siguiente:

Petitorio por Cataluña

Los abajo firmantes exigimos la inmediata libertad de todos los presos políticos y el fin de las persecuciones a los independentistas catalanes. Rechazamos la intervención golpista sobre Cataluña de Rajoy y el Estado monárquico español. Defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y su independencia, democráticamente decidida en el referéndum del 1-O, y nos pronunciamos por el reconocimiento de la nueva república de Cataluña.

Estas son las nuevas firmas que suman a esta campaña:

Gran Buenos Aires Oeste

Rubén “Polllo” Sobrero – Unión Ferroviaria Seccional Oeste

José Sebriano, Diego Ormaechea, Arnoldo Troncoso, Marcos Martín, Miguel Ruiz Díaz, Eduardo Romero – Comisión Ejecutiva Unión Ferroviaria Seccional Oeste

Gran Buenos Aires Norte

Roberto Iglesias – Secretaría Interior SUTEBA

Gabriela Tissone –Secr. Gral SUTEBA Dolores

Marisa Monteiro – Comisión Ejecutiva Provincial SUTEBA

Sergio Ahumada, Comisión Directiva SUTEBA

Alejandro Ruiz Agrupación “Resistencia colectiva”

Congresales del SUTEBA: Domínguez Gabriela, Emiliano Caracciolo, Sergio Ariel Viselo, Tavella S. Maris, Rocío Sánchez

Graciela Rodriguez – Secr. Gral SUTEBA Gral Sarmiento

José Luis Nosiglia – Secr. Gral SUTEBA San Martín – Tres de Febrero

SUTEBA Tigre: María Elisa Salgado – Secr. Gral, Gabriela Macauda – Secr. Adjunta, CES, Alfredo Cáceres – Secr. de Formación, Aldo Chiaraviglio – Secr. Gremial, Alejandro Laza –Secr. Promoción Social, Silvia Fernández – Secr. de Organización, Marcela Ojeda – Vocal, Andrés García – Subsecretario gremial, Salgado María Clara –Secr. de Jubilados, Hernández Raquel –Subsecretaria de Cultura y Educación SUTEBA, María Antonia Díaz – Congresal, Jimena Oliva – Secr. Salud, Florencia E. Garrido –delegada M1, Ana Inocencio – delegada EP 11

Palavecino Hilda – CD ATE San Isidro

Laguna Raúl – Asamblea en Defensa Salitas de Salud de José C. Paz

Río Negro y Neuquén

Angélica Lagunas – Secr. Gral ATEN Capital,  Gabriel Pillado dirigente de ATEN Capital, Priscila Ottón dirigente de ATEN Capital

Alejandra Mora – Secr. Gral de UNTER Cipolletti, Sergio Cvejanov – Delegado ATE SE.N.A.F. Cipolletti, Lila Calderón – MPLD Rio Negro

Martín Carcione – dirigente del MST provincia de Neuquén, Celeste Fierro –dirigente del MST provincia de Río Negro.

Corresponsal

La jueza de la Audiencia Nacional de Madrid, Carmen Lamela, detuvo a los dirigentes soberanistas sin derecho a fianza alguna. Se los acusa de haber sido los «promotores y directores» de la movilización de masas que arrinconó a la Guardia Civil en la sede del Ministerio de Economía de Cataluña, en oportunidad en que está allanó y detuvo a funcionarios catalanes en ese lugar, el pasado 20 de Setiembre, durante la operación preparada para impedir el plebiscito del 1º-O.

Esta movilización pacífica, en respuesta a lo que fue calificado como un verdadero «golpe de estado» de Rajoy y el rey Felipe, al detener y pasar por encima de las autoridades del gobierno autonómico, constituye para el régimen español el delito de sedición. Como en esos días, en esta ocasión la respuesta del pueblo catalán no se hizo esperar, se concentraron 200.000 personas en Barcelona. Otros puntos de Cataluña y España han sido escenario de importantes acciones de protesta.

El régimen monárquico golpea

Bajo la misma persecución política se acusa también de sedición al titular de los Mossos D’Esquadra (policía catalana), Josep Lluís Trapero, el que ha quedado en libertad condicional, aunque se le ha retirado el pasaporte y tiene que presentarse cada 15 días. No conforme con esto, la fiscalía esta interponiendo recursos para que se lo ponga preso sin derecho a fianza, como es el caso de Sánchez y Cuixart. También el fiscal pidió prisión eludible con una fianza de 40.000 euros para el teniente de los mossos Teresa Laplana.

Este martes el Tribunal Constitucional de España ha dictado sentencia sobre la nulidad definitiva de la ley del referéndum que había aprobado el Parlamento Catalán y las grandes empresas siguen cambiando los domicilios de sus sedes centrales a otros puntos de España ajenos a Cataluña. También agentes de la Guardia Civil han allanado el centro de gestión de llamadas de Emergencias 112 de la Generalitat de Reus en Terragona buscando grabaciones que permitan acusar a la dirección de los Mossos D’Esquadra de complicidad en la realización del plebiscito «ilegal» del pasado 1º-O.   

Esta brutal ofensiva de Rajoy y el régimen español se da en el marco de la activación del artículo 155 de la Constitución Española, que permite suspender la autonomía de Cataluña, destituir a su gobierno legítimamente elegido e intervenir militarmente, utilizando a los más de 10.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ya tienen destinados al territorio catalán, como una verdadera tropa de ocupación.

La detención de los dirigentes de la ANT y de Ómnium, las persecuciones a Trapero, cuyas tropas acaban de ovacionarlo luego de su paso por los tribunales, son parte de una ofensiva cuyas nuevas fechas clave son el jueves 19 y viernes 20 próximos, en la que el régimen español deberá decidir qué pasos dar ante la negativa de Puigdemont a cumplir con sus requerimientos de pronunciarse categóricamente sobre la  independencia o desestimarla. Algo a lo que el presidente de la Generalitat se negó y continuó llamando al dialogo.

Distintas fuentes políticas y periodísticas especulan sobre la posibilidad de que el Estado Español reaccione con medidas que van desde   una intervención parcial a otra total del gobierno autonómico, la intervención de los Mossos D’Esquadra y el llamado a nuevas elecciones autonómicas en el curso de 90 días, en el medio de una situación muy parecida al de un estado de excepción en Cataluña.

La revolución catalana contragolpea

La reacción catalana ante estos atropellos ha sido inmediata. Un masivo cacerolazo en Cataluña fue la primera reacción frente a la noticia de las detenciones. Luego la Taula por la Democracia que agrupa a decenas de organizaciones sindicales y sociales, entre ellas a la ANC y Ómnium, llamó a una masiva concentración para las 20 hs., que comenzó con concentraciones a las 12 hs en los lugares de trabajo. Y el movimiento estudiantil se plegó con mucha fuerza a esta nueva protesta masiva.

La Generalitat elevó de inmediato una fuerte protesta y la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declaró el cierre de toda actividad institucional del Ayuntamiento. El dirigente de Podemos Pablo Iglesias condenó las detenciones y sigue una larga lista de pronunciamientos contra este atropello a las libertades democráticas y la exigencia de la inmediata libertad de los detenidos.

La movilización de Barcelona fue la más numerosa. También hubo movilizaciones importantes en Girona (9.000), Tarragona (5.000) y Lleida (18.000) y otros municipios catalanes. Además se realizaron concentraciones en la Puerta del Sol en Madrid, Valencia y en Palma de Mallorca entre otros lugares de España, según informa el periódico La Vanguardia.

A nivel europeo distintas voces se han alzado contra las detenciones. Leanne Wood, la líder del Plaid, el partido nacional galés, ha calificado a los detenidos como los “prisioneros políticos en Europa». En el mismo sentido se han pronunciado una veintena de diputados en el Parlamento Europeo, el escritor escocés Irvine Welsh, el partido irlandés Sinn Fein y el diputado finlandés Mikko Karmi, que ha pedido a la UE que se aplique el artículo siete contra España por los presos políticos, de acuerdo a lo que informa INCAT (Agencia de Noticias de Cataluña)

Mientras la Taula por la Democracia que con más de 60 entidades entre los cuales se encuentran desde los sindicatos combativos que fueron el corazón del paro general del pasado 3 de octubre, a las tradicionales y burocráticas UGT y CCOO, pasando por la ANC y Ómnium, ha llamado a una movilización masiva para el próximo sábado 21/10, se debate la necesidad de lanzar otro paro general más fuerte y amplio que el anterior.

Para la diputada de la CUP Mireia Boya, con la prisión de los dos «Jordis» se abren «la condiciones necesarias para proclamar la república, aplicar la ley de Transitorietat Jurídica e iniciar el proceso constituyente.» (La Vanguardia 17/10). Sus dichos no hacen sino reflejar los sentimientos de miles de catalanes movilizados que opinan que es necesario dejar de lado la suspensión y declarar la independencia unilateral cuanto antes.

Cuando terminamos de escribir estas líneas la movilizaciones están finalizando en la revolucionaria Cataluña. Los hechos de estos días están preanunciando un pronto y seguro choque de trenes entre las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución del régimen monárquico español respaldado por el grueso de la burguesía imperialista europea y mundial.

Más que nunca es necesario el mayor apoyo a su lucha para enfrentar este nuevo ataque, exigir la libertad inmediata de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el retiro de las tropas españolas y el respeto a su derecho a decidir y declarar su independencia. Su lucha es la lucha de todos los trabajadores y pueblos del mundo que pelean por su derecho a la libertad e independencia frente a la brutalidad del capitalismo imperialista y sus anti democráticos regímenes políticos.

Gustavo Giménez

El proyecto está en Diputados y lo presentó el secretario de Culto Santiago de Estrada, ex funcionario de la dictadura y del menemismo. Lo avalan el Papa, la Conferencia Episcopal Argentina, la Mesa Consultiva de Federaciones de Iglesias Evangélicas (FAEI, FECEO, bautistas, adventistas y ACIERA), el Centro Islámico, los cristianos ortodoxos, los mormones y las entidades judías DAIA y AMIA. El proyecto lo debe debatir la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, quizás alguna otra, y luego de ser votado por los diputados pasará al Senado para su aprobación definitiva.
En lugar de avanzar hacia la separación de la Iglesia del Estado y por ende un Estado laico, la nueva ley intenta equiparar moral pública a religión e implica varios retrocesos:

1. Reafirma a la Iglesia como persona jurídica pública

El proyecto convalida ese criterio oscurantista, ya incluido en el nuevo Código Civil y Comercial que reformó el gobierno K: la Iglesia tiene un status equivalente al del Estado nacional y las provincias. Y todas sus propiedades son inembargables, aunque tengan demandas civiles, por ejemplo por abusos de curas pedófilos…
Gracias a seis “leyes” de la dictadura, se mantiene el sostén económico estatal a obispos, curas y seminaristas1. El mayor monto que recibe la Iglesia son los subsidios a sus colegios, donde difunden sus dogmas y prejuicios misóginos y homofóbicos. ¡Este año ambos rubros, que salen de nuestros impuestos, suman unos 32.000 millones de pesos!
Aparte de esa millonada, la Iglesia recibe dinero público por refacciones, obras, viajes, exenciones impositivas y otros extras. A los colegios de las otras religiones, así como a los privados laicos, también los subsidia el Estado.

2. Permite la objeción de conciencia institucional

El art. 5 del proyecto habla de “no discriminación” a un religioso, pero no incluye el caso inverso: la discriminación de un religioso a un ateo o agnóstico. Dispone que “no pueden alegarse motivos religiosos para impedir o restringir a las personas el libre ejercicio de sus derechos, o para limitar el acceso a cargos públicos”. Pero una persona que por su religión rechace el aborto no punible, la anticoncepción o las transfusiones no debería trabajar en un hospital público. Un empleado que rechace el matrimonio igualitario no debería trabajar en un registro civil. Los funcionarios públicos deben cumplir siempre las leyes vigentes y garantizar los derechos sin excepción.
El art. 7 del proyecto permite la objeción de conciencia individual e institucional. Eso habilitaría a negarse a practicar abortos no punibles y entregar anticonceptivos o a incumplir la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y negarse a dar la teoría de la evolución de las especies en colegios confesionales.

3. Amplía los privilegios religiosos

En vez de obligatorio como hasta ahora, según la nueva ley el registro de cultos será voluntario, aceptando una vieja demanda de los credos no católicos. En concreto, los cultos allí inscriptos se considerarán “entidades de bien público” y podrán gozar de beneficios estatales, como las exenciones impositivas y aduaneras que hoy ya tiene la Curia.
Además, según la nueva ley los ministros de todas las religiones podrán entrar libremente a “lugares de internación, detención y cuarteles”. Hay casos en que los propios parientes de las personas internadas tienen obstáculos o no pueden entrar a cárceles, psiquiátricos o asilos, pero un cura podría hacerlo sin ningún problema…
También se agravan las penas del Código Penal. La pena común por daños, que va de 15 días a un año de prisión, sube de 3 meses a 4 años si el bien dañado es de un culto (art. 27). Y dispone hasta 6 años de prisión por hurto de un objeto de culto (art. 26). En lugar de igualar derechos, se otorgan más privilegios a los sectores religiosos.

4. Refuerza la educación confesional

Según el art 2 inciso l, el proyecto dispone el derecho “a impartir y elegir para sí, o para los menores, incapaces o personas con capacidad restringida cuya representación legal ejerzan, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias creencias o convicciones, impedir que reciban enseñanzas o participen en prácticas contrarias a ellas”. O sea, se refuerza la enseñanza religiosa, que el ministro Esteban Bullrich encima pretende extender.

5. Protege delitos sexuales y de corrupción

Según el art. 16 inciso a del proyecto, “los ministros de culto están exentos de la obligación de declarar sobre hechos respecto de los cuales deban guardar secreto ministerial de acuerdo a lo que dispongan las normas de la propia entidad, y no podrán ser relevados de dicho secreto por ninguna autoridad administrativa o judicial”.
Es tremendo. Por ejemplo, un cura que sepa sobre abusos o una monja que sepa sobre valijas de dólares pueden negarse a declarar ante la justicia amparándose en el supuesto “secreto ministerial”.

Nuestras propuestas anticlericales

Separación total de la Iglesia Católica y el Estado. Anulación de todos los subsidios estatales a la Iglesia y a toda la educación religiosa y privada, para destinar esos fondos a la educación pública. Abolición de toda educación religiosa o rezo en las escuelas públicas y obligación de impartir ESI con perspectiva de género. Retiro de las imágenes religiosas de los establecimientos públicos.
En el siglo XXI, y siendo respetuosos de toda creencia religiosa aunque no la compartamos porque somos ateos, estas reivindicaciones son lo mínimo que debemos exigir.

Pablo Vasco

1. Ley 21.950: los obispos cobran el 80% del sueldo de un juez. Ley 21.540: los obispos retirados cobran el 70% del sueldo de un juez. Ninguno paga Ganancias ni aportes jubilatorios. Ley 22.162: unas 400 parroquias cobran asignaciones por “zona desfavorable”. Ley 22.950: los 1.800 seminaristas cobran como un estatal de categoría 10. Ley 22.430: unos 640 curas que ejercieron al menos 5 años cobran jubilación. Ley 24.483: más de 400 “institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica” cobran subsidios estatales