Si bien no es potestad solo del PRO y Cambiemos, estamos ante un salto en el racismo y la violencia contra los pueblos originarios que ya se cobró numerosas víctimas.

Clandestino en tu propia tierra

Es fundamental para cualquier análisis serio entender que la fundación del Estado argentino tiene en su origen un genocidio de magnitud contra los pobladores originarios de estos territorios.
El burdo argumento de que el pueblo mapuche es «extranjero» es falso de punta a punta. Los pueblos originarios en general y los mapuches en particular son preexistentes a los Estados, a la conquista y la colonización de América, y a la visión eurocentrista del mundo que nos impusieron. Para mejor «digerir» el genocidio, se lo cubrió con una supuesta dicotomía entre civilización y barbarie, buscando explicar que más allá de violencia y muerte «no había otra forma de extender la civilización».
Parece un razonamiento de dinosaurios, pero es la base de las construcciones ideológicas, políticas y sociales contra el pueblo mapuche: negar su identidad, su cultura, su cosmovisión y por supuesto su derecho a habitar un territorio según su propia organización.
Después de años de resistencia, de reconstrucción cultural y política, el pueblo-nación mapuche se encuentra fortalecido en la pelea por sus derechos. Esto es motivo de preocupación para el capital y sus agentes en la Rosada y el Congreso.
A la vez, el desplazamiento territorial provocado por las sucesivas campañas militares del Estado empujó a que durante años muchas comunidades se establecieran en ubicaciones marginales desde el punto de vista capitalista. Pero hoy se revalorizaron por la expansión de la frontera extractiva de hidrocarburos no convencionales, el turismo de élite y los latifundios. Esa es la base material de la campaña anti-mapuche: «limpiar» el territorio para facilitar su entrega.

Sobre legalidades y derechos

 Así como vulnera los derechos de los pueblos originarios, esta democracia capitalista en crisis no deja de violar los propios «principios» que rigen su funcionamiento. La Constitución Nacional, defendida de la boca para afuera por Macri y su pandilla represiva, es sistemáticamente ignorada en cuanto al derecho indígena. Lo mismo para los trabajadores, mujeres, jubilados, etc. Los pactos internacionales incorporados en 1994, la Ley 26.160 de relevamiento territorial prorrogada hace poco y otros instrumentos jurídicos son atropellados por el gobierno.
Como lo denuncia el propio diario Río Negro, el proceso de relevamiento territorial está paralizado y así se facilitan la entrega de las tierras comunitarias, las disputas privadas y la judicialización de las comunidades.
Un ejemplo es el de la comunidad Campo Maripe, integrante de la confederación mapuche de Neuquén, emplazada en el corazón del cluster (asociación productiva) YPF-Chevron. El proceso de relevamiento dio como resultado el reconocimiento de los derechos ancestrales de la comunidad en esas tierras. Ante el resultado el gobierno cajoneó el relevamiento y hoy el territorio está militarizado y la comunidad enfrenta un proceso judicial. En toda la Patagonia hay muchos casos similares.
Para los pueblos originarios no hay estado de derecho, sino represión y despojo, violación sistemática de sus derechos y construcción de un relato estigmatizante y justificatorio de la violencia. Hace pocos días Rafael Nahuel fue muerto por Prefectura y hace unos meses lo fue Santiago Maldonado en manos de Gendarmería. El listado de palizas, encarcelamientos y asesinatos de originarios en todo el país es bastante largo.

De la exclusión al reconocimiento

Rafael es el rostro de miles de pibes que, empujados a la marginalidad, hacinados en los barrios más vulnerables de Bariloche y otras ciudades patagónicas, se van reencontrando con su identidad. El mismo proceso han hecho los nietos apropiados por la dictadura y recuperados por las Abuelas, pero se cuestiona si se trata de la identidad mapuche.
Desde ya, seríamos críticos si algún agrupamiento mapuche apelara no a la legítima autodefensa sino a metodologías terroristas. Pero el RAM ni siquiera se sabe si existe y aun los grupos mapuches más radicalizados no plantean ninguna separación sino un Estado plurinacional y multiétnico, con reconocimiento de sus territorios, costumbres e idiomas.
Bullrich y el gobierno le dan vía libre a las fuerzas represivas para disparar primero, ocupar territorios comunitarios, detener niños y cazar personas. Con esa misma lógica acuerdan con el gobierno chileno la detención y el proceso de extradición de Facundo Jones Huala.
Ante esta realidad, defendemos los derechos del pueblo mapuche. Lejos de ser una amenaza para el pueblo expresan una demanda democrática fundamental y son un freno a las corporaciones que nos saquean y a los gobiernos que las apañan.

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La tristeza se nos multiplicó junto con la bronca. Santiago Maldonado, un joven “blanco”, de 28 años, tatuador, con rastas, solidario con los reclamos de las comunidades originarias, asesinado por la Gendarmería en el marco de un operativo ilegal en Cushamen, Chubut. Rafael Nahuel, “Rafita”, un joven mapuche de 22 años, flaquito, de Boca, que aprendía el oficio de soldadura y herrería, asesinado por la Prefectura en el marco de un operativo contra la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, Río Negro.

Dos pibes jóvenes, dos vidas injustamente cortadas de cuajo por sendas fuerzas represivas, ambas al mando de la ministra de (In)Seguridad Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Dos pibes menos, en esta Argentina gobernada por Mauricio Macri, cuyo plan es el ajuste sin fin contra el pueblo trabajador y la entrega sin fin a las corporaciones.

Tras saludar y conversar con Sergio, el hermano de Santiago; con su mamá, con su esposa Andrea, con su cuñada Carolina y con la abogada de la familia, Verónica Heredia, nos volvimos desde 25 de Mayo a Buenos Aires para participar al día siguiente.

Basta de encubrimiento e impunidad

Tal como lo hizo frente a la muerte de Santiago, la respuesta oficial ante la muerte de Rafael es la campaña de mentiras y el encubrimiento con el objetivo evidente de lograr impunidad. Se demoniza entonces a un “enemigo interno”, esta vez los mapuches y quienes respaldamos sus derechos, con tal de exculpar tanto al aparato represivo ejecutor como a los propios responsables políticos de las muertes.

Aun suponiendo que su cuerpo no fue “plantado” y aunque la autopsia diga que Santiago murió de frío y ahogado, lo cierto es que su muerte es consecuencia directa de una represión ilegítima e ilegal, fuera de la ley. La causa de la muerte no elimina las circunstancias: la orden del juez era despejar la ruta 40, pero la Gendarmería fue más allá, entró a los tiros a la comunidad Pu Lof y fue por esa persecución criminal que Santiago terminó sus días en el río.

En cuanto al caso de Rafael, la versión oficial, también replicada por los grandes medios amigos del gobierno, es la del “enfrentamiento”: mapuches armados que atacan a un grupito de prefectos. La realidad es muy otra. Sólo se probó que los mapuches tenían piedras y lanzas, no armas de fuego. Y avasallando la Ley 21.610 que prorrogó todo desalojo de comunidades originarias, el operativo lo llevaron adelante efectivos de Prefectura que dispararon con ametralladora. Una verdadera cacería.

De nuevo a las calles

Frente a tanta injusticia gubernamental, la respuesta no puede ser otra que la movilización. El mismo sábado, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -que integramos junto a decenas de organizaciones de derechos humanos y populares- salió la convocatoria a marchar al otro día a Plaza de Mayo en repudio al asesinato de Rafael y por justicia por Santiago.

De ese modo el domingo 26, desde las cinco de la tarde, con Vilma y la militancia nos concentramos de nuevo ante el Cabildo. “No cabe duda, no cabe duda, que a Rafita lo mató la Prefectura”, cantaba nuestra joven e incansable batucada. Luego fueron llegando otras agrupaciones, armamos la columna unitaria del EMVJ y dimos algunas rondas a la Pirámide. Ya con la presencia Mirta Baravalle y Norita Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, Gabriela Vargas de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos leyó el texto del Encuentro, donde exigimos: Cárcel ya a los asesinos de la Prefectura Naval. Basta de represión a los pueblos originarios. Destitución inmediata y juicio político para el juez Villanueva. Libertad al lonko Jones Huala, no a su extradición. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del secuestro, desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Por supuesto, también en Bariloche y en muchas otras ciudades del país el domingo 26 las y los militantes del MST salieron a las calles por Rafael y por Santiago.

El gobierno macrista se saca la careta

En una conferencia de prensa hoy lunes 27, los ministros del mismo gobierno responsable de la tragedia del ARA San Juan se han terminado de sacar la careta. Con todo cinismo, mientras Bullrich sostenía “llevamos adelante una acción legal y legítima, totalmente enmarcada en la ley”, su par el ministro de (In)Justicia Germán Garavano afirmaba que “los argentinos tenemos que aprender que no es la violencia el camino para solucionar los conflictos”…

¡Ellos, que asesinan, reprimen a mansalva, encarcelan a opositores procesados sin condena, pretenden una justicia adicta y atropellan las libertades democráticas y las garantías constitucionales! ¡Ellos, que tanto hablan de “república”, de “instituciones” y de “transparencia”!

Luego la ministra fue más brutal y directa: “Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”, dijo. Bullrich trata de justificar así un estado de excepción de hecho según el cual, para el gobierno y su accionar represivo, todo vale. Como el plan de Macri y Cambiemos es imponer el ajuste, justifican la violencia represiva a como dé lugar. ¡Ningún sector político o social que se reclame democrático puede dejar de repudiar semejante autoritarismo!

Santiago proviene del hebreo Ya’akov, que significa algo así como “parado en sus talones”. Y en idioma mapuche, Nahuel significa “tigre”. Así, parados sobre sus talones, para nosotros esos dos jóvenes tigres que son Santiago y Nahuel siguen presentes, ahora y siempre.

Marx plantea una definición enigmática en El Capital cuando dice “el único límite del capital es el propio capital”. Se refiere a la ley del beneficio y a la simplísima fórmula de que el sistema se termina económicamente cuando “agota sus dos fuentes principales de riqueza: la tierra y el trabajador”. Schumpeter, economista no-marxista, explicaba categórico que el capitalismo nunca podía mantenerse estacionario, que la movilidad para su permanente valorización le era intrínseca. En definitiva: uno y otro, en claves políticas distintas, expresaban una matriz que todavía hoy en el siglo XXI define la lógica del sistema: su inexorable tendencia a la realización de beneficio privado incesante.
Ese movimiento esencial, contribuye a garantizar ganancia sostenida a los propietarios en base al aumento de la explotación laboral y la reducción de los costos de producción. En este esquema, simplificado al extremo, se anota el modelo económico capitalista de carácter extractivista en nuestra región. El territorio de nuestros países, su naturaleza, es un campo de valorización capitalista por una doble vía: por la ganancia que realizan las corporaciones que operan en el agronegocio, hidrocarburos, megaminería o desarrollo inmobiliario especulativo, y porque además, aportan por el creciente volumen de producción a abaratar costos de forraje, energía e insumo para reserva de valor -oro o ladrillos- en el mercado global. El marco general es la inestabilidad capitalista internacional de un ciclo que arrancó en 2008 y que todavía no se cierra. El mismo requiere relanzar la economía incrementando la tasa de beneficio. Estas variables explican la presión potente del capital para expandir su lógica territorial en la Patagonia, la cordillera, el norte del país o los espacios públicos urbanos. En ese camino, la lucha de clases, comunidades oprimidas como los mapuches, qom o wichís, son un escollo, un obstáculo a sortear. El aparato estatal y las empresas mediáticas operan como recursos para ese objetivo: represión y secuestro de personas; fabricación de sentido común en la opinión de masas con el dispositivo ideológico del “enemigo interno” originario, extranjero, subversivo, disolvente. Esa es la trama, para aislar la resistencia.

La ley 26.160, una trinchera

En 2.006 se aprobó una ley que definía como objetivos relevar el territorio de las comunidades originarias y suspender los desalojos hasta terminar con el registro. Al día de hoy solamente hay 1.532 comunidades registradas de las cuales 459 tienen completado el relevamiento. Ninguna tiene título de propiedad. El lobby terrateniente impidió la consumación de los objetivos de esta ley, pero la movilización de las comunidades fue logrando prórrogas hasta este 23 de noviembre, que vence el último plazo. Después de eso, quedarán sin el amparo legal frente a los desalojos. La unidad orgánica de las corporaciones, la justicia, el aparato represivo y la liga de gobernadores con Cambiemos, hace relamer a Benetton y los pooles. La coyuntura pos-PASO, el fortalecimiento del gobierno nacional con la derechización de capas medias, estimuló la ofensiva para dejar caer la ley y avanzar con los desalojos. La respuesta social por la desaparición de Maldonado y las señales que incuban crisis política pone en dificultades a Cambiemos. El senado, con acuerdo de Pinedo-Pichetto se negó a tratar la prórroga de la ley la semana pasada. Se supo, extraoficialmente, que preparan una nueva maniobra para intentar cambiar algo para que nada cambie: una nueva ley de tierras, pero con una exigencia imposible de documentación a las comunidades. El 27 de setiembre se vuelve a reunir el senado y el oficialismo va a intentar esta salida tangencial. Se impone construir una fuerte movilización unitaria para rodear el Congreso con las comunidades ese día. Nosotrxs, ecosocialistas del MST, vamos a estar seguro e iniciamos desde ahora una campaña de convocatoria militante y social. Nuestro planteo es prorrogar la ley indefinidamente hasta completar el relevamiento y con el otorgamiento de títulos de propiedad comunitaria a los pueblos en lucha. Es elemental.

Plurinacionalidad, autodeterminación y proyecto socialista

Lo primero para señalar es una afirmación básica: la lógica de expansión del capitalismo extractivo-productivista es totalmente incompatible con el reclamo territorial de las comunidades originarias. Choca también con cualquier forma de coexistencia diversa. El capitalismo homogeiniza, impone verticalmente relaciones de explotación económica y opresión nacional.
Por eso, el reclamo de las nacionalidades oprimidas como las comunidades mapuches, wichís u otras, tiene sintonía estratégica con el planteo de los socialistas que proponemos subvertir la lógica del capital. Nuestro enfoque y proyecto no se organiza en función de la mercantilización de todo lo vivo, incluyendo el territorio. Nuestra perspectiva es la reorganización de la economía y las relaciones sociales, políticas e interculturales, basándonos en necesidades mayoritarias democráticamente determinadas. Por tanto, recuperamos los principios de metabolismo social con la naturaleza y de gestión racional de los intercambios con el entorno de Marx, para definir un tipo de interacción ecosocialista, sin ley de valor, sin productivismo. En ese marco, nuestro planteo es confiscar a Benetton, no perseguir a las comunidades. Por otra parte, nuestra aspiración es abolir fronteras, no multiplicarlas, ni recrearlas. Estamos por la convivencia diversa y multicultural entre iguales, con idéntico acceso a derechos. Sin embargo, apoyamos el derecho a la autodeterminación de cualquier pueblo que democráticamente lo defina y plantear una relación de cooperación horizontal libremente consentida. Para mapuches o wichís en Argentina, para vascos, catalanes o escoceses en Europa. Por la superación de toda frontera entre los pueblos. Por un proyecto de unidad socialista, pluricultural y democrática. Sin Benetton. Sin gendarmes. Sin extractivismo.

Mariano Rosa, Coordinador de la Red Ecosocialista

El cambio de carátula afectó al gobierno

A la mañana del jueves 24 fuimos a los tribunales federales y, pese a que el juez Otranto se negó a recibirnos, acompañamos la presentación como querellantes de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos en la causa por la desaparición de Santiago. En ese momento la fiscalía informaba el pedido de cambio de carátula, de privación ilegítima de la libertad a desaparición forzada de persona.
Ese cambio, reclamado por la familia y producto de las pruebas existentes sobre los hechos, da por tierra los argumentos del gobierno macrista y deja en ridículo a la ministra Bullrich, que defiende el accionar represivo de Gendarmería y niega la relación directa del mismo con la desaparición de Santiago. La hipótesis principal apunta al operativo de Gendarmería el 1º de agosto, momento en el que se dejó de saber dónde está Santiago.

Derecho mapuche al territorio

El jueves a la tarde llegamos la comunidad, al territorio recuperado que los mapuches vienen defendiendo de los ataques, hostigamientos y represiones. Una de las cuestiones que recalcaron los miembros de la comunidad es difundir el contexto represivo en el que se produjo la desaparición de Santiago, justamente cuando el grupo estaba manifestando sobre la ruta 40 por la libertad de Jones Huala.
Como lo señalaron ellos, la lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales y por su autodeterminación golpea profundamente a uno de los centros de este sistema capitalista, que es la propiedad privada, en este caso en manos de los Benetton. Toda la delegación del EMVJ nos solidarizamos y acompañamos su reclamo, que enfrenta al poder político y económico.

Por la libertad de Jones Huala

El viernes 25, luego de haber insistido en el penal y en el Ministerio de Justicia, logramos que se destraben las autorizaciones y pudimos visitar a Jones Huala, detenido y a la espera de la resolución sobre su extradición o no a Chile. Aparte de las trabas que nos puso el gobierno fue lamentable la actitud de Bregman, Del Caño y Godoy, dirigentes del PTS-FIT que tramitaron su autorización por fuera de la delegación del EMVJ y entraron al penal el día anterior.
Finalmente pudimos encontrarnos con Facundo. Además de saber cómo estaba, nos expresó su solidaridad con la familia de Santiago y la exigencia de que aparezca, conversamos sobre el juicio que enfrentará en los próximos días y nos comprometimos a redoblar la solidaridad para lograr su libertad.
Desde el CADHU y el MST nos pusimos a disposición y junto a nuestrxs compañerxs de Esquel y Trevelin seguiremos movilizados, como en todo el país, por la aparición con vida de Santiago, por el castigo a los responsables y en apoyo a la lucha que viene llevando adelante la comunidad mapuche.

Celeste Fierro (Río Negro) y Emilse Saavedra (Chubut)

En una escena de Juego de Tronos se debate si el conocimiento es poder o el poder es sólo poder. Esto es: si interpretar la realidad es un campo de disputa o si para mandar basta tener la fuerza material. En realidad, para mandar se necesitan combinaciones.
Es notorio que a Santiago lo desapareció la Gendarmería en un operativo de cacería. Pero ese hecho ocurre en un país donde, contradictoriamente, en las PASO se fortalece un proyecto derechista como Cambiemos, pero la polarización social no retrocede en su conciencia democrática. Lo nuevo es que el clima de época que machacan el gobierno y las empresas mediáticas envalentona a capas sociales reaccionarias. La tensión no se disipa: se agudiza.
Así, se plantea un nuevo relato oficial: Maldonado no se sabe dónde está, era un joven aventurero e irresponsable. Al denunciar desaparición forzada hay intencionalidad política contra Cambiemos. La comunidad mapuche es un grupo extranjero, que ocupa tierras privadas y con violencia foquista. Y las fuerzas de seguridad sólo actúan de contragolpe. Una trama para fidelizar a sectores reaccionarios cuyo portavoz es hoy el gobierno.

Despojo sistemático

La desaparición de Maldonado se produjo en tierras cuya propiedad actual defiende el magnate italiano Benetton. Este multimillonario textil (y también megaminero, del mercado deportivo y otros rubros) posee casi un millón de hectáreas en la Argentina. Ted Turner, Stallone, Lewis y otros también son parte de la concentración territorial. Y el despojo tiene un clivaje histórico: la llamada «Conquista del Desierto».
Los historiadores y plumíferos de la derecha -como Mariano Grondona desde La Nación- suscribieron durante años la tesis de que Julio Roca recuperó la Patagonia de la ocupación chilena por parte de mapuches y otras comunidades. Pero el balance numérico es abrumador:
· Entre 1873 y 1903 el Estado malvendió 41 millones de hectáreas a 1.800 propietarios, 67 de los cuales se quedaron con más de 6 millones de hectáreas. La familia Martínez de Hoz se quedó con 2,5 millones.
· El propio Roca recibió 65 mil hectáreas en Daireaux, provincia de Buenos Aires.
¿El saldo de la «Conquista»? Más de 15 mil originarios asesinados. El latifundio argentino está fundado en sangre genocida. En los ’90 se completó el proceso de extranjerización y concentración. En el gobierno de CFK, la prometida ley de tierras extranjeras apenas limitó la concentración «a futuro», con el país ya repartido. Y Macri flexibilizó esa inútil ley.
La inmensidad patagónica se transformó en commodities y objeto de valorización con el fracking, la megaminería y el turismo de élite. En otras zonas del país hay conflictos similares. Una dinámica incompatible con el reclamo de las más de 1.600 comunidades originarias, preexistentes al Estado.

Máquinas de producir «sentido común»

En el libro Periodismo canalla se plantea la duda de, si en las condiciones del capitalismo del siglo XXI y la inconsistencia de los partidos tradicionales, al presidente lo elige la gente votando o los medios construyendo «sentido común». Gramsci hablaba de las máquinas de producción cultural -cine, teatro, familia- como gestores de forma de ver la realidad. Junto a los partidos en crisis, hoy ese rol lo juegan las empresas mediáticas.
Implosionado el bipartidismo tradicional con el 2001, los grandes medios se volvieron un recurso capitalista decisivo para disputar sentido y conciencia de masas. En esta etapa, en su mayoría avalan el proyecto de Cambiemos y militan como un verdadero intelectual orgánico. ¿Ejemplos? Los editoriales de Clarín y La Nación o varios programas-espectáculo, en el peor sentido.
Este elemento para entender el momento político es clave, combinado con la crisis del sistema de partidos, la falta de alternativa a Cambiemos, el rol del posibilismo continental -y local- y la desilusión por su fracaso, y claro, el FIT como escollo al surgimiento de una alternativa unitaria de izquierda con peso masivo. Su negativa a una unidad integradora de otras fuerzas desaprovechó años de oportunidad. Ubicar todos esos factores permite entender el peso de los medios.

Los socialistas decimos

Se trata de ofrecer una salida frente a este cuadro de situación. Es crucial desplegar una campaña nacional de movilización que derrote en las calles la ofensiva represiva y el blindaje de impunidad.
Como socialistas, las únicas fronteras que reconocemos son las de clase. Por eso proponemos confiscar a Benetton, no perseguir a las comunidades originarias. Reconocer su reclamo ancestral y justo significa defender su derecho a la autodeterminación y la plurinacionalidad en cooperación respetuosa, sin capitalistas ni gendarmes. Y por supuesto, libertad al lonko mapuche Facundo Jones Huala y al referente wichí Agustín Santillán.
El sentido de uso del territorio es opuesto al del modelo de acumulación por despojo extractivo de la naturaleza. El territorio es patrimonio social. Por eso estamos por su expropiación y un debate democrático real sobre el uso de todo. Robespierre, jacobino del ala radical de la revolución francesa, explicaba que la democracia consiste «en que el pueblo soberano (…) actúa por sí mismo siempre que sea posible, y si no a través de sus delegados, siempre que no pueda por sí». Actualizado significa democracia real, donde todo lo que no funcione debe ser cambiado en defensa del interés del 99%.
Para superar la desmemoria, desmantelar el Estado desaparecedor, cuestionar todo y plantear otro modelo económico y otra relación con los pueblos originarios, la salida es política. Y es socialista. Por eso construimos el MST como organización de lucha por estas causas. Militá con nosotrxs para hacer de estas banderas las bases de una nueva forma de vida social, colectiva, de mayorías.

 Mariano Rosa

El 16 de agosto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue al Senado a dar explicaciones sobre el caso. Dijo no tener “indicios” de que a Santiago lo detuvieron gendarmes y que no cabe ninguna “hipótesis hegemónica” porque “hay 5.000 personas desaparecidas”…
Es una caradurez total. Santiago no se perdió por ahí: estaba en un acampe solidario con la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en Chubut, que reclama sus tierras. Y junto a ellos, el 1º de agosto sufrió la violenta represión de Gendarmería al mando de Pablo Noceti, jefe de gabinete de Bullrich y abogado defensor de genocidas. Desde entonces Santiago está desaparecido.

El gobierno y el Estado, responsables

Al revés de lo que miente Bullrich, todos los “indicios” llevan a una sola “hipótesis hegemónica”: Santiago fue detenido-desaparecido por la Gendarmería.
El defensor oficial de Esquel constató que las camionetas usadas en el operativo fueron lavadas. Aun así hallaron cabellos y rastros de sangre que se están cotejando con muestras de ADN de Sergio, el hermano de Santiago. Pese al temor a represalias, tres miembros de la comunidad Pu Lof testimoniaron ante la fiscalía federal que Santiago fue capturado por gendarmes al grito de “¡acá tenemos a uno!”, golpeado, subido a un camión Unimog y luego llevado en una camioneta blanca. Y en el rastrillaje realizado el miércoles 16 en el predio, encontraron un collar suyo.
Como bien denunció su familia, “a Santiago lo detuvo la Gendarmería el 1º de agosto en Cushamen Chubut en el marco de la represión en la comunidad mapuche. Dadas las circunstancias, estamos desesperados por lo que Gendarmería pudiera haber hecho con él. El Estado nacional, en la figura de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como representante del Poder Ejecutivo, el juez (Guido) Otranto del Poder Judicial y la fiscal subrogante por el Ministerio Público son responsables de la aparición con vida de Santiago. Es inadmisible que en un estado de derecho fuerzas de seguridad no aporten pruebas, ni hablen ni colaboren para que se esclarezca, siendo ellos mismos los que participaron en la detención y desaparición forzada de Santiago.”

Con vida lo llevaron, con vida lo queremos

Las primeras acciones por Santiago fueron en Esquel, donde la Comisión Provincial por la Memoria presentó un hábeas corpus. Por él reclaman también Aministía Internacional y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El 7 de agosto hubo marchas unitarias en Congreso y varias ciudades. El 10 desde el EMVJ presentamos otro hábeas corpus en Capital y el juez Jorge de Santo, antes de declararse incompetente porque ya tramita el otro, envió oficios a Gendarmería y al Ministerio de Seguridad y ordenó abrir una investigación penal por privación ilegítima de la libertad.
El viernes 11 hubo un importante acto unitario en Plaza de Mayo al cual desde el Encuentro aportamos una gran columna, así como acciones en todo el país. Como en Congreso, entre otros referentes estuvieron Alejandro Bodart y Vilma Ripoll. Para redoblar la campaña, el martes 15 en el plenario del EMVJ acordamos varias iniciativas:
A partir de este 17, marchar todos los jueves en la ronda de las Madres en Plaza de Mayo.
Enviar una delegación la semana próxima a Esquel y Bariloche para presionar a las autoridades y visitar a la comunidad mapuche.
Imprimir un afiche, difundir un flyer e impulsar un petitorio nacional.
En las acciones sindicales del 22 de agosto, el paro nacional de CTERA del 24 de agosto y otras, sumar el reclamo por Santiago.
El 1º de setiembre, a un mes de la detención-desaparición, convocar a una nueva marcha unitaria y acto en Plaza de Mayo.
Invitamos a todos los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a coordinar acciones para multiplicar la exigencia de la aparición con vida ya de Santiago Maldonado.

Pablo Vasco

Mapuches: ni terroristas ni separatistas

Las situaciones de crisis descorren velos y visibilizan cuestiones que incomodan a todo el andamiaje social. El conflicto por la tierra de los pueblos originarios estalla en momentos en que las condiciones de vida se hacen insoportables en los márgenes urbanos -destino de los expulsados por el latifundio- y por la falta de oportunidades en los territorios más pobres y sin ninguna asistencia estatal más que el clientelismo gubernamental que reproduce la pobreza y la opresión.
Las recuperaciones territoriales por comunidades mapuches, como en 2002 y 2015, ganan un creciente respaldo social y horadan el poder simbólico de la clase terrateniente. Al recuperar territorios mediante la ocupación, la movilización e incluso la legítima autodefensa cuestionan la creciente usurpación y concentración de la tierra en manos de la oligarquía nacional y extranjera. A la vez, esas recuperaciones desatan la más brutal represión y hostigamiento hacia quienes osan desafiar el poder territorial y político.
La escalada represiva de la Gendarmería contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, del Departamento Cushamen en Chubut, incluye hechos de una gravedad institucional enorme: en primer lugar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el encarcelamiento arbitrario de su lonko (líder) Facundo Jones Huala y una campaña de odio racista como pocas veces se ha visto en los estamentos estatales y medios de comunicación afines. Acusaron burdamente de “delincuentes”, “terroristas” y “separatistas” a quienes defienden sus tierras ancestrales y sus derechos. ¿Y cómo no van a tener derechos si mapu significa tierra y che gente, es decir son la gente de la tierra, preexistentes al Estado?
Este frente burgués con Macri y el gobernador Das Neves a la cabeza se une para poner el grito en el cielo en defensa de la gran propiedad territorial y el despojo histórico y contemporáneo de los pueblos originarios. En este caso los une la defensa de los intereses del latifundio “Compañía de Tierras del Sur” de los hermanos italianos Benetton, poseedores de un millón de hectáreas. Es un verdadero subproducto directo de la llamada Campaña del Desierto de fines del siglo XIX por el genocida Julio Roca, piedra angular sobre la que se funda el Estado capitalista en el territorio patagónico.
Es más: la represión contra la comunidad Pu Lof ni siquiera respeta la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas, aprobada a fines de 2006, que suspende todo desalojo de tierras hasta el relevamiento catastral cuyo plazo vence el próximo 23 de noviembre y que el Congreso debería prorrogar.
Además de la aparición con vida de Maldonado y la libertad de Jones Huala, desde el MST en Izquierda al Frente defendemos la restitución de sus territorios a los mapuches y demás pueblos originarios y el pleno respeto a sus derechos constitucionales y de los pactos internacionales. Tierra para quienes siempre vivieron en ella y para quienes la trabajen. Proponemos una reforma agraria integral para terminar con el medieval latifundio generado por el gran capital concentrado, que causa el atraso social, el despoblamiento y la dependencia económica.

Maxi Masquijo (Esquel)